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 Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá No. 193 de 2012
  
 
T_BTA_J6_EXP_2009-00193-00_10_02_2012

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

JUZGADO SEXTO ADMINISTRA TUVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SECCIÓN PRIMERA-

Carrera 7 No. 13-27 Piso 4º

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil doce (2012)

DEMANDANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ E.T.B. S.A. E.S.P.

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

ASUNTO: FALLO

EXPEDIENTE No.: 110013331000-2009-00193-00

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El doctor ADEL FABIAN RUALES ALVEAR, en su calidad de Apoderado de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ -en adelante ETB-, ha promovido Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS -en adelante SSPD-, en procura de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 20078150029445 del 2 de marzo de 2007, por medio de la cual se le impuso sanción por valor de $216.850, por no atender dentro del término legal establecido las quejas, peticiones y/o reclamos presentados y ordenó el reconocimiento de los efectos de un silencio administrativo; así como la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 20078150088675 de 6 de junio de 2007, que resolvió el recurso de reposición y modificó la decisión impugnada en el sentido de revocar parcialmente la orden de ejecución de los efectos del silencio administrativo en lo que tiene al desmonte de los cargos fijos y confirmó en lo demás la resolución sanción.

I.- HECHOS.-

Los hechos que sirvieron de fundamento a la presentación de la demanda, se encuentran contenidos a folios 73 a 75 del expediente como a continuación se expone:

"PRIMERO.- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, inició investigación formal contra la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A, ESP, mediante autos de cargos, por la presunta violación a lo dispuesto en los artículos 154, 158 de la ley 142 de 1994, artículo 123 del Decreto 2150 de 1995 y artículo 9 del decreto 2223 de 1996.

SEGUNDO.- Mi prohijada, estando dentro de términos legales, descorrió los diferentes autos de cargos impetrados.

TERCERO.- [...] 15.- La Dirección Territorial Centro a través de las resoluciones 14)- 20078150029445 del 02-03-2007 y 20078150088675 del 06-06-2007. Mediante la cual la SSPD resolvió el recurso de reposición decidiendo imponer una sanción pecuniaria en contra de mi mandante por la suma de $216.850 y simultáneamente ordenó:

- La Ejecución e <sic> los efectos del Silencio Administrativo positivo a favor del accionante.

- En su artículo QUINTO manifestó que no procedía recurso de Apelación por encontrarse agotada la vía gubernativa. [...]"

II. PRETENSIONES.-

Las pretensiones se encuentran contenidas a folios 75 a 78 de la demanda como se exponen a continuación:

"PRIMERA: Que se declaren NULAS las siguientes Resoluciones y se restablezca a ETB en su derecho de NO pagar el valor de las multas impuestas:

[...] 15.- La Dirección Territorial Centro a través de las resoluciones 14)- 20078150029445 del 02-03-2007 y 20078150088675 del 06-06-2007. Mediante la cual la SSPD resolvió el recurso de reposición decidiendo imponer una sanción pecuniaria en contra de mi mandante por la suma de $216.850 y simultáneamente ordenó:

- La Ejecución e <sic< los efectos del Silencio Administrativo positivo a favor del accionante.

- En su artículo QUINTO manifestó que no procedía recurso de Apelación por encontrarse agotada la vía gubernativa. [...]

SEGUNDA: Se ordene a la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios a través de Sentencia Judicial, a reintegrar los valores con sus respectivos intereses de mora que se causaron por el cumplimiento que ETB, dio al momento de reconocer tos efectos del silencio administrativo positivo reconocido a cada uno de los usuarios relacionados en los actos administrativos que aquí se impugnan."

III. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.-

Para sustentar las pretensiones, la parte demandante invoca la violación de las siguientes disposiciones jurídicas: artículo 29 de la Constitución Política; artículos 12, y 113 de la Ley 142 de 1994; artículo 12 de la ley 489 de 1998; numeral 1o del artículo 5o de la Ley 57 de 1887; artículo 12.1.7 de la Resolución 307 de 2000; artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, y artículo 35 del Código Contencioso Administrativo.

Los fundamentos de la violación se encuentran contenidos a folios 78 a 87 del expediente, aduciendo los cargos de (i) Violación al debido proceso y al derecho de defensa al no conceder el recurso de apelación, y (ii) Ausencia de proporcionalidad de la sanción (o falta de reproche de culpabilidad).

