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 Tribunal Administrativo de Cundinamarca exp 661 de 2014
  
 
T_CUND_25000-23-37-000-2014-00661-00

ACCION DE TUTELA – DERECHOS FUNDAMENTALES DE PETICION Y DEBIDO PROCESO – Derecho de petición ante autoridades judiciales

De lo anterior se tiene que el alcance del derecho de petición encuentra limitaciones tratándose de actuaciones jurisdiccionales, en donde los actos son reglados; por ello, deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces y funcionarios que ejercen jurisdicción, que son de dos clases:

Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto.

Las referidas a actuaciones eminentemente administrativas, que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulso procesal, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición de tal, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la Administración, esto es, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por lo que para establecer la esencia de la petición, se debe tener analizar la naturaleza de la repuesta; así, si versa sobre algún asunto relacionado con la litis, con el procedimiento, con poner en marcha el aparato judicial o el cumplimiento de

sus funciones jurisdiccionales,  la contestación equivaldría a un acto expedido en función jurisdiccional, que está reglado, por lo que el juez no está obligado a responder bajo las previsiones del derecho de petición, sino actuar conforme los términos, procedimiento y contenido de las actuaciones que correspondan a la situación. Caso contrario se regirá por las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia del derecho de petición.

Lo anterior evidencia que el trámite requerido por el actor tiene carácter jurisdiccional, lo que de conformidad con la jurisprudencia transcrita en precedencia implica la improcedencia de la acción de tutela por no ser el derecho de petición un instrumento pertinente para poner en movimiento a la administración de justicia, advirtiendo la Sala que el Juzgado accionado mediante auto del 11 de julio de 2014  se pronunció sobre la solicitud formulada negándola, indicando que el actor debía acreditar mediante escritura pública  la calidad de heredero universal de la demandante fallecida para que por Secretaría del Despacho se diera cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia respecto a la expedición de la primera copia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA

SUBSECCIÓN “A”

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil catorce (2014)

Magistrada Ponente: Dra. GLORIA ISABEL CÁCERES MARTÍNEZ

Acción:       TUTELA

Radicación:      25-000-23-37-000-2014-00661-00

Accionante:   GERARDO FELIPE ALBERTO LEÓN ARISTIZABAL

Accionado:   JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

El señor GERARDO FELIPE ALBERTO LEÓN ARISTIZABAL, actuando en nombre propio, ha instaurado Acción de Tutela en contra del JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso.

I. ANTECEDENTES

1. LA ACCIÓN

Se formula en el escrito de tutela la siguiente petición:

“Se me tutele el derecho de petición y debido proceso y en consecuencia que el despacho disponga lo pertinente, para aportar a la UGPP y cumplir con los requisitos de esa entidad para que dé cumplimiento al efecto de la sentencia proferida dentro del proceso 434 de 2007.”  (fl. 2).

Expone en sustento los siguientes,

HECHOS

Manifiesta que en el mes de diciembre de 2013 formuló petición ante el Juzgado 28 Administrativo del Circuito de Bogotá solicitando la entrega de copias, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2007-00434, que han transcurrido más de seis meses y no ha obtenido pronunciamiento alguno por parte del despacho judicial y no ha podido finiquitar los asuntos inherentes al resultado del proceso ante la UGPP.  

Indica que la jurisprudencia Constitucional ha reiterado la racionalidad e inmediatez de los trámites procesales, que en su caso se advierte una situación que obstaculiza el trámite de cumplimiento de sentencia, máxime si en la misma providencia judicial se ordenó la expedición de las copias; que el Despacho Judicial le vulnera sus derechos fundamentales de petición y debido proceso pues ha aportado los documentos necesarios y no se requiere un pronunciamiento de fondo como quiera que la sentencia se encuentra en firme (fls. 1-2)

2. TRÁMITE

La Acción de Tutela fue admitida por auto del 1° de julio de 2014, ordenando notificar a la parte accionada y solicitarle un informe sobre los hechos materia de la presente acción, y requerir al actor para que efectuara la manifestación juramentada de que trata el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (fls. 15-16).

