| www.superservicios.gov.co | INICIO | Contáctenos | Suscripción | Ingresar |
               
Base Juridica
Navegación

Google

La Web Base Documental Juridica
Búsqueda avanzada
Palabra clave
Título
Tipo
Entidad
Fecha de Expedición (aaaa-mm-dd)
Desde
Hasta
Año
Número
Servicio
 
 Tribunal Administrativo No. 567 de 2009
  
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN PRIMERA

SUBSECCIÓN B

 

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil nueve (2009)

 

Magistrado Ponente:        FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Radicación:                         No. 25000-23-15-000-2005-00567-02

Demandante:                      JAIRO ROJAS CASTRO

Demandado:                       MUNICIPIO DE CÁQUEZA (CUNDINAMARCA) Y OTRO

Referencia:                          ACCIÓN POPULAR –APELACIÓN SENTENCIA

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte actora, contra el fallo de 25 de noviembre de 2008 proferido por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. (fls. 232 a 244 cdno. No. 1), mediante el cual se dispuso lo siguiente:

 

PRIMERO:  DECLÁRASE CUMPLIDAS LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA de conformidad con las motivaciones que anteceden.

 

SEGUNDO:  NEGAR al actor, señor JAIRO ROJAS CASTRO, el incentivo económico a que hace referencia el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

 

QUINTO.  (sic) No se condena en costas por cuanto no aparecen probadas.

 

SEXTO.  (sic) En firme esta providencia y de no ser impugnada, archívese el expediente.” (fl. 244 cdno. No. 1 – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

 

 

 

 

I.  ANTECEDENTES

 

1.  La demanda

 

1)  Mediante  escrito  radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 6 de abril de 2005, el señor Jairo Rojas Castro, actuando en nombre propio, interpuso demanda en ejercicio de la acción popular contra el Municipio de Cáqueza (Cundinamarca) y la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP (fls. 1 a 12 cdno. No. 1) , cuyas pretensiones fueron las siguientes:

 

PRIMERO:  Que se declare mediante sentencia la protección de los Intereses y Derechos Colectivos consagradas en los artículos 1, 2, 82 y 102 de la Constitución Nacional (sic), y en los literales c),  d),  e),  g),  h), i) y el daño contingente contemplados en la ley 472 de 1998 y en el Ordenamiento Civil vigente vulnerados por la omisión de la autoridad Municipal en la vigilancia, protección y control del espacio público bajo su responsabilidad ubicados en la:  carrera 5 Nro. 2ª -09, carrera 3 Nro. 4-35, carrera 3 Nro. 3-59, calle 3 Nro. 4-54, de el (sic) Municipio de Cáqueza (Cundinamarca), en donde actualmente se encuentran postes de alumbrado eléctrico, los cuales amenazan con caer sobre los vehículos, peatones y la ciudadanía en general, que transitan por las direcciones referida (sic) debido a que presentan peligrosos grados de inclinación inferiores a los 90º que garantiza estabilidad y seguridad a los elementos perpendiculares.

 

SEGUNDO:  Que sea ordenado a la Empresa de Energía de Cundinamarca corregir la inclinación de los postes eléctrico o la demolición y/o sustitución de estos si es necesario, los cuales amenazan caer sobre las vías municipales referidas.

 

TERCERO:  Que sea ordenado a la Alcaldía Municipal de Cáqueza por intermedio de su oficina de Planeación Municipal y/o a la Empresa de Energía de Cundinamarca realizar un estudio con el fin de determinar si otros postes ubicados en el municipio de Cáqueza representan peligro para la comunidad.

 

CUARTO:  Que en el caso concreto sea remitido a las autoridades competentes para que determinen las responsabilidades y sanciones legales.

 

QUINTO:  Que en virtud del artículo 85 de la C.P. sea tomada como medida cautelar el retiro inmediato de los postes de energía que presenten mayor inclinación, y que sus bases se encuentren deterioradas, mientras se pronuncia de fondo la acción popular.

 

SEXTO:  Se condene a la entidad nombrada y a los demás que resulten responsables de la vulneración de derechos colectivos objeto de esta demanda, al pago de las costas que cause el proceso.

 

SÉPTIMO:  Se fije y ordene el pago a mi favor, de el (sic) incentivo establecido en el artículo 39 de la ley 472 de 1998.” (fls. 2 y 3 cdno. No. 1 – negrillas y mayúsculas fijas originales).

 

 

2)  La acción de la referencia fue presentada inicialmente en esta Corporación pero, remitida por competencia a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá D.C., en virtud de la entrada en operación de los mismos.

 

3)  Efectuado el respectivo reparto, según acta individual de la Oficina de Apoyo para tales despachos judiciales (fl. 116 cdno. No. 1), correspondió el conocimiento de la acción popular en cuestión al Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.

