Resolución CREG0106 de 2001
  
 

RESOLUCIÓN 106 DE 2001
(julio 25)
Diario Oficial No. 44.531 de agosto 25 de 2001

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS


Por la cual se resuelve la solicitud de revocatoria directa de la Resolución CREG-010 de 2001, presentada por algunas empresas prestadoras del servicio de GLP.


LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y,

CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió la Resolución CREG-010 de 2001 "por la cual se modifica la fórmula tarifaria para determinar el precio al usuario final del servicio público domiciliario de Gases Licuados del Petróleo (GLP)";

Que mediante escritos radicados ante la CREG, las empresas relacionadas en el anexo de esta Resolución presentaron solicitud de revocatoria directa de la Resolución CREG-010 de 2001;

Que igualmente, las empresas solicitaron la suspensión inmediata de la norma mientras se resolvía la suspensión;

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en decisión adoptada en sesión la No. 152 del día 7 de mayo de 2001, negó la solicitud de suspensión de la Resolución;

Que los solicitantes fundamentan su petición en las razones que se resumen a continuación:

A. La Ley 142 de 1994 establece que las empresas de servicios públicos no podrán prestar el servicio con tarifas inferiores a sus costos operacionales. Según las solicitudes, la decisión contenida en la Resolución CREG-010 de 2001, haría incurrir en pérdidas a los distribuidores quienes eventualmente se verían imposibilitados para prestar el servicio. Para sustentar esta afirmación los distribuidores adjuntan a las solicitudes un estado de resultados del año 2000, al que anexan una proyección sobre el efecto de la Resolución CREG-010 de 2001. Por su parte AGREMGAS presentó un análisis del efecto que suponen tendrá la Resolución sobre los márgenes de distribución y el llamado margen en especie, "rendimiento", en el cual consideran el origen de producto por refinería; y unas cifras proyectadas sobre el impacto de la Resolución CREG-010 de 2001 en los distribuidores minoristas.

B. Los peticionarios consideran que la Comisión debe tener en cuenta el principio de eficiencia económica, contenido en el Artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

C. Los peticionarios afirman que con las solicitudes no pretenden iniciar la actuación administrativa de la que trata el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

D. Los peticionarios aseguran que la Resolución CREG-010 de 2001 se encuentra en manifiesta oposición a la Constitución Política y a la ley, pues fue manejada como un acto de carácter general cuando en realidad se trataba de un acto particular, "pues se refiere a un número determinado de personas, como son los distribuidores de GLP, entrando en el ámbito de una situación jurídica concreta y particular, que vulnera un Derecho Adquirido, perjudicando directamente a unas empresas de GLP específicas,..."

Según las solicitudes, la Resolución CREG-083 de 1997, que fue modificada por la Resolución CREG-010 de 2001, es un acto de carácter particular y en consecuencia la CREG debió aplicar lo establecido en los Artículos 46, 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo (CCA). La CREG no comunicó a los distribuidores de GLP la medida que planeaba adoptar ni les dio la oportunidad de aportar pruebas. Al expedir la Resolución CREG-010 de 2001 la CREG violó el derecho al debido proceso.

E. Consideran los solicitantes que la Resolución CREG-010 de 2001 viola un Derecho Adquirido ya que el aprovechamiento del "rendimiento" había sido reconocido y aceptado por la CREG quien mantuvo los factores de llenado que lo causaban.

"La definición de los factores de llenado de los cilindros correlativos a unas gravedades específicas determinadas y que se mantuvieron también como parámetros constantes, conlleva para los distribuidores de GLP la existencia de un Derecho Adquirido debidamente perfeccionado, lo cual jurídicamente se presenta cuando se da la existencia de una situación jurídica subjetiva y concreta debidamente perfeccionada, de acuerdo con los siguientes requisitos que debe cumplir una situación particular para que se pueda calificar así: (...)"

F. Los peticionarios alegan que la Resolución CREG-010 de 2001 adolece de falsa motivación y falta de motivación suficiente por no adecuarse a las normas vigentes, cuya violación sustentan exponiendo los argumentos que se resumen a continuación.

En primer lugar, alegan que la "CREG desde 1.995 sostenía que el rendimiento hacía parte del margen de comercialización, y conocía el fenómeno físico químico que lo causaba"; y hacen referencia a una comunicación suscrita en ese año por la Dirección Ejecutiva de la Comisión. Concluyen, que el consentimiento de la Comisión no estaba viciado de error y por tanto se generó un derecho para los distribuidores. Posteriormente citan una jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la teoría del error común.

También afirman que con la Resolución CREG-010 de 2001 no se corrigió un error de cálculo, sino que se introdujo un cambio conceptual en la fórmula, al desconocer el supuesto derecho de los distribuidores al "rendimiento"; y hacen referencia a los Artículos 73 y 246 del Código Contencioso Administrativo para sustentar esta afirmación. Concluyen que si la CREG consideraba que la Resolución CREG-083 de 1997 contenía un error debió demandar su propio acto.

Por otra parte aseguran que: "Como se puede concluir, la CREG al expedir la resolución 010 de 2.001 se equivocó e incurrió en un error de derecho, al considerar que podía de motu propio modificar la estructura del régimen tarifario."

Finalmente citan algunos fallos del Consejo de Estado, que exponen en qué casos debe la administración motivar sus actos.

G. Las solicitudes de revocatoria aseguran que la Resolución CREG-010 de 2001 es violatoria de la Ley 142 de 1994 ya que obliga a los distribuidores a prestar el servicio con tarifas inferiores a los costos operacionales, lo cual está prohibido en la Ley. Si se elimina el "rendimiento" el mismo valor deberá ser trasladado al margen del distribuidor para así no avocar a los prestadores del servicio en una situación de inviabilidad económica. Por otra parte, la Resolución impide la prestación eficiente del servicio y el acceso de los usuarios al mismo, con lo cual trasgrede lo dispuesto en los Artículos 10 y 22 de la ley. Así mismo, viola los Artículos 124, 126 y 127, por cuanto modificó la formula tarifaria sin respetar el periodo tarifario, y sin agotar el procedimiento allí establecido. La CREG al expedir la Resolución CREG-010 de 2001 no modificó un error, puesto que este no existía, sino que modificó la formula tarifaria.

H. Los peticionarios afirman que la Resolución CREG-010 de 2001 causa un agravio injustificado a un número indeterminado de personas ya que reduce el margen neto de comercialización y pone a los distribuidores en incapacidad de operar tal y como lo refleja el anexo de los escritos allegados. La Resolución discutida atenta contra el interés social y público.