IV. ACTUACIÓN PROCESAL.-

El JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, por medio de auto de fecha 27 de abril de 2009,[1

1, resolvió escindir la demanda presentada por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ -ETB- S.A. E.S.P. en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, correspondiéndole a este Despacho el conocimiento de la demanda incoada en contra de las Resoluciones Nos. 20078150029445 de 2 de marzo y la 20078150088675 de 6 de junio de 2007.

La demanda fue admitida mediante auto del 3 de mayo de 2010, proveído que fue notificado por aviso al SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS el 9 de agosto de 2010,[2

, y de manera personal al Doctor JAIME BERNAL en calidad de CURADOR AD - LITEM de la usuaria señora DENY ROJAS DORIA, el día 21 de julio de 2011.[3

Fijado el negocio en lista el 8 de agosto de 2010, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS[4

 y el doctor JAIME BERNAL, curador ad-lítem de la usuaria,[5

, contestaron la demanda dentro del término establecido para ello, pronunciándose frente a los hechos y los cargos imputados.

Mediante auto de fecha 29 de agosto de 2011 se decretó la práctica de pruebas, reconociendo el valor probatorio que le corresponde a los documentos aportados con la demanda y la contestación, según las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

Encontrándose incorporadas las pruebas, mediante auto de fecha 19 de septiembre de 2011 se declaró precluido el período probatorio y se concedió a las partes el respectivo traslado para alegar de conclusión,[6

 presentando sus alegaciones conclusivas tanto la parte demandada[7

 como la demandante[8

El Agente del Ministerio Público, solicitó traslado especial y presentó concepto de fondo.[9

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.-

El agente del Ministerio Público, doctor HERNÁN JOVEL MUÑOZ, en su escrito de intervención parte de considerar que el problema jurídico en este proceso consiste en determinar si la Superintendencia actuó de manera legal al imponer sanción a la ETB por la presunta violación al artículo 158 de la Ley 142 de 1994, la cual se configuró presuntamente por no contestar un derecho de petición.

Al respecto indica, que en el presente caso se encuentra acreditado que el demandante tuvo la oportunidad legal de controvertir las decisiones del ente de control, interponiendo para el efecto el recurso de reposición en contra de la resolución sanción, dejando de un lado la posibilidad que tenía de hacer uso del recurso de queja, luego, por lo expuesto, se tiene que la demandada no ha violado el debido proceso.

En cuanto a la ausencia de proporcionalidad de la sanción señala que la SSPD no incurrió en vulneración del derecho al debido proceso al no conceder el recurso de apelación, pues además de no ser procedente, dentro de la actuación se tuvieron en cuenta los planteamientos de los descargos efectuados por la investigada.

Finalmente solicita que por las razones expuestas y respecto de la actuación de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS se declare la legalidad de los actos administrativos proferidos por ella, dentro de la actuación adelantada con ocasión de la queja interpuesta por la usuaria del servicio de Internet de banda ancha señora DENY ROJAS DORIA.

VI.- CONSIDERACIONES.-

Practicadas las pruebas decretadas dentro del proceso, surtidas las etapas procesales previstas en el Código Contencioso Administrativo y no advirtiéndose configuración de causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el Despacho a emitir su pronunciamiento de fondo dentro del proceso de la referencia, conforme a las siguientes precisiones:

6.1.- FIJACIÓN DEL LITIGIO.-

Corresponde a este Despacho analizar si la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS actuó conforme a derecho al expedir las Resoluciones Nos. 20078150029445 del 2 de marzo y 20078150088675 del 6 de junio de 2007, en las cuales se decidió imponer sanción de multa a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. por la violación del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, reconociendo la configuración del silencio administrativo positivo frente a una usuaria señora DENY ROJAS DORIA

6.2.- ANÁLISIS DE LOS CARGOS FORMULADOS:

Procede el Despacho a abordar el estudio de los cargos propuestos por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en el orden en que fueron propuestos y la forma en que se expone a continuación:

ANÁLISIS DEL PRIMER CARGO: VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA AL NO CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN.-

Indica el Apoderado de la ETB que la entidad accionada incurrió en inobservancia de lo establecido en el capítulo II del Título VII de la Ley 142 de 1994, que rige la expedición de actos administrativos unilaterales proferidos por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, pues ello le Impidió a la cuestionar la multa impuesta ante el superior del DIRECTOR TERRITORIAL CENTRO de esa entidad, lo que constituye una palmaria vulneración del debido proceso y del derecho de contradicción y defensa.

