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 Tribunal Administrativo de Cundinamarca exp 415 de 2014
  
 
T_CUND_25000-23-41-000-2013-00415-00

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – FACTURACION DE SERVICIO DE ACUEDUCTO  TENIENDO COMO FACTOR PRINCIPAL DEL COBRO EL CONSUMO DE ACUEDUCTO “RELACION DE EQUIVALENCIA”

Resulta claro que la CRA ante la dificultad técnica para realizar la medición de forma directa del volumen vertido a la red de alcantarillado, empleo como criterio general el consumo de acueducto como parámetro para el cobro en el servicio de alcantarillado, existiendo una relación de equivalencia entre el servicio de saneamiento básico en la actividad de alcantarillado y su consumo de acueducto, posición entendible bajo el criterio de la sana lógica para un usuario residencial que utiliza en principio la misma cantidad de agua que vierte en el alcantarillado.

GRANDES CONSUMIDORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Así las cosas, en tratándose de los usuarios que se abastecen de aguas provenientes de fuentes alternas, la empresa prestadora del servicio público puede exigirles la instalación de medidores o estructuras de aforo de aguas residuales.

En conclusión, los grandes consumidores del servicio de alcantarillado pueden ser de dos clases: i) los que se abastecen de fuentes alternas y ii) los que se abastecen del servicio de acueducto de la empresa prestadora; en el primer caso la empresa puede exigir al usuario la instalación de los medidores para la estructura de aforo, siendo aplicable la tesis del cobro en relación vertimiento real a la red de alcantarillado, mientras que en el segundo evento, el cobro se realiza teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18 de la Resolución CRA 287 de 2004, esto es en aplicación del criterio de los vertimientos facturados equivalentes al consumo de acueducto. De todas maneras, ambas clases de usuarios pueden solicitar la medición o el aforo de sus vertimientos, lo que acreditaría la facturación de su servicio a partir de su consumo real del servicio de saneamiento básico de alcantarillado.

Desde esta perspectiva para establecer el costo de facturación del usuario del servicio de alcantarillado que no solicita el aforo de sus vertimientos, se toma en cuenta la sumatoria de vertimientos facturados por el prestador, asociados al consumo de acueducto, a diferencia del usuario que solicita la medición o el aforo de sus vertimientos, teniendo por base de este resultado la determinación del nivel real de éstos, siendo clasificado como grande consumidor del servicio de alcantarillado si vierte a la red 800 o más metros cúbicos mensuales y adquiriendo el derecho de tener como factor principal del cobro el consumo real del servicio, de conformidad a la garantía establecida en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

CALIBRACION DE MEDIDORES POR LABORATORIO ACREDITADO POR EL ORGANISMO COMPETENTE

No obstante la omisión del EAAB E.S.P. de verificar las condiciones técnicas y de precisión del medidor de alcantarillado, tampoco tenía competencia la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para avalar el medidor de INDEGA S.A., y por tanto la diferencia en las lecturas registradas por este instrumento en el periodo de facturación del 29 de enero de 2011 al 28 de febrero del mismo año, sin tener la certeza del correcto funcionamiento del mismo a partir del informe de calibración expedido por un laboratorio acreditado por el organismo de acreditación competente, e impidiendo que la EAAB E.S.P. procediera a calibrar y verificar la condición metrológica del medidor.

Así previo a la expedición del acto administrativo acusado, y resolver disponer para las cuentas contratos No. 11331695 y No. 10203123, la reliquidación de la factura en el periodo anteriormente referido, con base en la diferencia que registran los medidores de alcantarillado de INDEGA S.A., en el procedimiento en sede administrativa la entidad de vigilancia debió exigir los informes de calibración anual del medidor que aseguraba tener el usuario, y la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que acreditara la idoneidad de los laboratorios que hicieron la correspondiente calibración, de conformidad con el inciso 2º del artículo 159 de la Ley 142 de 1994; sin embargo, la entidad demandada optó por omitir este aspecto en la parte motiva del acto administrativo acusado, alegando la protección del derecho del usuario a que se le facturara su cobro con base en el consumo real, sin siquiera verificar que las lecturas registradas por el medidor de INDEGA S.A. arrojaran en efecto el registro de la cantidad real de líquido vertido por el usuario al alcantarillado en el periodo de facturación, ni permitir a la Empresa de Acueducto realizar tal verificación previo a la reliquidación de las facturas ordenada por la entidad demandada.

III. Así las cosas, la Sala no puede pasar por alto esta omisión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos que lesiona los derechos de la empresa prestadora del servicio y que vulnera el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 cuando dispone que la empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles, luego se requiere establecer para garantizar el consumo real del servicio que el medidor de INDEGA S.A. se encuentre debidamente calibrado, por un laboratorio acreditado por el organismo competente.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

-SECCION PRIMERA-

-SUBSECCION “A”-

Bogotá  D.C.,  diez (10) de julio de dos mil catorce (2014)

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO

Expediente:   No.25000-23-41-000-2013-00415-00

Demandante:                EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP – EAAB-ESP

                                       

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

SISTEMA ORAL

                                        

Asunto: Fallo de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.S.P., contra la Resolución No SSPD 20128140182875 del 4 de octubre de 2012 proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

I. ANTECEDENTES

1. El escrito de demanda:

1.1. Pretensiones

La parte actora solicitó las siguientes:

Primera: se declare la nulidad de la Resolución No SSPD 20128140182875 del 4 de octubre de 2012 proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de la Dirección Territorial Centro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

Segunda: que como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, se confirme u ordene confirmar la decisión de la EAAB-ESP No S- 3011-212719 del 28 de marzo de 2011, es decir, la misma que fue modificada mediante el acto acusado, permitiéndole a la EAAB-ESP la posibilidad de efectuar el cobro a INDEGA S.A. de los valores por concepto del servicio de alcantarillado por el periodo comprendido entre el día 29 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2011 correspondientes a $152.551.746 del inmueble de la Ak 96 No. 24 C – 94IN 1, cuenta contrato No. 11331695, según Factura No. 8171051215 y $132.348.850 del inmueble de la Ak 96 No. 24 C-94 IN 2, cuenta contrato No. 10203123, según Factura No. 2641006115, tal y como lo prevé el inciso 6 del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, el artículo 1.2.1.1. de la Resolución CRA 151 de 2001, así como en la Resolución CRA 287 de 2004.

Tercera: que en el evento en que el cobro que la EAAB-ESP efectúe a INDEGA S.A. a título de restablecimiento del derecho resulte extemporáneo, se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a cancelar a la EAAB-ESP los valores señalados en la decisión S-2011-212719 del 28 de marzo de 2011 anteriormente señalada; esto es $152.551.746 del inmueble de la Ak 96 No. 24 C-94 IN 2, cuenta contrato No. 10203123, según Factura No. 2641006115 por concepto de servicios de alcantarillado del 29 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2011, prestados al usuario INDEGA S.A., para un total de $284.900.596, 00.

Cuarta: que la condena sea actualizada y se ordene el pago de los intereses correspondientes, según el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, desde la ejecutoria del fallo hasta cuando se haga efectivo el pago de la sentencia.

Quinta: que se condene en costas y agencias en derecho a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como los perjuicios que resulten probados con motivo del presente proceso”.

1.2. HECHOS:

Las anteriores pretensiones se fundamentan en los hechos relevantes, resumidos de la siguiente manera:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. ESP – EAAB S.A. ESP presta los servicios de acueducto y alcantarillado a los inmuebles ubicados en la Avenida Carrera 96 no. 24C – 94 IN I y en la Avenida Carrera 96 no. 24C – 94 IN II, cuyo usuario es la Sociedad Industria Nacional de Gaseosas – INDEGA S.A. según los contratos nos. 10203123 y 11331695.

Agrega que la EAAB-ESP facturó el servicio de acueducto prestado a los predios anteriormente referidos, en el periodo comprendido entre el día 29 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2011 de acuerdo con la diferencia real de las lecturas que registró el aparato de medida; a su turno, facturó el servicio de alcantarillado tomando como parámetros lo establecido en el inciso 6º del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, el artículo 1.2.1.1 de la Resolución CRC 151 de 201, así como la Resolución CRA 287 de 2004, efectuándose el cobro de alcantarillado a partir del consumo de acueducto, esto es, el valor de $152.551.551.746 del inmueble Ak 96 No. 24 C-34 IN 1, cuenta contrato No. 11331695 según factura No. 817051215 y $132.348.850 del inmueble de la Ak 96 No. 24 C-94 IN 2, cuenta contrato No. 10203123, según factura No. 2641006115.

