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 Concepto SSPD 378 de 2011
  
 

CONCEPTO 378 DE 2011

(junio 15)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Radicado No.: 20111300349121

Fecha: 15-06-2011

Bogotá, D.C.

CONCEPTO-SSPD-OJ-2011-378

Doctor

JORGE ELIECER VALDERRAMA

Gerente ESPUFLAN E.S.P.

Carrera 8 No 12 esquina 2 Piso

Flandes - Tolima

Ref. Su solicitud de concepto1

Respetado Doctor:

Se basa la solicitud de concepto en determinar cuál debe ser el derrotero de la empresa ESPUFLAN, frente a una situación concreta acaecida a dicha empresa, consistente en la instalación de puntos de recaudo no autorizados, a los cuales acudieron los usuarios para pagar su servicio.

Hemos recibido la consulta de la referencia y antes de brindarle una respuesta debemos advertir que la misma se formula con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en respuesta a una petición en la modalidad de consulta, constituyen orientaciones y puntos de vista que no comprometen la responsabilidad de la entidad ni tienen carácter obligatorio ni vinculante.

En tal virtud, tanto las preguntas como las respuestas, deben darse en forma que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares. En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha señalado que como regla general los conceptos que se expiden a instancia del interesado no son obligatorios, ni crean situaciones jurídicas particulares.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero2 del artículo 79 de la Ley 142 de 19943, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 20014 esta Superintendencia no puede exigir, en ningún caso, que los actos o contratos de una empresa de servicios públicos se sometan a aprobación previa suya, pues lo anterior constituiría un acto de coadministración que le está vedado a esta entidad.

Hechas las anteriores precisiones, esta Oficina se pronunciará de manera general sobre aspectos que se consideran pueden otorgarle elementos para responde su inquietud, en los siguientes términos:

La Ley 142 de 1994 no contiene limitación alguna para que las empresas de servicios públicos encomienden la tarea de recaudar el pago de las facturas a otras empresas o entidades con capacidad para contratar y ejecutar esta actividad.

Normativamente, la única referencia al tema del recaudo del pago de las facturas de los servicios públicos, se encontraba en el Decreto 1842 de 1994, el cual señalaba que las empresas podían celebrar convenios con bancos y corporaciones para el pago de las facturas. Sin embargo, este Decreto perdió vigencia a partir de la expedición de la Ley 142 de 1994, por lo que no es actualmente aplicable.

De lo anterior, que el tema de los recaudos del pago de las facturas de servicios públicos, antes citado, quedó sujeto a las determinaciones que sobre el particular adopten las empresas dentro de su libertad de gestión administrativa y contractual.

Lo anterior, se reafirma con la lectura del articulo 32 de la Ley 142 de 1994, que indica que todos los actos de administración de las Empresas de Servicios Públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, salvo en cuanto la Constitución Política y la Ley dispongan lo contrario; en consecuencia de ello, al no estar vigente el Decreto 1842 de 1991 las empresas pueden desarrollar libremente lo referente a estrategias de cobro, pero siempre teniendo presente lo estipulado en el contrato de condiciones de uniformes sobre la forma como los usuarios pueden hacer el pago.

Por lo anterior, la atención de actividades relacionadas con la gestión comercial, es susceptible de ser tercerizada, siempre y cuando las empresas prestadoras del servicio y que han celebrado el contrato de condiciones uniformes con sus usuarios, no pretenden evadir su responsabilidad frente a sus usuarios, e informen a dichos usuarios de la forma, modo y lugar en que deben hacer el pago de sus facturas.

En ese contexto, suficientemente informados los usuarios, estos deben proceder a cancelar las facturas en los puntos autorizados por las empresas, so pena de que el pago realizado en puntos no autorizados se tenga por no hecho. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste a los usuarios de reclamar sus facturas, y del que le asiste a la empresa para (i) proceder a su cobro y (ii) denunciar las eventuales conductas punibles que se hubiesen podido presentar por la suplantación de la empresa y la instalación no autorizada de puntos de recaudo.

Ha de señalarse igualmente, que ni el eventual incumplimiento del contrato suscrito entre el prestador y el tercero encargado de facturar, ni los conflictos entre prestadores y puntos de recaudo fraudulentos son asuntos sujetos al control, inspección y vigilancia de Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo que la empresa, en dichos eventos, habrá de acudir ante las autoridades judiciales competentes para resolver dichos conflictos.

Finalmente, le informamos que esta Superintendencia ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio de consulta al que usted puede acceder en la siguiente dirección: http://basedoc.superservicios.gov.co. Ahí encontrará normativa, jurisprudencia y doctrina sobre los servicios públicos domiciliarios, en particular los conceptos emitidos por esta entidad.

Cordialmente,


MARINA MONTES ÁLVAREZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica

1 Reparto 954, Radicado 20115290261872

Preparado por: FERNANDO ENRIQUE BOBADILLA - Asesor Oficina Asesora Jurídica

Revisado por: MARÍA DEL CARMEN SANTANA - Asesora Oficina Asesora Jurídica

TEMA: RECAUDO DE FACTURAS. Esta actividad puede ser tercerizada, siempre que se informe al usuario de modo suficiente, las condiciones de forma, modo y lugar en donde debe hacerse el pago de la factura. Si el usuario, suficientemente informado, realiza el pago en un punto no autorizado, el mismo podría tenerse como no hecho. Los conflictos suscitados entre el prestador de servicios públicos y quien haga el recaudo, no son competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2 PARÁGRAFO 1o. En ningún caso, el Superintendente podrá exigir que ningún acto o contrato de una empresa de servicios públicos se someta a aprobación previa suya. El Superintendente podrá, pero no está obligado, visitar las empresas sometidas a su vigilancia, o pedirles informaciones, sino cuando haya un motivo especial que lo amerite.

3 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

4 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.

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Última modificación:4/09/2012 08:32:11 AM
Servicios Públicos: - General a los servicios publicos
 
Problema Jurídico:
Se basa la solicitud de concepto en determinar cuál debe ser el derrotero de la empresa ESPUFLAN, frente a una situación concreta acaecida a dicha empresa, consistente en la instalación de puntos de recaudo no autorizados, a los cuales acudieron los usuarios para pagar su servicio.
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ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"