 

2.  Hechos

 

Como fundamento fáctico el demandante expuso, en síntesis, lo siguiente:

 

1)  En el sector ubicado en las siguientes direcciones:  a)  carrera 5 No. 2A-59;  b) carrera 3 No. 4-35;  c) carrera 3 No. 3-59, y  d) calle 3 No. 4-54 del municipio de Cáqueza (Cundinamarca), se encuentran situados unos postes de conducción de redes eléctricas sobre la vía pública, que además, están inclinados, y amenazan con caer.

 

2)  Tales postes constituyen peligro para las personas que circular por el lugar, y para los habitantes del sector, pues, si éstos se caen podrían ocasionar accidentes.

 

3)  Dicha situación genera un grave riesgo de seguridad, pues, en ese preciso sector es encuentra una vía de tránsito vehicular y peatonal que no tiene señal alguna sobre la presencia de los postes de conducción de redes eléctricas sobre la misma, y si eventualmente se produjera un accidente que ocasionara la caída de éstos, podría causar responsabilidad del Estado por omisión.

 

4)  Adicionalmente, se está vulnerando el derecho al goce del espacio público, dado que dichas construcciones deben ser instaladas en los andenes y no en la vía pública, circunstancia que genera responsabilidad por parte de las autoridades locales, debido a su posición de entidad protectora del espacio público y demás derechos de la comunidad.

 

5)  Finalmente, dichas circunstancias son hechos notorios de público conocimiento.

 

3.  Derechos e intereses colectivos presuntamente afectados

 

Con   la   presente   acción   se  pretende  la  protección  de  los  derechos  e

intereses colectivos consagrados en los literales b),  c),  d),  e),  g),  h),  y  l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, relativos a:  1)  la moralidad administrativa;  2) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;  3) el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público;  4) la defensa del patrimonio público;  5) la seguridad y salubridad públicas;  6) el acceso a una infraestructura de servicios públicos que garantice la salubridad pública, y  7)  el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

 

Adicionalmente, el actor consideró trasgredido el daño contingente contemplado en la ley 472 de 1998, y los artículos 1, 2, 82 y 102 de la Constitución Política.

 

4. Contestación de la demanda

 

La acción de la referencia fue admitida por auto de 8 de abril de 2005 (fl. 17 cdno. No. 1), donde se ordenó la notificación de tal decisión al Alcalde Municipal de Cáqueza (Cundinamarca) y al representante legal de la Empresa de Energía de Cundinamarca.

 

4.1  La Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP

 

Por intermedio de apoderado judicial, la Empresa de Energía de Cundinamarca contestó la demanda con oposición a la pretensiones de la misma (fls. 23 a 32 cdno. No. 1), con apoyo en los siguientes planteamientos:

 

1)  Si bien los elementos de que tratan los hechos narrados por el actor presentan una leve inclinación, es lo cierto que, los mismos no representan peligro ni amenaza para los peatones, las viviendas ni los vehículos.

 

2)  En el municipio de Cáqueza (Cundinamarca), la administración municipal ha dado apertura a algunas vías para la construcción de acueductos y alcantarillados, lo mismo que, para la pavimentación de éstas, por lo que, se han realizado excavaciones sin tener en cuenta la ubicación de los postes que transportan la red eléctrica, situaciones que han generado la leve inclinación de dichas estructuras presentan.

 

3)  En los archivos de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios no obra comunicación alguna en la que el municipio demandado haya informado sobre las obras adelantadas, ni mucho acerca de la apertura de nuevas vías públicas, es más, no se le consultó sobre la viabilidad técnica para llevar a cabo dichos trabajos.

 

4)  De acuerdo con lo anterior, es claro que el único responsable de la violación de derechos e intereses colectivos es el municipio de Cáqueza.

 

5)  Los postes de que tratan los fundamentos fácticos de la demanda fueron construidos hace más de 30 años, y las excavaciones que se están realizando, se vienen efectuando desde hace aproximadamente 1 año.

 

6)  La empresa demandada tuvo conocimiento de los hechos hasta cuando le fue notificado el auto admisorio de la demanda, pues, la comunidad no había presentado reclamo alguno.

 

7)  Como quiera que la  Empresa de Energía de Cundinamarca es consciente de que el servicio que presta debe brindarlo de manera adecuada y eficiente, y en aras de proporcionar una mayor estética, realizará en menos de 45 días un reaplomo de los postes, con lo que, quedan satisfechas las pretensiones de la demanda.

