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 Tribunal Administrativo de Cundinamarca exp 20 de 2014
  
 
T_CUND_11001-33-36-032-2014-00020-02

ACCION DE TUTELA – DERECHO DE PETICION – Desarrollo legal y jurisprudencial

Cuando el derecho de petición es desatendido procede la acción de tutela, no para obtener que la autoridad administrativa profiera una decisión favorable a las pretensiones del accionante, sino para alcanzar la pronta decisión y la comunicación de lo resuelto al peticionario.

El derecho de petición otorga al administrado la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas en interés particular o general, y de obtener por parte de la Administración una resolución pronta y sustancial sobre el asunto planteado. Establecida la violación al derecho de petición, el juez de tutela hará efectiva su protección mediante orden a la entidad obligada, para que resuelva sobre la solicitud que le haya sido formulada y sea puesta en conocimiento del peticionario. Pero, no le atañe fijar ni ordenar el contenido de la decisión que la autoridad está llamada a tomar una vez aprecie el fondo de la cuestión sometida a su conocimiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, �ha de resaltarse que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos, ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la solicitud: el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso de la persona a la Administración para que ésta considere el asunto que se le plantea, y el de la respuesta, cuyo sentido trasciende el campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante.

El aspecto últimamente enunciado tiene una especial importancia desde el punto de vista constitucional, en cuanto la respuesta tan sólo goza de ese carácter si está garantizada la comunicación entre la entidad estatal y la persona interesada, en tal forma que ésta se entere a plenitud sobre lo resuelto. Lo contrario significa que la Administración, al reservarse el sentido de su determinación -así en efecto la haya adoptado- se ha abstenido de responder, violando por consiguiente el derecho de petición, si se tiene en cuenta el fundamento constitucional del mismo, que radica en asegurar que el Estado atiende a los gobernados dentro de un criterio de efectividad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN CUARTA

SUBSECCIÓN “A”

Bogotá D.C.,  veintidós (22) de julio de dos mil catorce (2014)

Magistrada Ponente: Dra. GLORIA ISABEL CÁCERES MARTÍNEZ

Acción:       TUTELA

Radicación:      11001-33-36-032-2014-00020-02

Accionante:   PEDRO ÁVILA ORJUELA

Accionados:   ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY – SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a pronunciarse sobre la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia proferida el veintinueve (29) de mayo de 2014 por el Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo del Circuito de Bogotá que negó el amparo del derecho de petición invocado por el actor.  

I. ANTECEDENTES

1. LA ACCIÓN

El señor PEDRO ÁVILA ORJUELA, actuando en nombre propio, interpuso Acción de Tutela contra la ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY, invocando la protección de su derecho fundamental de petición.

PETICIONES

“Primero: Tutelar los Derechos Fundamentales descritos en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.

Segundo: En consecuencia ordenar al Doctor LUIS FERNANDO ESCOBAR FRANCO Alcalde Local de Kennedy o quien haga sus veces para dar respuesta completa y satisfactoria sobre las peticiones realizadas en el Derecho de Petición recibido en esa entidad el 10 y 20 de Enero de 2014.  (fl. 3)

En sustento expone los siguientes,

HECHOS

Manifiesta que el 10 de enero de 2014 bajo radicado No. 2014-082-000361-2 formuló petición ante la Alcaldía Local de Kennedy solicitando el uso de espacio público para la celebración de misas el día domingo, expresando que la parroquia cumplió con los trámites correspondientes e informando las dificultades para el acceso en línea del aplicativo SUGA y la entrada en vigencia del Decreto 599 de 2013, y resaltando que la actividad a desarrollar no se trataba de un espectáculo público; que ante la ausencia de respuesta de la entidad, bajo radicado No. 2014-082-000852-2 del 20 de enero de 2014, reiteró su solicitud invocando la aplicación del artículo 26 del Decreto citado que prevé que los eventos de carácter religioso no requieren registro a través del SUGA.

Expone que mediante comunicación No. 2014-0830027741 del 30 de enero de 2014 la entidad dio respuesta informándole que le corresponde a la Secretaría Distrital de Gobierno, como entidad integrante del SUGA, la autorización a través de acto administrativo de la realización de Actividad Especial de Aglomeración, análisis jurídico que según aduce es equivocado.

Indica que mediante memorando No. 20146290055583 del 27 de enero de 2014 la Secretaría de Gobierno remite su petición al Despacho de la Alcaldía Local indicándole que la actividad pretendida no requiere registro en el SUGA; que mediante memorando No. 20140930053991 del 21 de febrero de 2014 la Alcaldía Local le informa que se encuentra estudiando la viabilidad del uso del espacio público y que en su momento se conceptuara sobre el tema.

