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 Sentencia Consejo de Estado 18570 de 2013
  
 
76001-23-31-000-2009-00651-01(18570)

IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO - Consagración legal / CONCEJO MUNICIPAL - Tiene la facultad de determinar los elementos de los tributos cuya creación autorice la ley / IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO - Elementos. Los concejos municipales están facultados para fijarlos con fundamento en las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915. Reiteración jurisprudencial

A juicio de los demandantes, el Concejo Municipal de Jamundí carecía de competencia para establecer el impuesto de alumbrado público en ese municipio, en razón a que las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, que autorizaron a los municipios para adoptar el tributo, no determinaron el hecho generador del impuesto. No le asiste razón al demandante pues, como lo ha dicho la Sala, el artículo 338 de la Constitución Política faculta a los órganos de representación popular de las entidades territoriales para que, por autorización de la ley, fijen, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. Tratándose del impuesto de alumbrado público, la Sala reitera que los concejos municipales están facultados para definir tales elementos con fundamento en el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 y en el artículo 1º de la Ley 84 de 1915.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 338 / LEY 97 DE 1913 ARTICULO 1 LITERAL D / LEY 84 DE 1915 ARTICULO 1

NORMA DEMANDADA: ACUERDO 005 DE 2007 (23 de febrero) CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDI (No anulado)

NOTA DE RELATORIA: La síntesis del asunto es la siguiente: La Sala estudió la legalidad del Acuerdo 005 del 23 de febrero de 2007, por el cual el Concejo Municipal de Jamundí adoptó el impuesto de alumbrado público en su jurisdicción. La Sala confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó la nulidad de dicho acto administrativo, para lo cual reiteró que los concejos municipales están facultados para definir los elementos de ese tributo en virtud de lo dispuesto por los artículos 1, literal d de la Ley 97 de 1913 y 1 de la Ley 84 de 1915.

IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO - El concejo de Jamundí estaba facultado por la ley para establecer sus elementos / FACULTAD IMPOSITIVA TERRITORIAL - Se funda en el artículo 338 de la Constitución Política / NORMA MUNICIPAL QUE DESARROLLA AUTORIZACION LEGAL - Debe tener referencia con el hecho imponible establecido en la norma superior

Con fundamento en la doctrina judicial expuesta se concluye que el Acuerdo demandado no es nulo, fundamentalmente, porque: El artículo 338 de la Constitución Política le otorgó autonomía a los municipios para fijar los elementos del impuesto; El artículo 1 de la Ley 97 de 1913, creó el impuesto de alumbrado público y mediante la Ley 84 de 1915 facultó a los concejos municipales para fijar los elementos del impuesto; La Ley que crea o autoriza la creación de un tributo territorial debe gozar de tal precisión que acompase la unidad económica nacional con la autonomía fiscal territorial, en orden a desarrollar el principio de igualdad frente a las cargas públicas dentro de un marco equitativo, eficiente y progresivo; La norma municipal que desarrolle la autorización legal debe tener referencia con el hecho imponible, o que se derive de él, o se relacione con éste; El precedente jurisprudencial del Consejo de Estado ha sido rectificado, en virtud de la sentencia C-504 de 2002. Por lo expuesto, no les asiste la razón a los demandantes cuando señalan que el Acuerdo 005 de 2007 es nulo por la falta de competencia del Concejo Municipal de Jamundí, pues es claro que contaban con la autorización legal expresa de las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 para adoptar el impuesto de alumbrado público.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 338 / LEY 97 DE 1913 ARTICULO 1 LITERAL D / LEY 84 DE 1915 ARTICULO 1

NORMA DEMANDADA: ACUERDO 005 DE 2007 (23 de febrero) CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDI (No anulado)

NOTA DE RELATORIA: Sobre la facultad de las entidades territoriales para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta de 6 de agosto de 2009, Exp. 16315 y de 11 de marzo de 2010, Exp. 16667, M.P. Hugo Fernando Bastidas  Barcenas; de 10 de marzo de 2011, Exp. 18141, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 19 de mayo de 2011, Exp. 17764, M.P. William Giraldo Giraldo y C-504 de 2002 de la Corte Constitucional.