Indica que por aplicación del principio de especialidad consagrado en el numeral 1° del artículo 5o de la Ley 57 de 1887, en tratándose de recursos susceptibles de ser interpuestos en contra de los actos proferidos por los delegados del Superintendente prima la aplicación del inciso segundo del artículo 113 de la Ley 142 de 1994, y por ende, el acto cuestionado si era susceptible de ser impugnado mediante la interposición del recurso de apelación.

Por su parte, para la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, señala que el ente de control respetó y garantizó el derecho al debido proceso de la accionante, toda vez que dentro de la actuación se le dio a conocer el pliego de cargos mediante el cual se dio inicio a la investigación, y se le garantizó el derecho de contradicción.

En cuanto a la violación al derecho de defensa, asegura que las normas de la Ley 142 de 1994 se deben leer en concordancia con lo previsto en la Ley 489 de 1998 que desarrolló el tema de la delegación, y que de acuerdo con esas disposiciones las Direcciones Territoriales o cualquier otra dependencia que profiera decisión administrativa en ejercicio de una función delegada por el Superintendente, solo puede conceder en contra de su decisión el recurso de reposición, por se <sic> el único procedente. Así mismo destaca que el recurso de apelación únicamente procede cuando el Director Territorial profiriere una decisión en ejercicio de facultad que no sea delegada por el Superintendente.

Al respecto, resulta pertinente indicar, que la función de ejercer inspección, vigilancia y control sobre las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios corresponde al Presidente, y que en desarrollo de lo establecido en el artículo 370 de la Constitución Política, estas facultades se ejercen por medio de esa Superintendencia.

Esta norma fue objeto de desarrollo en la Ley 142 de 1994, que en su artículo 75 previo que la inspección, vigilancia y control de las empresas de servicios públicos domiciliarios serían ejercidas por el Superintendente y sus delegados, y en el parágrafo segundo del artículo 79 y los artículos 80 y 81 relacionó las atribuciones que serían asumidas por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de las que se incluyen:

“ARTÍCULO 79.- [. . .] PARÁGRAFO 2o. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Son funciones del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios las siguientes:

[...] 7. Imponer las sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, en los términos de los artículos 81 de la Ley 142 de 1994 y 43 de la Ley 143 de 1994.

[. . .] ARTÍCULO 80. FUNCIONES EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS. La Superintendencia tendrá, además de las anteriores, las siguientes funciones para apoyar la participación de los usuarios:

[. . .] 80.4. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios."

Por su parte, el Decreto 990 de 2002[10

 calificó las funciones mencionadas en precedencia como presidenciales, y el artículo 9o de la Ley 489 de 1998, indicó que las mismas podían ser objeto de delegación como a continuación se expone:

"Artículo 9o. Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley. [...]"

Ahora, y de conformidad con lo indicado por la Superintendencia, las atribuciones conferidas al Superintendente en materia sancionatoria fueron objeto de delegación mediante Resolución No. 7605 de 2002,[11www.superservicios.gov.co

 en la que expresamente se afirmó:

"RESOLUCIÓN SSPD 7605 DE 2002

(mayo 23)

Por la cual se delegan unas funciones

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley 489 de 1998,

[. ..] RESUELVE:

[. . .] ARTÍCULO SEGUNDO.- DELÉGASE en los Directores Territoriales, dentro de su jurisdicción, la función de investigar y sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada tas quejas de tos usuarios.

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición."

De lo expuesto, se tiene que a partir de la fecha de expedición de la Resolución No. SSPD 7605,[12

, las Direcciones Territoriales quedaron facultadas no sólo para investigar, sino adicionalmente para sancionar a aquellas empresas que no atendieran de manera oportuna y adecuada las quejas presentadas por los usuarios del servicio.