En algunas de las solicitudes los peticionarios llaman la atención de la CREG sobre el hecho de que los factores de conversión definidos en la Resolución CREG-010 de 2001 se calcularon con base en el gas que se produce en la refinería de Barrancabermeja. Sin embargo este gas es diferente al que se produce en las refinerías de Apiay y Cartagena, que es más liviano. Como consecuencia de ello para los distribuidores de estas zonas la disminución del margen sería aún mayor.

I. Por último los documentos presentados por AGREMGAS hacen algunas observaciones relacionadas con la calidad del GLP, el esquema tarifario actual, la incidencia de la situación de orden público que vive el país en la industria del GLP, los cambios en el mercado de GLP, el margen de seguridad, y plantean la necesidad de una revisión del marco tarifario de tal forma que se tengan en cuenta todos estos factores.

Que las sociedades peticionarias solicitan a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que:

"Por las razones no sólo jurídicas, técnicas y económicas sino políticas y de conveniencia nacional expuestas y probadas a lo largo de este escrito, se solicita a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, acceder a las siguientes peticiones.
PRIMERA.- Revocar la Resolución CREG 010 del 20 de Febrero de 2.001 por las razones de hecho y de derecho expuestas en este escrito."

Que la Comisión estudió los argumentos jurídicos y económicos formulados en la solicitud con respecto a los cuales considera:

A. Sobre las causales jurídicamente establecidas para la procedencia de la Revocatoria Directa.

La figura de la Revocatoria Directa se encuentra definida en el Artículo 69 del Código Contencioso Administrativo el cual establece:

"ART. 69.- Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona."

Teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico los actos emitidos por la administración se presumen legales, la revocatoria directa solo procede como circunstancia de excepción y por las razones contenidas en la norma transcrita.

Al estudiar esta figura el Consejo de Estado dijo: Consejo de Estado, Sección Primera, Fallo No. 5363 de abril 13 de 2000. Consejero Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete.

"De manera que, constituye un remedio jurídico contra la ilegalidad de los actos administrativos y un medio para que la administración se ajuste a los cambios que se producen ya que, de esta manera siempre su actividad será adecuada al interés general, que es lo que siempre se espera del actuar de la administración."

Procede entonces la CREG a estudiar si la Resolución CREG-010 de 2001 se encuentra inmersa en alguna de las causales de revocatoria previstas en la norma.

B. La Resolución CREG-010 de 2001 es un acto de carácter general y no particular, como lo pretenden los peticionarios.

Los solicitantes parten del supuesto de que las Resoluciones CREG 083 de 1997 y CREG-010 de 2001 son actos de carácter particular por considerar que éstas se dirigen a sujetos específicos y determinados, es decir a los distribuidores de GLP exclusivamente. Basados en este supuesto, argumentan que la Comisión de Regulación de Energía y Gas violó su derecho al debido proceso y desconoció derechos adquiridos por los distribuidores, asuntos estos que se estudiarán más adelante.

De esta forma los solicitantes incurren en una falta conceptual al considerar que por tener aplicación a los distribuidores de Gas Licuado del Petróleo (GLP), las Resoluciones CREG-083 de 1997 y CREG-010 de 2001 son actos de carácter particular.

La Resolución discutida tuvo como fin primordial corregir un error grave contenido en la Resolución CREG-083 de 1997, como consecuencia del cual se estaba asumiendo una mayor cantidad de gas por cilindro de GLP vendido. Es decir, que en un cilindro de un tamaño determinado en realidad había menos gas del que pagaba el usuario, dado el factor de conversión utilizado en la fórmula.

Mediante la Resolución CREG-083 de 1997 se estableció la fórmula tarifaria para calcular la tarifa del usuario final del servicio de GLP. Esta debe ser aplicada por aquellos distribuidores de GLP que se encontraban operando a la fecha de la entrada en vigencia de la Resolución, tanto como por los que iniciaron actividades con posterioridad a dicha fecha La Resolución CREG 035 de 1998 modificó la fecha de entrada en vigencia de la Resolución CREG 083 de 1997.. Adicionalmente, la Resolución CREG-083 de 1997 y la Resolución CREG-010 de 2001 están dirigidas también a los usuarios actuales del servicio y a todos aquellos que potencialmente deseen recibirlo, ya que, como se dijo, allí se establecen los parámetros con los cuales se calcula el precio que éstos deberán pagar por el servicio. No puede entonces, bajo ninguna perspectiva argumentarse que el acto en cuestión "se dirige a un número determinado de personas, como son los distribuidores de GLP".

Por otra parte, hay que tener en cuenta que aún si el acto estuviera dirigido exclusivamente a los distribuidores de GLP, su naturaleza no variaría y por tanto continuaría siendo un acto de carácter general. La jurisprudencia y la doctrina han hecho claridad en que no obstante los actos de carácter general están destinados a producir efectos en casos concretos, no por ello se convierten en actos de carácter particular. Dicho de otra forma, no porque el grupo al cual se dirige una decisión adoptada sea reducido deja de ser general el acto que la contiene.

Al respecto el doctor Libardo Rodríguez, al estudiar las diferentes clasificaciones de los actos administrativos manifiesta Rodríguez, Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano. Duodécima Edición, Editorial Temis, Bogotá D.C., 2000: pag 218.:

"Los actos generales o actos creadores de situaciones jurídicas generales, objetivas o reglametarias, son aquellos que se refieren a personas indeterminadas. Por ejemplo, los decretos reglamentarios.

Los actos individuales o particulares o actos creadores de situaciones jurídicas individuales, particulares, subjetivas o concretas, son los que se refieren a personas determinadas individualmente. Como ejemplo podemos citar el acto por el cual se destituye a un funcionario.

Debe tenerse en cuenta que la determinación o indeterminación de las personas no se refiere propiamente al número de ellas, sino al hecho de que estén o no individualizadas. Es decir, que puede existir un acto general que se refiera en la práctica a pocas personas, como sería el caso de aquel que reglamentara alguna situación referente a los expresidentes de la república. Y viceversa, puede existir un acto individual que se refiere a muchas personas, pero identificadas de manera concreta …" (Hemos subrayado)

Como se dijo anteriormente, la Resolución CREG-083 de 1997 en momento alguno individualizó los sujetos a los cuales se aplicaría o sobre los cuales tendría efectos el acto. Lo mismo ocurre con la Resolución CREG-010 de 2001. Esta sería, además, una labor imposible debido al extenso número de usuarios de GLP y a que, por las características mismas de prestación del servicio, éstos no suscriben contrato de servicios públicos con un prestador en forma exclusiva.

