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 Concepto SSPD 605 de 2015
  
 
CTO_SSPD_605_2015

CONCEPTO 605 DE 2015

(9 septiembre)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>Documento PDF

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

 Su solicitud de concepto (1)

Respetado Señor:

Expone el consultante en su escrito problemática presentada en su municipio respecto al acceso a la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y además se basa la consulta objeto de estudio en solicitar lo siguiente: “ (…) solicitamos informarnos claramente ¿Cuál es la diferencia legal con “PILA PÜBLICA” Y “ASOCIACION DE USUARIOS DEL AGUA?”

Antes de cualquier pronunciamiento sobre el particular, es preciso señalar que el presente documento se enuncia con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, toda vez que los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en respuesta a una petición en la modalidad de consulta, constituyen orientaciones y puntos de vista que no comprometen o responsabilizan a la Entidad, pues no tienen carácter obligatorio ni vinculante.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero (2) del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, (3) modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 (4) esta Superintendencia no puede exigir que los actos o contratos de las empresas de servicios públicos se sometan a su aprobación, ya que el ámbito de su competencia en relación con éstos, se contrae de manera exclusiva a vigilar y controlar el cumplimiento de aquellos que se celebren entre las empresas y los usuarios (artículo 79.2 (5) de la ley 142 de 1994).

En tal virtud, tanto las preguntas como las respuestas, deben darse en forma que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, razón por la cual no puede esta oficina entrar a resolver situaciones particulares que puedan ser objeto de conocimiento posterior por parte de la Superintendencia.

Hechas las anteriores precisiones y en orden a atender su consulta formulada, deviene la necesidad de abordar las siguientes temáticas: 1. Acceso a los Servicios Públicos Domiciliarios. 2. Pilas Públicas 3. Asociaciones de Usuarios.

1. Acceso a los servicios públicos.

El artículo 1 de la Ley 142 de 1994, establece que el ámbito de aplicación de la mencionada ley se circunscribe a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y distribución de gas combustible. Los mencionados servicios públicos son considerados como esenciales, conforme lo dispuesto por el artículo 4 de la ley 142 de 1994, en razón a que a través de ellos se garantizan los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional.

Ahora bien, dado su carácter esencial, el acceso a los servicios públicos domiciliarios es un derecho que la ley le ha otorgado a las personas, naturales o jurídicas, capaces de contratar, que habiten o utilicen permanentemente un inmueble, sin observancia de la calidad que ostenten, bien sean poseedores o propietarios, entre otros. Este derecho se materializa a su vez en la posibilidad de obtener la prestación de servicios públicos a través del contrato de condiciones uniformes.

De otra parte, el artículo 129 de la ley 142 de 1994, señala que existe contrato de servicios públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes para la prestación del servicio, y el propietario o quien utiliza un inmueble solicita allí recibir el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa.

Por su parte el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y que es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. En desarrollo de esta disposición constitucional, el artículo 4 de la ley 142 de 1994, calificó a los servicios públicos domiciliarios como servicios públicos esenciales.

Ahora bien, la condición de esenciales, se ve reflejada en los derechos que la Ley le otorga a los usuarios entre los cuales se encuentran el de libre elección del prestador y libre acceso al servicio.

Sin embargo, debemos afirmar que el derecho de acceso a los servicios públicos no es absoluto, pues está sujeto a restricciones de diferente naturaleza. En efecto, tal como se afirmó en el concepto unificado No. 1 de esta Oficina, sobre la prestación del servicio, “..., el acceso a los servicios públicos domiciliarios puede presentar restricciones físicas o financieras, que la propia normatividad desde el nivel constitucional ha reconocido. En otros casos, como se verá más adelante, la misma ley ha impuesto limitaciones por razones de prevalencia del interés general y en defensa de otros bienes jurídicos tutelados de orden constitucional prevalente, como la protección de un ambiente sano, el ordenamiento urbano, el derecho a la propiedad, la seguridad, la salubridad, el orden público y hasta la propia vida.”.

Ahora bien, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en la Resolución CREG 108 de 1997 (6), ha señalado:

“Artículo 17. Negación del servicio. La empresa solo podrá negar la solicitud de conexión del servicio en los siguientes casos:

a) Por razones técnicas susceptibles de ser probadas que estén expresamente previstas en el contrato.

b) Cuando la zona haya sido declarada como de alto riesgo, según decisión de la autoridad competente.

c) Cuando el suscriptor potencial no cumpla las condiciones establecidas por la autoridad competente.

La negación de la conexión al servicio, deberá comunicarse por escrito al solicitante, con indicación expresa de los motivos que sustentan tal decisión.

Contra esa decisión procede el recurso de reposición ante la empresa, y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, conforme a las normas legales, que regulan los recursos ante las empresas de servicios públicos.”

En ese orden de ideas, toda persona tiene derecho a recibir los servicios públicos, siempre y cuando ésta y el inmueble se encuentren en las condiciones previstas por la empresa, es decir, que para la conexión del servicio por parte de la empresa a un usuario, éste y el inmueble deben cumplir con los requisitos previstos en el contrato de condiciones uniformes del ente prestador que le va a suministrar el servicio.