Órdenes que fueron cumplidas por la Secretaría de la Sección mediante Oficios Nos. 00376j y 00377j, los cuales fueron recibidos el 2 de julio de 2014 (fls. 19-20); el actor cumplió el requerimiento efectuado mediante escrito radicado el 2 de julio de 2014 (fl. 17)

3. INFORME

El Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito de Bogotá mediante memorial recibido vía fax el 10 de julio de 2014 y radicado el 14 del mismo mes, rindió el informe solicitado por esta Corporación, bajo los siguientes argumentos:

Indica que la señora Margarita Eugenia León Aristizabal promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra CAJANAL, que inicialmente fue de conocimiento de ese Despacho pero que en virtud de las medidas de descongestión del Consejo Superior de la Judicatura le correspondió por reparto al Juzgado 11 Administrativo de Descongestión de Bogotá, quien mediante sentencia del 25 de abril de 2011 accedió a las pretensiones de la demanda, ordenó el pago del reajuste de la pensión mensual y autorizó la expedición de la primera copia para su ejecución.

Manifiesta que el apoderado del actor formuló solicitud de expedición de copias de la sentencia, la cual fue negada por ambigua mediante proveído de 14 de marzo de 2012, advirtiéndosele que de consistir su solicitud en la expedición de la primera copia ésta ya se había autorizado; que fue formulada una nueva solicitud, la cual fue negada mediante auto del 7 de junio de 2012, advirtiendo nuevamente que tal orden ya se había impartido en la sentencia proferida por el Juzgado 11 Administrativo de Descongestión.

Informa que el 10 de julio de 2013 el proceso se remitió a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos para que fuera archivado; que el 10 de diciembre de 2013 el actor, a través de apoderado, presentó solicitud de copias ante la Oficia de Apoyo advirtiendo que se trataba del heredero universal de la señora Margarita León; que el 4 de marzo de 2014 el proceso fue desarchivado y puesto en custodia del Despacho con la mencionada solicitud, el cual permaneció cerrado por cambio de secretarios del 21 de enero al 17 de febrero y del 31 de marzo al 18 de abril de 2014; que por auto del 8 de julio de 2014 se negó la solicitud de primera copia ante ausencia de prueba que acreditara la calidad de heredero universal del actor, cual es la escritura pública correspondiente, y que por error se registró dicha providencia con fecha de 11 de julio, cuando realmente se había suscrito el 8 del mismo mes.

Señala que conforme lo ha precisado la Corte Constitucional, el derecho de petición no es el medio adecuado para solicitar que se adelante un trámite judicial, por lo que la acción de tutela se torna improcedente.

Precisa que el Despacho solo tuvo conocimiento de la petición formulada por el actor hasta el momento en que fue desarchivado por la Oficina de Apoyo, esto es el 4 de marzo de 2014, y que mediante auto del 8 de julio fue resuelta negando la solicitud de copias que prestan mérito ejecutivo, por cuanto ya habían sido autorizadas en la sentencia, situación que había sido puesta en conocimiento del actor mediante autos del 14 de marzo y 7 de junio de 2012, por lo que su expedición está a cargo de la Secretaría del Despacho una vez se acredite debidamente la condición de heredero universal por parte del señor Gerardo Felipe León (fls. 22-24 y 42-44).

II. CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

De conformidad con el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, este Tribunal es competente para conocer en primera instancia del presente asunto, por cuanto se trata de una  acción de tutela instaurada en contra de un Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá.

LA ACCIÓN DE TUTELA

El artículo 86 de la Constitución Política prevé que toda persona podrá incoar la acción de tutela para reclamar ante los jueces de la República la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades y en los casos previstos en la ley con respecto a los particulares, procedente sólo cuando el afectado no dispone de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

PROBLEMA JURÍDICO

Se circunscribe a determinar si el Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito de Bogotá ha vulnerado los derechos de petición y debido proceso del actor con ocasión de la solicitud de expedición de copias auténticas formulada el 10 de diciembre de 2013 y reiterada el 15 de mayo de 2014.

