Concepto SSPD 172 de 2008
  
 

CONCEPTO 172 DE 2008

(abril 24)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS P�BLICOS DOMICILIARIOS

Bogot� D.C.,

CONCEPTO SSPD-OJ-2008-172

Monse�or

JAIRO URIBE JARAMILLO

CORPORACI�N DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA

Carrera 4 N�mero 13-64

Cartago - Valle

Ref.: Su solicitud de concepto(1)

Mediante el radicado de la referencia se nos solicita concepto relacionado con la remuneraci�n de activos de terceros, y el reconocimiento de propiedad de dichos activos, teniendo en cuenta una situaci�n concreta entre la Corporaci�n Diocesana Pro-comunidad Cristiana y EMCARTAGO S.A. E.S.P.

Las consideraciones que se formulan a continuaci�n se emiten atendiendo el alcance del art�culo 25 del C�digo Contencioso Administrativo. Adicionalmente, es importante anotar que esta Oficina no puede por v�a de conceptos hacer pronunciamientos sobre situaciones particulares y concretas, por lo que lo que en adelante se afirma, se debe entender de manera general.

1. REMUNERACI�N DE ACTIVOS DE TERCEROS

Por medio de Conceptos 2007-0298, y 2008-1851, esta Oficina Jur�dica ha se�alado que, de conformidad con lo se�alado en el numeral 9.3.1 del Reglamento de Distribuci�n de Energ�a El�ctrica contenido en la Resoluci�n CREG 070 de 1998, es el propietario de los activos quien tiene el derecho a percibir la remuneraci�n correspondiente a su uso.

Igualmente, se se�al� en dichos conceptos que en el caso de usuarios sometidos al r�gimen de propiedad horizontal, dicho reconocimiento deb�a hacerse al propietario de los activos que, en principio, es el propietario de cada unidad habitacional (casa o apartamento). De la misma forma se se�al� que se except�a de la anterior regla el caso en que el constructor o urbanizador no haya transferido dichos activos a los propietarios de los inmuebles, o el caso en que dichos activos est�n contablemente dentro del patrimonio de la persona jur�dica-propiedad horizontal.

Lo anterior quiere decir, ni m�s ni menos, que es el propietario de los activos usados por el Operador de Red, quien tiene derecho a percibir la remuneraci�n de que tratan los art�culos 9.3 y 9.3.1 del Reglamento de Distribuci�n de Energ�a El�ctrica. En este sentido, los art�culos citados del anexo de la resoluci�n CREG 070 de 1998, son lo suficientemente claros cuando establecen lo siguiente:

"9.3 DERECHO A LA PROPIEDAD DE ACTIVOS EN UN STR Y/O SDL

De acuerdo con el Art�culo 28 de la Ley 142 de 1994, cualquier persona tiene el derecho a construir redes para prestar servicios p�blicos. Esta persona tiene el derecho a conservar la propiedad de estos activos sin que para ello tenga que constituirse en una Empresa de Servicios P�blicos. (...)

Cuando estos activos sean usados por un tercero para prestar el servicio de energ�a el�ctrica, EL PROPIETARIO TIENE DERECHO A QUE LE SEAN REMUNERADOS por quien haga uso de ellos.

Igualmente, cuando una persona posea Activos de Conexi�n, los cuales, por cualquier raz�n se conviertan en Redes de Uso General de un STR y/o SDL, tiene derecho a recibir una remuneraci�n por parte de quien los utiliza para prestar el servicio de energ�a el�ctrica.

9.3.1 REMUNERACI�N DE ACTIVOS DE TERCEROS.

Cuando un OR utiliza activos de terceros, est� en la obligaci�n de remunerar a los propietarios de dichos activos.�

De conformidad con los apartes trascritos, se deduce, con absoluta claridad, que la remuneraci�n a que se refiere la resoluci�n CREG 070 de 1998 debe hacerse a quien demuestre la propiedad de los respectivos activos, que bien puede ser el propietario de cada unidad habitacional (casa o apartamento), o el constructor o urbanizador, cuando este no haya transferido dichos activos a los propietarios de los inmuebles, caso en el cual parece encontrarse la Corporaci�n Diocesana Pro-comunidad Cristiana.

En consecuencia, se tiene que el reconocimiento dispuesto en el numeral 9.3.1 de la resoluci�n CREG 070 de 1998, se aplica cuando los activos sean usados por un tercero PARA prestar el servicio de energ�a el�ctrica, caso en el cual es el PROPIETARIO, y s�lo �l, quien tiene derecho a percibir la remuneraci�n anotada por el uso que se haga de sus activos.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la forma en que debe realizarse el anotado reconocimiento o remuneraci�n en el caso de urbanizadores o constructores, es necesario se�alar que, para activos usados antes de la expedici�n de la Resoluci�n CREG 070 de 1998, la remuneraci�n debe efectuarse de acuerdo a lo que disponga la normatividad civil, dado que en dicha etapa no exist�a regulaci�n especial sobre la materia. Para el caso de remuneraci�n de activos que hayan sido usados por el operador de red con posterioridad a la expedici�n de la resoluci�n en comento, la remuneraci�n deber� ser pagada al propietario siguiendo la metodolog�a se�alada en el texto de la citada resoluci�n, de la manera en que libremente lo acuerden las partes.

