ACUERDO 6 DE 2012

(octubre 11)

Diario Oficial No. 48.623 de 23 de noviembre de 2012

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

<NOTA DE VIGENCIA: Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013>

Por el cual se precisan las formas de intervención por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales.

EL CONSEJO DIRECTIVO,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el parágrafo 2o del numeral 3 del artículo 6o y el numeral 13 del artículo 10 del Decreto-ley 4085 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del parágrafo del artículo 5o de la Ley 1444 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como una Unidad Administrativa Especial, y, en el literal f) del artículo 18 ídem se confirieron facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para fijar los objetivos y estructura de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Que en dicha disposición se concibió la Agencia en los siguientes términos: “Créase la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación como una Unidad Administrativa Especial, que como entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, tendrá como objetivo la estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención del daño antijurídico, así como la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales de las entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa. Para ello, tiene como misión planificar, coordinar, ejercer, monitorear y evaluar la defensa efectiva de la Nación, a fin de prevenir el daño antijurídico y fomentar el respeto de los derechos fundamentales”. (Resaltado fuera de texto).

Que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las citadas facultades, profirió el Decreto-ley 4085 de 2011, por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Que en el artículo 2o ibídem se precisa que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tendrá como objetivo “el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación”. (Resaltado fuera de texto).

Que en el parágrafo de la precitada disposición se definieron los intereses litigiosos de la Nación, en torno a los cuales gravitarían los objetivos misionales de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, como: “a) Aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la Administración Pública del orden nacional por ser parte en un proceso; b) Aquellos relacionados con procesos en los cuales haya sido demandado un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su interpretación o aplicación; c) Aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional; d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los cuales haya sido demandada la Nación; e) Los demás que determine el Consejo Directivo de esta Agencia dentro de los lineamientos y prioridades señalados por el Gobierno Nacional”. (Resaltado fuera de texto).

Que el artículo 3o del Decreto-ley 4085 de 2011 previó el alcance de la defensa jurídica del Estado como “el conjunto de las actuaciones dirigidas a la garantía de los derechos de la Nación y del Estado y de los principios y postulados fundamentales que los sustentan, y a la protección efectiva del patrimonio público”, determinando que la misma comprendería, entre otras, las actividades relacionadas con: “...(iii) la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; (iv) la participación en procesos judiciales o administrativos en los que la Nación o las entidades públicas del orden nacional sean parte demandante o demandada o deban intervenir; (v) la definición de estándares para la defensa judicial de las entidades públicas;… y (vii) la recuperación de dineros públicos por la vía de la acción de repetición”. (Resaltado fuera de texto).

Que, asimismo, en el subliteral i) del numeral 3 del artículo 6o del Decreto-ley 4085 de 2011 determinó dentro de las funciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, relacionadas con el ejercicio de la representación, se reitera que este podrá intervenir procesalmente en aquellos procesos en los cuales haya comprometido intereses litigiosos de la Nación y, además, que dicha intervención se haría a partir de unos criterios de selectividad, en los siguientes términos: “asumir, en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la Ley, la defensa jurídica de las entidades y organismos de la Administración Pública, y actuar como interviniente en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados los intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial”. (Resaltado fuera de texto).

Que de igual forma, en la precitada disposición en armonía con el numeral 8 del artículo 17 del señalado Decreto-ley, se dispone que la Agencia tiene la atribución legal de “participar en los Comités de Conciliación de las entidades u organismos del orden nacional, cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional” y que, al interior de la Entidad, corresponde a la Dirección de Defensa Jurídica “asistir a los Comités de Conciliación de las entidades y participar con voz y voto, de acuerdo con las directrices del Consejo Directivo”.

Que en relación con las entidades del orden territorial la Constitución Política de 1991 prevé, en su artículo 303, modificado por el artículo 1o del Acto Legislativo 2 de 2002, que “en cada uno de los departamentos habrá un Gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal del departamento”, y en su artículo 314, modificado por el artículo 3o del Acto Legislativo 2 de 2002, que “en cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio”. (Resaltado fuera de texto).

Que la Dirección de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado elaboró el documento “Los 536 procesos judiciales más costosos para la Nación: Informe, recaudo y validación de información, fechado 9 de septiembre de 2012.

Que en dicho documento se reporta que, luego de revisar la información de los procesos registrados en el sistema de información Litigob Fase II, con corte a 6 de junio de 2012, se identificaron aquellos litigios cuyo valor de pretensiones indexado supera los $20.000.000.000.

Que una vez depurada la información, la Dirección de Gestión de la Información logró establecer que existen 279 procesos con pretensiones en Litigob que superan los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000) y que veinticinco (25) de estos procesos judiciales tenían pretensiones superiores a un (1) billón de pesos.

Que las pretensiones de estos veinticinco (25) procesos suman novecientos sesenta y cinco billones de pesos ($965.000.000.000.000), correspondientes al noventa y cuatro por ciento (94%) de los mil treinta billones que suman las pretensiones de los 536 procesos más costosos registrados en Litigob Fase II.