 

En dicha oportunidad, la empresa demandada propuso la excepción de “inexistencia de acción u omisión de la Empresa de Energía de Cundinamarca que atente contra los derechos e intereses colectivos”, por cuanto, la leve inclinación que presentan las construcciones de que tratan los hechos de la demanda se debe a unos trabajos que está adelantando la administración municipal de Cáqueza (Cundinamarca), sin que ello signifique que tales elementos representan peligro o amenaza para la comunidad.

    

4.2  El Municipio de Cáqueza (Cundinamarca)

 

Mediante escrito radicado el 17 de junio de 2005, el municipio demandado, por intermedio de apoderado judicial contestó la acción ejercida para oponerse a la prosperidad de las súplicas elevadas (fls. 53 a 61 cdno. No. 1), con base en los argumentos que a continuación se exponen:

 

1)  La parte actora afirma que hace años los postes ubicados en un precios sector del municipio presentan inclinación, empero, no especificó desde cuándo.

 

2)  Adicionalmente, el demandante aportó con el libelo una serie de fotografías que carecen de valides, en la medida en que, no se conocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el registro de dichas imágenes, es más, no reúnen las condiciones mínimas para que puedan ser tenidas como documentos, de conformidad con la normatividad procesal vigente (el municipio demandado no indicó a qué normas se refería).

 

3)  La demanda presenta una serie de deficiencias que impiden a la entidad pública demandada hacer un pronunciamiento de fondo sobre la misma.

 

4)  Es la Empresa de Energía de Cundinamarca la encargada de verificar y garantizar que las redes que transportan electricidad y los demás elementos que se utilizan para cumplir con la prestación del servicio, operen de manera adecuada, en condiciones técnicas mínimas de seguridad.

 

5)  La instalación de los postes objeto de la acción ejercida, está a cargo de la empresa demandada, a quien además, corresponde el mantenimiento y seguimiento de la infraestructura.

 

6)  Los que busca el actor es obtener un beneficio económico, ya que, ha presentado un sin número de demandas en contra del municipio de Cáqueza (Cundinamarca), con el mismo formato, y en todas las oportunidades omite explicar el concepto de la violación en la que supuestamente ha incurrido la administración municipal frente a las normas invocadas como desconocidas, es decir, que el demandante se limita a cumplir con los requisitos formales para presentar la acción, olvidando cumplir con las exigencias sustanciales.

Tales situaciones ponen en evidencia la actuación temeraria de éste.

 

7)  La parte demandante asegura que el municipio demandado ha violado el derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa, pero, la manifestación carece de respaldo probatorio.      

 

8)  Asimismo, afirma el actor que los elementos que transportan las redes energía en ese preciso sector del municipio de Cáqueza se van a caer; sin embargo, no aportó un estudio técnico del cual siquiera se desprenda que ello podría ocurrir.

  

5.  Réplica del municipio de Cáqueza frente al medio exceptivo formulado por la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP

 

 

Mediante escrito radicado el 25 de junio de 2005 (fls. 68 a 71 cdno. No. 1), el demandante realizó, en síntesis, el siguiente pronunciamiento con relación a la excepción planteada por la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios:

 

1)  La instalación de postes está a cargo de la empresa demandada, luego, si éstos están mal ubicados, ello no puede imputársele al municipio de Cáqueza (Cundinamarca), pues, para hincarlos se debieron realizar estudios que indicaran que la posición de los mismos se ajusta a las respectivas especificaciones técnicas.

 

2)  Lo único que busca la empresa demandada es exculparse, atribuyéndole responsabilidad a la administración municipal, sin que medio elemento de prueba que demuestre tales afirmaciones.

     

6.  La actuación surtida por el a quo 

 

Adelantado el trámite propio de este tipo de acciones constitucionales, a través de memorial presentado el 31 de enero de 2007 (fl. 171 a 177 cdno. No. 1), el Agente del Ministerio Público solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado desde la providencia mediante la cual se avocó el conocimiento del asunto, porque en su parecer esta Corporación debía continuar con el trámite de la acción.

 

Mediante proveído de 8 de abril de 2008 (fls. 191 a 194 cdno. No. 1) el juez de primera instancia denegó dicha petición, por considerar que ya había un pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado que definía ese puntual aspecto.

 

7.  La sentencia de primera instancia

 

El Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá, en providencia de 25 de noviembre de  2008  (fls. 232 a 244 cdno. No. 1)  declaró cumplidas las pretensiones de la demanda y denegó el incentivo económico en favor del actor en  los  términos  ya  transcritos, por las razones que a continuación se resumen:

 

1)  Si bien es cierto que las fotografías aportadas con la demanda demuestran la inclinación que los postes presentan, también lo es que, de las imágenes registradas no se puede establecer que esa característica genere peligro de caída, ni mucho menos vulneración de derechos e intereses colectivos.

