CONCEPTO 342 DE 2008

(julio 14)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Radicado No.: 20081300486691

Fecha: 14-07-2008

Bogotá, DC.

CONCEPTO SSPD-OJ-2008-342

LUCRECIA GOMEZ RODRIGUEZ

Carrera 81 I No. 52A-25 Sur

Urbanización Villa Andrea

Bogotá

Ref. Su solicitud de concepto⁽¹⁾

Se basa la consulta objeto de estudio en resolver las siguientes inquietudes respecto de la prestación del servicio público de aseo:

(i) Se citen las diferentes normas o herramientas jurídicas con las que cuenta esta Entidad para ejercer el control y vigilancia sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios respecto de los usuarios y el uso de sus inmuebles y las tarifas que estas aplican.

(ii) Certificar o informar si un inmueble con área menor al 50% del inmueble y de menos de 20 M2, se les puede catalogar como comerciales.

(iii) Ciudad Limpia afirma que 8 M2 son suficientes para declarar el uso del inmueble como comercial; por favor conceptuar al respecto.

Sea lo primero señalar, que los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en respuesta a un derecho de petición en la modalidad de consulta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, son orientaciones y puntos de vista, que no comprenden la solución directa de problemas específicos, ni el análisis de actuaciones particulares; la respuesta es general y no tiene carácter obligatorio ni vinculante.

1. NORMAS QUE REGULAN LA VIGILANCIA Y CONTROL EN MATERIA TARIFARIA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

Ley 142 de 1994 le atribuyó a las Comisiones de Regulación las siguientes funciones con el objeto de definir el régimen tarifario previsto en el Título VI: Definir criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos (Art. 73.3); establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas (Art. 73.11); determinar de acuerdo con la Ley cuándo debe establecerse el régimen de libertad regulada o libertad vigilada, y en qué casos hay lugar a la libre fijación de tarifas (Art. 88); e impulsar la actuación administrativa para la determinación de las fórmulas tarifarias.(Art. 124).

Por su parte, el artículo 79 de la norma en cita, delimitó el ámbito de competencia de la Superintendencia en lo concerniente al control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios.

De tal forma que en asuntos tarifarios, las facultades del ente de control se restringen a vigilar que las empresas sometidas al régimen de libertad regulada cumplan con las metodologías señaladas por las Comisiones de Regulación para la fijación de sus tarifas, o los criterios que deban seguir quienes deben sujetarse a los regímenes de libertad vigilada o libertad señalados en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, con el fin de evitar prácticas discriminatorias, restrictivas o abusivas.

En cuanto a la determinación de las tarifas aplicables a los usuarios, ésta corresponde a la Entidad Tarifaria Local; si la prestación del servicio está a cargo de alguno de los prestadores señalados en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, deberá entenderse como su Junta Directiva.⁽²⁾

La metodología tarifaria establece un costo máximo de recolección y transporte por tonelada de residuos sólidos (CRT), independiente del número de usuarios facturados. Similar situación se presenta con el costo de disposición final (CDT). En síntesis, la metodología tarifaria arroja un costo por tonelada. La tarifa pagada por el usuario resulta de afectar ese costo por tonelada por la cantidad de residuos sólidos producidos y presentados. En la medida en que se obtenga una medición más aproximada a la producción real de cada usuario, se estará aproximando la tarifa al costo efectivamente generado de acuerdo con la cantidad producida.

Respecto del usuario residencial, ésta Oficina Asesora Jurídica ha conceptuado(4)que de conformidad con la definición citada, es la persona natural o jurídica que (i) produce residuos sólidos, (ii) derivada de la actividad residencial privada o familiar y se beneficia con la prestación del servicio de aseo, actividad que debe entenderse en contraste con la actividad comercial, industrial o de servicios, a las que se refiere la definición de usuario no residencial del Decreto 1713 de 2002.