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 Sentencia CSJ SCC 00055 DE 2007
  
 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL

MAGISTRADO PONENTE:
CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil siete (2007).

Referencia: expediente número
23417-31-03-001-2001-00055-01.

Se decide el recurso de casación interpuesto por el demandante Luis Miguel Rivero Valverde contra la sentencia proferida el 20 de abril de 2004 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario instaurado por el recurrente, en nombre propio y en el de sus hijos Luis Felipe Rivero Beltrán y Luis Duván Rivero Sáenz, así como por Florencia María Valverde Mestra, frente a la Electrificadora de la Costa Atlántica S. A. E. S. P. “Electrocosta S. A.”.
 
I. ANTECEDENTES

                        1. Los demandantes solicitaron declarar que la demandada era responsable civilmente y que, por tanto, debía pagarles “todos los perjuicios morales, materiales y fisiológicos” que han soportado a raíz de las lesiones corporales sufridas por Luis Miguel Rivero Valverde con ocasión de la “electrocución por descarga eléctrica” ocurrida el 23 de enero de 2001; condenarla, como consecuencia de lo anterior a pagarles $100’000.000, por los perjuicios materiales padecidos por Luis Miguel Rivero Valverde, “más el lucro cesante dejado de recibir por la incapacidad para trabajar” que le resultó “a causa de las lesiones…, lo mismo que los intereses compensatorios desde la fecha... del accidente hasta la fijación de la indemnización a que hubiere lugar”, con la respectiva corrección monetaria por el período comprendido entre la fecha de “la sentencia que así lo ordene” y aquella en que se “verifique el pago”, y a cada uno de los actores la suma equivalente a mil gramos de oro, por perjuicios morales; condenar a la demandada a cancelarle al demandante Rivero Valverde $200’000.000, por daños fisiológicos, y $60’000.000, por concepto de “perjuicio material en la modalidad de daño emergente”, tales como gastos médicos, de hospitalización, adquisición de medicinas, prótesis, tratamientos posteriores a la operación, sicológicos y de fisioterapia.

                        2. Fundamentaron las pretensiones en los hechos que enseguida se compendian.

                        a)     El 23 de enero de 2001, en el sitio denominado vereda Santa Lucía-Las Garitas, del Municipio de Lorica, ocurrió un accidente en el que Cristóbal Cataño Ramírez falleció y Luis Miguel Rivero Valverde resultó con múltiples lesiones, concretamente en el “pie derecho con exposición ósea”, quemaduras de segundo y tercer grados al costado derecho del abdomen, de segundo grado en el pie izquierdo y de tercer grado en el brazo derecho, por cuanto recibió una descarga eléctrica de alto voltaje; a causa de esas lesiones a éste le fue amputado el miembro inferior derecho, así como tres dedos del pie izquierdo, y de momento tiene abierta la herida del abdomen.

                        b) La tragedia se debió a que las líneas de alta tensión, que cruzaban por encima de la estación de servicios donde fue parqueada la volqueta para aprovisionarla de combustible, estaban a 3.5 metros del suelo, pese a que Francisco Luis Londoño Genes, propietario de ese establecimiento, en forma verbal y luego por escrito de 7 de diciembre de 2000, le notificó a la demandada que los vehículos no podían estacionar en ese lugar para ser atendidos, puesto que las cuerdas eléctricas pasaban a baja distancia, lo que podía causar un accidente, advirtiéndole así textualmente que era “mejor prevenir que curar”; como Electrocosta S. A. no atendió el señalado requerimiento, se presentó el daño referido.

                        c) El contrato de servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica por red, ajustado a las resoluciones 108 de 1997 y 70 de 1998, en su cláusula vigésima, establece que el cliente tendrá derecho a presentar quejas y reclamos a la empresa y que ésta, a su vez, deberá responder lo solicitado; la demandada no atendió las peticiones formuladas por Londoño Genes, de modo que no solamente incumplió aquella cláusula sino que propició consecuencias graves a quienes sufrieron la electrocución por descarga eléctrica de alto voltaje; además, el numeral 9º del anexo 2 del citado convenio dispone que la empresa se abstendrá de suministrar o suspenderá el servicio en todas aquellas instalaciones que no cumplan los requisitos técnicos mínimos, así como de seguridad exigidos por las normas, mientras no se corrijan las fallas, y que las líneas primarias de alto voltaje deben estar a una altura de nueve metros y las secundarias a siete; como aquélla omitió atender estas disposiciones, es responsable civilmente de los daños causados a Rivero Valverde.

                        d) Éste es jefe de familia, tiene a cargo suyo dos hijos  menores de edad, así como a su progenitora, y a raíz del accidente no sólo dejó de trabajar sino que ha tenido que atender diversos gastos con el propósito de recobrar un poco su estado de salud; como consecuencia de la electrocución que sufrió, Luis Miguel tuvo que soportar las amputaciones atrás referidas, lo cual les ha causado a los demandantes traumas invaluables, tanto porque como consecuencia de dichas mutilaciones él no será el mismo de antes como por razón de que su recuperación es dispendiosa y costosa, amén de que su familia pasa por una penosa situación económica, por cuanto era él quien la sostenía con su trabajo.

                        e) En la labor de mecánico de maquinaria pesada, Rivero Valverde obtenía unos ingresos diarios de $100.000 a $125.000 y, a causa de la citada pérdida anatómica, él está sufriendo un grave trauma sicológico y una disminución en la capacidad laboral, ya que luego de que se recupere no podrá dedicarse a su trabajo; además de lo precedente, su familia se encuentra afectada económicamente, al igual que con pena moral al ver cómo una persona tan activa perdió gran capacidad para realizar sus actividades.

                        f) El día del accidente Luis Miguel estaba ejerciendo su profesión, pues el dueño del referido automotor lo contrató para que se trasladara al lugar donde se encontraba el vehículo con el fin de repararlo; él inicialmente fue recluido en el Hospital de Lorica y luego en el San Jerónimo de Montería, donde fue tratado después de haber permanecido allí por tiempo superior a dos meses; la investigación por los hechos aquí relacionados la adelantaba la Fiscalía 23 Seccional de Lorica.

                        g) La conducción de energía eléctrica es una actividad conocida como peligrosa.