Los solicitantes alegan que los actos de carácter general son permanentes, es decir que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en ellos no los extingue y que este requisito no lo cumplen las Resoluciones CREG-083 de 1997 y CREG-010 de 2001. Sin embargo, los peticionarios se limitan a hacer esta afirmación sin exponer siquiera en forma breve, en qué consiste la supuesta transitoriedad de la Resolución CREG-083 de 1997 o de que forma las obligaciones contenidas en ésta se extinguieron con la aplicación de las fórmulas tarifarias. Las mismas observaciones se pueden realizar en relación con la Resolución CREG-010 de 2001. Muy por el contrario, la aplicación de las dos Resoluciones es permanente y, como ya se dijo, obligatoria para agentes y usuarios del servicio. Por tanto es necesario concluir que el argumento esgrimido por los solicitantes carece de sustento.

Es evidente, entonces, que el acto cuestionado y la Resolución CREG-083 de 1997 son actos de carácter general y abstracto, y no particular y concreto como lo afirman la solicitudes.

Resulta pertinente recordar que ya la CREG había sentado su posición en relación con la naturaleza de la Resolución CREG-083 de 1997 al resolver el recurso de reposición interpuesto contra ella por AGREMGAS, el cual fue negado por la Comisión por considerar que se trataba de un acto de carácter general.

C. No existía ningún derecho adquirido de los distribuidores de GLP al llamado "rendimiento".

Los solicitantes argumentan que "El disfrute, aprovechamiento y usufructo del denominado "rendimiento" como parte del margen de comercialización, era conocido históricamente por la CREG y fue un hecho aceptado por el Regulador al conservar los factores de llenado de los cilindros que lo causaban."

En las solicitudes los peticionarios hacen referencia a doctrina y jurisprudencia que resulta útil para dilucidar este tema. En ellas se menciona que los derechos adquiridos dependen de la existencia de una situación individual, personalizada. Además, citando un fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia alegan que: "Para llegar al concepto de derecho adquirido hay que tener en cuenta la relación que hay entre un objeto materia de apropiación, un sujeto que la hace y una ley que legitima la relación entre el sujeto y el objeto." (Hemos subrayado.)

En relación con los derechos adquiridos la Constitución Política dice en el Artículo 58:

"Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una nueva ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social ". (Hemos destacado).

Por su parte la Corte Constitucional al estudiar el tema dijo Sentencia C-529 de 1994; M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.:

"En conclusión: el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia Constitución lo garantiza y protege; no ocurre lo mismo con la expectativa que, en general, carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser modificada o extinguida por el legislador…" (Hemos destacado.)

Se observa que en el caso del así llamado "rendimiento" no se cumple con ninguno de los requisitos exigidos para que se configure un derecho adquirido.

Ya se mencionó que la Resolución CREG-087 de 1997 estableció "la fórmula general de costos y las fórmulas tarifarias de las actividades de los comercializadores mayoristas y distribuidores de los gases licuados del petróleo (GLP), y se dictan otras disposiciones." En ella además de definir la fórmula tarifaria con la cual se calcula la tarifa para el usuario final de GLP, se definieron las fórmulas para calcular los márgenes de quienes prestan los servicios de comercialización mayorista y distribución. Los factores de conversión que fueron corregidos mediante la Resolución CREG-010 de 2001, hacen parte de la fórmula de los distribuidores, a la que nos acabamos de referir, y permiten determinar la capacidad en galones de los cilindros de 20, 40 y 100 libras.

No obstante lo anterior, los factores de conversión, establecidos en esta Resolución, no correspondían a la calidad del gas que se comercializa en el país, lo que ocasionaba que en realidad se envasara menos gas del que teóricamente reflejaba la fórmula. A esta diferencia es a la que se refieren los peticionarios como "rendimiento".

Si se realiza una lectura detallada de la Resolución CREG-083 de 1997 se observa que en ninguna de sus partes la norma reconoce a los distribuidores un derecho a percibir el denominado "rendimiento". Tampoco menciona o siquiera sugiere que el ingreso de éstos se componga de una porción en dinero y otra en especie o que de alguna forma tengan derecho a un ingreso adicional que no sea el del margen expresamente definido en la Resolución.

Sobre este tema ha dicho el Honorable Consejo de Estado:

"Voluntad Administrativa: otro elemento esencial del acto administrativo es la existencia de una voluntad estatal válida, exteriorizada en una declaración expresada en forma legal. El acto administrativo se aprecia a través de esa declaración, pero lo esencial es la voluntad real del órgano administrativo." Consejo de Estado, Sala Contenciosa. Auto de Marzo de 1971.

Evidentemente en este caso nunca existió la voluntad de la administración de reconocer a los distribuidores un derecho a recibir un margen en especie.

No obstante lo anterior los peticionarios alegan que los factores de llenado de los cilindros se mantuvieron como parámetros constantes y que por lo tanto se configuró un derecho adquirido sobre ese mal llamado "rendimiento". Es así como lo peticionarios pretenden derivar del error contenido en la Resolución CREG-083 de 1997 la relación legítima, de la que hablan la Constitución y la doctrina, entre el "rendimiento" y los distribuidores; lo cual se considera a todas luces carente de fundamento.

El Artículo de la Constitución Política anteriormente citado establece con claridad que el Estado deberá respetar los derechos adquiridos de conformidad con las leyes civiles. Como ya se dijo, no hay norma alguna que autorice a los distribuidores a entregar a los usuarios menos gas del que pagan y a apropiarse de la diferencia. Ciertamente un error contenido en la regulación no puede entenderse de ninguna forma como un derecho otorgado por el regulador en tal sentido.

En cuanto a la noción de leyes civiles, con arreglo a las cuales se adquieren los derechos garantizados por el Artículo 58 de la Constitución Política, ha dicho el Consejo de Estado:

"El Consejo de Estado, en cambio, ha estimado al respecto que 'algún sentido debe darse a la expresión leyes civiles. Por ejemplo, la misma Constitución las distingue de las leyes penales para preceptuar que éstas tienen efecto retroactivo en cuanto sean permisivas o favorables. También las distingue de las leyes militares en los preceptos del Título XVI. Así podríamos indicar que hay diferencia sustancial entre leyes que regulan relaciones entre particulares, es decir las relaciones de los gobernados entre sí, y aquellas que se refieren a las relaciones de gobernantes y gobernados. Las primeras son, sin duda, leyes civiles, cuya aplicación deja amplio margen para que se exprese libremente la autonomía de la voluntad, en tanto que en las segundas la autonomía de voluntad del gobernado prácticamente no existe. En el primer caso hay equilibrio de derechos y poderes, en el segundo hay subordinación de un sujeto de derecho a otro'.

