CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Convenciones:

- Los textos encerrados entre los símbolos <...> fueron agregados por el editor para una mayor claridad. Dichos textos no corresponden a la edición oficial del Decreto 1 de 1984, ni de sus modificaciones, ni de las demás normas y documentos legales concordantes.

DECRETO 1 DE 1984

(enero 2)

Diario Oficial No. 36.439, del 10 de enero de 1984

Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.

<Resumen de Notas de Vigencia>

NOTA DE VIGENCIA:

32. Modificado por la Ley 1107 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.494 de 27 de diciembre de 2006, "Por la cual se modifica el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998"

31. Modificado por la Ley 954 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.893 de 28 de abril de 2005, "Por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia".

El Artículo 1o. de la Ley 954 de 2005 estableció en su versión original:

"ARTÍCULO 1o. READECUACIÓN TEMPORAL DE COMPETENCIAS PREVISTAS EN LA LEY 446 DE 1998. El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

'Parágrafo. Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los Juzgados Administrativos, así:

'Los Tribunales Administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Asimismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9 del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia".

'Los Tribunales Administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40.

'Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los Tribunales Administrativos según el artículo 41, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado. Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los Jueces Administrativos según el artículo 42, corresponderán en segunda instancia a los Tribunales Administrativos.

'El Consejo de Estado asumirá en única y segunda instancia, las competencias asignadas en los artículos 36, 37 y 38.

'Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, regirán a partir de la vigencia de la presente ley'".

El Artículo 7o. de la Ley 954 de 2005 estableció en su versión original:

"ARTÍCULO 7o. VIGENCIA DE LA LEY. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, en los términos pertinentes del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias".

30. Modificado por el Artículo 14 del Acto Legislativo 1 de 2003 (modificatorio del Artículo 264 de la Constitución Política), "por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones", publicado en el Diario Oficial No. 45.237 de 3 de julio de 2003.

29. Modificado por la Ley 809 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45213, de 9 de junio de 2003, "Por la cual se modifica el artículo 71 del Código Contencioso Administrativo".

28. Complementado por la Ley 640 de 2001, "Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 44.303, del 24 de enero de 2001.

27. Modificado por la Ley 617 del 6 de octubre de 2000, "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional", publicada en el Diario Oficial No. 44.188, de 9 de octubre de 2000. Ver artículo 15, inciso anterior al Parágrafo 1o., competencia del Tribunal Contencioso Administrativo.

26. Adicionado por la Ley 589 del 6 de julio de 2000, "Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones.", publicada en el Diario Oficial No. 44.073 del 7 de julio de 2000.

25. Complementado por el Decreto 262 de 2000, "Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se ncuentren sujetos", publicado en el Diario Oficial No. 43.904 del 22 de febrero de 2000.

24. Complementado por el Decreto extraordinario 1156 de 1999, "Por el cual se modifican la estructura, el régimen de competencias interno y el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación", publicado en el Diario Oficial No. 43.620, del 29 de junio de 1999.

El Decreto 1156 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-969-99 del 1 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

23. Complementado por el Decreto extraordinario 1122 de 1999, "Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe", publicado en el Diario Oficial No. 43.622, del 29 de junio de 1999.

El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-923-99 del 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

22. Complementado por la Ley 497 de 1999, "Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento", publicada en el Diario Oficial No. 43.499, del 11 de febrero de 1999.

21. Complementado por la Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 43.464 del 30 de diciembre de 1998.

20. El Decreto 1818 de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 43.380, del 07 de septiembre de 1998, "Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos", por las facultades que le confirió el artículo 166 de la Ley 446, compila las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes.

19. Complementado por la Ley 472 de 1998, "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 43.357, del 6 de agosto de 1998.

18. Modificado por la Ley 446 de 1998, "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, de modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia", publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

El Artículo 163 de la Ley 446 de 1998 estableció en su versión original:

"ARTÍCULO 163. VIGENCIA. Esta ley rige desde su publicación. Salvo disposición en contrario, los recursos interpuestos, los términos que hubieren comenzado a correr y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las normas vigentes cuando se interpuso el recurso, el término, se promovió el incidente, o comenzó a surtirse la notificación. Los procesos en curso que se encuentren en período probatorio se someterán de inmediato a las normas que en materia de pruebas contiene la presente ley en cuanto a su práctica el Juez o Magistrado concederá a las partes un término de tres (3) días para que reformulen la petición de pruebas no practicadas de acuerdo a la presente ley".

El Artículo 164 de la Ley 446 de 1998 estableció en su versión original:

"ARTICULO 164. VIGENCIA EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.

"Los procesos de única instancia que cursan actualmente en el Consejo de Estado y que conforme a las disposiciones de esta ley correspondan a los Tribunales en única instancia, serán enviados a éstos en el estado en que se encuentren, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia.

"Los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales y que quedaren de doble instancia se deberán enviar en el estado en que se encuentren al competente, según esta ley, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia.

"Los procesos en curso que a la vigencia de esta ley eran de doble instancia y quedaren de única, no serán susceptibles de apelación, a menos que ya el recurso se hubiere interpuesto.

"PARÁGRAFO. Mientras entran a operar los Juzgados Administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley".

17. Complementado por la Ley 393 de 1997, "Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política", relativa a las acciones de cumplimiento, publicada en el Diario Oficial No. 43.096 del 30 de julio de 1997.

16. Modificado por la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

15. Complementado por el Decreto extraordinario 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública", publicado en el Diario Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995.

14. Complementado por la Ley 201 de 1995, "Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 41.950 del 2 de agosto de 1995.

13. Modificado por la Ley 200 de 1995, "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico", publicada en el Diario Oficial No. 41.946 del 31 de julio de 1995.

12. Modificado por la Ley 136 de 1994, "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios", publicada en el Diario Oficial No. 41.377, de 2 de junio de 1994. Ver artículo 8, inciso anterior al Parágrafo 1o., competencia del Tribunal Contencioso Administrativo.

11. Modificado por la Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", publicada en el Diario Oficial No. 41.094 del 28 de octubre de 1996.

10. Modificado por el artículo 96 de la Ley 5 de 1992, "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes", publicada en el Diario Oficial No. 40.483.

9. Complementado por el Decreto Extraordinario 2591 de 1991, "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", publicado en el Diario Oficial No. 40.165 del 19 de noviembre de 1991.

8. Modificado por el Decreto Extraordinario 2304 de 1989, "Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo", publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

7. Modificado por el Decreto Extraordinario 2288 de 1989, "Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo", publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

6 . Modificado por la Ley 62 de 1988, "Por la cual se modifica la Ley 96 de 1985 y el Decreto número 2241 de 1986 (Código Electoral)", publicada en el Diario Oficial No. 38.613 del 14 de diciembre de 1988.

5. Modificado por el Decreto Extraordinario 597 de 1988, "Por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones", publicado en el Diario Oficial No. 38.288 del 7 de abril de 1988.

4. - El Artículo 36 de la Ley 30 de 1988, "Por la cual se modifican y adicionan las Leyes 135 de 1961, 1a. de 1968 y 4a. de 1973 y se otorgan unas facultades al Presidente de la República", derogó el Numeral 12 del Artículo 131 del texto original del Código. El artículo 35 de la misla Ley estableció la conformación y funciones de la Sección de asuntos agrarios de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y los tribunales administrativos.

3. Modificado por la Ley 14 de 1988, "Por la cual se integra la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en forma permanente integrada por cuatro Consejeros, se establecen las competencias para los juicios electorales contra la elección de Alcaldes y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 38.189 del 25 de enero de 1988

2. Modificado por la Ley 96 de 1985, "Por la cual se modifican las Leyes 28 de 1979 y 85 de 1981, el Código Contencioso Administrativo, se otorgan unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 37.242 del 22 de noviembre de 1985.

1. Modificado por la Ley 57 de 1985, "Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales", publicada en el Diario Oficial No. 37.056 del 12 de julio de 1985.

- Decreto declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 30 de agosto de 1984, pero sólo en cuanto que con su expedición se cumplieron los mandatos de los artículos 11 y 12 de la Ley 58 de 1982 en lo relativo a la debida composición y al debido funcionamiento de la comisión asesora del gobierno para revisar el Código.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió

el artículo 11 de la Ley 58 de 1982 y oída la Comisión

Asesora creada por el artículo 12 de la misma Ley,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. El Código Contencioso Administrativo quedará así:

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 92 del 30 de agosto de 1984.

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

PARTE PRIMERA

LIBRO I.

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

TITULO PRELIMINAR.

ARTICULO 1o. CAMPO DE APLICACION. Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del Poder Público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y contralorías regionales, a la Corte Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de este Código, a todos ellos se les dará el nombre genérico de "autoridades".

Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles.

Estas normas no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza, requieren decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar una perturbación de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas.

Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción.

TITULO I.

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.

CAPITULO I.

PRINCIPIOS GENERALES.

ARTICULO 2o. OBJETO <DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA>. Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.

ARTICULO 3o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa.

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.

El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.

<Expresión tachada INEXEQUIBLE> En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo ~~de oficio o~~ a petición del interesado.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- La expresión tachada de este inciso fue declarada INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984.

En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos <sic>.

En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley.

En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales.

Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento.

Las autoridades deberán observar estrictamente los principios consagrados en este artículo al expedir los reglamentos internos de que tratan los artículos 1o., de la Ley 58 de 1982 y 32 de este código.

ARTICULO 4o. CLASES <PERSONAS QUE PUEDEN INICIAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS>. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse:

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.

2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.

3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.

4. Por las autoridades, oficiosamente.

CAPITULO II.

DEL DERECHO DE PETICION EN INTERES GENERAL

ARTICULO 5o. PETICIONES ESCRITAS Y VERBALES. Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio.

Las escritas deberán contener, por lo menos:

1. La designación de la autoridad a la que se dirigen.

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección.

3. El objeto de la petición.

4. Las razones en que se apoya.

5. La relación de documentos que se acompañan.

6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso.

Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.

Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten por escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes.

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el funcionario respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-621-97 del 27 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

- Este artículo fue demandado ante la Corte Constitucional. La Corte se inhibió para resolver la demanda, mediante Sentencia C-445-96 del 19 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

ARTICULO 6o. TERMINO PARA RESOLVER. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-621-97 del 27 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

ARTICULO 7o. DESATENCION DE LAS PETICIONES. La falta de atención a las peticiones de que trata este capítulo, la inobservancia de los principios consagrados en el artículo 3o. y la de los términos para resolver o contestar, constituirán causal de mala conducta para el funcionario y darán lugar a las sanciones correspondientes.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

ARTICULO 8o. DESISTIMIENTO. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria para el interés público; en tal caso, expedirán resolución motivada.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

CAPITULO III.

DEL DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR.

ARTICULO 9o. PETICIONES. Toda persona podrá formular peticiones en interés particular. A éstas se aplicará también lo dispuesto en el capítulo anterior.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

ARTICULO 10. REQUISITOS ESPECIALES. Cuando la ley o los reglamentos exijan acreditar requisitos especiales para que pueda iniciarse o adelantarse la actuación administrativa, la relación de todos éstos deberá fijarse en un lugar visible al público en las dependencias de la entidad.

Los funcionarios no podrán exigir a los particulares constancias, certificaciones o documentos que ellos mismos tengan, o que puedan conseguir en los archivos de la respectiva entidad.

ARTICULO 11. PETICIONES INCOMPLETAS. <Expresión tachada INEXEQUIBLE> Cuando una petición no se acompañe de los documentos o informaciones necesarias, en el acto de recibo se le indicarán al peticionario los que falten; si insiste en que se radique, se le recibirá la petición dejando constancia expresa de las advertencias que le fueron hechas. ~~Si es verbal, no se le dará trámite~~.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- La expresión tachada de este artículo fue declarada INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 134 del 22 de noviembre de 1984

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

ARTICULO 12. SOLICITUD DE INFORMACIONES O DOCUMENTOS ADICIONALES. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base en aquello de que dispongan.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

ARTICULO 13. DESISTIMIENTO <DE LA SOLICITUD>. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 129 del 17 de septiembre de 1987.

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

ARTICULO 14. CITACION DE TERCEROS. Cuando de la misma petición o de los registros que lleve la autoridad, resulte que hay terceros determinados que pueden estar directamente interesados en las resultas de la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz.

En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del peticionario y el objeto de la petición.

Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o demorada, se hará la publicación de que trata el artículo siguiente.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

ARTICULO 15. PUBLICIDAD. Cuando de la misma petición aparezca que terceros no determinados pueden estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, el texto o un extracto de aquélla que permita identificar su objeto, se insertará en la publicación que para el efecto tuviere la entidad, o en un periódico de amplia circulación nacional o local, según el caso.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

ARTICULO 16. COSTO DE LAS CITACIONES Y PUBLICACIONES. El valor de las citaciones y publicaciones de que tratan los artículos anteriores deberá ser cubierto por el peticionario dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de realizarlas; si no lo hiciere, se entenderá que desiste de la petición.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

CAPITULO IV.

DEL DERECHO DE PETICION DE INFORMACIONES.

ARTICULO 17. DEL DERECHO A LA INFORMACION. El derecho de petición de que trata el artículo 45 de la Constitución Política incluye también el de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y, en particular, a que se expida copia de sus documentos, en los términos que contempla este capítulo.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-621-97 del 27 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

<Notas del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 27, 28, 29, de la Ley 594 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.093 del 20 de julio de 2000.

Los textos referidos son los siguientes:

"ARTICULO 27. ACCESO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS. Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley.

"Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes.

"ARTICULO 28. MODIFICACION DE LA LEY 57 DE 1985. Modifícase el inciso 2o. del artículo 13 de la Ley 57 de 1985, el cual quedará así: "La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición. Cumplidos éstos, el documento por este solo hecho no adquiere el carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del mismo".

"ARTICULO 29. RESTRICCIONES POR RAZONES DE CONSERVACION. Cuando los documentos históricos presenten deterioro físico manifiesto tal que su estado de conservación impida su acceso directo, las instituciones suministrarán la información contenida en estos mediante un sistema de reproducción que no afecte la conservación del documento, certificando su autenticidad cuando fuere del caso.

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 33 de la Ley 130 de 1994, "Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 41280 del 23 de marzo de 1994.

El texto referido es el siguiente:

"ARTÍCULO 33. ACCESO DE LA OPOSICIÓN A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN OFICIALES. Salvo asuntos sometidos a reserva legal o constitucional, los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno tendrán derecho a que se les facilite, en forma preferencial y con celeridad, la información y documentación oficiales, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud.

"El funcionario oficial que omita el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo incurrirá en causal de mala conducta."

ARTICULO 18. INFORMACION GENERAL. Las autoridades mantendrán en sitios de fácil acceso público los documentos relativos a ellas, con información actualizada de interés general acerca de:

1. Las normas que les dan origen y definen sus funciones o su naturaleza y estructura, si es el caso.

2. Las oficinas para formular consultas, entregar y recibir documentos de bienes y conocer las decisiones.

3. Los métodos, procedimientos, formularios y sistemas para el trámite de los diversos asuntos, y los organigramas y manuales de funciones.

Cualquier persona tiene derecho a pedir y obtener copia de los anteriores documentos.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

<Notas del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo deben tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 27, 28, 29, de la Ley 594 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.093 del 20 de julio de 2000.

Los textos referidos son los siguientes:

ARTICULO 27. ACCESO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS. Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley.

Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes.

ARTICULO 28. MODIFICACION DE LA LEY 57 DE 1985. Modifícase el inciso 2o. del artículo 13 de la Ley 57 de 1985, el cual quedará así: "La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición. Cumplidos éstos, el documento por este solo hecho no adquiere el carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del mismo".

ARTICULO 29. RESTRICCIONES POR RAZONES DE CONSERVACION. Cuando los documentos históricos presenten deterioro físico manifiesto tal que su estado de conservación impida su acceso directo, las instituciones suministrarán la información contenida en estos mediante un sistema de reproducción que no afecte la conservación del documento, certificando su autenticidad cuando fuere del caso.

ARTICULO 19. INFORMACION ESPECIAL Y PARTICULAR. Toda persona tendrá acceso a los demás documentos oficiales y podrá pedir y obtener copia de ellos. Sin embargo, la petición se negará si la solicitud se refiere a alguno de los documentos que la Constitución Política o las leyes autorizan tratar como reservados. La decisión negativa será siempre motivada.

<Notas del editor>

Los textos referidos son los siguientes:

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 12 del Capítulo II "ACCESO CIUDADANO A LOS DOCUMENTOS" de la Ley 57 de 1985, publicada en el Diario Oficial No. 37.056 del 12 de julio de 1985.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 12. Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la Ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional".

ARTICULO 20. INAPLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES. Las excepciones que autoriza el artículo anterior no podrán invocarse para enervar el ejercicio de las facultades que la Constitución Política o la Ley confieren a los Organos del Poder Público cuando obran según las normas de procedimiento, pero éstos conservarán el deber de mantener reserva, si la Ley no dispone otra cosa.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 20 del Capítulo II "ACCESO CIUDADANO A LOS DOCUMENTOS" de la Ley 57 de 1985, publicada en el Diario Oficial No. 37.056 del 12 de julio de 1985.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 20. El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo."

ARTICULO 21. EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS. El examen de los documentos se hará en horas de despacho al público y si fuere necesario en presencia de un empleado de la entidad.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 16 del Capítulo II "ACCESO CIUDADANO A LOS DOCUMENTOS" de la Ley 57 de 1985, publicada en el Diario Oficial No. 37.056 del 12 de julio de 1985.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 16. La consulta se realizará en horas de despacho al público, y, si ello fuere necesario, en presencia de un empleado de la correspondiente oficina."

ARTICULO 22. PLAZO PARA DECIDIR - SANCIONES. Las autoridades deberán decidir sobre las peticiones de información en un plazo máximo de diez (10) días. Tanto la decisión afirmativa como la ejecución de la misma, tendrán lugar siguiendo el orden cronológico de las peticiones, salvo que lo impida la naturaleza del asunto.

El incumplimiento de esta norma dará lugar a las sanciones disciplinarias previstas en la ley.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 25 del Capítulo "ACCESO CIUDADANO A LOS DOCUMENTOS" de la Ley 57 de 1985, publicada en el Diario Oficial No. 37.056 del 12 de julio de 1985; a continuación el texto correspondiente:

"ARTICULO 25. Las peticiones a que se refiere el artículo 12 de la presente Ley deberán resolverse por las autoridades correspondientes en un término máximo de diez (10) días. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, el correspondiente documento será entregado dentro de los tres (3) días inmediatamente siguientes.

El funcionario renuente será sancionado con la pérdida del empleo."

ARTICULO 23. NOTIFICACION DE LAS DECISIONES - RECURSOS. Las decisiones que resuelvan peticiones de información deberán notificarse al peticionario y al Ministerio Público si fueren negativas. Las demás se ejecutarán simplemente.

Todas estas decisiones estarán sujetas a los recursos y acciones previstos en este Código.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

ARTICULO 24. LA EXPEDICIÓN DE COPIAS DARÁ LUGAR AL PAGO DE LAS MISMAS CUANDO LA CANTIDAD SOLICITADA LO JUSTIFIQUE. <Artículo subrogado tácitamente por el artículo 17 de la Ley 57 de 1985. El nuevo texto es el siguiente:> El pago se hará a la tesorería de la entidad o en estampillas de timbre nacional que se anularán, conforme a la tarifa que adopte el funcionario encargado de autorizar la expedición.

En ningún caso el precio fijado podrá exceder al costo de la reproducción.

<Notas de Vigencia>

- Artículo subrogado tácitamente por el artículo 17 de la Ley 57 de 1985, publicada en el Diario Oficial No. 37.056 del 12 de julio de 1985.