Pero antes de entrar a estudiar si se configura o no el comportamiento inconstitucional que invoca el accionante, debe la Sala previamente definir si es procedente la acción de tutela conforme lo definido por la jurisprudencia constitucional.  

DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES JUDICIALES

En relación con el derecho de petición ante autoridades judiciales la Corte Constituciona

 señaló:  

“(…) el alcance de este derecho encuentra limitaciones tratándose de actuaciones judiciales, donde los actos son reglados; por ello, deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, que serán de dos clases: (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tales, se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulso procesal, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición de tal, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Ha precisado la Corte al respecto:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.

(…)

Puede concluirse que cuando se trate de solicitudes de las partes de un proceso judicial en el curso, ambas tienen el carácter de derecho fundamental; pero para distinguir si se hacen en uso del derecho de petición (artículo 23 C.P.) o en el de postulación (artículo 29 ibídem), y por tanto, cual sería el derecho esencial afectado con su desatención, es necesario establecer la esencia de la petición, y a ello se llega por la naturaleza de la repuesta; donde se debe identificar si ésta implica decisión judicial sobre algún asunto relacionado con la litis o con el procedimiento; pues en este caso, la contestación equivaldría a un acto expedido en función jurisdiccional, que por tanto, está reglado para el proceso que debe seguirse en la actuación y así, el juez, por más que lo invoque el petente, no está obligado a responder bajo las previsiones normativas del derecho de petición, sino que, en acatamiento al debido proceso, deberá dar prevalencia a las reglas propias del juicio que establecen los términos, procedimiento y contenido de las actuaciones que correspondan a la situación, a las cuales deben sujetarse tanto él como las partes.”

Por su parte, el H. Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia, Exp.  2011-01664-00(AC) en providencia de 3 de febrero de 2012 señaló:  

(…) “En el caso sub examine, el accionante planteó a título de amparo constitucional que se le vulnera por parte de la Consejera de Estado Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez su derecho de petición, porque no se le ha dado respuesta a las solicitudes de nulidad que propuso el 16 de mayo, 15 de septiembre y 15 de noviembre de 2011 respecto del proceso de tutela 2010-01398-01 del cual es ponente, en escritos visibles a folios 10 a 12.

Sobre el ejercicio de este derecho ante las autoridades judiciales la jurisprudenci ha señalado que cuando se hace una petición respecto de un tema que es objeto de discusión, el juez para su decisión debe seguir el trámite procesal correspondiente, teniendo en cuenta lo pedido por las partes, las pruebas y la legislación pertinente; por lo que no le es aplicable el procedimiento de las solicitudes de petición del C.C.A.”

(…)

De lo anterior se tiene que el alcance del derecho de petición encuentra limitaciones tratándose de actuaciones jurisdiccionales, en donde los actos son reglados; por ello, deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces y funcionarios que ejercen jurisdicción, que son de dos clases:

Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto.

Las referidas a actuaciones eminentemente administrativas, que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulso procesal, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición de tal, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la Administración, esto es, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por lo que para establecer la esencia de la petición, se debe tener analizar la naturaleza de la repuesta; así, si versa sobre algún asunto relacionado con la litis, con el procedimiento, con poner en marcha el aparato judicial o el cumplimiento de

sus funciones jurisdiccionales,  la contestación equivaldría a un acto expedido en función jurisdiccional, que está reglado, por lo que el juez no está obligado a responder bajo las previsiones del derecho de petición, sino actuar conforme los términos, procedimiento y contenido de las actuaciones que correspondan a la situación. Caso contrario se regirá por las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia del derecho de petición.