Que con el propósito de articular las funciones atribuidas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el ejercicio de la representación, se hace necesario precisar las formas de intervención por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1o. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> Precisar las formas de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el ejercicio de la representación, y los criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales, ejercicio que comprende dos atribuciones fundamentales:

a) La coordinación de la Defensa Jurídica, en cuyo marco convergen las actividades administrativas que ejerce la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de la Dirección General, el Consejo Asesor y la Dirección de Defensa Jurídica para articular, armonizar y fortalecer la intervención procesal de la Nación a través de las diferentes entidades y organismos, oficinas jurídicas y apoderados.

Bajo la órbita de esta misma potestad gravita la competencia que ejerce la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de la Dirección de Defensa Jurídica, de asistir a los comités de conciliación de las entidades y organismos del Nivel Nacional, al ser estas las instancias administrativas donde se proponen, analizan, debaten, adoptan y evalúan las políticas de conciliación, de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico que preservarán los intereses litigiosos de la Nación;

b) La intervención procesal, en cuyo marco convergen todas las posibles actuaciones y atribuciones procesales que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado puede desarrollar ante los diferentes despachos judiciales como demandante o apoderado de las entidades, órganos u organismos de la Administración Pública Nacional, o Interviniente en los procesos judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos en los que aquellos/as sean parte, en defensa de los intereses litigiosos de la Nación.

El alcance de esta intervención se enmarca en las atribuciones procesales conferidas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el ordenamiento jurídico, en especial las previstas en el Decreto-ley 4085 de 2011 y el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012.

ARTÍCULO 2o. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> El criterio de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el ejercicio de la representación, al que se refiere el numeral 3 del artículo 6o y el literal a) del parágrafo del artículo 2o, ambos del Decreto-ley 4085 de 2011, en razón del factor subjetivo u orgánico, se contrae a los organismos y entidades públicos que integran la administración pública del orden nacional por ser parte de un proceso.

PARÁGRAFO. Se entienden comprendidos dentro del factor subjetivo, al que se refiere este artículo, los procesos que se instauren contra el Estado colombiano, República de Colombia, y la Nación.

ARTÍCULO 3o. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> El criterio de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el ejercicio de la representación, al que se refiere el numeral 3 del artículo 6o y los literales b) y c) del parágrafo del artículo 2o del Decreto-ley 4085 de 2011, se contrae a aquellos procesos o mecanismos alternativos de solución de conflictos en los haya sido demandado o se controvierta un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su interpretación, y los relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional.

ARTÍCULO 4o. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> En relación con las entidades y organismos del nivel territorial de gobierno (departamentos, municipios y distritos, así como las entidades descentralizadas de estos órdenes), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá ejercer la representación judicial de aquellos/as mediante la suscripción de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento del poder por parte del Gobernador, Alcalde municipal o distrital, o representante legal respectivo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1o del numeral 3 del artículo 6o del Decreto-ley 4085 de 2011.

De igual forma, las demás funciones referidas al ejercicio de la representación, contenidas en el parágrafo 1o del numeral 3 del artículo 6o del Decreto-ley 4085 de 2011, deberán ser acordadas previamente mediante un convenio interadministrativo.

PARÁGRAFO. El Director General, previo a la suscripción del respectivo convenio, deberá informar al Consejo Directivo de la Entidad sobre su celebración y presentar las razones de conveniencia para los intereses judiciales de la Nación de realizarlo.

ARTÍCULO 5o. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> La asesoría de los procesos de defensa de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría a la que se refiere el artículo 46 de la Ley 1551 de 2012, se realizará en los términos del reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 6o. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los veinticinco (25) procesos que contienen las mayores pretensiones en contra del Estado y que concentran el noventa y cuatro por ciento (94%) del valor de las pretensiones de los procesos más cuantiosos enervados en contra del Estado, registrados en el sistema Litigob Fase II, se ordena la intervención inmediata de la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el propósito de coordinar y evaluar la estrategia de la defensa jurídica del Estado, los riesgos y probabilidades de éxito de estos litigios. En esta tarea podrá solicitar la asesoría del Consejo Asesor de esta Agencia, así como de los comités de conciliación, las oficinas jurídicas y los apoderados, y el acompañamiento de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, cuando a ello haya lugar.

Los procesos antes indicados son los siguientes:

ARTÍCULO 7o. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> En relación con la intervención litigiosa y con base en los análisis de los procesos a los que se refiere el artículo precedente, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su Director General los casos en los cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal por parte de aquella.

ARTÍCULO 8o. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los cuarenta y un procesos judiciales cuyas pretensiones en contra del Estado superan los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), en los cuales el Estado ha obtenido decisiones favorables de primera instancia, se ordena la intervención de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la fortaleza de los argumentos del recurso de apelación, las pruebas recaudadas, la oposición y alegaciones presentadas por los respectivos apoderados o representantes legales.

Los procesos antes indicados son los siguientes:

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con los procesos antes referidos no excluye lo ordenado en el artículo 6o, en relación con los mismos, cuando los procesos estén igualmente clasificados en el listado incorporado en dicho artículo.