NOTA DE RELATORIA: Sobre la facultad impositiva territorial en la sentencia se citan los fallos del Consejo de Estado, Sección Cuarta de 15 de octubre de 1993, Exp. 9456 y de 9 de julio de 2009, Exp. 16544, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013)

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-00651-01(18570)

Actor: FERNANDO YEPES GOMEZ Y DIEGO FERNANDO MEDIMA CAPOTE

Demandado: MUNICIPIO DE JAMUNDI

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Fernando Yepes Gómez contra la sentencia del 23 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

LA DEMANDA

En ejercicio de la acción de nulidad, los ciudadanos Fernando Yepes Gómez y Diego Fernando Medina Capote formularon las siguientes pretensiones:

PRIMERO. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Acuerdo Municipal No. 005 del día veintitrés (23) del mes de febrero del año dos mil siete (2007) “por medio del cual se modifican los Acuerdos 010 de mayo 31 de 2005 y 024 de noviembre de 2005”, y por el cual se reglamentó el impuesto de Alumbrado Público.

SEGUNDO. Que se ordene a cumplir la sentencia en el término indicado en el artículo 176 del C.C.A. con los efectos señalados en el artículo 177 de la misma obra.

TERCERO. Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas causadas en el presente proceso.”

Acto administrativo demandado

El acto demandado es del siguiente teno:

ACUERDO No. 005 DE 2007

(FEBRERO 23)

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS 010 DE MAYO 31 DE 2.005 Y 024 DE NOVIEMBRE 30 DE 2.005.”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDI VALLE, en uso de sus atribuciones constitucionales contenidas en el artículo 313 numeral 1, artículo 338 de la Ley 136 de 1.994, artículo 32 numeral 7 de la Ley 142, Decretos reglamentarios y,

CONSIDERANDO

Que mediante el acuerdo 026 de 2004, se adoptó el régimen tributario y sancionatorio para el municipio de Jamundí.

Que en el artículo 148 de la Ley 142 de 1.994, se dispone que no se pueden cobrar servicios no prestados, tarifas ni conceptos diferentes a los negociados dentro del contrato de condiciones uniformes.

Que dada la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades especialmente la de la (sic) zonas rurales alta, se hace necesaria la presencia de la administración municipal, que contribuya a amainar tal situación.

Que los costos del sostenimiento del servicio de alumbrado público, es superior al valor recaudado por impuesto fijado a los beneficiarios del servicio, ya que con lo recaudado se debe cubrir, el consumo, el mantenimiento y ampliar la cobertura.

Que se requiere aplicar unas tarifas acorde con la necesidad, lo que modifica varios artículos de los Acuerdos 010 de Mayo 31 de 2.005 y 024 de Noviembre 30 de 2.006

Que siendo el Honorable Concejo Municipal Competente:

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar como en efecto se hace, los acuerdos 010 de Mayo 31 de 2.005 y 024 de Noviembre 30 de 2.006, quedando vigente el acuerdo de la siguiente manera:

ARTÍCULO SEGUNDO Hecho Generador. El hecho generador del impuesto de alumbrado público lo constituye, ser suscriptor del servicio de energía eléctrica en cualquiera de de (sic) los sectores urbano o rural del municipio de Jamundí, o propietario de lote sin construir en los poblados de los corregimientos o en la ciudad cabecera.

ARTÍCULO TERCERO.- Sujeto Pasivo. Es todo usuario del servicio de energía eléctrica ubicado en el área urbana o rural del Municipio de Jamundí, o que tenga ocupación de un lote sin construir en los poblados de los corregimientos y en la ciudad cabecera del Municipio.

ARTÍCULO CUARTO.- A los suscriptores o usuarios de que tratan los artículos anteriores, que correspondan a los lotes de engorde en los poblados no exonerados y parte urbana de Jamundí, incluyendo las urbanizaciones, se les cobrará mensual a través del recibo del Impuesto predial, aplicando el sistema de estratos.

