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 Tribunal Administrativo de Cundinamarca exp 255 de 2011
  
 
T_CUND_11001_33_31_007_2011_00255_01

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Bogotá D.C., doce (12) de agosto del dos mil once (2011)

Magistrada:     Bertha Lucy Ceballos Posada
Referencia:                      110013331007- 2011-00255-01
Accionante:                  María Luz Briñez Vilo
Accionado:                   Empresa Consorcio Aseo Capital S.A. ESP

                                                               

ACCIÓN DE TUTELA: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Mary Luz Briñez Vilo contra el Consorcio Aseo Capital S.A. ESP, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso y los demás  que considere pertinente el funcionario judicial competente, en su sentir vulnerados por los accionados al hacerle el cobro de una deuda que en su parecer prescribió.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora  Mary Luz Briñez Vilo presentó el 08 de junio del 2011 acción de tutela con el objeto de que se protejan sus derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso y los demás que se prueben en el curso del proceso, los cuales considera vulnerados por las entidades accionadas con el cobro de una deuda relativa a la prestación de agua y alcantarillado que en su sentir ya prescribió.

Para tales efectos, formuló las siguientes pretensiónes:

“OBJETO DE LA TUTELA

“Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados ORDENANDOLE a las empresas de servicios públicos accionadas y a la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios que se decrete la prescripción definitiva de las deudas anteriores a la reconexión del servicio de agua, de la empresa Consorcio Aseo Capital S.A. ESP., y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP., “EAAB” para evitar el Perjuicio Irremediable de que se me obligue a pagar por unos servicios cuya deuda prescribió y que yó no consumí, ya que el predio se encontraba desocupado al carecer de servicio de Agua, por todo lo anterior:

  1. Solicito respetuosamente que se les ordene a las entidades accionadas anulen y revoquen los cobros efectuados que caducaron y/o prescribieron y/o por mayor valor, que fueron facturados sobre un predio desocupado ya que la situación de mi inmueble demuestra y prueba que las empresas presuntamente violan la ley.
  2. Solicito respetuosamente que se les ordene a las entidades accionadas que se expida una factura en la que se encuentre los descuentos por los cobros efectuado por mayor valor.
  3. Solicito respetuosamente que se les ordene a las entidades accionadas que me paguen los gastos, daños y perjuicios ocasionados al tener que presentar estos reclamos y/o recursos y/o acciones constitucionales.
  4. Solicito respetuosamente que se les ordene a las entidades accionadas que se anulen todos los cobros efectuados como, Pequeño Productor sobre el predio desocupado, Comercial y los cobros dobles por lo que solo deben facturar una sola Unidad Residencial de acuerdo con el Concepto transcrito anteriormente de la Oficina Jurídica de la SSPD. CONCEPTO SSPD-OJ-2008-616.
  5. Solicito respetuosamente que se les ordene a las entidades accionadas que me deben respetar mis derechos fundamentales incluyendo los relacionados en mis alegatos ya que la Constitución es norma de normas y que no se me suspenda el servicio para proteger mis derechos fundamentales incluyendo los de los niños que viven en mi hogar.
  6. Les solicito respetuosamente compulsar copias a las autoridades competentes incluyendo a la Procuraduría Delegada Fincón Públíca entidad que esta investigando el presente caso ya que las empresas Abusan de su Posición Dominante, y Abusan con las Facturas y la Dra. Sandra Ramos Polanco Directora Territorial Centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “SSPD” se los permite.

Les solicito respetuosamente y especialmente para proteger mis derechos fundamentales que se les ordene de manera inmediata a las entidades accionadas, mientras se decide este caso que proceden (sic) a dividir las Facturas de Servicios Públicos entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A., “EAAB” y la empresa Consorcio Aseo Capital ESP,  para poder pagar el consumo de agua y alcantarillado que debo del periodo Marzo 16 de 2001 a Mayo 14 de 2011, ordenando que esta factura se haga como un solo usuario Residencial, dividiendo lo cobrado por predio desocupado, lo prescrito y solo me facturen lo justo, ordenándole a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. ESP., “EAAB” que me devuelva lo cobrado de más como comercial haciendo los descuentos a lo ya pagado desde que me reconectaron, abonando estos valores a mis facturas ya que solo puede cobrar como un solo usuario residencial como lo estipula el CONCEPTO SSPD-OJ-2008-616 y que la empresa Consorcio Aseo Capital ESP, decrete la prescripción de la deuda acumulada y solo me cobre ahora después de la recolección como un solo usuario residencial no como ha venido facturando 2 unidades residenciales.”