CASO CONCRETO

El señor Gerardo León Aristizabal solicita el amparo de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, manifestando que en diciembre de 2013 formuló petición al Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito de Bogotá, invocando su calidad de heredero universal  de la demandante fallecida  en el proceso identificado con el radicado 2007-00434, solicitando la expedición de la primera copia auténtica que presta mérito ejecutivo de la sentencia del 25 de abril de 2011 proferida por el Juzgado Once Administrativo de Descongestión sin que a la fecha de interposición de la acción de tutela hubiere resuelto su petición, lo que le ocasiona perjuicios como quiera que no ha podido adelantar los trámites administrativos ante la UGPP para el cumplimiento de la referida providencia judicial.

El Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito de Bogotá al dar contestación a la acción invoca su improcedencia aduciendo que el derecho de petición no es el medio adecuado para solicitar un tramite judicial; no obstante señaló que una vez tuvo conocimiento de la petición que originó la interposición de la presente acción, mediante auto del 8 de julio de 2014, que por error, señala fue calendado 11 de julio, negó la solicitud de expedición de copias formulada por el actor ante la ausencia de prueba que acredite su calidad de heredero universal de la demandante fallecida, precisando que una vez fuere acreditada mediante escritura pública, la Secretaría del Despacho daría cumplimiento a  la orden impartida en dicho sentido en la sentencia proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo en Descongestión de Bogotá.

Para resolver, obra a proceso copia, entre otros, de los siguientes documentos:

  1. Registro civil de defunción de la señora Margarita Eugenia León Aristizabal (fl. 11)
  2. Sentencia proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá el 25 de abril de 2011 en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 110013331028-2007-00434-00, promovida por la señora Margarita Eugenia León Aristizabal contra CAJANAL, que accedió a la pretensión de nulidad formulada y dispuso como restablecimiento del derecho la reliquidación de la pensión de vejez de la actora en los términos allí indicados, determinando en su ordinal séptimo:
  3. “SÉPTIMO: Una vez en firme esta sentencia, por la Secretaría del Despacho devuélvase el expediente al Juzgado de origen, para que expida a la parte demandante primera copia íntegra y auténtica de  la misma, que preste mérito ejecutivo, en los términos del numeral 2° del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, la comunique a la entidad demandada, con copia íntegra de su texto para su ejecución y cumplimiento de acuerdo con el inciso final del artículo 173 del Código Contencioso Administrativo y para que devuelva los remanentes del proceso, si los hubiere.” (fls. 25-36 y 46-66)

  4. Auto del 7 de junio de 2012 proferido por el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante el cual se dispuso:
  5. "Proceda el peticionario de conformidad a lo dispuesto en sentencia de fecha 25 de abril de 2011 numeral séptimo (folio 104), toda vez que las primeras copias auténticas requeridas ya fueron autorizadas por el Juzgado 11 Administrativo de Descongestión a favor del demandante.

    (…)” (fl. 37)

  6. Auto del 4 de marzo de 2012 proferido por el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante el cual se dispuso:
  7. "Negar la solicitud presentada por el apoderado demandante, teniendo en cuenta que no es clara su petición de copia auténtica, o de primera copia que preste mérito ejecutivo.

    Por lo anterior el peticionario deberá aclarar su solicitud; que de consistir en primera copia auténtica, será tramitada de conformidad con lo dispuesto en sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil once (2011), numeral séptimo, por el Juzgado once (11) administrativo de descongestión.” (fl. 38)