                        3. La opositora contestó la demanda en forma extemporánea, como así lo precisó el a-quo en auto de 25 de enero de  2002.

                        4. Por sentencia de 26 de agosto de 2003 el Juzgado Civil del Circuito de Lorica culminó la primera instancia, en la que accedió a las pretensiones.

                        5. Al desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes, el tribunal, mediante fallo de 20 de abril de 2004, modificó el del juzgado, en el sentido de declarar probada la “compensación de culpas”, así como los rubros y las cuantías por los cuales dispuso la condena a cargo de la demandada.
                       

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

                        1. Después de citar precedentes en los que esta Corporación se refirió a la responsabilidad civil extracontractual derivada de la generación, transformación y distribución de energía eléctrica, así como algunos apartes de la decisión del a-quo, con el propósito de definir el tema concerniente a la culpa en la  realización del suceso dañoso, por adelantado el ad-quem hizo ver cómo en este pleito fueron recepcionados los testimonios de Arnulfo Antonio Gómez Martínez, Teobaldo José Guerra Bautista, José Fernando Buelvas García y Francisco Luis Londoño Genes, de los cuales transcribió algunos apartes.

                        Con esa base el juez de segundo grado, tras asegurar que en este asunto no aparecía evidenciada la distancia que debía existir entre los cables de alta y baja tensión y el nivel del piso  -aunque según el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica debía ser de 8 a 10 metros-,  enfatizó cómo si bien era cierto aquellos testigos depusieron que la cuerda de alta tensión causante del accidente estaba a una altura de tres y medio metros, no lo era menos que los mismos también declararon que el demandante se expuso imprudentemente a la realización del hecho dañoso, por cuanto, según ellos, previo al accidente Rivero Valverde verificó en ese lugar cómo fue que quedó la “chaza del volco”, que con anterioridad había reparado en su taller, siendo que ese sitio no era el adecuado para hacer dicha verificación, toda vez que, si tal aparato no funcionaba, lo correcto habría sido regresar al establecimiento donde regularmente laboraba, pero no hacer esa constatación allí,  como ciertamente la hizo, según lo narraron los testigos, punto a partir del cual citó algunos otros pasajes de las declaraciones rendidas por Gómez Martínez y Guerra Bautista, dos de las personas que presenciaron la ocurrencia del suceso que produjo el daño.

                        Señaló entonces el juzgador que había sido correcta la apreciación probatoria a través de la cual el a-quo dio por establecida la culpa de la opositora, debido a que los cables de alta tensión entrañaban una situación de peligrosidad intrínseca, cuya existencia a ella no le podía ser extraña, con mayor razón siendo que en su momento le fue comunicada tal situación, como así lo infirió de la carta cuya copia corre a folio 86 del cuaderno 1; precisó seguidamente, eso sí, que la posición del juez de conocimiento no había sido acertada en la ponderación probatoria atinente a la culpa de la víctima, pues, conforme al acervo probatorio particularizado, Rivero Valverde “de todos modos se expuso al peligro que para él significaba la baja altura en que estaban los cables de alta tensión respecto del piso y del volco”, para que se pusiera debajo de la volqueta a verificar qué era lo que sucedía “con el engranaje del tomafuerza”, toda vez que “fue en ese instante cuando la chaza empezó a levantar e hizo contacto con los cables de alta tensión”; aclaró, asimismo, que al ser aquel sitio “un lugar despejado”, el tendido eléctrico se hallaba “a la vista de todos” los allí presentes, de donde coligió que aquel comportamiento de Luis Miguel sin duda emergió como “un acto en extremo imprudente”, el cual, por lo mismo, se identificaba “con el supuesto de la compensación previsto en el artículo 2357 del Código Civil, dado que, en la forma descrita”, aparecía demostrado que en “el acaecimiento del hecho dañoso concurrieron como causas eficientes y adecuadas, la culpa de la demandada y la de la propia víctima”.

                        Insistió en que de las pruebas antes analizadas se evidenciaba “a simple vista, que también hubo descuido del demandante en cuanto se puso a probar un trabajo ... en el lugar no indicado”, siendo que debió haberlo efectuado en el taller; este suceso, continuó diciendo, resultó “ser antecedente inmediato de la ocurrencia del hecho dañoso”, a “cuya realización también contribuyó... la imprudencia de la víctima”. A vuelta de sostener que el uso de la energía eléctrica se hallaba entre las actividades calificadas como peligrosas, en que la culpa se presume, enfatizó el sentenciador que la causa del suceso trágico no podía serle imputada únicamente a la opositora, toda que vez en su realización también intervino la culpa de la víctima, esto es, Rivero Valverde, punto a partir del cual concluyó que como la demandada no era la única culpable, la condenaría a pagar los perjuicios causados pero reducidos, cual lo manda el artículo 2357 ejusdem.

                        2. Alrededor del porcentaje en el que rebajaría la indemnización que impondría, aseveró el tribunal que, conforme a la doctrina, en casos como el presente la reducción podría ser igual al cincuenta por ciento, aunque en la actualidad se ha dejado al criterio del juez la determinación de la proporción de esa merma, mas siempre teniendo en cuenta las circunstancias particulares del asunto al que se enfrente. Fue así como consideró que, por tanto, condenaría a la demandada a pagar en esa proporción, pues la suma correspondiente a dicho porcentaje constituía justa reparación, toda vez que “la conducta de la víctima fue o contribuyó a la causación del daño”.

                        3. No sin antes determinar los valores por los cuales condenaría a la opositora por los conceptos de daño emergente, perjuicios morales y fisiológicos, en lo tocante con el lucro cesante el ad-quem aseguró que como para enero de 2001, cuando sucedió el hecho dañoso, el actor Luis Miguel Rivero Valverde devengaba una suma diaria de $130.000, la que equivalía a $3’900.000 mensuales, según así lo estableció del dictamen pericial, del que resaltó que no fue objetado, el valor a indemnizar por este concepto “será entonces el resultado de multiplicar lo devengado mensualmente por el demandante por el tiempo que transcurra hasta el momento en que se efectúe el pago, rebajados en un 50% por la concurrencia de culpa”.

III. LA DEMANDA DE CASACIÓN

                        Dos cargos propone el recurrente contra el fallo combatido, ambos dentro del ámbito de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil; la Corte despachará sólo el primero, por un lado, porque está llamado a prosperar y, por el otro, debido a que el segundo simplemente reitera las críticas que en aquél prosperan.