De esta primera y ligera confrontación surge obvio el criterio de que los derechos adquiridos con arreglo a las leyes administrativas, no son los que protege el Artículo 30 de la Constitución. Y son leyes administrativas aquellas que ordenen la intervención del Estado en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de riquezas y de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho. Y los actos que se dictan en cumplimiento de tales leyes forman parte del derecho administrativo y no del derecho civil Consejo de Estado, Sentencia del 26 de agosto de 1983, C.P. Dr. Jacobo Pérez Escobar, mediante la cual se reitera la Sentencia de Octubre 3 de 1968..


En relación con el mismo tema, la Corte Constitucional ha señalado:

"Sin embargo, es preciso anotar que la noción de derecho adquirido, no tiene la misma connotación en derecho público que en derecho privado, debido a que en el primero prevalece el interés general, público o social, sobre cualquier interés de carácter particular, lo cual adquiere mayor relevancia cuando se trata de normas de carácter tributario. En efecto, en este campo no existe el amparo de derechos adquiridos pues la dinámica propia del Estado obliga al legislador a modificar la normatividad en aras de lograr el bienestar de la colectividad en general; en consecuencia, nadie puede pretender que un determinado régimen tributario lo rija por siempre y para siempre, esto es, que se convierta en inmodificable Corte Constitucional, Sentencia C-393 de 1996.".

Según las anteriores jurisprudencias, se concluye que en tratándose de normas de carácter administrativo, y de derecho público, como las que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas, no puede pretenderse derivar un derecho adquirido en los términos del Artículo 58 de la Constitución Política similar a los que se adquieren con arreglo a las leyes civiles a las que se refiere dicha norma constitucional.

Otro requisito necesario para que se determine la existencia de un derecho adquirido, es que se trate de un derecho patrimonial que efectivamente se haya incorporado al patrimonio del sujeto. En este caso los distribuidores pretenden decir que ya hace parte de su patrimonio el "rendimiento" correspondiente a cantidades indeterminadas de GLP que aún no se han suministrado a los usuarios y cuya venta futura es incierta. No hay certeza sobre cuál es la cantidad de GLP que pueda vender cada uno de los agentes hasta la terminación del periodo tarifario, tampoco existe certeza sobre la existencia misma de todos los agentes actuales, sobre la aparición de otros nuevos o sobre la cantidad de usuarios del servicio. Es evidente, entonces, que el "rendimiento" sobre el cual los peticionarios pretenden reclamar un derecho hace parte de la mera expectativa de la que habla el fallo de la Corte Constitucional anteriormente citado, y que de acuerdo con sus palabras "carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser modificada o extinguida".

En conclusión, la Comisión de Regulación de Energía y Gas al expedir la Resolución CREG-010 de 2001 no desconoció derecho adquirido alguno de los distribuidores de GLP sobre el "rendimiento" por cuanto éste nunca fue reconocido a los distribuidores por norma alguna.

D. La Comisión de Regulación de Energía y Gas no desconoció el derecho al debido proceso consagrado en la Constitución Política y en el Código Contencioso Administrativo.

Las peticiones presentadas alegan que la Comisión de Regulación de Energía y Gas violó el derecho al Debido Proceso contenido en la Constitución Política, dado que no dio aplicación a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo contenidas en los Artículos 73, 74 y normas concordantes. Así mismo alegan, que la CREG en oportunidades anteriores había consultado con los agentes otros proyectos y que en esta ocasión no lo hizo, con lo cual negó a los distribuidores la oportunidad de aportar o solicitar pruebas y de expresar su opinión sobre la medida que se proponía adoptar.

Se observa que los Artículos mencionados, así como las demás normas a los que éstos se refieren, establecen las causales y procedimiento para la revocación directa de actos de carácter particular y concreto. Sobra reiterar que ni la Resolución CREG-083 de 1997, ni la Resolución CREG-010 de 2001, son actos de carácter particular; por lo tanto la Comisión de Regulación de Energía y Gas no estaba obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las normas citadas. Simplemente las resoluciones mencionadas no estaban dentro del supuesto de hecho del que tratan estos Artículos.

En relación con la naturaleza de los actos que expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece:

"Las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolios o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante, y produzcan servicios de calidad."

Por su parte el Artículo 14.18 al definir el concepto de regulación de los servicios públicos domiciliarios señala:

"La facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos."

Los peticionarios no diferencian la facultad otorgada por la Ley 142 de 1994 a la CREG para expedir actos de carácter general con el fin de regular el servicio público domiciliario de GLP; con la obligación que tiene cualquier entidad pública de escuchar a los directos afectados cuando se dispone a expedir un acto administrativo que modifica una situación particular consolidada, es decir en la expedición de un acto de carácter particular.

Evidentemente en cualquiera de los dos casos la actividad de la CREG, como autoridad administrativa, debe adelantarse con estricto cumplimiento del Debido Proceso; sin embargo hay que tener en cuenta que el procedimiento aplicable para la expedición de un acto de carácter general no es el mismo que rige la expedición de un acto particular mediante el cual se pretenda revocar otro de igual naturaleza expedido anteriormente por la misma entidad.

En este caso, se reitera, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus funciones regulatorias, expidió una resolución de carácter general mediante la cual fijó las formulas tarifarias aplicables a la distribución de GLP (Resolución CREG-083 de 1997). En ejercicio de esas mismas facultades y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 sobre el tema, la CREG expidió la Resolución CREG-010 de 2001 mediante la cual corrigió un error contenido en la primera resolución mencionada. En ambos casos se trata de actos de carácter general y, por tanto, la CREG no estaba compelida a aplicar las normas relativas a la revocatoria de actos de carácter particular.

La doctrina y la jurisprudencia han dicho que en relación con los actos de carácter general y abstracto, no es aplicable la figura de revocatoria directa, sino la derogatoria a través de otro acto en el que se manifieste la nueva voluntad de la administración. Evidentemente en este caso la Resolución CREG-010 de 2001 derogó y sustituyó por otra una disposición contenida en la Resolución CREG-083 de 1997.

Por otra parte, las solicitudes hacen referencia a la obligación que tiene la administración de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 47 del Código Contencioso Administrativo:

"En el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades antes quienes deben interponerse, y los plazos para hacerlo."

Si bien en la petición se limitan a afirmar que la administración debe cumplir con esta disposición, sin indicar siquiera en que forma se supone que la Resolución CREG-010 de 2001 la vulneró, se considera pertinente hacer la siguiente aclaración.

El Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo establece que "No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa." (Hemos subrayado.)

Como ya se dijo la Resolución CREG-010 de 2001 es un acto de carácter general y por tanto contra ella no procedía ningún recurso en la vía gubernativa. En consecuencia no podía la Comisión al momento de publicarla indicar la existencia de recursos que no procedían.

E. La Resolución CREG-010 de 2001 no es violatoria de la ley 142 de 1994.

La Ley 142 de 1994 establece, entre otros principios, que las tarifas deberán reflejar costos eficientes de prestación del servicio. Es decir que el usuario bajo ninguna circunstancia deberá pagar las ineficiencias en las que eventualmente puedan incurrir las empresas prestadoras del servicio en desarrollo de su gestión.

La Resolución CREG-083 de 1997 estableció las fórmulas que permiten a los distribuidores calcular el precio que se cobra al usuario final por los cilindros de GLP de 20, 40 y 100 libras. Parte de este precio lo constituye el margen que reconoce la regulación a los distribuidores por el ejercicio de su actividad. El Artículo sexto de la Resolución dispuso:

"Artículo 6. Margen de distribución. Fíjase las siguientes fórmulas tarifarias para determinar el margen de los distribuidores de gases licuados del petróleo (GLP):

6.1. Para distribución en carrotanque:

DCt = A * DCO

DCt=Margen del distribuidor después de la aplicación de la fórmula para suministros en carrotanque ($/galón).
A=Según se define en el artículo 3o de esta Resolución.
DCO=Margen base del distribuidor para suministros en carrotanque, igual a $80.00 por galón.


Parágrafo. El margen del distribuidor actualmente vigente en carrotanque, es el resultante de restar del renglón 8 a) del artículo 1o de la Resolución 73 de 1996 expedida por la CREG, la suma indicada en el renglón 7o del mismo artículo.

6.2. Para distribución en cilindros de 100 libras:

D100t = A * D100O

D100t=Margen del distribuidor después de la aplicación de la fórmula para suministros en cilindros de 100 libras ($/cilindro).
A=Según se define en el artículo 3o de esta Resolución.
D100O=Margen base del distribuidor para suministros en cilindros de 100 libras, igual a $3.572.00 por cilindro.

PARÁGRAFO. El margen de distribución actualmente vigente para cilindros de 100 libras, es el resultante de restar del precio fijado en el numeral 8 b) del artículo 1o de la Resolución 73 de 1996 expedida por la CREG, el producto de la multiplicación entre 23.7023 y el precio de venta en planta de almacenamiento fijado en el renglón 7o del mismo artículo. 23.7023 es la capacidad en galones de un cilindro de 100 libras.

6.3. Para distribución en cilindros de 40 libras:

D40t = A * D40O

D40t=Margen del distribuidor después de la aplicación de la fórmula para suministros en cilindros de 40 libras ($/cilindro).
A=Según se define en el artículo 3o de esta Resolución.
D40O=Margen base del distribuidor para suministros en cilindros de 40 libras, igual a $1.748.00 por cilindro.

PARÁGRAFO. El margen de distribución actualmente vigente para cilindros de 40 libras, es el resultante de restar del precio fijado en el numeral 8 c) del artículo 1o de la Resolución 73 de 1996 expedida por la CREG, el producto de la multiplicación entre 9.4809 y el precio de venta en planta de almacenamiento fijado en el renglón 7o del mismo artículo. 9.4809 es la capacidad en galones de un cilindro de 40 libras.

6.4. Para distribución en cilindros de 20 libras:

D20t = A * D20O

D20t=Margen del distribuidor después de la aplicación de la fórmula para suministros en cilindros de 20 libras ($/cilindro).
A=Según se define en el artículo 3o de esta Resolución.
D20O=Margen base del distribuidor para suministros en cilindros de 20 libras, igual a $988.00 por cilindro.


PARÁGRAFO. El margen de distribución actualmente vigente para cilindros de 20 libras, es el resultante de restar del precio fijado en el numeral 8 d) del artículo 1o de la Resolución 73 de 1996 expedida por la CREG, el producto de la multiplicación entre 4.7405 y el precio de venta en planta de almacenamiento fijado en el renglón 7o del mismo artículo. 4.7405 es la capacidad en galones de un cilindro de 20 libras." (Hemos subrayado.)


Posteriormente la Resolución CREG-035 de 1998, "Por la cual se adecuan las fechas y términos establecidos en las Resoluciones CREG-083 y 084 de 1997, de acuerdo con la nueva fecha de aplicación, por primera vez, de las fórmulas tarifarias para el servicio público domiciliario de los gases licuados del petróleo (GLP)", estableció:

"ARTÍCULO 7. a) La definición del componente DCO de la fórmula tarifaria para determinar el margen para distribución en carrotanque, establecida por el artículo 6.1. de la Resolución CREG-083 de 1997, quedará así:


DCO=Margen base del distribuidor para suministros en carrotanque, igual a $105.58 por galón."


b) El parágrafo del artículo 6.1. de la Resolución CREG-083 de 1997, quedará así: "Parágrafo. El margen del distribución en carrotanque actualmente vigente, es el fijado en el literal a) del renglón 8o del artículo 1o de la Resolución 110 de 1997 expedida por la CREG."

c) La definición del componente D100O de la fórmula tarifaria para determinar el margen para distribución en cilindros de 100 libras, establecida por el artículo 6.2. de la Resolución CREG-083 de 1997, quedará así:

D100O=Margen base del distribuidor para suministros en cilindros de 100 libras, igual a $4.248.40 por cilindro."


d) El parágrafo del artículo 6.2. de la Resolución CREG-083 de 1997, quedará así: "Parágrafo. El margen de distribución actualmente vigente para cilindros de 100 libras, es el fijado en el literal b) del renglón 8o del artículo 1o de la Resolución CREG-110 de 1997 expedida por la CREG."

e) La definición del componente D40O de la fórmula tarifaria para determinar el margen para distribución en cilindros de 40 libras, establecida por el artículo 6.3. de la Resolución CREG-083 de 1997, quedará así:

D40O=Margen base del distribuidor para suministros en cilindros de 40 libras, igual a $2.027.49 por cilindro."


f) El parágrafo del artículo 6.3. de la Resolución CREG-083 de 1997, quedará así: "Parágrafo. El margen de distribución actualmente vigente para cilindros de 40 libras, es el fijado en el literal c) del renglón 8o del artículo 1o de la Resolución 110 de 1997 expedida por la CREG."

g) La definición del componente D20O de la fórmula tarifaria para determinar el margen para distribución en cilindros de 20 libras, establecida por el artículo 6.4. de la Resolución CREG-083 de 1997, quedará así:

"D20O=Margen base del distribuidor para suministros en cilindros de 20 libras, igual a $1.244.52 por cilindro."

h) El parágrafo del artículo 6.4. de la Resolución CREG-083 de 1997, quedará así: "Parágrafo. El margen de distribución actualmente vigente para cilindros de 20 libras, es el fijado en el literal d) del renglón 8o del artículo 1o de la Resolución 110 de 1997 expedida por la CREG."