2. Pilas Públicas.

De acuerdo con la definición contenida en el numeral 36 del artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015, la pila pública es entendida como el “Suministro de agua por la entidad prestadora del servicio de acueducto, de manera provisional, para abastecimiento colectivo y en zonas que no cuenten con red acueducto, siempre que las condiciones técnicas y económicas impidan la instalación de domiciliarias”.

Así las cosas, este servicio temporal supone la inexistencia de redes de acueducto, dada la imposibilidad técnica y económica de las instalaciones domiciliarias, por ello, en atención al artículo 2.3.1.3.2.7.1.30. ibídem, su solicitud tiene por objeto “atender necesidades asentamientos subnormales, sin urbanizador responsable y distante de una red local de acueducto”.

Ahora, si bien la definición legal de “pila pública” no hace referencia a la infraestructura como tal o equipo que presta el servicio, lo cierto es que construir una definición a partir de condiciones o circunstancias especiales como las señaladas en la solicitud, escapa a la competencia de la entidad, si se tiene en cuenta el principio según el cual “donde el legislador no distingue no lo debe hacer el intérprete”.

En todo caso, atendiendo el objeto de su consulta, sobre el particular la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, señaló lo siguiente:

“Con relación al primer aspecto respecto del cual versa la consulta, y después de analizarlo en conjunto con la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, la Pila Pública, definida en el artículo 2.3.1.1.1. numeral 36 del Decreto 1077 de 2015, si podría concebirse técnicamente como: “una prolongación de una red de acueducto operada oficialmente por una empresa prestadora del servicio público de acueducto hasta un punto previamente definido en el sector donde se encuentra ubicado el asentamiento, loteo o barrio subnormal, y allí se instala un macromedidor cuyas lecturas son el referente para establecer el valor que debe asumir cada usuario de forma proporcional a la cantidad de agua suministrada, y a partir del macromedidor los usuarios pueden instalar mangueras u otros sistemas para llevar agua a los predios”.

Lo anterior, haciendo claridad en que los elementos de la red que se encuentran ubicados aguas arriba del macromedidor, pertenecen a la red secundaria operada por el prestador, y deberá cumplir con todas las condiciones técnicas exigidas para este tipo de redes.

Debe agregarse que ésta sería una de las posibilidades para el manejo de Pilas Públicas, sin perjuicio de figuras alternativas que pudieran utilizarse para casos especiales, toda vez que los aspectos relacionados con los cobros y tarifas aplicables no han sido regulados y se definen de común acuerdo entre las empresas de servicios públicos y las juntas de acción comunal (CONCEPTO SSPD-OJ-2009-911)”.

En ese sentido frente a las características del sistema provisional, tal como lo hemos indicado, “corresponderá a la empresa, con base en los criterios esbozados, analizar las condiciones particulares de las viviendas ocupadas en materia técnica y económica, en orden a determinar la procedencia de la prestación del servicio de acueducto, o la de la prestación del servicio de agua potable en pila pública, o cualquier otra modalidad tendiente a garantizar el servicio público (7) .

3. Asociación de Usuarios.

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, la prestación de servicios públicos se puede hacer a través de diferentes formas asociativas. El artículo 15 de la ley en comento determina qué personas pueden prestar servicios públicos, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS. Pueden prestar los servicios públicos:

15.1. Las empresas de servicios públicos.

15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos.

15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta ley.

15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.

15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en esta ley.

15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17”. (Resaltado fuera de texto).

Ahora bien, esta Oficina Asesora Jurídica (8) ha señalado que, conforme lo previsto en la Ley 142 de 1994 y la Circular 01 de 1996 de la CRA, (9) pueden prestar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, tanto las organizaciones comunitarias como juntas de acción comunal, juntas administradoras y asociaciones de usuarios, así como las organizaciones de carácter asociativo: pre-cooperativas, cooperativas (Ley 454 de 1998) y las administraciones públicas cooperativas; como organizaciones autorizadas previstas en el numeral 15.4 del artículo 15 ibídem.

Estas organizaciones se rigen, entre otras disposiciones, por los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 1995, en cuanto a la obtención de la personería jurídica, y por los Decretos 777 y 1403 de 1992 para la contratación de ejecución de proyectos de inversión.

Por su parte, el Decreto No. 421 de 2000 (10) reglamentó el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y dispuso en el artículo 3 que “Las personas jurídicas descritas en el artículo 1o. de este decreto deberán, según lo dispuesto por los artículos 40 del Decreto 2150 de 1995, 7 del Decreto 427 de 1996 y 3.9 de la Ley 142 de 1994, registrarse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en su respectivo domicilio, inscribirse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y obtener las respectivas concesiones, permisos y licencias a que se refieren los artículos 25 y 26 de la Ley 142 de 1994”; de manera que la reglamentación impuso la necesidad del registro como un requisito de constitución de tales prestadores.

