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 Sentencia CSJ SCL 30150 de 2007
  
 

  SALA DE CASACIÓN LABORAL

   DR. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ
Magistrado Ponente

      Radicación No. 30150
                        Acta No. 43

Bogotá D.C., treinta y uno (31)  de mayo de dos mil siete (2007).

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por GUSTAVO GUTIÉRREZ MOYANO  contra la sentencia del 15 de junio de 2006, proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca, dentro del proceso adelantado por  el recurrente  contra el MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ y la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A. E.S.P. “E.A.A.A.Z. E.S.P.”

I.- ANTECEDENTES

Ante el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, Gustavo Gutiérrez Moyano demandó a las personas públicas mencionadas, para que se declare la existencia de un contrato de trabajo sin solución de continuidad,  cuya terminación fue por causa solidaria imputable a ellas. Consecuencialmente para que sean condenadas a reintegrarlo al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría y a pagarle los salarios y prestaciones debidos durante el tiempo que permanezca cesante, incluyendo los aportes a la seguridad social. Subsidiariamente pretende el pago solidario de la indemnización por despido injusto a cargo de las accionadas, así como el de sus cesantías e intereses, vacaciones, pensión vitalicia de jubilación de acuerdo con la convención colectiva, pensión legal de jubilación y demás acreencias debidas, tales como la indemnización moratoria y la observancia del tiempo de prestación del servicio militar para efectos pensionales.

Fundamentó sus pretensiones en que el 25 de febrero de 1985, suscribió un contrato de trabajo a término indefinido con el Municipio para desempeñarse como obrero y posteriormente prestó servicios sin solución de continuidad a la Empresa de Acueducto hasta el 29 de julio de 2002, cuando se le terminó unilateralmente y sin justa causa su contrato por parte de las entidades demandadas; que es afiliado al Sindicato de Trabajadores del Municipio de Zipaquirá y que reclamó infructuosamente sus derechos laborales de todo orden.

         II. RESPUESTAS A LA DEMANDA

La Empresa de Acueducto se opuso a las pretensiones del actor. Afirmó que éste le prestó servicios  mediante contrato de trabajo entre el 1º de enero de 1997 y el 29 de julio de 2002 y que esta vinculación es independiente de la que tuvo el demandante con el Municipio de Zipaquirá, además de que el cargo que desempeñaba fue suprimido, por lo cual se retiró del servicio. Que hubo solución de continuidad entre las dos vinculaciones del actor y por tanto no puede hablarse de un empleador único y un solo contrato de trabajo. Propuso las excepciones de inexistencia de la causa petendi, errónea aplicación de la ley sustancial, cobro de lo no debido y prescripción de la acción de reintegro. 

El Municipio de Zipaquirá, a su turno, también se opuso a las peticiones del demandante, alegando en su favor que éste le prestó servicios mediante contrato de trabajo entre el 1º de febrero de 1985 y el 31 de diciembre de 1996, el cual terminó por supresión del cargo, es decir una causa legal. Propuso las mismas excepciones de la otra demandada y además la de prescripción extintiva de la acción laboral.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Fue proferida el 14 de junio de 2005 y con ella el Juzgado absolvió a las entidades demandadas de las pretensiones formuladas en su contra por el actor, declaró probada la excepción de cobro de lo no debido y dejó a cargo del accionante las costas de la instancia.

IV. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Por apelación del demandante el proceso subió al Tribunal Superior de Cundinamarca, Corporación que mediante la sentencia recurrida extraordinariamente, confirmó la decisión de primer grado.

El Tribunal concluyó que el demandante tuvo con cada una de las accionadas un contrato de trabajo diferente, ya que la Empresa de Acueducto, por ser entidad descentralizada del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, es independiente del Municipio, “por lo que no puede predicarse que el demandante le hubiera servido a un mismo empleador dentro de los extremos temporales que afirma en la demanda, sin que tampoco importe que al día siguiente del que fue desvinculado del municipio por supresión del cargo hubiera empezado a prestarle servicios a la empresa, pues esa circunstancia per se, no configura la unidad del contrato de trabajo”.

Anotó igualmente que Si bien la continuidad del vínculo laboral cuando se trabaja para distinto patronos puede tener otras fuentes normativas, como la sustitución patronal tangencialmente mencionada por la a-quo, el demandante no la menciona en la demanda como sustento de sus derechos”. 

         En cuanto al reintegro pretendido, expresó que el demandante no había explicado el sustento legal del mismo y que la convención colectiva de trabajo del 18 de noviembre de 2002, no era aplicable ya que para esa fecha estaba desvinculado.

