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 Concepto SSPD 129 de 2002
  
 

CONCEPTO 129 DE 2002

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Bogotá D.C.,

2002-130

CONCEPTO SSPD 20021300000129 1

JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ

Presidente Junta Administradora Local.

Calle 60 No. 9 A ?32

Manizales (Caldas)

Ref.: Consulta enviada por la Cámara de Representantes-Comisión Sexta

En escrito dirigido a la Contraloría General de la República, presentado dentro de la audiencia pública sobre servicios públicos se consulta cuál es la razón para que la Televisión por Cable no se pueda llegar a considerar como un servicio público domiciliario, si con ello el Estado genera ventajas para las empresas que distribuyen la señal, a quién corresponde generar los ajustes de ley para calificar este servicio como domiciliario, y si la modalidad comercial de estilo monopolístico de las empresas y el uso del espectro daría suficiente mérito para que se regule por la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios.

Su escrito fue enviado a la Cámara de Representantes y el Secretario de la Comisión Sexta la remitió a l Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, mediante oficio CSCP 299-02 para que se le diera respuesta, por lo que se harán las siguientes consideraciones con el alcance establecido en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo

El artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que determine la Ley, que estos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, y que en todo caso el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Así mismo el artículo 367 determina que la Ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y las entidades competentes para fijas las tarifas, y el artículo 369 indica que la Ley determinará los deberes y derechos de los usuarios. A su turno, el artículo 370 Superior dispone que corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la Ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

Las normas superiores crean un categoría de servicios públicos: los domiciliarios, y faculta al legislador para señalar el régimen jurídico de estos. Con fundamento en ellas el Congreso de la República expidió la Ley 142 de 1994, por medio dela cual se fija dicho régimen. Esta Ley dispone que son servicios públicos domiciliarios los de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución d gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural.

Ahora bien, la Constitución Política no define qué debe entenderse por servicios públicos domiciliarios ni fija pautas para clasificar un servicio como domiciliario, dejando al legislador una amplia facultad de configuración. Con todo, el calificativo de domiciliario restringe estos servicios a aquellos que se prestan directamente en el domicilio del usuario, siguiendo la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: ? Domiciliario../2 Que se ejecuta o se cumple en el domicilio del interesado.?

A partir de las anteriores consideraciones, en principio se podría inferir que el legislador está facultado para clasificar el servicio de televisión por cable como servicio público domiciliario, pero, la Constitución Política dispone en el artículo 77 que la televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio (La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) según el artículo 3 de la Ley 182 de 1995). En igual sentido, el artículo 76 Superior prevé que la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto al régimen legal propio, por lo que se concluye que la televisión estará sujeta a un régimen jurídico de intervención del Estado distinto a que corresponde a los servicios públicos domiciliarios.

Lo anterior no obsta para que el Congreso en ejercicio de sus facultades constitucionales pueda expedir una ley de protección de los usuarios del servicio de televisión por cable, en condiciones similares a las establecidas para los servicios públicos domiciliarios, bien a iniciativa de los Congresistas, ora del Ministerio de Comunicaciones.

En lo que dice relación al desarrollo legislativo de las normas superiores sobre televisión, el Congreso de la República expidió la Ley 182 de 1995 ?por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforman la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones.? En el artículo primero de esta Ley se define que ?La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. Esta Ley fue modificada por las Leyes 335 de 1996, 506 de 1999 y 680 de 2000.

En cuanto refiere a las tarifas, la Ley 142 de 1994 dispone en el artículo 88 tres modalidades: la tarifa regulada, la tarifa libre vigilada y la tarifa totalmente libre. La norma prevé en el numeral 88.2 que las empresas de servicios públicos tendrán libertad para fijas sus tarifas cuando no tengan una posición dominante en su mercado. De manera que la tarifa regulada no es una regla que identifique a los servicios públicos domiciliarios. Al efecto se reitera que ellas pueden estar sujetas al régimen de libertad vigilada o de plena libertad, si las condiciones del mercado así lo ameritan.

Conviene precisar que la constitución política prevé, igualmente, en el artículo 75 que el Estado intervendrá por mandato de la Ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.

Atento saludo,

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Jefe Oficina Asesora Jurídica

1. Radicación Ofilex 2002130000129

Preparado por Hugo Pacheco De León- Asesor Oficina Jurídica.

Tema TELEVISIÓN POR CABLE-No es servicio público domiciliario

TELEVISIÓN POR CABLE-Su regulación corresponde a la Comisión Nacional de Televisión

DEFINICIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO-La Constitución Política no define qué debe entenderse por servicios públicos domiciliarios ni fija pautas para clasificar un servicio como domiciliario, dejando al legislador una amplia facultad de configuración

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Última modificación:26/01/2010 10:23:37 PM
Servicios Públicos: - General a los servicios publicos
Publicado:3/05/2002 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
En escrito dirigido a la Contraloría General de la República, presentado dentro de la audiencia pública sobre servicios públicos se consulta cuál es la razón para que la Televisión por Cable no se pueda llegar a considerar como un servicio público domiciliario, si con ello el Estado genera ventajas para las empresas que distribuyen la señal, a quién corresponde generar los ajustes de ley para calificar este servicio como domiciliario, y si la modalidad comercial de estilo monopolístico de las empresas y el uso del espectro daría suficiente mérito para que se regule por la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios.
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Enlaces Relacionados
Constitución Política de 1991; Art. 365; Art. 369; Art. 370
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ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"