Los solicitantes argumentan que la Resolución CREG-010 de 2001 es violatoria de la Ley 142 de 1994 porque los obliga a prestar e servicio de distribución de GLP con tarifas que no les permiten recuperar sus costos operacionales, debido a la pérdida del ingreso correspondiente al “rendimiento”, lo cual los haría incurrir en pérdidas que eventualmente impedirían prestar el servicio público domiciliario.

La afirmación realizada por los solicitantes es a todas luces errada.  El margen aprobado a los distribuidores en la Resolución CREG-083 de 1997, les reconoce los costos eficientes de prestación del servicio más una utilidad.  Es decir, les permite recuperar los costos eficientes y remunerar el capital de aquellos agentes que realicen una gestión eficiente de su negocio, con lo cual se da cabal cumplimiento a lo ordenado por la Ley 142 de 1994.  Esta afirmación se encuentra sustentada en los análisis que hizo la Comisión de Regulación de Energía y Gas antes de expedir la Resolución CREG-083 de 1997 y en el estudio realizado en el año de 1998 por la firma consultora Econometría, para el cual se utilizó información suministrada por los agentes, con fundamento en el cual se hicieron las modificaciones contenidas en la Resolución CREG-035 de 1998.

Adicionalmente, se reitera que, en ninguna parte de la Resolución CREG-083 de 1997 ni de la Resolución CREG-035 de 1998, se insinúa siquiera que el regulador haya reconocido a los distribuidores un ingreso diferente al que está expresamente contenido en el Artículo 6o. de la primera de estas resoluciones.  Ello implica que, contrario a lo que afirman los solicitantes, el error contenido en los factores de conversión sí fue en efecto un error grave, y no una decisión regulatoria.  Es decir que los recursos que recibieron los distribuidores por el que denominan “rendimiento” eran extraños a la remuneración que autorizó la regulación a los agentes.

Consecuentemente, se concluye que no es cierto que la Resolución CREG-010 de 2001 obligue a los distribuidores de GLP a prestar el servicio a pérdida.  El hecho de que a partir de la corrección introducida mediante esta Resolución atacada hayan dejado de recibir unos recursos derivados de un error en el factor de conversión, que no resultaban de la buena gestión del negocio sino de un error en la fórmula, de ninguna manera significa que se les esté obligando a incurrir en pérdidas, operando por debajo de sus costos.  No puede, entonces, alegarse que la CREG a través del acto atacado esté poniendo en riesgo la prestación continua y eficiente del servicio, el acceso de los usuarios al mismo; y por esa vía desconociendo la Ley 142 de 1994.

Por otra parte argumentan que la CREG transgredió los Artículos 124, 126 y 127 de la Ley 142 de 1994, ya que modificó la formula tarifaría sin cumplir con los requisitos y procedimientos allí establecidos:

“ARTICULO 124.- Actuación administrativa.  Para determinar las fórmulas tarifarias se aplicarán las normas sobre régimen tarifario de las empresas de servicios públicos previstas en esta ley, las normas del Código Contencioso Administrativo, y las siguientes reglas especiales:

124.1.- La coordinación ejecutiva de la comisión de regulación respectiva impulsará toda la actuación; sin embargo, cuando corresponda a la comisión como autoridad nombrar peritos, el nombramiento corresponderá a la comisión misma.

124.2.- Si la actuación se inicia de oficio, la comisión debe disponer de estudios suficientes para definir la fórmula de que se trate; si se inicia por petición de una empresa de servicios públicos, el solicitante debe acompañar tales estudios. Son estudios suficientes, los que tengan la misma clase y cantidad de información que haya empleado cualquier comisión de regulación para determinar una fórmula tarifaria.

(...)

ARTICULO 126.  - Vigencia de las fórmulas de tarifas.  Las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la comisión para modificarlas o prorrogarlas por un período igual.  Excepcionalmente podrán modificarse, de oficio o a petición de parte, antes del plazo indicado cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas.

Vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, continuarán rigiendo mientras la comisión no fije las nuevas.

ARTICULO 127.- Inicio de la actuación administrativa para fijar nuevas tarifas. Antes de doce meses de la fecha prevista para que termine la vigencia de las fórmulas tarifarias, la comisión deberá poner en conocimiento de las empresas de servicios públicos las bases sobre las cuales efectuará el estudio para determinar las fórmulas del período siguiente.  Después, se aplicará lo previsto en el artículo 124.”

La CREG al expedir la Resolución CREG-010 de 2001 corrigió un error contenido en la Resolución CREG-083 de 1997 que lesionaba los intereses de los usuarios.

Para ello dio aplicación al Artículo 126, trascrito, que la autoriza expresamente para modificar las fórmulas tarifarias, antes del vencimiento del periodo tarifario, cuando se presente una circunstancia como la ocurrida con los factores de conversión contenidos en la Resolución CREG-083 de 1997.  Consecuentemente la CREG no desconoció el Artículo 126.  Así mismo no puede concluirse que haya vulnerado los Artículos 124 y 127 ya que estos tratan aspectos relacionados con la expedición de fórmulas tarifarias nuevas o el cambio de éstas al vencimiento del periodo tarifario que, como es evidente, no corresponde con el caso que nos ocupa.

Adicionalmente, es pertinente llamar la atención de los peticionarios sobre que no era facultativo de la CREG adoptar o no la medida contenida en el acto discutido.  Estaba suficientemente comprobado que el error contenido en la Resolución CREG-083 de 1998 podría estar perjudicando a los usuarios, pues se les estaba cobrando una mayor cantidad de gas no suministrado, y por tanto la Comisión tenía que adoptar las medidas pertinentes para corregirlo.

Por último la Comisión de Regulación de Energía y Gas enfatiza en que si eventualmente fuera cierto que los márgenes aprobados por la CREG para la distribución de GLP no fueran suficientes; el mecanismo pertinente sería solicitar la revisión de éstos mediante la aplicación de lo establecido en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y no pretender que los usuarios paguen por un servicio que no reciben.  Esta circunstancia ya ha sido manifestada a los agentes en varias ocasiones por parte de la CREG.