                        CARGO PRIMERO

                        Acusa la sentencia de violar, en forma indirecta, los artículos 1613, 1614, 2341 y 2357 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el juez de segundo grado en la apreciación de las pruebas.

                        Precisa que aquél, por una parte, omitió condenar a la demandada al pago del lucro cesante entre el cumplimiento de la sentencia y el último día de vida probable de la víctima, pese a encontrarse acreditados tanto ésta como su invalidez total; y que, por la otra, declaró la concurrencia de culpas prevista en el artículo 2357 ibídem, contrariando la realidad probatoria.

                        1. En lo tocante con el primero de los indicados aspectos, dice el acusador que el juzgador cometió dislate fáctico al apreciar el acto introductorio, por cuanto no se percató que en la primera pretensión el actor impetró la cancelación de todos los perjuicios que le fueron causados y en la tercera el pago del lucro cesante dejado de percibir por la incapacidad que padecía, en relación con las cuales en el hecho dieciséis afirmó la disminución de la capacidad laboral a causa de la electrocución y reiteró la necesidad de que le fueran resarcidos todos los daños; también cayó en yerro al ignorar las probanzas referentes a la incapacidad permanente sufrida por Rivero Valverde, consistente en el dictamen de peritos médicos obrante a folios 258 y 259 del cuaderno 1 del expediente, la vida probable de aquél, deducible mediante la confrontación del respectivo registro civil de nacimiento con las tablas de mortalidad adoptadas por la actual Superintendencia Financiera de Colombia mediante las resoluciones 0497 de 20 de mayo de 1997, 0585 de 1994 y 996 de 29 de marzo de 1990, respecto de las cuales no hizo mención alguna.

                        Esos yerros condujeron a que el sentenciador no atendiera la indemnización de todos los perjuicios causados al demandante, por cuanto dejó por fuera el lucro cesante futuro, esto es, el que se cause con posterioridad a la sentencia, a cuya reparación tiene derecho dada su invalidez permanente, y también determinaron que aquél dejara de aplicar los artículos 1613, 1614 y 2341 ya citados, que consagran el derecho a la indemnización integral, obligan a quien cauce un perjuicio a resarcirlo, definen el concepto y la extensión del lucro cesante, sin autorizar limitación alguna, como aquél lo comprendió, al entender que el lucro cesante era únicamente el sufrido por la víctima hasta el día en que la opositora cumpla la sentencia.

                        2. En lo concerniente con la segunda de las críticas anunciadas, sostiene el casacionista que el tribunal erró de hecho en la apreciación de las declaraciones rendidas por Arnulfo Antonio Gómez Martínez el 23 de enero de 2001, en la Unidad Investigativa de Policía Judicial de Lorica, y el 11 de julio de 2002, ante el Juez Civil Municipal de Cereté, y Teobaldo José Guerra Bautista.

                        En orden a descubrir la mentada equivocación, pregona que las versiones emitidas por el primero de los nombrados testigos demuestran la existencia de una relación laboral en la que Gabriel Cataño Ramírez era el empleador y ese deponente el trabajador, así como las obligaciones de éste, consistentes en desempeñar el oficio de conductor del vehículo, una misión de trabajo impartida por el primero a ese empleado suyo, en el sentido de que constatara cómo había quedado el arreglo mecánico encomendado a Rivero Valverde, lo que ese trabajador atendió al probar “la chaza”; resulta así evidente que Luis Miguel no fue el de la iniciativa de revisar esas reparaciones, cual erradamente se lo achacó el ad-quem, pues él se limitó a graduar el engranaje, cuando la instrucción impartida por Cataño Ramírez fue puesta en marcha por el conductor.

                        Comenta que el testimonio de Teobaldo José prueba que la tarea de revisar el trabajo de mecánica se la dio Gabriel Cataño a su chofer Arnulfo Antonio, por lo que a juicio del censor la acción de Rivero Valverde apareció sólo para evaluar su propio desempeño; de este medio probativo se concluye que aquél erró de hecho al pasar por alto la existencia de la relación laboral en la que Cataño Ramírez era el empleador y Gómez Martínez su trabajador en el oficio de conductor del vehículo, pues ignoró que éste no podía desatender la misión de constatar la labor que el demandante había ejecutado momentos antes porque la misma provenía del nombrado patrono y supuso que fue Luis Miguel el autor de la iniciativa de efectuar la mencionada revisión; agrega que estas falencias llevaron al juez de segundo grado a predicar que con su culpa el actor también contribuyó a la producción del accidente y a aplicar el régimen previsto en el artículo 2357 del Código Civil, pese a que no podía hacerlo, habida consideración de que la orden de revisar el aludido trabajo no provino de éste, como que su acción fue apenas tangencial.

                        Asevera el impugnador que por lo anterior el juzgador se equivocó al dar por demostrada la imprudencia de Rivero Valverde por no haber considerado el peligro que representaban los cables de alta tensión.

                        También anota el recurrente que el sentenciador incurrió en otra equivocación fáctica, al no ver, por un lado, que Francisco Luis Londoño Genes desde el 24 de noviembre de 2000 había llamado la atención a la demandada acerca del peligro que representaban las líneas eléctricas de alta tensión debido a que en el sitio del accidente estaban a una altura de 3.5 metros, como así lo indicó en el documento obrante a folio 86, reconocido por aquél en la audiencia de 30 de julio de 2002, y, por el otro, al no observar cómo el mismo Londoño Genes, en el testimonio rendido en la fecha últimamente citada, sobre el prolongado tiempo de la conducta omisiva de la opositora en corregir la falta de mantenimiento de ese cableado, declaró que varias veces concurrió a las oficinas de ésta a pedir su intervención y que, en vista de que ese pedimento no fue atendido, hizo el reclamo por escrito. Dice el acusador que estas pruebas evidencian que Electrocosta S. A. permaneció en estado de culpa por omisión, cuando menos desde aquella fecha hasta finales de abril de 2001.