ARTÍCULO 9o. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los diecinueve procesos judiciales cuyas pretensiones en contra del Estado superan los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), en los cuales el Estado ha obtenido decisiones desfavorables de primera instancia, pretensiones indeterminadas o fallos inhibitorios, se ordena la intervención, a nivel de coordinación, de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la fortaleza de los argumentos del recurso de apelación, las pruebas recaudadas, la oposición y alegaciones presentadas por los respectivos apoderados o representantes legales.

Los procesos antes indicados son los siguientes:

Procesos desfavorables en primera instancia sin fallo en segunda instancia.

Procesos con fallo inhibitorio en primer instancia sin fallo en segunda instancia.

Procesos con piezas procesales cuya pretensión se catalogó como indeterminada.

ARTÍCULO 10. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> En relación con la intervención litigiosa y con base en los análisis de los procesos a los que se refieren los artículos 8o y 9o, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su Director General los casos en los cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal por parte de aquella.

ARTÍCULO 11. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> En relación con la coordinación de la defensa jurídica de los demás procesos activos a la fecha de expedición del presente acuerdo, impetrados en contra de las entidades y organismos a los que se refieren los artículos 2o y 3o del presente acuerdo, y que están registrados en el Sistema Litigob Fase II, preexistentes a la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y cuya cuantía supere los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000,00), se ordena la intervención, a nivel de coordinación, de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la estrategia judicial empleada para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación, la probabilidad de éxito y la fortaleza y debilidades de las pretensiones y excepciones presentadas, así como los medios probatorios en los que se fundamentan.

De igual forma se procederá en relación con los procesos en contra de las entidades y organismos a las/os que se refieren los artículos 2o y 3o del presente Acuerdo informados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con posterioridad a su creación.

ARTÍCULO 12. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> En virtud de lo dispuesto en el subliteral i) del numeral 3 del artículo 6o del Decreto-ley 4085 de 2011, el criterio de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado relacionado con la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda se establece en veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000).

ARTÍCULO 13. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> En relación con la intervención litigiosa y con base en los análisis de los procesos a los que se refiere el artículo precedente, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su Director/a General los casos en los cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal por parte de aquella.

ARTÍCULO 14. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> En relación con los procesos judiciales cuya cuantía de pretensiones no exceda los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervendrá de manera directa, sino a través de los protocolos y directrices generales que en materia de conciliación, defensa judicial y prevención del daño antijurídico haya expedido.

ARTÍCULO 15. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> Cuando en virtud de lo dispuesto en el subliteral i) del numeral 3 del artículo 6o del Decreto-ley 4085 de 2011 se solicite o requiera la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en atención a: el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial, el Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, previa valoración del Consejo Asesor y la Dirección de Defensa Jurídica, autorizará los términos de la intervención de esta última dependencia, bien para efectos de coordinar la defensa judicial, bien para efectuar la respectiva intervención procesal.

PARÁGRAFO. La solicitud de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá ser presentada por el representante del respectivo órgano, organismo o entidad de la administración pública del nivel nacional de gobierno.

ARTÍCULO 16. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> La Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asistirá con voz y voto a los comités de conciliación de las entidades y organismos del orden nacional referidas/os en los artículos 2o y 3o del presente Acuerdo cuando se vayan a debatir los aspectos relacionados con la defensa judicial y/o el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos respecto de los procesos judiciales determinados en los artículos 6o a 13 del presente acuerdo.

De igual forma, la Dirección de Defensa Jurídica asistirá con voz y voto a los comités de conciliación de las entidades cabeza de sector administrativo, con el propósito de adelantar sesiones sectoriales de defensa judicial, conciliación y prevención del daño antijurídico.

ARTÍCULO 17. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> El Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado señalará mediante Directiva los plazos y condiciones en los que las entidades y organismos señaladas/os en los artículos 2o y 3o del presente Acuerdo deberán informar y remitir los respectivos antecedentes a la Dirección de Defensa Jurídica para efectos de su participación, al correo electrónico conciliacion@defensajuridica.gov.co

ARTÍCULO 18. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> Para el caso de la asistencia de la Dirección de Defensa Jurídica a los comités de conciliación de las entidades del nivel territorial de gobierno, la misma se sujetará a lo previsto en los artículos 4o y 5o del presente Acuerdo, sin que en ningún caso participe con voz y voto en las respectivas decisiones, en atención a la autonomía administrativa que constitucionalmente se les ha reconocido.

Sin embargo, sus delegados deberán informar las políticas que en materia de defensa judicial, conciliación y prevención de daño antijurídico se han adoptado por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a efectos de articular y armonizar la postura estatal en relación con la defensa de los intereses litigiosos.

ARTÍCULO 19. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> Cuando de conformidad con los parágrafos de los artículos 30, 31, 32 y 615 de la Ley 1564 de 2012 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicite el cambio de radicación de un (os) proceso (s) en el (los) que órganos, organismos o entidades de la Administración Pública Nacional sea(n) parte, la solicitud se sustanciará y aprobará por parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del Director General de la Entidad.

PARÁGRAFO. Para los efectos antes indicados, los órganos, organismos y entidades antes indicados/as suministrarán a la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado los fundamentos jurídicos, fácticos y medios probatorios que sustentarán la respectiva solicitud.