  8. Petición formulada por el actor al Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito de Bogotá el 10 de diciembre de 2013, solicitando la expedición de copias auténticas de sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Margarita Eugenia León Aristizabal,  radicado bajo el No. 2007-00434, con su respectiva constancia de ejecutoria, para lo cual otorga poder al abogado Danilo Alfonso Rodríguez Velásquez (fl. 3)
  9. Resolución RDP 004595 del 11 de febrero de 2014 proferida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por medio de la cual se negó la solicitud efectuada por el señor Gerardo Felipe Alberto León Aristizabal, con ocasión del fallecimiento de la señora Margarita Eugenia León Aristizabal, de reconocimiento del pago único a herederos derivado del cumplimiento del fallo proferido  el 25 de abril de 2011 por el Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá, atendiendo que el actor no aportó original o copia auténtica con constancia de ejecutoria del citado fallo (fls. 5-6)
  10. Solicitud formulada por el apoderado del actor al Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito de Bogotá el 15 de mayo de 2014, en los siguientes términos:
  11. “(…) en calidad de apoderado del señor FELIPE ALBERTO LEÓN ARISTIZABAL, heredero universal de la demandante (fallecida), de manera respetuosa me permito solicitarle, se de trámite al reconocimiento de la calidad de mi poderdante y se ordene expedir las copias de que trata la providencia anterior con la nota de mérito ejecutivo y otro juego de copias auténticas, con el fin de dar trámite a los requisitos exigidos por la UGPP, respecto al cumplimiento de la Sentencia, cabe anotar que esta solicitud se presentó desde finales del año 2013.” (fl. 4)

  12. Auto calendado 11 de julio de 2014, proferido según señala el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá el 8 de julio de 2014, el que dispone:

"Negar la solicitud presentada por el Dr. DANILO ALFONSO RODÍGUEZ VELÁSQUEZ, teniendo en cuenta que no allega prueba que acredite la calidad de heredero universal del señor FELIPE ALBERTO LEÓN ARISTIZABAL.

Por lo anterior el peticionario deberá acreditar la calidad del señor FELIPE ALBERTO LEÓN ARISTIZABAL como heredero universal de la Demandante (fallecida), mediante escritura pública.

Una vez acreditada tal calidad por secretaria dese cumplimiento a la sentencia del Juzgado 11 Administrativo en Descongestión.” (fl. 45)

Las pruebas allegadas a proceso acreditan que el actor solicitó al Despacho accionado el reconocimiento de la calidad de heredero universal y la expedición de la primera copia que presta mérito ejecutivo y copias auténticas de la sentencia proferida el 25 de abril de 2011 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 110013331028-2007-00434-00, promovida por la señora Margarita Eugenia León Aristizabal contra CAJANAL EICE en liquidación.

Procedimientos previstos en el Código General del Proceso, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 68.  SUCESIÓN PROCESAL. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador.

(…)

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil, se decidirán como incidente.

ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES.  Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

(…)

2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria.

(…)”

Lo anterior evidencia que el trámite requerido por el actor tiene carácter jurisdiccional, lo que de conformidad con la jurisprudencia transcrita en precedencia implica la improcedencia de la acción de tutela por no ser el derecho de petición un instrumento pertinente para poner en movimiento a la administración de justicia, advirtiendo la Sala que el Juzgado accionado mediante auto del 11 de julio de 2014  se pronunció sobre la solicitud formulada negándola, indicando que el actor debía acreditar mediante escritura pública  la calidad de heredero universal de la demandante fallecida para que por Secretaría del Despacho se diera cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia respecto a la expedición de la primera copia.

De conformidad con lo expuesto, se declarará improcedente la acción.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la presente acción de tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnado el presente fallo dentro de los tres (3)  días siguientes a su notificación, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Constancia: El proyecto de esta providencia fue estudiado y aprobado en sesión de la fecha.

LAS MAGISTRADAS

GLORIA ISABEL CÁCERES MARTÍNEZ

MARÍA MARCELA DEL SOCORRO CADAVID BRINGE

PATRICIA AFANADOR ARMENTA

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Última modificación:11/04/2017 09:23:02 PM
Servicios Públicos: - Tema complementario
Publicado:2/12/2014 07:05:00 PM
 
Problema Jurídico:
Acción de tutela - Derechos fundamentales de petición y debido proceso ? Derecho de petición ante autoridades judiciales
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