 

2)  Corresponde a la Empresa de Energía de Cundinamarca efectuar el mantenimiento y la reparación de las redes locales, lo mismo que, de los elementos que las transportan.

 

3)  De las pruebas allegadas al proceso, se tiene que, algunos de los postes a que se hace en la demanda fueron aplomados y otros fueron cambiados con posterioridad a la notificación de la demanda, por ende, se trata de una situación de hecho superado.

 

4)  No obstante lo anterior, en el expediente no obra medio de prueba que demuestre que la inclinación que dichas estructuras presentaban generara peligro para la comunidad; por consiguiente, no puede predicarse como cierta la vulneración de derechos e intereses colectivos alegada por el demandante, luego, no es viable el reconocimiento del incentivo económico de que trata el artículo 39 de la ley 472 de 1998.       

 

8.  El recurso de apelación

 

El actor interpuso recurso de apelación contra el fallo referido (fl. 246 cdno. No. 3),  impugnación  que  fue concedida por el a quo en auto de 15 de diciembre de  2008  (fl. 248 ibídem). 

 

Una vez remitido el expediente de la referencia a esta Corporación, con el fin de desatar el recurso de alzada, en forma previa a decidir sobre la admisión del mismo, el Magistrado Sustanciador, mediante proveído de 5 de marzo de 2009 (fls. 11 y 12 cdno. ppal.) ordenó correr traslado al apelante para sustentar la impugnación presentada.

 

En virtud de tal orden, mediante memorial radicado el 13 de marzo de 2009 en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, la parte actora sustentó el recurso interpuesto (fls. 14 a 16 cdno. ppal.).

 

Los argumentos de la impugnación presentada son los siguientes:

 

1)  Gracias a la intervención del demandante se logró la protección de derechos e intereses colectivos, y la restitución de la calma y la tranquilidad de la comunidad.

 

2)  Existen diversas situaciones que se traducen en la inminencia del peligro al que estaban expuestos los habitantes y transeúntes del sector por las condiciones de los postes indicados en el petitum, como lo es el hecho de que las cuerdas que conducen la energía están más tensionadas de lo permitido, por virtud de la inclinación de dichas estructuras.  

 

3)  La administración local fue permisiva con la problemática que se venía presentando.

 

4)  La posición en la que se encuentran los elementos objeto de la presente acción, también produce la violación del derecho e interés colectivo al espacio público, es toda su dimensión, situación que conlleva a la vulneración del derecho constitucional fundamental a la libertad de circulación, y además, genera peligro para la vida e integridad física de las personas que residen y transitan por el sector.

 

5)  La entidad pública y la empresa prestadora de servicios públicos demandadas no demostraron diligencia y cuidado frente a la situación que se presenta, es más, no probaron que se realizaron mantenimientos, ni que se hubieran instalado señales de prevención sobre la existencia del peligro.

 

6)  El juez de primera instancia omitió realizar un pronunciamiento acerca de algunos de los planteamientos expuestos en el escrito contentivo de los alegatos de conclusión en primera instancia.

 

7)  Está demostrado que, al momento del ejercicio de la acción, las construcciones de que tratan los fundamentos fácticos de la demanda presentaban una inclinación, problemática que fue aceptada por la parte demandada, y que, con posterioridad a la notificación del auto que dispuso la admisión de la demanda, la Empresa de Energía de Cundinamarca reubicó, aplomó y cambió los postes.

 

8)  La actuación de la parte demandante fue diligente, por lo que, no se ajusta a derecho denegar el reconocimiento del incentivo económico en favor de ésta.

 

9.  Actuación surtida en segunda instancia

 

Una vez sustentado el recurso presentado por el actor, y luego de unos requerimientos previos, por auto de 21 de mayo de 2009 (fls. 33 y 34 cdno. ppal.), se admitió la impugnación de alzada y se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días, y vencido éste, y por el mismo lapso, correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo concepto.

 

En dicho término las partes guardaron silencio.

 

10.  Concepto del Ministerio Público

 

El Agente del Ministerio Público Delegado ante esta Corporación, luego de hacer una síntesis sobre el recurso de apelación y la sentencia recurrida, emitió concepto (fls. 36 a 42 cdno. ppal.) en los siguientes términos:

 

1)  Dentro del asunto de la referencia hay lugar a reconocer el incentivo económico en favor del actor, ya que, éste aportó una serie de fotografías en las que se registraban las imágenes de la inclinación de los postes objeto de la acción de la referencia, y precisamente, con base en dicho material probatorio y el ejercicio de la acción, la empresa demandada adoptó medidas correctivas que, si no hubieran sido necesarias, ésta habría indicado las razones por las cuales no era viable la reubicación el aplome de los mismos.