Adicionalmente, como estrategia de defensa judicial, la solicitud de cambio de radicación deberá ser aprobada por parte del(os) Comité(es) de Conciliación respectivo(s), para lo cual se deberá invitar a la Dirección de Defensa Jurídica en los términos de que trata el artículo 17 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 20. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> Tratándose de las solicitudes de levantamiento del embargo y secuestro de los recursos públicos, de conformidad con los artículos 594 y 597 de la Ley 1564 de 2012, y con el propósito de evitar la insostenibilidad fiscal o presupuestal en los procesos en los que órganos, organismos y entidades de la Administración Pública Nacional sean parte, las mismas serán sustanciadas y aprobadas por parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del Director General de la Entidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado proferirá protocolos y directrices mediante los cuales se oriente la defensa judicial del Estado en relación con las medidas cautelares que puedan solicitar o de las que puedan ser objeto.

PARÁGRAFO. Los órganos, organismos y entidades que conforman la Administración Pública Nacional suministrarán los fundamentos jurídicos, fácticos y medios probatorios que sustentarán la respectiva solicitud.

De otra parte y por tratarse de una estrategia de defensa judicial del Estado, la(s) solicitud(es) de levantamiento de las medidas de embargo y secuestro que se presenten a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, deberán ser aprobadas por parte del(os) Comité(es) de Conciliación respectivo (s), para lo cual se deberá invitar a la Dirección de Defensa Jurídica en los términos de que trata el artículo 17 del presente acuerdo.

De igual forma, cuando se trate de medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos que tengan por objeto la ejecución de una sentencia judicial, la Dirección de Defensa Jurídica revisará el procedimiento interno de pago de la respectiva providencia y, en caso de ser procedente, requerirá su inmediato cumplimiento o la suscripción del acuerdo de pago respectivo.

ARTÍCULO 21. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> Cuando en virtud del inciso 2o del parágrafo 3o del artículo 610 de la Ley 1564 de 2012 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicite a la Corte Constitucional la revisión de que trata el artículo 33 del Decreto número 2591 de 1991, la solicitud se sustanciará y aprobará por parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del Director General de la Entidad.

Esta intervención procesal se autoriza de conformidad con los criterios de selección de que trata el subliteral i) del numeral 3 del artículo 6o del Decreto-ley 4085 de 2011 o la violación del debido proceso judicial.

PARÁGRAFO. Los órganos, organismos y entidades que conforman la Administración Pública Nacional suministrarán a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica los antecedentes y fundamentos jurídicos, fácticos y medios probatorios que sustentarán la respectiva solicitud.

ARTÍCULO 22. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> Se anexan a título informativo los Anexos: “Los 536 procesos judiciales más costosos para la Nación” y “Listado de entidades, organismos y autoridades de nivel nacional”.

ARTÍCULO 23. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> Ordenar a la Dirección de Gestión de Información depurar y actualizar la información contenida en la base de procesos Litigob II en relación con los procesos que se indican en los artículos 6o, 8o y 9o del presente acuerdo.

ARTÍCULO 24. <Acuerdo derogado por el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2013> El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 11 de octubre de 2012.

La Presidenta,

RUTH STELLA CORREA PALACIO.

La Directora General,

ADRIANA GUILLÉN ARANGO,

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,

Secretaria Técnica.

Contenido

Presentación del ejercicio

1. La distribución de la pretensión en los 536 procesos más costosos en Litigob

2. La distribución de la pretensión de los 536 procesos según el envío de piezas procesales

3. La distribución de los 279 procesos con piezas procesales según instancia

4. Los 279 procesos con piezas procesales según estado de la pretensión (determinada o indeterminada)

5. Criterios de priorización de los 279 procesos para la toma de decisiones en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

6. Estado de entrega de la información a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado

Presentación del ejercicio

La Dirección de Gestión de la Información en cumplimiento de sus funciones consagradas en el artículo 20 del Decreto número 4085 de 2011, inició la revisión de la información de los procesos judiciales registrados en el sistema de información Litigob II con corte a 6 de junio de 2012, e identificó aquellos cuya pretensión registró un valor indexado superior a veinte mil millones de pesos. De esta forma encontró seiscientos (630) procesos judiciales que cumplieron esta condición y procedió a solicitar a las entidades demandadas el envío en medio físico o electrónico de las principales piezas procesales para hacer la validación de la pretensión registrada en el sistema Litigob II y obtener información estadística relevante para la toma de decisiones en las demás dependencias de la Agencia. Las piezas procesales solicitadas a las entidades fueron las siguientes:

a) Memorial de la demanda;

b) Auto admisorio de la demanda;

c) Memorial de contestación de la demanda;

d) Memorial de alegatos de conclusión;

e) Providencias de fallos judiciales;

f) Memoriales de sustentación de recursos.

Entre el 15 de julio y el 9 de septiembre de 2012 algunas entidades enviaron las principales piezas procesales de los procesos judiciales registrados en Litigob con pretensiones superiores a veinte mil millones de pesos. Otras enviaron piezas procesales de procesos judiciales que tienen pretensión superior a veinte mil millones de pesos y que no aparecieron en el reporte inicial de los 630 procesos judiciales que se extrajo de Litigob con corte 6 de junio de 2012_[1].