Ahora, de conformidad con lo establecido por el inciso 1o del artículo 12 de la Ley 489 de 1998, los actos expedidos por las autoridades delegatarias están sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante, y solo son susceptibles de impugnación mediante la interposición de los recursos susceptibles de ser interpuestos en contra del acto del delegatario, lo que en materia de servicios públicos domiciliarios significa, que en contra de la decisión que profiere el delegatario únicamente procede el recurso de reposición, toda vez que el referido funcionario no tiene superior jerárquico ante el cual se surta una eventual apelación.

Al respecto, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, ha precisado:

"Esa potestad sancionatoria parte del artículo 370 de la C.P., según el cual el control, inspección y vigilancia de las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, correspondiente al Presidente de la República, la ejerce por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Este precepto constitucional es desarrollado por el artículo 75 de la Ley 142 de 1994, de conformidad con el cual esa función presidencial se cumplirá por parte del superintendente y sus delegados, funcionarios estos últimos cuyas atribuciones están detalladas en el artículo 20 del Decreto 990 de 2002, "por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios", norma que en el numeral 39 estipula que los delegados ejercerán las demás funciones que les sean asignadas por el superintendente, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Tal asignación, que implica un reparto de funciones, fue hecha por el Superintendente mediante el artículo 2° de la Resolución No. 7605, del 23 de mayo de 2002.

De manera que el Director Territorial Centro al expedir el acto sancionatorio que se controvierte ejerció una potestad sancionatoria para la que lo habilitó la ley, y concretizó un acto administrativo amparado por la presunción de legalidad: la Resolución 7605 de 2002.

Ahora bien, de conformidad con el inciso tercero del artículo 211 de la Constitución Política corresponde a la ley determinar los recursos que proceden contra los actos de los delegatarios, función desarrollada por la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.

El artículo 12 de la cita ley, establece que "... los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas".

Entonces al ser el Director Territorial Centro delegatario de funciones, los actos que emita solo son susceptibles de los recursos que procederían contra las decisiones del delegante: el Superintendente, quien al no tener superior jerárquico, contra los actos administrativos que profiera solo cabe el recurso de reposición, situación que se extiende a los actos del delegatario.

La anterior norma subroga el artículo 113 de la Ley 142 de 1994 que señala los recursos que proceden contra la decisión que ponen fin a las actuaciones administrativas que se surten de conformidad con los procedimientos administrativos para producir actos unilaterales.

Y aunque la Ley 142 de 1994 consagra el régimen especial de los servicios públicos, también lo es que en materia de delegación se debe dar aplicación a la Ley 489 de 1998, tal como procedió la Superintendencia de Servicios Públicos, pues, en primer lugar, dicho régimen no gobierna la delegación de funciones, y en segundo lugar, mediante la Ley 489 de 1998, no se está regulando sobre servicios públicos. La segunda normativa no está invadiendo un campo propio de una regulación especial, como es la de la Ley 142 de 1994.

En consecuencia al no concederse el recurso de apelación interpuesto por la demandante no se afectó el derecho al debido proceso y defensa, y por tanto, el cargo no prospera."[13

-Se resalta y subraya-

De igual forma, la Subsección "B" del H. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que en principio tenía una posición diferente, en sentencia del 16 de abril de 2009, M.P. Doctor CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, señalo:

"[...] Sin embargo, rectificó la sala dicha postura jurisprudencial, en el sentido de que la aplicación preferente del inciso segundo del artículo 113 de la Ley 142 de 1994 sobre el artículo 12 de la ley 489 de 1998 no es absoluta, por cuanto, cuando menos existe un caso excepcional en el que es jurídicamente improcedente el recurso de apelación respecto del acto expedido por un funcionario en condición de delegatario, como lo es el evento en el que la delegación de funciones se hace por parte del propio Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios a otro de sus funcionarios, ya que, en dicha hipótesis -como acontece en el asunto objeto de análisis- no existe superior jerárquico que pueda conocer y decidir la impugnación por vía del recurso de alzada.

Con relación a ese preciso aspecto, es del caso poner de presente que, de conformidad con las disposiciones procedimentales generales contenidas en la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo (artículos 1 a 81) y las normas que regulan los procedimientos administrativos especiales, para la procedencia del recurso de apelación se requiere la configuración de dos presupuestos, a saber: a) que exista un funcionario superior jerárquico respecto de aquel que profiera la decisión objeto del recurso, por cuanto, en atención a la naturaleza y esencia del mismo, se requiere que sea conocido y resuelto por una autoridad o funcionario que se encuentre en un nivel jerárquico superior al que emitió la decisión, y b) que la ley no haya prohibido la procedencia de tal recurso.