 

2)  Es de sentido común y acorde a las reglas de la experiencia, que los postes que conducen energía deben estar debidamente aplomados, pues, de lo contrario podrían causar un daño contingente a la comunidad.

 

3)  Según el dictamen pericial rendido dentro del asunto que ocupa la atención, las correcciones y modificaciones de las estructuras se efectuaron dos años antes de la presentación del informe, de lo que se desprende que dichas medidas fueron tomadas con posterioridad al ejercicio de la acción.

 

4)  En el proceso no se encuentra demostrado que el demandante haya actuado con un ánimo o propósito distinto al de la protección de derechos e intereses colectivos.   

 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración, con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción popular;  2)  objeto de la apelación y competencia del ad quem, y  3) el caso concreto.

 

1.  Finalidad de la acción popular

 

Las acciones populares consagradas en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política, reglamentadas por la ley 472 de 1998, tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares cuando ellos actúen en desarrollo de funciones administrativas.

 

En la forma y términos de la reglamentación contenida en los artículos 1, 2, 4  y  9  de  la ley 472 de 1998, los elementos necesarios para la procedencia de las acciones populares, son los siguientes:

 

1)  La finalidad es la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva.

 

2)  Procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar ese tipo de derechos o intereses.

 

3)  Se  ejerce  para  evitar  el  daño  contingente,  hacer  cesar  el  peligro, la amenaza, la vulneración, o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

 

4) Los derechos e intereses colectivos susceptibles de esta acción son todos aquellos definidos como tales en la Constitución Nacional, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia, como por ejemplo los mencionados en el artículo 4 de la ley 472 de 1998.

 

5)  La titularidad para su ejercicio, como su nombre lo indica, está dada por su naturaleza popular, por lo tanto puede ser ejercida por cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, o también por las autoridades, organismos y entidades señalados en el artículo 12 de la ley 472 de 1998.

 

2.   Objeto de la apelación y competencia del ad quem

                           

Sobre   el   punto,  cabe  advertir  que,  dentro  del  asunto  de  la  referencia

únicamente interpuso recurso de apelación la parte actora.

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que se trata de una situación de apelante único, donde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable en virtud de la remisión expresa legal contenida en el artículo 37 de la ley 472 de 1998, la competencia del juez en segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso.

 

En efecto, el inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil preceptúa:

 

Artículo  357.-   Modificado.  Decr.  2282  de  1989,  art. 1o, mod.

175.  La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla.  Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

 

“......................................................................................................”.

 

 

 

En ese contexto, es claro que el ad quem, cuando se trata de apelante único, sólo puede revisar la actuación en cuanto tienen que ver con los motivos de la impugnación, huelga decir, no puede el juez de segunda instancia entrar a analizar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, razón por la cual, la competencia funcional de esta Corporación se encuentra restringida legalmente.

 

3.  El caso concreto

 

En el caso sub examine la parte actora, en ejercicio de la acción popular demandó al Municipio de Cáqueza (Cundinamarca) y a la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP, por el hecho de que en esa municipio se encuentran instalados unos postes conductores de redes de energía sobre unas vías públicas, los cuales presentan inclinación, que, a consideración de ésta, genera peligro para los habitantes, transeúntes y conductores de vehículos automotores que transitan por el lugar.

 

El juez de primera instancia declaró cumplidas las pretensiones, por considerar que en el trámite de la acción la empresa demandada aplomo y reubicó los postes objeto de la acción, pero, denegó el reconocimiento del incentivo económico en favor del demandante, porque, en su parecer aunque se habían realizado tales obras, no se había acreditado la violación de derechos e intereses colectivos. 

 

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala revocará parcialmente el fallo impugnado, por las siguientes razones:

 

1)  Uno de los argumentos esgrimidos contra la sentencia de primera instancia radica en el hecho de que, el a quo omitió hacer un pronunciamiento respecto a algunos de los planteamiento expuesto en el escrito contentivo de las alegaciones finales.

 

No obstante, el recurrente no indicó acerca de qué precisos aspectos el juez de primer grado olvidó pronunciarse.     

 

Sin perjuicio de lo anterior, es igualmente relevante anotar que, con una lectura integral de la providencia apelada, es suficiente para establecer que el a quo no omitió el estudio o análisis de  punto alguno del que debiera existir pronunciamiento, toda vez que los hechos, fundamentos de derecho y posiciones procesales de las partes fueron resueltos, por lo que esta Sala de Decisión se sustrae de efectuar un pronunciamiento adicional al respecto.