A continuación se presentan las evidencias resultantes del proceso de verificación de la información recibida de las demandas judiciales más costosas y el método de depuración del universo de procesos con pretensión superior a 20 mil millones de pesos:

1. No se ha recibido la información de todos los procesos judiciales solicitados.

2. Al verificar la información se encontró que algunas entidades enviaron nuevos procesos judiciales.

3. Al verificar la información se encontró que algunos procesos ya se habían terminado.

4. Al verificar la información se encontró que algunos de esos nuevos procesos judiciales no cumplen con la condición de tener una pretensión mayor a veinte mil millones de pesos.

5. Al verificar la información se encontró que varias entidades enviaron el mismo proceso judicial y que el mismo aparece duplicado en el sistema.

6. Al validar la información de las piezas procesales con los campos del Sistema Litigob II, se encontró que los apoderados han actualizado la información desde la fecha de la solicitud de las piezas procesales. Estas actualizaciones obligan al equipo de la DGI a hacer nuevos cruces de información para validar la condición de ser procesos superiores a veinte mil millones de pesos, así como identificar el estado activo o terminado del proceso judicial.

TABLA 1

Método de depuración del universo de los procesos con pretensión superior a 20 mil millones de pesos

Con el universo de procesos depurados conforme lo enunciado anteriormente, se elaboró el informe que se presenta a continuación:

1. La distribución de la pretensión en los 36 procesos más costosos en Litigob

Existen 25 procesos cada uno con pretensiones superiores a un (1) billón de pesos, que son a la fecha los más costosos para el Estado. Las pretensiones de estos 25 procesos suman 965 billones de pesos correspondientes al 94% de los 1.030 billones que suman las pretensiones de los 536 procesos más costosos en Litigob. A continuación se presenta la lista de los 25 procesos más costosos identificados por número de proceso, entidad demandada, valor de la pretensión indexada a 2012 y estado de entrega a la Dirección de Defensa Jurídica.

TABLA 2

Lista de los 25 procesos más costosos

GRÁFICO 1

La distribución de la pretensión de los 536 procesos más costosos

Fuente: Dirección de Gestión de la Información.

2. La distribución de la pretensión de los 536 procesos según el envío de piezas procesales

De los 536 procesos más costosos, las entidades enviaron las principales piezas procesales de 279 procesos. El valor total de pretensión de estos 279 procesos asciende a 1,006 billones de pesos, correspondientes al 97,6% de los 1,030 millones de pesos que suman los 536 procesos más costosos en Litigob. Esto quiere decir que se ha verificado con piezas procesales el 97,6% de las pretensiones de los 536 procesos más costosos en Litigob. Solo quedan por verificar 24 billones de pesos repartidos en los 257 procesos restantes.

GRÁFICO 2

Distribución de la pretensión de los 536 procesos según entrega de piezas procesales

Fuente: Dirección de Gestión de la Información.

3. La distribución de los 279 procesos con piezas procesales según instancia

A continuación se presenta la estadística de los 279 procesos en los que las entidades entregaron piezas procesales, según los fallos de primera y de segunda instancia entregados.

DIAGRAMA 1

Estadística de procesos según piezas de fallos judiciales entregados

Fuente: Dirección de Gestión de la Información. Corte 6 de septiembre de 2012.

Según este diagrama se tiene que de los 279 procesos activos 66 procesos ya tuvieron fallo de primera instancia y 213 al parecer continúan en la primera instancia. De los 66 procesos con fallo de primera instancia se obtuvo fallo favorable a la Nación en 46 procesos lo que equivale a una tasa de éxito en primera instancia del 70%. De esos 46 procesos hubo fallo de segunda instancia en 5 procesos de los cuales 3 fallos revocaron la decisión que fue favorable para la entidad en primera instancia. En los otros 41 procesos con fallo favorable en primera instancia no ha habido fallo de segunda instancia.

TABLA 3

Procesos favorables en primera instancia sin fallo en segunda instancia

Fuente: Dirección de Gestión de la Información.

De los 66 procesos con fallo de primera instancia se obtuvo fallo desfavorable a la entidad en 12 procesos lo que equivale a una tasa de pérdida del 18%. De estos 12 procesos en 1 hubo fallo de segunda instancia que revocó la decisión desfavorable. En los restantes 11 procesos con fallo desfavorable en primera instancia no se ha proferido fallo en segunda instancia, o por lo menos la entidad no remitió las piezas que permitieran concluir lo contrario,

TABLA 4

Procesos desfavorables en primera instancia sin fallo en segunda instancia

Fuente: Dirección de Gestión de la Información.

De los 66 procesos con fallo en primera instancia se tienen 8 procesos con fallo inhibitorio sin que las entidades hayan reportado fallo de segunda instancia. Esto equivale a un 12% de fallos inhibitorios. Los procesos en los que se presentó esta situación son los siguientes:

TABLA 5

Procesos con fallo inhibitorio en primera instancia sin fallo en segunda instancia

Fuente: Dirección de Gestión de la Información.