Desde esa óptica, en el presente caso objeto de examen, es evidente la ausencia del primer presupuesto exigido para la procedencia del recurso de apelación, dado que, en virtud de la delegación efectuada mediante la Resolución SSPD 7605 de 23 de mayo de 2002, el Director Territorial Centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios investigó y sancionó a la ETB S.A. ESP y materializó la respectiva decisión a través de la expedición de los actos administrativos demandados, actuación en la que obró como si fuese la autoridad delegante, esto es, el mismo Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, funcionario éste que no tiene superior jerárquico.

En tales condiciones, no encuentra la sala de Decisión que con la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios haya violado el derecho constitucional fundamental del debido proceso, ya que dio estricta aplicación a las normas procedimentales del régimen de Servicios públicos domiciliarios, por cuanto, si bien la decisión en ellos contenida fue expedida por el Director Territorial Centro - funcionario éste que tiene superior jerárquico-, lo hizo en ejercicio de una función delegada por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien dentro de la estructura de dicha entidad no tiene superior jerárquico que resuelva los recursos de apelación interpuestos contra sus decisión, lo cual hacen que no se configuren los presupuestos a los que se hace referencia.

Por consiguiente, en ningún momento se desconocieron las disposiciones contenidas en las normas que regulan los servicios públicos, ya que, con base en el artículo 113 de la Ley 142 de 1998, en concordancia con los artículo 12 de la ley 489 de 1998 y 50 del C.C.A., se estableció que contra las decisiones adoptadas por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios no procede el recurso de apelación; por lo tanto, al haber actuado el Director Territorial Centro en cumplimiento de un acto de delegación emitido por el mismo superintendente, es claro que no procede el recurso de alzada por haber actuada como si fuera tal funcionario. [….]

En consecuencia, existen suficientes razones para considerar que en el asunto bajo examen no es procedente acceder a la declaratoria de nulidad de los actos acusados, toda vez que la entidad demandada actuó en cumplimiento de las normas establecidas, es decir, dando aplicación a lo previsto en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, que se deben leer en concordancia para obtener una correcta aplicación de sus disposiciones.

De otro lado, se tiene que el ente de control informó a la demandante las reglas aplicables para el trámite de los recursos, conclusión a la que se arriba luego de la lectura de la parte resolutiva del acto sancionatorio, en el que se indica que el recurso procedente era el de reposición, dejando claro que una vez este se resolviera, se podría acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar el acto.

Estas reglas claras, que se insiste, en criterio del Despacho tienen un fundamento razonable en la normatividad aplicable en materia de servicios públicos domiciliarios, impiden aceptar que a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP se le hubiere violado el debido proceso al no concedérsele el recurso de apelación, que desde el principio la Superintendencia había informado no procedía en contra del acto sancionatorio, menos aun cuando es evidente que la ETB si incurrió en el desconocimiento de la normatividad que regula la materia, referente a la resolución de las peticiones, quejas y/o recursos elevados por los usuarios, toda vez que de acuerdo con el análisis que hace el ente de vigilancia y control, la empresa prestadora del servicio público domiciliario no realizó en debida forma la notificación del oficio por medio del cual resolvió la petición de fecha 8 de septiembre de 2006 suscrita por la usuaria del servicio señora DENY ROJAS DORIA, desconociendo con ello las garantías procesales que deben reconocerse a los suscriptores del servicio quienes constituyen la parte débil en la relación contractual y en cuyo beneficio siempre deben actuar las empresas de servicios públicos domiciliarios.

En consecuencia, para este Despacho el cargo no está llamado a prosperar.

ANÁLISIS DEL SEGUNDO CARGO.- AUSENCIA DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN (O FALTA DE REPROCHE DE CULPABILIDAD).-

Asegura la demandante que si bien es cierto que el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 faculta a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS para imponer sanciones a las empresas que violen las normas a las cuales se deben sujetar, ello no significa que se encuentre autorizada para imponer sanciones de plano y con aplicación de la doctrina de la responsabilidad objetiva, pues hace parte de sus deberes demostrar la naturaleza y la gravedad de la falta, evaluando el impacto de la misma sobre la marcha del servicio público, y registrar de esa manera el factor de reincidencia.