En orden a lo anterior, la Sociedad INDEGA S.A. a través de su representante legal, en escrito del 23 de marzo de 2011, bajo radicación no. E-2011-026611, presentó reclamación ante la EAAB S.A. ESP manifestando su desacuerdo por el valor cobrado en las facturas ya mencionadas, correspondientes a las cuentas de contrato ya referenciadas,  del período comprendido entre el 29 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2011.

En consecuencia, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A E.S.P (EAAB S.A. E.S.P.), mediante Resolución no. S-2011-212719 del 28 de marzo de 2011, confirmó el valor cobrado en las facturas de la referencia, decisión contra la cual la Sociedad interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, el primero desatado por la entidad demandante en acto administrativo No. S-2011-315973 del 12 de mayo de 2011, confirmando el acto recurrido y concediendo el recurso de apelación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A  su vez la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Resolución no. 20128140182875 del 4 de octubre de 2012 resolvió el recurso de apelación modificando la decisión no. S-2011-212719 proferida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. el 28 de marzo de 2011 y, en su lugar, dispuso la reliquidación de la factura del período comprendido entre el 29 de enero de 2011 al 28 de debrero de la misma anualidad, con base en la diferencia de lecturas que registra el medidor de alcantarillado (descargas industriales).

1.3. NORMAS VIOLADAS:

El demandante señaló que las normas que se invocan vulneradas con la expedición del acto administrativo acusado son los artículos 229 y 84  de la Constitución Política; artículo 146 la Ley 124 de 1994; artículo 1.2.1.1. de la Resolución CRA 151 de 2001; y la Resolución CRA 287 de 2004..

1.4. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

El concepto de violación de cada cargo será analizado en la parte considerativa del fallo.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Tanto la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como la Sociedad INDEGA S.A., contestaron en término la demanda, a través de sus apoderados judiciales, oponiéndose a las pretensiones de la misma; sus argumentos de defensa serán expuestos y analizados al momento de resolver los cargos de nulidad.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

Previo reparto la demanda fue admitida el 29 de abril de 2013, ordenando notificar personalmente a las partes en el proceso, así como al Agente del Ministerio Público delegado ante la Corporación y a la Agencia Nacional de Defensa del Estado, de igual forma se les corrió traslado para que se pronunciaran sobre las pretensiones de la demanda, las cuales fueron allegadas dentro del término procesal para tal efecto. La demanda fue reformada el 9 de mayo de 2013, siendo admitida la reforma mediante auto del 12 de agosto de 2013, notificado por estado del 13 del mismo mes y año, en virtud de lo dispuesto en el artículo 172 del CPACA.

3.1. La audiencia inicial

Celebrada el 17 de febrero de 2014, tuvo lugar para llevar a cabo: i) el saneamiento del proceso; ii) la decisión de las excepciones previas propuestas por INDEGA S.A. de cosa juzgada en relación con la causa petendi y la ineptutid de demanda, determinando el Despacho ponente que las mismas no prosperaban, siendo esta decisión confirmada al desatar el respectivo recurso de reposición; iii) la fijación del litigio, se circunscribió al hecho no.2 del escrito de demanda y al examen de legalidad del acto administrativo demandado; iv) la posibilidad de conciliación fue fallida por falta de ánimo conciliatorio; v) no se decretaron medidas cautelares; y vi) el decreto de pruebas, entendiéndose por incorporadas las documentales aportadas por las partes y decretando las pruebas solicitadas por la parte actora que el Despacho ponente consideró pertinentes, necesarias y conducentes, sin solicitud de pruebas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y teniendo como tales las documentales allegadas por INDEGA S.A.

  

3.2. Audiencia de pruebas

Se llevó a cabo el 11 de abril de 2014, incorporándose en la diligencia las pruebas decretadas en la audiencia inicial. Además, por considerarse innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento dispuesta en el artículo 182 del CPACA, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, y se señaló la fecha en que se adoptaría la decisión.

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término concedido para el efecto, la parte actora, el tercero interesado y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentaron alegatos de conclusión en los que reiteraron su posición jurídica planteada en el escrito  de demanda y su contestación.

Por su parte la apoderada de INDEGA S.A. aparte de reiterar sus argumentos expuestos en la contestación de la demanda, se refiere a la sentencia proferida por esta Corporación en fallo del 10 de abril de 2014 dentro del expediente 2013-00855 M.P. Dr. Felipe Alirio Solarte Maya, sin embargo la Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento alguno sobre esta decisión toda vez que no está actuando como órgano de revisión sobre lo decidido en una providencia anterior, siendo esta una facultad del H. Consejo de Estado en sede de impugnación en caso de que la Sociedad opte por interponer el recurso de apelación contra la sentencia de esta Corporación.

De igual forma, solicitó dentro del mismo escrito que se decretara de oficio la certificación de calibración de los medidores de INDEGA expedida por un laboratorio acreditado por el organismo competente en Colombia, con el fin de esclarecer las incertidumbres que se tuviera para proferir una sentencia en el presente asunto; en auto del 26 de mayo de 2014 se resolvió negar esta petición, toda vez que el Despacho ponente consideró que no era necesario decretar la referida prueba de oficio, toda vez que para emitir el fallo en el proceso de la referencia eran suficientes los elementos que se tuvieron con su valor probatorio en la audiencia inicial celebrada el 17 de febrero de 2014, y con las pruebas incorporadas en la audiencia de pruebas del 11 de abril del cursante.

Contra esta decisión la apoderada de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso interpuso recurso de reposición en escrito del 30 de mayo del año en curso, el cual fue resuelto en providencia del 20 de junio confirmando la decisión del 26 de mayo de esta anualidad.

5. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público asignado a esta Corporación no se pronunció en el presente asunto.

II) CONSIDERACIONES

A. COMPETENCIA

En el presente proceso se ejerce el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en que se controvierte un acto administrativo expedido por un autoridad nacional, y la cuantía de las pretensiones excede de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda de conformidad con el numeral 3º del Artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, y en atención a que el acto acusado fue expedido dentro del Distrito Judicial Administrativo de Cundinamarca, este Tribunal es competente para conocer y decidir en primera instancia el proceso de la referencia.

B. PROBLEMA JURÍDICO:

De acuerdo con los supuestos de la demanda, deberá establecer la Sala si sobre el acto demandado hay lugar a encontrar probados los cargos de que se acusan y si daría lugar a declarar su nulidad.

C.  DEL ACTO OBJETO  DE REVISIÓN DE LEGALIDAD

 El acto administrativo cuya nulidad se pretende a través de la presente acción de nulidad es el siguiente:

Resolución N° SSPD – 20128140182875 del 4 de octubre de 2010, proferida por el director territorial centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “por la cual se decide un recurso de apelación”, que resolvió modificar la Decisión No. S-2011-212719 del 28 de marzo de 2011 de la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y en su lugar disponer para las cuentas contratos No. 11331695 y No. 10203123, la reliquidación de la factura del periodo del 29 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2011, con base en la diferencia de lecturas que registra el medidor de alcantarillado (descargas industriales).

D. El ACERVO PROBATORIO

Para dirimir la controversia, la Sala se apoya en el acervo conformado por las documentales que se tuvieron con valor probatorio en la audiencia inicial celebrada el 17 de febrero de 201, y las incorporadas en la diligencia del 11 de abril del año en curs.

E. MARCO LEGAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO – SU MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

Previo al análisis de los cargos propuestos por la empresa demandante, la Sala procederá a consignar el marco legal de la facturación del servicio público de alcantarillado, determinando: a. la tesis Facturación del servicio de alcantarillado teniendo como factor principal del cobro el consumo de acueducto – “la relación de equivalencia”, b. la medición o aforo de los vertimientos como excepción a la relación de equivalencia acueducto-alcantarillado y como derecho del usuario del servicio a que se le cobre el consumo real, y c. la facultad de la empresa prestadora del servicio y de los laboratorios acreditados para la calibración y verificación metrológica de los medidores de los líquidos vertidos a la red de alcantarillado instalados por los usuarios del servicio.

A. Facturación del servicio de alcantarillado teniendo como factor principal del cobro el consumo de acueducto – “la relación de equivalencia”

El Estatuto de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994), prevé en el primer inciso de su artículo 146:

“La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario”.

De conformidad con lo anterior, tanto la empresa prestadora del servicio público como el suscriptor o usuario tienen derecho a la medición del consumo, a través instrumentos de medida disponibles por la técnica para que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre por el servicio; sin embargo existen casos en los cuales no es posible realizar tal medición individual, para lo cual la norma habilita a la respectiva Comisión de Regulación para definir los parámetros adecuados para la estimación del consumo. Al respecto el inciso 6º del artículo Ibídem estipula:

“En cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en que por razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social, no exista medición individual, la comisión de regulación respectiva definirá los parámetros adecuados para estimar el consumo (subrayado fuera del texto).