4. Los 279 procesos con piezas procesales según estado de la pretensión (determinada o indeterminada)

En el ejercicio de verificación de los 279 procesos con sus respectivas piezas procesales se encontró que en 59 procesos no se pudo verificar en la demanda el valor de la pretensión por lo cual se catalogó su pretensión como indeterminada. A continuación se presenta la lista de estos procesos cuyas piezas procesales también fueron entregadas a la Dirección de Defensa Jurídica para que las pueda revisar y tomar las decisiones que considere pertinentes. En los restantes 220 procesos sí se pudo verificar la pretensión.

TABLA 6

Los 59 procesos con piezas procesales cuya pretensión se catalogó como indeterminada

5. Criterios de priorización de los 279 procesos para la toma de decisiones en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

Para facilitarle a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el análisis y la priorización de riesgos tanto procesales como de valor de la pretensión de los 279 procesos de más de 20 mil millones verificados con piezas procesales, se proponen las siguientes categorías, siendo (A) la categoría con mayor riesgo y (G) la categoría con menor riesgo:

GRÁFICO 3

Sugerencia de priorización de intervención / vigilancia de procesos

CUADRO 5

Cuadro de categorías según riesgo procesal

Categoría (A)

Procesos que tuvieron fallo desfavorable para la entidad en primera instancia y que no reportan fallo de segunda instancia.

Categoría (B)

Procesos de más de un (1) billón de pesos, que no han tenido fallo de primera instancia.

Categoría (C)

Procesos con pretensión indeterminada con registro en Litigob superior a 100 mil millones de pesos, sin fallo de primera instancia.

Categoría (D)

Procesos entre 100 mil y 1 billón de pesos que no han tenido fallo de primera instancia.

Categoría (E)

Procesos con fallo inhibitorio en primera instancia y que no reportan fallo en segunda instancia.

Categoría (F)

Procesos con fallo favorable en primera instancia que no han tenido fallo en segunda instancia.

Categoría (G)

Procesos inferiores a 100 mil millones de pesos que no han tenido fallo en primera instancia.

TABLA 7

Procesos pertenecientes a la categoría A

TABLA 8

Procesos pertenecientes a la categoría B

TABLA 9

Procesos pertenecientes a la categoría C

TABLA 10

Procesos pertenecientes a la categoría D

TABLA 11

Procesos pertenecientes a la categoría E

TABLA 12

Procesos pertenecientes a la categoría F

TABLA 13

Procesos pertenecientes a la categoría G

6. Estado de entrega de la información a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado

Hasta la fecha han sido entregados a la Dirección de Defensa Jurídica 249 procesos con piezas procesales, de los cuales 49 procesos contienen pretensiones indeterminadas. Con este informe se hará entrega de 85 procesos con piezas procesales y se procederá a eliminar de los archivos ya entregados a la DDJ 55 procesos que luego de cruces de información con la base de Litigob su pretensión se redujo a menos de 20 mil millones de pesos. De esta forma la DDJ recibirá un total de 279 procesos con piezas procesales enviadas por las entidades. Igualmente se entregará con el informe un archivo en Excel con la relación de los 279 procesos señalados.

Una vez se reciban las piezas procesales de los 257 procesos judiciales restantes, se hará la correspondiente validación con la información contenida en Litigob y se procederá a su entrega a la Dirección de Defensa Jurídica con el respectivo informe.

ANEXO NÚMERO 2.

LISTADO DE ENTIDADES, ORGANISMOS Y AUTORIDADES DEL ORDEN NACIONAL.

A. Entidades y Organismos de la Administración Pública Nacional

Para efectos de lo establecido en el literal a) del parágrafo del artículo 2o y del numeral 4 del artículo 6o del Decreto-ley 4085 de 2011, entiéndase por entidades y organismos que pertenecen a la Administración Pública Nacional y que integran los diferentes sectores administrativos los que a continuación se indican, los cuales están presididos por los respectivos Ministerios y Departamentos Administrativos a saber:

1. Sector Presidencia de la República

Entidad

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR)

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC)

Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

2. Sector del Interior

Entidad

Ministerio del Interior

Corporación Nacional para la Reconstrucción del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe

Dirección Nacional de Derechos de Autor

Imprenta Nacional de Colombia

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Unidad Nacional de Protección

3. Sector de Relaciones Exteriores

Entidad

Ministerio de Relaciones Exteriores

Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

U.A.E. Migración Colombia

4. Sector de Justicia y del Derecho

Entidad

Ministerio de Justicia y del Derecho

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje)

Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Superintendencia de Notariado y Registro

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

5. Sector Hacienda y Crédito Público

Entidad

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Central de Inversiones S.A.

E.I.C.E Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

Fiduciaria La Previsora S. A.

Financiera de Desarrollo Territorial S. A.

Fondo Adaptación

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras

La Previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales)

PAR Banco Cafetero en Liquidación

PAR Banco Central Hipotecario en Liquidación

PAR Banco del Estado en Liquidación

Positiva Compañía de Seguros S.A.

Superintendencia de Economía Solidaria

Superintendencia Financiera de Colombia

U.A.E. Contaduría General de la Nación

U.A.E. De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

U.A.E. De la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Unidad de Información y Análisis Financiero

Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF)

6. Sector de Defensa Nacional

Entidad

Ministerio de Defensa Nacional

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Caja de Vivienda Militar

Club Militar de Oficiales

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial

Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.