La Corte Constitucional en Sentencia C-099-01 falló sobre este artículo teniendo en cuenta la subrogación del artículo 17 de la ley 57 de 1985.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-099-01 del 31 de enero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, tal y como fue subrogado por el artículo 17 de la ley 57 de 1985

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

<Legislación Anterior>

Texto original del C.C.A:

ARTÍCULO 24. COSTO DE LAS COPIAS. Para atender las peticiones de que trata este Capítulo, los reglamentos internos a que se refiere el artículo 1o., de la Ley 58 de 1982 señalarán la tarifa que deba pagarse por las copias, pero las autoridades no podrán, en ningún caso, cobrar valores superiores al costo de tales copias.

CAPITULO V.

DEL DERECHO DE FORMULACION DE CONSULTAS

ARTICULO 25. CONSULTAS. El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales.

Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días.

Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542-05 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-621-97 del 27 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

ARTICULO 26. ATENCION AL PUBLICO. Los reglamentos internos a que se refiere el artículo 1o., de la Ley 58 de 1982, atribuirán a uno o más funcionarios o empleados el deber especial de absolver las consultas del público, y de atender las demás peticiones de que trata este Título. Tales reglamentos señalarán días y horas en que los funcionarios y empleados deberán conceder audiencias.

CAPITULO VI.

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS INICIADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL

ARTICULO 27. DEBER DE COLABORACION DE LAS AUTORIDADES. Cuando una norma imponga a una persona el deber de presentar una solicitud, una declaración tributaria o de otra clase o una liquidación privada, o el de realizar cualquier otro acto para iniciar una actuación administrativa, las autoridades no podrán impedirlo ni negarse a recibir el escrito con el que se pretenda cumplir el deber. Ello no obsta para que se adviertan al interesado las faltas en que incurre, o las que aparentemente tiene su escrito.

El interesado realizará ante el correspondiente funcionario del ministerio público los actos necesarios para cumplir su deber, cuando las autoridades no los admitan, y el funcionario ordenará iniciar el trámite legal, e impondrá las sanciones disciplinarias pertinentes.

En estas actuaciones se aplicará lo dispuesto en los dos últimos incisos del artículo 5o., y en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15.

CAPITULO VII.

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS INICIADAS DE OFICIO

ARTICULO 28. DEBER DE COMUNICAR. Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma.

En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 14, 34 y 35.

CAPITULO VIII.

NORMAS COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES

ARTICULO 29. FORMACION Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Cuando hubiere documentos relacionados con una misma actuación o con actuaciones que tengan el mismo efecto, se hará con todos un solo expediente al cual se acumularán, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad y tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias.

Si los documentos se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en aquella en que se inició primero una actuación. Si alguna se opone podrá acudiese, sin más trámite, al proceso de definición de competencias.

Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, y de obtener copias y certificaciones sobre los mismos, que se entregarán en plazo no mayor de tres (3) días. Con los documentos que, por mandato de la Constitución Política o de la ley, tengan carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno separado.

ARTICULO 30. GARANTIA DE IMPARCIALIDAD. A los funcionarios que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se aplicarán, además de las causales de recusación previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil, las siguientes:

1. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado;

2. Haber sido recomendado por él para llegar al cargo que ocupa el funcionario o haber sido designado por éste como referencia con el mismo fin;

El funcionario, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que comenzó a conocer del asunto o en que sobrevino la causal, manifestará el impedimento por escrito motivado y entregará el expediente a su inmediato superior, o al procurador regional, si no lo tuviera.

La autoridad ante quien se manifieste el impedimento decidirá en el término de diez (10) días y en forma motivada, sin que contra la decisión quepa recurso; y al decidir señalará quién debe continuar el trámite, pudiendo si es preciso designar funcionario ad hoc; en el mismo acto ordenará la entrega del expediente al designado que ha de sustituir al separado del conocimiento.

Las causales de recusación también pueden declararse probadas de oficio por el inmediato superior o por el procurador regional; los interesados también podrán alegarlas en cualquier tiempo. En estos eventos se aplicará, en lo pertinente, el procedimiento antes descrito.

El superior o el procurador regional podrán también separar del conocimiento a un funcionario cuando, a su juicio, en virtud de denuncias puestas por el interesado, aquel no garantice la imparcialidad debida.

El trámite de un impedimento suspenderá los plazos para decidir o para que opere el silencio administrativo.

ARTICULO 31. DEBER DE RESPONDER LAS PETICIONES. <Ver Notas del Editor sobre el artículo de la Constitución Política de 1991 que consagra el derecho de petición> Será deber primordial de todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra el artículo 45 de la Constitución Política mediante la rápida y oportuna resolución de las peticiones que, en términos comedidos, se les formulen y que tengan relación directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades.

<Nota del editor>

- El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 trata del derecho de petición contemplado en este artículo.

ARTICULO 32. TRAMITE INTERNO DE PETICIONES. Los organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público, las entidades descentralizadas del orden nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los distritos especiales, deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas por el mal funcionamiento de los servicios a su cargo, señalando para ello plazos máximos según la categoría o calidad de los negocios.

Dichos reglamentos no comprenderán los procedimientos especiales señalados por las leyes para el trámite de asuntos al cuidado de las entidades y organismos indicados, y deberán someterse a la revisión y aprobación de la Procuraduría General de la Nación, la cual podrá pedir el envío de los reglamentos e imponer sanciones por el incumplimiento de los plazos que señale el decreto reglamentario.

Los reglamentos que expidan los gobernadores deberán contener las normas para la tramitación interna de las peticiones que corresponda resolver a las alcaldías.

ARTICULO 33. FUNCIONARIO INCOMPETENTE. Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la actuación administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si éste actúa verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 4 de la Ley 954 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Los conflictos de competencias administrativas se resolverán de oficio, o por solicitud de la persona interesada. La entidad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente remitirá la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado".

Si dos entidades administrativas se consideran competentes para conocer y definir un determinado asunto, remitirán la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: "Recibida la actuación en la Secretaría de la Sala, se fijará por tres (3) días hábiles comunes en lista a fin de que los representantes de las entidades en conflicto y las personas que tuvieren interés en el asunto puedan presentar sus alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes".

<Notas de Vigencia>

- Parágrafo adicionado por el artículo 4 de la Ley 954 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.893 de 28 de abril de 2005.

El artículo 7 de la Ley 954 de 2005 establece: "La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, en los términos pertinentes del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias."

ARTICULO 34. PRUEBAS. Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del interesado.

ARTICULO 35. ADOPCION DE DECISIONES. <Aparte subrayado condicionalmente EXEQUIBLE> Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.

<Jurisprudencia - Vigencia>

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, en los términos de la sentencia, mediante sentencia C-371-99 del 26 de mayo de 1999, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo, "en el entendido de que las decisiones que se tomen en materia de derecho de petición, así se motiven tan solo sumariamente, sí deberán resolver el fondo del asunto sometido a consideración y no limitándose la autoridad competente a dar una respuesta formal sobre el trámite o el estado de la solicitud".

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay.

Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título.

ARTICULO 36. DECISIONES DISCRECIONALES. En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa.

ARTICULO 37. DEMORAS. Si hay retardo para decidir en las actuaciones administrativas iniciadas de oficio, o por un particular en cumplimiento de un deber legal, podrá ejercerse el derecho de petición para que concluyan dichas actuaciones en la forma que el interesado considere conveniente.

ARTICULO 38. CADUCIDAD RESPECTO DE LAS SANCIONES. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.

ARTICULO 39. DERECHO DE PETICION Y ACCION DE LITIGAR. El simple ejercicio del derecho de petición es distinto de la acción de litigar en causa propia o ajena, y no causará impuesto de timbres.

CAPITULO IX.

SILENCIO ADMINISTRATIVO

ARTICULO 40. SILENCIO NEGATIVO. Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa.

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto presunto.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 1o. del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-304-99 del 5 de mayo de 1999, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 1o. del Decreto 2304 de 1989 fue declarado INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 80 del 20 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto modificado por el Decreto Extraordinario 2304 de 1989:

ARTICULO 40. SILENCIO ADMINISTRATIVO. Transcurrido el plazo de dos (2) meses, contado desde la fecha de presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa.

La ocurrencia el silencio administrativo negativo implica pérdida de la competencia para resolver la petición.

Contra los actos presuntos, provenientes del silencio administrativo no procederá ningún recurso por la vía gubernativa.

Pero se deberá investigar la posible falta disciplinaria del funcionario u órgano que omitió resolver.

ARTICULO 41. SILENCIO POSITIVO. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, en los términos de la Sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-304-99 del 5 de mayo de 1999, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del día en que se inició la actuación.

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las condiciones que señalan los artículos 71, 73 y 74.

ARTICULO 42. PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 5o., junto con su declaración jurada de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto.

La escritura y sus copias producirá (sic) todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así.

Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico.

CAPITULO X.

PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

ARTICULO 43. DEBER Y FORMA DE PUBLICACION. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto.

Los municipios en donde no haya órgano oficial de publicidad podrán divulgar estos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, o por bando.

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio hábil.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.464 del 30 de diciembre de 1998.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 119. PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los siguientes actos deberán publicarse en el Diario Oficial:

a) Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;

b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Gobierno;

c) Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno Nacional y los demás actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades u organismos del orden nacional de las distintas Ramas del Poder Público y de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado.

PARAGRAFO. Unicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad.

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 95 del Decreto extraordinario 2150 de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 95. PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL. A partir de la vigencia del presente decreto, sólo se publicarán en el Diario Oficial, los siguientes documentos públicos:

a. Los actos legislativos y los proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;

b. Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Gobierno;

c. Los decretos y resoluciones ejecutivas expedidos por el Gobierno Nacional, cuya vigencia se determinará en el mismo acto de su expedición, y los demás actos administrativos de carácter general expedidos por las entidades u órganos del orden nacional, cualquiera que sean las ramas u organizaciones a las que pertenezcan;

d. Los actos de disposición, enajenación, uso o concesión de bienes nacionales;

e. La parte resolutiva de los actos administrativos que afecten de forma directa o inmediata, a terceros que no hayan intervenido en una actuación administrativa, a menos que se disponga su publicación en otro medio oficial destinado para estos efectos o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones;

f. Las decisiones de los organismos internacionales a los cuales pertenezca la República de Colombia y que conforme a las normas de los correspondientes tratados o convenios constitutivos, deban ser publicados en el Diario Oficial.

PARAGRAFO. Los actos administrativos de carácter particular y concreto surtirán sus efectos a partir de su notificación y no será necesaria su publicación.

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 1o. de la Ley 57 de 1985, publicada en el Diario Oficial No. 37.056 del 12 de julio de 1985.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 1o. La Nación, los Departamentos y los Municipios incluirán en sus respectivos Diarios, Gacetas o Boletines oficiales todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión deba conocer para informarse sobre el manejo de los asuntos públicos y para ejercer eficaz control sobre la conducta de las autoridades, y los demás que según la ley deban publicarse para que produzcan efectos jurídicos.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 17 de octubre de 1984.

ARTICULO 44. DEBER Y FORMA DE NOTIFICACION PERSONAL. <Ver Notas del Editor> Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado.

<Notas del Editor>

- Para la interpretación de este artículo el editor sugiere tener en cuenta lo dispuesto por el Artículo 5o. de la Ley 962 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos", publicada en el Diario Oficial No. 45.963 de 8 de julio de 2005.

El texto original del Artículo 5o. mencionado establece:

"ARTÍCULO 5o. NOTIFICACIÓN. Cualquier persona natural o jurídica que requiera notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en cualquier persona el acto de notificación, mediante poder, el cual no requerirá presentación personal, el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación y toda manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada. Las demás actuaciones deberán efectuarse en la forma en que se encuentre regulado el derecho de postulación en el correspondiente trámite administrativo. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la notificación del reconocimiento de un derecho con cargo a recursos públicos, de naturaleza pública o de seguridad social".

Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la misma manera.

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional

- Inciso 4o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-640-02 de 13 de agosto de 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Corte Suprema de Justicia:

- El inciso 4o. subrayado declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 13 del 28 de febrero de 1985.

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita.

En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de este Código.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 2o. del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989, posteriormente declarado INEXEQUIBLE.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 2o. del Decreto 2304 de 1989 fue declarado INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 80 del 20 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto original del artículo 2o. del Decreto Extraordinario 2304 de 1989:

ARTICULO 2o. El artículo 44 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

"ARTICULO 44. DEBER Y FORMA DE LA NOTIFICACION PERSONAL. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado o a su representante o apoderado.

Los procesos correspondientes se adelantarán por escrito.

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha con tal finalidad. La constancia del envío de la citación se agregará al expediente. La citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

Al hacer la notificación personal se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión.

En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera del Código Contencioso Administrativo."

ARTICULO 45. NOTIFICACION POR EDICTO. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.

ARTICULO 46. PUBLICIDAD. Cuando, a juicio de las autoridades, las decisiones afecten en forma directa e inmediata a terceros que no hayan intervenido en la actuación, ordenarán publicar la parte resolutiva, por una vez, en el Diario Oficial, o en el medio oficialmente destinado para estos efectos, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones.

ARTICULO 47. INFORMACION SOBRE RECURSOS. En el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse, y los plazos para hacerlo.

ARTICULO 48. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.

Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso del artículo 46.

TITULO II.

LA VIA GUBERNATIVA

CAPITULO I.

DE LOS RECURSOS

ARTICULO 49. IMPROCEDENCIA. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- La expresión subrayada de este artículo fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-339-96, del 1o. de agosto de 1996, Magistrado Ponente Dr. Julio César Ortiz Gutiérrez.

ARTICULO 50. RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo, Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Inciso 2 del numeral 2. declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 70 del 11 de septiembre de 1984.

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla.

ARTICULO 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTACION. De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el Procurador regional o ante el Personero Municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las sanciones correspondientes.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición.

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme.

Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 3o. del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 3o. del Decreto 2304 de 1989 fue declarado INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 80 del 20 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto original del artículo 3o. del Decreto Extraordinario 2304 de 1989:

ARTICULO 3o. El artículo 51 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

"ARTICULO 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTACION. Los recursos de reposición y apelación podrán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso.

Los recursos se interpondrán ante el funcionario u órgano que profirió la decisión, y si éste se negare a recibirlos el recurrente podrá presentarse ante el Procurador Regional o ante el Personero Municipal para que ordene su recibo y tramitación e imponga las sanciones correspondientes.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente. o en subsidio del de reposición.

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme.

El recurso de apelación, en los casos en que sea procedente, es indispensable para agotar la vía gubernativa."

ARTICULO 52. REQUISITOS. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente.

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea exigible conforme a la ley.

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer.

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en ejercicio, y ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses; si no hay ratificación, ocurrirá la perención, se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 4o. del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 4o. del Decreto 2304 de 1989 fue declarado INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 80 del 20 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto original del artículo 4o. del Decreto Extraordinario 2304 de 1989:

ARTICULO 4o. El artículo 52 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

"ARTICULO 52. REQUISITOS. Los recursos deberán reunir los siguiente requisitos:

1. Interponerse por escrito, dentro del término legal, personalmente por el interesado o mediante apoderado.

2. Sustentarse con el fin de señalar los motivos específicos de la inconformidad.

3. Si se interpusiere el recurso de apelación, a voluntad del recurrente, solicitar la práctica de pruebas y relacionar las que pretenda hacer valer.

4. Inclinar el nombre y la dirección del recurrente.

5. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber.

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio y ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses; si no la ratifica, se producirá la perención del recurso o recursos, se hará efectiva la caución y se archivará el expediente."

ARTICULO 53. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos expuestos, el funcionario competente deberá rechazarlo; contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.

ARTICULO 54. DESISTIMIENTO. De los recursos podrá desistirse en las condiciones del artículo 13 de este Código.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 5o. del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 5o. del Decreto 2304 de 1989 fue declarado INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 80 del 20 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto original del artículo 5o. del Decreto Extraordinario 2304 de 1989:

ARTICULO 5o. El artículo 54 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

"ARTICULO 54. DESISTIMIENTO. El recurrente podrá desistir de los recursos, directamente o mediante apoderado expresamente autorizado para ello."

ARTICULO 55. EFECTO SUSPENSIVO. Los recursos se concederán en el efecto suspensivo.

CAPITULO II.

DE LAS PRUEBAS

ARTICULO 56. OPORTUNIDAD. Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a no ser que al interponer este último se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.

ARTICULO 57. ADMISIBILIDAD. Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.

Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán de cargo de quien la pidió, y si son varios, o si se decretan de oficio, se distribuirán en cuotas iguales entre todos los interesados.

ARTICULO 58. TERMINO. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días, ni menor de diez (10). Los términos inferiores a treinta (30) días podrán prorrogarse una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.

En el auto que decrete la práctica de pruebas se indicará, con toda exactitud, el día en que vence el término probatorio.

CAPITULO III.

DECISIONES EN LA VIA GUBERNATIVA

ARTICULO 59. CONTENIDO DE LA DECISION. Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia, si es del caso.

La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 6o. del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 6o. del Decreto 2304 de 1989 fue declarado INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 80 del 20 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto modificado por el Decreto Extraordinario 2304 de 1989:

RTICULO 59. CONTENIDO DE LA DECISION. Concluido el término para practicar pruebas, si lo hubiere, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará con los aspectos de hecho y de derecho que fueren pertinentes.

ARTICULO 60. SILENCIO ADMINISTRATIVO. Transcurrido un plazo de dos (2) meses, contado a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión en negativa.

El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas.

La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1o., no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 7o. del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989, posteriormente declarado INEXEQUIBLE.

<Notas del Editor>

- Para la interpretación del inciso 3o. de este artículo, el editor destaca que el Consejo de Estado, Sección Primera, en Fallo de 20 de mayo de 1999, Expediente No. 5267, dispuso:

"Por tal incompatibilidad debe estimarse insubsistente o derogado tácitamente el inciso 3º del artículo 60 del C.C.A., por el artículo 22 del Decreto Ley 2304 de 1.989 <modificatorio del artículo 135 del C.C.A>, según la regla de hermenéutica consagrada en el artículo 3º de la Ley 153 de 1.887, el cual prevé que una disposición legal se estima insubsistente por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores.

"Dicha incompatibilidad surgió dado que al declararse inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 20 de junio de 1.990, los artículos 1º y 7º del Decreto Ley 2304 de 1.989, que habían subrogado los artículos 40 y 60 del Decreto Ley 01 de 1.984, ello trajo como consecuencia que recobraran vigencia éstos últimos, pues las normas compatibles con los artículos 22 y 23 del Decreto Ley 2304 de 1.989 (subrogatorios de los artículos 135 y 136 del Decreto Ley 01 de 1.984) eran los precitados artículos 1º y 7º .

"Dichos artículos 1º y 7º establecían que ocurridos, en su orden, los silencios negativos frente a la petición y frente a los recursos, la autoridad administrativa perdía competencia para pronunciarse en relación con la petición y los recursos, lo cual hacía posible, por ministerio de la ley en ambos casos, el agotamiento de la vía gubernativa previsto en el artículo 22, y que al día siguiente de ocurrido el silencio negativo empezara a correr el término de caducidad consagrado en el artículo 23."

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-339-96, mediante Sentencia C-567-03 de 15 de julio de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

- Artículo original del Decreto 1 de 1984 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-339-96 del 1o. de agosto de 1996, Magistrado Ponente Dr. Julio César Ortíz Gutiérrez.

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 7o. del Decreto 2304 de 1989 fue declarado INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 80 del 20 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto modificado por el Decreto 2304 de 1989:

ARTICULO 60. SILENCIO ADMINISTRATIVO. Transcurrido el término de dos (2) meses, contado desde la fecha de interposición de los recursos de reposición o apelación, sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que fueron denegados.

El término mencionado se interrumpirá mientras dure el que se hubiera dispuesto para la práctica de pruebas, si fuere pertinente.

El silencio negativo implica pérdida de la competencia de la administración para resolver los recursos.

ARTICULO 61. NOTIFICACION. Las decisiones se notificarán en la forma prevista en los artículos 44, inciso 4o. y 45.