                        Asegura el casacionista que a raíz de las omisiones recién relatadas el tribunal no se percató de la enorme desproporción existente entre la culpa de la demandada y la hipotética imprudencia que se le podía atribuir a Rivero Valverde; agrega que el error por no haber observado la diferencia que mediaba entre una y otra situación y el dislate en dar por demostrado igual grado de culpa, determinó que aquél, al aplicar indebidamente el artículo 2357 ejusdem, hubiese ignorado las pruebas atinentes al desequilibrio de las conductas, ya que de haberlo hecho habría procedido de manera distinta.
 

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

                        1. Con fundamento en el artículo 2357 del Código Civil, según el cual “la apreciación del daño está sujeta a reducción”, la Corporación tiene dicho que la responsabilidad civil atribuible al demandado puede atenuarse cuando, amén de su comportamiento, “confluya la conducta de la propia víctima, en cuanto sea reprochable, a la realización del daño, inclusive hasta el punto de que si la última resulta exclusivamente determinante, el demandado debe ser exonerado de cualquier indemnización; y, a partir de allí, si fue  apenas un hecho concurrente,  se impone, justa y proporcionalmente, una disminución del monto indemnizatorio reclamado” (sentencia 069 de 6 de abril de 2001, exp.#6690).    

                        En esta dirección la Sala también ha señalado cómo, en el examen sobre la causa del daño, el juzgador debe establecer mediante un cuidadoso estudio de las pruebas la incidencia del comportamiento desplegado por cada litigante alrededor de los hechos que constituyan causa de la reclamación pecuniaria, en particular cuando ésta proviene del ejercicio de una actividad calificada como peligrosa y, al tiempo, se aduzca culpa de la víctima, para ver cuál se excluye o si ambas concurren en la realización de aquél; es decir, en la ejecución de esa tarea evaluativa no se puede inadvertir “que para que se configure la culpa de la víctima, como hecho exonerativo de responsabilidad civil, debe aparecer de manera clara su influencia en la ocurrencia del daño, tanto como para que, no obstante la naturaleza y entidad de la actividad peligrosa, ésta deba considerarse irrelevante o apenas concurrente dentro del conjunto de sucesos que constituyen la cadena causal antecedente del resultado dañoso”. Lo anterior es así por cuanto, en tratándose “de la concurrencia de causas que se produce cuando  en el origen del perjuicio confluyen el hecho ilícito del ofensor y el obrar reprochable de la víctima, deviene fundamental establecer con exactitud la injerencia de este segundo factor en la producción del daño, habida cuenta que una investigación de esta índole viene impuesta por dos principios elementales de lógica jurídica que dominan esta materia, a saber: que cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro (G. J. Tomos LXI, pág. 60, LXXVII, pág. 699, y CLXXXVIII, pág. 186, Primer Semestre, …); principios en los que se funda la llamada ‘compensación de culpas’, concebida por el legislador para disminuir, aminorar o moderar la obligación de indemnizar, en su expresión cuantitativa, hasta o en la medida en que el agraviado sea el propio artífice de su mal, compensación cuyo efecto no es otro distinto que el de ‘repartir’ el daño, para reducir el importe de la indemnización debida al demandante, ello, desde luego, sobre el supuesto de que las culpas a ser ‘compensadas’ tengan virtualidad jurídica semejante y,  por ende, sean equiparables entre sí”(sentencia 102 de 25 de noviembre de 1999, exp.#5173).

                        2. Por otro lado, por averiguado se tiene que el error de hecho, que como motivo de casación prevé el inciso segundo del numeral primero del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, puede tener lugar en los casos en que el juzgador supone o pretermite la prueba, de suerte que incurrirá en lo primero cuando halla un medio en verdad inexistente, así como en aquellos eventos en que distorsiona el que sí obra para darle un significado que no contiene, y lo pretermite cuando ignora del todo su presencia o lo cercena, para, en esta última hipótesis, asignarle una significación contraria o diversa; este dislate “atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho”(G. J., t. LXXVIII, pag.313). Denunciada una o todas de las anteriores posibilidades, el recurrente debe demostrar que la falencia endilgada es evidente y, además, trascendente por haber determinado la decisión reprochada, de tal manera que de no haberse incurrido en esa sinrazón otra hubiera sido la resolución adoptada.
 
                        3. Desde otra perspectiva, es evidente que el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia, previsto en el artículo 229 de la Carta Política, implica para el interesado tener que presentar una demanda en la que, conforme a las pertinentes normas de la ley procesal civil, consigne sus peticiones y exponga los fundamentos fácticos en que las apoya, entre otras exigencias, toda vez que, a consecuencia del principio dispositivo que impera en esta jurisdicción, la misma se convierte en pauta obligada que guía al juez en el desenvolvimiento de su actividad; de ahí que al desatar el litigio sometido a su definición, esté llamado a decidir sobre las pretensiones elevadas pero basado en los hechos en ella consignados, por supuesto que la información allí contenida “demarcará uno de los extremos esenciales de la relación jurídica procesal”(sentencia 114 de 23 de septiembre de 2004, exp.#7279); expresado con otra palabras significa que, por efectos de la predicada fuerza vinculante, a aquél se le impone el deber, a la hora de desatar el correspondiente conflicto, de adoptar el mentado acto introductorio tal y como le fue presentado, con la sola condición que de allí emerja con resplandor el petitum y su causa petendi, esto es, que se pronuncie sobre las súplicas deducidas y las circunstancias fácticas propuestas tomándolas de la manera como fueron plasmadas en ese escrito.

                        Conforme a lo dicho deviene incuestionable sostener, desde luego, que el juzgador cometerá yerro fáctico si al interpretar la demanda se aparta de los lineamientos  recién aludidos, pues, en tal supuesto, podría tergiversar el texto de la pieza inicial del proceso o cercenar su contenido original, falencias que, de presentarse, configurarían la causal de casación arriba determinada, en la medida en que fueren evidentes y trascendentes.

                        4. Las bases que en precedencia se dejan sentadas conducen a sostener que en este asunto el tribunal ciertamente incurrió en las equivocaciones fácticas que le atribuye la censura, conforme pasa a verse.