Sostiene que la entidad ha vulnerado su derecho de petición en tanto desde el 10 de enero de 2014 ha transcurrido más de un mes y no ha sido resuelta de fondo y conforme las directrices de la Secretaría General de Gobierno (fls. 1-2)

2. CONTESTACIÓN

La Alcaldía Local de Kennedy y la Secretaría Distrital de Gobierno no rindieron el informe solicitado.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

El  Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia el 29 de mayo de 2014, denegando el amparo del derecho fundamental de petición invocado por la parte actora.

Manifiesta que el actor, en calidad de apoderado especial de la Parroquia Jesús Amor Misericordioso, formuló petición los días 10 y 20 de enero de 2014 a la Alcaldía Local de Kennedy solicitando autorización para hacer uso del espacio público aledaño a la Parroquia, advirtiendo que la entidad accionada dio respuesta a las peticiones mediante oficios No. 20140830027741 y 20140830053991 en los cuales refirió sus competencias en materia de permisos para la realización de espectáculos públicos y aglomeraciones masivas, le informó que se requería concepto técnico y jurídico para el uso del espacio público y que solicitó a la Secretaría de Gobierno el estudio del permiso al ser ésta la entidad que otorga la autorización correspondiente previo cumplimiento de los requisitos.

Afirma que la entidad accionada da respuesta oportuna y de fondo a la solicitud del actor, razón por la cual no encuentra vulneración de derecho fundamental alguno (fls. 101-104 y vto)

5. IMPUGNACIÓN  

El actor impugna la sentencia de primera instancia indicando que los oficios a través de los cuales el A quo estimó que la entidad accionada había resuelto sus peticiones fueron aportados en el libelo de la acción para demostrar la insuficiencia de la respuesta emitida por la entidad; que la Alcaldía Local de Kennedy desconoce que el Decreto 599 de 2013 crea una excepción para la realización de los eventos religiosos y no atiende la instrucción impartida por la Secretaría de Gobierno al señalar que la competencia para otorgar los permisos recae en el ente local.

Indica que no obstante haberse informado por parte de la Alcaldía que se estaba estudiando la viabilidad del uso del espacio público, la entidad no ha emitido respuesta favorable o desfavorable y que ha actuado contrariando lo previsto en el Decreto 019 de 2012 que propende por una administración pública eficiente, efectiva y eficaz (fls. 108-110)

II. CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

De conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente asunto.

DE LA ACCIÓN DE TUTELA

El artículo 86 de la Constitución Política prevé que toda persona podrá toda persona podrá incoar la acción de tutela para reclamar ante los jueces de la República la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los particulares en los casos previstos en la ley, y procede sólo cuando el afectado no dispone de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De lo dicho se tiene que esta acción tiene particularidades esenciales como son:

  1.  Subsidiariedad, por cuanto solo resulta procedente cuando el perjudicado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable.
  2. Inmediatez, porque se trata de un instrumento jurídico de protección  inmediata, procedente cuando se hace preciso disponer la guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental objeto de vulneración o amenaza.

PROBLEMA JURÍDICO

Se circunscribe a determinar si las entidades accionadas han vulnerado el derecho fundamental de petición del actor, quién aduce que a la fecha de interposición de la presente acción no ha obtenido respuesta de fondo a la petición formulada el 10 de enero de 2014 y reiterada el día 20 del mismo mes y año.

EL DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política, prevé:

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución”.  

Para que se predique el debido respeto del derecho de petición deben cumplirse determinados requisitos que han sido decantados y reiterados jurisprudencialmente, sobre el particular en sentencia T-172 de 201 la Corte Constitucional precisó:

“Esta corporación ha señalado el alcance de ese derecho y ha manifestado que la respuesta a una solicitud debe cumplir los siguientes parámetros: (i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado; (iii) y, finalmente, tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de estos ingredientes conllevará a la vulneración del goce efectivo de la petición, lo que en términos de la jurisprudencia conlleva a una infracción seria al principio democrátic. Al respecto la sentencia T-377 de 2000 expresó:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

(...)

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”

Adicionalmente, en la sentencia T-1006 de 2001 se precisó que la falta de competencia de la entidad ante quien se formula la petición no la exonera del deber de contestar y que la autoridad pública debe hacer lo necesario para notificar su respuesta, de manera que se permita al peticionario ejercer los medios ordinarios de defensa judicial cuando no está conforme con lo resuelt.”