Como fundamento de la anterior petición, la accionante adujo los hechos que a continuación se resumen:

1. El accionante indicó que tiene una deuda con las  entidades demandadas, pero que esta se consolido hace más de 10 años, por lo cual se encuentra caducada o prescrita, y carece de fuerza ejecutoria.

2. Agregó que la empresa Aseo Capital S.A. ESP le cobra dos unidades residenciales, lo cual vulnera sus derechos como usuaria, ya que en su casa solo hay adicional un local de menos de 20m2 y por lo tanto se le hace un cobro doble injustificado. Además anteriormente también se le cobraba más de lo debido, ya que se le facturaba como Comercial Pequeño Productor, cuando en cualquier caso solo pueden cobrar por una unidad residencial.

3. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP decretó la prescripción de la obligación a favor suyo mediante la resolución 20106004 del 2010, por lo cual para garantizar el derecho fundamental a la igualdad de la accionante se debe declarar la prescripción de las obligaciones a favor de de Aseo Capital.

4. Adicionalmente, la prescripción decretada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá debe verse reflejada en su facturación, ya que en los recibos aún aparece esta  deuda.

5. La accionante asegura que no se le ha dado el trámite correspondiente a los recursos legales que ha interpuesto oportunamente, pues no se ha decretado la prescripción de la deuda por parte de Aseo Capital, con lo cual se le vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad, entre otros.

6. Afirmó que en una inspección realizada el 10 de mayo del 2006 se comprobó que el inmueble se hallaba desocupado, y que lo único adicional a él era el pequeño local, que por medir menos de 20M2 no debe generar cobro aparte, y solo se debe facturar por una unidad residencial, como lo estipula el concepto SSPD-OJ-616 de 2008 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

8. Las facturas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá demuestran que la deuda se acumuló desde el año de 1995 por lo que prescribió. Además, para el caso del servicio de aseo se encontraba en ceros, como se desprende de la Factura No 00900403510-4. Sin embargo, después de que la EAAB decretó la prescripción, Aseo Capital acumuló la presunta deuda con una decisión de un inmueble desocupado como pequeño productor, desconociendo que sobre ese inmueble no se puede generar cobro, pues solo se debe cobrar por una unidad residencial.

Además, los cobros por servicios se deben hacer únicamente desde el momento en que se reconectó el servicio de agua, pues solo desde ese momento se pudo volver a ocupar el inmueble.

9. La accionante hace hincapié en que las empresas abusan de su posición dominante, lo cual se evidencia en las incongruencias que existen en la facturación entre una y otra, ya que mientras que la EAAB cobra como una unidad residencial y otra comercial, Aseo Capital lo hace como 2 unidades residenciales.

10. Los hechos descritos fueron conocidos por la Directora de la Territorial Centro de la Superintendencia de Servicios Públicos, quien emitió dos pronunciamientos diferentes al respecto. Por una parte, mediante la Resolución SSPD-20118140026335 del 3 de marzo del 2011 en la que se inhibió del estudio, mientras que en la Resolución SSPD-20118140063465 del 04 de mayo del 2011 resolvió de fondo y confirmó las decisiones de las empresas.

11. Finalmente expresó que acude a la acción de tutela por cuanto la mencionada funcionaria omitió su deber de hacer cumplir las leyes y proteger sus derechos fundamentales.

    

1.2. Trámite procesal

El escrito de tutela se radicó el 08 de junio del 2011 (Fl. 20 – 29 C.1) y su conocimiento le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá que en auto del 10 de junio del 2011 avocó su conocimiento y dispuso la notificación personal de dicha decisión a los accionados, solicitando el informe correspondiente (Fl. 32).

La EAAB radicó el informe el 15 de junio del 2011 (Fl. 41 – 45 C.1), al igual que lo hizo la Superintendencia  de Servicios Públicos Domiciliarios (Fl. 61 – 67 C.1). Por su parte, el Consorcio Aseo Capital S.A. ESP presentó su informe el 16 de junio del 2011 (Fl. 195 – 208 C.1).

El Juzgado profirió la sentencia de primera instancia el 21 de junio del 2011 que negó el amparo solicitado (Fl. 218 – 232 C.1), la cual fue impugnada oportunamente por la accionante (Fl. 217 – 249 C.1).