Así las cosas, en tratándose del servicio público de alcantarillado por ser una actividad propia del servicio de saneamiento básic  y por razones de tipo técnico, no existe una medición individual para cada uno de los usuarios o suscriptores de este servicio, anudado lo anterior que la Comisión de Regulación de Agua Potable – CRA ha expedido los siguientes actos:

a. La Resolución CRA 150 de 2001 en su artículo 1.2.1.1 definió la demanda del servicio de alcantarillado así:

Es equivalente a la demanda del servicio de acueducto, más el estimativo de la disposición de aguas residuales de aquellos usuarios que posean fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado. La demanda del servicio de acueducto (VPD), deberá ser calculada siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 2.4.2.3 de la presente resolución” (subrayado fuera del texto).

b. Por su parte la Resolución CRA 287 de 2004 dispuso en su artículo 13:

“Costo medio de operación particular. El costo particular se determina para cada servicio en función de los insumos directos de químicos para tratamiento, costos de energía utilizada para fines estrictamente operativos, costos operativos del tratamiento de aguas residuales e impuestos y tasas clasificados como costos operativos diferentes de las tasas ambientales. El costo medio de operación particular se define así:

(…)

Donde:

APac: Agua producida en el sistema de acueducto (medida a la salida de la planta) correspondiente al año base.

AVal: Sumatoria de vertimientos facturados por el prestador, asociados al consumo de acueducto y fuentes alternas, correspondiente al año base.

AFac: Agua facturada en el sistema de acueducto del año base.

p*: Nivel máximo aceptable de pérdidas, definido por la CRA.

CEac: Costo total de la energía para el servicio de acueducto del año base.

CEal: Costo de la energía utilizada en las redes de recolección y evacuación para el servicio de alcantarillado, del año base.

CIQac : Costo de insumos químicos (subcuenta 753701) asignado al servicio de acueducto, correspondiente al año base.

CTRal: Costos de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al año base.

ITOac: Impuestos y tasas operativas para el servicio de acueducto

ITOal: Impuestos y tasas operativas para el servicio de alcantarillado

IANC: Indice de Agua no Contabilizada del operador

0.57: Factor de ajuste por excedente de pérdidas comerciales del operador.

En los mismos términos, el costo medio de operación definido por comparación para el servicio de acueducto se basa en la ecuación:

Donde “AVal equivale al “promedio de la sumatoria de vertimientos facturados asociados al consumo de acueducto y fuentes alternas, durante los años 2002 y 2003.

Resulta claro que la CRA ante la dificultad técnica para realizar la medición de forma directa del volumen vertido a la red de alcantarillado, empleo como criterio general el consumo de acueducto como parámetro para el cobro en el servicio de alcantarillado, existiendo una relación de equivalencia entre el servicio de saneamiento básico en la actividad de alcantarillado y su consumo de acueducto, posición entendible bajo el criterio de la sana lógica para un usuario residencial que utiliza en principio la misma cantidad de agua que vierte en el alcantarillado.

B. La medición o aforo de los vertimientos como excepción a la relación de equivalencia acueducto-alcantarillado y como derecho del usuario del servicio a que se le cobre el consumo real; el caso del gran consumidor no residencial del servicio de alcantarillado.

No obstante lo anterior, se pregunta la Sala si este criterio de la CRA puede ser aplicable a la medición del servicio de un gran consumidor no residencial de acueducto y alcantarillado que para desarrollar su objeto comercial requiera la transformación del agua para su uso industrial, como por ejemplo una empresa dedicada a la producción de bebidas, siendo que para este caso resulta ser menor la cantidad de agua que es vertida al sistema de alcantarillado a la que es utilizada por este usuario. Además, se interroga el caso en que el usuario acredita tener la capacidad para aforar los vertimientos, asegurando la medición directa del volumen de agua vertido a la red, esto es el consumo real.

El artículo 17 del Decreto 302 del 2000 “por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”, modificado por el Decreto 229 de 2002 establece:

Medidores para grandes consumidores no residenciales. Los grandes consumidores no residenciales, deberán instalar equipos de medición de acuerdo a los lineamientos que expedida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico".

En orden a lo anterior el artículo 1.2.1.1 de la Resolución CRA 150 de 2001 define al “gran consumidor no residencial del servicio de alcantarillado”  en los siguientes términos:

“Para los efectos del artículo 17 del Decreto modificatorio del Decreto 302 de 2000 será gran consumidor del servicio de alcantarillado el suscriptor que se considere como tal en el servicio de acueducto.

También se considerará gran consumidor el usuario con fuentes propias de agua tales como pozos para extracción de aguas subterráneas o abastecimiento propio de aguas superficiales o proveídas por un tercero, cuando por aforo del suministro de estas fuentes se obtengan valores que permitirían considerarlo gran consumidor de acueducto. Sin embargo, si el usuario lo considera pertinente podrá solicitar el aforo de sus vertimientos y con base en ese resultado se determinará el nivel real de éstos y su inclusión o no como gran consumidor del servicio de alcantarillado.

En consecuencia será gran consumidor del servicio de alcantarillado todo usuario que vierta a la red ochocientos (800) o más metros cúbicos mensuales (subrayado fuera del texto).

Siendo para el efecto “gran consumidor no residencial del servicio de acueducto todo aquel usuario o suscriptor que durante seis meses continuos supere en consumo los mil (1.000) metros cúbicos mensuales.

Para este caso resulta que el gran consumidor no residencial del servicio de alcantarillado lo es bien por que i) sea gran consumidor del servicio de acueducto, ii) tenga fuentes propias de agua tales como pozos para extracción de aguas subterráneas o abastecimiento propio de aguas superficiales o proveídas por un tercero, o iii) todo usuario que vierta a la red 800 o más metros cúbicos mensuales. Además, la norma prevé la posibilidad de que el usuario solicite el aforo de sus vertimientos determinando así su nivel real, lo que para la Sala resulta ser una facultad que tiene todo usuario que se encuentre en la capacidad de instalar los equipos adecuados de medición de las descargas industriales, independientemente de que tenga fuentes o abastecimientos propios de agua, ya que el inciso 3º del artículo 1.2.1.1 de la Resolución Ibídem, establece expresamente que es gran consumidor del servicio de alcantarillado todo usuario que vierta a la red ochocientos (800) o más metros cúbicos mensuales, siendo perfectamente posible que el usuario solicite el aforo de sus vertimientos independientemente de la fuente de su abastecimiento, bien sea propio o distribuido por la empresa de acueducto, ya que la disposición no es excluyente con relación a la calidad del usuario que debe llevar a cabo esta solicitud, siendo una interpretación diferente vulneratoria del principio de igualdad entre los suscriptores del servicio.

Por otra parte, el inciso 4º del artículo 15 del Decreto 302 del 2000 antes mencionado preceptúa:

“La entidad prestadora de los servicios públicos podrá exigir la instalación de medidores o estructuras de aforo de aguas residuales, para aquellos usuarios que se abastecen de aguas provenientes de fuentes alternas pero que utilizan el servicio de alcantarillado (subrayado fuera del texto).

Así las cosas, en tratándose de los usuarios que se abastecen de aguas provenientes de fuentes alternas, la empresa prestadora del servicio público puede exigirles la instalación de medidores o estructuras de aforo de aguas residuales.

En conclusión, los grandes consumidores del servicio de alcantarillado pueden ser de dos clases: i) los que se abastecen de fuentes alternas y ii) los que se abastecen del servicio de acueducto de la empresa prestadora; en el primer caso la empresa puede exigir al usuario la instalación de los medidores para la estructura de aforo, siendo aplicable la tesis del cobro en relación vertimiento real a la red de alcantarillado, mientras que en el segundo evento, el cobro se realiza teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18 de la Resolución CRA 287 de 2004, esto es en aplicación del criterio de los vertimientos facturados equivalentes al consumo de acueducto. De todas maneras, ambas clases de usuarios pueden solicitar la medición o el aforo de sus vertimientos, lo que acreditaría la facturación de su servicio a partir de su consumo real del servicio de saneamiento básico de alcantarillado.

Desde esta perspectiva para establecer el costo de facturación del usuario del servicio de alcantarillado que no solicita el aforo de sus vertimientos, se toma en cuenta la sumatoria de vertimientos facturados por el prestador, asociados al consumo de acueducto, a diferencia del usuario que solicita la medición o el aforo de sus vertimientos, teniendo por base de este resultado la determinación del nivel real de éstos, siendo clasificado como grande consumidor del servicio de alcantarillado si vierte a la red 800 o más metros cúbicos mensuales y adquiriendo el derecho de tener como factor principal del cobro el consumo real del servicio, de conformidad a la garantía establecida en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

C. La facultad de la empresa prestadora del servicio y de los laboratorios acreditados para la verificación de las condiciones técnicas idóneas de los medidores de los líquidos vertidos a la red de alcantarillado instalados por los usuarios del servicio.