                        5. En efecto, con fundamento en la versión entregada por los testigos Arnulfo Antonio Gómez Martínez y Teobaldo José Guerra Bautista, el ad-quem aseguró que Rivero Valverde se expuso imprudentemente a la realización del daño, pues de esos medios probativos encontró que él verificó en el lugar del accidente cómo había quedado la “chaza del volco”, siendo que esa constatación debió haberla efectuado en el taller donde laboraba y no allí; de este modo consideró que aquél se expuso al peligro que “significaba la baja altura en que estaban los cables de alta tensión”, al situarse debajo de la volqueta a confirmar qué era lo que sucedía “con el engranaje del tomafuerza”, toda vez que “fue en ese instante cuando la chaza empezó a levantar e hizo contacto con los cables de alta tensión”; puntualizó, adicionalmente, que al ser ese sitio “un lugar despejado”, el tendido eléctrico se hallaba “a la vista de todos” los allí presentes, de donde coligió que el aludido comportamiento de la víctima emergió como “un acto en extremo imprudente”, el cual encuadraba en el supuesto que prevé el artículo 2357 del Código Civil, por cuanto en la producción del “hecho dañoso concurrieron como causas eficientes y adecuadas, la culpa de la demandada y la de la propia víctima”.

                        Sin embargo, resulta apenas manifiesto que de la susodicha prueba testifical no aflora, como tampoco de ninguna otra, aquello que el ad-quem tuvo por demostrado, que lo llevó a dar por establecido el supuesto fáctico de que trata el precepto legal recién citado, que indebidamente lo condujo a reconocer una compensación de culpas inexistente en realidad.

                        Ciertamente, en la declaración recepcionada el 23 de enero de 2001 ante la Unidad Investigativa de Policía Judicial, Arnulfo Antonio Gómez Martínez dijo que al llegar a la estación de servicios “Las Garitas”, Cristóbal Cataño Ramírez, propietario de la volqueta, le pidió que levantara ”la chaza” con el fin de establecer cómo había quedado la caja de cambios que el  actor había reparado, ya que aquélla funcionaba a través de ésta; igualmente depuso que en vista de que dicho aparato no se movió, pese a que al efecto fue accionado, el demandante, a quien llaman “el chopo”, se introdujo ”debajo del carro y me dijo ... súbete allá y prende el carro”, que como en ese instante “empezó a subir la chaza”, él le hizo saber que ya estaba bien, y cuando se encontraba “montado en el carro y él estaba debajo del mismo le pregunté qué era lo que pasaba, que si se había presentado un corto o algo así, pues en ese instante percibí un olor a quemado, y entonces fue cuando le dije que se saliera del carro porque el mismo se quemaba”; después, “inmediatamente apagué el motor del carro y me tiré” hacia “afuera para ver que era lo que pasaba cuando yo doy la vuelta por detrás del carro veo yo que el mecánico estaba pegado en la puerta”, a raíz de que “la chaza” hacía contacto con “un cable de alta tensión y ninguno de nosotros nos dimos cuenta”.

                        Y en la versión que emitió dentro de este proceso enfatizó que “cuando llegamos a la bomba el chopo se tira del carro, el patrón se fue a bajar del carro me dijo Mono levante la chaza para ver cómo quedó eso, porque el chopo había estado trabajándole a la caja” de cambios puesto que “la chaza trabaja” con ella; agregó que como ésta no levantó cuando él empezó “a engranar el tomafuerza”, Luis Miguel se introdujo debajo del carro con una llave en la mano para “ver qué era lo que pasaba”; entonces fue cuando dicho aparato empezó a funcionar, y que como en ese instante percibió un olor “a caucho quemado”, él gritó a la víctima para hacerle saber que el carro estaba quemándose, luego de lo cual, al dar “la vuelta por atrás”, vio al “chopo… pegado en la puerta, electrocutándose” y al “patrón … a unos metros del carro”.
 
                        Por su parte, Teobaldo José Guerra Bautista declaró que después de que fue solucionado el problema mecánico del vehículo, “nos dirigimos a la bomba para tanquear. No habíamos empezado” a hacerlo “cuando el señor Cataño” le pidió al conductor que levantara “la chaza para probar lo que habían arreglado, es decir para ver si engranaba o no engranaba. La chaza no levantó, entonces el mecánico, el chopo, se metió debajo...para graduar el levantamiento..., la chaza no logró levantar en su totalidad cuando tropezó con los cables de alta tensión. El mecánico quedó pegado en la puerta” del vehículo y Cataño, en su afán de despegarlo, “también fue electrocutado causándole la muerte”; agregó haberse dado cuenta que aquel aparato “había tocado los cables de alta tensión” después de ocurrido el hecho”, pues los mismos estaban “a una altura más o menos de tres metros, tanto es así que el volco no alcanzó a levantar del todo la chaza e hizo contacto directo con los cables que atravesaban” la estación de servicios.

                        Como sin dificultad alguna se advierte, de tales probanzas no aflora la imprudencia que de ellos, con relación al comportamiento desplegado por el actor, extrajo el juez de segundo grado, que indefectiblemente pudiera llevar a sostener que el mismo fue parte decisiva en la producción del daño que sufrió, pues del contexto general de tales deposiciones no se encuentra que los testigos hayan declarado que hubiese sido el comportamiento de Luis Miguel, vale decir, reparar en ese lugar el vehículo, el que precisamente hubiera dado lugar a que a la postre “la chaza” levantara, ya que la circunstancia alrededor de la cual ellos rindieron su versión, en el sentido de que el demandante se introdujo debajo del automotor con el propósito de revisar qué era lo que sucedía “con el engranaje del tomafuerza”, no significa que hubiese sido justamente una de las causas eficientes y adecuadas que haya dado lugar a que ese aparato hiciera contacto con el tendido de alta tensión que propició la electrocución. Ahora bien, aun si se tuviera como establecido que en aquel lugar Luis Miguel realizó alguna labor de mecánica sobre el automotor y que como consecuencia directa de ese trabajo el nombrado artefacto ahí sí emprendió su ascenso, lo cierto es que en tal supuesto un acontecimiento de esa naturaleza, incluso en ese específico lugar, carecería de toda entidad dañina si los cables con los que “la chaza” hizo contacto al ascender hubiesen estado a la distancia convencional, y no a la altura de escasos tres y medio metros, como lo declararon esos mismos testigos, al igual que Francisco Luis Londoño Genes, quien en su versión puso de presente, adicionalmente, los varios requerimientos que en forma verbal y por escrito de 7 de diciembre de 2000 le hizo a la opositora para que dispusiera los correctivos de rigor, en los que no sólo le advirtió del “alto peligro” que corrían las personas que circulaban por el sector sino del hecho de que dicha situación estaba “perjudicando mis intereses económicos y exponiendo nuestras vidas”, aparte de que le recalcó de los eventuales daños que podrían sobrevenir en caso de no corregir la anomalía, como ciertamente sucedió con las lesiones sufridas y el detrimento patrimonial causado al demandante.