         Respecto de la pensión de jubilación, estimó que como el actor cuando prestó servicios al Municipio estuvo afiliado a Caprezipa y luego al Instituto de Seguros Sociales para el riesgo de vejez, no había lugar a la pensión solicitada, además de que se pagaron las cotizaciones derivadas de dichas afiliaciones, por lo cual las citadas entidades de previsión subrogaron a las demandadas en el riesgo de vejez.
          
 
V. EL RECURSO DE CASACIÓN

         Lo interpuso el demandante con la finalidad de que se case la sentencia recurrida, para que en instancia se revoque la del a quo y en su lugar se acceda a las pretensiones de su demanda inicial.

         Con ese propósito presentó tres cargos, replicados por el Municipio de Zipaquirá, los cuales se decidirán a continuación.

        
         VI. PRIMER CARGO

         Acusa la infracción directa del artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo, en consonancia con los artículos 68, 69 y 70 del mismo estatuto y en relación con los artículos 9º, 11, 13 y 16 ibídem; 1º, 2º,, 4º, 5º, 6º, 25, 48, 53 y 228 de la Constitución Política de 1991.

         En el desarrollo del cargo advierte que la infracción normativa denunciada tiene su fuente en que el Tribunal no advirtió la figura de la solidaridad patronal, cuyo estudio era absolutamente necesario ya que sus efectos son interesantes y precisos frente a los hechos y fundamentos de la demanda, además de que el artículo 228 de la Constitución consagra la prevalencia del derecho sustancial.

         Expresa que si el Tribunal hubiera analizado dicha figura, otro hubiera sido el fundamento del fallo.

Finaliza la acusación con exposición de criterios jurisprudenciales sobre la figura de la sustitución patronal.

         VII. LA RÉPLICA
        
         Sostiene que como el demandante celebró un nuevo contrato de trabajo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, no hay sustitución patronal, por lo que es acertada la sentencia recurrida.

         VIII. SE CONSIDERA

         De una vez se comienza por advertir que el cargo debe ser rechazado por los siguientes motivos:

         El Tribunal consideró que la sustitución patronal no fue alegada en los hechos de la demanda como sustento de las pretensiones. Al dirigir el cargo por la vía directa, el recurrente debe admitir dicho supuesto, es decir que esa figura no se alegó en la citada pieza procesal.

         Si ello es así, en ninguna violación de la ley incurrió el ad quem cuando no analizó si entre las entidades demandadas hubo sustitución patronal frente al demandante, pues no está facultado para variar el marco fáctico planteado por éste, que en términos generales se concretó en afirmar que entre las partes hubo un solo contrato de trabajo por no haber solución de continuidad entre las dos vinculaciones que tuvo con cada una de las accionadas, lo cual fue desvirtuado por el sentenciador de la alzada sin que el recurrente se ocupara de ese punto específico del fallo.
        
Los artículos 67 a 70 del Código Sustantivo del Trabajo no son aplicables a los trabajadores oficiales de acuerdo con los artículos 3º, 4º y 492 del mismo estatuto. Por tanto, no es posible que el Tribunal los hubiera infringido directamente, pues tales disposiciones no regulan el asunto debatido.

         Por lo demás, tiene razón la réplica en su objeción al cargo, pues al pasar al demandante del Municipio de Zipaquirá a la Empresa de Acueducto, suscribió con esta última entidad un nuevo contrato de trabajo, lo cual desvirtúa por completo una eventual sustitución de patronos, sin dejar de advertir que tampoco cuestionó el cargo lo relativo a la distinta identidad jurídica que hay entre las entidades demandadas.

         IX. SEGUNDO CARGO

         Acusa la aplicación indebida indirecta del artículo 28 del Decreto Ley 2400 de 1968 “por la errónea apreciación de documento auténtico (Oficio No. 359 de 31 de diciembre de 1996 que obra a folio 48 del cuaderno principal), en relación (sic) los artículos 67 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los Artículos 68, 69 y 70 del mismo Estatuto Sustantivo”.

         Denuncia la comisión de cinco errores de hecho, de los cuales los cuatro primeros aluden a la sustitución patronal que en sentir de la censura ocurrió en el asunto bajo examen, y el último de ellos relativo a que no se dio por demostrado, pese a estarlo, que los empleadores al momento de la desvinculación sin justa causa, omitieron y para todos los efectos los derechos del demandante.

En la demostración examina el contenido del oficio acusado como apreciado erróneamente por el Tribunal e insiste que del mismo se deriva la sustitución patronal que el Tribunal dio por no demostrada.