Para la constitución de las empresas de servicios públicos domiciliarios, la Ley 142 de 1994 no exige ningún requisito o procedimiento especial para la creación de las mismas, razón por la cual las reglas generales de constitución de una ESP serán las que de manera general se señalan en el Código de Comercio para las sociedades anónimas y, en ese sentido, esta Oficina Asesora Jurídica no puede indicar cuál es el documento idóneo para constituir una cooperativa prestadora de servicios públicos.

Sin embargo, hemos señalado (11) que “...si la intención es crear una empresa de servicios públicos domiciliarios que opere exclusivamente en uno de los municipios clasificados como menores según la ley, y de acuerdo a reglamentación previa de la comisión reguladora pertinente, quien cree la empresa podrá apartarse de las reglas citadas anteriormente, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 142 de 1994. En estos casos, la empresa puede constituirse por medio de documento privado, que debe cumplir con las estipulaciones del artículo 110 del Código de Comercio, en lo pertinente, y funcionar con dos o más socios” (resaltado fuera de texto).

Así las cosas, conforme con la posición señalada por esta oficina, (12) “el régimen jurídico de las empresas de servicios públicos domiciliarios, previsto en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994 no exige a las "organizaciones autorizadas" transformarse en sociedades por acciones, puesto que tal artículo regula sólo una de las formas bajo las cuales se pueden prestar servicios públicos domiciliarios, pero no incluye dentro de tal regulación ni a los municipios, ni a las entidades descentralizadas que adopten la forma de empresas industriales y comerciales del Estado, ni mucho menos a "las organizaciones autorizadas".

Así las cosas es dable concluir que quienes estén interesados en constituir una “Asociación de Usuarios”, deben sujetarse a lo señalado en las disposiciones descritas a lo largo de este escrito, no obstante, es pertinente señalar que el numeral 11.8 del artículo 11 de la Ley 142 de 1994, impone la obligación a los prestadores de servicios públicos domiciliarios de "informar el inicio de sus actividades a la respectiva Comisión de Regulación, y a la Superintendencia de Servicios Públicos, para que esas autoridades puedan cumplir sus funciones".

Teniendo en cuenta lo referido ha de concluirse lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a recibir los servicios públicos, siempre y cuando ésta y el inmueble se encuentren en las condiciones previstas por la empresa.

La Pila Pública, es un sistema provisional que se utiliza para el suministro de agua por la entidad prestadora del servicio de acueducto, para abastecimiento colectivo y en zonas que no cuenten con red acueducto, siempre que las condiciones técnicas y económicas impidan la instalación de domiciliarias.

Las Asociaciones de usuarios, son formas asociativas autorizadas por la Ley 142 de 1994 y la circular 01 de 1996 de la CRA, (13) las cuales pueden prestar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico; como organizaciones autorizadas previstas en el numeral 15.4 del artículo 15 ibídem.

Finalmente, le informamos que esta Superintendencia ha puesto a disposición de la ciudadanía y demás entidades públicas un sitio de consulta al que usted puede acceder en la siguiente dirección: www.superservicios.gov (Normatividad). Ahí encontrará normativa, jurisprudencia y doctrina sobre los servicios públicos domiciliarios y en particular los conceptos emitidos por esta entidad.

Cordialmente,

MARINA MONTES ÁLVAREZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica

NOTAS AL FINAL:

1. Radicado 20158400203172

Tema: ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS _ PILAS PÚBLICAS _ ASOCIACIONES DE USUARIOS

2. PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso, el Superintendente podrá exigir que ningún acto o contrato de una empresa de servicios públicos se someta a aprobación previa suya. El Superintendente podrá, pero no está obligado, visitar las empresas sometidas a su vigilancia, o pedirles informaciones, sino cuando haya un motivo especial que lo amerite.

3. “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

4. “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”.

5. 79.2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, y apoyar  las labores que en este mismo sentido desarrollan los “comités municipales de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios” y sancionar sus violaciones.

6. Por la cual se señalan criterios generales sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones.”.

7. Concepto SSPD-OJ-697 de 2012

8. Concepto 106 de 2010

9. Referente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios en municipios menores y zonas rurales y dirigida a los alcaldes y personas prestadoras de servicios públicos en municipios menores y zonas rurales, pueden prestar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.

10. Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en relación con las organizaciones autorizadas para prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas

11. Concepto 683 de 2011

12. Concepto 177 de 2013

13. Referente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios en municipios menores y zonas rurales y dirigida a los alcaldes y personas prestadoras de servicios públicos en municipios menores y zonas rurales, pueden prestar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.

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Última modificación:15/11/2015 09:27:44 PM
Servicios Públicos: - Acueducto
Publicado:2/11/2015 09:39:00 PM
 
Problema Jurídico:
Expone el consultante en su escrito problemática presentada en su municipio respecto al acceso a la prestación del servicio público domiciliario de acueducto.
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    ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"