                        Expresado con otras palabras, el sentenciador partió del entendido de que aquel componente del vehículo a la postre se levantó sólo porque el demandante se deslizó por debajo del mismo con la intención de revisar un trabajo de mecánica que horas atrás había ejecutado, y que, como fue a raíz de tal quehacer que dicho elemento hizo contacto con las cuerdas que transportaban la energía eléctrica de alto voltaje, esa específica conducta representó una concausa en la generación del daño, siendo que la prueba lejos está de permitir ver tamaña evidencia.

                        Es claro, desde luego, que el acontecimiento que se le imputa al actor no constituye una causa adecuada y eficiente en el acaecimiento del accidente, como que, ha se insistirse, aun si se considerara que el lugar donde ocurrió la tragedia no era el sitio más adecuado para desarrollar las labores de mecánica que, según se dice, allí ejecutó el actor, como así sin ambages lo predica el juzgador, y de estimarse que fue casualmente su accionar el que propició que “la chaza” se levantara hasta hacer contacto con los cables eléctricos, la verdad es que ninguno de tales comportamientos pudo tener consecuencias trágicas si esos hilos de conducción de energía hubieran estado tendidos de manera convencional, y no por debajo de los tres y medio metros, como lo admitió el tribunal, cuestión esta última que no se discute en el recurso extraordinario.          

                        No ha de perderse de vista que, como lo ha sostenido la Corporación, para “determinar la relación de causalidad, cuando media pluralidad de hechos o de culpas”, conforme al “criterio de la causalidad adecuada tan sólo pueden estimarse efectos de una causa aquellos que según las reglas del sentido común y de la experiencia suelen ser su resultado normal”; es decir, no es suficiente “‘establecer la participación de distintos hechos o cosas en la producción del daño’” sino que “‘es preciso determinar la idoneidad de la culpa o del riesgo... para producir normalmente el hecho dañoso’”, de tal forma que al ser “analizadas en abstracto las circunstancias en que se produjo un daño, se determina en concreto cuál o cuáles de ellas, según el normal devenir de las cosas, fueron causa eficiente del daño, descartando aquellas que sólo favorecieron la producción del resultado o que eliminaron un obstáculo para el mismo”(G. J., t. CCXXII, pags. 294 y 295).

                        Deviene así palmario que el error fáctico atrás constatado condujo al juez de segundo grado a generar una conclusión que choca de frente con la evidencia que surge del haz probatorio que viene de analizarse, el cual en sana lógica no permite concluir que el comportamiento que del actor adoptó para afirmar el concurso de culpas incorpore la idoneidad adecuada que condujera a formular un aserto en ese sentido.

                        Lo expuesto es suficiente para quebrar el fallo impugnado en el tópico atinente a la compensación de culpas, por cuanto las susodichas equivocaciones son no solamente ostensibles y manifiestas sino también trascendentes, como que de no haber incurrido en ellas aquél no habría calificado el comportamiento del actor como imprudente con el decidido propósito de hacerlo también causante en forma culposa en la realización del suceso dañoso.

                        Es así evidente que el juzgador hizo aplicación indebida del artículo 2357 del Código Civil al dar por demostrada, sin estarlo, una comunión de conductas culposas, situación esta que lo llevó, de manera igualmente errada, a reducir el porcentaje de la indemnización, siendo que a ello no había lugar por razón de que, itérase, el comentado comportamiento de la víctima carecía de eficacia y de idoneidad para que se lo pudiera señalar como un motivo que coadyuvó a determinar la producción del accidente, pues dicha causa por sí sola fue, sin duda ninguna, el hecho de que las cuerdas de conducción de electricidad estaban a una distancia en extremo reducida respecto del nivel del piso.

                        Con relación al aspecto últimamente referido, ha de reiterar la Corporación que “si las actividades relacionadas con la conducción, provisión y suministro de energía eléctrica, como antes se señaló, son en ‘sumo grado’ peligrosas  -con lo que ello entraña en el ámbito jurídico-   y,  ‘es de elemental prudencia en una empresa de energía eléctrica, siquiera para prestar el servicio regularmente, establecer permanente y esmerada vigilancia sobre los alambres conductores’, ya que sin esa atención ‘…se está en constante posibilidad de causar daños y, en consecuencia, en la obligación de repararlos, por efecto de error de conducta’(se subraya, XCIX, pgs. 124,125), no puede ponerse en duda que en desarrollo de su actividad, la demandada incurrió en una indiscutible omisión (omisión en la acción), de suyo relevante y comprometedora, justamente por no haber elevado, pudiendo y debiendo haberlo hecho, las redes de transmisión de energía eléctrica que se encontraban descolgadas-o corregido de alguna manera esta problemática-,  ... hechos de los que tuvo conocimiento  -o debió haberlo tenido por su mencionada actividad-  días antes del accidente y que la obligaban  -como profesional especializado en el manejo de tales elementos-  a actuar en forma célere, solícita, responsable y diligente”. No en vano “la peligrosidad dimanante de la conducción y suministro del fluido eléctrico, es ostensible, según dan cumplida cuenta la ciencia y las máximas de la experiencia y, claro está... el acervo probatorio inmerso en el plenario, lo que en sana y consecuente lógica, exigía una actuación más acorde con la tipología de la actividad desplegada por la demandada, esto es hiperactiva, como quiera que sobre ella gravitaba  -y gravita-,  una especie de deber vigilante, enderezado a auscultar sistemáticamente, como se anticipó, el estado y ubicación de las líneas de conducción de energía, precisamente por su acentuada peligrosidad, de ningún modo despreciable” (sentencia 192 de 30 de septiembre de 2002, exp.#7069).