La Ley 1437 de 2011 - CPACA, prevé en el artículo 14 el término para resolver las peticiones:

Art. 14. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.

(…)

Parágrafo.- Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del inicialmente previsto”.  

Cuando el derecho de petición es desatendido procede la acción de tutela, no para obtener que la autoridad administrativa profiera una decisión favorable a las pretensiones del accionante, sino para alcanzar la pronta decisión y la comunicación de lo resuelto al peticionario.

El derecho de petición otorga al administrado la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas en interés particular o general, y de obtener por parte de la Administración una resolución pronta y sustancial sobre el asunto planteado. Establecida la violación al derecho de petición, el juez de tutela hará efectiva su protección mediante orden a la entidad obligada, para que resuelva sobre la solicitud que le haya sido formulada y sea puesta en conocimiento del peticionario. Pero, no le atañe fijar ni ordenar el contenido de la decisión que la autoridad está llamada a tomar una vez aprecie el fondo de la cuestión sometida a su conocimiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, �ha de resaltarse que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos, ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la solicitud: el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso de la persona a la Administración para que ésta considere el asunto que se le plantea, y el de la respuesta, cuyo sentido trasciende el campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante.

El aspecto últimamente enunciado tiene una especial importancia desde el punto de vista constitucional, en cuanto la respuesta tan sólo goza de ese carácter si está garantizada la comunicación entre la entidad estatal y la persona interesada, en tal forma que ésta se entere a plenitud sobre lo resuelto. Lo contrario significa que la Administración, al reservarse el sentido de su determinación -así en efecto la haya adoptado- se ha abstenido de responder, violando por consiguiente el derecho de petición, si se tiene en cuenta el fundamento constitucional del mismo, que radica en asegurar que el Estado atiende a los gobernados dentro de un criterio de efectividad.

CASO CONCRETO

El señor Pedro Ávila Orjuela acude a la acción de tutela en procura de la protección de su derecho fundamental de petición, pretendiendo que la Alcaldía Local de Kennedy resuelva de fondo la solicitud radicada el 10 de enero y reiterada el 20 de enero de 2014, mediante la cual solicita la autorización para el uso de espacio público para celebración de actividades religiosas.

El A quo negó el amparo constitucional del derecho de petición, al considerar que la Alcaldía Local de Kennedy resolvió de fondo y en oportunidad la solicitud formulada por el actor, quien impugnó la decisión indicando que no se ha dado respuesta de fondo a su petición, que la Alcaldía Local de Kennedy desconoce que el Decreto 599 de 2013 crea una excepción para la realización de los eventos religiosos, y desatiende la instrucción de la Secretaría de gobierno que indica que la Alcaldía Local es la competente para resolver la petición formulada.

La Alcaldía Local de Kennedy y la Secretaría Distrital de Gobierno no rindieron el informe solicitado por el A quo, por lo tanto la Sala dará aplicación a la presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que señala:

Artículo 20. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrara a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.

Sobre el particular la Corte Constituciona ha expuesto:

�

“Sobre la presunción de veracidad, esta corporación se ha pronunciado en innumerables ocasiones y se afirma que tiene su sustento, (i) en la necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio los derechos fundamentales de las personas y (ii) en la obligatoriedad de las providencias judiciales que no se pueden desatender, bien que se dirijan contra particulares o que deban ser cumplidas por servidores o entidades públicas. En consecuencia, esta corporación establece que la� consagración de dicha presunción obedece al desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela y se� orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento que el ordenamiento superior ha impuesto a las autoridades estatale.”

A proceso se acredita que el actor, en su calidad de apoderado especial de la Parroquia Jesús Amor Misericordioso, formuló petición a la Alcaldía Local del Kennedy el 10 de enero de 2014, radicada bajo el No. 2014-082-000361-00, en la cual solicitó:

“(…) me permito reiterar la solicitud hecha para hacer uso del espacio público aledaño al Templo para la celebración de las misas del día domingo de 10:30 a.m. a 12:00m del 2014 y los días 14 de cada mes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

(…)

En ese orden de ideas como se ha venido expresando por parte de la parroquia se ha cumplido con los trámites del caso y las dificultades detectadas como el acceso al aplicativo en línea del SUGA (regulada transitoriedad según Artículo 58 del Decreto 599 del 2013) y la entrada en vigencia de una nueva normatividad como es el caso del citado Decreto 599 del 2013, ruego no sea factor de dilación para utilizar el parque con un evento de aglomeración de público de normal complejidad y no constitutivo de espectáculo público que desde luego no genera impacto negativo en el sector (…)” (fls. 5-7)