PARÁGRAFO.- La Secretaría de Hacienda realizará el censo de éstos lotes, para facturar en el predial, al propietario el valor correspondiente según el estrato de sector donde está ubicado.

ARTÍCULO QUINTO.- El impuesto de alumbrado público se determinara según el estrato socioeconómico para residencial y de acuerdo al rango de consumo los otros sectores de acuerdo a las siguientes tablas:

RESIDENCIA RUAL (sic)
VALOR MES.
Estrato 1$1.000
Estrato 21.200
Estrato 31.300

TARIFA ESPECIAL RURAL.

Para las haciendas y propiedades de mayor extensión, identificadas por el NIT. De la EPSA y detallados al final del presente, se les cobrará la suma de $20.000 a C/U.

PARÁGRAFO PRIMERO.- De acuerdo al considerando tres (3), se reconoce y autoriza la exoneración del pago del impuesto de alumbrado público a los suscriptores y usuarios del servicio de energía eléctrica de la zona rural alta, incluyendo deuda y recargos de vigencias anteriores por este concepto.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Teniendo en cuenta el considerando (2) dos, exonérese del pago del impuesto de alumbrado público a los inmuebles rurales que no tienen servicio se energía eléctrica, incluyendo deudas y recargos de vigencias anteriores por este concepto.

RESIDENCIA URBANO
VALOR MES
Estrato 1$3.000
Estrato 2  4.000
Estrato 3  5.000
Estrato 4  9.000
Estrato 517.000
Estrato 625.000

COMERCIAL DE ACUERDO AL CONSUMO INTERNO

De0 a    200Kwh$7.000
De201a   500Kwh11.000
De501a   900Kwh18.000
De901a1.200Kwh22.000
De1201a1.500Kwh30.000
De1501a1.700Kwh41.000
De1701a2.000Kwh51.000
De 2001 en adelante 65.000
No regulados mayores a 150.000Kwh1.000.000
No regulados menores a150.000Kwh600.000
Otros comerciales regulados(5)a  96.800

INDUSTRIAL DE ACUERDO AL CONSUMO INTERNO

De0 a    200Kwh$15.300
De201a   3000Kwh50.750
De3001a   7000Kwh76.120
De7001a13000Kwh126.800
De13001a25000Kwh203.000
De25001 en adelante Kwh228.370
No regulados mayores a 150.000Kwh1.000.000
No regulados menores a150.000Kwh600.000
Oficiales 20.000
Especiales urbanos17.000
Ciudadela Terranova estrato 2 4.000

PARÁGRAFO PRIMERO.- Se ratifica y autoriza la exoneración del pago de alumbrado público a suscriptores y usuarios del servicio de energía eléctrica de la zona rural alta.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Se ratifica y autoriza la exoneración de pago de impuesto alumbrado público a losa (sic) inmuebles que no tienen servicio de energía eléctrica.

ARTÍCULO QUINTO (sic).- Las tarifas de alumbrado público serán estudiadas y ajustadas por el Honorable Concejo Municipal cada que sea necesario, previo estudio respectivo.

ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaria de Hacienda, abrir una cuenta especial para depositar los valores recaudados mediante el impuesto predial, pago del impuesto de alumbrado público a usuarios servidos de energía eléctrica de otras empresas y el superávit que deje el cruce de cuentas con la empresa recaudadora del impuesto EPSA y su destinación será así:

1.- Pago trabajo de interventoría a la persona que hace el seguimiento al mantenimiento del alumbrado público en todo el municipio.

2.- Pago déficit que se pueda presentar ante la EPSA.

3.- Si queda remanente, se invertirá en cobertura del alumbrado público donde sea necesaria.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Alcalde y la Secretaría de Hacienda buscarán el mecanismo para hacer efectivo el pago del Impuesto de alumbrado público de los usuarios que están servidos de otra empresa comercializadora de energía, como en el caso de las urbanizaciones Siglo XXI, parte de Terranova , entre otros.