TITULO III.

CONCLUSION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 62. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.

2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.

4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos.

ARTICULO 63. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA. El agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 8o. del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 8o. del Decreto 2304 de 1989 fue declarado INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 80 del 20 de junio de 1990, posteriormente declarado INEXEQUIBLE.

<Legislación anterior>

Texto modificado por el Decreto 2304 de 1989:

ARTICULO 63. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA. El agotamiento de la vía gubernativa se produce cuando los recursos interpuestos hayan sido decididos o denegados por silencio administrativo.

Sin embargo, para agotar la vía gubernativa sólo es obligatorio interponer, cuando es procedente, el recurso de apelación. Pero, cuando contra un acto administrativo sólo proceda el recurso de reposición, éste será obligatorio.

ARTICULO 64. CARACTER EJECUTIVO Y EJECUTORIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados.

ARTICULO 65. EJECUCION POR EL OBLIGADO. Cuando un acto administrativo imponga una obligación a un particular y éste se resistiere a cumplirla, se le impondrán multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado. Cada multa puede llegar hasta un millón de pesos ($1.000.000).

Si fuere posible que la administración o un agente suyo ejecuten los actos que corresponden al particular, lo harán a costa de éste, si continuare en rebeldía.

ARTICULO 66. PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. <Apartes subrayados condicionalmente EXEQUIBLES> Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1. Por suspensión provisional.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan su vigencia.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 9o. del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989, posteriormente declarado INEXEQUIBLE.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Mediante Sentencia C-069-95 del 23 de febrero de 1995, la Corte Constitucional declaró condicionalmente EXEQUIBLES los apartes de este artículo subrayados, "con la advertencia expresa de la observancia que debe darse al mandato constitucional contenido en el artículo 4o., según el cual 'La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades'".

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 9o. del Decreto 2304 de 1989 fue declarado INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 80 del 20 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto modificado por el Decreto 2304 de 1989:

ARTICULO 66. PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. Los actos administrativos son obligatorios, y pueden ser suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Pierden fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1. Por suspensión provisional o anulación,

2. Cuando reconozcan derechos a la administración si, al cabo de cinco (5) años de estar en firme, no han sido ejecutados.

3. Por pérdida de vigencia.

ARTICULO 67. EXCEPCION DE PERDIDA DE EJECUTORIEDAD. Cuando el interesado se oponga por escrito a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla, y resolver dentro de un término de quince (15) días. Contra lo que decida no habrá recurso alguno.

TITULO IV.

EL MERITO EJECUTIVO DE CIERTOS ACTOS Y SENTENCIAS

ARTICULO 68. DEFINICION DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DEL ESTADO QUE PRESTAN MERITO EJECUTIVO. Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible los siguientes documentos:

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

3. Las liquidaciones de impuestos contenidas en providencias ejecutoriadas que practiquen los respectivos funcionarios fiscales, a cargo de los contribuyentes, o las liquidaciones privadas que hayan quedado en firme, en aquellos tributos en los que su presentación sea obligatoria.

4. <Ver Notas del Editor> Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso.

<Notas del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 75, de la Ley 80 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 41.094, del 28 de octubre de 1993.

El texto referido es el siguiente:

ARTICULO 75. DEL JUEZ COMPETENTE. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.

PARAGRAFO 1o. Una vez practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez citará a demandantes y demandados para que concurran personalmente o por medio de apoderado a audiencia de conciliación. Dicha audiencia se sujetará a las reglas previstas en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y se procurará que se adelante por intermedio de personas diferentes de aquellas que intervinieron en la producción de los actos o en las situaciones que provocaron las discrepancias.

PARAGRAFO 2o. En caso de condena en procesos originados en controversias contractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la posición no conciliatoria de alguna de las partes, condenará a la misma o a los servidores públicos que intervinieron en las correspondientes conversaciones, a cancelar multas a favor del Tesoro Nacional de cinco (5) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.

PARAGRAFO 3o. En los procesos derivados de controversias de naturaleza contractual se condenará en costas a cualquiera de las partes, siempre que se encuentre que se presentó la conducta del parágrafo anterior.

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado, Sección Tercera en la sentencia 11318 DE 2000, según el cual este numeral fue derogado por la Ley 80 de 1993 y cuyos apartes a continuación se trascriben:

El texto referido es el siguiente:

La Sala precisa que si bien es cierto la Ley 80 no derogó en su totalidad el artículo 68 del C.C.A., el cual prevé el trámite de la jurisdicción coactiva en favor de la administración pública, si derogó el numeral 4 de la norma, puesto que esta disposición facultaba a las entidades estatales para aplicar el procedimiento coactivo en contra de los contratistas, siempre que los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorgaran a favor de las entidades públicas, integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso. El artículo 75 derogó dicha prerrogativa de la administración y fijó la competencia únicamente en el juez contencioso para el trámite de los procesos de ejecución, cuya fuente de la obligación la configure un contrato estatal.

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-666-00 de 2000, cuyos apartes a continuación se trascriben:

El texto referido es el siguiente:

...

Es así como, de conformidad con lo prescrito en el artículo 68 del C.C.A., los actos que prestarían mérito ejecutivo respecto de las entidades vinculadas, serían los relacionados con los contratos, pólizas y garantías y demás que consten en documentos que provengan del deudor, pues en el resto de casos contemplados en dicha norma, se hace referencia expresa a diferentes actos que provengan de otro tipo de entidades (Nación, entidad territorial y establecimiento público). En consecuencia, si se tiene en cuenta el contexto normativo y particularmente los organismos que expresamente menciona el artículo 68 en cita, la jurisdicción coactiva atribuida por el precepto materia de examen a los entes vinculados estaría atada a actos que podrían considerarse de gestión y no de autoridad, ya que los numerales 4, 5 y 6 del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo -que les serían aplicables- se refieren al manejo de sus relaciones bilaterales con los particulares.

Pero como ya se explicó, los concernientes a los conflictos contractuales, según la legislación vigente, deben ser resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 75 de la Ley 80 de 1993).

Así las cosas, las palabras sobre las cuales recae la impugnación tendrían que declararse inconstitucionales, si no fuera porque también es posible que el legislador, en ejercicio de su libertad de conformación de la estructura administrativa, asigne a ciertos entes vinculados funciones administrativas. En estos casos, la atribución excepcional en cuestión estaría plenamente justificada, en cuanto las funciones administrativas asignadas expresamente por la ley llevarían implícita la noción de imperium. En consecuencia, la asignación de la jurisdicción coactiva a los organismos vinculados será declarada exequible, pero bajo el entendido de que éstos podrán hacer uso de dicha atribución únicamente respecto de las indicadas funciones administrativas, y no en cuanto hace referencia a otras funciones y actividades.

En este orden de ideas, la Sala declarará que las expresiones acusadas solamente pueden aceptarse como ajustadas a la Constitución si se entiende que la autorización legal para ejercer el poder coactivo se refiere al cobro o recaudación de recursos provenientes de funciones netamente administrativas confiadas por el legislador de modo expreso a los entes vinculados, siempre que en la misma norma legal correspondiente se autorice la función de ejecución coactiva y se determinen las condiciones de su ejercicio, exclusivamente en cuanto a los aludidos recursos. Bajo todo otro entendimiento, las palabras demandadas son inexequibles.

5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.

<Notas del editor>

El texto referido es el siguiente:

...

6. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 87 del 23 de agosto de 1984.

<Notas del editor>

El texto referido es el siguiente:

"...

"Es así como, de conformidad con lo prescrito en el artículo 68 del C.C.A., los actos que prestarían mérito ejecutivo respecto de las entidades vinculadas, serían los relacionados con los contratos, pólizas y garantías y demás que consten en documentos que provengan del deudor, pues en el resto de casos contemplados en dicha norma, se hace referencia expresa a diferentes actos que provengan de otro tipo de entidades (Nación, entidad territorial y establecimiento público). En consecuencia, si se tiene en cuenta el contexto normativo y particularmente los organismos que expresamente menciona el artículo 68 en cita, la jurisdicción coactiva atribuida por el precepto materia de examen a los entes vinculados estaría atada a actos que podrían considerarse de gestión y no de autoridad, ya que los numerales 4, 5 y 6 del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo -que les serían aplicables- se refieren al manejo de sus relaciones bilaterales con los particulares.

"Pero como ya se explicó, los concernientes a los conflictos contractuales, según la legislación vigente, deben ser resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 75 de la Ley 80 de 1993).

"Así las cosas, las palabras sobre las cuales recae la impugnación tendrían que declararse inconstitucionales, si no fuera porque también es posible que el legislador, en ejercicio de su libertad de conformación de la estructura administrativa, asigne a ciertos entes vinculados funciones administrativas. En estos casos, la atribución excepcional en cuestión estaría plenamente justificada, en cuanto las funciones administrativas asignadas expresamente por la ley llevarían implícita la noción de imperium. En consecuencia, la asignación de la jurisdicción coactiva a los organismos vinculados será declarada exequible, pero bajo el entendido de que éstos podrán hacer uso de dicha atribución únicamente respecto de las indicadas funciones administrativas, y no en cuanto hace referencia a otras funciones y actividades.

"En este orden de ideas, la Sala declarará que las expresiones acusadas solamente pueden aceptarse como ajustadas a la Constitución si se entiende que la autorización legal para ejercer el poder coactivo se refiere al cobro o recaudación de recursos provenientes de funciones netamente administrativas confiadas por el legislador de modo expreso a los entes vinculados, siempre que en la misma norma legal correspondiente se autorice la función de ejecución coactiva y se determinen las condiciones de su ejercicio, exclusivamente en cuanto a los aludidos recursos. Bajo todo otro entendimiento, las palabras demandadas son inexequibles".

TITULO V.

DE LA REVOCACION DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 69. CAUSALES DE REVOCACION. <Ver Notas del Editor> Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

<Notas del Editor>

- Para efectos de la interpretación de este artículo el editor sugiere tener en cuenta lo dispuesto por el Artículo 71 de la Ley 446 de 1998, "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia", publicada en el Diario Oficial No. 43.335 de 8 de julio de 1998.

El texto original de dicho artículo establece:

"ARTÍCULO 71. REVOCATORIA DIRECTA. El artículo 62 de la Ley 23 de 1991, quedará así:

"'Artículo 62. Cuando medie Acto Administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo logrado.'"

- El Artículo 71 mencionado incorporado en el Decreto 1818 de 1998, artículo 57, publicado en el Diario Oficial No. 43.380, del 07 de septiembre de 1998, "Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos".

ARTICULO 70. IMPROCEDENCIA. No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 10 del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Notas del editor>

- El artículo 8o., numeral g., de la Ley 201 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 41.950 del 2 de agosto de 1995, establece una excepción a lo establecido en este artículo. Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto correspondiente:

"ARTICULO 8o. FUNCIONES. Además de las atribuciones señaladas en la Constitución Política, el Procurador General de la Nación tendrá las siguientes funciones:

...

g) Revocar directamente sus propios actos y los expedidos por los demás funcionarios de la Procuraduría General; lo mismo que decidir los recursos de revocación directa, no obstante la prohibición del artículo 70 Código Contencioso Administrativo, cuando de los actos administrativos impugnados se infiera ostensible violación de normas constitucionales o legales;

...

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-742-99 del 6 de octubre de 1999, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Herández Galindo.

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 10 del Decreto 2304 de 1989 fue declarado INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 80 del 20 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto modificado por el Decreto 2304 de 1989:

ARTICULO 70. IMPROCEDENCIA. No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos contra los cuales procedan los recursos de la vía gubernativa.

ARTICULO 71. OPORTUNIDAD. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 809 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> La revocación directa podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.

En todo caso, las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos de contenido general y las que se refieran a aquellos de contenido particular y concreto en relación con los cuales no se haya agotado la vía gubernativa o no se haya admitido la demanda ante los tribunales contencioso administrativos dentro del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los tres (3) meses siguientes a su presentación.

<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 809 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45213, de 9 de junio de 2003.

<Legislación Anterior>

Texto original del Código Contencioso Administrativo:

ARTÍCULO 71. La revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.

ARTICULO 72. EFECTOS. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-339-96 del 1o. de agosto de 1996, Magistrado Ponente Dr. Julio César Ortiz Gutiérrez.

ARTICULO 73. REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.

ARTICULO 74. PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este Código. En el acto de revocatoria de los actos presuntos obtenidos por el silencio administrativo positivo se ordenará la cancelación de las escrituras que autoriza el artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones penales o disciplinarias correspondientes.

El beneficiario del silencio que hubiese obrado de buena fe, podrá pedir reparación del daño ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo si el acto presunto se revoca.

TITULO VI.

INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO

ARTICULO 75. DEBERES Y FACULTADES DEL MINISTERIO PUBLICO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución Política, corresponderá a los funcionarios del Ministerio Público velar por el ejercicio y la efectividad del derecho de petición.

Los personeros municipales, como agentes del Ministerio Público, tendrán a su cargo:

1. Instruir debidamente a toda persona que, por manifestación propia, desee o deba formular alguna petición.

2. Escribir la petición de que se trate, si la persona no pudiere hacerlo por sí misma y ello fuere necesario, comprobando en este caso que se cumplan las formalidades previstas en este código.

3. Recibir y hacer tramitar las peticiones o recursos que las autoridades, por cualquier motivo, no hayan querido recibir.

4. Aplicar medidas disciplinarias o solicitar su aplicación al que sea competente, a los funcionarios que, sin causa justificada, dificulten o hagan ineficaz el ejercicio del derecho de petición o incurran en las conductas previstas en el artículo siguiente.

5. Vigilar en forma constante y directa los sistemas para el cobro de las tarifas de los servicios públicos, y asegurar que los reclamos y recursos se tramiten en forma rápida y legal.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las facultades y deberes constitucionales y legales del Procurador General de la Nación, los Procuradores Regionales o Distritales, los Fiscales de los Tribunales y Juzgados Superiores y demás funcionarios del Ministerio Público, los cuales deberán cooperar al cumplimiento de lo previsto en este Código y aplicar de oficio o a petición de parte, medidas disciplinarias a los funcionarios o empleados que les estén sometidos y que, sin causa justificada, dificulten o hagan ineficaz el ejercicio del derecho de petición.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 78 del 25 de septiembre de 1984.

TITULO VII.

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

ARTICULO 76. CAUSALES DE MALA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS. SANCIONES DISCIPLINARIAS. <Ver Nota del Editor con respecto al aparte tachado> Son causales de mala conducta, ~~que motivarán multas hasta de un millón de pesos ($1.000.000), o la destitución del responsable~~, las siguientes:

<Nota del editor>

- En criterio del editor el aparte tachado fue derogado por el artículo 177 de la Ley 200 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 41.946 del 31 de julio de 1995, que establece: "... deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias ...".

1. Negarse a recibir las peticiones, a expedir constancias sobre ellas, o a sellar sus copias, cuando se presenten en los días, horas y sitios que indiquen los reglamentos.

2. Negarse a recibir las declaraciones o liquidaciones privadas necesarias para cumplir con una obligación legal.

3. Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos.

4. No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro del término legal.

5. Demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o notificación.

6. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Resolver sin motivación, siquiera sumaria, cuando sea obligatoria.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

Expresa la Corte en la parte motiva de la sentencia: "la Corte encuentra que tampoco viola la Constitución, si se entiende que alude a determinados actos que el legislador ha declarado que, por su propia naturaleza, no requieren ser motivados según la amplitud de la atribución conferida a la autoridad, si bien advirtiendo que la referencia legal correspondiente ha de ser expresa, taxativa y de interpretación estricta, y que las posibilidades de no motivación de los actos en que así lo autorice la ley no se confunden con la arbitrariedad de la administración, es decir, que su contenido está expuesto a examen judicial para verificar si son conformes o no a la Carta Política, y si los acompaña la racionalidad que a toda determinación oficial se exige.

La distinción legal en comento no se opone en sí misma a los principios y preceptos constitucionales y corresponde al mayor o menor margen de apreciación que, según la ley, requiera la autoridad para decidir. Desde luego, cabe agregar que, ya en concreto, la ubicación legal de cada tipo de determinaciones dentro o fuera de la categoría de los actos reglados está también sujeta al control material de constitucionalidad por parte de esta Corte, pues el permitir o propiciar en la propia ley la opción administrativa de no motivar un acto que por su materia exige de suyo un fundamento explícito, para asegurar el respeto a los derechos fundamentales, en especial el de defensa de los interesados, y también con el objeto de facilitar el abierto y permanente escrutinio de la sociedad, es una forma de vulnerar el artículo 209 de la Constitución Política y los principios que rigen la actuaciones administrativas. Pero ello habrá de verse respecto de cada norma. En lo que concierne a la disposición ahora acusada, entendida en el expuesto sentido, es constitucional.

Todos los actos administrativos que no sean expresamente excluidos por norma legal deben ser motivados, al menos sumariamente, por lo cual no se entiende que puedan existir actos de tal naturaleza sin motivación alguna. Y, si los hubiere, carecen de validez, según declaración que en cada evento hará la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la sanción aplicable al funcionario, precisamente en los términos de la disposición examinada."

7. Ejecutar un acto que no se encuentre en firme.

8. Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de las sentencias.

9. No declararse impedido cuando exista deber de hacerlo.

10. No practicar oportunamente las pruebas decretadas o denegar sin justa causa las solicitadas.

11. Reproducir actos suspendidos o anulados por la jurisdicción en lo contencioso administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión.

12. No hacer lo que legalmente corresponda para que se incluya dentro de los presupuestos públicos apropiaciones suficientes para el cumplimiento de las sentencias que condenen a la administración.

13. Entrabar la notificación de los actos y providencias que requieran esa formalidad.

14. Intimidar de alguna manera a quienes deseen acudir ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo para el control de sus actos.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.

ARTICULO 77. DE LOS ACTOS Y HECHOS QUE DAN LUGAR A RESPONSABILIDAD. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-561-02 de 24 de julio de 2002, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-100-01.

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-100-01 del 31 de enero de 2001, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez.

Corte Suprema de Justicia:

- Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 30 del 2 de mayo de 1985.

<Nota del editor>

- El artículo 14 de la Ley 200 de 1995, mediante la cual se adoptó el Código Disciplinario Unico, publicada en el Diario Oficial No. 41.946 del 31 de julio de 1995, trata sobre la culpabilidad. Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto correspondiente:

"En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa".

- El artículo 6o. de la Constitución Política de 1991, trata de la responsabilidad de los servidores públicos. Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto correspondiente:

"Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones".

ARTICULO 78. JURISDICCION COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RESPONSABILIDAD CONEXA. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.

<Jurisprudencia vigencia>

Corte Constitucional:

- Mediante Sentencia C-561-02 de 24 de julio de 2002, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-430-00.

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-430-2000 del 12 de abril de 2000, Magistrado Ponente Dr. Antonio Becerra Carbonell

ARTICULO 79. EJECUCION DE CREDITOS A FAVOR DE LAS ENTIDADES PUBLICAS, O DE LOS PARTICULARES. Las entidades públicas podrán hacer efectivos los créditos a su favor en todos los casos a que se refieren las disposiciones anteriores por jurisdicción coactiva y los particulares por medio de la jurisdicción ordinaria.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 92 del 30 de agosto de 1984.

TITULO VIII.

INSTITUCIONES FINANCIERAS

ARTICULO 80. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE POLITICAS MONETARIAS, CAMBIARIAS Y DE CREDITO. Las instituciones financieras con participación mayoritaria de capital público que actúen como ejecutoras directas de las normas y políticas monetarias, cambiarias y crediticias, desempeñando facultades de naturaleza única o diferentes a las que las leyes y reglamentos confieren a las demás instituciones del mismo género, se sujetarán a las siguientes reglas en los procedimientos relativos a aquellos actos que sean administrativos:

1. <Numeral INEXEQUIBLE>.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Numeral declarado INEXEQUIBLE por la CSJ, S.P., en sentencia del 19 de julio de 1984, Expediente 1140, Magistrado ponente Dr. Alfonso Patiño Roselli.

