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 Sentencia CSJ SCL 28780 de 2007
  
 
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SALA DE CASACIÓN LABORAL

DR. LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ
Magistrado Ponente

Radicación N° 28780

Acta No. 48

Bogotá D.C, veinte (20)  de junio de dos mil siete (2007).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. E.S.P. ELECTROCOSTA S.A. E.S.P., contra la sentencia del 31 de agosto de 2005, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso que HUGO RAMON BELLO SANCHEZ Y OTROS le adelantan a la sociedad recurrente y a la llamada en garantía EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE MAGANGUE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION.

  1. ANTECEDENTES

En lo que atañe al recurso extraordinario, basta señalar que HUGO RAMÓN BELLO SÁNCHEZ, FREDDY HERRERA ECHEVERRÍA, JESÚS DANIEL OSORIO CÁRDENAS, JULIÁN PALENCIA ROJAS, JUAN CONEO PADILLA, MARCO FIDEL BELEÑO CORRALES, NURYS QUIROZ MORALES, RAMIRO LUNA PAYARES, ROBINSON NAVAS PAUTT, WILLIAM PARRA LAMAR, DEIVY BARRIOS HERNÁNDEZ, FREDY FRANCO CARDOZO, MARTHA MEJÍA MONTES, JAIVER RADA SUÁREZ, MERLY MEJÍA VEGA, BETZAIDA MARÍA RAMÍREZ JIMÉNEZ y MARLEN ZABALA MARTÍNEZ, demandaron a la ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A. E.S.P. -ELECTROCOSTA S.A. E.S.P., con el fin de que se les declarara la existencia entre las partes de sendos contratos de trabajo a término indefinido y los despidos injustificados, al igual que el desconocimiento tanto del derecho fundamental de asociación sindical de los actores en calidad de afiliados a Sintraelecol, como de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Empresa de Energía Eléctrica de Magangue S.A. E.S.P. hoy ELECTROCOSTA S.A. E.S.P. y la citada organización sindical, y además de la sustitución patronal como de los derechos que se obtienen del fallo de tutela que incluso fue objeto de revisión por la Corte Constitucional, el cual había ordenado el reintegro de éstos; y como consecuencia de todo ello, se les condenara a pagar a su favor los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir entre la fecha del despido y cuando se hicieron efectivos los correspondientes reintegros, junto con las acreencias de índole convencional, la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T., la indexación, la dotación y las costas.

Como sustento de sus pretensiones, argumentaron en resumen que fueron vinculados a la Empresa de Energía Eléctrica de Magangue S.A. E.S.P., a través de contratos de trabajo a término fijo, durante varios períodos consecutivos; que por venta a la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P., operó la sustitución patronal, donde ésta última asumió los activos y pasivos de la antigua empresa; que eran afiliados al sindicato SINTRAELECOL y se encontraban al día en el pago de cuotas sindicales; que a la mayoría se le comunicó la no prorroga de la relación laboral, a partir del 31 de diciembre de 1998, excepto para el caso de los actores Deyby Barrios Hernández que lo fue desde el 31 de diciembre de 1997 y Merly Mejía Vega y Betzaida Ramírez Jiménez a partir del 31 de agosto de 1998, determinación que constituye un despido injusto, toda vez que no era posible que la demandada alegara el vencimiento del plazo fijo pactado, por virtud de que conforme a la cláusula 6ª convencional dichos contratos pasaron a ser a término indefinido, a lo que se suma que el artículo 10 tenía establecida la estabilidad que no permite la finalización de ningún nexo contractual sin justa causa previamente comprobada; que una vez se les desvinculó, fueron reemplazados con otros trabajadores con contrato indefinido y temporales, lo que demuestra la necesidad de estos cargos; que por la decisión de la empleadora de cancelar los contratos, sufrieron perjuicios y se vieron avocados a instaurar acción de tutela ante el Juez Doce Civil Municipal de Cartagena, quien denegó el amparo solicitado, empero el Juez Primero Civil del Circuito de esa ciudad, revocó y tuteló el derecho sindical de los accionantes, para lo cual ordenó su reintegro en cargos de igual o superior categoría, actuación que fue revisada por la Corte Constitucional que confirmó la decisión que concedió la tutela; que como consecuencia de esos despidos injustificados de que fueron objeto todos los demandantes, éstos “dejaron de percibir en el lapso comprendido entre la terminación individual de su contrato de trabajo y su reintegro: salarios, prestaciones sociales, sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo en el no pago oportuno de las cesantías y demás derechos convencionales”.

II. RESPUESTA A LA DEMANDA

La convocada al proceso ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. E.S.P. ELECTROCOSTA S.A. ESP, al dar respuesta a la  demanda se opuso al éxito de la totalidad de sus declaraciones y pretensiones; en cuanto a los hechos aceptó la relación laboral con cada uno de los actores y la existencia de las normas convencionales transcritas, aunque aclaró que lo estipulado convencionalmente no le era aplicable a éstos, por virtud de que su vinculación estaba consagrada como una excepción en la convención, y frente a los demás supuestos fácticos adujo que unos no le constaban y que otros no eran ciertos; propuso como excepciones las de prescripción y buena fe.

En su defensa esgrimió en resumen que el artículo 6° de la convención colectiva de trabajo vigente para el año 1998, previó dos excepciones en las cuales la empresa podría celebrar contratos de trabajo que no tengan el carácter de indefinido, esto es, para la realización de una obra o labor determinada o para la ejecución de un trabajo ocasional accidental o transitorio; que de acuerdo a lo anterior, los demandantes fueron contratados bajo esta excepción, quedando por tanto dichas relaciones por fuera de la convención y regidas por la ley, cesando cualquier obligación del empleador a la terminación de los contratos de trabajo celebrados a término fijo, cuya modalidad no sufrió variación alguna; que el fallo de tutela que tuvo revisión de la Corte Constitucional, el cual no se comparte, amparó el derecho de asociación sindical a favor de los accionantes sin que éstos pertenecieran al Sindicato, pues no pagaban cuota sindical ni se les hacía extensivos los beneficios convencionales, decisión que si bien ordenó el reintegro de los trabajadores, nada dijo respecto del pago de salarios y derechos convencionales.

En escrito separado denunció el pleito a la EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE MAGANGUE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION, a quien también llamó en garantía, entidad que una vez notificada dio respuesta oponiéndose a su citación, arguyendo que de acuerdo con el convenio de sustitución patronal entre Electromagangue y Electrocosta, contenido en la escritura pública No. 2634 del 4 de agosto de 1998 de la Notaria 45 del Círculo de Bogotá, la última de las mencionadas y aquí demandada se obligó a responder por la totalidad de las obligaciones de carácter laboral a favor de los trabajadores y de los pensionados que asumió, y por ende quien pudo supuestamente haber originado el despido y violado el derecho de asociación sindical que fue objeto del fallo de tutela, debiendo responder por los reintegros y sus consecuencias, no es otra que la sociedad ELECTROCOSTA, no siendo por tanto procedente en su sentir llamar a ELECTROMAGANGUE como litisconsorte.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, a través de la sentencia que data del 21 de abril de 2004, puso fin a la primera instancia, declarando que entre la EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE MAGANGUE S.A. E.S.P. – ELECTROMAGANGUE y los demandantes, existieron sendos contratos de trabajo a término indefinido, en los términos de la cláusula 6ª de la convención colectiva de trabajo celebrada con la organización sindical SINTRAELECOL MAGANGUE, los cuales finalizaron el día 31 de diciembre de 1998, en forma unilateral e injusta por parte de la accionada ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. E.S.P. ELECTROCOSTA S.A. ESP, quien sustituyó patronalmente a la primera de las sociedades mencionadas desde el día 4 de agosto de 1998, y como consecuencia de ello, condenó a ELECTROCOSTA por virtud del reintegro que hubo, a pagar a favor de cada actor el valor de los “Salarios, Primas Ordinarias y Extraordinarias, prestaciones sociales legales y convencionales (cesantía y sus intereses, vacaciones, primas), no percibidos por ellos durante los 29 meses que permanecieron por fuera de la empresa, así como la sanción moratoria, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, a partir del 23 de Mayo de 2.001, hasta que se verifique el pago total de los salarios y prestaciones, como también los retroactivos de los años 1.997 y 1.998, con su indexación correspondiente los cuales ascienden a la suma total de $4.083.517.260, cifra que aparece discriminada a folios 179 a 238 del cuaderno No. 31 de acuerdo a lo que corresponda para cada accionante, absolviéndola de las restantes pretensiones incoadas, e impuso las costas a la parte vencida.

IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral, que conoció del proceso por apelación de la demandada ELECTROCOSTA S.A. E.S.P., con sentencia calendada 31 de agosto de 2005, confirmó el punto primero de la parte resolutiva de la decisión de primer grado, revocó las condenas impartidas tanto por indemnización moratoria como por cesantías, quedando contraídas las demás condenas por salarios y prestaciones e indexación a la suma global equivalente a $2.582.798.662,oo y que aparece distribuida de acuerdo a lo que le corresponde a cada demandante en el cuadro que hace parte del fallo de folios 69 y 70 del cuaderno No. 1; de otro lado absolvió a la EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE MAGANGUE S.A. E.S.P. – ELECTROMAGANGUE, del llamamiento en garantía y de la denuncia del pleito, e impuso las costas de la alzada a la entidad apelante.

El ad quem en lo que interesa al recurso de casación comenzó por poner de presente lo decidido dentro de la acción de tutela T-1303 de 2001, que los promotores del proceso promovieron contra ELECTROCOSTA S.A. E.S.P., en la cual la Corte Constitucional como guardiana de la Carta Superior, confirmó la orden para que en un término de 48 horas se reintegrara a los accionantes a los cargos que venían desempeñando cuando se produjo la ruptura unilateral de los contratos de trabajo, determinación que estimó debe mantenerse dado que lo allí debatido hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y por ende no admite un nuevo cuestionamiento, y al respecto puntualizó:

“(….) Conforme a la constitución Política de Colombia le corresponde como máxima autoridad de la Jurisdicción Constitucional a la corte constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la constitución, con el fin de cumplir unas funciones consagradas en su artículo 241 que entre otras, la de revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales.

La acción de tutela fue creada para proteger derechos fundamentales y las órdenes dadas por los jueces bajo esa competencia constituyen cosa juzgada entre las partes.

La corte en sus fundamentos llegó a la conclusión que por no estar los trabajadores bajo contrato a término fijo, sino a término indefinido, mediante convención colectiva depositada debidamente en el Ministerio de Trabajo y demostrado que la accionada violo el derecho de asociación sindical. Procede a confirmar la sentencia de segunda instancia. Tutelando como antes se dijo.

La corte constitucional al confirmar el fallo de segunda instancia, reintegrando a los trabajadores, no puede ser cuestionado, pues estamos ante una decisión que hace transito a cosa juzgada constitucional, pues lo esta haciendo bajo el mandado (sic) que la misma constitución les ha dado, la de proteger los derechos fundamentales.

Por tanto los argumentos de la parte demandada en su apelación cuestionando las motivaciones dadas en el fallo de tutela no pueden estimarse para buscar la revocatoria de la sentencia de 21 de abril de 2004, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, cuya decisión fue cumplida. Por lo que esta Sala no puede entrar atender los cuestionamientos del demandado, pues fue debatido en juicio de tutela, donde se ordenó el reintegro de todos los trabajadores, incluyendo al señor Devis Barrios Hernández sobre el cual se presenta molestia en la apelación”.

En lo que concierne a las consecuencias de los reintegros dispuestos mediante el citado fallo de tutela, el Juzgador de alzada textualmente soportó su decisión en lo siguiente:

“(….) La orden de reintegro se cumplió, materializándose.

Cuando se ordena un reintegro es en razón que a los trabajadores no se les podía dar por terminada la relación laboral, así se entiende de las motivaciones dadas por el juez que tutela y la Corte constitucional, no había entonces interrupción de los contratos de trabajo de los actores, la consecuencia es el pago de acreencias laborales no canceladas por culpa del empleador por no haber permitido la prestación del servicio conforme a la decisión tomada …... Que es lo que pretenden los demandantes pues si lograron su reintegro es porque no era viable su despido y por tanto tendrían derecho al pago de las acreencias laborales no pagadas sin culpa de ellos.

Por lo que se haría viable el pago por conceptos laborales. Que serían a los que tendrían derecho como si estuvieran laborando, prestando el servicio, que, si no lo hicieron, no fue por culpa de los trabajadores sino la del empleador, en razón de la orden dada en la sentencia de tutela”.

Frente a la prescripción de los derechos reclamados en este asunto, que como excepción fue propuesta por la accionada ELECTROCOSTA, con fundamento en que transcurrieron más de tres (3) años entre la desvinculación de los trabajadores demandantes y la presentación de la demanda ordinaria que data del 27 de noviembre de 2002, el Juez Colegiado infirió lo contrario, valga decir, que lo demandado no está prescrito, porque:

“(…) Sobre este tópico la sala considera que ante la orden del reintegro constitucional, con ocasión que no se hacía factible conforme al fallo de tutela desvincular a los trabajadores, el reclamo de las acreencias laborales corren desde cuando la corte da la orden de reintegro, si se determinó que era violatorio darlos por terminados, la consecuencia lógica, es que no ha existido interrupción y por tanto el empleador debe pagar los salarios y prestaciones como si estuvieran laborando, debiendo pagarlos desde que se dio el despido. Lo anterior conforme a lo plasmado en el artículo 488 del C.S.T, que señala que estas acciones prescriben en tres (3) años desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible que para esta sala fue desde el 6 de Diciembre de 2001 a la presentación de la demanda 27 de Noviembre del 2002, no trascurrieron los tres años que se exige. Si era de tomarse desde el vencimiento del término que se dio en el fallo de segunda instancia calendado 11 de mayo de 2001, en razón que era en efecto suspensivo lo cual llevaba el acatamiento de la orden del reintegro, tampoco estarían prescritas”.

Y en lo que incumbe a las condenas que había impartido el a quo, el Juez de apelaciones sostuvo:

“(...) Ahora así, en cuanto las inconformidades de los montos por los que se condenan a la entidad demandada tenemos;

La condena por indemnización por falta de pago que exhorta el articulo 65 del C.S.T, solo se hace viable a la terminación del contrato de trabajo, cuando el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas.

Pues bien en el presente asunto no se puede aseverar que ha existido terminación de los contratos de trabajo con los demandantes, al haber existido una orden de reintegro es porque no se hacía procedente quebrar, interrumpir, las relaciones laborares y por tanto estas subsistirían, por lo que no era viable condenar por estos conceptos.

Solo es viable solicitar el pago de indemnización moratoria cuando al finalizar la relación laboral el empleado no cancela los salarios y prestaciones debidas. Sanción que no es automática, debiéndose analizar cada caso concreto.

Por otro lado se le hace ver al Juez segundo civil del Circuito de Magangue Bolívar, que no es procedente condenar por salarios moratorios y a la vez indexar en razón que el fin de ambas figuras es actualizar la depreciación del dinero.

Por lo que se revocarán las condenas por indemnización moratoria dejando incólume la indexación en cuanto a los montos que se condenen en el presente fallo.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidades por las condenas por conceptos de vacaciones, primas de vacaciones, primas de servicios e inclusión de la prima de riesgo en la liquidación, estas deberán confirmarse puesto que aunque materialmente no se haya prestado el servicio no es menos cierto que el hecho de la prestación del mismo no se dio por circunstancias ajenas a la voluntad de cada trabajador sino por el acto del despido, entonces habiéndose dado el reintegro, el efecto de éste es la continuidad en la relación laboral, persiste el contrato de trabajo en razón a que este no se entiende terminado por el hecho del despido pues el reintegro mantiene la existencia del mismo durante el tiempo que el trabajador no prestó materialmente el servicio, es cierto entonces, que el efecto del reintegro es que no ha existido interrupción de la relación laboral por lo tanto dichos beneficios económicos se deberán cancelar a cada trabajador reintegrado igual que a aquellos trabajadores que si prestaron sus servicios durante el tiempo que persistió el despido. Por lo que se confirmaran estas condenas.

Pasando a la molestia de la condena al pago de Auxilio de cesantía, le asiste razón al demandado esta solo es procedente solicitarla a la terminación del contrato de trabajo a la luz del artículo 249 del C.S.T. cuestión como se ha dicho no ha acaecido en este asunto con los demandantes, por lo que se revocaran las condenas por dichos conceptos.