El  a quo concedió la impugnación para ante esta Corporación el 07 de julio del 2011 (Fl. 253 C.1), donde por reparto del 13 de julio del 2011 le correspondió su conocimiento al despacho sustanciador que solicitó un informe a las entidades accionadas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre aspectos indicados por la accionante en su impugnación, relativos a su convivencia con menores de edad y una persona discapacitada (Fl. 5 – 6 C.2).

Así mismo, a las accionadas se les ordenó indicar si se han presentado cortes o suspensiones en los servicios de acueducto y alcantarillado, o si estos están programados para realizarse.  

1.3. Oposición

1.3.1. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

En el informe rendido en el curso de la primera instancia, la empresa se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que en el presente caso se configura un hecho superado, ya que la deuda cobrada mediante proceso coactivo fue declarada prescrita por Jurisdicción Coactiva de la EAAB.

Así mismo, respecto de los hechos de la demanda se remitió al oficio PRO-CAR-4737-0611 del 14 de junio del 2011, en el que la sociedad Proactiva de Servicios Integrales en su condición de gestor de la prestación del servicio se pronunció sobre el particular.

En dicho escrito, la aludida empresa señaló que el argumento de la accionante de que solo se le puede cobrar por un servicio residencial por el contrato 9004035 ya había sido presentado por esta en un reclamo resuelto mediante la expedición del acto administrativo S-2010-564062 del 13 de octubre del 2010.

Esta decisión fue confirmada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la Resolución No. 20118140012705 del 07 de febrero del 2011, que señaló que la clasificación del predio podría cambiarse una vez que la usuaria comunicara el cambio de uso y este se corroborara, pero que de cualquier forma este cambio no tiene vocación de retroactividad.

Agregó que el 14 de junio del 2011 se hizo una visita en la que se verificaron las condiciones del predio, las cuales ameritaron el cambio de la clasificación del predio de comercial a multiusuario con dos unidades habitacionales, dado que el local existente tiene menos de 20M2.

Aclaró que no es posible considerar el predio como residencial por la existencia del local, y en consideración a la irretroactividad del cambio de uso del inmueble, no se pueden anular los cobros efectuados con anterioridad, como lo pretende la accionante.

También indicó que en el presente caso no se ha suspendido el servicio en el predio y el estado de cuenta se reporta como al día, por lo cual no se avisoran causales por las que se deba cortar el servicio.

Finalmente, señaló que debe declararse la improcedencia de la acción, ya que la accionante cuenta con acciones judiciales ordinarias ante la jurisdicción contenciosa para impugnar los actos administrativos de servicios públicos que consideren ilegales o irregulares.

Guardó silencio respecto al informe solicitado en segunda instancia.

1.3.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

En su informe de primera instancia, adujo que la solicitud de la accionante sobre la prescripción de la deuda que mantiene con Aseo Capital fue resulta por esta empresa mediante la decisión No 1143700 del 26 de octubre del 2010, la cual fue objeto de recurso de reposición y en subsidio de apelación.

El recurso de reposición fue resuelto por la empresa en la decisión 1197098 del 24 de febrero del 2011, y luego la Superintendencia resolvió el recurso de apelación con la Resolución SSPD No. 20118140063465 del 04 de mayo del 2011.

En consecuencia, la entidad señaló que la acción no esta llamada a prosperar, ya que con ella se pretende dar una especie de tercera instancia a la solicitud de prescripción de la deuda, que ya fue resuelta por las vías legales.

Así mismo, no se evidencia que haya un perjuicio irremediable para la accionante y esta cuenta con otros medios de defensa judicial, ya sea ante la justicia ordinaria o contencioso administrativa.

Finalmente, en el informe rendido durante el trámite de la segunda instancia afirmó que la entidad no tiene conocimiento sobre el tema de la convivencia de los menores o el joven discapacitado con la accionante, y que una vez se revisó sus sistema informático no se hallaron solicitudes suyas pendientes de resolver

1.3.2. Aseo Capital S.A. ESP

En su informe de primera instancia adujo que la accionante mantiene una deuda de $3.843.620 con la empresa por un servicio de aseo  que ha sido prestado cumplida e ininterrumpidamente. Además, la señora Briñez Vilo ha presentado reclamaciones que en su totalidad han sido resueltas de acuerdo a las normas aplicables.

Señaló que la deuda no ha prescrito pues a pesar de que tiene más de 9 años, durante todo este tiempo se le han hecho requerimientos para el pago a la accionante.