La regulación de los instrumentos de medición del consumo se encuentra dispuesta en los artículos 144 y 145 del Estatuto de servicios públicos, que establecen:

“Artículo 144. Los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente.

La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las características técnicas de los medidores, y del mantenimiento que deba dárselas.

No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada; pero sí será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasado un período de facturación, no tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.

Sin embargo, en cuanto se refiere al transporte y distribución de gas, los contratos pueden reservar a las empresas, por razones de seguridad comprobables, la calibración y mantenimiento de los medidores.

Artículo 145. Control sobre el funcionamiento de los medidores. Las condiciones uniformes del contrato permitirán tanto a la empresa como al suscriptor o usuario verificar el estado de los instrumentos que se utilicen para medir el consumo; y obligarán a ambos a adoptar precauciones eficaces para que no se alteren. Se permitirá a la empresa, inclusive, retirar temporalmente los instrumentos de medida para verificar su estado” (subrayado fuera del texto.

Por su parte la Resolución CRA 271 de 2003 define el “aforo de agua” como el procedimiento por medio del cual se mide o estima la cantidad de agua que normalmente utiliza un usuario, y pese a que esta normativa no contempla una definición expresa de “aforo de vertimientos”, resulta válido establecer que consiste en el procedimiento por el cual se mide o estima la cantidad de agua vertida en la red de alcantarillado.

En conclusión, es claro que el gran consumidor no residencial del servicio de alcantarillado puede solicitar la medición o aforo de sus vertimientos, lo cual se presenta en tres eventos: i) la medición es dada a partir de unos medidores suministrados por la empresa prestadora del servicio, ii) la medición se establece a partir de unos instrumentos adquiridos por el usuario para tal efecto, para lo cual la empresa prestadora tiene la facultad establecer las características técnicas de los mismos, su revisión e incluso retirarlos temporalmente para verificar su estado, y iii) las partes en el contrato de condiciones uniformes pueden establecer sistemas de aforo de los vertimientos a partir de mecanismos que permitan establecer el consumo real o aproximado del servicio de saneamiento básico.

En los dos primeros casos, las potestades de la empresa prestadora frente a los instrumentos medidores del servicio, se encuentran reguladas en las resoluciones CRA 151 de 2001, 443 de 2006 y 457 de 2008, esta última por la cual se modificaron los artículos 2.1.1.4 y 2.2.1.4 de la Resolución CRA número 151 de 2001, los artículos 10 y 13 de la Resolución CRA número 413 de 2006 y el numeral 29 de la Cláusula 11 del artículo 1° de la Resolución CRA 375 de 2006, estableciendo lo siguiente:

"Artículo 2.1.1.4. Verificación de la condición metrológica de los medidores. Las personas prestadoras del servicio de acueducto deben definir las acciones y su periodicidad, orientadas a verificar el adecuado funcionamiento de los medidores, atendiendo las particularidades de su sistema, con base en estudios técnicos.

"Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el inciso 3° del artículo 144 de la Ley 142 de 1994, todas las personas prestadoras del servicio de acueducto deberán adoptar sistemas de información, que les permitan llevar y actualizar el catastro de medidores, de conformidad con lo establecido para el efecto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

"En los sistemas de información del catastro de medidores se dejará constancia de las acciones previstas en el inciso primero del presente artículo.

"Parágrafo 1°. El costo de la revisión del equipo de medición será asumido por el prestador cuando surja de la necesidad de verificar su buen funcionamiento por iniciativa del mismo y/o cuando se derive de desviaciones significativas asociadas al funcionamiento del equipo.

"Por su parte, el costo de las revisiones será asumido por el suscriptor o usuario cuando estas no estén asociadas a desviaciones significativas y sean solicitadas por alguno de estos".

"Parágrafo 2°. Sólo será posible la reposición, cambio o reparación del medidor por decisión del prestador, cuando el informe emitido por el laboratorio debidamente acreditado indique que el instrumento de medida no cumple con su función de medición".

Artículo  2°. El artículo 2.2.1.4 de la Resolución CRA número 151 de 2001 quedará así:

"Artículo 2.2.1.4. Calibración de medidores. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 142 de 1994, efectuarán directamente o a través de terceros, utilizando laboratorios debidamente acreditados por la entidad nacional de acreditación competente para el efecto, el control metrológico del equipo de medida, con la frecuencia y oportunidad necesarias, según las particularidades de su sistema y en los casos que establezca la normatividad vigente".

Artículo  3°. El artículo 10 de la Resolución CRA número 413 de 2006 quedará así:

"Artículo 10. Instalación del medidor por primera vez. Es atribución del prestador, para los casos en que se vaya a instalar el medidor por primera vez, determinar el lugar donde técnicamente debe ubicarse. Las condiciones para su financiación y cobro, cuando sea adquirido por el usuario al prestador, se hará de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y regulatorias vigentes para cada estrato.

"En todo caso, al instalar un equipo de medida, este deberá contar con su respectivo informe emitido por un laboratorio, debidamente acreditado por la entidad nacional de acreditación competente para el efecto, en donde consten los resultados de la calibración, de manera que se pueda verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas consagradas en el Contrato de Servicios Públicos.

(…)

Artículo  4°. El artículo 13 de la Resolución CRA número 413 de 2006 quedará así:

"Artículo 13. Retiro del medidor. Cuando sea necesario proceder al retiro del medidor, se comunicará al suscriptor o usuario, con una antelación no inferior a dos (2) días hábiles a la fecha de la operación, indicándole la posibilidad de ejercer el derecho consagrado en el artículo anterior de la presente resolución. Una vez se lleve a cabo la operación, se suscribirá un acta en la que conste el estado en que se encuentra el equipo y la forma como se procedió a su retiro. En este documento, el suscriptor o usuario dejará las constancias que considere necesarias. Los datos que se consignen en la respectiva acta deben ser legibles, claros, sin tachones o enmendaduras; copia de esta acta se entregará al suscriptor o usuario, quien deberá firmarla.

"Si el suscriptor o usuario se niega a firmar el acta respectiva, el funcionario de la empresa dejará constancia explicando las razones que motivan la no suscripción del acta por parte del suscriptor o usuario y esta deberá contar con la firma de dos (2) testigos diferentes al personal de la empresa.

"En todo caso, el Prestador deberá entregar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al retiro del medidor el informe de revisión realizado por el laboratorio debidamente acreditado. Si como resultado de la revisión técnica, se concluye que el medidor no funciona adecuadamente, la decisión será comunicada al suscriptor o usuario, adjuntando el resultado.

"El suscriptor o usuario tendrá la opción de reemplazarlo o repararlo asumiendo los costos correspondientes. Si la reparación o el reemplazo la realiza alguien diferente del prestador, el suscriptor deberá enviarlo a este para que proceda a instarlo. En aquellos casos en los cuales el suscriptor o usuario, presente un informe de calibración del equipo de medida expedido por un laboratorio debidamente acreditado, se dará por cumplida la condición establecida en el artículo 10 de la presente resolución. Si por el contrario el usuario o suscriptor no presenta dicho informe, el prestador podrá, a cargo del suscriptor o usuario, calibrar el equipo en un laboratorio debidamente acreditado.

(…)

"Parágrafo. En caso de ser necesario el control metrológico del equipo de medida, este deberá realizarse en un laboratorio de calibración, debidamente acreditado por el organismo nacional competente para tal efecto. Igual requisito deberán cumplir los medidores provisionales".

De la normativa citada se extrae que los prestadores del servicio público de alcantarillado cuentan con la facultad de: i) definir las acciones y su periodicidad, orientadas a verificar el adecuado funcionamiento de los medidores, atendiendo las particularidades de su sistema, con base en estudios técnicos, ii) revisar el equipo de medición, iii) determinar para los casos en que se va a instalar el medidor por primera vez, tanto el lugar donde técnicamente debe ubicarse, como las condiciones para su financiación y cobro, teniendo en cuenta que al instalar el equipo de medida, deberá contar con su respectivo informe emitido por un laboratorio, debidamente acreditado por la entidad nacional de acreditación competente para el efecto, en donde consten los resultados de la calibración, de manera que se pueda verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas consagradas en el Contrato de Servicios Públicos, iv) en el evento en que el usuario o suscriptor no presente el mencionado informe, el prestador podrá, a cargo del suscriptor o usuario, calibrar el equipo en un laboratorio debidamente acreditado, y v) retirar los medidores para verificar sus condiciones de funcionamiento.