<Legislación anterior>

Texto original del numeral 1:

1. Las citaciones a terceros, las notificaciones y las publicaciones se surtirán mediante comunicaciones con las formalidades y por los medios consagrados por la costumbre.

2. <Numeral INEXEQUIBLE>.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- La Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 16 de agosto de 1984, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia del 19 de julio de 1984.

- Numeral declarado INEXEQUIBLE por la CSJ, S.P., en sentencia del 19 de julio de 1984, Expediente 1140. Magistrado ponente Dr. Alfonso Patiño Roselli.

<Legislación anterior>

Texto original del numeral 2:

La motivación de tales actos consistirá en la cita de las normas aplicables.

3. Los actos serán de ejecución inmediata y los recursos se concederán en el efecto devolutivo.

4. Se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones sin requisitos ni términos especiales.

5. La inspección y vigilancia sobre todos los aspectos de estos procedimientos y sobre la conducta de las personas que los realizan, corresponderán al Superintendente Bancario.

TITULO IX.

AMBITO DE APLICACION A LOS ASUNTOS DEPARTAMENTALES Y MUNICI PALES

ARTICULO 81. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. En los asuntos departamentales y municipales, se aplicarán las disposiciones de la parte primera de este código, salvo cuando las ordenanzas o los acuerdos establezcan reglas especiales en asuntos que sean de competencia de las asambleas y concejos.

PARTE SEGUNDA

LIBRO II.

CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

TITULO X.

OBJETO DE LA JURISDICCION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ARTICULO 82. OBJETO DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El nuevo texto es elsiguiente:> La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional.

<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.494 de 27 de diciembre de 2006.

El parágrafo del artículo 2 establece:

"PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001."

- Artículo subrogado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

El artículo 164, parágrafo, de la Ley 446 de 1998 establece: "PARAGRAFO. Mientras entran a operar los Juzgados Administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley".

- Artículo subrogado por el artículo 12 del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Notas del editor>

- El artículo 15 de la Ley 472 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.357 del 6 de agosto de 1998, trata de los procesos que debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto correspondiente:

"ARTICULO 15. JURISDICCION. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.

En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil".

- El artículo 3o. de la Ley 393 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.096 del 30 de julio de 1997, sobre acciones de cumplimiento, establece competencias en temas contencioso - administrativos. Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto correspondiente:

"ARTICULO 3o. COMPETENCIA. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.

PARAGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.

PARAGRAFO TRANSITORIO. Mientras entran en funcionamiento los Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo".

- Los artículos 37 y 31 del Decreto Extraordinario 2591 de 1991, publicado en el Diario Oficial No. 40.165 del 19 de noviembre de 1991, establecen respectivamente las competencias para conocer en primera y segunda instancia de las acciones de tutela. Dada su relevancia se transcriben a continuación los textos correspondientes:

"ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. <Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-054-93 del 18 de febrero de 1993.> Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.

De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar".

"ARTICULO 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión".

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Inciso final del texto modificado por la Ley 446 de 1998 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-248-99 del 21 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

- Artículo modificado por la Ley 446 de 1998 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-114-99 del 24 de febrero de 1999, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, "... en cuanto su contenido no corresponde a la reserva de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia".

Corte Suprema de Justicia

- El artículo 12 del Decreto 2304 de 1989, fue declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 77 del 12 de junio de 1990.

- La Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencias 021 y 040 del 21 de marzo y 6 de junio de 1985, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencias 82 y 130 de 1984, en donde se declaró INEXEQUIBLE el aparte tachado, Magistrados Ponentes, Dres. Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz.

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 15 de noviembre de 1984.

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 16 de agosto de 1984, pero únicamente en cuanto a que en su expedición no hubo extralimitación de la ley de facultades extraordinarias.

<Legislación Anterior>

Texto modificado por la Ley 446 de 1998:

ARTÍCULO 82. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas, y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.

Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional.

Texto subrogado por el Decreto 2304 de 1989:

ARTICULO 82. OBJETO DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida por la Constitución para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. Se ejerce por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos de conformidad con la Constitución y la Ley.

Esta Jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno.

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la Ley.

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 82. OBJETO DE LA JURISDICCION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La jurisdicción en lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias originadas en actos y hechos administrativos de las entidades públicas, y de las privadas cuando cumplan funciones públicas. Se ejercerá por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos de conformidad con la Constitución Política y la ley.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en los actos políticos o de gobierno, ~~pero sólo por vicios de forma~~.

La jurisdicción en lo contencioso administrativo no juzgará las providencias dictadas en juicios de policía de carácter penal o civil, ni las sanciones que imponga el Tribunal Disciplinario.

TITULO XI.

MEDIOS DE CONTROL

ARTICULO 83. EXTENSION DEL CONTROL. <Subrogado por el artículo 13 del Decreto 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de conformidad con este estatuto.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 13 del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 13 del Decreto 2304 de 1989, fue declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 77 del 12 de junio de 1990.

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 094 del 16 de octubre de 1986, Magistrado Ponente, Dr. Jairo Duque Pérez.

<Legislación anterior>

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 83. EXTENSION DEL CONTROL. La actividad administrativa se cumple mediante actos o hechos y toda estará sujeta al control jurisdiccional en los términos previstos en la Constitución Política, en las leyes y en este Código.

Son actos administrativos las conductas y las abstenciones capaces de producir efectos jurídicos, y en cuya realización influyen de modo directo e inmediato la voluntad o la inteligencia.

Son hechos administrativos los acontecimientos y las omisiones capaces de producir efectos jurídicos, y en cuya realización no influyen de modo directo e inmediato la voluntad o la inteligencia.

Las llamadas "operaciones administrativas" y "vías de hecho" se considerarán, en adelante y para todos los efectos, actos administrativos.

ARTICULO 84. ACCION DE NULIDAD. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE. Subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-426-02 de 29 de mayo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil; "siempre y cuando se entienda que la acción de nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto, en los términos de la parte motiva de esta Sentencia"

- El inciso 1o. de este artículo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-513-94 del 16 de noviembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell, tal y como fue modificado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989.

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, fue declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 82 del 21 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 84. ACCION DE NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, la nulidad de los actos administrativos.

Esta acción se denomina de nulidad y procederá no solo cuando dichos actos infrinjan las normas a las que debían estar sujetos, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes o en forma irregular, o falsamente motivados, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profiera.

Estos motivos podrán invocarse en todas las acciones en que se impugne un acto administrativo, cualquiera que sea su finalidad.

Esta acción procede contra los actos de carácter definitivo; excepcionalmente contra los preparatorios, de trámite y de ejecución en los casos de los artículos 50, 88 y 153 de este Código.

Son objeto también de esta acción los conceptos y circulares que la administración quiera aplicar de modo general, así como los actos de certificación y registro cuyo control no haya sido atribuido expresamente a otra jurisdicción.

ARTICULO 85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. <Subrogado por el artículo 15 del Decreto 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 15 del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-199-97 del 17 de abril de 1997, tal y como fue modificado por el artículo 15 del Decreto 2304 de 1989.

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 15 del Decreto 2304 de 1989, fue declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 82 del 21 de junio de 1990.

- La Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 16 de agosto de 1984, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia del 24 de julio de 1984.

- Artículo original declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 16 de agosto de 1984, pero únicamente en cuanto a que en su expedición no hubo extralimitación de la ley de facultades extraordinarias. El aparte tachado fue declarado INEXEQUIBLE.

<Legislación anterior>

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 85. ACCION DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho suyo, amparado por una norma jurídica, podrá pedir que, además de la anulación del acto administrativo, se le restablezca en su derecho, o se le repare el daño.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> La misma acción tendrá quien, además, pretenda que se le modifique una obligación fiscal, ~~o de otra clase~~, o la devolución de lo que pagó indebidamente.

ARTICULO 86. ACCION DE REPARACION DIRECTA. <Subrogado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-038-06 de 1 de febrero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por el cargo estudiado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-864-04 de 7 de septiembre de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería.

Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado del inciso 2o. del texto modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998 declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-338-06 de 3 de mayo de 2006, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Artículo subrogado por el artículo 16 del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 16 del Decreto 2304 de 1989, fue declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 82 del 21 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto subrogado por el artículo 16 del Decreto 2304 de 1989:

ARTICULO 86. ACCION DE REPARACION DIRECTA. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos.

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 86. ACCION DE REPARACION DIRECTA Y CUMPLIMIENTO. La persona que acredite interés podrá pedir directamente el restablecimiento del derecho, la reparación del daño, el cumplimiento de un deber que la administración elude,o la devolución de lo indebidamente pagado, cuando la causa de la petición sea un hecho, o un acto administrativo para cuya prueba haya grave dificultad.

La misma acción tendrá todo aquel que pretenda se le repare el daño por la ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos.

ARTICULO 87. DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. <Subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte en letra itálica declarado EXEQUIBLE, por el cargo formulado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-712-05 de 6 de julio de 2005, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. En la misma Sentencia la Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1048-05.

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1048-01 de 4 de octubre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, "en los términos de la sentencia".

Dispuso la Corte Constitucional en la sentencia (subrayas fuera del texto original):

"La Corte estima que la norma ha sido objeto de dos interpretaciones diversas, pero que ninguna de ellas responde a la verdadera intención del legislador: según una la primera, la celebración del contrato extingue anticipadamente el término de caducidad y en consecuencia impide acudir posteriormente a las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho para impugnar los actos previos, con lo cual quedan desprotegidos los intereses de terceros no contratantes, especialmente de quienes participaron en el proceso de licitación; según una segunda, tal celebración no extingue dicho plazo, pues la norma no lo dice expresamente, por lo cual, a pesar de haberse celebrado el contrato, sigue corriendo el término de caducidad; a juicio de la Corte las anteriores interpretaciones no consultan la verdadera intención del legislador, la cual puede extraerse de la lectura armónica de los incisos segundo y tercero de la disposición acusada, interpretación armónica que la demanda, las intervenciones y la vista fiscal han omitido hacer .

"En efecto, la segunda interpretación referida es contraria al tenor literal de la disposición, pues es clara la intención legislativa de impedir la interposición de las acciones no contractuales con posterioridad a la celebración del contrato. La expresión, "(u)na vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato", a juicio de la Corte es indicativa de la voluntad del legislador de fijar un límite a la separabilidad de los actos previos, definiendo que a partir de la firma del contrato tales actos se hacen inseparables del mismo.

"De su parte, la interpretación del demandante, si bien es acertada en cuanto reconoce que la suscripción del contrato extingue anticipadamente el término de caducidad (como consecuencia de la extinción de las acciones no contractuales), resulta equivocada en cuanto afirma que dicha extinción tiene el alcance de impedir la defensa judicial de los intereses de terceros participantes en la actividad precontractual. La disposición no desprotege estos intereses, pues conforme ella misma lo señala en su tercer inciso, dichos terceros, por tener un interés directo, pueden pedir la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad de los actos previos. No quedan por ende desamparados, pues esta acción satisface sus pretensiones, amén de que dicha nulidad absoluta, por las mismas razones, también puede ser invocada por el Ministerio Público, o aun ser declarada de oficio por el juez administrativo.

"...

"De esta manera, la Corte entiende que actualmente los terceros pueden demandar la nulidad de los actos previos al contrato, a través de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de caducidad de 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Pero que una vez expirado este término o suscrito el contrato, desaparece la posibilidad de incoar tales acciones respecto de esta categoría de actos previos. A partir de ese momento, los referidos actos previos sólo podrán ser impugnados a través de la acción de nulidad absoluta, la cual puede ser incoada, entre otras personas, por los terceros con interés directo -interés que ha sido reconocido por la jurisprudencia del h. Consejo de Estado como existente en cabeza de los licitantes o proponentes-. En este caso, la ilegalidad de los actos previos se puede alegar como fundamento de la nulidad absoluta del contrato."

<Ver Notas del Editor> El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El Juez Administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-1048-01 de 4 de octubre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, que declaró exequibles algunos apartes del Inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 446 de 1998, modificatoria del Artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

Dispuso la Corte Constitucional en la sentencia (subrayas fuera del texto original):

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-221-99 del 14 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Artículo subrogado por el artículo 17 del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989, posteriormente declarado EXEQUIBLE.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 17 del Decreto 2304 de 1989, fue declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 82 del 21 de junio de 1990.

<Legislación anterior>

Texto subrogado por el artículo 17 del Decreto 2304 de 1989:

ARTICULO 87. DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones.

Los causahabientes de los contratistas también podrán promover las controversias contractuales.

El Ministerio Público o el tercero que acredite un interés directo en el contrato, está facultado para solicitar también su nulidad absoluta. El juez administrativo podrá declarar de oficio la nulidad absoluta cuando esté plenamente demostrada en el proceso y siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes.

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 87. ACCIONES RELATIVAS A CONTRATOS. Cualquiera de las partes de un contrato de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, o de los contratos administrativos o interadministrativos, podrá pedir un pronunciamiento sobre su existencia o validez, que se decrete su revisión, que se declare su incumplimiento y la responsabilidad derivada de él.

La nulidad absoluta también podrá pedirse por el Ministerio Público y por quien demuestre interés directo en el contrato.

Los actos separables del contrato serán controlables por medio de las otras acciones previstas en este Código.

ARTICULO 88. ACCION DE DEFINICION DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS. <Artículo derogado por el artículo 4 de la Ley 954 de 2005>

<Notas de Vigencia>

- Artículo derogado por el artículo 4 de la Ley 954 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.893 de 28 de abril de 2005.

- Artículo subrogado por el artículo 18 del Decreto 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- La expresión subrayada del inciso 3o. fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-416-94 del 22 de septiembre de 1994, tal y como fue modificado por el artículo 18, del Decreto 2304 de 1989. Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell

Corte Suprema de Justicia:

- El artículo 18 del Decreto 2304 de 1989, fue declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 77 del 12 de junio de 1990.

<Legislación Anterior>

Texto subrogado por el decreto 2304 de 1998:

ARTÍCULO 88. Los conflictos de competencias administrativas se promoverán de oficio o a solicitud de parte.

La entidad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si ésta también se declara incompetente, ordenará remitir la actuación al Tribunal correspondiente o al Consejo de Estado.

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el Consejero Ponente dispondrá de que se dé traslado a las partes por el término común de tres (3) días, para que presenten sus alegatos; vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver dentro de los diez (10) días. Si ambas entidades se consideran competentes, remitirán la actuación al correspondiente Tribunal o al Consejo de Estado y el conflicto será dirimido por el procedimiento prescrito en el inciso anterior.

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 88. ACCION DE DEFINICION DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS. Cuando varias autoridades realicen simultáneamente actos preparatorios o definitivos para ejercer funciones iguales respecto de una misma persona o cosa, o funciones diferentes pero que se opongan entre sí, cualquier persona que demuestre interés directo o cualquiera de esas mismas autoridades, podrá pedir que se suspendan o anulen los actos producidos y que se defina cuál es la autoridad a quien corresponde la decisión, y el alcance de su competencia.

En este caso, en la sentencia podrá ejercerse también las facultades previstas en el artículo 170 de este Código.

LIBRO III.

ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA JURISDICCION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TITULO XII.

ORGANIZACION DE LA JURISDICCION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CAPITULO I.

DEL CONSEJO DE ESTADO

ARTICULO 89. INTEGRACION DEL CONSEJO DE ESTADO, PERMANENCIA Y VACANTES. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El Consejo de Estado ejerce sus funciones por medio de tres (3) Salas, integradas así: la Plena, por todos sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintisiete (27) consejeros y la de Consulta y Servicio Civil, por los cuatro (4) consejeros restantes.

<Notas de Vigencia>

- Artículo 34 de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 9 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- Artículo modificado tácitamente por el artículo 34 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

- El artículo 233 de la Constitución Politica establece:

"Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso. "

- Artículo subrogado por el artículo 5o. del Decreto Extraordinario 2288 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

- Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 14 de 1988, publicada en el Diario Oficial No. 38.189 del 25 de enero de 1988

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

<Legislación Anterior>

Texto modificado por la Ley 270 de 1996:

ARTÍCULO 89. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y está integrado por veintisiete (27) Magistrados, elegidos por la misma Corporación para períodos individuales de ocho años, de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El Consejo de Estado ejerce sus funciones por medio de tres (3) Salas, integradas así: La Plena, por todos sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintitrés (23) Consejeros, y la de Consulta y Servicio Civil, por los cuatro Consejeros restantes.

PARÁGRAFO. El período individual de los Magistrados del Consejo de Estado elegidos con anterioridad al 7 de julio de 1991, comenzará a contarse a partir de esta última fecha.

Texto subrogado por el Decreto 2288 de 1989:

ARTÍCULO 89. El Consejo de Estado estará integrado por treinta (30) miembros elegidos con sujeción a las normas de la paridad política.

Los Consejeros de Estado permanecerán en sus cargos mientras observen buena conducta y no lleguen a la edad de retiro forzoso. Las vacantes, temporales o absolutas, serán provistas por la corporación.

Texto subrogado por el artículo 1o. de la Ley 14 de 1988:

ARTICULO 89. INTEGRACION DEL CONSEJO DE ESTADO, PERMANENCIA Y VACANTES. El Consejo de Estado estará integrado por veinticuatro (24) miembros elegidos con sujeción a las normas de la paridad política.

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 89. INTEGRACION DEL CONSEJO DE ESTADO, PERMANENCIA Y VACANTES. El Consejo de Estado estará integrado por veinte miembros elegidos con sujeción a las normas de la paridad política.

ARTICULO 90. CALIDADES PARA SER ELEGIDO CONSEJERO. Para ser elegido Consejero de Estado y desempeñar el cargo se requieren las mismas calidades que la Constitución Política exige para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 82 del 16 de agosto de 1984.

ARTICULO 91. PRUEBA DE LAS CALIDADES. <Expresión tachada INEXEQUIBLE> La persona que fuere elegida Consejero de Estado en propiedad deberá acreditar que reúne las calidades constitucionales, ~~ante el Presidente de la República, al tomar posesión del cargo.~~

~~Entre la fecha de la comunicación de la elección y la de la posesión no podrán transcurrir más de (30) días~~.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- La expresión tachada de este artículo fue declarada INEXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 82 del 16 de agosto de 1984. El resto del artículo fue declarado EXEQUIBLE.

ARTICULO 92. PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONSEJEROS DE ESTADO. Los Consejeros de Estado estarán sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades prescritas en la Constitución Política y la ley.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 82 del 16 de agosto de 1984.

ARTICULO 93. INTEGRACION DE LAS SALAS DEL CONSEJO DE ESTADO.

<Inciso modificado tácitamente por el inciso 2o. del artículo 9 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado ejerce sus funciones por medio de tres (3) Salas, integradas así: la Plena, por todos sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintisiete (27) consejeros y la de Consulta y Servicio Civil, por los cuatro (4) consejeros restantes.

<Notas de Vigencia>

- Inciso modificado tácitamente por el inciso 2o. del artículo 9 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- Inciso modificado tácitamente por el inciso 2o. del artículo 34 de la Ley 270 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996. .

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 270 de 1996:

ARTÍCULO 34. ...

Texto subrogado por el Decreto 2288 de 1989:

<INCISO 1o.> El Consejo de Estado ejercerá sus funciones por medio de tres (3) Salas, integradas así: Plena, por todos sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintiséis (26) Consejeros y la de Consulta y Servicio Civil por cuatro (4o).

