Tribunal Administrativo No. 65 de 2009
  
 
República de Colombia

República de Colombia

Rama Judicial

28-09-00065-01

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

SALA DE DECISIÓN CIVIL

 

                        Bogotá, D.C.,  veintiséis de marzo de dos mil nueve.

 

                        Aprobado en Sala de 26 de marzo de 2009.

                        Acta de la misma fecha.

Magistrado Ponente: RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS.

 

Ref.: Acción de tutela (impugnación) de GUILLERMO MORA PINZON en representación de CORPOASEO TOTAL S.A. E.S.P. contra SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

 

         Se decide la impugnación interpuesta por las partes contra la sentencia que, en la acción de tutela de la referencia, profirió el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, D.C., el dieciséis de febrero de dos mil nueve.

 

 

 

ANTECEDENTES

 

Guillermo Mora Pinzón, actuando en representación de la empresa Corpoaseo Total S.A. E.S.P., instauró acción de tutela contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitando el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la defensa y de petición, con base en los siguientes hechos:

 

Que, la actora, hizo una contratación con la Alcaldía Mayor de Bogotá para adelantar labores de recolección, transporte y barrido de vías y áreas públicas en el Distrito, la cual terminó el día 15 de Septiembre de 2003.

 

Que, el 17 de febrero de 2005, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificó que, la accionante, a esa fecha, no reportaba ninguna sanción.

 

Que, el día 5 de Septiembre de 2005, la accionada libró, contra la accionante, mandamiento de pago por dos contribuciones especiales correspondientes a los años 2003 y 2004, contribuciones que no fueron notificadas personalmente a la empresa accionante.

 

Que, una vez notificada del mandamiento de pago, propuso las excepciones de mérito denominadas “Cobro de lo no debido” e “Inexistencia de la obligación”, argumentando que la certificación de la Superintendencia, expedida el 5 de septiembre de 2005, y referida con antelación, era plena prueba de la ausencia, hasta ese año, de alguna sanción por contribuciones no pagas en contra de Corpoaseo Total S.A. y, además, arguyendo que la empresa, después de Septiembre de 2003, no prestó sus servicios, pues no contaba con ningún trabajo o contratación, resultando inaudito el cobro de tales contribuciones especiales.

 

         Que, igualmente, la accionante ha efectuado varias peticiones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “Sección Aseo” para que le suministre determinada información, peticiones que no han sido resueltas.

 

Que, en el trámite de la ejecución, la superintendencia accionada, mediante la Resolución Nº 20081310045755 del 05 de Noviembre de 2008, decidió no decretar las pruebas solicitadas por la excepcionante e igualmente declarar no probadas las excepciones propuestas,

 

Que, la accionante, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, el cual fue resuelto mediante la Resolución Nº 20081310053295, que confirmó la anterior. 

 

         En virtud a lo anterior, solicita la accionante, que se declaré la nulidad de lo actuado dentro del proceso referido desde el momento de la notificación del mandamiento de pago para que, la accionada, proceda a decretar las pruebas solicitadas y se evacuen así las excepciones de mérito expuestas e, igualmente, para que aporte las información solicitada mediante los derechos de petición presentados.

 

La acción correspondió, por reparto, al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, D.C., el que asumió su conocimiento y enteró a la entidad accionada para que ejerciera su derecho a la defensa.

 

Oportunamente, la demandada, solicitó que se denegara el amparo solicitado, considerando que el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por el apoderado de la empresa accionante en nada desvirtuarían los hechos que dieron base al proceso de cobro coactivo, como tampoco servían para controvertir los títulos ejecutivos base de la ejecución. Igualmente, adujo, que el debido proceso, así como el derecho de defensa y contradicción, se garantizaron pues se dio curso a las excepciones propuestas, se le permitió solicitar pruebas e interponer recursos. Por ultimo, indicó la demandada, que no es cierto que solo proceda la acción de tutela, ya que contra el acto que resolvió  las excepciones y la solicitud de pruebas podía interponerse acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el Art, 85 del C.C.A.

 

Seguidamente, el Juzgado de primera instancia, con la sentencia impugnada, negó la tutela de los derechos de defensa y debido proceso, argumentando que la accionada procedió al análisis, tanto de las pruebas como de las excepciones formuladas, llegando a la conclusión de rechazar las primeras y declarar improbadas las segundas. Además, sostuvo, que en el momento en que la accionante formuló recurso de reposición contra dicha decisión, y esta se resolvió desfavorablemente, quedó agotada la vía gubernativa, teniendo la accionante otros mecanismos a fin de satisfacer su pretensión, como lo serían las acciones de lo Contencioso Administrativas, resultando de esta manera improcedente la acción de tutela, atendiendo a su naturaleza subsidiaria.