 

2)  De otra parte, el motivo central de inconformidad del apelante tiene que ver con el juez de primera instancia denegó el reconocimiento del incentivo económico de que trata el artículo 39 de la ley 472 de 1998.

 

Al respecto, es importante anotar lo siguiente:

 

a)  El artículo 39 de la ley 472 de 1998 contempla la posibilidad de reconocerse a   favor  del  actor  un  incentivo  económico  por  su  conducta  y  diligencia demostrada a lo largo de la actuación procesal, en los siguientes términos:

 

Artículo  39.-   Incentivo.   El  demandante  en  una  acción

popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales.

 

“Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos”:

b)  La jurisprudencia del Consejo de Estado[1] ha precisado que corresponde a la órbita de discrecionalidad del juez de la acción popular para fijar el monto de dicho incentivo, sólo que, deberá hacerlo dentro de los topes mínimo y máximo que el legislador previamente ha establecido y en consideración a la actuación desplegada por el actor dentro del proceso, criterio que ha fijado con el siguiente razonamiento:

 

“La  Sala  ha  insistido  de  tiempo  atrás[2]  que  las  acciones populares no tienen por objeto la obtención de beneficios pecuniarios, sino “…la protección efectiva de derechos e intereses colectivos, de manera que se hagan cesar los efectos de su resquebrajamiento…”[3] y en que lo que debe motivar a los ciudadanos a interponerlas es la solidaridad, lo cual no se opone a que la ley haya establecido una compensación a la carga adicional que asumen las personas que ejercitan una acción en beneficio de la comunidad y no en el mero interés individual o beneficio propio.[4]

 

También ha recalcado que el derecho al incentivo no se origina por voluntad de las partes ni está sometido a la liberalidad del juez, sino que surge del mandato legal; aunque su cuantía sí la establece éste de manera discrecional pero dentro de los parámetros mínimos y máximos establecidos en la ley. Así lo destacó la Sala en providencia de 19 de octubre de 2000, expediente: AP-125, al señalar que “la facultad de premiar a los particulares por emprender labores de protección de intereses colectivos, sin duda, queda siempre en cabeza del juez, pues no se trata de un asunto negociable, sino que está dispuesto en la ley como un derecho del actor que, debe ser concedido por el juez en el momento que discrecionalmente determine dentro de los parámetros legales.”

 

“En tal virtud, el Legislador consagró en el Capítulo XI de la Ley 472 de 1998, el reconocimiento al actor popular de un incentivo de carácter económico con el objetivo de estimular y recompensar su labor como protector de los derechos e intereses colectivos, para lo cual partió del supuesto de que la actividad desplegada por el actor tiene como único objetivo el beneficio de la comunidad y no la satisfacción de un interés individual, pues pretende la protección de los derechos colectivos, también denominados “difusos”, y no de un derecho subjetivo cuya vulneración lo afecta exclusivamente a él.[5]  

 

 

 

c)  En esos términos, revisada la actuación, es claro que el demandante aportó pruebas y solicitó la práctica de medios probatorios, tendientes a demostrar los fundamentos fácticos de la demanda, participó en cada una de las etapas procesales, pues, presentó una fórmula de acuerdo dentro de la acción interpuesta (fl. 74 cdno. No. 1), asistió a la audiencia especial de pacto de cumplimiento (fl. 75 ibídem), y presentó alegatos de conclusión (fls. 216 a 226 cdno. No. 1).

 

Tales situaciones ponen en evidencia que la conducta desplegada por el demandante estuvo dirigida a proteger derechos e intereses colectivos, más que a obtener un provecho, máxime si se parte de la base de que, las súplicas de la demanda cuentan con soporte jurídico y probatorio. 

 

d)  Si bien es cierto que dentro del expediente no existe un informe técnico que acredite si la posición en la que se encontraban los postes a que se refiere el demandante en el petitum, generaban peligro para la comunidad, también lo es que, tal situación no fue desvirtuada por las demandadas.

 

Además, en las imágenes registradas en las fotografías allegadas al proceso, es evidente el riego al que podrían estar sujetas las personas que viven y transitan por el sector, dada la cercanía de las estructuras a los inmuebles y a los andenes o pasos peatonales (fls. 10 a 12 cdno. No. 1), elementos fotográficos son un indicio serio del inminente peligro al que se veían expuestos los habitantes y transeúntes del lugar.     

 

En cuanto tiene que ver con la prueba indiciaria, deben hacerse las siguientes anotaciones:

 

i)  A términos de lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable por remisión expresa contenida en el artículo 29 de la ley 472 de 1998, las fotografías son consideradas como una clase de documento.

 

ii)  Por su parte, el artículo 258 de la misma disposición normativa establece que la prueba que resulte de los documentos es indivisible.