PARÁGRAFO.-  La Secretaría de Hacienda descontará de los recibos Los valores facturados por alumbrado público a los contribuyentes que se anexan en el presente acuerdo.

TARIFA RURAL ESPECIAL CODIFICADA POR LA EPSA.

30504566958669601952519544195688
196606198101198139198411199676199680
199683199699199704410720516513305048
13761766812669741376226692866930

(…)

Comuníquese publíquese y cúmplase

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal a los veintitrés (23) días del Mes de Febrero de Dos Mil Siete (2007)

Normas violadas

Los demandantes invocaron como normas violadas las siguientes:

  1. Constitución Política: artículos: 1, 2, 6, 13, 25, 53, 123, 124, 125, 150, 313, 315, 333 y 338.
  2. Ley 153 de 1887
  3. Ley 136 de 1994

Concepto de la violación

Dijeron que el Concejo Municipal de Jamundí carecía de competencia para fijar el impuesto de alumbrado público en esa jurisdicción, razón por la cual, el acuerdo demandado era nulo, según lo previsto en el artículo 84 del C.C.A.

Señalaron que la autonomía de las entidades territoriales en materia tributaria es restringida, ya que de acuerdo con los artículos 300 y 313 de la Constitución Política, las asambleas departamentales y los concejos municipales pueden establecer los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de sus funciones, pero de conformidad con lo establecido en la ley.

Sostuvieron que el artículo 338 de la Constitución Política establece los elementos del tributo y que señala que estos deben ser fijados directamente por la ley, de tal manera que los entes territoriales están limitados a los contenidos propuestos en la ley que lo crea.

Agregaron que el impuesto de alumbrado público tuvo origen en la Ley 97 de 1913, que autorizó al Concejo de Bogotá para establecer un tributo sobre el servicio de alumbrado público. Que esta facultad se hizo extensiva a los demás municipios del país con la Ley 84 de 1915, pero que estas normas no determinan el hecho generador del impuesto, tal como lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de septiembre de 2008, dictada dentro del expediente No. 16850.

Que, por lo anterior, el Acuerdo No. 005 de 2007 era contrario a la Constitución Política porque, para su expedición, el Concejo Municipal de Jamundí tuvo como soporte jurídico la Ley 97 de 1913, norma que no se ajustaba a lo previsto en el artículo 338, C.P..

Concluyeron que, en esas condiciones, el Concejo Municipal de Jamundí no podía atribuirse facultades que le corresponden privativamente al Congreso de la República por disposición expresa de la Constitución Política.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Municipio de Jamundí no contestó la demanda.

LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

Dijo que el impuesto de alumbrado público tiene origen en la Ley 97 de 1913, que autorizó al Concejo de Bogotá para crear el tributo y que esta facultad se extendió a todos los municipios del país con la Ley 84 de 1915.

Que, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 1º de la Ley 97 de 1913, de tal forma que esa norma podía ser tenida como autorización para que los concejos municipales adoptaran el impuesto de alumbrado público en sus correspondientes jurisdicciones, contrario a lo que afirmaron los demandantes.

Con fundamento en lo dicho por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia del 9 de julio de 2009, expedida en el expediente 16544, sostuvo que los elementos de la obligación tributaria pueden ser determinados por las asambleas departamentales y los concejos municipales dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador, a saber: i) la autorización del gravamen y, ii) la determinación del hecho gravado.

Que, el Acuerdo 005 de 2007 modificó las tarifas y la base gravable del impuesto de alumbrado público establecido en el Municipio de Jamundí por el Concejo de esa localidad con los Acuerdos 010 y 024 de 2005, de conformidad con la autorización conferida por la Ley 97 de 1913.

Explicó que según la Ley 97 de 1913, en el impuesto de alumbrado público el hecho generador del tributo es la prestación del servicio de alumbrado público, al tiempo que el sujeto pasivo de dicho gravamen es todo usuario del servicio de energía eléctrica.