 

Por otra parte, el a quo, tuteló el derecho de petición de la actora, ordenando a la accionada que, dentro de las 48 siguientes a la notificación del fallo, resolviera de fondo las solicitudes radicadas por la solicitante y que no habían recibido respuesta.

Con la anterior decisión se mostraron inconformes tanto la empresa actora, como la accionada. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios argumentó que, el accionante, no había solicitado la protección de su derecho fundamental de petición y añadió que, no obstante, dicha entidad había dado respuesta a las peticiones presentadas, pero las mismas habían sido devueltas por la empresa de correo, puesto que, la correspondencia fue remitida a la dirección que aparecía en el Registro Único de Prestadores, registro que le corresponde actualizar a las empresas y, por tal causa, surgió demora en la entrega.

 

Por su parte, la empresa accionada, reitero, en síntesis, los argumentos planteados en la acción.

 

 

CONSIDERACIONES

 

         La tutela es un instrumento jurídico previsto para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, por particulares.

 

         Además, la acción de tutela es de carácter residual o subsidiaria y, por ende, no puede ser simultánea, paralela, adicional o complementaria, acumulativa o alternativa, ni una instancia más que permita resolver cuestiones propias de procedimientos ordinarios. Por eso se ha dicho también que exclusivamente está dirigida a la defensa judicial de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política, y no para sustituir el régimen jurídico, a menos que la violación de éste cercene o amenace a aquellos y con ella se pretenda transitoriamente evitar un perjuicio irremediable.

 

Con base en tal óptica, encuentra la Sala que la presente acción se torna improcedente, pues la demandante pretende ejercerla para obtener la anulación de lo actuado en el procedimiento administrativo adelantado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, propósito para el que la tutela no fue concebida, como que sólo actúa frente a quebrantos de rango constitucional y no de orden legal.

 

         La acción de tutela es un mecanismo excepcional y residual. Su procedencia, evidentemente, está sujeta, en principio, a que el afectado no disponga de otros medios judiciales, previsión que aparece claramente desarrollada en el decreto 2591 de 1991; desde luego, no es un medio más de que disponen las personas para reclamar derechos o para plantear controversias que tienen las vías o los cauces ordinarios ante el juez natural para ser debatidos.

 

         Por lo cual se ha establecido que la tutela no puede ser utilizada como una instancia más de los trámites que constituyen las vías comunes u ordinarias para desatar las controversias, las que de igual modo tiene garantizadas la Constitución misma, justamente cuando habla de la potestad jurisdiccional del Estado y manda que en su ejercicio se respeten las formalidades de cada juicio. Esto sería como llegar al absurdo de que la tutela eliminó todos los procedimientos y cauces procésales que la ley tiene consagrados para los diferentes litigios, evadiendo la inspiración del constituyente, que fue enfático en señalar, por vía de regla general, que es improcedente invocarla cuando se disponga de otro medio de defensa judicial.

 

         La H. Corte Constitucional ha reiterado, en diversas oportunidades, que “... no es un mecanismo que sea factible de elegir, según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria...”.[1]

 

         Resulta, entonces, improcedente la acción cuando existe otro mecanismo judicial para reparar el agravio que se dice, vulnera derechos fundamentales.

 

         De tal improcedencia da ejemplo elocuente el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, pues pretende la accionante reemplazar los procedimientos por los que normalmente habría de pedir lo que aquí reclama, acudiendo precisamente a la tutela. Sin ningún género de duda persigue la nulidad del trámite adelantado por la superintendencia accionada en un proceso ejecutivo que esta adelanta, pero es evidente que ello es aspecto que puede obtener mediante el adelantamiento de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, tema que se torna ajeno, por ende, al juez constitucional, pues tales contingencias no son propias del juez de tutela.

 

         Sin embargo, es claro, porque así también lo tiene establecido la Ley y lo ha desarrollado la Jurisprudencia, que a pesar de la existencia del medio judicial, la acción es procedente como mecanismo transitorio pero sólo en el supuesto de que con ella se trate de evitar un perjuicio irremediable, esto es, “cuando, de no tutelarse el derecho vulnerado o amenazado, hay inminencia de un mal irreversible, injustificado y grave, que coloque al peticionario en un estado de necesidad, que amerita la urgencia de la acción. La necesidad, debe ser evidente o evidenciable, y además extrema, de suerte que sea razonable pensar en la gran probabilidad -no en la mera posibilidad- de sufrir un daño irreparable y grave. No cualquier necesidad amerita, pues, la acción de tutela, ni cualquier inminencia de daño, ya que se requieren las características de extremidad en cuanto a la necesidad y de gravedad en cuanto al daño. (…)La gravedad implica una magnitud de tal proporción, que amenaza la destrucción del núcleo esencial de una entidad, en nuestro caso de un derecho fundamental. Ahora bien, la extrema necesidad puede describirse como aquella situación adversa y padecida por un sujeto, que lo coloca en el límite de lo soportable, y amenaza con vulnerar el núcleo esencial -o con aumentar o prolongar la lesión- de uno o más derechos fundamentales”[2].