En ese orden de ideas, se reprocha que en la actuación administrativa no obre prueba alguna que demuestre el perjuicio directo e inmediato causado al usuario del servicio público de telecomunicación, ni ninguno de los demás elementos de la responsabilidad subjetiva que permiten graduar la sanción impuesta dentro de criterios de razonabilidad.

Por su parte la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, asegura que la sanción impuesta se determinó atendiendo los parámetros señalados por el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, esto es dentro de criterios de ponderación, mesura y equilibrio. De igual forma recalca que la sanción se impuso de acuerdo a los elementos allegados a la investigación administrativa, toda vez que la multa corresponde al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público al encontrar trasgredido los postulados del artículo 158 de la Ley 142 de 1994.

Frente al cargo propuesto estima el Despacho que tampoco procede acoger los argumentos expuestos por la ETB, habida consideración que en el asunto bajo examen se encuentra demostrado que la demandante si bien emitió respuesta oportuna a la queja presentada por la señora DENY ROJAS DORIA, no lo es menos que esta no fue puesta en su conocimiento dentro del término establecido por el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, situación que además de ser susceptible de ser sancionada, da lugar a la configuración del silencio administrativo positivo. En consecuencia, para el Despacho es claro que la multa impuesta tuvo origen en el incumplimiento de las obligaciones por parte de la demandante.

Así las cosas se tiene que la sanción impuesta tiene fundamento en lo establecido por el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, que establece en lo pertinente:

"[....] 81.1. Amonestación.

81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución. [...]" -Se resalta-

En los antecedentes administrativos se encuentra demostrada la inobservancia de las obligaciones legales por parte de la empresa sancionada, lo que constituye una deficiencia en la prestación del servicio público, que en el caso de estudio, se traduce en la omisión de la accionante al momento de practicar la notificación, de la decisión adoptada con ocasión de la petición presentada por la señora DENY ROJAS DORIA el 8 de septiembre de 2006.

De allí que al revisar el monto de la sanción impuesta, que asciende a la suma de $216.850, para este Despacho sea claro que la multa discutida no resulta desproporcionada, ni tampoco desconoce los parámetros establecidos en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.

Adicionalmente, de acuerdo con el análisis del Despacho, es claro que el servicio fue atendido de manera deficiente y que la sanción correspondió a la gravedad de ese hecho, más aún si se tiene en cuenta que el monto máximo permitido a título de sanción corresponde al equivalente a 2.0G0 salarios mínimos mensuales y la sanción impuesta equivale a medio salario mínimo legal mensual vigente para la época de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a su aplicación.

De allí que en criterio de este Despacho la multa discutida no sólo resulte proporcional a la conducta cuestionada a la ETB, sino que adicionalmente atiende a parámetros de proporcionalidad de la sanción, si se tiene en cuenta que se trata de un incumplimiento a los parámetros exigidos por el artículo 158 de la Ley 142 de 1994.

DECISIÓN-

En mérito de lo expuesto, y no advirtiéndose configuración de causal de nulidad que invalide lo actuado, el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO. Negar las súplicas de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO.- Sin condena en costas

TERCERO.- Notifíquese la presente decisión a las partes, en la forma indicada en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo, que se encuentra en concordancia con lo previsto en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO.- Una vez ejecutoriado este fallo, por secretaria remítase el expediente a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, a fin de que se proceda a su archivo definitivo.

QUINTO.- Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE a la interesada el remanente de la suma que se ordenó pagar para gastos ordinarios del proceso si los hubiera; déjese constancia de dicha entrega.

COPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

DORIS PINZÓN AMADO

Juez Sexta Administrativa del Circuito de Bogotá D. C.

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Última modificación:4/09/2012 11:37:20 AM
Servicios Públicos: - Telefonia
Publicado:16/04/2012 02:47:00 PM
 
Problema Jurídico:
¿Debe declarse nula por violatoria a constitución y la ley la resolución proferida por la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios por medio de la cual se sanciono a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá ETB-S.A. E.S.P. por no atender dentro del término legal establecido las quejas peticiones o reclamos presentados por los usuarios?
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    ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"