 

 Acerca de esa precisa norma, la doctrina nacional[6] ha señalado lo siguiente:

 

(…), con lo cual se quiere significar que el análisis del documento debe ser hecho en su integridad y cuando se trata de alguno con contenido declarativo se estará a lo que de él se establezca, salvo que exista prueba en contrario que permita tomarlo tan solo de manera parcial, regla de la indivisibilidad (…).”    

 

 

iii)  En cuanto tiene que ver con los indicios, es importante anotar lo siguiente:

 

-   Según   el   Diccionario   de   la  Lengua  Española  de  la  Real  Academia

Española, el indicio es el “Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. (…).”.

 

-  El artículo 248 del C.P.C., preceptúa que para que un hecho pueda considerarse indicio, debe estar debidamente probado en el proceso.

 

-  Adicionalmente, el artículo 250 de la misma norma consagra que corresponde al juez apreciar los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia, convergencia y relación con otros medios de prueba que obren en el expediente.

 

-  Al respecto, la doctrina nacional[7] ha hecho las siguientes precisiones con relación a los indicios:

 

2.  REGULACIÓN DE LOS INDICIOS

 

“……………………………………………………………………………

 

“Bien se observa entonces que el hecho conocido, o sea aquel a partir del cual se va a realizar la inferencia, debe estar cabalmente probado dentro del proceso por cualquier medio de prueba admisible, requisito central para que a partir del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido, de manera tal que no sería atendible la prueba indiciaria si el hecho indicador se establece sobre la base de conjeturas y no de estar demostrado, de donde surge la necesidad de que el juez, al realizar el análisis crítico, haga, en primer término, expresa referencia a las pruebas que acreditan y le llevan certeza acerca del hecho conocido del cual parte su inferencia.” (negrillas originales). 

 

 

 

iv)  De acuerdo con todo lo anterior, es evidente que la prueba documental debe ser analizada en su integridad, y que los indicios son aquellos hechos probados respecto de los cuales se pueda inferir la existencia de otro que no está demostrado.

 

En ese orden de ideas, dentro del caso sub examine se logró probar que los elementos de que tratan los hechos narrados por la parte actora estaban inclinados, y que los mismos fueron aplomados y reubicados con posterioridad a la presentación de la demanda, de lo que es posible afirmar que esa situación tenía la potencialidad de causar un daño, pues, de lo contrario la empresa prestadora de servicios públicos no hubiera adoptado medidas tendientes a hacer cesar el peligro.

 

e)  Asimismo, es importante señalar que, la acción popular es de carácter preventiva, en la medida en que,  con el ejercicio de ese tipo de acciones constitucionales también se busca evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro o amenaza, sin que se requiera que efectivamente se cause un daño o se concrete el agravio para que se procedente la presentación de la demanda en ejercicio de la acción, o la protección de derechos e intereses colectivos.   

 

f)  Así las cosas, dentro del proceso se encuentra acreditado que a la fecha de presentación de la demanda se estaba generando la amenaza de derechos e intereses colectivos, que gracias a la intervención del actor se logró hacer cesar el peligro, y que en el trámite de la actuación se llevaron a cabo medidas para mitigar el riesgo al que se encontraban expuestos los transeúntes y habitantes del sector, por lo que, no resulta ajustada a derecho la decisión del a quo frente al reconocimiento del incentivo económico, por lo que, se impone revocar la sentencia impugnada en ese preciso sentido.  

 

g)  El material fotográfico allegado al proceso muestra claramente que los postes se encuentran hincados sobre las vías públicas de los sectores de que tratan los hechos narrados por el actor, por lo que resulta evidente la violación al goce del espacio público, más aún si se parte de la base, de que las autoridades municipales, al parecer permitieron omitieron su deber de garantizar el uso y goce del espacio público, luego no resulta atendible afirmar que la trasgresión alegada por la parte demandante sea producto únicamente de la falta de mantenimiento y vigilancia por para de la Empresa de Energía de Cundinamarca, pues, dichas autoridades deben adoptar las medidas necesarias para tal efecto, circunstancia que no se evidencia dentro del presente asunto.

 

h)  Igualmente, la manifestación de la empresa prestadora de servicios público demandada, en cuanto tiene que ver, con que la responsabilidad frente a los hechos solamente le es atribuible a la administración municipal, por cuanto ésta ha realizado obras públicas que han alterado las condiciones en las que inicialmente fueron hincados los postes, no es de recibo, en consideración a que dicha empresa es la propietaria y/o administradora de las citadas construcciones o de los postes con los que se prestan los servicios de que tratan los hechos de la demanda, y por ende, debe propender  porque la prestación de los servicios públicos que ofrece se haga de una manera eficiente, idónea y en condiciones dignas, tal como expresa y perentoriamente lo determina el artículo 365 constitucional, al preceptuar que dicho deber es inherente a la finalidad social del Estado, todo ello en armonía con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución, según el cual, el Estado Colombiano se encuentra organizado bajo la fórmula política del Estado Social Democrático y de Derecho, obligación que la empresa demandada no cumplió, ya que, los postes se encontraban ubicados en plena vía pública y presentaban inclinaciones, lo que genera a todas luces una flagrante violación de los derechos e intereses colectivos.