 

         No obstante, en el sub-judice se observa, por la Sala, que el demandante no acreditó la concurrencia de ningún perjuicio irremediable para, de allí, concluir la existencia de la vulneración de sus derechos fundamentales invocados.

 

         Puestas en este punto las cosas, fácil es concluir que la presente acción de tutela está condenada al fracaso, habida cuenta que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial como es el adelantamiento de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, a más de que no acreditó la concurrencia de un perjuicio irremediable, que hiciese de la presente acción procedente como mecanismo transitorio.

 

         Por otra parte, en cuanto a la impugnación presentada por la entidad accionada, relativa al amparo del derecho fundamental de petición de la accionante, considera la Sala que no le asiste razón al censor.

 

         En efecto, aduce que no era viable tutelar el derecho fundamental de petición del accionante debido a que este no invocó la vulneración del mismo en la acción. Al respecto, resulta pertinente acotar que, contrario a lo manifestado, la parte accionante si invocó el amparo de tal derecho, conforme se evidencia a folio 50 del expediente pero, además de lo anterior, no debe perderse de vista que la acción de tutela es, por esencia, un mecanismo informal y, en desarrollo de tal postulado, el artículo 14 del Decreto 5291 de 1991, estableció que “No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado”, razones por las cuales, el juzgador puede ordenar el amparo de derechos fundamentales si observa su vulneración, así estos no hayan sido invocados expresamente por los accionantes.

 

         Además de lo anterior, considera la Sala que, en la actualidad, el derecho fundamental de petición de la accionante aún está siendo vulnerado puesto que no se evidencia que la respuesta a las peticiones presentadas haya sido puesta en conocimiento de la accionada.

 

Al respecto, resulta pertinente citar lo considerado por la Corte Constitucional en relación con la notificación de la respuesta de la petición[3]:

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna[4] a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye el que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona que elevó la solicitud conoce  su respuesta[5]. Se hace necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del derecho fundamental[6].”(Resalta la Sala).

 

         Pues bien, bajo el anterior marco, se evidencia que no se acredita por parte de la accionada que la respuesta correspondiente a las peticiones presentadas por la accionante, y que obran a folios 21 a 24 del expediente, hayan sido remitidas a la dirección que, para el efecto, manifestó el peticionario.

 

         Nótese, además, que conforme la propia accionante lo manifestó, la respuesta fue remitida a una dirección distinta a la informada y, pese a advertir la anterior irregularidad no acreditó la remisión de la misma a la dirección correcta, pues con el recibo obrante a folio 98 del expediente, no es posible inferir la entrega de las respuestas a las peticiones presentadas, ya que no se puede determinar que documentos fueron enviados, ni si los mismos fueron efectivamente entregados.

 

         Y, en todo caso, los documentos aportados con la contestación no sirven para desvirtuar la no vulneración actual de los derechos del actor, puesto que, conforme la jurisprudencia anteriormente citada, la respuesta presentada al juez no se considera efectiva, ya que este no es el titular del derecho fundamental invocado.

 

         En virtud de lo anterior, la providencia impugnada será confirmada en su integridad.

 

DECISIÓN

 

                   Por mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Civil de Decisión, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO.  CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Veintiocho Civil de Circuito de esta ciudad, el día dieciséis de febrero de 2009.

 

SEGUNDO. Comuníquese telegráficamente este fallo a los interesados.

 

 TERCERO. En los términos de Ley, remítanse las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

 

Notifíquese y cúmplase.

 

 

 

RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS

Magistrado

 

 

JULIA MARÍA BOTERO LARRARTE

Magistrada

 

 

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS

Magistrado.

 



[1] Sentencia T-173/93.

[2] Ídem. Sentencia T-077 de 28 de febrero de 1995. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA.

[3] T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

[4]Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.”

[5] “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).”

[6] “Ver sentencia T-615/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al interesado).”

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Última modificación:18/03/2010 08:01:06 PM
Publicado:26/03/2009 08:34:00 AM
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