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Rama Judicial del Poder Público

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA CIVIL DE DECISIÓN

 

Bogotá, D.C., Diez  (10) de julio de dos mil nueve (2009).

 

 

REF. EXPROPIACION. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS contra JOSE OVIDIO GONZALEZ BELTRAN.

                                   Radicación  No. 2008 0058 02.

 

Magistrada Ponente Doctora LIANA A. LIZARAZO V.

 

Discutido y aprobado en la Sala del 8 de julio de 2009.

 

 

Procede el Tribunal a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta ciudad, el 27 de marzo de 2009.

 

   I. ANTECEDENTES

 

1. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, a través de apoderado especial, instauró demanda en contra de José Ovidio González Beltrán, a fin de se decretara por causa de utilidad pública e interés social la expropiación a su favor y con destino a la obra “MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – ZONA DE OPTIMIZACIÓN Y AMORTIGUAMIENTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA -” del inmueble denominado LT 16 MZ E PTE LT PENSILVANA antes PARTE CASAS VIEJAS MOCHUELO II LOTE 16 MANZANA E, que cuenta con un área de 648.005 M2, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50S-40190096, ubicado en la localidad Ciudad Bolívar, Vereda Mochuelo Bajo, alinderado en debida forma en la demanda.

 

                            1.1. Igualmente, se deprecó la cancelación de cualquier gravamen hipotecario, embargos o inscripciones que recaigan sobre el inmueble, el registro de la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria y se solicitó su entrega anticipada.

 

                            1.2. Finalmente, se pidió en la demanda que se tuviera como indemnización el valor del avalúo practicado al inmueble materia de expropiación, durante la etapa de enajenación voluntaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 numeral 6º de la Ley 388 de 1997.

 

                              2. Fundamentó su pretensión en los siguientes hechos:

 

                              2.1. Que por el Acuerdo 119 de 2004 del Consejo de Bogotá D.C., se adoptó el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas de la ciudad, para el período 2004-2008, y en armonía con los artículos 214 y 425 del Decreto 190 de 2004, se contempló la ejecución del proyecto para el manejo y disposición final de residuos sólidos del relleno sanitario Doña Juana, por lo que, para garantizar una correcta prestación del servicio público de aseo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, requiere con destino de la obra Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos – Zona de Optimización y Amortiguamiento Ambiental de dicho relleno, el inmueble objeto de la demanda.

 

                            2.2. El predio fue adquirido por José Ovidio González Beltrán por compra efectuada a José Ramón Muñoz Sánchez por medio de la escritura pública 7763 de 3 de octubre de 1991, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, registrada en la anotación 1 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40190096.

 

                            2.3. La demandante presentó mediante oficio No. 8203 de 11 de diciembre de 2006 oferta de compra al demandado, por un valor de $1.944.000.oo, con el fin de realizar la enajenación del inmueble, a la cual se le anexo el informe técnico del avalúo elaborado por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, así como su respectivo levantamiento topográfico, el que le fue notificado por edicto fijado el 29 de diciembre de 2006, en un lugar público de la Unidad y desfijado el 15 de enero de 2007, agotándose de esta manera el trámite de la negociación directa previsto en la Ley 9ª de 1989 modificada por la Ley 388 de 1997, sin que hasta la fecha haya podido lograrse un acuerdo formal para la enajenación voluntaria.

        

                            2.4. La Directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, el Decreto 190 de 2004, y el Decreto 312 de 2006, expidió la Resolución 263 de 1 de noviembre de 2007, por la cual se ordenó la expropiación del inmueble materia de este proceso, por razones de utilidad pública e interés social, resolución que le fue notificada al propietario del predio por medio de edicto fijado en lugar visible de la unidad, el 23 de noviembre de 2007 y desfijado el 6 de diciembre del mismo año, quedando ejecutoriada el 13 de diciembre de 2007. 

 

                            Actuación Procesal

 

3. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta ciudad, despacho que la admitió mediante auto del 17 de julio de 2008 (fl.47 c.1), en el cual se ordenó la notificación al demandado, la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria y se ordenó la consignación del 50% del avalúo practicado para la enajenación voluntaria, para efectos de la entrega anticipada del inmueble.

 

3.1. El mencionado auto se notificó al demandado, por intermedio de Curador Ad-litem, previo el agotamiento de los ritos formales previstos en el artículo  318 del Código de Procedimiento Civil.

 

En efecto, surtido el emplazamiento del demandado y cumplidas las formalidades legales sin que éste concurriera, se le designó curador ad-litem en auto de fecha 10 de febrero de 2009 (fl.78 c.1) con quien se surtió la notificación del auto admisorio de la demanda, el día 16 de marzo último (fl.82 ib.), quien  dentro del término legal no se opuso a la prosperidad de las pretensiones (fl.86 c.1).

 

 

                            II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA     

 

4. En estas condiciones, el a-quo dictó sentencia el día 27 de marzo del año que avanza, en la cual decretó la expropiación del inmueble objeto del proceso, se ordenó a favor del demandado la indemnización correspondiente, se canceló la inscripción de la demanda, se ordenó el registro de la sentencia y del acta de entrega en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos al folio de matrícula inmobiliaria y se dispuso consultar la determinación con el Superior.