                        De suerte que como la susodicha concurrencia de culpas evidentemente no tuvo suceso, la demandada no podía resultar favorecida con una reducción en la indemnización a su cargo, por cuanto en ese orden de ideas el supuesto previsto en el mencionado artículo 2357 no alcanzó efectiva configuración. Quiere decir lo expuesto que en el aspecto que se deja analizado el cargo está llamado a abrirse paso, sin que, por lo mismo, sea necesario abordar el estudio de la parte de la censura que apunta a establecer la participación de Cristóbal Cataño Ramírez, en su condición de patrono del conductor del vehículo.

                        6. Igual sucede en lo tocante con la crítica que se le hace al ad-quem por no haber condenado a la opositora a pagarle al demandante el lucro cesante futuro, referido al monto que se llegara a causar después de proferido el fallo, como que alrededor de tal aspecto también aflora un yerro con las características de protuberante y trascendente, cual se verá enseguida.
 
                        Como quedó visto del compendio que se hizo de la sentencia censurada, al definir lo concerniente al lucro cesante el juzgador afirmó que como para enero de 2001, cuando sucedió el hecho dañoso, el actor Luis Miguel Rivero Valverde devengaba una suma diaria de $130.000, cual lo estableció del dictamen pericial, “el valor a indemnizar por lucro cesante será entonces el resultado de multiplicar lo devengado mensualmente por el demandante por el tiempo que  transcurra  hasta  el  momento en que se efectúe el pago”.

                        De lo que viene dicho se aprecia que el sentenciador entendió que la pieza con la que se inició el litigio había limitado a un específico espacio de tiempo la súplica atinente a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, al entender que con tal pretensión se demandó condena contra Electrocosta S. A. únicamente por el período comprendido entre la fecha en que acaeció el hecho dañoso  -23 de enero de 2001-  y aquella en que se produjera el pago de la suma correspondiente a dicha imposición, cual se colige del apartado en que aseveró que la indemnización por el mentado concepto sería la que resultase de multiplicar aquella cantidad mensual por el tiempo que pasara hasta el día en que la misma se cancelara.

                        Sin embargo, el entendimiento que del modo expuesto otorgó el tribunal al acto con el que se inició esta controversia judicial, en el caso específico del lucro cesante cuyo reconocimiento y pago fue deprecado a favor del demandante Luis Miguel Rivero Valverde, se aparta en forma ostensible del marco trazado por el contenido objetivo que de allí emana.

                        Obsérvese que los actores, luego de que en la primera pretensión del libelo solicitaron declarar que la opositora era civilmente responsable y que, por tanto, debía pagar todos los perjuicios morales, materiales y fisiológicos” padecidos a raíz de “las lesiones corporales sufridas” por “Luis Miguel Rivero Valverde…,como consecuencia de electrocución por descarga eléctrica”, en la tercera pidieron que se la condenara a cancelarles “cien millones de pesos …por concepto de perjuicios materiales resultantes del daño material”, “más el lucro cesante dejado de percibir por la incapacidad para trabajar sufrida a causa de las lesiones…, lo mismo que los intereses compensatorios desde la fecha de la causación del accidente hasta la fijación de la indemnización a que hubiere lugar, lo mismo que la corrección monetaria…, a partir de la sentencia que así lo ordene, hasta que verifique el pago”(subrayas fuera de texto).

                        Y en el hecho 16 de la demanda indicaron que como a consecuencia del accidente, Rivero Valverde sufrió “disminución en su capacidad laboral, ya que la actividad realizada” por él, “una vez se recupere de las lesiones”, no la podrá seguir ejecutando, “o por lo menos si lo intenta es con gran dificultad y jamás volverá a obtener los mismos resultados”, era “necesario resarcir de todos estos perjuicios tanto a la víctima como a los familiares afectados”.

                        Conforme a ese puntual y determinado contenido de la pieza con que se inició esta contienda judicial, es palmario, por un lado, que cuando en la pretensión tercera se pidió que la condena fuese impuesta “hasta la fijación de la indemnización a que hubiere lugar”, así como con corte a la fecha en que la opositora “verifique el pago”, se hizo con exclusiva referencia a los conceptos allí particularizados, esto es, en concreto, “los intereses compensatorios”, para la primera de dichas variables, y “la corrección monetaria”, para la segunda de ellas; y, por el otro, que en esa misma súplica, aparte de haberse demandado que se condenara a aquélla a pagar “la suma de cien millones de pesos…por concepto de perjuicios materiales resultantes del daño material”, también fue solicitada condenación específicamente por “el lucro cesante dejado de percibir por la incapacidad para trabajar sufrida a causa de las lesiones”(se ha subrayado). Es decir, que el límite temporal que alberga el libelo estuvo referido con exclusividad a los réditos así como a la actualización, mas no propiamente a la ganancia dejada de reportar a consecuencia de los daños causados por la electrocución (art. 1614, C. C.), y que la sujeción de la condena a la suma de dinero allí expresada lo fue sólo respecto de los “perjuicios materiales resultantes del daño material”, sin que dicha limitante se extendiera a aquélla, como que dentro del contexto en que aparece expuesta esa pretensión tercera, la porción atinente al citado lucro cesante quedó por fuera de la mentada determinación cuantitativa.     

                        Deviene así inevitable sostener, cual lo pregona la censura, que la indemnización relativa al aludido lucro cesante no fue limitada a una determinada cantidad de dinero ni a época o fecha anterior a la que legalmente pudiera y debiera corresponder, según las voces de los artículos 1614 del Código Civil y 16 de la ley 446 de 1998, pues, como ya vio, en la reseñada pretensión tercera los actores pidieron que se condenara a Electrocosta S. A. a pagar “cien millones de pesos” por los “perjuicios materiales resultantes del daño material…, más el lucro cesante dejado de percibir por la incapacidad para trabajar”, padecida por Luis Miguel “a causa de las lesiones” que le produjo la comentada tragedia(subrayas a propósito); la aserción que se deja sentada compagina, adicionalmente, no sólo con la súplica primera, en la que aquéllos deprecaron declarar que ésta era civilmente responsable y que, por tanto, debía cancelarles “todos los perjuicios morales, materiales y fisiológicos” sufridos(subrayas fuera de texto), sino con el hecho 16, donde se expresó que como a consecuencia del señalado accidente Rivero Valverde tiene “disminución en su capacidad laboral, ya que la actividad realizada” por él, “una vez se recupere de las lesiones”, no la podrá seguir ejecutando, “o por lo menos si lo intenta es con gran dificultad y jamás volverá a obtener los mismos resultados”, debían serles resarcidos “todos estos perjuicios tanto a la víctima como a los familiares afectados”.