También tendrá Salas Disciplinarias, cada una integrada por tres (3) Consejeros de diferentes especialidades, encargada de conocer de los procesos por faltas disciplinarias adelantados contra los Magistrados de los Tribunales Administrativos y los empleados del Consejo de Estado. Estas salas ejercerán sus funciones de conformidad con lo prescrito por las normas vigentes.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 6o. del Decreto Extraordinario 2288 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

- Artículo subrogado por el artículo 2o. de la Ley 14 de 1988, publicada en el Diario Oficial No. 38.189 del 25 de enero de 1988

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

<Legislación anterior>

Texto subrogado por el artículo 2o. de la Ley 14 de 1988:

ARTICULO 93. INTEGRACION DE LAS SALAS DEL CONSEJO DE ESTADO. El Consejo de Estado ejercerá sus funciones por medio de tres (3) Salas integradas así: la Sala Plena, por todos sus miembros; la Sala de lo Contencioso Administrativo por veinte (20) y la de Consulta y Servicio Civil por cuatro (4).

También tendrán salas disciplinarias, cada una integrada por tres (3) consejeros de diferentes especialidades, encargadas de conocer de los procesos por faltas disciplinarias adelantados contra los Magistrados de los Tribunales Administrativos y los empleados del Consejo de Estado. Estas Salas ejercerán sus funciones de conformidad con lo prescrito por las normas vigentes.

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 93. INTEGRACION DE LAS SALAS DEL CONSEJO DE ESTADO. El Consejo de Estado ejercerá sus funciones por medio de tres Salas, así: Plena, por todos sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por diez y seis Consejeros y de Consulta y Servicio Civil por cuatro.

También tendrá Salas Disciplinarias, cada una integrada por tres Consejeros de diferentes especialidades, encargadas de conocer de los procesos por faltas disciplinarias adelantados contra los Magistrados de los Tribunales Administrativos y los empleados del Consejo de Estado. Estas Salas ejercerán sus funciones de conformidad con lo prescrito por las normas vigentes.

ARTICULO 94. ELECCION DE DIGNATARIOS. El Presidente del Consejo de Estado será elegido por la misma corporación para el período de un año y podrá ser reelegido indefinidamente.

El Consejo también elegirá un Vicepresidente, en la misma forma y para el mismo período del Presidente, encargado de reemplazarlo en sus faltas temporales y de ejercer las demás funciones que le asigne el reglamento.

Cada sala o sección elegirá un Presidente para el período de un año y podrá reelegirlo.

El Presidente, el Vicepresidente y los Presidentes de las Salas o secciones formarán la sala de gobierno de la corporación que ejercerá las funciones que determine el reglamento.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 82 del 16 de agosto de 1984.

ARTICULO 95. ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO. El presidente del Consejo de Estado tendrá, además de las atribuciones que le confieren las normas vigentes, las que le señale el reglamento.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la CSJ mediante Sentencia 82 del 16 de agosto de 1984.

ARTICULO 96. ATRIBUCIONES DE LA SALA PLENA. <Ver Notas del Editor> La Sala Plena del Consejo de Estado tendrá las siguientes atribuciones:

1. Conceptuar en los casos prescritos por los artículos 5o., 28, 120, numeral 10, 121 y 122 de la Constitución Política.

2. Emitir los dictámenes a que se refiere el artículo 212 de la Constitución Política.

3. Expedir el reglamento de la corporación.

4. Elegir Consejeros de Estado y Magistrados de los Tribunales Administrativos de conformidad con la Constitución Política y la ley.

5. Elegir los empleados de la corporación, con excepción de los de las Salas o secciones, los cuales serán designados por cada una de ellas.

6. Proponer, de conformidad con el artículo 141 numeral 2o., de la Constitución Política, las reformas convenientes en todos los ramos de la legislación.

Los proyectos, serán entregados a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor.

7. Distribuir, mediante acuerdo, las funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo que no deban ser ejercidas en pleno, entre las secciones que la constituyen, con base en un criterio de especialización.

8. Integrar las comisiones que deba designar, de conformidad con la ley o el reglamento.

9. Elegir los dignatarios de la corporación.

10. Las demás que le atribuyan la ley o su reglamento interno.

<Nota del editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este Artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 14 del Acto Legislativo 1 de 2003 (modificatorio del Artículo 264 de la Constitución Política), "por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones", publicado en el Diario Oficial No. 45.237 de 3 de julio de 2003.

Como puede observarse, la atribución de la Sala Plena de elegir a los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, asignada por el Artículo 35 Numeral 3o. de la Ley 270 de 1996, fue trasladada al Congreso de la República en pleno.

El Artículo 14 mencionado en su versión original establece:

"ARTÍCULO 14. El artículo 264 de la Constitución Política quedará así:

"Artículo 264. El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y podrán ser reelegidos por una sola vez.

"..."

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el Artículo 35 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 35. ATRIBUCIONES DE LA SALA PLENA. La Sala Plena del Consejo de Estado tendrá las siguientes atribuciones administrativas:

1. Elegir los Consejeros para proveer los nuevos cargos que se creen, llenar las vacantes de conformidad con la Constitución y la ley.

2. Elegir al Secretario General, y demás empleados de la Corporación con excepción de los de las Salas, Secciones y Despachos, los cuales serán designados por cada una de aquéllas o por los respectivos Consejeros.

3. Elegir, conforme a la ley, a los miembros del Consejo Nacional Electoral.

4. Proveer las faltas temporales del Contralor General de la República.

5. Distribuir, mediante Acuerdo, las funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo que no deban ser ejercidas en pleno, entre las Secciones que la constituyen, con base en un criterio de especialización y de volumen de trabajo.

6. Integrar las comisiones que deba designar, de conformidad con la ley o el reglamento.

7. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los Magistrados de los Tribunales Administrativos, que servirá de base para la calificación integral.

8. Darse su propio reglamento.

9. Elegir, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, para períodos de dos años, al Auditor ante la Contraloría General de la República o a quien deba reemplazarlo en sus faltas temporales o absolutas, sin que en ningún caso pueda reelegirlo; y,

10. Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución, la ley y el reglamento".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 97. INTEGRACION Y ATRIBUCIONES DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. <Artículo subrogado por el artículo 7o. del Decreto Extraordinario 2288 de 1989. Artículo modificado y adicionado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, ver Nota de Vigencia correspondiente en cada aparte. Ver Notas del Editor. El texto correspondiente al artículo 7o. del Decreto 2288 de 1989 es el siguiente:>

<Inciso modificado por el artículo 10 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) Secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de la Corporación y estarán integradas de la siguiente manera:

La Sección Primera, por cuatro (4) magistrados.

La Sección Segunda se dividirá en dos (2) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) Magistrados.

La Sección Tercera se dividirá en tres (3) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados.

La Sección Cuarta, por cuatro (4) magistrados, y

La Sección Quinta, por cuatro (4) magistrados.

Sin perjuicio de las específicas competencias que atribuya la ley, el reglamento de la Corporación determinará y asignará los asuntos y las materias cuyo conocimiento corresponda a cada Sección y a las respectivas Subsecciones.

En todo caso, la acción de pérdida de investidura de congresistas será de competencia de la sala plena de lo contencioso administrativo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los nuevos despachos que por medio de esta ley se crean para la integración de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tendrán la misma organización y estructura que en la actualidad tienen los despachos ya existentes en esa Sección.

<Notas de Vigencia>

- Artículo 36 de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 10 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009.

- Inciso 1o. modificado tácitamente por el artículo 36 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

<Legislación Anterior>

Texto subrogado por el Decreto 2288 de 1989:

<INCISO 1> La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en seis (6) secciones, cada una integrada por cuatro (4) Consejeros, con excepción de la sección segunda que estará integrada por (6) Consejeros. Cada sección ejercerá separadamente las funciones que le asignen la Ley o este Código.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales:

1. <Ver Notas del Editor> Resolver los conflictos de competencia entre las secciones del Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y las secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca;

<Notas del Editor>

En criterio del editor, para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo distuesto por el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.240 de 22 de enero de 2009, el cual establece:

ARTÍCULO 12. Modifícase el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 270 de 1996 y adiciónase un parágrafo:

“1. Resolver los conflictos de competencia entre las Secciones del Consejo de Estado.

PARÁGRAFO. Los conflictos de competencia entre los Tribunales Administrativos, entre Secciones de distintos Tribunales Administrativos, entre los Tribunales y Jueces de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos y entre Jueces Administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos, serán resueltos por las respectivas Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, de acuerdo con su especialidad. Los conflictos entre juzgados administrativos de un mismo circuito o entre secciones de un mismo Tribunal Administrativo serán decididos por el correspondiente Tribunal en pleno”.

2. Conocer de todos los procesos de competencia del Consejo de Estado que no estén asignados a las secciones;

3. Elaborar cada dos (2) años sus listas de auxiliares de la justicia;

4. <Numeral modificado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, ver nota de vigencia. El nuevo texto siguiente:> Resolver los recursos Extraordinarios de revisión y de súplica incoados contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones y los demás que sean de su competencia.

<Notas de vigencia>

- Numeral 4o. modificado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

<Legislación anterior>

Texto original del Numeral 4o. del Artículo 7o. del Decreto Extraordinario 2288 de 1989:

4. Resolver los recursos extraordinarios que sean de su competencia;

5. <Numeral modificado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, ver nota de vigencia. El nuevo texto siguiente:> Resolver los asuntos que le remitan las Secciones, por su importancia jurídica o trascendencia social si por estimar fundado el motivo resuelve asumir competencia.

A solicitud del Ministerio Público, o de oficio, las Secciones podrán remitir a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asuntos que, encontrándose pendientes de fallo, por su importancia jurídica o trascendencia social ameriten ser decididos por ésta. La Sala Plena decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto.

Igualmente, la Sala Plena podrá asumir de oficio el conocimiento de asuntos que se estén tramitando por cualquiera de las Secciones y que se encuentren pendientes de fallo.

<Notas de vigencia>

- Numeral 5o. modificado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

<Legislación anterior>

Texto original del numeral 5o. del artículo 7o. del Decreto Extraordinario 2288 de 1989:

5. Resolver los asuntos que le remitan las secciones, por su importancia jurídica o trascendencia social, si por estimar fundado el motivo resuelve asumir competencia;

6. Conocer de los procesos que le remitan las secciones para cambiar o reformar la jurisprudencia de la Corporación.

7. <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, ver nota de vigencia.> De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los Decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución Política y que no obedezca a función propiamente administrativa.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Mediante Sentencia C-1290-01 de 5 de diciembre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-560-99. Mediante la misma Sentencia se declararon EXEQUIBLES los apartes subrayados y en itálica.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-560-99 de 4 de agosto de 1999, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

La acción podrá ejercitarse por cualquier ciudadano y se tramitará con sujeción al procedimiento ordinario previsto en los artículos 206 y siguientes de este Código, salvo en lo que se refiere al período probatorio que, si fuere necesario, tendrá un término máximo de diez (10) días.

En estos procesos la sustanciación y ponencia corresponderá a uno de los Consejeros de la Sección respectiva según la materia y el fallo a la Sala Plena.

Contra los autos proferidos por el ponente sólo procederá el recurso de reposición. Los que resuelvan la petición de suspensión provisional, los que decreten inadmisión de la demanda, los que pongan fin al proceso y los que decreten nulidades procesales, serán proferidos por la Sección y contra ellos solamente procederá el recurso de reposición.

El ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrada a despacho para sentencia. La Sala Plena deberá adoptar el fallo dentro de los veinte (20) días siguientes, salvo que existan otros asuntos que gocen de prelación constitucional.

Las acciones de nulidad de los demás Decretos del orden nacional, dictados por el Gobierno Nacional, se tramitarán y decidirán por las Secciones respectivas, conforme a las reglas generales de este Código y el reglamento de la Corporación.

8. <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, ver nota de vigencia.> De las acciones sobre pérdida de investidura de los Congresistas, de conformidad con el procedimiento especial establecido en la ley.

9. <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, ver nota de vigencia.> De los de definición de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de éstas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un sólo Tribunal Administrativo.

10. <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, ver nota de vigencia.> Del recurso extraordinario de revisión en los casos de pérdida de investidura de los Congresistas. En estos casos, los Consejeros que participaron en la decisión impugnada no serán recusables ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Mediante Sentencia C-207-03 de 11 de marzo de 2003, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional declaró EXEQUIBLE el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, y en el fallo anotó que dicho artículo estaba complementado por el numeral 10 de este artículo.

El artículo se declaró exequible "en el sentido que el recurso extraordinario de revisión tambien procede para todas las sentencias ejecutoriadas antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998, incluyendo las ejecutoriadas antes de la vigencia de la Ley 144 de 1994, y que el término de caducidad de cinco años para estos casos, se cuenta a partir del 8 de julio de 1998, fecha de entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998".

PARAGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998> La Corte Suprema de Justicia conocerá de las acciones impetradas contra los actos administrativos emitidos por el Consejo de Estado.

<Notas de vigencia>

- Los Numerales 7, 8, 9, y 10 y el Parágrafo fueron adicionados por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Artículo subrogado por el Artículo 7o. del Decreto Extraordinario 2288 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

- Artículo modificado por el Artículo 35 de la Ley 30 de 1988.

- Artículo subrogado por el Artículo 3o. de la Ley 14 de 1988, publicada en el Diario Oficial No. 38.189 del 25 de enero de 1988

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

Los textos referidos son los siguiente:

"ARTICULO 36. DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco secciones, cada una de las cuales con la integración que se indica a continuación:

1. Sección 1a. integrada por cuatro Magistrados.

2. Sección 2a. integrada por seis Magistrados.

3. Sección 3a. integrada por cinco Magistrados.

4. Sección 4a. integrada por cuatro Magistrados.

5. Sección 5a. integrado por cuatro Magistrados.

Cada sección ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado de acuerdo con la ley.

La Sección Segunda se dividirá en dos (2) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) Magistrados".

"ARTICULO 37. DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales:

1. Resolver los conflictos de competencia entre las secciones del Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y las Secciones de los Tribunales Administrativos, y entre los Tribunales y Jueces de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos y entre Jueces Administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos.

2. Conocer de todos los procesos contencioso administrativo cuyo juzgamiento atribuya la ley al Consejo de Estado y que específicamente no se hayan asignado a las Secciones.

3. Elaborar cada dos años listas de auxiliares de la justicia.

4. Resolver los recursos extraordinarios que sean de su competencia.

5. Resolver los asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica o trascendencia social si, por estimar fundado el motivo, resuelve asumir competencia.

6. Conocer de los procesos que le remitan las secciones para cambiar o reformar las jurisprudencia de la Corporación.

7. Conocer de los casos de la pérdida de investidura de los Congresistas, de conformidad con la Constitución y la ley. Las sentencias que ordenen la pérdida de la investidura deberán ser aprobadas por los miembros de la Sala Plena y por las causales establecidas taxativamente en la Constitución.

8. Conocer de los Recursos contra las sentencias dictadas por la Sección de Asuntos Electorales, en los casos en que determine la ley.

9. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional; y

Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución y la ley.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

<Legislación anterior>

Texto del artículo 35 de la Ley 30 de 1988:

ARTÍCULO 35. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, tendrá una sección de asuntos agrarios integradas por cuatro (4) Consejeros, a la cual le serán asignadas por la Sala Plena de Corporación las funciones que ejercerá separadamente en procesos asignados a la competencia del Consejo de Estado, relacionados con asuntos agrarios, según lo dispuesto por el artículo 96 numeral 7 del Código de lo Contencioso Administrativo. Los tribunales administrativos tendrán dos (2) magistrados adicionales y tendrán a su cargo la sustanciación de los procesos que se tramiten ante el respectivo tribunal, de conformidad con las competencias asignadas por la presente Ley y por el código contencioso administrativo. en los tribunales que por la cantidad y diversidad de sus negocios tengan secciones organizadas conforme a la Ley, podrá crearse la Sección de Asuntos Agrarios compuesta por dos magistrados.

La Sección de asuntos agrarios de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y los tribunales administrativos, tendrán a su cargo el conocimiento de las acciones contencioso - administrativas que se intenten contra los actos administrativos que no sean de carácter laboral, expedidos por el Ministerio de agricultura y sus establecimientos públicos adscritos y de los procesos de expropiación de fundos rurales que adelante el INCORA para el cumplimiento de los fines de la Ley 135 de 1961, de conformidad con las reglas de competencia y distribución de los negocios que para esas corporaciones establecen el Código de lo Contencioso Administrativo y los reglamentos.

Se exceptúan del conocimiento de la sección de asuntos agrarios del Consejo de Estado, las acciones relativas a contratos, actos, separables de los contratos y acciones de responsabilidad que se intenten contra las entidades de que trata el inciso precedente, salva la acción de reparación directa de que trata el numeral 18 del artículo 59 de la presente Ley.

Autorízase al Gobierno Nacional a dictar las medidas y hacer los traslados presupuestales necesarios para la provisión de los cargos de consejeros de Estado y magistrados de Tribunales Administrativos, creados por la presente Ley, y para la dotación y gastos de funcionamiento que las correspondientes corporaciones requieran para la organización de las secciones de asuntos agrarios.

Texto subrogado por el artículo 3o. de la Ley 14 de 1988:

ARTICULO 97. INTEGRACION Y ATRIBUCIONES DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) secciones, cada una integrada por cuatro (4) Consejeros, con sujeción a las normas de la paridad política. Cada sección ejercerá separadamente las funciones que les asigne la Sala Plena de la Corporación, según lo dispuesto en el artículo 96, numeral 7. de este Código.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales:

1. Dirimir los empates que se presenten en las votaciones de las Secciones.

2. Resolver los conflictos de competencia entre los Tribunales Administrativos y entre las Secciones del Consejo de Estado.

3. Conocer de todos los procesos de competencia del Consejo de Estado que no estén asignados a las Secciones.

4. Elaborar cada dos (2) años sus listas de auxiliares de la justicia.

5. Resolver los recursos extraordinarios que sean de su competencia.

PARAGRAFO. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo estará integrada por cuatro (4) Consejeros con sujeción a las normas de la paridad política y tendrá las funciones señaladas en el artículo 231 de este Código.

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 97. INTEGRACION Y ATRIBUCIONES DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cuatro secciones cada una integrada por cuatro Consejeros con sujeción a las normas de la paridad política. Cada sección ejercerá separadamente las funciones que le asigne la Sala Plena de la Corporación, según lo dispuesto en el artículo 96, numeral 7o. de este Código. Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales:

1. Dirimir los empates que se presenten en las votaciones de las secciones.

2. Resolver los conflictos de competencia entre los Tribunales Administrativos, y entre las secciones del Consejo de Estado.

3. Conocer de todos los procesos de competencia del Consejo de Estado que no estén asignados a las secciones.

4. Elaborar cada dos años sus listas de auxiliares de la justicia.

5. Resolver los recursos extraordinarios que sean de su competencia.

ARTICULO 98. INTEGRACION Y ATRIBUCIONES DE LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. <Expresión tachada INEXEQUIBLE> La Sala de Consulta y Servicio Civil estará integrada por cuatro Consejeros, ~~con sujeción a las normas de la paridad política~~. Sus miembros no tomarán parte en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que corresponden a la Corporación.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, salvo la expresión tachada que fue declarada INEXEQUIBLE, mediante Sentencia C-636-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.

Esta sala tendrá las siguientes atribuciones:

1. Revisar los contratos y conceptuar sobre cuestiones relativas al servicio civil, en los casos previstos en la ley.

2. <Según lo expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-636-96, este numeral fue subrogado por el numeral 1o. del artículo 38 de la Ley 270 de 1996. El nuevo texto es el siguiente:> Absolver las consultas jurídicas generales o particulares, que le formule el Gobierno Nacional.

<Notas de vigencia>

- Según lo expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-636-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara, este numeral fue subrogado tácitamente por el artículo 38, numeral 1o., de la Ley 270 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Los apartes entre corchetes {...} del numeral 2o. original del Decreto 1 de 1984, fueron demandados ante la Corte Constitucional. La Corte se INHIBIO para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de los apartes demandados, " ... por carencia acutal de objeto ...", mediante Sentencia C-636-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara. Ver legislación anterior.