Se observan así, las amplias facultades con las que cuenta en este caso el prestador del servicio público de alcantarillado en los eventos en que se instalan instrumentos de medición de los vertimientos, en aras de establecer la liquidación de la respectiva factura con base en la cantidad real de fluidos que son vertidos por el usuario al sistema.

Ahora, en cuanto al sistema de determinación del consumo real a partir de otros sistemas de aforo, resulta ilustrativa la apreciación de la CRA en el concepto 7421 de 2009 cuando afirma:

“Desde el punto de vista técnico, es factible aforar los vertimientos a las redes de alcantarillado, ó en su defecto, partiendo de los consumos de acueducto, determinar el volumen de agua que es transformado en un proceso industrial, para calcular por sustracción el volumen de vertimientos– (subrayado fuera del texto).

Siendo entonces el cálculo por sustracción del volumen de vertimientos a partir de la determinación del volumen de agua que es transformado en un proceso industrial, una solución alterna a la instalación de los medidores para establecer la medición de la cantidad real del fluido arrojada por el usuario a la red de alcantarillado, sin embargo, mientras la CRA no regule el tema estableciendo con precisión esta fórmula de sustracción, no será posible su efectiva aplicabilidad.

F. CARGOS:

La parte actora aduce que los actos administrativos demandados deben ser declarados nulos por: i) Falta de competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ii) infracción de las normas en que debía fundarse el acto administrativo acusado y  iii) desviación de poder, que se analizarán en su orden así:

i) Falta de competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

- Sustentación del cargo:

La parte actora aduce que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios carece de competencia para establecer y exigir procedimientos o actuaciones administrativas, toda vez que no le ha sido atribuida constitucional ni legalmente la facultad para exigirle a la EAAB S.A. ESP que aplique un mecanismo de facturación que Ley no ha definido para el servicio de alcantarillado que se presta a los “grandes consumidores no residenciales,” toda vez que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) no ha reglamentado la descarga de alcantarillado como variable para determinar el cobro de dicho servicio.

Afirma que la entidad demandada sin tener competencia para ello, decidió que al usuario INDEGA S.A. debe hacérsele la medición por la descarga, con lo cual modifica la tarifa para ese específico usuario, usurpando la competencia de la CRA a la que la Ley atribuye en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, consistente en el establecimiento de las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos y en determinar para cada bien o servicio público las unidades de medida y de tiempo que deben utilizarse al definir el consumo, creando además un usuario privilegiado contra lo dispuesto en el artículo 129 del Estatuto de Servicios Públicos, modificando sin facultad alguna las condiciones uniformes a un usuario en especial, que recibe un subsidio en su tarifa de alcantarillado, sin que exista Ley que lo habilite.

En razón de lo anterior manifiesta que corresponde al ente regulador y no a la Superintendencia demandada fijar procedimientos frente al cobro del servicio de alcantarillado, por lo que imponer al ente prestador procedimientos no constituidos legalmente o desconocer los establecidos, es una violación al principio de legalidad y con ello al debido proceso, pues la empresa realiza su actividad comercial de acuerdo a lo normado en la Ley.

Afirma que la entidad demandada en el acto administrativo impugnado adujo que actuaba en ejercicio de las facultades legales que le confieren los artículos 79 numeral 29, 154 y 159 de la Ley 142 de 1994 modificados por la Ley 689 de 2001, y el artículo 20 numerales 1° y 2° del Decreto 990 de 2002, modificado por el artículo 2º del Decreto 2590 de 2007, normas que no establecen competencia a esa entidad para crear y exigir la implementación de procedimientos especiales para el cobro del servicio de alcantarillado; así que la Superintendencia al exigir la medición con base en la descarga modificó el sistema tarifario infringiendo las normas regulatorias del servicio, desconociendo que el sistema de cálculo establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable-CRA consiste en que los usuarios paguen el valor del alcantarillado según la tarifa resultante de dividir el costo estimado del servicio por el consumo estimado de acueducto.

Señala que la Ley 142 de 1994 en su artículo 73 ordena a las Comisiones de Regulación definir quienes se consideran como grandes usuarios del servicio, y así mismo el Decreto 302 del 2000 define en su artículo 17 que los grandes consumidores no residenciales deberán instalar equipos de medición de acuerdo a los lineamientos que expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, ente regulador que desarrolló estas funciones mediante Resolución CRA 151 de 2001, artículo 1.2.1.1. definiendo a los grandes consumidores del servicio de acueducto y alcantarillado, sin que se haya desarrollado en alguna resolución de la CRA que a los grandes consumidores de alcantarillado se les debe facturar el servicio con base en un parámetro diferente al consumo de acueducto, o que la Comisión de Regulación haya expedido una fórmula tarifaria para la facturación del servicio de alcantarillado con base en que el parámetro de medida del consumo sea la medición de vertimientos en lugar del consumo de acueducto.

Pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios frente al cargo:

A través de su apoderada manifestó que la Corte Constitucional en sentencia 270 del 19 de marzo de 2004 M.P., Jaime Córdoba Triviño expresó que cuando la empresa de servicios  públicos domiciliarios, la Superintendencia encargada de la inspección, vigilancia y control de esta actividad o el juez administrativo adviertan la violación de un derecho fundamental constitucional del usuario o suscriptor, con ocasión de los trámites administrativos y jurisdiccionales respectivos deberá proceder a su protección.

De igual forma precisa que de conformidad con el ordenamiento jurídico, una de las facultades con las que cuenta el superior de quien emite un acto administrativo es resolver un recurso de apelación en la medida en que el mismo sea procedente, potestad que incluye la posibilidad de modificar la decisión inicialmente adoptada, sin hacer salvedades en lo que tiene que ver con los efectos económicos que la modificación puede conllevar para la empresa y/o para el particular que inicia la actuación administrativa.

Ahora, sustenta que la Ley 142 de 1994 establece en su artículo 79 las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, siendo una la de resolver los recursos de apelación que interpongan los usuarios conforme a lo establecido en el artículo 159 Ibíd., por lo que es evidente que la Superintendencia cuenta con la facultad de conocer los recursos de apelación interpuestos por los usuarios dentro de las actuaciones administrativa adelantadas por las Empresas de Servicios Públicos, dándose el trámite indicado en el antiguo Código Contencioso Administrativo el cual era aplicable al caso particular, de manera que esta facultad de la entidad demandada no tiene relación con la potestad sancionatoria con la que de igual forma se cuenta.

Contestación de la sociedad INDEGA S.A.

Asevera que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no fijó procedimiento alguno para el cobro de servicio de alcantarillado, su actuación se sustentó en la aplicación de los artículos 9 y 146 de la Ley 142 de 1994.

Además la facturación del servicio de alcantarillado con base en la medición o aforo de los vertidos ha sido avalada por la CRA, quien en memorando 2010211001363 del 2 de Febrero de 2010 señaló que técnicamente era factible aforar los vertimentos a las redes de alcantarillado, o partiendo de los consumos de acueducto, determinar el volumen de agua que es transformado en un proceso industrial, para calcular por sustracción el volumen de los vertimientos, y así mismo el Consejo de Estado señaló en sentencia proferida el 22 de noviembre de 2002 N.I. 6572 que la tarifa para el cobro del servicio de alcantarillado debía determinarse con base en el aforo de los vertimientos, cuando el usuario no residencial ha solicitad su medición y que el usuario está obligado a pagar la tarifa que se le cobre de acuerdo con el volumen aforado de agua vertida efectivamente al alcantarillado.

Con relación al argumento expuesto por la parte demandante según el cual en la metodología tarifaria cuando se acepta que el usuario debe hacérsele la medición de la descarga, está indirectamente modificando la tarifa usurpando la competencia de la CRA, afirma que carece de sustento probatorio, por cuanto la tarifa fijada por la CRA jamás ha sido modificada por la SSPD ni INDEGA S.A. ha pretendido que lo haga, por cuanto la tarifa aplicable siempre será la establecida por la Comisión de Regulación, con la diferencia de que en los casos en los que la EAAB pretende liquidar las facturas, la tarifa se aplica sobre unas cantidades que no son reales sino supuestas, sobre la cantidad del acueducto medido, y en el caso en que se exige medición o aforo, la misma tarifa se aplica al resultado de la medición del mismo.

 Sostiene que no puede calificarse de “subsidio”, como lo pretende la demandante, a los menores ingresos derivados de la aplicación de la Ley.

- Análisis de la Sala

La empresa demandante sostienen que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios carece de competencia para expedir el acto administrativo impugnado, por cuanto se atribuyó la facultad de modificar el régimen tarifario vigente al determinar la facturación del servicio público de alcantarillado de INDEGA S.A. en los periodos del 29 de enero al 28 de febrero de 2011 con base en el aforo de los vertimientos, esto es, la diferencia de las lecturas que registró el medidor de alcantarillado del establecimiento de comercio, desconociendo que el valor del alcantarillado es la tarifa resultante de dividir el costo estimado del servicio por el consumo estimado de acueducto.