Así mismo, indicó que se han hecho inspecciones al predio y se ha determinado que efectivamente esta compuesto por una unidad residencial y un local de menos de 20 metros, que de acuerdo al Decreto 1713 de 2002 es considerado como otra unidad residencial. Es decir, los cobros se han hecho correctamente.

Indicó que las quejas y reclamaciones de la accionante han sido atendidas a cabalidad, ya que se han expedido actos administrativos que al ser recurridos en reposición han sido confirmados, y al serlo en apelación, se han remitido para su estudio a la Superintendencia de Servicios Públicos que los han confirmado de igual forma.

Agregó que los inmuebles desocupados tienen una forma especial de facturación, pero que esta solo se aplica si el propietario notifica de la novedad a la empresa, por lo que este procedimiento solo se ha aplicado en las ocasiones en que la accionante lo ha solicitado, y se la informó que debe hacerlo cada 3 meses si el inmueble continuaba desocupado.

Reiteró que no se ha hecho un doble cobro, y que incluso, la clasificación del local de menos de 20 metros cuadrados como residencial es beneficioso para la accionante, porque de otra forma tendría que facturarse comercial.

Afirmó que la acción es improcedente pues la tutela no es la vía apropiada para resolver litigios que surjan de contratos como el existente entre la empresa y la accionante.

Adicionalmente, advirtió que no se está en presencia de un perjuicio irremediable, pues ello no se desprende del relato fáctico que hizo la accionante.

Por otra parte, en respuesta a la solicitud de informe hecha por el despacho sustanciador en el curso de la segunda instancia, la empresa contestó que en lo relativo al servicio de aseo que es de su competencia, no se han presentado cortes o suspensión del servicio ni es posible que estos se presenten en consideración a que la suspensión temporal o definitiva de este servicio se encuentra proscrita por el Decreto 1713 de 2002, debido a que está dirigido a la preservación de la salud pública y el bienestar colectivo de los usuarios.

Agregó que las facturas son títulos ejecutivos que pueden hacerse efectivos por la jurisdicción ordinaria o por la jurisdicción coactiva, y que incluso en el evento en que se aceptará la ocurrencia del fenómeno prescriptivo, lo que se diluiría sería la acción ejecutiva, pero los derechos contenidos en las facturas serían aún susceptibles de ser cobradas en una acción ordinaria.

1.4. La sentencia de primera instancia

La Juez Séptima Administrativa del Circuito de Bogotá negó el amparo solicitado al considerar que no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante a la petición, la igualdad y el debido proceso, puesto que las inconformidades de la accionante respecto a la deuda con Aseo Capital y la clasificación del predio en el que reside fueron objeto de pronunciamiento por las entidades accionadas, respecto de las cuales incluso se agotó la vía gubernativa.

Por lo tanto  la tutela no puede entrar a evaluar las decisiones administrativas que se tomaron regularmente, ya que sustituiría los otros medios de defensa judicial en cabeza de la accionante, tales como las acciones jurisdiccionales que puede dirigir a cuestionar dichas decisiones.

1.5. La impugnación

En la impugnación la accionante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la tutela y agregó que contrario a lo indicado por el juez de primera instancia, el perjuicio irremediable es ostensible porque con ella viven sus sobrinos menores Daniel Felipe Vilo y Nini Johana Quesada Vilo, así como el joven Jeferson Mauricio Vilo, quien sufre de una cuadriplejía que lo paraliza totalmente (Fl. 217 - 232 C.1).

1.6. Pruebas allegadas al expediente

Constituyen pruebas relevantes:

  1. Copia simple de la Resolución No 20106004 del 26 de julio del 2010 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por la cual se declaró la prescripción de la deuda existente a favor de la EAAB respecto del contrato de prestación del servicio No 9004035 (Fl. 02 – 03 C.1).
  2. Copia simple de la Resolución SSPD – 20118140063465 del 04 de mayo del 2011 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que resolvió el recurso de apelación contra la decisión 1143700 del 26 de octubre del 2010 de Aseo Capital S.A. ESP (Fl. 6 – 10 C.1).
  3. Copia simple de la Resolución 20118140026335 del 03 de marzo del 2011 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que se declaró inhibida para resolver el recurso de apelación contra la decisión 1143700 del 26 de octubre del 2010 de Aseo Capital S.A. ESP (Fl. 12 – 16 C.1)
  4. Copia simple de la Resolución SSPD – 201140012705 del 07 de febrero del 2011 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que resolvió el recurso de apelación contra la decisión S – 2010 – 655235 del 30 de noviembre del 2010 de la EAAB (Fl. 46 – 49 C.1).
  5. Actas de inspección de la EAAB No 3934874 del 14 de octubre del 2010 y 1172972 del 14 de junio del 2011 en los que se evidencia la independencia del local ubicado en el predio de la accionante (Fl. 51 – 52 C.1)
  6. Copia simple del expediente contentivo del recurso de apelación contra la decisión 1143700 del 2010 de Aseo Capital S.A ESP (Fl. 74 – 197 C.1).
  7. Copia simple del acta de inspección 132182 del 31 de julio del 2011  en la que se evidencia la existencia de un local de menos de 20M2 en el predio de la accionante (Fl. 216 C.1).

2. CONSIDERACIONES

La Sala decide el presente asunto en segunda instancia en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 1 numeral 1 del Decreto 1382 del 2000, pues la acción se dirigió contra autoridades descentralizadas del orden nacional.

2.1. Asunto a resolver

Debe establecerse si Aseo Capital S.A. ESP y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en su condición de Empresas de Servicios Públicos, así como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarlos como órgano encargado de la inspección y vigilancia de aquellas, vulneraron los derechos fundamentales de la accionante a la petición, la igualdad y el debido proceso al no acceder a su solicitud de que se tenga por prescrita una deuda relativa al servicio de aseo, y se cambie la clasificación y facturación del predio en el que esta reside.

2.2. Carácter subsidiario de la acción de tutela

La acción de tutela se encuentra prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el cual ha sido reglamentado por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.

Se trata de un mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, y permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos, cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

Sin embargo esta acción también se encuentra limitada por ciertos requisitos de procedibilidad previstos en el Decreto 2591 de 1991, especialmente en su artículo 6, en los que se refleja el carácter subsidiario de la tutela, principio consagrado por el mismo artículo 86 de la Constitución Política, que es claro en señalar que la tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

En este sentido, no debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir que únicamente procede cuando no exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un perjuicio irremediable.

Así las cosas, una vez analizado el escrito contentivo de la presente acción de tutela conjuntamente con el material probatorio arrimado al expediente, resulta evidente que la controversia planteada, es decir la expedición de actos administrativos en los que las Empresas de Servicios Públicos decidieron las reclamaciones de la accionante sobre la prescripción de una deuda y la forma de facturación en el predio en que reside, debe entenderse en el sentido de que el objetivo del amparo no puede ser el de suplantar los medios judiciales existentes.

En este orden de ideas, la Sala advierte que la acción de tutela por regla general es improcedente ante la existencia de otro medio de defensa judicial.

Ahora, como recién se expuso, la Sala observa que en el presente caso la accionante pretende obtener una respuesta positiva a las reclamaciones mediante las cuales solicitó que la Empresa de Servicios Públicos Aseo Capital S.A. declare la prescripción de una deuda relativa al servicio de aseo en el predio identificado con la nomenclatura Calle 2 No 12A – 16 de Bogotá, así como que se cambie el tipo de facturación de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado sobre este.

La Sala también observa que para estos efectos la accionante presentó ante las empresas las respectivas reclamaciones, que derivaron en la decisión de las mismas mediante decisiones que se constituyen en actos administrativos de carácter particular, los cuales posteriormente fueron objeto de recursos de reposición y apelación,  resueltos por las mismas empresas en el caso de los primeros y por la Superintendencia de Servicios Públicos los segundos.

Como consecuencia última de lo anterior se produjo la expedición de la Resolución SSPD – 20118140063465 del 04 de mayo del 2011 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que resolvió el recurso de apelación contra la decisión 1143700 del 26 de octubre del 2010 de Aseo Capital S.A. ESP  y la Resolución SSPD – 201140012705 del 07 de febrero del 2011 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que resolvió el recurso de apelación contra la decisión S – 2010 – 655235 del 30 de noviembre del 2010 de la EAAB (Fl. 46 – 49 C.1).

Lo anterior indica que en el fondo lo que pretende la accionante es impugnar las decisiones tomadas por la administración mediante la expedición de unos actos administrativos con los que se resolvieron sus solicitudes, los cuales tiene  el carácter de particulares ya que crearon situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas.

