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 Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá No. 209 de 2011
  
 
T_BTA_J32_EXP_2008-00209_28_06_2011

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

JUZGADO TREINTA Y DOS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BOGOTA

SECCIÓN TERCERA-

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil once (2011)

Expediente: 2008-00209

Demandante: EMPRESA DE. SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA -ESPUCAL ESP

Demandados: MANUEL RICARDO PERDIGÓN CASTRO

Asunto: ACCIÓN DE REPETICIÓN

SENTENCIA

Una vez cumplidas las etapas procesales, entra el Despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponde, así:

I. PRETENSIONES

En la demanda se formularon las siguientes:

1 .Que se declare que el señor MANUEL RICARDO PERDIGON CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.069.938 de La Calera, es responsable a título de culpa grave de los perjuicios patrimoniales causados a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA E.S.P. "ESPUCAL E.S.P.", por cuanto incurrió en omisión en el ejercicio de sus funciones al no realizar la verificación y cobro independiente a los multiusuarios, no identificar los inquilinatos, ni las áreas comunales con medidor general o de control; no contar la empresa con mapa de riesgos; no haber actualizado el plan de gestión y resultados, hechos que dieron lugar a la sanción que le impusiera la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS mediante Resolución No. SSPD- 20064400050015.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al señor MANUEL RICARDO PERDIGON CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.069.938 de La Calera, al pago total de la suma de dinero impuesta a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA, que como multa se ordena pagar a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

Que el monto de la condena que se profiera contra el señor MANUEL RICARDO PERDIGON CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.069.933 de La Calera, sea actualizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 178 del C.C.P y se reconozcan los intereses que correspondan desde la fecha en que se efectuó el pago a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, hasta cuando se dé cabal cumplimiento al fallo debidamente ejecutoriado que ponga fin al presente proceso. (folio 2, c. 1)

II. HECHOS

En la demanda se expusieron los siguientes:

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA "ESPUCAL E.S.P.", identificada con NIT: 800005151.se inscribió de conformidad a la Ley a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de la Calera.

La Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Acueducto Alcantarillado y Aseo, formuló cargos mediante Oficio No. 20064400261871 de 18 de mayo de 2006.

Los cargos formulados en la indicada fecha fueron:

Presuntamente no cumple con el control social de las personas prestadoras de servicios públicos.

Presuntamente no cumple con la financiación para la adquisición de los medidores para los estratos 1, 2, y 3 y para los cargos por los derechos de conexión domiciliaria.

Presuntamente los programas de suspensión y cortes del servicio no son adecuados.

Presuntamente no realiza la verificación y cobro independiente a los multiusuarios, ni identifica los inquilinatos, ni las áreas comunales con medidor general o de control.

Presuntamente no existe reglamento interno de prestación de servicios públicos.

Presuntamente la empresa no cuenta con mapa de riesgos.

Presuntamente la empresa no ha actualizado el plan de gestión y resultados.

El 1º de junio de 2006, el entonces Representante Legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA "ESPUCAL E.S.P.", Sr. MANUEL RICARDO PERDIGON CASTRO, presentó los descargos, mediante oficio No. 20065290195402.

Posteriormente, el 15 de diciembre de 2006, mediante oficio No. 20064400050015, se resolvió la investigación, imponiendo sanción económica a la Empresa de Servicios Públicos de La Calera, y manteniendo los siguientes cargos: CUARTO CARGO: "PRESUNTAMENTE NO SE REALIZA LA VERIFICACION Y COBRO INDEPENDIENTE A LOS MULTIUSUARIOS, NI IDENTIFICA LOS INQUILINATOS, NI LAS AREAS COMUNALES CON MEDIDOR GENERAL O DE CONTROL"; SEXTO CARGO: "PRESUNTAMENTE LA EMPRESA NO CUENTA CON MAPA DE RIESGOS"; SEPTIMO CARGO: "RESUNTAMENTE NO HA REALIZADO EL PLAN DE GESTION DE RESULTADOS", e impusieron una sanción de CINCO MILLONES DE PESOS ($5'000.000.00)

 El 19 de enero de 2007, el representante legal Sr. MANUEL RICARDO PERDIGON CASTRO, interpuso recurso de reposición, mediante el oficio 20075290020792, el cual se resolvió mediante oficio No. SSPD - 20074400006355 de 16 de marzo de 2007, donde se modifica la sanción, quedando así una multa de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4'000.000,00).

El Representante Legal de la empresa, no realizó el pago de la sanción impuesta, el 16 de marzo de 2007; por lo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, inició el cobro coactivo de la obligación, generándose así el proceso coactivo No. 2007131540100245E.

El día 31 de octubre de 2007, La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva, notificó personalmente el auto de fecha 1 de octubre de 2007, "por el cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso coactivo No. 20071315401 00245E" a la señora EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA, identificada con C.C. No. 52.426.694 de Bogotá, en calidad de representante legal de la Empresa de Servicios Públicos de La Calera.

Que la Empresa de Servicios" Públicos de La Calera - ESPUCAL ESP, procedió a realizar el pago total de la sanción, el día 14 de diciembre de 2007, mediante consignación realizada en el Banco Banagrario por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4'000.000.00) por concepto de capital, y, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($280.000.00), por concepto de intereses causados, (folios 2-4, c. 1).

III. TRÁMITE PROCESAL

  1. La demanda fue admitida el diez (10) de febrero de dos mil nueve (2009) (folios 11-12, c.l).
  2. El accionado contestó la demanda por intermedio de apoderado dentro del término legal (folio 27, c.1).
  3. Por auto del tres (3) de agosto de dos mil diez (2010), se decretaron las pruebas del proceso (folios 51-55, c. 1).
  4. Agotada la etapa probatoria, por auto del quince (15) de febrero de dos mil once (2011), se corrió traslado para alegar de conclusión (folio 82, c. 1). Dentro del término correspondiente, la parte actora, la demandada y el Ministerio Público presentaron sus alegatos de conclusión (folios 83-108, c. 1).

IV. PLANTEAMIENTOS JURÍDICOS DE LAS PARTES

A.PARTE DEMANDANTE

Invoca en sus "FUNDAMENTOS DE DERECHO", diversas normas aplicables tales como los artículos 2, 6, 90 y 207 de la C. Política, los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 678 de 2001.

En sus alegatos de conclusión reiteró los argumentos presentados con la demanda y solicitó al Despacho declarar responsable al señor Manuel Ricardo Perdigón Castro, a título de culpa grave, por los perjuicios patrimoniales causados a la Empresa de Servicios Públicos de La Calera

B. PARTE DEMANDADA

Por intermedio de apoderado solicitó no ser condenado a pagar por vía de repetición la multa impuesta a la entidad. Como argumento principal manifiesta que los hechos que dieron lugar a la investigación administrativa y a la consecuente sanción corresponden a la vigencia de 2003, fecha en la que el señor Perdigón Castro aún no ejercía el cargo de Gerente de dicha entidad.

En sus alegatos de conclusión, solicitó la exoneración total de los cargos y pretensiones formuladas por encontrarse probada la inexistencia del dolo o culpa grave como requisito legal para el ejercicio de la acción de repetición.

C. MINISTERIO PÚBLICO

Solicita denegar las suplicas de la demanda y absolver de cualquier cargo al señor Manuel Ricardo Perdigón Castro, toda vez que los hechos motivos de la sanción tuvieron ocurrencia en días en los que el demandado no trabajaba para la empresa demandante, así como tampoco se logró encontrar un retardo injustificado en el pago de la sanción.

V. PRUEBAS

A. - PARTE DEMANDANTE

Con la demanda allegó las copias simples de los documentos obrantes a folios 1-57, c. 2.

Mediante el auto de pruebas se le exhortó para que le diera cumplimiento al artículo 253 y 254 del C.P.C para otorgarle valor probatorio a las copias aportadas, se decretó el interrogatorio de parte del señor Manuel Ricardo Perdigón Castro y el testimonio de la señora Emilia Patricia Cruz.

B.- PARTE DEMANDADA

Con la contestación allegó copia simple del oficio No 0118 ESPUCAL-07(folio 39, c. 1).

Mediante el auto de- pruebas se le decretó la prueba documental dirigida a la Superintendencia de Servicios Públicos, Espucal E.S.P y la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, los testimonios de los señores Jesús Alfredo Peña, Myriam Meló Fonseca, Elizabeth Cortes y Emilia Patricia Cruz.

VI. CONSIDERACIONES

Entiende el Despacho que el caso traído a esta instancia consiste en determinar si el demandado es responsable de los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos en el entendido que incurrió en una omisión en el ejercicio de sus funciones como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de la Calera.

A. ASPECTOS PROCESALES

Entra el Despacho a analizar las excepciones de INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y LA INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, planteadas por la .parte accionada con la aclaración de que el Despacho debe resolver las demás excepciones propuestas junto con la decisión de fondo por relacionarse con aspectos sustanciales de la litis.

En primer término, valga aclarar que analizadas las pretensiones presentadas con la demanda, ésta cumple con los requisitos establecidos en el artículo 82 del C.P.C, estos son:

-La competencia del juez para conocer de todas.

-Las pretensiones no se excluyen entre sí.

-Todas las pretensiones pueden tramitarse por el mismo procedimiento.

En segundo término, el artículo 13 de la Ley 678 de 2001 si bien consagra la posibilidad de que las partes puedan conciliar extrajudicialmente, no la trae como requisito de procedibilidad para la procedencia de la acción de repetición.

Por estas razones se tendrán por no probadas las excepciones de INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y LA INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

B. ASPECTOS SUSTANCIALES

1. Régimen de Responsabilidad.

Como ya se dijo, el caso traído a esta instancia consiste en determinar si el demandado es responsable por la condena patrimonial de que fue objeto la entidad accionante, en cuanto se cumpla el presupuesto constitucional de que dicha condena se hubiere originado en la "conducta dolosa o gravemente culposa" de ellos.

Ahora bien, para llegar a determinar esa responsabilidad, en sede de acción de repetición, resulta imperioso que se cumplan ciertos requisitos, algunos sustanciales otros formales, que se derivan naturalmente de dicha acción, bien sea por el desarrollo legal que han tenido o por las precisiones que la jurisprudencia administrativa ha encontrado necesario hacer, para lo cual valga citar lo dicho por el Consejo de Estado en este punto:

"2.3.- La acción de repetición y los requisitos establecidos para la procedencia de la misma.

Esta acción, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado, tiene como propósito-el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública hayan debido salir del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización, de manera que la finalidad de la misma la constituye la protección del patrimonio estatal, necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho.

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que "en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste".

En tal sentido, cabe precisar que la acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo o de un particular en ejercicio de funciones públicas pueda solicitar de este el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia o de una conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto. De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omisión estatal se encuentra facultado para demandar a la entidad pública, al funcionario o a ambos. En este último evento, la responsabilidad del funcionario habrá de establecerse durante el proceso correspondiente.

Esta posibilidad ha sido consagrada también en ordenamientos especiales tales como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, la cual, en su artículo 71, consagró que "en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste", norma referida, en este caso, a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política encuentra su desarrollo en la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, '"por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición".

Dicha ley definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercerá contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con tales propósitos; fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; y con el cobijo de los segundos regula asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso.

(...)la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico, (resaltado fuera de texto)

En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los tres primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante, el pago real o efectivo ele la indemnización respectiva por parte de esa entidad y la calidad de los demandados tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados. En efecto, los supuestos referidos constituyen el punto de partida para estudiar de fondo los hechos atribuibles a la conducta de quienes han sido demandados, de manera que la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en relación con la cual se habría de concluir que carece de fundamento y, por tanto, en tales casos se deberán negar las súplicas de la demanda."[1

 (resaltado fuera de texto)

2. Aspectos probatorios

Resulta claro dentro del acervo probatorio (folios 19-33, 34-42 y 47, C. 2), que los documentos con los que la accionante pretende demostrar que fue sancionada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el pago real o efectivo de la condena, lo constituyen: la copia simple de la "RESOLUCIÓN No SSPD- 20064400050015 del 15 de diciembre de 2006", "Por la cual se impone una sanción a un prestador de servicios públicos domiciliarios" (folios 19-33 c. 2) , la copia simple de la "RESOLUCIÓN No SSPD- 20074400006355 del 16 de marzo de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición" (folios 34-42 c.2), la copia simple del auto mediante el cual se libró mandamiento de pago dentro del proceso coactivo No. 2007131540100245E contra la Empresa de Servicios Públicos de la Calera (folios 43-46 c.2), la copia simple del presunto pago de la sanción que hizo la entidad por intermedio del Banco Agrario (folio 4 7 c. 2) ;

Se evidencia claramente que los citados documentos no acreditan el pago real o efectivo de lo que pretende repetir en contra el accionado, pues la copia simple del recibo de pago que hizo la accionante por intermedio del Banco Agrario (folio 47, c. 2) no es idónea para acreditar que el beneficiario recibió dicho pago y por lo mismo no brindan al fallador la certeza que debe tener sobre el mismo.

Al respecto ha sido muy precisa la jurisprudencia y el Despacho para lo pertinente acoge la misma posición, en cuanto:

"Las pruebas anteriores dan cuenta de las gestiones que la entidad realizó para cancelar las sumas de dinero dispuestas mediante sentencia proferida por la Sección Segunda de esta Corporación y de los actos administrativos para el efecto; sin embargo, las mismas resultan insuficientes para acreditar en debida forma que la entidad hubiere realizado el pago respectivo.

La Sala ha sostenido que para acreditar la cancelación de una suma de dinero en cumplimiento de una sentencia judicial es necesario que el beneficiario, en este caso la señora Isabel Agudelo, acredite que la obligación ha sido cumplida, puesto que las certificaciones que sobre el particular expida la entidad resultan insuficientes para el efecto.

Sobre el particular, la Sala, en sentencia del 11 de febrero de 2009,[2

, manifestó:

"... conviene citar el artículo 1625 del Código Civil que establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones1, <sic> dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida. Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago, modo de extinción de la obligación, entendido como la ejecución total de la prestación debida; es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación de dar, hacer o no hacer (dará, facere y prestare).

"Ahora bien, respecto de esa relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que "Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta", de manera que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y, contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional.

"En otras palabras, al acreedor le corresponde demostrar el surgimiento de la obligación mediante la prueba del hecho jurídico generador de la misma, mientras el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo cual, aplicado al caso concreto para efectos del cumplimiento ele los requisitos de la acción de repetición, se materializa en el deber en el cual se encuentra la respectiva entidad pública demandante de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima, cuestión que podrá realizar mediante la aportación de la constancia de pago con la consiguiente prueba de su recibo por parte del acreedor o beneficiario, la entrega material de la suma adeudada o la consignación o transferencia que de dicha cantidad hubiere realizado el deudor a favor del acreedor.

"A este respecto conviene comentar que por excelencia la prueba del pago la constituye, de conformidad con el Código Civil, la carta de pago o el recibo según el Código de Comercio, documentos llamados a reflejar con claridad que la obligación fue debidamente satisfecha, sin perjuicio, claro está, de que los interesados puedan acudir a otros medios de acreditación dado que en el ordenamiento colombiano rige, como regla general, el principio de libertad probatoria y de apreciación de conformidad con las reglas de la sana crítica.

"Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil "...el pago efectivo es la prestación de lo que se debe..." con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem que señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, se concluye que correspondía a la entidad ahora demandante demostrar que efectivamente realizó el pago y, en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso que permitieran al juez llegar a tener certeza acerca de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por razón de una condena judicial.

"En este orden de ideas, se debe precisar que la sola constancia de pago expedida por la propia entidad pública deudora no constituye prueba suficiente de la realización del mismo, pues una certificación así no acredita que efectivamente la obligación hubiese sido realmente extinguida mediante la correspondiente cancelación de una determinada suma de dinero a favor del acreedor".

Ahora bien, la certificación que sobre el particular otorgue la beneficiaría, cualquiera que sea el medio utilizado para el efecto -en este caso un documento-, requiere ser susceptible de valoración judicial para cuyo propósito debe cumplir los requisitos necesarios que permitan tenerlo como una prueba válida, esto es que aquel se allegue en original o en copia auténtica.

Acerca de los documentos públicos y privados que se aporten a un proceso judicial, el Código de Procedimiento Civil establece que estos podrán allegarse en original o en copia, la cual puede estar constituida por trascripción o por reproducción mecánica. Si se trata de copias, estas tendrán el mismo valor probatorio que los originales en los siguientes casos: (resalta el Despacho)

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez, donde se encuentre el original o la copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia auténtica en el curso de inspección judicial.

De manera que los documentos públicos o privados allegados a un proceso deben serlo en original o en copia auténtica para que puedan ser considerados como elementos de prueba válidos y, en consecuencia, ser susceptibles de valoración, (resalta el Despacho).

Resulta pertinente aclarar que la vigencia del artículo 11 de la Ley 446 de 1998, según el cual los documentos privados presentados en sede judicial se reputan auténticos, en nada modifica el contenido de los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pues el mismo se refiere, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, a documentos originales y no a copias."[3

Observa entonces el Despacho que los documentos allegados por la accionante aparte de no ser los idóneos para probar el pago que ahora quiere repetir, los mismos tampoco satisfacen los requisitos intrínsecos respecto de su originalidad o autenticidad pues se trata de un documento presentado en copia simple. En el mismo sentido, llama la atención que el Despacho en el auto que abrió a pruebas (folios 51-55-c.1) a pesar de hacer el requerimiento para que la parte actora aportara los documentos conforme a los artículos 253 y 254 del C.P.C, ésta no le dio cumplimiento a la exigencia legal.

Finalmente, respecto de las pruebas testimoniales solicitadas por las partes y decretadas por el Despacho, queda claro que no eran las pruebas pertinentes y conducentes para probar el pago de la obligación, ya que le correspondía a la entidad demandante por medio del recibo de pago original o en copia auténtica demostrar que efectivamente realizó el pago de la sanción.

En conclusión, para el Despacho existe el deber de denegar las pretensiones de la accionante en cuanto no probó el pago real o efectivo de la suma de dinero a que fue condenada la Empresa de Servicios Públicos de la Calera.

OTRAS CONSIDERACIONES

Llama la atención del Despacho que la acción de repetición fue intentada por la Empresa de Servicios Públicos de La Calera, cuando ella misma alega haber efectuado los pagos el 19 de noviembre de 2007 y el 14 de diciembre de 2007, luego de allí se puede concluir que con su propia convicción el Representante Legal de la accionante, demuestra que incoó la acción más allá de los seis (6) meses que le conceden el artículo 8 de la Ley 678 de 2001 y en consecuencia puede estar incurso en causal de destitución según el Parágrafo 2o. del citado artículo.

Por esta razón se compulsará copia de esta providencia y de la totalidad del expediente a la Procuraduría General de la Nación, para que determine las responsabilidades disciplinarias a que haya lugar, si lo considera del caso.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO.- Decláranse no probadas las excepciones de INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES y LA INEXISTENCIA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

SEGUNDO.- Deniéganse las pretensiones de la demanda.

TERCERO.- Compúlsense copias de esta providencia y de la Nación, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO.- Sin condena en costas.

QUINTO.- Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por Secretaría los gastos ordinarios del proceso, y en caso de remanentes devuélvanse al interesado.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

JOSE LUIS ORTIZ-DEL VALLE VALDIVIESO

JUEZ TREINTA Y DOS

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Última modificación:19/07/2012 09:13:09 AM
Servicios Públicos: - Acueducto
Publicado:16/04/2012 10:59:00 AM
 
Problema Jurídico:
¿Procede acción de repetición en contra de un funcionario que presuntamente incurrió en omisión en el ejercicio de sus funciones al no realizar la verificación y cobro independiente a los multiusuarios, no identificar los inquilinatos ni las áreas comunales con medidor general o de control no contar la empresa con mapa de riesgos y no haber actualizado el plan de gestión y resultados?
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