De conformidad con lo anterior, para resolver este cargo la Sala debe determinar si el parámetro para el cobro del servicio público de alcantarillado aplicable a INDEGA S.A., es: i) con base a la equivalencia a la demanda del servicio de acueducto más el estimativo de la disposición de aguas residuales de aquellos usuarios que posean fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado, o ii) teniendo en cuenta el aforo de los vertimientos, esto es, el valor registrado en los medidores de INDEGA S.A.

La decisión del cargo

Sea del caso mencionar que el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por  el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 dispone:

“Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las siguientes:

(…)

29. Resolver los recursos de apelación que interpongan los usuarios conforme a lo establecido en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994”.

A su turno el artículo 159 del Estatuto de Servicios Públicos, modificado por el artículo 20 de la Ley 689 de 2001, establece:

“La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso Administrativo. El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de reposición ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado este recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código Contencioso Administrativo.

Si dentro del trámite de la apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos estima necesario practicar pruebas o el recurrente las solicita, deberá informar por correo certificado a las partes, con la indicación de la fecha exacta en que vence el término probatorio, que no puede ser superior a treinta (30) días hábiles, prorrogables hasta por otro tanto.

PARÁGRAFO. Una vez presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación, las partes podrán sustentar y aportar pruebas a la Superintendencia para que sean tenidas en cuenta al momento de resolver en segunda instancia" (subrayado fuera del texto).

Entonces la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la autoridad competente para resolver el recurso de apelación contra la decisión de la empresa prestadora del servicio, siendo para el caso concreto que esta entidad se pronunció sobre la impugnación presentada por INDEGA S.A. en contra la Decisión No. S-2011-212719 del 28 de marzo de 2011 proferida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P, mediante la cual se resolvió la reclamación radicada con el no. E-2011-026611 del 23 de marzo de 2011 por concepto de facturación del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, cuenta contrato no. 11331695 y 10203123 del inmueble ubicado en la AK 96 # 24 C-94 IN 1 y AK 96 # 24 C – 94 IN 2 de la ciudad de Bogotá D.C.

Ahora, con relación al argumento del demandante que sostiene que la Superintendencia invadió la órbita de competencia de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA al crear una metodología tarifaria no dispuesta en el ordenamiento jurídico, la Sala considera que en el caso concreto no es técnicamente posible que la empresa prestadora del servicio público realice el cobro del alcantarillado teniendo en cuenta la medición de los vertimientos, pese a que dé aplicabilidad al criterio que surge en la posibilidad de que un gran consumidor no residencial del servicio de alcantarillado se encuentre en la capacidad de establecer la medición individual de las aguas vertidas, como criterio opuesto a la tesis del “consumo de alcantarillado equivalente al consumo de agua”, que se sustenta en la hipótesis de que el usuario consume la misma cantidad de agua que arroja a las redes; por cuanto, como se sustentará a continuación, no existe certeza de que los medidores instalados por INDEGA S.A. sean los idóneos para medir el flujo real de los líquidos vertidos a la red de alcantarillado.

Luego, aun en el evento en que la Superintendencia demandada acusara la prevalencia del derecho del usuario a que el consumo sea el elemento principal que se cobre en la factura del servicio público de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994,  y que sea un hecho evidente que el usuario como gran consumidor no residenciales del servicio de acueducto y alcantarillado procese industrialmente parte del agua consumida, siendo en consecuencia menor el flujo del líquido que se vierte, no puede bajo este argumento avalar unos medidores del servicio que se encuentren calibrados por unos laboratorios que no se encuentran acreditados por el organismo competente para tal fin.

En efecto se tiene que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el caso concreto ordenó a la EAAB – ESP en el acto administrativo acusado lo siguiente:

Artículo primero. MODIFICAR la Decisión No. S-2011-212719 del 28 de marzo de 2011, proferida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., y en su lugar dispondrá para las cuentas contratos No. 11331685 y No. 10203123, la reliquidación de la factura del periodo del 29 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2011, con base en la diferencia de las lecturas que registra el medidor de alcantarillado (descargas industriales), de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución” (subrayado fuera del texto).

Se tiene entonces que la Superintendencia demandada con su decisión avaló los medidores de INDEGA S.A., aún cuando la EAAB – ESP expresamente manifestó en la decisión S-2011-212719 del 28 de marzo de 2011, la cual fue modificada por la entidad demandada, que estos medidores no fueron homologados por la empresa prestadora, en efecto señala en el mencionado acto administrativo:

“Igualmente, debe enfatizarse que la medición de los vertimientos no puede hacerse a través de los medidores instalados en forma autónoma por INDEGA – Industria Nacional de Gaseosas S.A. por cuanto estos jamás fueron homologados por la Empresa y lo viable jurídicamente para efectos tarifarios es la aplicación de la Resolución CRA 287 de 2004 (subrayado fuera del texto).

En los mismos términos en los antecedentes administrativos aportados por la Superintendencia y que obran en el plenario, se encuentra copia de la decisión S- 2010619063

Así mismo, se tiene que INDEGA S.A. en la reclamación administrativa efectuada el 23 de marzo de 2011 obrante en los antecedentes administrativos aportados por la Superintendencia demandada, en contra de las facturas expedidas por la Empresa prestadora en el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 28 de febrero de 2011, la cuales son objeto de controversia en el presente asunto, expresamente manifestó:

En varias oportunidades INDEGA le ha solicitad a la EAAB que proceda a medir o aforar el servicio de alcantarillado conforme lo dispone la Ley.

En una primera oportunidad con fecha 20 de octubre de 2004, con radicado E-2004-099403 INDEGA elevó ante la EAAB un derecho de petición consistente  en “solicitud de revisión de contadores y reducción de cargos facturados a PANAMCO COLOMBIA S.A. por concepto de servicio de alcantarillado público”.

En este caso, la EAAB, después de efectuar la respectiva revisión de los contadores y medición de los efluentes constató que, en efecto, a la empresa le asistía razón cuando señaló que “las descargas hechas por el cliente a las redes de alcantarillado de la Empresa son inferiores a los consumos facturados, según los consumos registrados en los medidores instalados por la Empresa para el control de la facturación periódica”.

Sin embargo, a pesar de haber constatado lo anterior, la EAAB señaló en el oficio radicado S-2004-120479 del 10 de noviembre de 2004, que no es posible acceder a la petición de la empresa, en el sentido que se facture por concepto de servicio de alcantarillado conforme a la información arrojada por el medidor instalado para tal efecto, “por cuanto (…) dicha situación es contraria a los preceptos tarifarios establecidos previamente y que buscan la recuperación de los costos totales asociados a la presentación de servicio, no estando dentro de nuestra competencia la variación de dichos elementos tarifarios.

(…)

En la reclamación E-2010-100565 del 2 de diciembre de 2010, INDEGA solicitó a la EAAB: “facturar el servicio público de alcantarillado correspondiente al periodo comprendido entre el 9 de octubre y el 5 de noviembre de 2010, teniendo en cuenta los resultados que arrojan los medidores de INDEGA S.A. instalados para tal efecto y en lo sucesivo aforar o medir los vertimientos de INDEGA S.A. al alcantarillado público”.

De similar forma se procedió en la reclamación E-2010-108114 el 27 de diciembre de 2010, en la cual se solicitó tener en cuenta los medidores de INDEGA para poder facturar la cantidad real de vertimientos al alcantarillado de la EAAB.