Corte Suprema de Justicia

- La Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 16 de agosto de 1984, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia del 19 de julio de 1984.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 19 de julio de 1984.

<Legislación anterior>

Texto original del Decreto 1 de 1984:

2. Absolver las consultas jurídicas, {de orden administrativo}, generales o particulares, que le someta el gobierno {a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República}.

3. Preparar los proyectos de ley y de códigos que le encomiende gobierno. El proyecto se entregará a aquél, por conducto del ministro o jefe de departamento administrativo correspondiente, para su presentación al Congreso.

4. Ordenar y corregir las ediciones oficiales de códigos y leyes.

<Notas del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 38 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 38. DE LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones:

1. Absolver las consultas jurídicas generales o particulares, que le formule el Gobierno Nacional.

2. Preparar los proyectos de ley y de códigos que le encomiende el Gobierno Nacional. El proyecto se entregará al Gobierno por conducto del Ministro o Director de Departamento Administrativo correspondiente, para su presentación a la consideración del Congreso.

3. Revisar los contratos y conceptuar sobre las cuestiones jurídicas relativas al Servicio Civil, en los casos previstos por la ley.

4. Conceptuar sobre los contratos que se proyecte celebrar con empresas privadas colombianas, escogidas por concurso público de méritos, en los casos especiales autorizados por la ley, para efectuar el control fiscal de la gestión administrativa nacional.

5. Verificar, de conformidad con el Código Electoral, si cada candidato a la Presidencia de la República reúne o no los requisitos constitucionales y expedir la correspondiente certificación.

6. Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución y la ley.

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 237 de la Constitución Política.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 237. Son atribuciones del Consejo de Estado:

...

3. Actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen.

En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra, en aguas o en territorios o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado.

..."

ARTICULO 99. CONJUECES. Para ser Conjuez se requerirán las mismas calidades que para ser Consejero de Estado, sin que obste el haber llegado a la edad de retiro forzoso.

Los Conjueces llenarán las faltas de los Consejeros por impedimiento o recusación, dirimirán los empates que se presenten en las Salas Plenas de lo Contencioso Administrativo y de Consulta y Servicio Civil e intervendrán en las mismas, para completar la mayoría decisoria, cuando ésta no se hubiere logrado.

<Nota del editor>

- El inciso 4o. del artículo 54 de la Ley 270 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996, trata igualmente sobre el tema considerado en este inciso. Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto correspondiente:

"Cuando quiera que el número de los Magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusación o por causal legal de separación del cargo, disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad mínima prevista en el primer inciso, para completar ésta se acudirá a la designación de conjueces".

La elección y el sorteo de los conjueces se hará por la Sala de Consulta y Servicio Civil y por las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo y se regirán por lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Ley 1265 de 1970.

<Notas del editor>

- El artículo 61 de la Ley 270 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996, trata igualmente sobre el tema considerado en este artículo. Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto correspondiente:

"Serán designados conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y los reglamentos de las corporaciones judiciales, las personas que reúnan los requisitos para desempeñar los cargos en propiedad, las cuales en todo caso no podrán ser miembros de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores de ninguna entidad que cumplan funciones públicas durante el período de sus funciones. Sus servicios serán remunerados.

Los conjueces tienen los mismos deberes que los Magistrados y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de éstos.

ARTICULO 99-A. POSESION DE CONJUECES. <Artículo adicionado por el artículo 34 de la Ley 446 de 1998.> Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el Presidente de la Sala o Sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones.

<Notas de vigencia>

- Artículo adicionado por el artículo 34 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998

ARTICULO 100. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. El Consejo de Estado en pleno o cualquiera de sus salas o secciones necesitará para deliberar válidamente la asistencia de la mitad más uno de sus miembros.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 54. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Todas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección.

Es obligación de todos los Magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la Corporación en pleno y, en su caso, por la Sala o la sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la Corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. La violación sin justa causa de este deber es causal de mala conducta.

El reglamento interno de cada corporación señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos jurisdiccionales de su competencia.

Cuando quiera que el número de los Magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusación o por causal legal de separación del cargo, disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad mínima prevista en el primer inciso, para completar ésta se acudirá a la designación de conjueces".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 101. QUORUM PARA ELECCIONES. Las elecciones que realice el Consejo de Estado en pleno o cualquiera de sus Salas o secciones requerirán los votos de, por lo menos, las dos terceras partes de sus miembros.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

El texto referido es el siguiente:

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 102. QUORUM PARA OTRAS DECISIONES. Toda decisión de carácter jurisdiccional o no, diferente de la indicada en el artículo anterior, que tome el Consejo de Estado o cualquiera de sus Salas o secciones requiere el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta lo establecido por el inciso 1o. del artículo 54 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

El texto referido es el siguiente:

..."

Si en la votación no se lograre la mayoría absoluta, se repetirá aquella, y si tampoco se obtuviere, se procederá al sorteo de Conjuez o Conjueces, según el caso, para dirimir el empate o para conseguir tal mayoría.

Los empates en las secciones serán dirimidos conforme a lo dispuesto por el artículo 97, numeral 1o., de este Código.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 39 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 39. CONFORMACION DE QUORUM EN LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN CASOS ESPECIALES". De las providencias dictadas por las Secciones del Consejo de Estado, cuando de ello hubiere lugar de acuerdo con la ley, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de los Consejos de la Sección que profirió la decisión, sin perjuicio de que éstos puedan ser llamados a explicarlas".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 103. FIRMA DE PROVIDENCIAS, CONCEPTOS, DICTAMENES Y SALVAMENTOS DE VOTO. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas y secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aun por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Consejeros ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo.

Los Consejeros discrepantes tendrán derecho a salvar el voto. Para ese efecto, una vez firmada la providencia, concepto o dictamen, se pasará el expediente a cada uno de ellos, en orden alfabético, por el término de dos días. El salvamento deberá ser firmado por su autor y se agregará a la decisión, concepto o dictamen, que tendrá la fecha del día en que quede firmado o la del último salvamento de voto, si lo hubiere.

Si dentro del término legal el Consejero discrepante no sustentare el salvamento de voto, sin justa causa, perderá este derecho y deberá devolver el expediente. Si no hubiere más disidentes, la decisión se hará pública o se dará el curso que corresponda al concepto o dictamen.

<Nota del editor>

- El artículo 56 de la Ley 270 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996, trata igualmente sobre el tema considerado en este artículo. Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto correspondiente:

"El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá la fecha en que se adopte".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 104. AUXILIARES DE LOS CONSEJEROS DE ESTADO. Cada Consejero de Estado tendrá un auxiliar de su libre nombramiento y remoción.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 105. ORGANO OFICIAL DEL CONSEJO DE ESTADO. El Consejo de Estado tendrá una revista que le servirá de órgano oficial, denominada "Anales del Consejo de Estado", que se publicará conforme al reglamento de la corporación. Para cada vigencia fiscal se deberá incluir, en el presupuesto de gastos de la Nación, una apropiación especial destinada a ello.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

CAPITULO II.

DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 106. JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS. <Derogado tácitamente por el artículo 40 de la Ley 270 de 1996>.

<Notas de Vigencia>

- Artículo derogado tácitamente por el artículo 40 de la Ley 270 de 1996. Esta derogatoria la sustenta la Corte Constitucional en la sentencia C-049-01, de 24 de enero de 2001.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 40. Los Tribunales Administrativos son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial administrativo. Tiene el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres.

Los Tribunales Administrativos ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados; por la Sala de Gobierno, por las Salas especializadas y por las demás salas de decisión plurales e impares, de acuerdo con la ley.

PARAGRAFO TRANSITORIO 1o. Mientras se integran las salas de decisión impares en aquellos lugares donde existen salas duales, éstas seguirán cumpliendo las funciones que vienen desarrollando.

PARAGRAFO TRANSITORIO 2o. Los Tribunales Administrativos creados con anterioridad a la presente ley, continuarán cumpliendo las funciones previstas en el ordenamiento jurídico".

- El artículo 309 de la Constitución Política de 1991 erigió en departamentos las intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. .

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-049-01 del 24 de enero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo.

Establece la Corte en la parte motiva de la sentencia: "3. El artículo 106 del decreto 01 de 1984 fue derogado tácitamente por el artículo 40 de la Ley 270 de 1996.

Debe esta Corporación, una vez más recordar que la Carta Política de 1991 creó el Consejo Superior de la Judicatura como mecanismo orientado a asegurar tanto la autonomía como la mayor eficiencia de la rama jurisdiccional del Poder Público, ello como una expresión de la unidad institucional y funcional de la Rama Judicial.

Los artículos 256 y 257 de la Carta Política relacionan las funciones que le son propias al Consejo Superior de la Judicatura, las cuales se desarrollan "de acuerdo con la Ley o con sujeción a esta", a través de las Salas Administrativas y de la Jurisdiccional Disciplinaria.

En este orden de ideas, el esquema constitucional de los artículos 156 y 157 de la Carta, entre otros temas, fue desarrollado extemporáneamente por la ley 170 <sic> de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la cual precisó el alcance y contenido de las funciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el procedimiento para el ejercicio de sus competencias, todo ello con el propósito de determinar la división del territorio nacional para efectos judiciales y de la ubicación y redistribución de despachos judiciales para asegurar el acceso de los ciudadanos al sistema de administración de justicia y la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan el territorio nacional, conforme con los artículos 85, 89 y 200 de la aludida ley."

Corte Suprema de Justicia

<Legislación Anterior>

Texto original del C.C.A:

En cada departamento habrá un Tribunal Administrativo, con residencia en la capital respectiva, que ejercerá su jurisdicción en el correspondiente territorio. Sin embargo, para los efectos de esta Ley agréganse las intendencias y comisarías a los siguientes Tribunales:

Al de Bolívar, la Intendencia de San Andrés y Providencia.

Al de Boyacá, las Intendencias de Arauca y Casanare.

Al de Cundinamarca, las Comisarías del Amazonas y Vaupés.

Al del Meta, las Comisarías de Vichada, Guainía y Guaviare.

Al de Nariño, la Intendencia del Putumayo.

ARTICULO 107. INTEGRACION DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. <Derogado por el artículo 28 del Decreto Extraordinario 2288 de 1989.>

<Notas de vigencia>

- Artículo derogado por el artículo 28 del Decreto extraordinadio 2288 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

Los artículos 11 ("INTEGRACION DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS"), y el Capítulo III ("DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA") del Decreto Extraordinario 2288 de 1989, que consta de los artículos 14, ("INTEGRACION DEL TRIBUNAL"), 15 ("INTEGRACION DE LAS SECCIONES Y SUBSECCIONES"), 16 ("ATRIBUCIONES DE LA SALA PLENA"), 17, ("ATRIBUCIONES DE LA SALA DE GOBIERNO"), 18 ("ATRIBUCIONES DE LAS SECCIONES"), 19 ("ELECCION DE DIGNATARIOS"), 20 ("DELIBERACIONES Y DECISIONES"), 21 ("CREACION DE CARGOS"), 22 ("PLANTA DE PERSONAL"), 23 ("CREACION Y DISTRIBUCION DE FISCALES"), 24 ("ELECCION DE MAGISTRADOS"), 25 ("DISTRIBUCION DE COMISIONES"), y 26 ("REPARTO DE PROCESOS"), tratan de la integración, organización y funciones a que hace referencia este artículo.

Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto del artículo 14 del Decreto 2288 de 1989:

"El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estará integrado por veintiocho (28) Magistrados. El Tribunal ejercerá sus funciones por medio de Salas, Secciones y Subsecciones, integradas así: Sala Plena, por todos sus miembros; Sala de Gobierno, por el Presidente y vicepresidente de la corporación y los Presidentes de las secciones; Secciones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta; Subsecciones A, B y C de la Sección Segunda; y las Salas Disciplinarias, por tres (3) Magistrados de diferentes Secciones.

PARAGRAFO. Los veintiocho (28) Magistrados corresponden a los dieciocho (18) existentes con anterioridad a la expedición de este decreto, los ocho (8) que se crean en el artículo 21 y los dos (2) de que trata el artículo 35 de la Ley 30 de 1988".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

<Legislación anterior>

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 107. INTEGRACION DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estará integrado por diez y seis Magistrados. Este Tribunal tendrá la organización y las funciones prescritas por el Decreto-Ley 2433 de 1977. En todo lo demás se regirá por este Código.

ARTICULO 108. INTEGRACION DE OTROS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS. <Derogado por el artículo 28 del Decreto Extraordinario 2288 de 1989.>

<Notas de vigencia>

- Artículo derogado por el artículo 28 del Decreto Extraordinario 2288 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

- El artículo 11 del Decreto Extraordinario 2288 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989, trata sobre el tema originalmente considerado en este artículo. Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto correspondiente:

"El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estará integrado por veintiocho (28) Magistrados; los de Antioquia y Valle del Cauca por ocho (8); los de Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Tolima, por cuatro (4); los de Caquetá, Cesár, Córdoba, Huila, Magdalena, Quindío y Sucre, por tres (3); y los del Chocó y Guajira, por dos (2)".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

<Legislación anterior>

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 108. INTEGRACION DE OTROS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS. Los Tribunales Administrativos de Antioquia y Valle del Cauca tendrán seis Magistrados y los demás dos.

ARTICULO 109. CALIDADES PARA SER ELEGIDO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - PERIODO. Para ser Magistrado de Tribunal Administrativo se requieren las mismas calidades que la Constitución Política exige para ser Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial.

<Inciso 2o. sustituido por el inciso 5o. del artículo 130 de la Ley 270 de 1996. El nuevo texto es el siguiente:> Son de carrera los cargos de magistrado de los tribunales superiores de distrito judicial y de los tribunales contencioso administrativos y de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura; de los fiscales no previstos en los incisos anteriores; de juez de la República, y los demás cargos de empleados de la Rama Judicial

<Notas de vigencia>

- Inciso 2o. sustituido por el inciso 5o. del artículo 130 de la Ley 270 de 1996, según lo establece la Corte Constitucional en la Sentencia C-205-01.

- La Constitución Política de 1991 no señala las calidades para ser Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-205-01 del 21 de febrero de 2001, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el inciso 2o. de este artículo.

Expresa la Corte, en los fundamentos de la decisión: "Inhibición por sustracción de materia. La norma examinada no está produciendo efectos

Siguiendo su jurisprudencia, la Corte se inhibirá de proferir fallo de fondo, por cuanto la norma demandada ha sido sustituida por el legislador y no está produciendo efecto alguno.

La Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) cambió de manera expresa lo relativo al sistema de elección y tiempo en que prestarán sus servicios los magistrados de los tribunales de distrito judicial y de lo Contencioso Administrativo.

Dijo así el artículo 130 de la Ley 270 en su parte pertinente (inciso 5):

'Son de carrera los cargos de magistrado de los tribunales superiores de distrito judicial y de los tribunales contencioso administrativos y de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura; de los fiscales no previstos en los incisos anteriores; de juez de la República, y los demás cargos de empleados de la Rama Judicial'.

....

Habiendo cambiado el sistema, a los cargos de que se trata son aplicables las reglas constitucionales sobre carrera, en particular la del artículo 125, a cuyo tenor "el retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución y la ley". Y eso significa que ya no opera, a partir de esa norma, el vencimiento del período.

Como el período previsto en la norma acusada era de cuatro años y ellos ya han transcurrido desde la vigencia del nuevo sistema, no hay en este momento nadie a quien pueda aplicarse el precepto objeto de demanda, sustituido por el legislador estatutario, y por tanto, ningún sentido ni utilidad tiene que esta Corte entre a pronunciarse acerca de su constitucionalidad."

Corte Suprema de Justicia

<Legislación Anterior>

Texto original del inciso 2do. del artículo 109 del C.C.A:

El período de los Magistrados de los Tribunales Administrativos será de cuatro años. Durante el período no podrán ser removidos sino por falta disciplinaria o por haber llegado a la edad de retiro forzoso

CAPITULO III.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 110. RESERVA DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES. Las actas de las sesiones del Consejo de Estado, de sus Salas o secciones y de los Tribunales Administrativos serán reservadas hasta por el término de cuatro años.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 57 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 57. PUBLICIDAD Y RESERVA DE LAS ACTAS. Son de acceso público las actas de las sesiones de la Sala Plena y de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales y de las corporaciones citadas en el inciso anterior, y los documentos otorgados por los funcionarios de la Rama Judicial en los cuales consten actuaciones y decisiones de carácter administrativo.

También son de acceso público las actas de las sesiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, de las Salas y Secciones del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en las cuales consten los debates, actuaciones y decisiones judiciales adoptadas para propugnar por la integridad del orden jurídico, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo de carácter general y para la protección de los derechos e intereses colectivos frente a la omisión o acción de las autoridades públicas.

Las actas de las sesiones de las Salas y Secciones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales y de los Tribunales en las cuales consten actuaciones y decisiones judiciales o disciplinarias de carácter individual, de grupo o colectivos, son reservadas excepto para los sujetos procesales, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades competentes. Son de acceso público las decisiones que se adopten".

Los conceptos del Consejo de Estado, cuando actúe como cuerpo consultivo del Gobierno, también serán reservados por igual lapso; pero el Gobierno podrá darlo a conocer, o autorizar su publicación, cuando lo estime conveniente.

Sin embargo, los conceptos en los casos contemplados por los artículos 5o., 28, 120 numeral 10, 121, 122, y 212 de la Constitución Política, no son reservados.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 111. ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS A LAS DELIBERACIONES DEL CONSEJO DE ESTADO. Los Ministros, los Jefes de Departamento Administrativo, y los funcionarios que unos y otros requieran, podrán concurrir a las deliberaciones del Consejo de Estado cuando éste haya de ejercer su función consultiva, pero la votación de los conceptos sólo se hará una vez que todos se hayan retirado.

La corporación podrá solicitar todos los informes que requiera y pedir la presencia de las personas dichas, con el mismo objeto y con la restricción aludida en cuanto a las votaciones.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 112. COMUNICACION DE LOS CONCEPTOS Y DICTAMENES. Los conceptos serán remitidos al Presidente de la República o al Ministro o Jefe de Departamento Administrativo que los haya solicitado, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 113. DERECHO A INTERVENIR. <Según lo expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-471-97, este artículo fue subrogado por el artículo 96 de la Ley 5 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> En los debates que se cumplan en las sesiones plenarias y en las Comisiones, además de sus miembros y los Congresistas en general, podrán los Ministros y funcionarios invitados intervenir sobre temas relacionados con el desempeño de sus funciones y las iniciativas legislativas por ellos presentadas. Así mismo, podrán hacerlo por citación de la respectiva Cámara.

Solo participarán en las decisiones, y por consiguiente podrán votar, los miembros de las Corporaciones legislativas (en plenarias o comisiones, con Senadores o Representantes, según el caso).

La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo, al tener la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones, pueden de igual manera estar presentes e intervenir para referirse a tales asuntos.

En todas las etapas de su trámite, en proyectos de ley o de reforma constitucional, será oído por las Cámaras un vocero de los ciudadanos proponentes cuando hagan uso de la iniciativa popular, en los términos constitucionales.

<Nota del editor>

- Según lo expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-471-97 del 25 de septiembre de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, este artículo fue subrogado tácitamente por el artículo 96 de la Ley 5 de 1992 publicada en el Diario Oficial No. 40.483.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- El inciso 3o. del artículo 113 original del Decreto 1 de 1984, encerrado entre corchetes {...}, fue demandado ante la Corte Constitucional. La Corte se INHIBIO para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de este artículo (por encontrarse subrogado por el artículo 96 de la Ley 5a. de 1996), mediante Sentencia C-471-97 del 25 de septiembre de 1997, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell. Ver legislación anterior.

Corte Suprema de Justicia

<Legislación anterior>

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 96. INTERVENCION DE LOS CONSEJEROS DE ESTADO EN EL CONGRESO. Los Consejeros de Estado tendrán voz en el Congreso en la discusión de los proyectos que presente la corporación.

Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la Constitución Política, tendrán voz en los debates de las Cámaras o de las Comisiones en los casos relativos a reformas constitucionales y administrativas.

{Las Cámaras también podrán pedir la asistencia de comisiones del Consejo de Estado para que intervengan en los debates de proyectos de ley que proponga o prepare por solicitud del Gobierno. En el primer caso las comisiones serán designadas por la Sala Plena de la corporación y en el segundo por la Sala de Consulta y Servicio Civil.}

ARTICULO 114. IMPOSICION DE SANCIONES CORRECCIONALES. El Consejo de Estado, sus Salas o secciones o cualquiera de sus miembros tienen facultad para sancionar correccionalmente, previa averiguación que garantice el derecho de defensa, con multa hasta de diez mil pesos ($10.000.oo) o arresto hasta de diez (10) días, a quienes desobedezcan sus órdenes o falten al respeto a la corporación o a cualquiera de sus miembros en el desempeño de sus funciones oficiales o como consecuencia de su ejercicio.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 58, 59 y el inciso primero del artículo 60 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

Los textos referidos son los siguientes:

"ARTICULO 58. MEDIDAS CORRECCIONALES. Los Magistrados, los Fiscales y los Jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la cual pueden sancionar a los particulares, en los siguientes casos:

1. Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales o desobedezca órdenes impartidas por ellos en ejercicio de sus atribuciones legales.

2. <Numeral 2o. declarado INEXEQUIBLE> Cuando el funcionario o empleado de su dependencia cometa actos que atenten contra la prestación normal del servicio u omitan el cumplimiento de deberes inherentes al funcionamiento ordinario del despacho.

3. Cuando cualquier persona asuma comportamientos contrarios a la solemnidad que deben revestir los actos jurisdiccionales, o al decoro que debe imperar en los recintos donde éstos se cumplen.

PARAGRAFO. Las medidas correccionales a que se refiere este artículo, no excluyen la investigación, juzgamiento e imposición de sanciones penales a que los mismos hechos pudieren dar origen".

"ARTICULO 59. PROCEDIMIENTO. El Magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de inmediato oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas no fueren satisfactorias, procedará a señalar la sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede el recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el funcionario de un tiempo igual para resolverlo".

"ARTICULO 60. SANCIONES. Cuando se trate de un particular, la sanción correccional consistirá, según la gravedad de la falta, en multa hasta de diez salarios mínimos mensuales.

Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 115. RECURSOS CONTRA LAS SANCIONES. Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de reposición, que se resolverá en el acto y de plano.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 59 parcial, y por el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

Los textos referidos son los siguientes:

"ARTICULO 60. SANCIONES. Cuando se trate de un particular, la sanción correccional consistirá, según la gravedad de la falta, en multa hasta de diez salarios mínimos mensuales.

Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 116. COMISION PARA LA PRACTICA DE DILIGENCIAS. El Consejo de Estado podrá comisionar a los Tribunales Administrativos, a los Jueces y a las autoridades y funcionarios públicos para la práctica de las diligencias necesarias para el ejercicio de sus funciones, e imponer las sanciones de ley en caso de demora o desobedecimiento.

Con todo, no podrán comisionar para la práctica de pruebas que hayan de producirse en el lugar de su sede.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 117. LABORES DEL CONSEJO DE ESTADO EN VACACIONES. El Consejo de Estado deberá actuar, aun en época de vacaciones, por convocatoria del Gobierno Nacional, cuando sea necesario su dictamen, por disposición de la Constitución Política. También podrá el Gobierno convocar a la Sala de Consulta y Servicio Civil, cuando a juicio de aquél las necesidades públicas lo exijan.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 118. DERECHOS, PREEMINENCIAS Y PRERROGATIVAS DE LOS CONSEJEROS DE ESTADO Y DE LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS. Los Consejeros de Estado gozarán de los mismos derechos, preeminencias y prerrogativas que la ley reconoce a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados de los Tribunales Administrativos tendrán los que la ley reconoce a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 119. LICENCIAS Y PERMISOS. El Consejo de Estado podrá conceder licencia a los Consejeros y a los Magistrados de los Tribunales Administrativos para separarse de sus destinos hasta por noventa (90) días en un año y designar los interinos a que haya lugar.

El Presidente del Consejo de Estado podrá conceder permiso, hasta por cinco (5) días en un mes, a los Consejeros y a los Magistrados de los Tribunales Administrativos.

<Nota del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este debe tenerse en en cuenta lo establecido por los artículos 142, 143 y 144 de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia", publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 142. LICENCIA NO REMUNERADA. Los funcionarios y empleados tienen derecho a licencia no remunerada hasta por tres meses por cada año calendario, en forma continua o discontinua según lo solicite el interesado. Esta licencia no es revocable ni prorrogable por quien la concede, pero es renunciable por el beneficiario. El superior la concederá teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

Así mismo, se concederá licencia no remunerada a los funcionarios de Carrera para proseguir cursos de especialización hasta por dos años o actividades de docencia, investigación o asesoría científica al Estado hasta por un año, previo concepto favorable de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

PARAGRAFO. Los funcionarios y empleados en Carrera también tienen derecho a licencia, cuando hallándose en propiedad pasen a ejercer hasta por el término de dos años, un cargo vacante transitoriamente en la Rama Judicial".

"ARTICULO 143. OTORGAMIENTO. Las licencias serán concedidas por la Sala de Gobierno de la Corporación nominadora, o por la entidad o funcionario que haya hecho el nombramiento.

Respecto de los funcionarios designados por las cámaras legislativas, la licencia la concederá en receso de éstas, el Presidente de la República".

"ARTICULO 144. PERMISOS. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial tienen derecho a permiso remunerado por causa justificada.

Tales permisos serán concedidos por el Presidente de la Corporación a que pertenezca el Magistrado o de la cual dependa el Juez, o por el superior del empleado.

El permiso deberá solicitarse y concederse siempre por escrito.

PARAGRAFO. Los permisos no generan vacante transitoria ni definitiva del empleo del cual es titular el respectivo beneficiario y en consecuencia, no habrá lugar a encargo ni a nombramiento provisional por el lapso de su duración".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

ARTICULO 120. NORMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS. Los artículos 91, 92, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 114, 115 y 116 de este Código, son también aplicables, en lo pertinente, a los Tribunales Administrativos.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Suprema de Justicia

TITULO XIII.

EL MINISTERIO PUBLICO

ARTICULO 121. EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO. <Subrogado por el artículo 8o., del Decreto Extraordinario 2288 de 1989. El nuevo texto es el siguente:> Las funciones del Ministerio Público en la vía jurisdiccional se ejercerán:

1. Ante el Consejo de Estado, por los fiscales previstos en este Decreto, distribuidos por el Procurador General de la Nación entre las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con el volumen de los negocios.

2. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por doce (12) fiscales, distribuidos por el Procurador General de la Nación entre sus distintas secciones.

3. Ante los Tribunales Administrativos de Antioquia y Valle del Cauca por tres (3) fiscales, distribuidos por el Procurador General de la Nación entre sus distintas secciones.

4. Ante los Tribunales Administrativos de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Tolima, por dos (2) fiscales y por uno (1) ante los demás.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 8o., del Decreto Extraordinario 2288 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

- El numeral 1o. original fue subrogado por el artículo 4o. de la Ley 14 de 1988, publicada en el Diario Oficial No. 38.189 del 25 de enero de 1988

<Notas del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 8o. literal l., 39, 82 y 83 de la Ley 201 de 1995, "Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 41.950 del 2 de agosto de 1995.

Los textos referidos son los siguientes:

"ARTICULO 8o. FUNCIONES <DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION>.

...

l) Fijar el número, la sede y jurisdicción territorial de las diferentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación; además desarrollará su estructura, organización y nomenclatura en lo no previsto en esta ley, de acuerdo con las necesidades del servicio, sin establecer a cargo del Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la Ley de Apropiaciones;

...

"ARTICULO 39. COMITE ASESOR DEL MINISTERIO PUBLICO. Estará integrado por los Procuradores Delegados en lo Contencioso, y será el órgano asesor y consultivo del Procurador General de la Nación, en las materias de su especialidad. Velará, además por la unificación de los criterios fundamentales que orientan la intervención del Ministerio Público ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa".

"ARTICULO 82. El Ministerio Público ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, será ejercido por el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de los Procuradores Delegados en lo Contencioso ante el Consejo de Estado y por los Procuradores Judiciales ante la jurisdicción contencioso - administrativa".

"ARTICULO 83. COORDINACION. Un Procurador Delegado en lo contencioso - administrativo, designado por el Procurador General de la Nación, ejercerá la coordinación del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso - administrativo y cumplirá las siguientes funciones, de conformidad con la resolución que para tal efecto expida el Procurador General de la Nación:

a) Intervenir en los procesos cuando lo considere necesario, desplazando al agente del Ministerio Público que sea parte en los mismos;

b) Redistribuir funciones entre los Agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y designarlos en los casos que se requiera un Agente;

c) Actuar ante las entidades públicas con el fin de estimular y difundir las políticas del Ministerio Público ante la jurisdicción, especialmente en materia de conciliación y acción de repetición;

d) Ejercer las demás que le asigne el Procurador General de la Nación.

PARAGRAFO. Para el cumplimiento de esta función, el coordinador del Ministerio Público en la jurisdicción de lo contencioso - administrativo estará exento hasta en un 50% del reparto de los asuntos propios de su competencia".

<Legislación anterior>

Texto del numeral subrogado por el artículo 4o. de la Ley 14 de 1988:

1. Ante el Consejo de Estado por ocho Fiscales distribuidos por el Procurador General de la Nación entre las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de acuerdo con el volúmen de los negocios. Los asuntos de competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo que no se originen en las secciones, se repartirán entre los Fiscales del Consejo de Estado, y preferencialmente se asignarán dos (2) fiscales para la Sección Quinta, sin perjuicio de que conozcan según el volumen de los negocios, de asuntos correspondientes a otras secciones.

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 121. EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO. Las funciones del Ministerio Público en la vía jurisdiccional se ejercerán:

1. Ante el Consejo de Estado por seis fiscales distribuidos por el Procurador General de la Nación entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con el volumen de los negocios.

Los asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo que no se originen en las secciones, se repartirán entre todos los Fiscales de la corporación.

2. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por siete (7) Fiscales distribuidos por el Procurador General de la Nación, entre sus distintas secciones.

3. Ante los Tribunales Administrativos de Antioquia y Valle del Cauca por dos Fiscales y por uno ante los demás. En los Tribunales en donde no haya Fiscal especial, ejercerá las funciones del Ministerio Público el Fiscal del Tribunal Superior de Distrito Judicial.

ARTICULO 122. CALIDADES. Los Fiscales deberán reunir las mismas calidades que se requieren para ser miembros de la Corporación ante la cual habrán de actuar.

<Notas del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 152 y 170 de la Ley 201 de 1995, "Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 41.950 del 2 de agosto de 1995.

Los textos referidos son los siguientes:

"ARTICULO 152. DE LOS DERECHOS Y PRESTACIONES DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO. Los Agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categorías, remuneración, derechos y prestaciones de los Magistrados y Jueces ante quienes ejercen el cargo".

"ARTICULO 170. CALIDADES. Para desempeñar el cargo de Agente del Ministerio Público se requieren las mismas condiciones y calidades señaladas en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia para Magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo".

ARTICULO 123. DESIGNACION. <Modificado por el artículo 5o. de la Ley 14 de 1988. El nuevo texto es el siguiente:> Los Fiscales ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo serán designados por el Presidente de la República para un período de cuatro (4) años, de listas presentadas por el Procurador General de la Nación y que deberán estar encabezadas por quienes se encuentren en ejercicio del cargo.

PARAGRAFO TRANSITORIO. Para el primer nombramiento de los dos (2) nuevos fiscales creados por la Sala de lo Contencioso Administrativo por la presente ley el Procurador General de la Nación enviará al Presidente de la República listas libremente integradas con personas que reúnan las calidades exigidas para ser Consejero de Estado.

Estos nuevos nombramientos se harán al entrar en vigencia la presente Ley y para el resto del actual período en curso de los Fiscales ante el Consejo de Estado.

<Notas de vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 5o. de la Ley 14 de 1988, publicada en el Diario Oficial No. 38.189 del 25 de enero de 1988

<Notas del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 83o. literal b) de la Ley 201 de 1995, "Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 41.950 del 2 de agosto de 1995.

El texto referido es el siguiente:

...

b) Redistribuir funciones entre los Agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y designarlos en los casos que se requiera un Agente;

...

<Legislación anterior>

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 123. Los Fiscales ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo serán designados por el Presidente de la República para un período de cuatro (4) años, de listas presentadas por el Procurador General de la Nación y que deberán estar encabezadas por quienes se encuentren en ejercicio del cargo.

ARTICULO 124. PRUEBA DE LAS CALIDADES. La persona designada Fiscal en propiedad ante la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, deberá acreditar las calidades constitucionales al tomar posesión del cargo.

Entre la fecha de la comunicación de la designación y la de la posesión no podrán transcurrir más de treinta (30) días.

<Notas del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 183 de la Ley 201 de 1995, "Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 41.950 del 2 de agosto de 1995.

El texto referido es el siguiente:

"ARTICULO 183. TERMINO PARA LA ACEPTACION, CONFIRMACION Y POSESION EN EL CARGO. El nombramiento deberá ser comunicado al interesado dentro de los ocho (8) días siguientes y éste deberá aceptarlo o rehusarlo dentro de un término igual.

Quien sea designado como titular de un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora, mediante la presentación de las pruebas que acrediten la vigencia de su cumplimiento. Al efecto, el interesado dispondrá de veinte (20) días contados desde la comunicación si reside en el país o de dos (2) meses si se halla en el exterior.

La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá negarla cuando se alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se establezca que el nombrado se encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo.

Confirmado en el cargo, el elegido dispondrá de quince (15) días para tomar posesión del mismo.

PARAGRAFO. El término para la posesión en el cargo podrá ser prorrogado por el nominador por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del vencimiento, hasta por un término de treinta (30) días más.

ARTICULO 125. DERECHOS, PREEMINENCIAS Y PRERROGATIVAS. Los Fiscales ante la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo tendrán los mismos derechos, preeminencias y prerrogativas de los miembros de las corporaciones ante las cuales actúen.

<Notas del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 152 y 172 de la Ley 201 de 1995, "Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 41.950 del 2 de agosto de 1995.

Los textos referidos son los siguientes:

"ARTICULO 172. DERECHOS. Los Agentes del Ministerio Publico tendrán los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas inhabilidades incompatibilidades, deberes y prohibiciones que exige la Ley Estatutaria de la Justicia para ejercer cargos en la Rama Judicial".

ARTICULO 126. PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES. Los agentes del Ministerio Público están sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades prescritas en la Constitución y en la ley.

<Notas del editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 172 y 175 de la Ley 201 de 1995, "Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 41.950 del 2 de agosto de 1995.

Los textos referidos son los siguientes:

"ARTICULO 175. INCOMPATIBILIDADES. Los cargos y empleos de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo son incompatibles:

a) Con el desempeño de cargo, o empleo público o privado;

b) Con la gestión en nombre propio o ajeno ante las entidades públicas. Con la celebración por sí o por interpuesta persona de contrato con ellas;

c) Con las funciones de árbitro conciliador o amigable componedor, salvo que cumpla estas funciones en razón de su cargo;

d) Con la condición de miembro activo de la fuerza pública;

e) Con la gestión profesional de negocios ajenos y el ejercicio de la abogacía o de cualquiera otra profesión u oficio, salvo la docencia, siempre que no interfiera con el desempeño del cargo;

f) Con la de ser miembros activos de movimientos políticos e intervenir en debates de carácter electoral a excepción del ejercicio del sufragio;

g) Con las demás que señale la Constitución y las leyes".

ARTICULO 127. ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO. <Subrogado por el Artículo 35 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> El Ministerio Público es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en las conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e intervendrá en éstos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. Por consiguiente se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda, el que fije fecha para audiencia de conciliación, la sentencia proferida en primera instancia y el primer auto dictado en segunda instancia.

En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la segunda instancia.

Además tendrá las siguientes atribuciones especiales:

1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o ex servidores públicos que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan dado lugar a la presentación de demandas que pretendan la reparación patrimonial a cargo de cualquier entidad pública.

2. Solicitar que se declare la nulidad de actos administrativos.

3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales.

4. Alegar en los procesos e incidentes en que intervenga.

5. Interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben acuerdos logrados en conciliación judicial.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 35 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Artículo subrogado por el artículo 19 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 30 y 44 del Decreto 262 de 2000, "Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se ncuentren sujetos", publicado en el Diario Oficial No. 43.904 del 22 de febrero de 2000.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado del numeral 5o. del texto modificado por la Ley 446 de 1998 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-111-99 del 24 de febrero de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Corte Suprema de Justicia

- La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 17 de octubre de 1984, dispuso estarse a lo resuelto en sentencia del 19 de julio de 1984.

- Aparte subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 19 de julio de 1984.

<Legislación anterior>

Texto subrogado por el Decreto Extraordinario 2304 de 1989:

ARTICULO 127. ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO. El Ministerio Público es parte en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos e intervendrá en ellos en interés del orden jurídico. Por consiguiente, se le notificarán personalmente todas las providencias.

Además tendrá las siguientes atribuciones específicas:

1. Defender los intereses de la Nación, sin perjuicio de las facultades de sus representantes mediante la presentación de las correspondientes demandas.

2. Pedir que se declare la nulidad de los actos administrativos.

3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos administrativos o privados con cláusula de caducidad.

4. Conceptuar en los procesos e incidentes que la Ley determine

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 127. OBJETO DE LA ACTUACION DEL MINISTERIO PUBLICO. ATRIBUCIONES. En las actuaciones y procesos que se sigan ante el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, el Ministerio Público intervendrá en interés del orden jurídico y, para ello, podrá actuar como parte.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Todas las providencias se le notificarán personalmente y él decidirá en cuáles actuaciones ~~y procesos~~ se requiere su intervención.

El Ministerio Público podrá incoar cualquiera de las acciones consagradas en este Código, cuando las circunstancias lo ameriten.

TITULO XIV.

DETERMINACION DE COMPETENCIAS

CAPITULO I.

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

ARTICULO 128. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN UNICA INSTANCIA. <Subrogado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, ver nota de vigencia. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral. No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga son de competencia del Consejo de Estado en única instancia.

3. De los de nulidad de elecciones del Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes a la Cámara, así como de los de nulidad de las elecciones o nombramientos hechos por el Presidente de la República, el Congreso de la República, las Cámaras, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Gobierno Nacional o por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada, del orden nacional.

4. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía.

5. <Numeral incorporado en el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto Extraordinario 1818 de 1998, artículo 162.> Del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos estatales, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra esta sentencia sólo procederá el recurso de revisión.

<Notas de vigencia>

- Numeral incorporado en el artículo 162 del Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto Extraordinario 1818 de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 43.380 del 7 de septiembre de 1998.

6. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales.

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.

8. De las acciones de nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio, clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.

9. De las acciones de revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.

10. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza.

11. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en los casos previstos en la ley.

12. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de los Tribunales Administrativos y del Tribunal Penal Militar.

13. De todas las demás de carácter Contencioso Administrativo, para los cuales no exista regla especial de competencia.

PARAGRAFO. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los Magistrados del Consejo de Estado, conocerá la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Los numerales 2 y 12 del texto subrogado por el Decreto 597 de 1988, fueron respectivamente derogado y subrogado por los artículos 68 y 20 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. Ver legislación anterior.

- Artículo subrogado, por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988, publicado en el Diario Oficial No. 38.288 del 7 de abril de 1988.

<Legislación anterior>

Texto del numeral 12, subrogado por el artículo 20 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989:

12. "De los de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos administrativos, o de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, por las causales y dentro del término prescritos en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia no procede ningún recurso."