En cuanto a la inconformidad de la liquidación de salarios aduciéndose que se incluyeron días que no fueron laborados, pues al efectuase el reintegro, era procedente el pago de salarios en razón que no se laboró por culpa del empleador en consideración que las terminaciones de los contratos de trabajo con los demandantes, conforme a la corte constitucional no se hacen viable, por tanto se hace procedente condenar por días no laborados. Por lo que no se asiste razón al apelante”.

V. EL RECURSO DE CASACIÓN

Inconforme con la anterior determinación, la demandada ELECTROCOSTA S.A. E.S.P. interpuso el recurso de casación, y a través de éste, persigue que se CASE parcialmente la sentencia del Tribunal, en lo atinente a que “al confirmar parcialmente la del juzgado, declaró que los demandantes estuvieron vinculados con mi representada mediante sendos contratos de trabajo de duración indefinida”, y en lo que respecta a las condenas dispuestas por salarios y prestaciones sociales e indexación por la cantidad que asciende a $2.582.798.662,oo, cuya distribución por demandante aparece a folio 14 y 15 del cuaderno de la Corte; y en sede de instancia, aspira a que esta Corporación revoque el fallo de primer grado, en cuanto “hizo la mencionada declaración e impuso las siguientes condenas: pago de los salarios, primas ordinarias y extraordinarias, prestaciones sociales legales y convencionales (intereses de cesantía, vacaciones, primas) no percibidas durante los 29 meses que permanecieron por fuera de la empresa; retroactivos indexados de los años 1997 y 1998, lo que arrojó una suma total de $4.083.517.260, discriminada para cada uno de los demandantes en la parte resolutiva del fallo del a quo, y en su lugar se absuelva a mi procurada de tales condenas de primer grado (porque las demás ya fueron revocadas por el tribunal), proveyendo sobre costas como en derecho corresponda”.

Con tal propósito invocó la causal primera de casación laboral y formuló cinco cargos que no fueron replicados oportunamente, de los cuales se despacharan conjuntamente los tres primeros y el quinto, pues aunque están encaminados por distinta vía, denuncian similar conjunto normativo, se valen de una argumentación que los complementan, persiguen idénticos fines como son demostrar que la duración del contrato de trabajo que ató a las partes lo era a término fijo, que el motivo de la terminación del vínculo obedeció al vencimiento del plazo fijo pactado, que no era posible aplicar a los trabajadores demandantes la convención colectiva de trabajo aportada al proceso, y que las consecuencias de un reintegro constitucional no pueden ser aquellas que le otorgó el ad quem, además que la solución que a ellos corresponde es la misma, para luego adentrarse la Sala al estudio del cuarto ataque que tiene que ver con la prescripción.

VI. PRIMER CARGO

Atacó la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, los artículos “27, 67, 69, 140, 186, 306, 467, 469 y 488 del C.S.T.; 1° de la ley 52 de 1975; 39, 53 y 86 de la C.P., 8° del decreto 2351 de 1965; 6° de la ley 50 de 1990; 332 del C.P.C; 145 del C.P.T.; 8°, 27, 28 del decreto 2591 DE 1991; 32 y 151 del C.P.T. y de la S.S.”

Adujo que la violación de la ley se produjo por los siguientes errores de hecho manifiestos:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes estuvieron unidos con mi procurada mediante contratos de trabajo de duración indefinida.

2. No dar por demostrado, estándolo, que los. demandantes estuvieron unidos con . mi procurada mediante contratos de trabajo a término fijo.

3. Dar por demostrado, sin estarlo; que mi acudida despidió unilateralmente y sin justa causa a los demandantes.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que lo atinente al despido sin justa causa de los demandantes constituye cosa juzgada.

5. No dar por probado, .estándolo, que las terminaciones de los contrato de trabajo de los demandantes se produjeron por vencimiento del plazo fijo pactado.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que el acuerdo rubricado por el gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Magangué y tres representantes de Sintraelecol el 30 de abril de 1998 y depositado el 3 de junio del mismo año, es la convención colectiva de trabajo aplicable a los demandantes.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que los fallos de tutela proferidos por el juzgado primero civil del circuito de Cartagena el 11 de mayo de 2001 y por la Corte Constitucional dispusieron el reintegro y pago de salarios dejados de percibir por considerar que no era viable el despido.

8. No dar por probado, estándolo, que el fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional solamente dispuso el reintegro pero no el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, ni los demás derechos derivados por el fallo acusado, como si estuvieran laborando”.

Expresó que los yerros fácticos que anteceden tuvieron origen en la errónea apreciación de las siguientes pruebas:

1. Contratos de trabajo celebrados entre los demandantes y mi procurada (fls. 83, 84 y 85 cuaderno 2; Fls. 119, 120 Cuaderno 2, Fls. 172 a 179 Cuaderno 2, Fls. 17 a 23 Cuaderno 3, Fls. 28 a 29 Cuaderno 4, Fls. 18 a 19 Cuaderno 5, Fls 13 a 14 Cuaderno 6, Fls. 14 a 17 Cuaderno 8, Fls. 20 a 25 Cuaderno 9, Fls. 21 a 22 Cuaderno 10, FI. 28 a 29 Cuaderno 12, FI. 41 a 47 Cuaderno 15, FI. 27 a 31 Cuaderno 16, FL 10 a 11 Cuaderno 18, Fl. 24 a 25 Cuaderno 19, Fl. 21 a 22 Cuaderno 27).

2. Cartas de terminación de contratos de trabajo celebrados entre los demandantes y mi procurada (fls. 92 cuaderno 2, FI. 136 Cuaderno 2, FI. 186 Cuaderno 2, FI. 28 Cuaderno 3, FI. 41 Cuaderno 4, FI. 36 Cuaderno 5, FI. 36 Cuaderno 6, FI. 31 Cuaderno 9, FI. 31 Cuaderno 10, FI. 48 Cuaderno 12, FI. 35 Cuaderno 15, FI. 32 Cuaderno 16, Fl. 33: Cuaderno 18, Fl 35 Cuaderno 18).

3. Convención colectiva de trabajo celebrada entre la empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A. E.S.P. y Sintraelecol (fls; 1 a 50 del cuaderno 22 y 1 a 49 del cuaderno 11).

4. Fallo de tutela de 2ª instancia proferido por el juzgado primero civil del circuito de Cartagena el 11 de mayo de 2001 (fls.12 a 21).

5. Fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional el 6 de diciembre de 2001 (fl. 21 a 44)”.

En la sustentación del cargo, la censura luego de referirse a lo expresado por el Tribunal, efectuó el siguiente planteamiento:

“(….) En primer lugar se lee en cada uno de los contratos de trabajo celebrados entre los demandantes y la empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A. E.S.P., que la modalidad contractual adoptada por los celebrantes fue a término fijo. Así se lee textualmente en su tenor:

<Cláusula Tercera: El término inicial de duración del contrato de trabajo será el señalado arriba. Si antes de la fecha de vencimiento de este término, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar e/ contrato, con antelación no inferior a (30) días, éste se entenderá prorrogado por un periodo igual al inicialmente pactado. Tratándose de un contrato a término - fijo inferior de un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) periodos iguales o inferiores al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 C. S. T I modificado por el artículo 3 de la ley 50/90. EL TRABAJADOR tendrá derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea>.

Los contratos a término fijo de cada demandante aparecen en el expediente.

(……)

Es claro e inobjetable que la voluntad de las partes y el texto del acuerdo escrito que celebraron muestra de modo palmario el nexo a término fijo que no podía ser desconocido por el tribunal.

De igual forma, las cartas de terminación de contratos de trabajo celebrados entre los demandantes y mi procurada aparecen así:

(…...)

Estos documentos acreditan que el fin del vínculo laboral ocurrió simplemente por expiración del plazo fijo pactado, con preaviso, y no por las razones aducidas por el fallo gravado.