En este sentido, la Sala anota que de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la presente acción se torna improcedente, ya que los actos administrativos particulares son objeto de un control en sede gubernativa según lo dispone el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo –el cual en este caso se agotó sin ninguna irregularidad, según se desprende del material probatorio obrante- y se encuentran sujetos a un control jurisdiccional que según el artículo 82 ídem está en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, y se ejerce principalmente mediante las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho consagradas en los artículos 84 y siguientes de la norma citada.

En el presente caso no se demostró que el accionante hubiese impugnado judicialmente las Resoluciónes SSPD – 20118140063465 del 04 de mayo del 2011 y SSPD – 201140012705 del 07 de febrero del 2011 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que resolvieron los recursos de apelación contra las decisiones administrativas de las empresas en las que no se accedió a las peticiones del accionante, circunstancia que por sí misma implica la improcedencia de la tutela en el evento sub judice, ya que esta acción no tiene la virtualidad de subsanar la omisión de los ciudadanos que no ejercen las conductas y acciones que tienen a su alcance para la materialización o defensa de sus derechos.

Adicionalmente, la Sala observa que con el presente amparo la accionante pretende dirimir una controversia contractual relativa a la prestación de servicios públicos domiciliarios, circunstancia que hace improcedente la acción de tutela, se torna improcedente, tal como lo ha señalado la Corte Constituciona–:

“(…) por regla general la acción de tutela no es procedente para dirimir controversias contractuales o pecuniarias entre los usuarios y/o suscriptores de servicios públicos domiciliarios y la empresa prestadora de los mismos. Sólo será procedente la acción de tutela cuando tales controversias impliquen la vulneración de derechos fundamentales y las acciones judiciales disponibles no resultan ser eficaces ante la inminencia de un perjuicio irremediable”

Por consiguiente, en el presente asunto el ejercicio de la acción de tutela resulta improcedente en razón a que dicho amparo se encuentra gobernado por el principio de la subsidiariedad, según el cual esta tiene cabida cuando no existan otros recursos o medios de defensa judiciales.

2.3. El perjuicio irremediable

La Sala recuerda que en la impugnación la accionante señaló que el perjuicio irremediable en el presente caso es ostensible dado que en el inmueble materia de la controversia viven los menores Daniel Felipe Vilo y Nini Johana Quesada Vilo, así como el joven Jeferson Mauricio Vilo, quien sufre de una cuadriplejía que lo paraliza totalmente, a quienes se les podría ver suspendido el servicio de acueducto como consecuencia inevitable del mantenimiento de la deuda cuya declaratoria de prescripción pretende por esta vía.

Ahora, aunque la situación de convivencia de la accionante con los menores y el joven Jeferson Vilo no ha sido plenamente acreditada, ya que de los documentos allegados para el efecto no se desprende que estos efectivamente residan en el predio, y el informe solicitado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no fue rendido en el plazo otorgado para el efecto, la Sala tendrá por ciertas esta afirmaciones, en virtud de la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, la cual guarda estricta correspondencia con el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política.

Ahora, la Corte Constitucional ha señalado que el acceso a cantidades suficientes de agua potable es un derecho de carácter fundamental, el cual goza de una particular relevancia en los casos en los que se trate del acceso a este recurso por parte de personas en una condición de vulnerabilidad manifiesta, como los niños o los discapacitados, por lo que no es dable cualquiera que sea la razón, suspender o cortar de forma definitiva el servicio de acueducto a una vivienda.

Así por ejemplo en la sentencia T – 717 del 2010, con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa, indicó:

El derecho a disponer y acceder a cantidades suficientes de agua potable supone tanto obligaciones de respetar como de proteger y de garantizar. Una de las obligaciones prima facie es la de respetar las instalaciones del servicio de acueducto que una persona tenga en su domicilio, y la de no racionalizarlo, suspenderlo o cortarlo por completo. De modo que, sea cual sea el motivo que las anime, las acciones encaminadas a racionalizar, suspender o desconectar el servicio público de acueducto a una vivienda suponen una interferencia en los derechos fundamentales de quienes habitan en ella, pues se supone que es de él –especialmente en las urbes- de donde se abastecen para alimentarse y asearse con regularidad.

En el presente caso no se evidencia que exista una inminencia del corte de agua a la vivienda de la señora Briñez Vilo, ya que tal como afirmó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en su informe de primera instancia, la deuda correspondiente al servicio de acueducto y alcantarillado prescribió mediante la Resolución No. 20106004, y de acuerdo al informe rendido por la empresa, el predio se encuentra al día en los pagos y no existe causal para el corte del servicio.