 

En ese orden de ideas, como quiera que gracias a la intervención de la parte actora se logró evitar un daño eminente, se impone revocar la sentencia en cuento tiene que ver con la negativa del reconocimiento del incentivo económico en favor del demandante, para en su lugar ordenar el pago del incentivo económico de que trata el artículo 39 de la ley 472 de 1998 a favor del actor, a costa del municipio de Cáqueza (Cundinamarca) y de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP, en cuantía de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el que deberá pagarse en proporciones iguales, esto es, en un cincuenta por ciento (50%) a cargo de cada una de ellas.

 

 

Por lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUB SECCIÓN B, administrando  justicia  en  nombre

de  la  República  de  Colombia  y por autoridad de la ley,

 

 

F A L L A:

 

1°)  Revócase el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 25 de noviembre de 2008, dictada por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá.

 

En consecuencia, reconócese  el incentivo económico a que se refiere el inciso 1° del artículo 39 de la ley 472  de 1998, en el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales en favor del actor, y a cargo del Municipio de Cáqueza (Cundinamarca) y de la Empresa de Energía de Cundinamarca, el cual deberá pagarse en proporciones iguales, es decir, en un cincuenta por ciento (50%) a cargo de cada una de ellas.

 

2°)  Confírmase en lo demás el fallo proferido por el juez de primera instancia.

 

3°)  Para los fines de que trata el artículo 80 de la ley 472 de 1998, remítase copia integral de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

 

4°)  Ejecutoriada esta providencia, previas las constancias de rigor, por Secretaría devuélvase el expediente al juzgado de origen.

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Discutido y aprobado en sesión de Sala de la fecha. Acta No.

 

 

FREDY IBARA MARTÍNEZ

Magistrado

 

 

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO                            AYDA VIDES PABA

                  Magistrado                                                                  Magistrada



[1] Ver entre otras:  Consejo de Estado, Sección Tercera, providencias de 16 y 17 de mayo de 2007, expedientes números:  25000-23-25-000-2003-01252-02(AP) y 73001-23-31-000-2004-00966-01(AP), Magistrados Ponentes:  Alier Eduardo Hernández Enríquez y Ruth Stella Correa Palacio, respectivamente.

 

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de mayo de 2006, Exp. 25000-23-25-000-2004-00938-02(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

 

[3] Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 14 de abril de 1999, M.P. Martha Sáchica de Moncaleano. 

 

[4] “…el fin, móvil o motivo de la incorporación del reconocimiento del incentivo al actor popular se traduce en la necesidad de inducir a los ciudadanos con miras a invitarlos a participar activamente en la protección a los derechos e intereses colectivos, bienes jurídicos que involucran una importante vocación social…”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AP-52001-23-31-000-2004-02180, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

[5] Recuérdese que “…[el] estímulo económico a favor de quienes ejercen las acciones populares viene desde el Código Civil (artículo 1005) que lo fijaba en el equivalente a´una suma que no baje de la décima ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad´. Tal beneficio económico no fue concebido como un castigo para la entidad o persona reacia a cesar en la trasgresión de los derechos e intereses colectivos, sino como una compensación por la labor altruista del actor, así dicha suma deba pagarse a costa de la entidad o persona responsable de la vulneración….” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de mayo de 2006, Exp. 25000-23-25-000-2004-00938-02(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

[6] LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. “Procedimiento Civil”.  Tomo III Pruebas. Dupré Editores, 2ª edición, pág. 381.

 

[7] Ibídem.

Acciones
Descargar PDFDescargar PDF
Ver documento en pantalla completaPantalla Completa
Propiedades
Última modificación:18/03/2010 06:53:17 PM
Servicios Públicos: - Energia electrica
- Tema complementario
Publicado:30/07/2009 08:29:00 AM
Temas
    NO tiene temas.
    Derechos reservados de la SSPD. Desarrollado por

    Enlaces de interés: CRA | CREG | MME | MAVDT

    Documentación Jurídica procesada por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda para la SSPD hasta diciembre de 2009.
    Documentación Jurídica procesada por la Oficina Jurídica de la SSPD a partir de Enero de 2010.
    ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"