La anterior petición fue reiterada por el actor el 20 de enero de 2014 mediante radicado No. 2014-082-000852-2 en los siguientes términos:

“(…) me permito destacar la nueva regulación del Decreto 599 del 26 de Diciembre de 2013 donde establece, que por tratarse de un evento religioso la actividad a realizar nuestra Parroquia queda cobijada por la excepción que establece el Artículo 18- Actividades Especiales de Aglomeraciones de público. Parágrafo. Excepción de registro en la ventanilla del SUGA, que dice: “Para la realización de actividades de aglomeración en el espacio público en eventos de carácter político, religioso o social u otras expresiones de participación ciudadana, tales como marchas, plantones y concentraciones no se requiere registro a través de la ventanilla del SUGA, no obstante, para el efecto el organizador debe informar previamente la realización de la actividad a la Secretaría Distrital de Gobierno, quien de acuerdo con la disponibilidad del espacio tomará las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del Derecho.”

En cumplimiento de la citada norma ya se informó a la Secretaría Distrital de Gobierno y al FOPAE que nuestra parroquia celebra misas los días domingo de 10:30 a 12:00m del año 2014 y los días 14 de cada mes de 4:00 pm a 6:00 pm en el parque ubicado frente al templo.

En consecuencia con la nueva norma, la cual solicito se sirva tenerla en cuenta y en todo caso como lo anunciamos en nuestra reunión de trabajo del día 08 de Enero de 2014 en su Despacho, esta Parroquia continua con la constitución del grupo de Defensa Civil Colombiana (Jesús Amor Misericordioso – Castilla) con quienes se implementa el Plan de Contingencia que la Parroquia adelanta y donde igualmente se solicitó asesoría de FOPAE.

Así las cosas, y como quiera que el Artículo 59 del mismo Decreto 599 del 26 de Diciembre de 2013, derogó normas para aglomeración del público específicamente el Decreto 192 de 2011, solo resta reiterar que la Alcaldía Local de Kennedy emita el respectivo permiso para la utilización del espacio público en mención (…)” (fl. 8)

Mediante memorando No. 20146290055583 del 27 de enero de 2014 la Directora Administrativa de la Secretaría de Gobierno se dirige al Alcalde Local de Kennedy atendiendo el derecho de petición sobre aglomeración especial de carácter religioso, indicándole:

“(…)

Para conocimiento, seguimiento y concepto en el marco de sus competencias, remito la solicitud de la referencia la cual de conformidad con el parágrafo del artículo 18 del Decreto 599 de 2013 no requiere registro en el SUGA.

No obstante lo anterior, le agradezco que se emita concepto de la realización de la misma y de la viabilidad de la utilización del espacio público que se informa, quejas y/o denuncias de la ciudadanía del entorno respecto del impacto que produce en la seguridad y movilidad.” (fl. 19)

El Alcalde Local de Kennedy mediante comunicación No. 20140830027741 del 30 de enero de 2014 da respuesta a las peticiones formuladas por el actor, indicándole:  

“(…)

ASUNTO: Concepto Aprobación uso del Espacio Público aledaño a la Parroquia Jesús Amor Misericordioso/Celebración de Misas/Eucaristías al Aire Libre

REFERENCIA: Derechos de Petición Radicado ALK Nos. 20140820003612; 20140820008522.

Respetado Doctor Ávila Orjuela,

Conforme lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía Local, sobre la base de las competencias que le son propias en materia de permisos para la realización de Espectáculos Públicos, Aglomeraciones Masivas de Público, dado el nivel de complejidad del desarrollo y alcance reglamentario del reciente Decreto 599 de 2013, teniendo en cuenta además, que se requiere conceptuar técnica y jurídicamente con respecto al uso del Espacio Público integrante del parque (zona verde) aledaño a la Parroquia Jesús Amor Misericordioso, se informa que se ha solicitado ante la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – Secretaría Distrital de Gobierno, por ser en últimas la entidad distrital competente para dar la correspondiente autorización, que determine de forma específica los casos en los que se aplica el Parágrafo del Artículo 18 del Decreto en comento y, si las Actividades Religiosas realizadas por la Parroquia se encuentran o no allí enmarcadas; adicional, que lo expresado por ella, esto es, por la Secretaría Distrital de Gobierno, se constituya en la base conceptual que dictamine sobre el real uso y vocación del parque.