Así mismo en el escrito E-2011-006204 del 25 de enero de 2011, INDEGA solicitó a la EAAB: “Aforar o medir y facturar el servicio público de alcantarillado en los predios subsiguientes, teniendo en cuenta el resultado que arroje cualquiera de los tres (3) sistemas existentes para determinar la cantidad de vertimiento reales al alcantarillado, las cuales se encuentran avaladas por las autoridades en materia de servicios públicos de saneamiento básico. (…)

Incluso en la pasada reclamación E-2011-016635 del 22 de febrero de 2011, se reiteró una vez más la siguiente solicitud: “Abstenerse de seguir facturando el servicio de alcantarillado base en las normas expedidas por la CRA, para regular la situación de los usuarios que normalmente vierten en las redes de alcantarillado aproximadamente la misma cantidad de agua con que se abastecen, habida cuenta que INDEGA, debido a sus procesos industriales vierte al alcantarillado una cantidad inferior al consumo de acueducto. Y en adelante, aforar o medir el servicio público de alcantarillado, con base en el resultado que arroje cualquiera de los tres (3) sistemas existentes para determinar la cantidad de vertimiento reales al alcantarillado (…)

Así las cosas, y a falta de prueba en el plenario que acredite lo contrario, resulta que la EAAB – ESP se ha negado a las reiteradas solicitudes por parte de INDEGA S.A. de medir sus vertimientos individualmente, homologando los medidores del servicio instalados por el usuario para determinar así el consumo real; luego, ante esta omisión, se pregunta la Sala si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tendría competencia para avalar estos medidores del usuario y por ende ordenar a la empresa prestadora reliquidar las facturas con base en el valor que arrojen estos instrumentos. Para ello, la Sala se permite realizar las siguientes consideraciones:

I. A partir del marco regulatorio sustentado con anterioridad, reitera la Sala que la empresa prestadora con relación a los medidores del servicio, cuenta con las facultades de: a) definir las acciones y su periodicidad, orientadas a verificar el adecuado funcionamiento de los medidores, b) revisar el equipo de medición, c) determinar para los casos en que se va a instalar el medidor por primera vez sus condiciones técnicas tanto el lugar donde técnicamente debe ubicarse, y sus condiciones para su financiación y cobro, teniendo en cuenta que al instalar el equipo de medida, deberá contar con su respectivo informe emitido por un laboratorio, debidamente acreditado por la entidad nacional de acreditación competente para el efecto, en donde consten los resultados de la calibración, de manera que se pueda verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas consagradas en el Contrato de condiciones uniformes de servicios públicos, d) en el evento en que el usuario o suscriptor no presente el mencionado informe, el prestador podrá, a cargo del suscriptor o usuario, calibrar el equipo en un laboratorio debidamente acreditado, y e) retirar los medidores para verificar sus condiciones de funcionamiento.

Estas facultades se encuentran dispuestas en las resoluciones CRA 151 de 2001, 443 de 2006 y en especial en la Resolución CRA 457 de 2008, mediante la cual el órgano de regulación modificó sus decisiones en el sentido de acompañar el proceso de avalar la instalación, calibración y verificación de las condiciones metrológicas de los medidores, facultativo de la Empresa, con las apreciaciones técnicas de laboratorios acreditados por la entidad de acreditación nacional.

II. En el caso concreto, en primer lugar es menester aclarar que la potestad de la EAAB E.S.P. frente al medidor de alcantarillado instalado por INDEGA S.A., conforme al ordenamiento jurídico se circunscribía a: i) exigir el informe emitido por un laboratorio acreditado por el organismo competente, una vez los medidores fueron instalados por el usuario, previa solicitud de éste consistente en la facturación con base en la medición de los vertimientos, ii) verificar el adecuado funcionamiento del medidor, iii) efectuar el control metrológico del equipo de medida directamente o a través de terceros, utilizando laboratorios debidamente acreditados por la entidad nacional de acreditación competente para el efecto, iv) y retirarlo cuando sea necesario.

Sin embargo, la empresa prestadora del servicio negó la posibilidad al usuario de medir la descarga de los vertimientos para establecer el consumo real, situación que como se afirmó con anterioridad, atenta contra los derechos del consumidor y usuario, concretamente contra la garantía dispuesta en el artículo 146 del Estatuto de servicios públicos, siendo para el caso que la empresa debió comprobar las condiciones técnicas del medidor de alcantarillado, para determinar la idoneidad de este instrumento para registrar la cantidad real de los líquidos vertidos a la red de alcantarillado, exigiendo los respectivos informes del laboratorio el cual debía encontrarse acreditado por la autoridad competente de acreditación.

II. No obstante la omisión del EAAB E.S.P. de verificar las condiciones técnicas y de precisión del medidor de alcantarillado, tampoco tenía competencia la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para avalar el medidor de INDEGA S.A., y por tanto la diferencia en las lecturas registradas por este instrumento en el periodo de facturación del 29 de enero de 2011 al 28 de febrero del mismo año, sin tener la certeza del correcto funcionamiento del mismo a partir del informe de calibración expedido por un laboratorio acreditado por el organismo de acreditación competente, e impidiendo que la EAAB E.S.P. procediera a calibrar y verificar la condición metrológica del medidor.

Así previo a la expedición del acto administrativo acusado, y resolver disponer para las cuentas contratos No. 11331695 y No. 10203123, la reliquidación de la factura en el periodo anteriormente referido, con base en la diferencia que registran los medidores de alcantarillado de INDEGA S.A., en el procedimiento en sede administrativa la entidad de vigilancia debió exigir los informes de calibración anual del medidor que aseguraba tener el usuario, y la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que acreditara la idoneidad de los laboratorios que hicieron la correspondiente calibración, de conformidad con el inciso 2º del artículo 159 de la Ley 142 de 199

; sin embargo, la entidad demandada optó por omitir este aspecto en la parte motiva del acto administrativo acusado, alegando la protección del derecho del usuario a que se le facturara su cobro con base en el consumo real, sin siquiera verificar que las lecturas registradas por el medidor de INDEGA S.A. arrojaran en efecto el registro de la cantidad real de líquido vertido por el usuario al alcantarillado en el periodo de facturación, ni permitir a la Empresa de Acueducto realizar tal verificación previo a la reliquidación de las facturas ordenada por la entidad demandada.

III. Así las cosas, la Sala no puede pasar por alto esta omisión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos que lesiona los derechos de la empresa prestadora del servicio y que vulnera el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 cuando dispone que la empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles, luego se requiere establecer para garantizar el consumo real del servicio que el medidor de INDEGA S.A. se encuentre debidamente calibrado, por un laboratorio acreditado por el organismo competente.

Al respecto, la sociedad INDEGA S.A. afirma que su medidor cuenta con el informe de calibración anual expedido por los laboratorios acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que podría entenderse en la acreditación previa a la entrada en vigencia del Decreto numero 4738 de 2008 “por el cual se dictan normas sobre intervención en la economía para el ejercicio de las funciones de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad que hagan parte del Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio”, siendo ahora competente el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC para realizar este procedimiento, sin embargo en el plenario no obra prueba que certifique que los laboratorios que hicieron la calibración del medidor de INDEGA S.A. se encuentren acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio como lo afirma la apoderada de la Sociedad.

Anudado a lo anterior, debe tenerse en consideración que el Decreto 4378 de 2008 “por el cual se dictan normas sobre intervención en la economía para el ejercicio de las funciones de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad que hagan parte del Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio”, en su artículo 4º, modificado por el  artículo 1º del Decreto 323 de 2010, en su parágrafo primero establece:

“Para el desarrollo de lo dispuesto en el numeral 6 del presente artículo, como requisito indispensable para mantener la vigencia de la acreditación otorgada, los organismos de evaluación de la conformidad con acreditación vigente y otorgada en cualquier tiempo por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, deberán ingresar al programa de seguimiento y vigilancia establecido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC.

Para ingresar al programa de seguimiento y vigilancia del ONAC, los organismos señalados en el inciso anterior deberán efectuar la correspondiente solicitud ante el ONAC, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de este decreto. La inobservancia de este deber acarreará la pérdida inmediata de la acreditación.

Se tiene entonces para el caso concreto que los medidores de INDEGA S.A. deben estar calibrados por un laboratorio acreditado por la autoridad para tal efecto, y además si el laboratorio se encuentra acreditado por la SIC, debe  ingresar al programa de seguimiento y vigilancia establecido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, so pena de perder tal acreditación. De igual forma, es pertinente señalar lo dispuesto en el parágrafo 3 ibídem, al advertir:

“El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, en adelante es la única fuente oficial de información sobre acreditación en Colombia. En consecuencia, corresponde a este mantener actualizada y a disposición del público la información correspondiente a los organismos acreditados en Colombia” (subrayado fuera del texto).

Resulta claro para la Sala que dado que no obra en el expediente prueba que demuestre la acreditación efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio del laboratorio que calibró los medidores de INDEGA S.A., y a su vez, tampoco obra prueba que certifique que este organismo de evaluación ingresó en el programa de seguimiento y vigilancia establecido por la ONAC, no hay certeza entonces para establecer que en el caso concreto los instrumentos de medición de INDEGA S.A. hayan registrado en sus lecturas la cantidad real de los líquidos vertidos a la red de alcantarillado en el periodo facturable del 29 de enero al 28 de febrero de 2011 correspondiente a las cuentas contratos no. 11331695 y no. 10203123.

En este orden de ideas la orden impartida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el acto acusado consistente en la reliquidación de la factura mencionada con base en la diferencia de lecturas que registra el medidor de alcantarillado de INDEGA S.A., fue emitida por fuera de la órbita de su competencia, dado que avaló los medidores instalados por la Sociedad, que fueron calibrados por un laboratorio del cual no existe certeza sobre su idoneidad para calibrar estos instrumentos en materia de alcantarillado, siendo la acreditación una facultad de  la ONAC de conformidad con el Decreto 4738 de 2008 y sus disposiciones modificatorias, mas no una prerrogativa de la entidad demandada, y siendo la verificación de las condiciones metrológicas del medidor  instalado por el usuario del servicio, una potestad de la empresa prestadora exigible por el suscriptor, que no puede asumir directamente la Superintendencia demandada por cuanto vulneraría el principio de legalidad al ejercer funciones que expresamente no le están permitidas.