Texto subrogado por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988:

ARTICULO 128. EN UNICA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

1. De los de nulidad de los actos administrativos de orden nacional expedidos en cualquiera de las ramas del poder público, por la Procuraduría General de la Nación, por la Contraloría General de la República, por el Consejo Nacional del Estado Civil, y por las entidades privadas cuando cumplan funciones públicas.

2. <Numeral derogado por el artículo 68 del Decreto 2304 de 1989. El texto original del Decreto 597 de 1988 es el siguiente:> De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadministrativos, y de los de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, celebrados por entidades del orden nacional.

3. De los de restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía en los cuales se controviertan actos administrativos del orden nacional.

4. <Aparte tachado derogado por la Constitución Política de 1991.> De los de nulidad de las elecciones de Presidente de la República, ~~designado a la presidencia~~, senadores y representantes a la cámara, así como de los que se susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por el Congreso, las cámaras, la Corte Suprema de Justicia, el gobierno o por cualquiera autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada del orden nacional.

5. De los relativos a la navegación marítima, fluvial o aérea, en que se ventilen cuestiones de derecho administrativo.

6. De los que se promuevan sobre la condición de ocultos que tengan los bienes denunciados como tales.

7. De los relacionados con la extinción de la condición resolutoria de los baldíos nacionales, conforme al artículo 7o., de la Ley 52 de 1931.

8. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o propiedad.

9. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en los casos previstos en la ley.

10. De los que se promuevan sobre actos administrativos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía.

11. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada.

12. <Numeral subrogado por el artículo 20 del Decreto 2304 de 1989. El texto original del Decreto 597 de 1988 es el siguiente:> De los de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos administrativos, o de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, en los términos y por las causales previstas en el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil; pero ni la sentencia que decida la anulación, ni el laudo arbitral, serán objeto de recurso.

13. De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva en lo cuales las entidades públicas cobren ejecutivamente obligaciones a su favor, cuando la cuantía exceda de ochocientos mil pesos ($800.000).

14. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.

15. De los de definición de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de éstas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo Tribunal administrativo.

16. De todos los demás, de carácter administrativo, para los cuales no exista regla especial de competencia.

La Corte Suprema de Justicia conoce en Sala Plena y en una sola instancia de los relativos a los actos administrativos que expida el Consejo de Estado.

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 128. EN UNICA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

1. De los de nulidad de los actos administrativos de orden nacional expedidos en cualquiera de las Ramas del Poder Público, por la Procuraduría General de la Nación, por la Contraloría General de la República, por la Corte Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y por las entidades privadas cuando cumplan funciones públicas.

2. De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadministrativos y de los de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, celebrados por entidades del orden nacional.

3. De los de restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía en los cuales se controviertan actos administrativos del orden nacional.

4. De los de nulidad de las elecciones de Presidente de la República, Designado a la Presidencia, Senadores y Representantes a la Cámara, así como de los que se susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por el Congreso, las Cámaras, la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno o por cualquiera autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada del orden nacional.

5. De los relativos a la navegación marítima, fluvial o aérea, en que se ventilen cuestiones de derecho administrativo.

6. De los que se promuevan sobre la condición de ocultos que tengan los bienes denunciados como tales.

7. De los relacionados con la extinción de la condición resolutoria de los baldíos nacionales, conforme al artículo 7o. de la Ley 52 de 1931.

8. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o propiedad.

9. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en los casos previstos en la ley.

10. De los que se promuevan sobre asuntos actos administrativos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía.

11. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada.

12. De los de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos administrativos, o de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, en los términos y por las causales previstas en el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil; pero ni la sentencia que decida la anulación, ni el laudo arbitral, serán objeto de recurso.

13. De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva en donde las entidades públicas cobren ejecutivamente obligaciones a su favor, cuando la cuantía exceda de quinientos mil pesos ($500.000).

14. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.

15. De los de definición de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualquiera de éstas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo Tribunal Administrativo.

16. De todos los demás, de carácter administrativo, para los cuales no exista regla especial de competencia.

La Corte Suprema de Justicia conoce en Sala Plena y en una sola instancia de los relativos a los actos administrativos que expida el Consejo de Estado.

ARTICULO 129. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. <Subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, ver nota de vigencia. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo 184 de este Código.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Artículo subrogado por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988, publicado en el Diario Oficial No. 38.288 del 7 de abril de 1988.

<Notas del editor>

- El artículo 16 de la Ley 472 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.357 del 6 de agosto de 1998, sobre acciones populares y de grupo, contiene un parágrafo mediante el cual se le asigna una competencia en segunda instancia al Consejo de Estado. Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto correspondiente:

"ARTICULO 16. COMPETENCIA. De las Acciones Populares conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos y los Jueces Civiles de Circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia.

Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.

PARAGRAFO. Hasta tanto entren en funcionamiento, los juzgados administrativos, de las acciones populares interpuestas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán en primera instancia los Tribunales Contencioso-Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado".

- El artículo 3o. de la Ley 393 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 43.096 del 30 de julio de 1997, sobre acciones de cumplimiento, contiene un parágrafo transitorio mediante el cual se le asigna una competencia en segunda instancia al Consejo de Estado. Dada su relevancia se transcribe a continuación el texto correspondiente:

De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar".

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión".

<Legislación anterior>

Texto subrogado por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988:

ARTICULO 129. EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de los siguientes asuntos:

1. De las apelaciones y consultas de las sentencias y de los autos sobre liquidación de condenas en abstracto dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, y de los recursos de queja cuando se deniegue el de apelación.

2. De las apelaciones de autos inadmisorios de la demanda, o de los que resuelvan sobre suspensión provisional, o de las providencias que pongan fin a la actuación, proferidos en procesos de que conocen los Tribunales Administrativos en primera instancia.

3. De las apelaciones y recursos de queja que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de ochocientos mil pesos ($ 800.000); y de las consultas de las sentencias dictadas en estos mismos procesos cuando fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad litem.

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 129. EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de los siguientes asuntos:

1. De las apelaciones y consultas de las sentencias y de los autos sobre liquidación de condenas en abstracto, dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, y de los recursos de queja cuando se deniegue el de apelación.

3. De las apelaciones y recursos de queja que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos mil pesos ($500.000); y de las consultas de las sentencias dictadas en estos mismos procesos cuando fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad litem.

ARTICULO 130. ASUNTOS REMITIDOS POR LAS SECCIONES. <Subrogado por el artículo 38 de la Ley 446 de 1998, ver nota de vigencia. El nuevo texto es el siguiente:> A solicitud del Ministerio Público, o de oficio, las Secciones podrán remitir a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asuntos que se encuentren para fallo y que por su importancia jurídica o trascendencia social ameriten ser decididos por ésta. La Sala Plena decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto.

Igualmente, la Sala Plena podrá asumir directamente el conocimiento de los asuntos que se encuentren para fallo en cualquiera de las Secciones.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 38 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Artículo subrogado por el artículo 21 del Decreto extraordinario 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Los incisos 1o. y 2o. del artículo 21 del Decreto extraordinario 2304 de 1989, fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-104-93 del 11 de marzo de 1993, por las razones expuestas en la Sentencia.

Expone la Corte:

"En primer lugar, en cuanto a las funciones, se observa que el carácter de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo le es conferida por la Carta al Consejo de Estado, mas no a una de sus Salas o secciones.

Además la propia Constitución remite a la ley la regulación del desempeño de dichas funciones. Y tal precepto es justamente desarrollado por la norma objeto de estudio, esto es, por el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo.

Por tanto, si el recurso de súplica está consignado en una norma con fuerza de ley y si la Constitución remite a la ley la forma como el Consejo de Estado ejercerá sus competencias judiciales, no queda sino colegir, en sana lógica, que el recurso de súplica se aviene a la preceptiva superior.

Es más, el recurso de súplica es un desarrollo de la Carta toda. En efecto, el recurso de súplica canaliza los siguientes derechos de la Constitución: la efectividad de los derechos humanos (2o.), el principio de igualdad en la aplicación de la ley (13), el derecho a impugnar la sentencia condenatoria (29), el carácter de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo que posee el Consejo de Estado (237) y su funcionamiento en Salas (236), como bien lo anotó la vista fiscal, cuyo concepto aquí se comparte, además del derecho al acceso a la administración de justicia (228)".

Continúa la Corte:

"En segundo lugar, en relación con el funcionamiento del Consejo de Estado, la Corte Constitucional se pregunta ¨cómo lograr la uniformidad de la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso administrativa? La respuesta no es otra que mediante el recurso de súplica. Es por ello, de nuevo, que para esta Corporación el artículo 21 incisos primero y segundo del Decreto 2304 de 1989 se aviene a la Constitución. Además el juez plural, en este caso el Consejo de Estado, es uno solo. La división en salas y secciones obedece a una distribución del trabajo. De ahí la existencia de procedimientos que pretendan unificar la jurisprudencia y evitar decisiones diferentes frente a casos similares. En otras palabras, el objetivo último del recurso de súplica consiste en la garantía de que sin la aprobación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no es posible acoger doctrina contraria a la jurisprudencia de la Corporación".

Agrega la Corte:

"Por otra parte el recurso de súplica por modificación de jurisprudencia procede cuando se reunan dos requisitos, de conformidad con la norma revisada: que el cambio sea decidido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y que dicho cambio se haga explícito en la sentencia. Ahora bien, no procede el recurso de súplica cuando el cambio no es de jurisprudencia sino de normatividad, como por ejemplo ante una reforma constitucional o del derecho administrativo. En tales eventos una jurisprudencia administrativa que desarrolle un concepto jurídico que antes no existía o que era diferente en la normatividad precedente no significa que se ha operado una reforma a la jurisprudencia anterior. En tales eventos, entonces, no procedería la súplica, entre otras cosas porque no habría lugar a la violación de la igualdad en la aplicación de la ley, como quiera que ésta es nueva o distinta.

Por último, la Corte Constitucional desea llamar la atención acerca de la inseguridad que generaría en el tráfico jurídico el cambio injustificado y atomizado de la jurisprudencia contencioso administrativa. Según el artículo 2o. de la Carta, uno de los fines esenciales del Estado es la vigencia de un 'orden justo'. Esta fórmula es reiterada en el preámbulo. En estas dos palabras se encierra un equilibrio frágil que es necesario construír a partir de providencias judiciales que simultáneamente sean materialmente justas y jurídicamente seguras. Es por ello que no contribuye a la seguridad jurídica el cambio de jurisprudencia contenciosa no explícito y que no cuente con la participación de la totalidad de la Sala Contencioso Administrativa".

<Legislación anterior>

Texto subrogado por el artículo 21 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989:

ARTICULO 130. RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y ASUNTOS REMITIDOS POR LAS SECCIONES. <Inciso declarado condicionalmente EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-104-93> Habrá recurso de súplica, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, excluidos los Consejeros de la Sala que profirió la decisión, contra los autos interlocutorios o las sentencias proferidas por las Secciones, cuando, sin la aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a la jurisprudencia de la Corporación.

<Inciso declarado condicionalmente EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-104-93> En el escrito en que se interponga el recurso se indicará, en forma precisa, la providencia en donde conste la jurisprudencia que se repute contrariada. El recurso podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto o de la sentencia.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocerá del recurso extraordinario de revisión, excluidos de los Consejeros de la Sala que profirió la decisión, contra las sentencias dictadas contra las Secciones.

Las Secciones conocerán del recursos extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia proferidas por los tribunales.

A la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo le corresponde decidir los asuntos que le remitan las Secciones, por su importancia jurídica o trascendencia social, si por estimar fundado el motivo, resuelve asumir competencia.

Texto original del Decreto 1 de 1984:

ARTICULO 130. RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISION Y DE ANULACION. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los recursos extraordinarios de revisión y de anulación.

CAPITULO II.

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 131. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN UNICA INSTANCIA. <Subrogado por el artículo 39 de la Ley 446 de 1998, ver Notas de Vigencia. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Apartes declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-040-02 del 30 de enero de 2002, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett.

1. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y en los cuales se controviertan actos administrativos del orden departamental, distrital o municipal.

2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio.

3. De los de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del orden Departamental, Distrital o Municipal o entre cualesquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción.

4. De las acciones sobre pérdida de investidura de los miembros de los Concejos Municipales y Distritales, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena del Tribunal.

Contra las sentencias que pongan fin a estas controversias sólo procederá el recurso especial de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 185 y ss <186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193> de este Código y la competencia será de la Sección de la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado que determine el reglamento de la Corporación.

5. De las observaciones que formule el Gobernador del Departamento acerca de la constitucionalidad y legalidad de los Acuerdos Municipales, y sobre las objeciones, por los mismos motivos, a los Proyectos de Ordenanzas.

6. De las observaciones que los Gobernadores formulen a los actos de los Alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.

7. De las objeciones que formulen los Alcaldes a los proyectos de Acuerdos Municipales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.

8. Del recurso prescrito por los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden Nacional o Departamental o del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.

9. De las acciones de nulidad y restablecimiento contra los actos de expropiación de que tratan las leyes sobre Reforma Urbana.

<Notas de vigencia>

- Artículo subrogado por el artículo 39 de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- El numeral 7o. del artículo subrogado por el Decreto Extraordinario 597 de 1988, fue derogado por el artículo 68 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. No. 39.013 del 7 de octubre de 1989.

- Artículo subrogado por el artículo 2o. del Decreto Extraordinario 597 de 1988, publicado en el Diario Oficial No. 38.288 del 7 de abril de 1988.

- El Numeral 12 del texto original del Código fue derogado por el Artículo 36 de la Ley 30 de 1988.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 15 de la Ley 617 de 2000, sobre la compentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (subrayas fuera del texto original):

"ARTÍCULO 8o. REQUISITOS. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:>

"Para que una porción del territorio de un departamento pueda ser erigida en municipio se necesita que concurran las siguientes condiciones:

"...

"4. Previamente a la presentación del proyecto de ordenanza por la cual se cree un municipio el órgano departamental de planeación, de acuerdo con la metodología elaborada por el Departamento Nacional de Planeación debe elaborar el respectivo estudio, sobre la conveniencia económica y social de la iniciativa y la viabilidad de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus posibilidades económicas, de infraestructura y su identificación como área de desarrollo. Con base en dicho estudio, el órgano departamental de planeación deberá expedir concepto sobre la viabilidad de crear o no el municipio, debiendo pronunciarse sobre la conveniencia de la medida para el municipio o los municipios de los cuales se segregaría el nuevo.

"En ningún caso podrá crearse un municipio que sustraiga más de la tercera parte del territorio del municipio o municipios de los cuales se segrega. De forma previa a la sanción de la ordenanza de creación del municipio, el Tribunal Contencioso Administrativo ejercerá control automático previo sobre la legalidad de la misma. Si el proyecto no se encontrare ajustado a la ley no podrá sancionarse.

"...

<Jurisprudencia - Vigencia>

Corte Constitucional:

- Las expresiones subrayadas del inciso primero, del numeral 6o. y del numeral 9o. del texto subrogado por el Decreto 597 de 1988, fueron declaradas EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-351-94 del 4 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara. Ver legislación anterior.

- El inciso 2o. del literal b) del numeral 6o., del texto subrogado por el Decreto 597 de 1988, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-345-93 del 26 de agosto de 1993. Ver legislación anterior.

Corte Suprema de Justicia:

- El numeral 6o. literal b) inciso 1o. y los numerales 9o. inciso 1o. y 10 inciso 1o., del texto subrogado por el Decreto 597 de 1998, fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 23 de mayo de 1991, Magistrado Ponente Dr. Rafael Méndez Arango.

- El inciso final del literal b) del numeral 6o., del texto subrogado por el Decreto 597 de 1998, fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia No. 28 del 22 de febrero de 1990, Magistrado Ponente Dr. Jaime Sanin G. Ver legislación anterior.

- Numeral 10 declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 094 del 16 de octubre de 1986, Magistrado Ponente, Dr. Jairo Duque Pérez.

- La Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 9 de agosto de 1984, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia del 5 de julio de 1984.

- La Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 24 de julio de 1984, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia del 5 de julio de 1984.

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 5 de julio de 1984, salvo el inciso 2 del ordinal 8 sobre el cual no se pronunció.

<Legislación anterior>

Texto subrogado por el Decreto 597 de 1988:

ARTICULO 131. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

1. De los de nulidad de los actos administrativos, distintos de los electorales, proferidos por los funcionarios y organismos administrativos del orden municipal cuando el municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda de cincuenta millones de pesos ($50.000.000).

2. De los de restablecimiento del derecho, que carezcan de cuantía, y en los cuales se controviertan actos administrativos del orden municipal, cuando el municipio no sea capital de departamento, o su presupuesto anual ordinario no exceda de cincuenta millones de pesos ($50.000.000).

3. De los de nulidad de las elecciones de miembros de los concejos municipales, así como de los que se susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por estas corporaciones o por cualquier funcionario u organismo administrativo del orden municipal, cuando el municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda de cincuenta millones de pesos ($50.000.000).

4. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de ochocientos mil pesos ($800.000).

La competencia por razón del territorio, se determinará por el lugar donde se presentó o debió presentarse la declaración, en los casos en que ésta proceda; en los demás casos, donde se practicó la liquidación.

5. De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de ochocientos mil pesos ($800.000).

6. De los de restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de quinientos mil pesos ($500.000).

En este caso, la cuantía para efectos de la competencia se determinará así:

a) Cuando se reclame el pago de sueldos o salarios de un período preciso o determinable, y prestaciones sociales de cuantía determinada o periódica de término definido, por el valor de lo reclamado o de la suma de los derechos demandados, y

b) Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones de jubilación o de invalidez, por lo que se pretenda según la demanda, desde cuando se causaron hasta la presentación de la misma, sin pasar de tres (3) años.

<Inciso 2o. declarado INEXEQUIBLE> Sin embargo, de los procesos sobre actos de destitución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera otros que inpliquen retiro del servicio, conocerán en única instancia los Tribunales Administrativos cuando la asignación mensual correspondiente al cargo no exceda de ochenta mil pesos ($80.000).

La competencia por razón del territorio en todo caso se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios personales.

7. <Numeral derogado por el artículo 68 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El texto original del Decreto 597 de 1988 es el siguiente:> De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadministrativos, y de los de derecho privado de la administración en los que se haya incluido la cláusula de caducidad, celebrados por entidades del orden municipal, cuando el municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda de cincuenta millones de pesos ($50.000.000)

8. De los referentes a contratos administrativos, interadministrativos, y de los de derecho privado de la administración en los que se haya incluido la cláusula de caducidad, celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000).

La competencia por razón del territorio, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato; si éste comprendiere varios departamentos será tribunal competente, a prevención, el escogido por el demandante.

9. De los de restablecimiento del derecho en que se controviertan actos del orden nacional, de las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas de los distintos órdenes por sus actos o hechos, cuando la cuantía no exceda de ochocientos mil pesos ($800.000).

Cuando sea del caso, la cuantía, para efectos de la competencia, se determinará por el valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razonada, conforme al artículo 20, numeral 1o., del Código de Procedimiento Civil.

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produjo el acto.

10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes, cuando la cuantía no exceda de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000).

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produjo o debió producirse el acto o se realizó el hecho: si comprendiera varios departamentos será tribunal competente, a prevención, el escogido por el demandante.

Cuando sea del caso la cuantía para efectos de la competencia se determinará por el valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razonada, conforme al artículo 20, numeral 1o., del Código de Procedimiento Civil.

11. De los de definición de competencias administrativas entre entidades territoriales y descentralizadas del orden departamental, intendencial, comisarial, distrital, municipal o entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción.

12. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria que dispongan la expropiación de un fundo rural. Conocerán también de las observaciones de los gobernadores en los acuerdos municipales, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, de conformidad con la Constitución Política, y de las objeciones a los proyectos de ordenanza y de acuerdo con los casos previstos por la ley.

Texto original del Decreto 1 de 1984: