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 Concepto SSPD 625 de 2015
  
 
CTO_SSPD_625_2015

CONCEPTO 625 DE 2015

(18 septiembre)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>Documento PDF

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Asunto: Su solicitud de concepto (1)

Cordial Saludo:

Se basa la consulta objeto de estudio en solicitar concepto jurídico donde se de respuesta a los siguientes interrogantes:

“1.- Intereses de mora que una prestadora de Energía puede cobrarle a los usuarios residenciales?.

2.- Intereses de mora que una prestadora de Energía puede cobrarle a los usuarios comerciales?.

3.- Intereses de mora que una prestadora de Gas Natural puede cobrarle a los usuarios residenciales?.

4.- Intereses de mora que una prestadora de Natural puede cobrarle a los usuarios residenciales?.”

Antes de cualquier pronunciamiento sobre el particular, es preciso señalar que el presente documento se enuncia con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, toda vez que los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en respuesta a una petición en la modalidad de consulta, constituyen orientaciones y puntos de vista que no comprometen o responsabilizan a la Entidad, pues no tienen carácter obligatorio ni vinculante.

En este orden de ideas, las respuestas dadas a las consultas elevadas ante esta Oficina Asesora Jurídica, se presentan de manera general respecto del problema jurídico planteado, en el marco de sus competencias y sin posibilidad de resolver conflictos de orden particular.

Por otra parte, el artículo 79 parágrafo 1 (2) de la Ley 142 de 1994, (3) el cual fue modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, (4) establece que esta Superintendencia no puede exigir, en ningún caso, que los actos o contratos de una empresa de servicios públicos se sometan a aprobación suya. Hacerlo configuraría una extralimitación de funciones y entraría a ocupar una posición de juez y parte ante sus vigiladas.

Hechas las anteriores precisiones, se responderá de manera general en los siguientes términos:

·Cobro de intereses por mora en el pago de los servicios públicos domiciliarios, según la sentencia C-389 de 2002.

El artículo 96 de la Ley 142 de 1994, dispone:

Artículo 96. Otros cobros tarifarios. Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran.

En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos.” (Negrillas fuera de texto).

El último inciso del artículo transcrito, fue demanda ante la Corte Constitucional, y en la sentencia C-389 de 2002, el Alto Tribunal Constitucional indicó:

Con el fin de analizar el cargo propuesto contra el inciso segundo del artículo bajo estudio, considera necesario la Corte precisar que la naturaleza de la relación jurídica que nace entre el usuario y la empresa de servicio público respectiva, es de naturaleza contractual y además de carácter consensual pues así lo dispone el artículo 128 de la Ley 142 de 1994, y existe desde el momento en que la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el propietario o quien utiliza un inmueble determinado solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa, tal como lo establece el artículo 129 ibídem.

(…)

El citado artículo 128 define el contrato de servicios públicos como aquél en virtud del cual “una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a las estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados”, vínculo contractual que tiene también una connotación estatutaria pues involucra derechos constitucionales y su reglamentación administrativa obedece a intereses públicos determinados.

(…)

Esta relación contractual también es de carácter oneroso, pues implica que por la prestación del servicio público domiciliario el usuario debe pagar a la empresa respectiva una suma de dinero. En efecto, dentro de la concepción del Estado Social de Derecho debe tenerse en cuenta que los servicios públicos domiciliarios tienen una función social, lo cual no significa que su prestación deba ser gratuita pues el componente de solidaridad que involucra implica que todas las personas contribuyen al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado a través de las empresas prestadoras de servicios públicos, dentro de conceptos de justicia y equidad (CP art. 95-9 y 368).

(…)

Por lo tanto, siendo la relación jurídica resultante de la prestación de un servicio público domiciliario de naturaleza contractual, el incumplimiento de la obligación de pagar por la prestación del servicio puede acarrear la imposición de la sanción prevista en la ley, consistente en el pago, a cargo del usuario, de un interés de mora. Entonces, si dicha relación jurídica también se rige por las normas de derecho privado y además es de carácter oneroso por cuanto es obligación de los usuarios contribuir al sostenimiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, no hay razón alguna que haga inconstitucional la aplicación de dicha sanción pues se trata de una consecuencia que deviene del incumplimiento de la obligación de pagar una suma de dinero.

Sin embargo, como es en los inmuebles de carácter residencial donde la prestación de los servicios públicos domiciliarios debe cumplir plenamente su función social, la sanción que en este caso se imponga a los usuarios ante el incumplimiento debe ser lo menos gravosa posible, por lo que a ellos no se les debe aplicar para estos efectos la tasa de interés moratorio del Código de Comercio sino la del Código Civil, cuyas disposiciones al fin y al cabo también rigen el contrato de servicios públicos (Ley 142 de 1994 art.132). De esta forma, no sólo se favorece a los usuarios al permitirles que solucionen más prontamente dicha obligación, sino también a las prestadoras que se beneficiarían con la eventual reducción de su cartera morosa. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad del inciso segundo del artículo 96 de la Ley 142 de 1994 bajo el entendido que tratándose de usuarios o suscriptores de inmuebles residenciales la tasa de interés moratorio aplicable es la prevista en el Código Civil.(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

No sobra advertir que la norma bajo revisión utiliza la expresión “podrá”, con lo cual deja a la empresa prestataria de servicio público domiciliario en libertad de cobrar, rebajar o exonerar a los usuarios del pago de intereses moratorios o hacer convenios con los deudores en esta materia.”

El artículo 96 de la Ley 142 de 1994, permite que las prestadoras de servicios públicos apliquen intereses sobre los saldos insolutos de los usuarios, pero el verbo usado por ella es “podrán”, lo que indica que es potestativo del prestador si aplica o no dichos intereses.

No obstante, si el prestador decide cobrar intereses debe sujetar dicha potestad a la condición que señaló la Corte Constitucional, es decir, aplicarla según la siguiente interpretación: “... en cuanto a la tasa de interés moratorio se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil a los usuarios residenciales.”

De acuerdo a lo anterior, y verificando la tasa de interés que establece el Código Civil, el artículo que debe aplicarse cuando las prestadoras decidan cobrar intereses sobre saldos insolutos a los usuarios residenciales, es el siguiente:

Artículo 1617. Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización por la mora está sujeta a las siguientes reglas:

(…)

El interés legal se fija en seis por ciento anual.”

Entonces, los prestadores como sujetos obligados a aplicar la sentencia C-389 de 2002, cuando cobren intereses de mora a los usuarios de inmuebles residenciales, aplicarán el artículo 1617 del Código Civil, lo que quiere decir que se cobrará un seis por ciento (6 %) anual, equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5 %) mensual.

En cuanto a los intereses a cobrar a los demás usuarios, diferentes a los residenciales, la Corte no lo precisó taxativamente, sin embargo, expresó:

“... como es en los inmuebles de carácter residencial donde la prestación de los servicios públicos domiciliarios debe cumplir plenamente su función social, la sanción que en este caso se imponga a los usuarios ante el incumplimiento debe ser lo menos gravosa posible, por lo que a ellos no se les debe aplicar para estos efectos la tasa de interés moratorio del Código de Comercio sino la del Código Civil, cuyas disposiciones al fin y al cabo también rigen el contrato de servicios públicos (Ley 142 de 1994 art.132)...”.(Subrayado fuera del original).

De lo anterior se puede extraer, que la tasa a cobrar a los usuarios que no sean residenciales es la señalada en el Código de Comercio, que en su artículo 884, establece:

Artículo 884. Límite de intereses y sanción por exceso. <Modificado por el artículo 111 Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente> Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses...

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria.”

En virtud del artículo transcrito, los usuarios no residenciales pagarán como tasa por intereses moratorios sobre los saldo insolutos, los señalados en el Contrato de Condiciones Uniformes, a falta de estipulación contractual, se aplicará el del Código de Comercio, es decir una y media veces el bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

De acuerdo a lo esbozado, se concluye:

Todo prestador de servicios públicos domiciliarios cobrará por intereses moratorios, a los usuarios residenciales, la tasa señalada en el Código Civil, es decir el 6 % anual, sobre los saldos insolutos. Por otra parte, cobrará a sus usuarios no residenciales la tasa señalada en el Código de Comercio, es decir, una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Finalmente, le informamos que esta Superintendencia ha puesto a disposición de la ciudadanía y demás entidades públicas un sitio de consulta al que usted puede acceder en la siguiente dirección: www.superservicios.gov (Normatividad). Ahí encontrará normativa, jurisprudencia y doctrina sobre los servicios públicos domiciliarios y en particular los conceptos emitidos por esta entidad.

Cordialmente,

MARIA EUGENIA SIERRA BOTERO

Jefe Oficina Asesora Jurídica (A)

NOTAS AL FINAL:

1. Radicado 20155290438082

TEMA: OTROS COBROS TARIFARIOS. Tasa de interés a aplicar sobre saldos insolutos.

2. “En ningún caso, el Superintendente podrá exigir que ningún acto o contrato de una empresa se someta a aprobación previa suya. El Superintendente podrá, pero no está obligado, visitar las empresas sometidas a su vigilancia, o pedirles informaciones, sino cuando haya un motivo especial que lo amerite.”

3. “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.”

4. “Por la cual se modifica la Ley 142 de 1994.”

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Última modificación:15/11/2015 09:15:44 PM
Servicios Públicos: - General a los servicios publicos
Publicado:2/11/2015 09:50:00 PM
 
Problema Jurídico:
1.- Intereses de mora que una prestadora de Energía puede cobrarle a los usuarios residenciales? - 2.- Intereses de mora que una prestadora de Energía puede cobrarle a los usuarios comerciales? - 3.- Intereses de mora que una prestadora de Gas Natural puede cobrarle a los usuarios residenciales? - 4.- Intereses de mora que una prestadora de Natural puede cobrarle a los usuarios residenciales?.
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