Así las cosas, es pertinente aclarar que la omisión por parte de la empresa prestadora del servicio en ejercer sus facultades, no es excusa para que la Superintendencia demandada asuma funciones que no le ha otorgado el ordenamiento jurídico, validando instrumentos de medición en el acto administrativo que decidió el recurso de apelación interpuesto por INDEGA S.A., sin siquiera constatar que los mismos registren el consumo real del servicio, razón por la cual al proferir el mencionado acto administrativo vulneró el derecho tanto de la empresa como del usuario, a que el consumo sea medido empleando instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles.

En razón de lo anterior, la Sala por encontrar probado el cargo declarará la nulidad del acto acusado, y dispondrá el consecuente restablecimiento del derecho, en los términos que se esgrimirán a continuación, absteniéndose de analizar los demás cargos formulados.

G. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Resta entonces por establecer el restablecimiento del derecho en el caso concreto, para lo cual la Sala analizará las pretensiones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. en este sentido y posteriormente establecerá los términos del restablecimiento en el caso concreto.

La empresa demandante pretende a título de restablecimiento de derecho que se confirme u ordene confirmar la decisión de la EAAB-ESP No S- 3011-212719 del 28 de marzo de 2011, es decir, la misma que fue modificada mediante el acto acusado, permitiéndole a la EAAB-ESP la posibilidad de efectuar el cobro a INDEGA S.A. de los valores por concepto del servicio de alcantarillado por el periodo comprendido entre el día 29 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2011 correspondientes a $152.551.746 del inmueble de la Ak 96 No. 24 C – 94IN 1, cuenta contrato No. 11331695, según Factura No. 8171051215 y $132.348.850 del inmueble de la Ak 96 No. 24 C-94 IN 2, cuenta contrato No. 10203123, según Factura No. 2641006115.

Se debe aclarar que a folios 613 a 615 del expediente, obra el Oficio S-2013-092482 del 21 de junio de 2013, proferido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.S.P., en el que le comunica a la apoderada de INDEGA S.A. lo siguiente:

(…) Como es de su conocimiento, actualmente se encuentran en reclamación ante los diferentes escenarios administrativos y judiciales, los valores facturados por concepto del servicio de alcantarillado de las cuentas del asunto, y sobre los cuales la SSPD ha emitido un fallo a través de las Resoluciones que se mencionan abajo.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha resuelto los recursos de apelación presentados por el Usuario del Servicio Industria Nacional de Gaseosas S.A. “INDEGA” contra los actos administrativos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP – EAAB ESP, ordenando para el efecto “la reliquidación de la factura… con base en la diferencia de lecturas que registra el medidor de alcantarillado (descargas industriales)”.

Que como consecuencia de lo anterior, y en aras de acatar lo aquí dispuesto se procede a dar cumplimiento en estricto sentido, no sin antes advertir, que para efectos de efectuar la respectiva liquidación de las facturas, se tomó como base el volumen de los vertimientos reportados por INDEGA a través de cada escrito de petición presentado con ocasión de la reclamación (…)

Así las cosas, nos permitimos informar a continuación el periodo objeto de reclamación, los valores dejados en estudio hasta tanto se desatara el recurso de alzada, como su posterior ajuste:     

ENTRADA CORINo. DE RESOLUCIÓNPERIODO DE RECLAMACIÓNVALOR EN ESTUDIO CTA 11331695VALOR A COBRAR C.C. 11331695VALOR EN ESTUDIO CTA 10203123VALOR A COBRAR C.C. 10203123
(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)
E-2012-208257 DEL21/11/20122012814018287529/01/2011 AL 28/02/2011$152.551.756$80.241.925$132.348.850$69.615225
(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)

Así las cosas, nos permitimos anexar las correspondientes facturas luego de realizados los ajustes descritos, con las que se demuestra el cumplimiento de las resoluciones mencionadas, para su respectivo pago” (subrayado y negrilla fuera del texto).

Así mismo, a folios 616 y 617 obran las facturas debidamente pagadas por INDEGA S.A., correspondientes al valor de los meses adeudados por el usuario, las cuales fueron reliquidadas por orden de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre estas, el valor correspondiente al periodo del 29 de enero al 28 de febrero de 2011.

En este orden de ideas, se tiene que INDEGA S.A., pagó el valor correspondiente al periodo facturable que fue objeto de reliquidación por la SSPD en la resolución acusada en el presente caso, luego al ser declarado nulo el acto administrativo proferido por la Superintendencia demandada que ordenó la reliquidación de la factura, se entiende que el usuario debe pagar el valor de las sumas de dinero que ordenó descontar la entidad demandada de la factura expedida por la empresa prestadora, esto es, que si de la cuenta contrato No. 10203123, en el periodo de facturación del 29 de enero al 28 de febrero de 2011, el valor cobrado en la factura fue de $132.348.850, y posteriormente a la reliquidación por parte de la Superintendencia demandada en el acto acusado, INDEGA S.A. efectivamente pagó el valor de $69.615.225, es claro que el usuario adeuda el valor de $62.733.625, el cual debe ser pagado a la empresa prestadora del servicio a título de restablecimiento del derecho.

De igual forma, con relación a la cuenta contrato No. 11331695, se tiene que la deuda en el periodo facturable del 29 de enero al 28 de febrero de 2011 era de $152.551.756, de la cual a raíz de la resolución proferida por la entidad demandada, fue cancelado por el usuario del servicio el valor de $80.241.925, por lo cual debe pagar a la empresa demandante la suma de $72.309.831.

Así las cosas la Sala a título de restablecimiento del derecho accederá a la pretensión del demandante, en el entendido de que autorizará a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP a cobrar a INDEGA S.A., las sumas de $62.733.625 con cargo la cuenta contrato No. 10203123, y el valor de $72.309.831 con cargo a la cuenta contrato No. 11331695, por cuanto estos valores corresponden a las sumas dejadas de percibir por la empresa demandante con ocasión de la expedición de la Resolución No SSPD 20128140182875 del 4 de octubre de 2012 proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Las sumas de dinero deberán ser ajustadas al momento en que quede ejecutoriada la presente providencia, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, de conformidad con el inciso 4º del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, y así mismo las sumas de dinero reconocidas en esta sentencia una vez quede en firme, devengarán intereses moratorios en los términos del numeral 4º del artículo 195 de la misma norma.

  - COSTAS PROCESALES

De otra parte, se condenará en costas en esta instancia a la parte vencida, cuya liquidación se hará por la Secretaría de la Sección conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A, en armonía con los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civi

.

En merito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION PRIMERA, SUBSECCION “A”, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. DECLÁRESE, la nulidad de la Resolución No. SSPD – 2012814018255 del 3 de octubre de 2012, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de INDEGA S.A., en contra de la Decisión No. S-2011-035575 del 17 de enero de 2011, proferida por la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.  

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP se encuentra autorizada para cobrar a INDEGA S.A.,, las sumas de $62.733.625 con cargo la cuenta contrato No. 10203123, y el valor de $72.309.831 con cargo a la cuenta contrato No. 11331695, por cuanto estos valores corresponden a las sumas dejadas de percibir por la empresa demandante con ocasión de la expedición de la Resolución No SSPD 20128140182875 del 4 de octubre de 2012 proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Las sumas de dinero deberán ser ajustadas al momento en que quede ejecutoriada la presente providencia, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, de conformidad con el inciso 4º del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, y de la misma forma devengarán intereses moratorios en los términos del numeral 4º del artículo 195 de la misma norma.

TERCERO. CONDÉNESE EN COSTAS a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., y en consecuencia ordénese por Secretaría hacer su respectiva liquidación.

CUARTO.  ARCHÍVESE el expediente, previa ejecutoria.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Discutido y aprobado en sesión de la fecha, mediante Acta No.

CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO

Magistrada

FELIPE   ALIRIO   SOLARTE   MAYA

Magistrado

LUIS MANUEL LASSO LOZANO

Magistrado

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Última modificación:22/11/2016 12:06:52 PM
Servicios Públicos: - Acueducto
Publicado:3/10/2014 09:07:00 AM
 
Problema Jurídico:
Facturación de servicio de acueducto teniendo como factor principal del cobro el consumo de acueducto ?relación de equivalencia? - Grandes consumidores del servicio de alcantarillado - Calibración de medidores por laboratorio acreditado por el organismo competente.
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    ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"