Como es connatural por parte de esta Autoridad Local, legal y constitucionalmente dar contestación a las solicitudes de los ciudadanos (as), es menester concretar que el presente escrito, hace parte de la respuesta al Derecho de Petición elevado por el Apoderado Especial de la Parroquia Jesús Amor Misericordioso, doctor PEDRO ÁVILA ORJUELA, y su contenido integral NO CONSTITUYE APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISO que implique el uso del parque aledaño a la parroquia, para el continuo desarrollo de las actividades religiosas propias de su objeto.

Finalmente, es fundamental precisar, que sobre la preceptiva vigente en materia de cultos y aglomeraciones de público, se debe aplicar y cumplir con los requisitos que acrediten cada una de las entidades distritales competentes en la materia, es en lo relativo a la verificación, evaluación y control técnico – normativo de todo cuanto haya a lugar en el trámite administrativo requerido; por lo cual se reitera que es la Secretaría Distrital de Gobierno a quien como entidad integrante del SUGA, le corresponde, AUTORIZAR O NO la realización de la Actividad Especial de Aglomeración, sobre la base del concepto previo que a su solicitud emitan cada una de las entidades competentes en la materia, para lo cual por supuesto, su pronunciamiento ha de ser mediante la emisión de un Acto Administrativo por parte de la Secretaría misma.(fls. 11-18)

Posteriormente, el Alcalde Local de Kennedy mediante comunicación No. 20140820053991 del 21 de febrero de 2014 se dirige al actor en los siguientes términos:

“(…)

ASUNTO: Información previa de realización de Eventos Religiosos / Actividades Especiales de Aglomeración (Artículo 18 del Decreto 599 de 2013)/Registro ante el Sistema único de Gestión de Aglomeraciones de Público en el Distrito Capital –SUGA/Parque Ubicado frente al templo/Celebración de Misas Campales /Parroquia Jesús Amor Misericordioso

REFERENCIA: Derecho de Petición con Radicado Secretaría de Gobierno No. 20146240016152

Conforme al Derecho de petición por Usted impetrado en calidad de Apoderado Especial de la parroquia Jesús Amor Misericordioso – Arquidiócesis Fontibón, en el cual refiere solicitud que se tenga en cuenta la excepción contenida en el único Parágrafo del Artículo 18 del Decreto 599 de 2013, en el entendido que “(…) no se requiere registro a través de la ventanilla del SUGA (…)”, para la realización de Actividades Especiales de Aglomeración de Público en las que se encuentran enmarcadas la de carácter religioso (sic); adicional, de realizar las llamadas Misas Campales en los horarios de 10:30 a.m. a las 12:00m. los días domingos y, los días 14 de cada mes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., me permito comunicarle que en estos momentos se encuentra aún vigente el contenido normativo del Decreto 192 de 2011 (Por el cual se reglamenta el Acuerdo 424 de 2009, que creó el Sistema único de Gestión de Aglomeraciones para el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital D.C.), en dicho tema. (…)

Es de precisar que el citado Decreto 192 establece en materia del SUGA, en su artículo 14°, que: “(…) El Sistema único de Gestión para el registro, evaluación, y autorización de actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital –SUGA-, es el mecanismo para el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeraciones de público en el Distrito Capital. Su propósito es permitir a los/as ciudadanos/as registrar de manera rápida y oportuna la documentación necesaria para tramitar los conceptos, permisos o autorizaciones para el desarrollo de actividades de aglomeración de público, y a las entidades competentes, la evaluación y emisión de conceptos en línea, de acuerdo con sus competencias, según lo establecido en la normatividad vigente y en el presente Decreto, sin perjuicio que se establezcan mecanismos de atención personalizada a la comunidad. Actuará como mecanismo orientador y asesor de los/as ciudadanos/as que accedan a sus servicios (…)”

Por su parte, el Decreto 599 de 2013, dispone en su artículo 57°: “(…) De la expedición de reglamentación y de la elaboración de los protocolos y procedimientos. La Secretaría Distrital de Gobierno dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto, expedirá los protocolos y procedimientos que correspondan para su implementación y desarrollo (…)”

Vista así las cosas, por lo anteriormente expuesto en materia normativa del tema que nos ocupa, esto es, en cuanto el registro ante el SUGA, este sigue vigente; por tal entendido, es de obligatorio cumplimiento en cuanto los requisitos allí exigidos y por supuesto, de imperativo obedecimiento.