Que, además, la Resolución No. 043 de 1995, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, definió el servicio de alumbrado público, y que lo propio hizo el artículo 2º del Decreto 2424 de 2006, por medio del cual se reguló el servicio de alumbrado público.

Dijo que de conformidad con lo expuesto, el Concejo Municipal de Jamunundí definió el hecho generador del tributo en discusión como la prestación del servicio de alumbrado público, y que esto fue aceptado por el Consejo de Estado, tal y como se evidencia en la sentencia del 11 de marzo de 2011, dictada dentro del expediente 16667.

Agregó que la fórmula adoptada por el Concejo Municipal de Jamundí, de tomar el consumo de energía eléctrica en los diferentes sectores de municipio como base gravable del impuesto, concordaba con la Ley 97 de 1913, en tanto que el sujeto pasivo determinado por la norma coincidía con el usuario del servicio público de energía eléctrica y que esa situación no era contraria a lo establecido en el artículo 338 de la Constitución Política, por cuanto los municipios son autónomos para fijar los elementos del impuesto.

Concluyó que el Acuerdo No. 005 de 2007 fue expedido por el Concejo Municipal de Jamundí en uso de la potestad impositiva que se deriva de los artículo 313 y 338 de la Constitución Política y de conformidad con el artículo 1º, literal d) de la Ley 97 de 1913. Que, por ese motivo, era válido que definiera los sujetos pasivos, la base gravable y la tarifa. Que, además, el hecho generador establecido en el acuerdo demandado guardaba total similitud con lo señalado en la ley que creó el impuesto.

EL RECURSO DE APELACIÓN

El demandante Fernando Yepes Gómez recurrió la sentencia del Tribunal.

Señaló que las razones de inconformidad con la sentencia apelada eran básicamente las mismas en las que se centró la discusión planteada como argumento de nulidad del acuerdo demando, las cuales se oponían diametralmente a las consideraciones del Tribunal y a algunas tesis del Consejo de Estado.

En consecuencia, reiteró las causales de nulidad expuestas en la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes no presentaron alegatos de conclusión.

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada. Señaló que los concejos municipales pueden establecer directamente los elementos de los tributos a los que se refiere la Lay 97 de 1913, en razón a las facultades que en materia tributaria le concede el artículo 338 de la Constitución Política a las entidades territoriales.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por uno de los demandantes, la Sala decide si es nulo el Acuerdo No. 005 de 2007 expedido por el Concejo Municipal de Jamundí, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS 010 DE MAYO 31 DE 2.005 Y 024 DE NOVIEMBRE 30 DE 2.005”.

A juicio de los demandantes, el Concejo Municipal de Jamundí carecía de competencia para establecer el impuesto de alumbrado público en ese municipio, en razón a que las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, que autorizaron a los municipios para adoptar el tributo, no determinaron el hecho generador del impuesto.

No le asiste razón al demandante pues, como lo ha dicho la Sala, el artículo 338 de la Constitución Política faculta a los órganos de representación popular de las entidades territoriales para que, por autorización de la ley, fijen, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

Tratándose del impuesto de alumbrado público, la Sala reiter que los concejos municipales están facultados para definir tales elementos con fundamento en el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 191

 y en el artículo 1º de la Ley 84 de 191

.

Mediante sentencia C-504 de 2002, la Corte Constitucional declaró exequible el literal d) del artículo 1 de la Ley 97 de 1913 con fundamento en que, precisamente, el artículo 338 de la Carta Política faculta a los concejos municipales para fijar los elementos de los tributos cuya creación autorizó la citada Ley. Dijo la Corte:

“(…) tal como lo ha venido entendiendo esta Corporación, el artículo 338 superior constituye el marco rector de toda competencia impositiva de orden nacional o territorial, a cuyos fines concurren primeramente los principios de legalidad y certeza del tributo, tan caros a la representación popular y a la concreción de la autonomía de las entidades territoriales.