X. LA RÉPLICA

Sostiene que la sustitución patronal no fue alegada en la demanda inicial y que en consecuencia en ningún yerro fáctico evidente incurrió el Tribunal.

XI. SE CONSIDERA

El Tribunal fue enfático en señalar que el demandante no había planteado en la demanda la sustitución patronal como un hecho que sustentaba sus pretensiones. El recurrente no cuestiona este soporte de la sentencia, sino que simplemente se limita a derivar los errores de hecho de una indebida estimación del oficio 359 del 31 de diciembre de 1996, lo cual implica que acepta la valoración que hizo el sentenciador de la alzada respecto de la citada pieza procesal.

Por tanto, no pudo incurrir el Tribunal en ningún desacierto de hecho, resaltando que las apreciaciones hechas por la Corte al examinar el cargo anterior, en lo que tiene que ver con la figura de la sustitución patronal y su regulación legal, son también aplicables al asunto bajo examen.

Así las cosas, lo acotado es suficiente para que no prospere la acusación.

XII. TERCER CARGO

Acusa la infracción directa del artículo 64 del C. S. del T., en consonancia con los artículos 65 y 66 del citado código y 8º de la Ley 171 de 1961, en relación con los artículos 9o, 10, 11, 14 y 16, del C. S. del T.; 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 25, 48, 53 y 228 de la Constitución de 1991.

En el desarrollo expresa que de no haber olvidado y pasado por alto el artículo 64 del C. S. del T., tendría que haber fulminado condena por la pensión sanción, ya que al darse por lógica la declaratoria del despido injusto, la consecuencia obligada es la referida pensión.

XIII. LA RÉPLICA

Anota que el Tribunal no violó la ley en la forma que pregona la censura, ya que los artículos 64, 65 y 66 del Código Sustantivo del Trabajo no son aplicables a los trabajadores oficiales.

XIV. SE CONSIDERA

El Tribunal no se pronunció en ningún sentido respecto a la pensión sanción de jubilación. Ese silenció se explica en que a su juicio, la pretensión del actor fue la pensión de vejez y no la que ahora pretende en sede extraordinaria el recurrente. Y para poder determinar si efectivamente la pensión sanción fue una de las pretensiones de la demanda original, se hace necesario examinar el expediente, labor que esa ajena a la violación directa de la ley escogida por la censura.

De todas maneras, no está demás advertir que el soporte esencial del fallo cuestionado en este punto, según el cual el riesgo de vejez fue asumido por Caprezipa y el ISS no fue controvertido por el recurrente, omisión que implica la permanencia de la sentencia impugnada.

De otro lado, y teniendo razón la oposición en ello, vuelve a insistir la Corte en que las disposiciones acusadas del Código Sustantivo del Trabajo no son aplicables al asunto bajo examen, como tampoco tiene vigencia para el caso de autos el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, ya que si el actor se retiró del servicio el 29 de julio de 2002, para esta la fecha la norma a tener en cuenta es el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, que subrogó aquella.

No aparece, entonces, que el juez colegiado hubiese incurrido en error jurídico alguno.

En consecuencia el cargo no prospera y las costas del recurso extraordinario son a cargo del impugnante y a favor del Municipio de Zipaquirá. No se impondrán a favor de la otra demandada, pues no replicó la demanda extraordinaria.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el  Tribunal Superior de Cundinamarca el 15 de junio de 2006, dentro del proceso ordinario adelantado por GUSTAVO GUTIERREZ MOYANO  contra el MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ y la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A. E.S.P. ,  “E.A.A.A.Z. E.S.P.”.             

Costas como se indicó en la parte motiva.

COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

                                         LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ


GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA                          EDUARDO LOPEZ VILLEGAS                

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ                                  CAMILO TARQUINO GALLEGO

                                                                  ISAURA VARGAS DIAZ

                                         MARIA ISME NIA GARCIA MENDOZA
    Secretaria

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Editores y Compiladores: Yezid Fernando Alvarado Rincón, Astrid Suárez Prieto. 

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Última modificación:23/12/2009 04:31:53 PM
Servicios Públicos: - Tema complementario
Publicado:1/01/3000 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
Se fundamentan las pretensiones en que el 25 de febrero de 1985, suscribió un contrato de trabajo a término indefinido con el Municipio para desempeñarse como obrero y posteriormente prestó servicios sin solución de continuidad a la Empresa de Acueducto hasta el 29 de julio de 2002, cuando se le terminó unilateralmente y sin justa causa su contrato por parte de las entidades demandadas; que es afiliado al Sindicato de Trabajadores del Municipio de Zipaquirá y que reclamó infructuosamente sus derechos laborales de todo orden.
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