Defensa Civil Colombiana

Fondo Rotario de la Policía Nacional

Hospital Militar Central

Industria Militar

Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Policía Nacional

Servicio Aéreo a Territorios Nacionales – Satena

Sociedad Hotel San Diego S.A. –Hotel Tequendama–

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

7. Sector de Agricultura y Desarrollo Rural

Entidad

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Almagrario S. A.

Banco Agrario de Colombia S.A.

Caja de Compensación Familiar Campesina

Central de Abastos de Cúcuta

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

Corporación de Abastos de Bogotá – Corabastos

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S. A.

Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A.

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

Instituto Colombiano Agropecuario

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

Patrimonio Autónomo de Remanentes Caja Agraria

U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

U.A.E. De Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios

Unidad Nacional de Tierras Rurales –UNAT– en Liquidación

8. Sector de Trabajo y Seguridad Social

Entidad

Ministerio del Trabajo

Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

Fondo de Fomento de la Economía Solidaria –Fones–

Servicio Nacional de Aprendizaje

U.A.E. De Organizaciones Solidarias

9. Sector de Salud y Protección Social

Entidad

Ministerio de Salud y Protección Social

Caja de Previsión Social de Comunicaciones

Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación

Comisión de Regulación en Salud

E.S.E. Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta

E.S.E. Instituto Nacional de Cancerología

E.S.E. Sanatorio de Agua de Dios

E.S.E. Sanatorio de Contratación

Empresa Territorial para la Salud en Liquidación

E.S.E. Francisco de Paula Santander

Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Fondo Nacional de Estupefacientes

Instituto de Seguros Sociales

Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Instituto Nacional de Salud

Par E.S.E. José Prudencio Padilla en Liquidación

Par Cajanal S.A. EPS en liquidación

Par E.S.E. Antonio Nariño

Par E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación

Par E.S.E. Policarpa Salavarrieta en Liquidación

Patrimonio Autónomo E.S.E. Rafael Uribe Uribe

Superintendencia de Subsidio Familiar

Superintendencia Nacional de Salud

10. Sector de Comercio, Industria y Turismo

Entidad

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Artesanías de Colombia S. A.

Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A.

Corporación de los Centros de Convenciones y Exposiciones de Colombia

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A. – Fiducoldex

Fondo Nacional de Garantías S. A.

IFI Concesión Salinas en Liquidación

Entidad

Instituto de Fomento Industrial (IFI)

Compañía de Financiamiento Comercial Leasing Balcoldex S.A.

Superintendencia de Industria y Comercio

Superintendencia de Sociedades

U.A.E. Instituto Nacional de Metrología

U.A.E. Junta Central de Contadores

Corporación para el Desarrollo de la Microempresa

11. Sector de Minas y Energía

Entidad

Ministerio de Minas y Energía

Agencia Nacional de Minería (ANM)

Central Hidroeléctrica de Caldas –CHEC– S.A. E.S.P.

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

Centrales Eléctricas del Cauca S. A. ESP

Centrales Eléctricas Norte de Santander - S.A.

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. en Liquidación

Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (EEDAS S.A.)

E.S.P. Empresa Distribuidora del Pacífico S.A.

E.S.P. Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A.

E.S.P. Gecelca 3 S.A.S.

E.S.P. Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A.

E.S.P. Gestión Energética S.A.

E.S.P. Transelca S.A.

E.S.P. XM Compañía de Expertos en Mercados S.A.

Ecopetrol S.A.

Electrificadora de Santander

Electrificadora del Caquetá S.A. – E.S.P.

Electrificadora del Cesar S.A. E.S.P. en Liquidación

Electrificadora del Huila S. A. E.S.P.

Electrificadora del Meta S. A. E.S.P.

Electrificadora del Tolima S. A. E.S.P. en Liquidación

Empresa de Energía de Arauca

Empresa de Energía de Boyacá EBSA S.A.

Empresa de Energía de Cundinamarca S. A. E.S.P.

Empresa de Energía Eléctrica del Amazonas S. A. E.S.P.

Empresa de Energía Quindío S.A.

Empresa URRÁ S.A. E.S.P.

Financiera de Desarrollo Nacional S. A.

Financiera Energética Nacional (FEN)

Instituto de Planificación y Promoción de soluciones Energéticas

Interconexión Eléctrica S.A.

Isagen S.A.

Oleoducto Central S.A.

Oleoducto de Colombia S.A.

PAR Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P. en Liquidación

PAR Electrificadora de Córdoba S.A. E.S.P. en Liquidación

PAR Electrificadora de La Guajira S.A. E.S.P. en Liquidación

PAR Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P. en Liquidación

PAR Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P. en Liquidación

PAR Electrificadora del Chocó S.A. E.S.P. en Liquidación

PAR Electrificadora del Magdalena S.A. E.S.P. en Liquidación

PAR Empresa de Energía Eléctrica de Magangué

Refinería de Cartagena S.A.