En el folio 8 del fallo se observa que el Tribunal apreció el acuerdo que aparece en el cuaderno 11 del expediente rubricado por el gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Magangué y tres representantes de Sintraelecol el 30 de abril de 1998, al cual dio valor de convención colectiva de trabajo, pero ocurre que fue mal estimado porque en ese texto no hay constancia de haber sido depositado ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, dentro de los 15 días siguientes a su firma. En efecto, a folios 1 a 50 del mencionado cuaderno 11, aparece un acuerdo entre dichas partes firmado en la aludida data, en él no hay constancia de depósito oportuno, sino simplemente que se trata de <fotocopias tomadas de copias auténticas que aparecen en el expediente>, pero brilla por su ausencia la constancia de su depósito. Nótese que antes del susodicho acuerdo, en la primera página del mismo cuaderno 11, aparece que el gerente de la precitada empresa y el presidente de la organización sindical enviaron a la doctora Ingrid Arroyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-Magangué una carta remisoria del acuerdo la cual fue recibida por dicho despacho el 3 de junio de 1998, como lo acredita claramente el mismo documento, esto es, por fuera del lapso legal del depósito, razón por la cual al adolecer de tal requisito no era convención colectiva de trabajo, por no haber sido depositado ante la oficina competente dentro de los 15 días siguientes a su firma, como lo creyó equivocadamente el ad quem al estimar que era aplicable a los demandantes y fincar su resolución en tan deleznable soporte fáctico.

De otro lado, tanto el fallo de tutela de 2ª instancia proferido por el juzgado primero civil del circuito de Cartagena el 11 de mayo de 2001 (fls.12 a 21), como el proferido por la Corte Constitucional el 6 de diciembre de 2001 (fl. 21 a 44), si bien accedieron al amparo del derecho de asociación sindical y ordenaron el reintegro de los demandantes, no tienen carácter definitivo porque en ninguno de esos proveídos se dejó constancia en tal sentido, lo que conduce a concluir que tales beneficios fueron concedidos como mecanismo transitorio. Por el contrario, al referirse la Corte Constitucional a la tutela: T/476/98 (folio 41 del fallo de tutela) prohijó lo que se dispuso en ella, especialmente la orden de reintegro porque en lo demás dijo <dejando a salvo sus derechos por conceptos de salarios, los cuales son del conocimiento de la jurisdicción ordinaria>.

El desacierto fáctico del tribunal consistió en creer que esos fallos de tutela en el caso bajo examen eran definitivos, como que les dio el carácter de cosa juzgada, siendo que en verdad, como ya se advirtió, en ninguno de ellos se dejó plasmada tal consecuencia, por lo que el yerro del tribunal es protuberante.

Ahora bien, aún en el evento de que los fallos de tutela hubiesen amparado los derechos de los demandantes en forma definitiva, es igualmente innegable que ninguno de los dos ordenó el pago de salarios dejados de percibir por aquellos, ni las demás adehalas agregadas por el ad quem. Así se lee en la parte resolutiva de ambos:

(…..)

Nótese que en ambos proveídos, tanto en la parte motiva como en la resolutiva, deviene el amparo de cara a la violación de un derecho colectivo, del derecho de asociación sindical y no derechos individuales de los demandantes, por lo que no fluyen de la sentencia de tutela los otros efectos que creyó ver en ellas el tribunal.

Salta a la vista, prima facie, el desatino fáctico del tribunal al deducir de los fallos de tutela unos efectos que los mismos no dispusieron, pues se limitaron a ordenar únicamente el reintegro, que fue lo pedido por los accionantes en tutela. Adviértase que no impetraron lo que ahora deprecan. Si los jueces de tutela hubieran dispuesto otras consecuencias las habrían incluido en la parte resolutiva de sus proveídos.

No existe por consiguiente motivo para los agregados del tribunal porque dijo apoyarse en el fallo de tutela y finalmente le alteró su tenor dado que los demás aspectos relacionados con el pago de salarios y prestaciones correspondían exclusivamente a la definición de lo que ordenasen los jueces competentes de la jurisdicción ordinaria, con arreglo a la normatividad que gobierna la independencia de la jurisdicción ordinaria del trabajo para la definición de los asuntos de su competencia sometidos a su consideración y los derechos en esta jurisdicción, con independencia de la jurisdicción constitucional y por tanto no podía el tribunal fincarse para el pago de salarios dejados de percibir y demás adiciones, en el fallo de tutela, ya que si según el juez de la alzada el fallo de tutela es autosuficiente, es elemental que debía circunscribirse a lo en él resuelto exclusivamente de modo expreso, claro e indiscutible.

Si el juzgador el tribunal no hubiera incurrido en los errores tácticos que se le enrostran, que lo condujeron a aplicar indebidamente el elenco de disposiciones en listadas en la proposición jurídica del cargo, no habría dispuesto las declaraciones y cuantiosísimas e ilegales condenas, sino que habría revocado la decisión del a quo, y habría absuelto a mi representada de todas las pretensiones de la demanda”.

VII. SEGUNDO CARGO

Acuso la sentencia impugnada por la senda directa y en el concepto de interpretación errónea, respecto de los artículos “8, 27 y 36 del decreto 2591 de 1991; lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 27, 67, 69, 140, 186, 306, 467, 469 y 488 del C.S.T.; 1° de la Ley 52 de 1975, 39, 53 y 86 de la C.P., 8° del decreto 2351 de 1965; 6° de la ley 50 de 1990; 332 del C.P.C; 145 del C.P.T.; 32 y 151 del C.P.T. y de la S.S.”

Al sustentar el cargo, el recurrente efectuó el siguiente planteamiento:

“(….) Entendió el tribunal que cuando se ordena un reintegro es en razón de que a los trabajadores no se le podía dar por terminado el contrato laboral, lo que conduce a que no haya interrupción en los contratos de trabajo de los demandantes y al pago de las acreencias laborales no canceladas por culpa del empleador al no haber permitido la prestación de servicios, y que si los demandantes lograron su reintegro es porque no era viable el despido y tienen derecho a las referidas acreencias laborales como si estuvieran laborando.

Tal criterio del juzgador constituye una inteligencia equivocada de las normas aplicables porque con arreglo a los artículos 27 y 28 del decreto 2591 de 1991, los efectos del fallo de tutela no pueden ser adicionados por los jueces de la jurisdicción ordinaria, sino por las autoridades establecidas para el efecto, que no son otras que el propio juez que falló la tutela o el que conoció en primera instancia de la misma”.

Transcribió lo consagrado en los artículos 8°, 27 y 36 del citado Decreto 2591 de 1991 y continuó diciendo:

“(….) La protección constitucional al derecho fundamental de asociación sindical apunta más que a la de derechos individuales de los trabajadores afectados con actos de discriminación fundada en esa razón, a un amparo de carácter grupal o colectivo que se endereza a dejar incólume a la asociación profesional frente a actos patronales o de otras personas que aborten su nacimiento, amenacen su subsistencia o minen indebidamente su poder. De ahí que más que los derechos salariales o prestacionales que pudiesen asistirle a un trabajador en concreto, su tutela reviste y comporta es un blindaje a la institución, al sindicato, a la persona jurídica, al ente colectivo amparado en su teleología, por eso lo que procede en eventos de discriminación, conforme a la jurisprudencia constitucional, es el reintegro de los despedidos en razón de su afiliación o actividad sindical; pero no derechos de estirpe pecuniaria, los que están sujetos a lo que dispongan las normas especificas que los estatuyan.

De otra parte, si los accionantes. o el juez de la jurisdicción ordinaria estimaron que no se había dado cabal cumplimiento a la orden de tutela dispuesta por el juzgado primero civil del circuito de Cartagena, confirmada por la Corte Constitucional, lo procedente en tales eventos es el incidente de desacato, ya que con arreglo a la normativa que gobierna dicha acción especial es el juez pertinente de tutela indicado en los artículos atrás transcritos, quien de manera exclusiva y privativa determina sus efectos colaterales, pero no es dable reencarnar la pretensión fallida en tutela o valerse impropiamente de un proceso ordinario laboral para dar vida por primera vez a una petición no formulada en la acción de tutela, que no esté comprendida dentro de lo expresamente ordenado por el juez constitucional.

Ahora bien, es igualmente contundente lo dicho respecto de decisiones que amparan derechos como mecanismo transitorio, ya bien porque ese efecto quede explicitado en el fallo de tutela o emerja de su naturaleza o contexto, porque en esas situaciones la acción pertinente ante el juez ordinario sólo puede instaurarse dentro de los 4 meses siguientes a la sentencia de tutela y dirigirse de manera exclusiva a las mismas consecuencias prácticas que emergen de la orden de amparo, sin extenderla de manera impropia a aspectos en la sentencia de amparo, como lo hizo el proveído del tribunal.

De análoga manera en los casos de tutela como mecanismo definitivo con mayor razón hay que estarse a lo expresamente resuelto en los fallos de tutela, por lo que lo no incluido en ellos no puede ser adicionado por ningún juez. Conviene recordar al respecto que los jueces de la jurisdicción ordinaria, en desarrollo de la independencia de la jurisdicción especial del trabajo, para la definición de los asuntos de su competencia sometidos a su consideración son autónomos e independientes de la jurisdicción constitucional, pues de lo contrario se cohonestaría una intromisión en las funciones que le corresponde de modo privativo a la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria para decidir los conflictos jurídicos de su competencia.

Si el fallo recurrido en casación no hubiese incurrido en la hermenéutica equivocada de los textos denunciados con ese vicio, no habría aplicado indebidamente los demás enlistados en la proposición jurídica, y por tanto no habría hecho las declaraciones y condenas contenidas en la parte resolutiva de la sentencia acusada, por lo que considero que el cargo debe prosperar”.

VIII. TERCER CARGO

La censura atacó la decisión recurrida de violar por la vía directa y en el concepto de infracción directa, de los artículos 8, 27 y 36 del Decreto 2591 de 1991, lo que conllevó la aplicación indebida de las demás normas invocadas en el cargo inmediatamente anterior.

Como demostración del cargo copió básicamente lo sostenido en la acusación que antecede, pero haciendo énfasis en la falta de aplicación de los artículos del mencionado decreto 2591, lo cual hace innecesario su repetición.

IX. QUINTO CARGO

Acusó la sentencia recurrida de violar por la vía indirecta, en el submotivo de aplicación indebida, frente al mismo ordenamiento denunciado en el primer cargo.

Señaló que la violación de la ley tuvo origen en el error de derecho consistente “en dar por establecido con un medio no autorizado por la ley, esto es la respectiva prueba solemne exigida para la validez del acuerdo como convención colectiva de trabajo, por lo que a los demandantes no se les aplicaba el convenio suscrito entre la Empresa de Energía Eléctrica de Magangué y Sintraelecol el 30 de abril de 1998 y depositada el 3 de junio del mismo año”.

Para su demostración propone a la Corte la siguiente argumentación:

“(…..) En el folio 8 in fine del fallo gravado comparte el tribunal la apreciación conforme a la cual los trabajadores no estaban vinculados con contratos a términos fijo, sino a término indefinido, <mediante convención colectiva depositada debidamente en el Ministerio de Trabajo>.

Lo asentado por el tribunal evidencia que al apreciar el acuerdo, le dio valor de convención colectiva de trabajo al documento que aparece en el cuaderno 11 del expediente rubricado por el gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Magangué y tres representantes de Sintraelecol el 30 de abril de 1998, pero ocurre que el mismo carece de la validez de convención colectiva de trabajo pues al no haber sido depositado oportunamente ante el Ministerio de la Protección Social, es un medio probatorio no autorizado por la ley para tenerse como tal. En efecto, a folios 1 a 50 del mencionado cuaderno 11, aparece un acuerdo entre dichas partes firmado en la aludida data, en él no hay constancia de depósito oportuno, sino simplemente que se trata de <fotocopias tomadas de copias auténticas que aparecen en el expediente>, pero brilla por su ausencia la constancia de su depósito. Nótese que antes del susodicho acuerdo, en la primera página del mismo cuaderno 11, aparece que el gerente de la precitada empresa y el presidente de la organización sindical enviaron a la doctora Ingrid Arroyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- Magangué una carta remisoria del acuerdo la cual fue recibida por dicho despacho el 3 de junio de 1998, como se ve claramente en el mismo documento, esto es, por fuera del lapso legal del depósito (Art. 469 del C.S.T.), razón por la cual adolecía del requisito legal de validez como convención colectiva de trabajo, por no haber sido depositado ante la oficina competente dentro de los 15 días siguientes a su firma.

Sin el cumplimiento de tal requisito no podía el tribunal avalar la validez de ese acuerdo celebrado entre dos personas jurídicas, pues sin el cumplimiento de la solemnidad del depósito oportuno la convención no produce ningún efecto. Por lo expuesto, a los demandantes no les era aplicable el dicho acuerdo, que fue la base para las condenas proferidas en este proceso ordinario laboral.

Si el tribunal no hubiese cometido el error de derecho probado en este cargo, no habría aplicado indebidamente las disposiciones relacionadas en la proposición jurídica que lo condujeron a condenar ilegalmente a mi procurada”.

X. SE CONSIDERA

Estos cargos someten a consideración de la Corte tres temáticas distintas pero para el presente asunto ligadas entre sí; el primero, tiene que ver con la falta de validez de la convención colectiva de trabajo que se aportó al proceso por no contener la constancia de depósito oportuno; el segundo, relativo al carácter de definitivo de los fallos de tutela y sus efectos de cosa juzgada constitucional; y el tercero, atañe a las consecuencias de un reintegro constitucional; destacando que todo ello involucra los principales puntos de discordia de la censura en sede de casación, como son la duración del contrato que ató a las partes, la existencia o no del despido injustificado, y la procedencia del pago de salarios y/o prestaciones sociales dejados de percibir, entre la fecha de la desvinculación y aquella en que se hizo efectivo el reintegro de los actores, ordenado por la violación de un derecho fundamental para el caso el de asociación sindical, para lo cual se endilgó al Tribunal la comisión de errores de hecho y de derecho, al igual que yerros jurídicos. En este orden de temas, la Sala abordará el estudio de la acusación.

1.- Validez de la Convención Colectiva de Trabajo aportada.

El recurrente se duele que teniendo las pretensiones que se demandan a través del proceso ordinario, un origen convencional, por pender su éxito de lo dispuesto en la cláusula 6ª de la convención colectiva de trabajo, en relación con la verdadera modalidad contractual de las vinculaciones laborales de los demandantes, era menester advertir que el ejemplar aportado a esta actuación no reúne los requisitos del artículo 469 del C. S. del T., en cuanto a su depósito a más tardar dentro de los 15 días siguientes a su firma, pues aquél carece de la constancia de depósito oportuno, en la medida que dicho convenio aparece celebrado el 30 de abril de 1998 y su depósito efectuado en forma extemporánea el 3 de junio del mismo año, lo que conduce a que no sea posible aplicar ese estatuto regulador de las relaciones de trabajo a los accionantes.

Sin embargo, la Sala observa que la anterior aseveración en que se soporta el sexto error de hecho del primer cargo y el de derecho esbozado en el quinto ataque, constituye el planteamiento de un hecho o medio nuevo en sede de casación.

En efecto, como bien se puede observar, ninguno de los fundamentos de defensa de la accionada ELECTROCOSTA S.A. E.S.P. que se esgrimen en la respuesta al libelo introductorio (folio 56 a 65 del cuaderno 30), puso en tela de juicio la validez del acuerdo colectivo de voluntades vigente para el año 1998 por motivo de su depósito, por el contrario esta demandada en la contestación se refiere y se soporta en la existencia de ese estatuto convencional y en la aplicación del contenido íntegro del aludido “artículo 6° De la Convención Colectiva vigente en 1998” que incluso transcribe para fijar su alcance y los eventos en que la empresa podía celebrar contratos de trabajo que no tengan el carácter de indefinido, y poder aducir que en el caso de los actores su vinculación obedeció y está contemplada dentro de la excepción consagrada en el artículo 6° De la Convención colectiva vigente y en ningún caso se trató de despido masivo de trabajadores”, añadiendo que lo allí estipulado también estaba pactado con antelación al año 1998 cuando se suscribieron con éstos los contratos a término fijo y concretamente en la convención con vigencia 1996 -1998, resultando por tanto la contratación de los accionantes con base en la excepción señalada, por cortos períodos y para labores determinadas” (resalta la Sala, folio 60 y 61 ibídem).

Cabe resaltar que el escrito de apelación interpuesto por la demandada ELECTROCOSTA S.A. E.S.P. contra la sentencia de primer grado, obrante a folios 240 a 253 del cuaderno No. 31, no menciona en ninguno de sus pasajes el tema concerniente al depósito supuestamente inoportuno de la convención colectiva de trabajo vigente para el año 1998, y a contrario sensu esta parte reafirma en esta pieza procesal su existencia como su vigencia, e insiste en el correcto entendimiento que en su criterio tiene la norma convencional cuestionada, y alude a razones distintas como es el caso de una aplicación de tal estatuto pero para vinculaciones futuras a la fecha en que comenzó a regir, que en su decir no permite concluir la condición de trabajadores oficiales de los demandantes y menos que sus contratos de trabajo de duración definida suscritos con anterioridad y que se venían ejecutando, con base en la aplicación del citado artículo 6°, hubieran pasado a ser indefinidos como lo concluyó la Corte Constitucional en el fallo de tutela. Sobre el convenio colectivo de marras, en el recurso de alzada lo que se argumentó textualmente fue lo siguiente:

“(….) DE LA CONVENCION COLECTIVA.
Es conveniente para los efectos del recurso interpuesto, determinar el origen de la norma convencional (6°) citada por el despacho. Como aparece en la convención colectiva, ésta es una norma que proviene de los Acuerdos Marco Sectoriales, que eran acuerdos celebrados entre la organización sindical Sintraelecol, que es una organización de industria, con el Ministerio de Minas y Energía para todas las empresas del sector en la medida en que le fueran aplicables las normas acordadas en dicho Acuerdo. Recordemos que dentro del sector eléctrico existen empresas cuya naturaleza es diversa, tales como los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, de economía mixta como ELECTROMAGANGUE. En este caso la norma era aplicable única y exclusivamente para las Empresas que para la época tuvieran en su personal trabajadores oficiales que no era el caso de ELECTROMAGANGUE. Los demandantes no tenían tal calidad, tanto es así que dentro del proceso esta calidad no aparece demostrada.

Además se agrega, que dicha convención colectiva de trabajo se firmó en abril de 1998, su aplicación por ser una norma específica …. debía aplicarse a futuras vinculaciones con trabajadores oficiales y está demostrado dentro del proceso que los demandantes además de no ser trabajadores oficiales sus contratos ya estaban en plena ejecución cuando se firmó la convención colectiva, venían con contratos suscritos a partir de enero de 1998 y cuya finalización estaba programada para finales de diciembre de 1998, entonces la norma convencional no podía modificar los contratos ya suscritos y menos aún establecer una interpretación extensiva de la norma a trabajadores particulares, porque es una norma expresa de excepción cuya aplicabilidad es de interpretación restringida en la medida en que establece restricciones a la contratación de trabajadores oficiales, pero no para otra clase de trabajadores.

De lo anteriormente expuesto se desprende que, el juzgado hizo una aplicación indebida al caso concreto y con fundamento en ella no podía llegar a concluir, que éstos trabajadores eran oficiales y en consecuencia tenían un contrato a término indefinido y no un contrato a término fijo como lo establece la realidad” (Resalta la Sala).

Por consiguiente, como la discusión alrededor del depósito oportuno de la convención colectiva de trabajo en vigor para el año 1998, no fue fijada por ninguna de las partes, precisamente por no haber sido alegada esta circunstancia por la citada demandada desde la contestación al libelo inicial, quien admitió la vigencia y su aplicación aunque en sentido diferente, admitirla ahora en casación, comportaría la variación de los argumentos de la respuesta a la demanda, chocando con los principios de contradicción, y defensa, conforme al artículo 29 de la Carta Mayor, además que daría lugar a la violación del debido proceso, al no brindarse la oportunidad a la parte actora y a la llamada en garantía de controvertir desde el inicio de la litis ese preciso fundamento, exponer su punto de vista al respecto y ejercitar su consabida defensa en las respectivas oportunidades procesales, donde es de acotar que la Corte como tribunal de casación está desprovista de las prerrogativas propias de los falladores de primer y segundo grado, por no ser el recurso extraordinario una tercera instancia.

Se insiste, entonces, que el discurso de la censura en torno al depósito extemporáneo de la convención colectiva de trabajo, se traduce en un hecho o medio nuevo, por virtud de no estar este aspecto propuesto o cuestionado en las instancias, máxime que dentro de la acción de tutela que entre las mismas partes cursó con anterioridad, la Corte Constitucional según se lee en la sentencia T- 1303 del 6 de diciembre de 2001, que confirmó la decisión del juez constitucional de segundo grado que amparó el derecho y ordenó el reintegro de los accionantes, constató dicho depósito oportuno mediante certificación solicitada al entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se hizo constar “Que la Convención Colectiva suscrita el 30 de abril de 1998 fue remitida en tal fecha a la Oficina del Ministerio del Trabajo en Magangué, haciéndose el deposito de la convención, en forma legal” aclarando que posteriormente fue enviada ya depositada a la oficina de registro y archivo sindical de la ciudad de Bogotá “por oficio 145 del 19 de octubre de 1998” (folio 29 del cuaderno No. 30), lo que corrobora que este punto mientras no fuera planteado dentro de las instancias del proceso ordinario, quedaba como en efecto sucedió, por fuera de toda controversia.

2.- Carácter definitivo de los fallos de tutela y efectos de cosa juzgada.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el Tribunal consideró que hacía “transito a cosa juzgada constitucional” la decisión de revisión de la Corte Constitucional, como guardiana de la Carta Superior, emitida en el caso en particular, con la cual se confirmó la orden de reintegro de los accionantes por la violación del derecho fundamental de asociación sindical, y que fuera impartida en segunda instancia dentro de la acción de tutela tantas veces mencionada, lo que impedía que nuevamente se entrara a cuestionar en el litigio ordinario, lo ya debatido en sede de tutela, en especial la modalidad de los contratos de trabajo a término indefinido conforme se consagró en la convención colectiva de trabajo debidamente depositada, que sirvió al Juez constitucional como uno de los presupuestos para decretar el reintegro impetrado por los trabajadores, orden que posteriormente se materializó.

Para la Sala, si bien es cierto, el fallador de alzada incurre en imprecisión al estimar la “cosa juzgada constitucional” respecto de los fallos de tutela, cuando es sabido que esta institución jurídica es predicable, en esencia de las sentencias ejecutoriadas de constitucionalidad o exequibilidad de la ley o decreto con efectos erga omnes, proferidas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado; también lo es, que no le asiste razón a la censura en cuanto a que la sentencia T-1303 del 6 de diciembre de 2001 emanada de la Corte Constitucional, que dispuso la confirmación de los reintegros, no amparó de manera definitiva la estabilidad de los trabajadores demandantes, puesto que en palabras del censor protegió el derecho de asociación sindical más no derechos individuales de éstos.

Ciertamente, toda sentencia tiene un efecto obligatorio específico, cuya parte resolutiva es de forzoso acatamiento, con la particularidad que los fallos de tutela sólo producen efectos interpartes, como quiera que la acción de tutela se instituyó como un mecanismo de defensa subjetivo de carácter personal o con la legitimación propia del defensor del pueblo o el personero Municipal o Distrital, y de contenido concreto, cuyo titular es la persona o personas perjudicadas, agraviadas o amenazadas en sus derechos fundamentales, conforme a la hermenéutica del artículo 86 de la Carta Política.

En el sub litem, el pronunciamiento que contienen las sentencias de tutela dictadas dentro de la acción que los ahora demandantes habían incoado contra la empresa ELECTROCOSTA, visibles a folios 2 a 44 del cuaderno 30, concluyó como se dijo con el amparo del derecho fundamental de asociación sindical y la orden de reintegrar a todos los accionantes a los cargos que venían desempeñando para el momento en que se produjo la terminación unilateral de los contratos de trabajo, decisión interpartes que sí lo fue con carácter definitivo, si se tiene en cuenta que no se vislumbra en parte alguna de tales proveídos, manifestación del Juez de tutela sobre efectos meramente “transitorios” de la determinación adoptada.

De tal modo, que la orden de reintegro dispuesta mediante acción de tutela como consecuencia de la protección inmediata de un derecho fundamental, resulta de imperioso cumplimiento para los obligados, mientras se mantenga esa decisión en firme.

En el sub examine, como dan cuenta las partes hoy en contienda, la orden impartida por el Juez constitucional se cumplió y por tanto se hicieron efectivos los reintegros de los actores, y es por esto, que lo pretendido ante la justicia ordinaria no es la pertinencia de aquellos con base en la clase de contrato de trabajo que los ató o con fundamento en la aplicabilidad de la convención como la censura lo quiere hacer ver a la Corte, ni tampoco lo es el enervar o aniquilar los efectos de esa medida.

De acuerdo con el petitum de la demanda introductoria, lo perseguido por los trabajadores demandantes con la instauración de este proceso laboral, gira en torno a las consecuencias económicas o indemnizatorias con apoyo en la decisión constitucional, habida cuenta que el Juez de Tutela no le fijó al fallo ninguno de los efectos que ahora se imploran, en aras de garantizarle a los agraviados el pleno goce de su derecho al volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, quedando en estas condiciones del resorte exclusivo de la justicia ordinaria, el conocimiento y definición de esos puntuales aspectos.

En tales circunstancias, no se equivocó el Tribunal cuando infirió que no era del caso volver sobre lo ya decidido de manera definitiva y con efectos interpartes en el fallo de tutela, esto es, respecto de las consideraciones que le asistieron al Juez constitucional para declarar la nulidad del despido y ordenar el reintegro de los accionantes.

3.- Consecuencias de los reintegros constitucionales.

La censura sostiene que en el evento de que los fallos de tutela hubiesen amparado los derechos de los demandantes en forma definitiva, es igualmente innegable que ninguno de esos pronunciamientos ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, ni las demás adehalas que sin motivo agregó el ad quem, siendo la única consecuencia el reintegro más no lo que ahora los accionantes deprecan.

La lectura de los fallos de tutela, el de segunda instancia como el de revisión de la Corte Constitucional (folios 12 a 44 del cuaderno No. 30), deja al descubierto que se circunscribieron a determinar el amparo del derecho fundamental de asociación sindical que el Juez constitucional encontró había sido desconocido por el empleador ELECTROCOSTA S.A. E.S.P., al despedir masivamente a los trabajadores accionantes con el firme propósito de desestabilizar el sindicato, para lo cual estimó que esa vulneración se reparaba reinstalando a los afectados a su empleo para que continuaran con la prestación del servicio y así evitar la disminución del número de afiliados de SINTRAELECOL, quedando el tema de las consecuencias indemnizatorias o económicas del reintegro, a definir por la justicia ordinaria por estar dentro de su ámbito de competencia.

Bajo esta órbita, el fallador de alzada consideró que la consecuencia de ese reintegro constitucional era “el pago de acreencias laborales no canceladas por culpa del empleador por no haber permitido la prestación del servicio conforme a la decisión tomada”, lo cual hace viable el pago de los conceptos laborales a que tendría derecho como si estuviera trabajando.

La postura del Juez de apelaciones resulta razonada, dado que el derecho al reintegro así sea del orden constitucional, supone como antesala la anulación judicial de un despido que generó inicialmente las consecuencias jurídicas de terminación del contrato de trabajo, cuya prosperidad conlleva como efecto el volver las cosas al estado en que se encontraban, esto es, la reanudación de la relación laboral, lo cual acarrea el pago de salarios dejados de percibir durante el tiempo que el trabajador duró cesante, donde es de anotar que entre el momento del despido que da origen a la acción correspondiente y aquél en que se materializa el reintegro, no hay solución de continuidad, trayendo como consecuencia que en ese interregno del nexo contractual, se producen los efectos que le son propios a su vigencia, entre ellos el pago de todos los derechos sociales que surgen de la relación de trabajo, que no pudieron ser cubiertos por culpa imputable al empleador.

No es de recibo que la decisión de reintegro por provenir de una acción constitucional no engendre ninguna consecuencia jurídica de naturaleza económica, pues al igual que un reintegro legal se entiende que el tiempo transcurrido entre el despido y la reincorporación al puesto de trabajo, hace parte de la duración total del vínculo laboral, y por tanto es incuestionable que da origen en ese lapso al pago de salarios con la correspondiente incidencia prestacional.

Dejar sin todas las consecuencias jurídicas propias de un reintegro amparado en la violación de un derecho fundamental, por virtud de que el Juez de Tutela que lo ordenó, no determinó los efectos pertinentes del restablecimiento del contrato, sería un contrasentido en relación con el criterio imperante de que frente a las personas reintegradas por orden judicial, procede a título de indemnización el pago de salarios y el reconocimiento de las prestaciones sociales dejados de percibir, eso sí compatibles con el reintegro porque hay algunos derechos sociales que exigen real prestación del servicio.

En este orden de ideas, el derecho del trabajador reintegrado a la remuneración que no pudo recibir como consecuencia de un despido al cual luego le fueron negados sus efectos, es simple consecuencia del restablecimiento del vínculo, así la orden de reintegro provenga de una Juez constitucional.

Colofón a todo lo dicho, el Tribunal no realizó ninguna defectuosa apreciación probatoria de los medios de convicción denunciados, ni cometió ninguno de los yerros jurídicos que se le endilgaron alrededor de los temas que se trataron, y por ende estos cuatro cargos no pueden prosperar, en una sana justicia material.
XI. CUARTO CARGO

El censor atacó la sentencia de segundo grado por la vía directa, bajo la modalidad de interpretación errónea de los artículos “488 del C.S.T.; 32 y 151 del C.P.T. y de la S.S., lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 27, 67, 69, 140, 186, 306, 467 y 469 del C.S.T.; 1° de la ley 52 de 1975; 39, 53 y 86 de la C.P., 8° del decreto 2351 de 1965; 6° de la ley 50 de 1990; 332 del C.P.C; 145 del C.P.T.; 8°, 27, 28 del decreto 2591 de 1991”.

Propuso como demostración del cargo lo siguiente:

“(….) No se discuten en esta acusación los supuestos tácticos que soportan el fallo acusado, vale decir, que los demandantes estaban vinculados a mi procurada mediante un contrato de trabajo a término indefinido, terminados por Electrocosta el día 31 de diciembre de 1998; que el fallo de tutela de segunda instancia, fuente de los reintegros, se profirió el 11 de mayo de 2001; que el de la Corte Constitucional se dictó el 6 de diciembre de 2001 y que la demanda promotora del juicio ordinario laboral se presentó el 27 de noviembre de 2002.

Argumentó el tribunal que ante la orden de reintegro constitucional, con ocasión de no ser factible conforme al fallo de tutela desvincular a los trabajadores, la iniciación del plazo prescriptivo es concomitante con la orden de reintegro, porque si se determinó que era violatoria la terminación, la consecuencia es que no ha habido interrupción y por tanto el empleador debe pagar los salarios y las prestaciones como si estuvieran laborando, <debiendo pagarlos desde que se dio el despido>, conforme a lo plasmado en el artículo 488 del C.S.T., que señala que estas acciones prescriben en tres años desde que la obligación se haya hecho exigible, esto es: para el caso presente, a partir del fallo de tutela de la Corte Constitucional o desde el fallo de tutela de segunda instancia, dado el efecto suspensivo de la orden de reintegro, evento en el cual los derechos salariales y prestacionales de los despedidos tampoco estarían prescritos.

No se necesita mayor esfuerzo para advertir la equivocada interpretación del tribunal, ya que si bien es cierto expresó que legalmente el plazo de prescripción de los derechos laborales comienza desde que la respectiva obligación es exigible, se equivocó en el entendimiento de la identificación del momento de la exigibilidad, que desde luego es concomitante con la fecha de producción del agravio, vale decir, desde el instante de los despidos.

Aun cuando la sentencia de segunda instancia de tutela data del 11 de mayo de 2001, como lo dio por acreditado el tribunal, esta fecha es irrelevante dado que la afectación a los derechos sindicales y específicamente al derecho de asociación sindical, que fue el tutelado, el pilar del fallo de amparo, se perpetró desde los despidos que el juez de tutela estimó violatorios de los derechos fundamentales constitucionales. Desde ese instante los trabajadores estaban en capacidad de obrar, de incoar una acción conducente a la reivindicación de sus derechos económicos lesionados; sin embargo, como no se discute en este proceso, sólo lo vinieron a reclamar en el presente juicio ordinario laboral a partir de la presentación de la demanda, el <27 de noviembre de 2002>.

Es tan palmaria la errada hermenéutica del proveído gravado, que el mismo dispone el pago de salarios desde el momento de los despidos, esto es, desde el 31 de diciembre de 1998, y en forma francamente contradictoria indica que la exigibilidad de la obligación empieza con los fallos de tutela, lo que es un contrasentido indiscutible.

Lo lógico es que si los derechos salariales y prestacionales penden de la invalidez de los despidos, de la eventual o real violación de los derechos que fluye de los mismos, es elemental que el cómputo de la exigibilidad de la obligación correlativa patronal no puede diferirse hasta los fallos de tutela, sino que tienen su germen en el momento mismo de la terminación de los contratos de trabajo de los demandantes, data que no es otra que el 31 de diciembre de 1998.

Con la tesis del fallo acusado podrían obtenerse a través de procesos ahora ventilados ante la jurisdicción ordinaria, salarios y beneficios económicos de trabajadores despedidos hace más de 20 años, so pretexto de que solo ahora han sido reconocidos sus reintegros mediante sentencias de tutela, que aunque no impongan obligaciones salariales en las mismas puedan servir como titulo ante la justicia del trabajo, penetrando además en la independencia y autonomía de ésta para adoptar sus decisiones libremente dentro del ámbito de su competencia. y sin ninguna intromisión.

Adviértase cómo, por el contrario, los plazos de prescripción de los derechos reclamados ante la jurisdicción ordinaria, emanados de acciones de reintegro y derechos económicos derivados de terminaciones ilegales o injustas de contratos laborales, suelen ser de corta duración: 2 meses para el fuero sindical y 3 meses para despidos injustos de trabajadores antiguos, siempre desde la cancelación del nexo jurídico, motivo por el cual, acogiendo una interpretación sistemática, no hay razón de peso para que el tribunal haya ampliado a más de 3 años el plazo de prescripción de derechos laborales de carácter económico.

De admitirse al tesis del tribunal se estaría consagrando una nueva causal de prescripción en materia laboral, según la cual la acción de tutela y su definición, reabre los plazos para el ejercicio de la acción ordinaria laboral, cuando en verdad dichas causales son exclusivamente del resorte del legislador y no del funcionario judicial.

Nada, impedía a los ahora demandantes haber impetrado los referidos derechos económicos que solicitan en este juicio, dentro de los tres años siguientes a su desvinculación, porque desde entonces estaban habilitados jurídicamente para reclamarlos. Así pues, los derechos no son exigibles desde que los tribunales los reconocen u otorgan, sino desde que la ley brinda a los titulares la capacidad de reclamarlos ante los jueces.

Con criterios como el acogido por el ad quem se rompe notablemente el equilibrio y la proporcionalidad de las reglas jurídicas que gobiernan la prescripción de derechos laborales, pues los que emanan de las leyes del trabajo de trabajadores que a primero de enero de 1991 tenían más de diez años de antigüedad (más de 26 años de servicios en la actualidad), prescriben en solo tres meses desde el despido, al paso que los que fluyen de violación de derechos sindicales, según la interpretación del tribunal, tendrían una prescripción de tres años, pero no desde el despido, sino desde la respectiva sentencia de tutela que los ampare de modo "supralegal", lo cual sin duda es una inteligencia equivocada de las normas que disciplinan la prescripción.

No escapa al ilustrado criterio de esa respetable Sala de la Corte la gravedad de la exégesis del tribunal, porque al margen del fallo de tutela, un término de prescripción tan amplio, supeditado a una fecha incierta como es una decisión de tutela sine die, sin hesitación alguna genera una notoria inseguridad jurídica, y otorga un derecho desmedido a los ahora reintegrados, a quienes se les extinguió ipso iure sus derechos económicos derivados de la terminación de sus contratos por no haberlos ejercitado dentro del plazo de carácter fatal que les brindaban los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.T., vale decir, tres años a partir de la cancelación de los mismos, por ser este momento el que identifica la exigibilidad de los derechos reclamados en este juicio, concedidos por el tribunal con quebranto de la regulación de la prescripción laboral y con afectación grave de la estabilidad jurídica.

Si el tribunal no hubiese incurrido en la equivocación hermenéutica denunciada, habría declarado probada la excepción de prescripción propuesta por mí acudida, motivo por el cual el vicio de puro derecho en que incurrió es trascendente”.

XII. SE CONSIDERA

El cargo se orienta a que se determine jurídicamente, que el momento de la exigibilidad del pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, a título de indemnización de perjuicios, por un despido injustificado, no es para el caso, a partir del fallo tutela de segunda instancia o de la Corte Constitucional que ordena el reintegro, sino desde la fecha de producción del agravio, valga decir, el instante mismo en que ocurre el despido.

Conforme a la parte considerativa de la sentencia recurrida, para el Tribunal no se encuentran prescritos los derechos demandados ante la justicia ordinaria, puesto que en el asunto a juzgar el reclamo de las acreencias laborales corren desde cuando la Corte Constitucional o en su defecto el Juez de Tutela de segunda instancia dan la orden de reintegro, ello en el evento de que se haya determinado como aquí sucedió, que era violatorio dar por finalizado los contratos de trabajo a los accionantes, nexos que se mantienen sin interrupción, donde el empleador debe pagar los salarios y prestaciones como sí los accionantes estuvieran laborando.

Pues bien, respecto de la exigibilidad de los derechos económicos o indemnizatorios en cuestión, no puede entenderse causado el derecho a su reclamado hasta cuando se ordene judicialmente el reintegro impetrado, como lo entendió equivocadamente la Colegiatura, en la medida que no es sólo a partir de ese momento que se tiene la posibilidad de solicitar su reconocimiento y pago, pues desde que ocurrió la terminación unilateral de las vinculaciones laborales, los demandantes podían ejercer las acciones del caso en procura de obtener el reintegro y consecuencialmente el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir.

Así las cosas, el Tribunal incurrió en el yerro jurídico que le endilgó la censura, más sin embargo el cargo no puede tener prosperidad, porque en sede de instancia la Corte llegaría por otras razones a la misma conclusión de la sentencia impugnada, en el sentido que en el caso en particular no operó el fenómeno jurídico de la prescripción, como a continuación se pasa a explicar.

         Los despidos de los actores se remontan al 31 de diciembre de 1998, teniendo éstos plazo para elevar reclamación con fundamento en la cláusula de estabilidad de la convención, hasta el 30 de diciembre de 2001, por virtud de la prescripción trienal prevista en el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social.

         Como se desprende de la documentales de folios 2 a 44 del cuaderno No. 30, el día 2 de marzo de 2001 los demandantes instauraron acción de tutela reclamando la protección del derecho de asociación sindical e implorando el reintegro a los cargos que venían desempeñando, lo que entraña consecuencias tales como los derechos económicos que se puedan derivar de la reincorporación en el empleo, que a juicio de la Sala interrumpe la prescripción por una sola vez y un lapso igual, en los términos de la citada disposición adjetiva.

         De suerte que, siendo la acción de reintegro junto a sus salarios y prestaciones anexos, susceptibles de extinguirse por prescripción, sucede que en el sub-lite fue interrumpida aquella, con la reclamación elevada a través de la acción de tutela, y por ende el nuevo plazo para accionar vencía el 1º de marzo de 2004, y como la demanda ordinaria a que se vieron obligados los actores a instaurar por no haber fijado el Juez de Tutela los efectos del fallo más allá de disponer el reintegro, se presentó el día 27 de noviembre de 2002, conforme a la constancia de folio 54 del cuaderno 30, se concluye que no prescribieron los derechos reclamados.
 

Colofón a lo expresado, si bien el cargo es fundado  no prospera.

No hay lugar a costas del recurso extraordinario, por cuanto no se presentó réplica en tiempo.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 31 de agosto de 2005, en el proceso adelantado por HUGO RAMON BELLO SANCHEZ Y OTROS contra la ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. E.S.P. ELECTROCOSTA S.A. E.S.P. y la llamada en garantía EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE MAGANGUE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION.

Sin costas en el recurso de casación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERON             GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA

EDUARDO LOPEZ VILLEGAS                            FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ

CAMILO TARQUINO GALLEGO                                                        ISAURA VARGAS DIAZ

MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA
Secretaria.-

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Última modificación:16/11/2009 01:18:08 PM
Servicios Públicos: - Tema complementario
Publicado:1/01/3000 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
Determinar la existencia entre las partes de sendos contratos de trabajo a término indefinido y despidos injustificados, al igual que el desconocimiento tanto del derecho fundamental de asociación sindical de los actores en calidad de afiliados a Sintraelecol, como de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Empresa de Energía Eléctrica de Magangue S.A. E.S.P. hoy ELECTROCOSTA S.A. E.S.P. y la citada organización sindical, y además de la sustitución patronal como de los derechos que se obtienen del fallo de tutela que incluso fue objeto de revisión por la Corte Constitucional, el cual había ordenado el reintegro de éstos; y como consecuencia de todo ello, se les condenara a pagar a su favor los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir entre la fecha del despido y cuando se hicieron efectivos los correspondientes reintegros, junto con las acreencias de índole convencional, la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T., la indexación, la dotación y las costas.
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