Sin embargo, la Sala observa que según lo establece el artículo 147 de la Ley 142 de 1994 el servicio de aseo y el de acueducto y alcantarillado deben ser facturados conjuntamente, la existencia de la deuda de la accionante respecto al servicio de aseo hace que surja la amenaza para ella y las personas que habitan el inmueble de que ante la imposibilidad de pagar únicamente el servicio de acueducto y alcantarillado la facturación causada por su prestación se acumule y ello conlleve en un futuro a la suspensión o corte en el servicio.

Por lo tanto, para evitar esta amenaza contra el derecho fundamental del acceso a cantidades suficientes de agua de la accionante y las personas en situación manifiesta de vulnerabilidad que se encuentran a su cargo, la Sala ordenará a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que disponga lo necesario para que la accionante pueda pagar independientemente el servicio de acueducto y alcantarillado mientras se resuelve de manera definitiva la reclamación relativa a la deuda y facturación del servicio de aseo prestado por la empresa Aseo Capital S.A. ESP.

Al efecto resulta relevante indicar que esta posibilidad está expresamente contenida por el artículo 147 de la Ley 142 de 1994, de la siguiente forma:

“Art. 147.-

()

Parágrafo: Cuando se facturen los servicios de saneamiento básico y en particular los de aseo público y alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público domiciliario, no podrá cancelarse este último con independencia de los servicios de saneamiento básico, aseo o alcantarillado, salvo en aquellos casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado.��

Así mismo, se aclara que esta orden se encuentra supeditada a que en el término de un mes contado desde la notificación de la presente providencia la accionante presente las correspondientes acciones judiciales dirigidas a la impugnación de los actos administrativos que resolvieron sus reclamaciones, a los cuales ya se hizo referencia.

En conclusión, las circunstancias propias de este caso relativas al derecho económico sobre la facturación del servicio de acueducto y a las decisiones contenidas en actos administrativos susceptibles de acciones judiciales ordinarias no satisfacen los presupuestos legales para la procedencia del amparo constitucional, debido a que la accionante tiene a su disposición otros medios legales de defensa de sus derechos fundamentales.

Sin embargo, ante la existencia de un perjuicio irremediable en cabeza de la accionante acentuado por su convivencia con sujetos de especial protección constitucional, la Sala tutelará su derecho fundamental al acceso a cantidades suficientes de agua potable y por lo tanto ordenará a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado que disponga lo necesario para permitir el pago independiente del servicio de acueducto y alcantarillado hasta tanto se definan judicialmente las reclamaciones de la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 21 de junio del 2011 del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá la cual quedará de la siguiente forma:

“PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela para proteger los derechos de petición, el debido proceso y la igualdad, por existir otros medios de defensa judicial en cabeza de la accionante.

SEGUNDO: Tutelar el derecho de la señora Mary Luz Briñez Vilo y los sujetos de especial protección constitucional a su cargo, al acceso a cantidades suficientes de agua.

En consecuencia ordenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que disponga lo necesario para que la accionante pueda pagar independientemente el servicio de acueducto y alcantarillado, mientras se resuelve de manera definitiva por las autoridades judiciales la reclamación relativa a la deuda y facturación del servicio de aseo prestado por la empresa Aseo Capital S.A. ESP, la cual deberá ser iniciada por la accionante en el término de un mes contado a partir de la notificación de la presente decisión.”

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, en los términos previstos en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión (artículo 31 del Decreto 2591/91).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Aprobado en sesión de la fecha.

BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA

Magistrada

JUAN CARLOS GARZÓN MARTÍNEZ ALFONSO SARMIENTO CASTRO

                 Magistrado                             Magistrado

DCL

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Propiedades
Última modificación:20/05/2017 12:09:21 PM
Servicios Públicos: - Acueducto
Publicado:19/06/2013 08:40:00 AM
 
Problema Jurídico:
¿Aseo Capital S.A. ESP y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en su condición de Empresas de Servicios Públicos, así como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarlos como órgano encargado de la inspección y vigilancia de aquellas, vulneraron los derechos fundamentales de la accionante a la petición, la igualdad y el debido proceso al no acceder a su solicitud de que se tenga por prescrita una deuda relativa al servicio de aseo, y se cambie la clasificación y facturación del predio en el que esta reside?
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