A. La Resolución CREG-010 de 2001 fue adecuada y suficientemente sustentada.

Sobre la motivación de los actos administrativos el Consejo de Estado, en fallo citado por los peticionarios, dijo:

“Finalmente, la motivación ante todo, deberá ser seria, adecuada o suficiente e íntimamente relacionada con la decisión que se pretende, rechazándose así la que se limita a expresar fórmulas de comodín o susceptibles de ser aplicadas a todos los casos.”

Como ya se explicó, el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994, expresamente autoriza a la Comisión para modificar la fórmula tarifaria cuando se hayan cometido errores que lesionen a los usuarios o a los agentes en forma injustificada.  Tal fue la situación que motivó la expedición del acto discutido el cual, tal y como se expresa en su parte considerativa, se fundamenta en razones técnicas y jurídicas comprobables que tienen perfecta correlación con la decisión adoptada.

Los solicitantes argumentan que como la CREG supuestamente aceptó y reconoció de antemano el error que estaba contenido en la Resolución CREG-083 de 1997, su consentimiento no estaba viciado y por tanto se generó un derecho para los agentes de recibir el llamado “rendimiento”.

Sobre el particular se observa que los peticionarios pretenden desconocer la facultad soberana que tiene el Estado, en cabeza de la CREG, de regular la prestación del servicio público domiciliario de GLP de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994.  La Resolución CREG-083 de 1997 y la Resolución CREG-010 de 2001 expresan una relación de autoridad, donde el particular debe acogerse a las normas legítimamente expedidas por el Estado. No se trata de un negocio jurídico celebrado entre la CREG y los distribuidores de GLP, donde el acuerdo de voluntades sería lo que determinara las reglas de la relación entre las partes.

En cuanto a la comunicación suscrita por la Dirección Ejecutiva de la CREG a la que hacen referencia en la solicitud se observa, en primer lugar, que ésta es anterior a la entrada en vigencia de las formulas tarifarias contenidas en la Resolución CREG-083 de 1997 y por lo tanto no puede pretenderse derivar de dicha comunicación, una interpretación válida de la Resolución.  Por otra parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas se manifiesta mediante las Resoluciones que expide de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley y en su reglamento; y hasta la fecha no ha adoptado una decisión en el sentido pretendido por los agentes.

En cuanto al fallo de la Corte Suprema citado en los documentos, éstos no enuncian siquiera sumariamente el alcance de éste dentro del caso en estudio.

Los solicitantes, argumentan que se trató de un cambio de la estructura tarifaria y no de la corrección de un simple error de aquellos que autorizan a corregir los Artículos 73 y 246 del Código Contencioso Administrativo.  Se reitera que la Resolución CREG-083 de 1997, nunca concibió como parte integral de la fórmula tarifaria un ingreso “extra” para los distribuidores originado en el “rendimiento”, y si éste existió fue a causa de un error en un factor de conversión contenido en la fórmula.  En cuanto a lo dispuesto en el Artículo 73; ya se dijo que allí se establecen las causales por las que se podrán corregir los actos de carácter particular de la administración; por tanto la norma no es aplicable al caso ante el cual nos encontramos.  Por su parte el Artículo 246 habla de los casos en los que procede la aclaración de los fallos emitidos por la jurisdicción contencioso administrativa, lo cual evidentemente no es predicable de las resoluciones en estudio.  Ya se vio cómo, la CREG expidió la Resolución CREG-010 de 2001 en ejercicio de la facultad contenida en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y en ella se exponen los motivos que dieron lugar a su expedición.

De otra parte, los solicitantes pretenden que la Resolución CREG-010 de 2001 es en sí misma un error de derecho, por las razones ya expuestas; ante lo cual resta reiterar que ésta fue expedida en el pleno ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 142 de 1994 a la CREG y que en ella no se observan deficiencias jurídicas ni técnicas.

En conclusión los motivos en los cuales se basó la Resolución CREG-010 de 2001, son ciertos, comprobables y tienen el carácter jurídico que les dio la CREG; por lo tanto el acto está adecuada y suficientemente sustentada.

B. La Resolución CREG no causa un agravio injustificado a un número indeterminado de personas.

Como se dijo, las solicitudes incluyen un estado de resultados de cada empresa para el año 2000, al que se adiciona una proyección de los efectos que supuestamente tendría sobre el mismo la aplicación de la Resolución CREG-010 de 2001.

Al respecto se observa que la viabilidad económica es un concepto de largo plazo asociado con la gestión y resultados de las empresas que no está necesariamente reflejado en el resultado contable proyectado para un período particular.  Así, los resultados negativos de algunas empresas pueden originarse en un entorno económico negativo (recesión, caída en los ingresos y el consumo de los usuarios, competencia de otros energéticos, etc.) o ser derivadas de una pobre gestión empresarial.  En el caso de las actividades reguladas por la CREG, por expreso mandato legal, se consideran los costos asociados a una operación eficiente y las inversiones necesarias para garantizar un servicio confiable a precios razonables.  En consecuencia, el tema de la viabilidad económica debe estudiarse en un contexto amplio y no solo apuntar a establecer márgenes de distribución que garanticen bajo toda circunstancia utilidades a las empresas.  Como se dijo anteriormente el margen aprobado por la CREG a los distribuidores se calculó bajo estas consideraciones y posee un sustento técnico que lo respalda.

Por otra parte, AGREMGAS y algunos distribuidores llaman la atención de esta Comisión sobre el hecho de que el gas producido en Barrancabermeja, sobre el cual se calcularon los factores de conversión, es más pesado que aquel que se produce en Cartagena y Apiay, por lo cual los distribuidores que se sirven de estos terminales estarían incurriendo en pérdidas al verse obligados a envasar más gas del que les pagan los usuarios.

Los factores de conversión de peso a volumen, adoptados en la Resolución CREG-010 de 2001, se calcularon tomando como referencia la composición típica del GLP procedente de la refinería de Barrancabermeja, que durante el año 2000 representó el 89.4% de la producción nacional y para el cual existía información adecuada y suficiente reportada por ECOPETROL.  Por su parte, las refinerías de Cartagena y Apiay representaron el 5.9% y 4.7% de la producción nacional, respectivamente; y sobre su producción no existían en la CREG reportes de calidad anteriores a la expedición de la Resolución CREG-010 de 2001.