Es de precisar que en ocasiones pasadas de igual manera se allegaron Derechos de Petición de similar materia, vale decir, solicitud de misas campales y la excepción de que trata el parágrafo único del artículo 18 del Decreto 599 de 2013, conforme los radicados Nos. 20140820003612 y 20140820008522; en tal sentido, esta Alcaldía Local dio respuesta mediante el radicado N° 20140830027741.

Como quiera que el artículo 6°, numeral 2, del Decreto 599 de 2013 establece competencias para los Alcaldes Locales, esta Alcaldía se encuentra estudiando la viabilidad para la utilización del Espacio Público y según corresponda en su momento conceptuará sobre el tema.

(…)” (fls. 9-10) (Negrillas fuera del texto)

Las pruebas allegadas a proceso permiten constatar que el actor formuló petición a la Alcaldía Local de Kennedy el 10 de enero de 2014, solicitando autorización de uso del espacio público para la celebración de misas religiosas en días y horarios determinados, la cual fue reiterada el 20 del mismo mes; sobre la cual se pronunció el Alcalde Local el 30 de enero de 2014, manifestándole que la Secretaría Distrital de Gobierno al ser la entidad competente para dar la autorización solicitada, debía determinar la aplicación del parágrafo del artículo 18 del Decreto 599 de 2013 y si las actividades religiosas se encontraban comprendidas allí; así mismo se acredita que mediante memorando interno del 27 de enero de 2014 la Secretaría Distrital de Gobierno le informó a la Alcaldía Local de Kennedy que la actividad requerida por el actor no requería del registro en el SUGA y lo conminó a expedir concepto para su realización y viabilidad para la utilización del espacio público.

No obstante lo indicado, la Alcaldía Local mediante comunicación del 21 de febrero de 2014 le informa al actor que conforme la normatividad vigente el Sistema Único de Gestión para el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeración de público del Distrito Capital –SUGA- sigue vigente y por ende es de obligatorio cumplimiento y de imperativo obedecimiento, y que dicha entidad se encontraba estudiando la viabilidad del uso del espacio público y que conceptuaría en su momento.

Así las cosas, ha de precisar la Sala que contrario a lo sostenido por el A quo, las comunicaciones emitidas por la Alcaldía Local de Kennedy dirigidas al actor, no satisfacen su derecho de petición, en tanto que no se resuelve de fondo su solicitud de utilización del espacio público para la realización de actividades religiosas, ni se acredita que se hubiere emitido concepto sobre su viabilidad, máxime si han transcurrido más de 5 meses desde la formulación de la petición, circunstancias que vulneran el derecho fundamental de petición del actor, razón por la cual se revocará el fallo impugnado y en su lugar se dispondrá su amparo y se ordenará al Alcalde Local de Kennedy que en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la presente providencia resuelve de fondo y de manera congruente la solicitud formulada por el actor el 10 de enero de 2014, reiterada el día 20 del mismo mes, y en el mismo término sea puesta en su conocimiento en la dirección suministrada en la petición.

En mérito de lo expuesto, la Subsección “A”, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCASE la sentencia proferida el veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó la tutela del derecho de petición del actor, y en su lugar TUTÉLASE el derecho fundamental de petición del señor PEDRO ÁVILA ORJUELA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDÉNASE al Alcalde Local de Kennedy que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia resuelve de fondo y de manera congruente la solicitud formulada por el actor el 10 de enero de 2014 radicada bajo el No. 2014-082-000361-00, reiterada el día 20 del mismo mes bajo el radicado No. 2014-082-000852-2; y en el mismo término sea puesta en su conocimiento en la dirección suministrada en el escrito de petición.  

En el término señalado deberá acreditar su cumplimiento ante el Juez de Primera Instancia.

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: COMUNÍQUESE la decisión adoptada al Juzgado Treinta y Dos (42) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Constancia: El proyecto de esta providencia fue estudiado y aprobado en sesión de la fecha.

LAS MAGISTRADAS

GLORIA ISABEL CÁCERES MARTÍNEZ

MARÍA MARCELA DEL SOCORRO CADAVID BRINGE

PATRICIA AFANADOR ARMENTA

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Última modificación:7/05/2017 09:06:24 AM
Servicios Públicos: - Tema complementario
Publicado:2/12/2014 07:03:00 PM
 
Problema Jurídico:
Accion de tutela ? Derecho de peticion ? Desarrollo legal y jurisprudencial
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