Concepto MH 016335 de 2010
  
 

CONCEPTO MH 16335 DE 2010

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Bogotá D.C.,


Después de transcribir el texto del primer inciso del artículo 69 de la Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, solicita concepto “acerca de si los actuales proveedores de redes y servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL) y Local Extendida (TPBCLE), “están obligados a aportar económicamente para que los alcaldes garanticen que las estratificaciones se realicen, se adopten, se apliquen y permanezcan actualizadas a través del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital, de conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley 505 de 1999, reglamentado este por el Decreto Nacional 007 del cinco (5) de enero de 2010.”

El inciso primero del artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 dice:

ARTÍCULO 69. TRANSICIÓN PARA LOS ACTUALES PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA LOCAL (TPBCL) Y LOCAL EXTENDIDA (TPBCLE). Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos para TPBCL y TPBCLE, destinarán directamente a sus usuarios de estratos 1 y 2, la contraprestación de que trata el artículo 36 de la presente ley por un período de cinco (5) años, contados a partir del momento en que dicho artículo se reglamente. Durante este periodo se continuará aplicando el esquema de subsidios que establece la Ley 142 de 1994.

Este inciso de la Ley 1341 de 2009 ordena a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos para TPBCL y TPBCLE, destinar directamente a sus usuarios de estratos 1 y 2, “la contraprestación de que trata el artículo 36 de la presente ley por un período de cinco (5) años”. El artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, ordena que “Todos los proveedores de redes y servicios de Telecomunicaciones pagarán la contraprestación periódica estipulada en el artículo 10 de la presente ley al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en igualdad de condiciones para el cumplimiento de sus fines.” A su vez, el artículo 10 en mención, señala que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones “causará una contraprestación periódica a favor del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones”,1 la cual, es diferente del aporte económico regulado por el Decreto 007 de 2010.

Si bien del artículo 69 se deduce que estas empresas proveedoras de redes y servicios de telecomunicaciones para TPBCL y TPBCLE deben seguir utilizando la estratificación, al tener que girar unos recursos a los estratos uno y dos y por seguir aplicando el esquema de subsidios de la Ley 142 de 1994, consideramos que esto no significa necesariamente que dichos proveedores de redes y servicios sean obligados a pagar el aporte económico regulado por el Decreto 007 de 2010.

Para esto debemos examinar los elementos de la obligación tributaria definidos en la ley y en el reglamento de la misma, por lo cual, a continuación nos referiremos a la tasa contributiva creada por el artículo 11 de la Ley 505 de 1999, y reiterada por el parágrafo primero del artículo 6° de la Ley 732 de 2002:

Ley 505 de 1999

Artículo 11. Los alcaldes deberán garantizar que las estratificaciones se realicen, se adopten, se apliquen y permanezcan actualizadas a través del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital. Para esto contarán con el concurso económico de las empresas de servicios públicos domiciliarios en su localidad, quienes aportaran en partes iguales a cada servicio que se preste, descontando una parte correspondiente a la localidad; tratándose de varias empresas prestadoras de un mismo servicio, el monto correspondiente al servicio se repartirá proporcionalmente entre el número de empresas que lo presten.” (Resaltado nuestro. Lo subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1371-00 de 11 de octubre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.)

Ley 732 de 2002

Artículo 6o. (…)

PARÁGRAFO 1o. Los Comités Permanentes de Estratificación funcionarán en cada municipio y distrito de acuerdo con el modelo de reglamento interno que les suministre el Departamento Nacional de Planeación el cual deberá contemplar que los Comités harán veeduría del trabajo de la Alcaldía y que contarán con el apoyo técnico y logístico de la Alcaldía, quien ejercerá la secretaría técnica de los Comités. Dicho reglamento también definirá el número de representantes de la comunidad que harán parte de los Comités y establecerá que las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios residenciales harán parte de los Comités. Estas prestarán su concurso económico para que las estratificaciones se realicen y permanezcan actualizadas, de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno Nacional haga del artículo 11 de la Ley 505 de 1999.” (Se subraya)

Como se observa, las disposiciones legales transcritas se refieren a las empresas de servicios públicos domiciliarios y a las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios residenciales, quienes serán las obligadas a prestar su concurso económico para la estratificación, de acuerdo con la reglamentación que haga el Gobierno Nacional.

El mencionado Decreto 007 de 2010, que reglamenta estas dos disposiciones legales, precisa la definición de cada uno de los elementos de la obligación tributaria, tomando en consideración lo dispuesto por la ley y las precisiones jurisprudenciales expedidas al respecto.

De conformidad con las definiciones del artículo primero, el concurso económico es el “Aporte en dinero que deben hacer las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios a la localidad, para los fines y en la forma ordenada en el artículo 11 de la Ley 505 de 1999.”

De esta, y de las demás definiciones del mismo artículo, se tiene que las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios (sujetos pasivos) deben prestar el concurso económico a la respectiva localidad (sujeto activo), por el servicio de estratificación (hecho generador). Donde localidad es “la Entidad Territorial, llámense Distritos, Municipios o Departamento (en el caso particular de la isla de San Andrés), en el que se presten los servicios públicos domiciliarios, en los términos de que trata el artículo 11 de la Ley 505 de 1999y se define como Empresa Comercializadora de Servicios Públicos Domiciliarios: Cualquier prestador definido acorde con el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, que facture al usuario final y que, en consecuencia, aplique las tarifas residenciales correspondientes.”

De esta manera, los proveedores de redes y servicios de telefonía pública básica conmutada local (TPBCL) y local extendida (TPBCLE), serán sujetos pasivos del mencionado aporte económico, en tanto se encuentren dentro de la definición atrás señalada, es decir, si son empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios, en los términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, que facturen al usuario final y que, en consecuencia, apliquen las tarifas residenciales correspondientes.

Sin embargo, si bien el ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994, definido en su artículo 1º, incluye los servicios públicos domiciliarios de telefonía [fija] pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural, el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, en su tercer inciso, ordena que a las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de estos servicios, con algunas salvedades. El texto es como sigue:

ARTÍCULO 73. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, con excepción de los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 68 con excepción de su inciso 1o, los cuales empezarán a regir a partir de los seis meses siguientes a su promulgación y regula de manera integral el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Sin perjuicio del régimen de transición previsto en esta ley, quedan derogadas todas las disposiciones que le sean contrarias y, en especial, la Ley 74 de 1966, la Ley 51 de 1984, la Ley 72 de 1989, el Decreto-ley 1900 de 1990, la Ley 1065 de 2006, la Ley 37 de 1993, lo pertinente de los artículos 33, 34, 35 y 38 de la Ley 80 de 1993, la Ley 422 de 1998, la Ley 555 de 2000, el artículo 11 de la Ley 533 de 1999 y el artículo 6o de la ley 781 de 2002, todos exclusivamente en cuanto hagan referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulten contrarios a las normas y principios contenidos en la presente ley.

A las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de estos servicios, salvo en el caso de estas empresas, lo establecido en los artículo 4o sobre carácter esencial, 17 sobre naturaleza jurídica de las empresas, 24 sobre el régimen tributario, y el Título Tercero, artículo 41, 42 y 43 sobre el régimen laboral, garantizando los derechos de asociación y negociación colectiva y los derechos laborales de los trabajadores. En todo caso, se respetará la naturaleza jurídica de las empresas prestatarias de los servicios de telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, como empresas de servicio público.

En caso de conflicto con otras leyes, prevalecerá esta.

Las excepciones y derogatorias sobre esta ley por normas posteriores, deberán identificar expresamente la excepción, modificación o la derogatoria.” (Subrayado y resaltado nuestro).

En consecuencia, la Ley 142 de 1994 no es aplicable a las telecomunicaciones, ni a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, ni a la telefonía local móvil en el sector rural, ni a la larga distancia, respecto de estos servicios. Sin embargo, algunos aspectos de la misma Ley 142 de 1994, específicamente señalados en el artículo transcrito, continúan siendo aplicables a estas empresas y a estos servicios.

Por lo anterior, y en consideración a que tal definición escapa de las competencias de esta Dirección, consideramos pertinente remitir copia de la presente respuesta a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de consultar a estas entidades si los proveedores de redes y servicios de telefonía pública básica conmutada local (TPBCL) y local extendida (TPBCLE), son empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios.

Teniendo en cuenta que el Decreto 007 de 2010 define como Empresa Comercializadora de Servicios Públicos Domiciliarios: a “Cualquier prestador definido acorde con el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, que facture al usuario final y que, en consecuencia, aplique las tarifas residenciales correspondientes” se requiere precisar si las mencionadas empresas proveedoras de redes y servicios de telefonía pública básica conmutada local (TPBCL) y local extendida (TPBCLE) se encuentran dentro de esa definición.

Solamente si la respuesta es afirmativa estarán obligadas a aportar económicamente de conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley 505 de 1999, y en particular por las definiciones del Decreto Reglamentario 007 del cinco de enero de 2010.

Cordialmente,

Dirección General de Apoyo Fiscal

1 Ley 1341 de 2010. “Artículo 10. Habilitación general. A partir de la vigencia de la presente ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará una contraprestación periódica a favor del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta habilitación comprende, a su vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de redes de telecomunicaciones, se suministren o no al público. La habilitación a que hace referencia el presente artículo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico. ” (Se subraya).


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Última modificación:26/05/2012 09:03:24 PM
Servicios Públicos: - Telefonia
 
Problema Jurídico:
Después de transcribir el texto del primer inciso del artículo 69 de la Ley 1341 de 2009, ?Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ?TIC?, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones?, solicita concepto ?acerca de si los actuales proveedores de redes y servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL) y Local Extendida (TPBCLE), ?están obligados a aportar económicamente para que los alcaldes garanticen que las estratificaciones se realicen, se adopten, se apliquen y permanezcan actualizadas a través del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital, de conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley 505 de 1999, reglamentado este por el Decreto Nacional 007 del cinco (5) de enero de 2010.?
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