En cualquier caso si bien la calidad de la producción de GLP, proveniente de Cartagena y Apiay, podría causar un impacto sobre el margen del distribuidor, cuya magnitud depende del terminal de origen y del tipo de cilindro; hay que tener en cuenta que el precio de venta final en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Sincelejo, Montería y Villavicencio está sujeto al régimen de libertad vigilada (Resolución CREG-083 de 1997, Artículo 10).  Cualquier otro efecto puntual sobre empresas particulares se estudiaría en el marco de una revisión del margen de distribución según lo dispuesto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Las peticiones derivan el llamado agravio injustificado del supuesto hecho de que a partir de la expedición de la Resolución CREG-010 de 2001, los distribuidores no hayan recibido más las sumas de dinero correspondientes a la diferencia existente entre el gas que en realidad contenía un cilindro de GLP y el que pagaban los usuarios.  Sin embargo, no puede decirse que con ello se haya reducido el margen que les autorizó la CREG.  De hecho, puede constatarse que el margen aprobado en la Resolución CREG-083 de 1997, actualizado en la Resolución CREG-035 de 1998, es el mismo que se reconoce con posterioridad a la expedición de la Resolución CREG-010 de 2001.  El que dejen de recibir unas sumas de dinero que antes recibían por un error en la regulación, no quiere decir que se les haya causado un agravio injustificado a los distribuidores.

C. La Resolución CREG-010 de 2001 no es contraria al interés público y social.

Alegan los peticionarios, que la Resolución CREG-010 de 2001 es contraria al interés público o social, porque eventualmente podría conllevar la suspensión de la actividad de los distribuidores de GLP.  Como se vio, esta afirmación carece de sustento.  Adicionalmente, no se entiende cómo pueden alegar que la norma es contraria al interés público cuando lo que se buscó con ella fue precisamente garantizar el derecho de los millones de usuarios del servicio de GLP a recibir el producto por el que pagan, sin que con ello se vulneraran los derechos de los distribuidores y demás agentes de la cadena.

D. Otros argumentos planteados en las solicitudes.

Como ya se indicó, AGREMGAS incluyó como sustento de su solicitud de revocatoria algunas observaciones relacionadas con los aspectos que considera se deberán tener en cuenta a la hora de realizar la revisión del marco tarifario del GLP.  

Al respecto la Comisión considera que por no tener incidencia en la decisión que se propone adoptar, los argumentos referidos serán debidamente analizados en el momento de estudiar la modificación del esquema tarifario actual.

De acuerdo con los argumentos anteriormente expuestos se concluye que la Resolución CREG-010 de 2001 no se encuentra inmersa en ninguno de los supuestos descritos en el Artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, que dan lugar a la revocatoria directa de los actos de la administración.  En consecuencia la Comisión de Regulación de Energía y Gas,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.  Negar la solicitud de revocatoria directa interpuesta por las empresas relacionadas en el anexo de este acto, contra la Resolución CREG-010 de 2001.

ARTÍCULO 2o.  La presente Resolución deberá notificarse personalmente a cada una de las empresas solicitantes y hacerles saber que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., el día

RAMIRO VALENCIA COSSIO

Ministro de Minas y Energía

Presidente

DAVID REINSTEIN BENÍTEZ

Director Ejecutivo

ANEXO.

LISTADO DE EMPRESAS QUE SOLICITARON LA REVOCATORIA DIRECTA DE LA RESOLUCIÓN CREG-010 DE 2001.

EMPRESANo. RADICACION CREG
Alprogas S.A. E.S.P. 2568
AGREMGAS 2562-2716
Autogas GLP Ltda.2352
Caligas S.A. E.S.P.2401-4603
Disgas Bogotá S.A. E.S.P.2570
Distribuidora Corona Intergas S.A. E.S.P.2365
Distribuidora Central de Gas S.A. E.S.P.2719-3234
Distribuidora de Gas Avigas S.A. E.S.P.2951
Distrigas S.A. E.S.P.2381
Distrigases de Guaduas S.A. E.S.P.2394
Electrogas S.A. E.S.P.2797
Empresa Nariñense de Gas – Energas S.A. E.S.P.2434
Gas del Ariari S.A. E.S.P.2369-4603
Gas Caqueta S.A. E.S.P.3027
Gas Cordillera S.A. E.S.P.2433-4603
Gas Cundinamarca S.A. E.S.P.2387
Gas del Meta S.A. E.S.P.2385
Gas del Rio Suarez S.A. E.S.P.2370
Gas el Sol S.A. E.S.P.2399
Gas Gombel S.A. E.S.P.2392
Gas Gualiva S.A. E.S.P.2367-4603
Gas Milenio S.A. E.S.P.2389
Gas Neiva S.A. E.S.P.2667
Gas Rosario S.A. E.S.P.2437
Gas Sumapaz S.A. E.S.P.2393
Gas Tocaima S.A. E.S.P.2950
Gas Valle de Tenza S.A. E.S.P.2366-4603
Gas Zipa S.A. E.S.P.2386
Gases de Girardot – Giragas S.A. E.S.P.2382-4603
Gases de Medellín y Rionegro S.A. E.S.P.2397
Gases del Chicamocha S.A. E.S.P.2391-4603
Gases del Meta Gas Puerto Lopez S.A. E.S.P.2384
Gases del Valle S.A. E.S.P.3207
Gases Ladino S.A. E.S.P.2565
PLEXA S.A. E.S.P. antes Granados Fajardo y Cia. S.C.A. E.S.P.2400
Granados Gómez y Cia. Gas Gragos2569
Industrias Proveedoras de Gas – Progas S.A. E.S.P.2383-4603
Intergases del Pacifico S.A. E.S.P.3207
Intermunicipal de Gas - Intergas S.A. E.S.P.2398
Makrogas S.A. E.S.P.2388
Maylegas S.A. E.S.P.2566
Montagas S.A. E.S.P.2442
Prontogas S.A. E.S.P.2395
Ramirez, Gonzalez y Rojas S.C.A. 2402
Rayco Gas S.A. E.S.P.2785
Rayogas S.A. E.S.P.2371
Supergas del Llano S.A. E.S.P.2405-4603
Surgas S.A. E.S.P.3207
Surigas S.A. E.S.P.2396
Unigas Colombia S.A. E.S.P.2390-4603
Unigas del Pacífico S.A. E.S.P.2432
Union de Distribuidores de Gas - Undigas S.A. E.S.P.2567
Villa Gas S.A. E.S.P.2403
Acciones
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Propiedades
Última modificación:13/04/2010 12:52:18 PM
Servicios Públicos: - Gas licuado de petroleo (GLP)
Publicado:25/08/2001 12:00:00 AM
Temas
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