Por �ltimo, y en caso de conflicto frente al reconocimiento de la propiedad de los activos, quien alegue su propiedad deber� demostrarla ante el respectivo operador de red, o ante el Juez Civil competente si es del caso.

2. DEL ALCANCE DE LA RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICI�N DE CONSULTAS.

Tal como se se�al� en los conceptos ratificados por medio del presente, los conceptos emitidos por la administraci�n frente a consultas respetuosas hechas por particulares, no comprometen la responsabilidad del ente que las emite, ni pueden dirimir una situaci�n concreta como la puesta en conocimiento por la peticionaria en raz�n a que su car�cter no es decisorio sino puramente doctrinal y con el objetivo �ltimo de orientar a los peticionarios. En aquellas oportunidades, esta Oficina expres� lo siguiente:

En lo que tiene que ver con el alcance de las respuestas a las consultas que efect�en los particulares a la administraci�n, debe se�alarse que, de acuerdo al art�culo 25 del C.C.A., estas no comprometen la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecuci�n.

En efecto, el art�culo 25 del C�digo Contencioso Administrativo se�ala que el derecho de petici�n incluye el de formular consultas �escritas o verbales a las autoridades, en relaci�n con las materia a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan las normas especiales�.

El art�culo citado agrega que �Las respuestas en estos casos, no comprometer�n la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni ser�n de obligatorio cumplimiento o ejecuci�n�.

Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha se�alado como regla general que los conceptos que se expiden a instancia de los particulares no son obligatorios, no crean situaciones jur�dicas, y por tanto, no comprometen la responsabilidad de la entidad p�blica que los expide, salvo en situaciones excepcionales, en las que el concepto cree o modifique situaciones jur�dicas. Dicha posici�n ha sido ampliamente explicada en las sentencias C-487 de 1996, C-877 de 2004, T-807 de 2000 y C-542 de 2005.

Por lo anterior se insiste que las respuestas a las consultas de los particulares, son orientaciones, puntos de vista, consejos y cumplen tanto una funci�n did�ctica como una funci�n de comunicaci�n fluida y transparente, sin que se pueda pretender comprometer la responsabilidad patrimonial del ente que contesta la solicitud pues, se repite, dichos conceptos no son obligatorios.

Se tiene entonces que: (i) la facultad de los administrados de solicitar conceptos a la Administraci�n relacionados con las funciones a su cargo, es una manifestaci�n del derecho de petici�n, (ii) como sucede con otras clases de derecho de petici�n, la obligaci�n de la administraci�n radica en la contestaci�n oportuna y de fondo del derecho de petici�n y no en emitir un contenido espec�fico en su respuesta y (iii) los conceptos como se vio antes, no constituyen, en principio, una decisi�n administrativa, es decir, una declaraci�n que afecte la esfera jur�dica de los administrados, en el sentido de que se les imponga mediante ellos deberes u obligaciones o se les otorguen derechos. En los excepcionales casos que constituya un acto administrativo, proceden las acciones contenciosas administrativas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la elaboraci�n de conceptos jur�dicos cumple una labor absolutamente did�ctica, y no una funci�n de establecimiento de reglas o preceptos de conducta que obliguen a las instituciones p�blicas o a los particulares.

En esa medida, no corresponde a esta Oficina Asesora Jur�dica, el definir si los activos sobre los cuales reclama propiedad la peticionaria est�n o no dentro de su �rbita de dominio, como tampoco nos corresponde el emitir una orden a EMCARTAGO para que reconozca o se abstenga de reconocer la propiedad de los mismos, dado que esta competencia le corresponde a los jueces de la Rep�blica y no a esta entidad.

Finalmente, le informamos que esta Superintendencia ha puesto a disposici�n de la ciudadan�a un sitio de consulta al que usted puede acceder en la siguiente direcci�n: basedoc.superservicios.gov.co/basedoc/. All� encontrar� normatividad, jurisprudencia y doctrina sobre los servicios p�blicos domiciliarios, en particular los conceptos emitidos por esta Entidad.

Atentamente,

MARINA MONTES ALV�REZ

Jefe Oficina Asesora Jur�dica

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1 Reparto n�mero: 451 Radicados 20081300131851 y 20085290124462

Preparado por: ANDR�S DAVID OSPINA RIA�O

Revisado por:  ALEXANDRA CORREA, Asesora Oficina Jur�dica

TEMA: REMUNERACI�N DE ACTIVOS DE TERCEROS: � Reiteraci�n de conceptos

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Propiedades
ltima modificacin:13/09/2012 12:13:14 PM
Servicios Pblicos: - General a los servicios publicos
Publicado:24/04/2008 12:00:00 AM
 
Problema Jurdico:
Mediante el radicado de la referencia se nos solicita concepto relacionado con la remuneracin de activos de terceros, y el reconocimiento de propiedad de dichos activos, teniendo en cuenta una situacin concreta entre la Corporacin Diocesana Pro-comunidad Cristiana y EMCARTAGO S.A. E.S.P.
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Enlaces Relacionados

Ley 142 de 1994, Art. 28

Resolucin CREG 70 de 1998