 

La anterior decisión se fundamentó en el hecho de que no se presentaba ninguna de las circunstancias descritas en el artículo 453 de la Ley procesal que conllevaran a abstenerse de resolver la expropiación, por lo que ante la prueba de haberse agotado la etapa de enajenación voluntaria directa ante la autoridad administrativa, se imponía el decreto de la expropiación del inmueble, precisando que la indemnización deberá ser tasada por un perito, mediante la realización de un avalúo, que debe comprender el daño emergente y el lucro cesante, en la forma prevista en el artículo 62 numeral 6º de la Ley 388 de 1997 y la sentencia C-1074 de 2002 de la H. Corte Constitucional.

 

Actuación en segunda instancia

 

5. Mediante proveído de fecha 26 de mayo de 2009 (fl.3 c.3) fue admitido el grado jurisdiccional de CONSULTA, y dentro del término del artículo 360 del Estatuto Procesal Civil, la parte actora solicitó que la sentencia que puso fin a la primera instancia, fuera confirmada en su totalidad, ya que la adquisición del predio objeto de expropiación obedecía a motivos de utilidad pública que se encuentran enmarcados en la Ley 9ª de 1989, Ley 388 de 1997, Decreto 1420 de 1998 y en la Constitución Política.

 

 

III. CONSIDERACIONES

 

1. Los llamados presupuestos procesales se encuentran acreditados en el presente proceso, y no se observa causal de nulidad que pueda invalidar la actuación o impedimento para proferir la decisión que en derecho corresponda.

 

2. Se deja igualmente establecido que a través del grado jurisdiccional de Consulta compete al Superior realizar el examen de rigor impuesto por las preceptivas legales inherentes al proceso correspondiente, para el caso específico el proceso de expropiación de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS contra JOSE OVIDIO GONZÁLEZ BELTRÁN; especialmente lo concerniente al cumplimiento de las premisas propias para la tutela del derecho de defensa de quien compareció al juicio, a través de curador ad-lítem.

                  

3. Está demostrada la legitimación en causa, por activa y por pasiva, de un lado, la entidad demandante es una unidad administrativa especial del orden distrital del sector descentralizado por servicios, que tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de recursos sólidos del Distrito Capital, según lo dispuesto en el artículo 116 del Acuerdo 257 de 2006 y, el demandado José Ovidio Beltrán González, es el titular del derecho real principal de dominio, según la copia de la matrícula inmobiliaria del predio que obra a folios 13 y 37 del cuaderno principal.

 

4. De conformidad con el inciso 4° del Artículo 58 de la Constitución Política por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.

 

4.1. A su turno, el Artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, modificado por el Art. 58 de la Ley 388 de 1997, literal d),  prevé que son de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a la Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios.

 

4.2. Afirmó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos que el predio a expropiar se requiere con destino al proyecto de MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – ZONA DE OPTIMIZACIÓN Y AMORTIGUAMIENTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA.

 

Además, aportó y adujó como prueba la Resolución No. 263 de 1º de noviembre de 2007, emitida por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que decretó la expropiación del inmueble objeto del proceso (fls. 22-24 c.1), que se encuentra debidamente ejecutoriada, según da cuenta la constancia de ejecutoria obrante a folio 26, el informe técnico para determinar el avalúo del bien (fl.17 ib.), el oficio por medio del cual se hizo la oferta de adquisición, junto con las diligencias tendientes a lograr la enajenación voluntaria (fls. 18-21 ej.) y el registro en el folio de matrícula inmobiliaria de la oferta de compra (fl.13).

 

4.3. Así las cosas, como quiera que se encuentra demostrado que el predio alinderado en la demanda, lo necesita la entidad demandante para la ejecución de obras definidas por el legislador como de utilidad pública o de interés social, circunstancia que no puede ser controvertida judicialmente y teniendo en cuenta que la negociación directa fracasó, resultaba imperioso decretar la expropiación del inmueble objeto de las pretensiones, toda vez que en casos como el materia de estudio, el interés privado debe ceder al público o social, como lo ordena la Constitución Política (artículos 1 y 58).

 

4.4. Finalmente, como quiera que la expropiación no puede ser a costa del propietario del bien, éste tiene derecho a ser indemnizado, en la forma como lo dispuso el a-quo, previa elaboración de un dictamen que debe comprender el lucro cesante y el daño emergente, así como todos los factores a que se refieren los Artículos 61 y 62 de la Ley 388 de 1997, practicado por un perito, tal y como lo ordena el Art. 456 de la ley de los ritos, que establece que el Juez designará perito para estimar el valor de la cosa expropiada y la indemnización.

 

 

                            4.5. Por demás, se encuentra acreditado dentro del plenario que ante la imposibilidad de vincular en forma personal al demandado, a quien se le libró el citatorio dispuesto en el artículo 315 del Estatuto Procesal Civil, a la dirección del predio en cuestión, sin resultados positivos (fls.56-59 c.1), el Juzgado se vió en la obligación de ordenar su emplazamiento en la forma prevista en el artículo 318 ibídem, el que se surtió de conformidad con el rito civil, y que culminó con la designación de un curador ad-litem, quien oportunamente no formuló defensa alguna en nombre de su representado.

 

5. En las condiciones anotadas, habrá de confirmarse del fallo consultado.

 

 

IV. DECISIÓN

 

 

Por virtud de lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de  Bogotá D.C., en Sala Civil de Decisión, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de consulta, esto es, la proferida con fecha 27 de marzo del año en curso, por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de la ciudad.

SEGUNDO: Sin costas en este grado.

 

 

 

COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUÉLVASE

 

 

 

LIANA AIDA LIZARAZO V.

Magistrada

 

 

CLARA INÉS MÁRQUEZ B.        LUZ MAGDALENA MOJICA  R.             

              Magistrada                                              Magistrada

 

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Última modificación:28/01/2010 01:56:18 AM
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