                        De suerte que cuando el ad-quem determinó circunscribir la condenación por lucro cesante al período comprendido entre la fecha en que ocurrió la electrocución al día en que se verificara el pago de la cantidad que por ese concepto reconocía, cometió yerro fáctico por cuanto de esa manera cercenó o restringió el verdadero alcance de la demanda, sin motivo valedero alguno, como que de tal modo comprendió que allí la súplica había sido limitada al provecho pasado y presente, esto es, sin que hubiese sido demandado el reconocimiento y pago de la ganancia que se generara después del cumplimiento del fallo  -lucro cesante futuro-,  siendo que también por este aspecto, como quedó ampliamente analizado, fue pedida la respectiva condena a cargo de la opositora.
                           
                        Es palmario, entonces, que el juez de segundo grado cometió yerro fáctico manifiesto y trascendente al apreciar así la demanda, ya que, al desarrollar la cardinal tarea de interpretarla, se alejó de los lineamientos atrás expuestos, por cuanto cercenó su contenido original, en tanto que omitió percatarse que en la pretensión primera se demandó el pago de todos los perjuicios causados y en la tercera la cancelación del lucro cesante dejado de percibir por la incapacidad que padecía, al tiempo que en el hecho 16 se afirmó la disminución de la capacidad laboral a causa de la electrocución y reiteró la necesidad de que le fueran resarcidos todos los daños; estos yerros hicieron que aquél no atendiera la indemnización integral de los perjuicios causados al demandante, pues dejó por fuera el lucro cesante futuro, correspondiente al que se cause desde la fecha de la sentencia hasta el resto de su vida probable, con mayor razón siendo que las normas invocadas no autorizan limitación alguna, como la dispuesta por el ad-quem al reconocer sólo la suma correspondiente al lucro cesante pasado y presente.

                        Como el yerro cometido por el ad-quem alrededor de las pretensiones invocadas por Luis Miguel Rivero Valverde por sí solo lo evidencia a cabalidad la demanda del proceso, aflora innecesario que la Sala se introduzca en el análisis de las falencias que el impugnador le atribuye a aquél por dejar de ponderar el dictamen pericial, el respectivo registro civil de nacimiento con las tablas de mortalidad adoptadas por la actual Superintendencia Financiera de Colombia mediante las resoluciones 0497 de 20 de mayo de 1997, 0585 de 1994 y 996 de 29 de marzo de 1990, con mayor razón siendo que todos estos elementos de certeza no determinan, per se, la extensión de las súplicas invocadas por la víctima.
 
                        7. Se impone, pues, el quiebre parcial del fallo en lo concerniente a los dos aspectos a que se contraen las motivaciones que preceden, como que únicamente a ellos se redujo la crítica en casación, por cuanto las equivocaciones que atrás quedaron develadas son no sólo ostensibles y manifiestas sino también determinantes, ya que de no haber incurrido en ellas el tribunal no habría hecho actuar la compensación de culpas que aplicó ni dejado de imponer condenación por el lucro cesante futuro. Por lo mismo, es evidente que aquél hizo aplicación indebida de los artículos 2357, 1613 y 1614 del Código Civil, en la medida en que, sin estarlo, dio por demostrado un concurso de conductas culposas de los litigantes en los hechos dañosos y limitó el alcance de la indemnización integral demandada.

                        8. Por tanto, el cargo prospera.

V. SENTENCIA SUSTITUTIVA

                        Al imponerse el quiebre de la sentencia combatida, compete a la Corte, en sede de instancia, resolver sobre la apelación que las partes plantearon contra el fallo de 26 de agosto de 2003, dictado por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica; con todo, no se seguirá a ello inmediatamente sino que, previamente a su expedición, se ordenará de oficio, con fundamento en los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, el decreto y práctica de  algunas pruebas.

 

VI. DECISIÓN

               
                        En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 20 de abril de 2004, pronunciada por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia, y en sede de instancia, previamente a proferir el fallo de reemplazo, DISPONE, de oficio, la práctica de las pruebas siguientes:

                        Al tenor de lo establecido en los artículos 243 del Código de Procedimiento Civil, 3º, numeral primero, y 9º del decreto 2463 de 2001, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá ríndase informe sobre los siguientes puntos: a) Si Luis Miguel Rivero Valverde, como consecuencia de las lesiones que sufrió en el accidente de electrocución de que da cuenta este proceso, ocurrido el 23 de enero de 2001, quedó con deformaciones o secuelas de carácter permanente; de ser así, especificará las mismas; b) si dichas lesiones determinaron para Rivero Valverde la pérdida de su capacidad laboral o la disminución de la misma; de ser lo segundo, indíquese en qué porcentaje; y c) Cuál sería la vida probable laboral productiva del lesionado. 

                        Con tal fin, ofíciese a la citada Junta con remisión de copia de la historia clínica del demandante, obrante a folios 10, 33 a 59 y 240 a 248 del cuaderno 1, e indíquesele que el término para efectuar los exámenes y presentar el respectivo dictamen es de veinte (20) días, contado a partir de la fecha en que reciba la orden correspondiente.

Los costos que ocasione la práctica de las pruebas ordenadas, serán de cargo, en proporciones iguales, de ambas partes.

Sin costas en casación por haber prosperado el recurso extraordinario.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

 

Compilado, editado y concordado para SSPD por BISA Corporation Ltda.
Editores y Compiladores: Yezid Fernando Alvarado Rincón, Astrid Suárez Prieto. 

 

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Última modificación:23/12/2009 04:31:51 PM
Servicios Públicos: - Tema complementario
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Publicado:1/01/3000 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
La responsabilidad civil atribuible al demandado puede atenuarse cuando, amén de su comportamiento, ?confluya la conducta de la propia víctima, en cuanto sea reprochable, a la realización del daño, inclusive hasta el punto de que si la última resulta exclusivamente determinante, el demandado debe ser exonerado de cualquier indemnización; y, a partir de allí, si fue apenas un hecho concurrente, se impone, justa y proporcionalmente, una disminución del monto indemnizatorio reclamado.
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