Servicio Geológico Colombiano

U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos

Unidad de Planeación Minero-Energética

12. Sector de Educación Nacional

Entidad

Ministerio de Educación Nacional

Colegio Mayor de Cundinamarca

Fondo de Desarrollo para la Educación Superior

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes)

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, – Intep

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar

Instituto Nacional Para Ciegos

Instituto Nacional Para Sordos

Instituto Técnico Central de Carreras Intermedias

Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez

Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

PAR Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en Liquidación

Universidad de Caldas

Universidad de la Amazonia

Entidad

Universidad de los Llanos

Universidad del Cauca

Universidad del Pacífico

Universidad del Valle del Cauca

Universidad Militar Nueva Granada

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Universidad Popular del Cesar

Universidad Surcolombiana

Universidad Tecnológica de Pereira

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba

13. Sector de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Entidad

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Consejo Nacional de Arquitectura

Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Corporación Autónoma Regional de Caldas

Corporación Autónoma Regional de Chivor

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

Corporación Autónoma Regional de La Guajira

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Rionegro y Nare

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge

Corporación Autónoma Regional de Nariño

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

Corporación Autónoma Regional de Santander

Corporación Autónoma Regional de Sucre

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique

Corporación Autónoma Regional del Cauca

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

Corporación Autónoma Regional del Cesar

Corporación Autónoma Regional del Guavio

Corporación Autónoma Regional del Magdalena

Corporación Autónoma Regional del Quindío

Corporación Autónoma Regional del río Grande de la Magdalena

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar

Corporación Autónoma Regional del Tolima

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge

Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Fondo Nacional Ambiental

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico Jhon Von Newman

Instituto de Investigaciones Costeras y Marinas José Benito Vives de Andréis

Instituto de Investigaciones en Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt

PAR Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Inurbe en Liquidación

Parques Nacionales Naturales de Colombia

U.A.E. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

14. Sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Entidad

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Autoridad Nacional de Televisión

Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda.

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Instituto Nacional de Radio y Televisión –Inravisión– en Liquidación

Internexa S.A.

Metrotel Redes S.A.

Organización Regional de Televisión del Eje Cafetero

PAR Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecomunicaciones

Parapat Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecomunicaciones

Patrimonio Autónomo de Remanentes de Adpostal

Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC

Entidad

Servicios Postales Nacionales S.A.

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.

Sociedad de Televisión de las Islas

Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Teveandina

U.A.E. Agencia Nacional del Espectro

15. Sector del Transporte

Entidad

Ministerio de Transporte

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Empresa Colombiana de Vías Férreas –Ferrovías– en Liquidación

Fondo Nacional de Caminos Vecinales –FNCV– en Liquidación

Instituto Nacional de Vías

Superintendencia General de Puertos

U.A.E. De la Aeronáutica Civil

16. Sector Cultura

Entidad

Ministerio de la Cultura

Archivo General de la Nación

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre

Instituto Caro y Cuervo

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

17. Sector de Planeación

Entidad

Departamento Nacional de Planeación

Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente)

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo

Fondo Nacional de Regalías en Liquidación

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

18. Sector Seguridad

Entidad

Departamento Administrativo de Seguridad – en Supresión

Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad

19. Sector Función Pública

Entidad

Departamento Administrativo de la Función Pública

Escuela Superior de Administración Pública

20. Sector de Estadística

Entidad

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

21. Sector de Inclusión Social y Reconciliación

Entidad

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe)

Centro de Memoria Histórica

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

U.A.E. para la Consolidación Territorial

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

22. Sector Ciencia, Tecnología e Innovación

Entidad

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación

23. Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Entidad

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico

Fondo Nacional de Ahorro

Fondo Nacional de Vivienda

24. Sector de Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia

Dirección Nacional de Inteligencia

25. Los demás que se creen o se incluyan de conformidad con su naturaleza jurídica y la administración de recursos públicos que representen de manera armónica con sus modificaciones o adiciones.

B. Corporaciones, Órganos, Organismos y Comisiones que tienen el Carácter de Autoridades del Orden Nacional

De conformidad con lo establecido en el literal b) del parágrafo del artículo 2o y numeral 4 del artículo 6o del Decreto-ley 4085 de 2011, las Corporaciones, entidades, órganos y organismos que pertenecen a las ramas del poder público, órganos autónomos y comisiones y que tienen el carácter de autoridades del orden nacional son:

1. Congreso

Entidad

Cámara de Representantes

Senado de la República

2. Rama Judicial

Entidad

Consejo Superior de la Judicatura

Fiscalía General de la Nación

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

3. Órganos de Control

Entidad

Auditoría General de la República

Contraloría General de la República

Defensoría del Pueblo

Fondo de Bienestar Social de Contranal

Procuraduría General de la Nación

4. Organización Electoral

Entidad

Consejo Nacional Electoral

Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Fondo Social de Vivienda de la Registaduría Nacional del Estado Civil

Registraduría Nacional del Estado Civil

5. Organismos autónomos

Entidad

Banco de la República

Comisión Nacional de Televisión – en Liquidación

Comisión Nacional del Servicio Civil

C. La Nación como persona jurídica

De conformidad con el literal c) del parágrafo del artículo 2o del Decreto-ley 4085 de 2011, a la Nación cuando la misma haya sido demandada en procesos de orden regional o nacional.

* * *

1. Esto obedece principalmente a que las entidades procedieron a actualizar la información en Litigob una vez recibieron la solicitud de piezas procesales.