Ese precepto entraña una escala de competencias que en forma directamente proporcional a los niveles nacional y territorial le permiten al Congreso de la República, a las asambleas departamentales y a los concejos municipales y distritales imponer tributos fijando directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas. En Consecuencia con ello el artículo 313-4 constitucional prevé el ejercicio de las potestades impositivas de las asambleas y concejos al tenor de lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, siempre y cuanto ésta no vulnere el núcleo esencial que informa la autonomía territorial de los departamentos, municipios y distritos.

(…)

Destacando en todo caso que mientras el Congreso tiene la potestad exclusiva para fijar todos los elementos de los tributos de carácter nacional; en lo atinente a tributos del orden territorial debe como mínimo crear o autorizar la creación de los mismos, pudiendo a lo sumo establecer algunos de sus elementos, tales como el sujeto activos y el sujeto pasivo, al propio tiempo que le respeta a las asambleas y concejos la competencia para fijar los demás elementos impositivos, y claro, en orden a preservar la autonomía fiscal que la Constitución le otorga a las entidades territoriales. Es decir, en la hipótesis de los tributos territoriales el Congreso de la República no puede establecerlo todo.

(…)

Al respecto nótese cómo la norma establece válidamente el sujeto activo y algunos sujetos pasivos –empresas de luz eléctrica y de gas-, y los hechos gravables, dejando al resorte del Concejo de Bogotá la determinación de los demás sujetos pasivos y de las tarifas”.

La citada sentencia fue acogida por esta sección mediante sentencia del 9 de julio de 200, sentencia que, además, retomó los planteamientos generales sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales que ya había expuesto la Sala en otra oportunidad, concretamente en la sentencia de 15 de octubre de 1993,( Exp. 9456) en la que se precisó que “(…) en virtud del denominado principio de “predeterminación”, el señalamiento de los elementos objetos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar “directamente” en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos”.

También se acogió, de la sentencia citada que, “(…) creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que ésta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular”. (Negrilla fuera de texto).

Con fundamento en la doctrina judicial expuesta se concluye que el Acuerdo demandado no es nulo, fundamentalmente, porque:

El artículo 338 de la Constitución Política le otorgó autonomía a los municipios para fijar los elementos del impuesto.

El artículo 1 de la Ley 97 de 1913, creó el impuesto de alumbrado público y mediante la Ley 84 de 1915 facultó a los concejos municipales para fijar los elementos del impuesto.

La Ley que crea o autoriza la creación de un tributo territorial debe gozar de tal precisión que acompase la unidad económica nacional con la autonomía fiscal territorial, en orden a desarrollar el principio de igualdad frente a las cargas públicas dentro de un marco equitativo, eficiente y progresivo.

La norma municipal que desarrolle la autorización legal debe tener referencia con el hecho imponible, o que se derive de él, o se relacione con éste.

El precedente jurisprudencial del Consejo de Estado ha sido rectificado, en virtud de la sentencia C-504 de 2002.

Por lo expuesto, no les asiste la razón a los demandantes cuando señalan que el Acuerdo 005 de 2007 es nulo por la falta de competencia del Concejo Municipal de Jamundí, pues es claro que contaban con la autorización legal expresa de las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 para adoptar el impuesto de alumbrado público.

Ahora bien, dado que los demandantes no invocaron ninguna causal de nulidad en relación con alguno de los elementos estructurales del impuesto en discusión, sino que limitaron los argumentos a la falta de competencia del Concejo Municipal de Jamundí, la Sala no hará ningún pronunciamiento sobre el particular.

De esa manera, se confirmará la sentencia del Tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFÍRMASE la sentencia apelada, por las razones esgrimidas en la parte considerativa de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase  al Tribunal  de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ

Presidente

HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS

MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

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Última modificación:17/02/2017 04:42:10 AM
Servicios Públicos: - Energia electrica
Publicado:25/04/2014 10:52:00 AM
 
Problema Jurídico:
Impuesto de alumbrado publico - Consagración legal - Elementos - El concejo municipal Tiene la facultad de determinar los elementos de los tributos cuya creación autorice la ley.
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