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 Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá No. 149 de 2012
  
 
T_BTA_J6_EXP_2010-00149-00_14_03_2012

JUZGADO SEXTO ADMINISTRA TIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

SECCIÓN PRIMERA

Carrera 7 No. 13-27 Piso 4º

PROCESO No. 110013331006-2010-00149-00

DEMANDANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. ESP

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PÚBLICOS DOMICILIARIOS

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Bogotá, D.C. catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012).

Entra el Despacho a proferir sentencia en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

I. LA DEMANDA

1.1 PRETENSIONES

1. Que se declare nula la Resolución N° SSPD 2009 8140 194585 del 14 de diciembre de 2009, proferida por la Directora Territorial Centro de la demandada, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el usuario MARIA RUBY GARCIA, respecto del predio situado en la KR 82 69 SUR 47 Pl 3/ de la ciudad de Bogotá, que hace parte de la Zona 5 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se dejen en firme los actos administrativos N° S-2009-150979 del 29 de Mayo de 2009, y N° S-2009- 183623 del 23 de junio de 2009, proferidos por la demandante.

3. Que de conformidad con las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho se ordene y condene a la demandada a cancelar a favor de la demandante, la suma de dinero que ordenó descontar a la cuenta contrato 11756029 y 11758468 del usuario por valor de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. ($175.050), más los intereses moratorios más altos a la tasa vigente al momento de liquidarlos.

4. Que se liquiden las anteriores condenas mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y se ajusten dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, conforme a lo ordenado por el artículo 178 del C.C.A.

5. Que para el cumplimiento de la sentencia se ordene dar aplicación a los artículos 176 y 177 del C.C.A.

6. Que se condene a la demandada a pagar las costas judiciales y las agencias en derecho.

Como pretensión subsidiaria se pide que de no acogerse la pretensión del numeral 3o, se declare a título de restablecimiento del derecho, que en el evento en que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no cancele a favor de la demandante la suma de dinero que ordenó descontar a la cuenta contrato 11756029 y 11758468 del usuario MARIA RUBY GARCIA y correspondiente al predio ubicado en la KR 82 69 SUR 47 Pl 3/ de la Zona 5 de la ciudad de Bogotá.

1.2 HECHOS

Los expuestos por la demandante se sintetizan así:

La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. ESP, presta los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado al inmueble ubicado en el KR 82 69 SUR 47 PI3/BOGOTÁ D.C., identificado en el Sistema de Información Comercial con la Cuenta Contrato No. 11756028 - 11758468.

La señora MARÍA RUBY GARCÍA, presentó reclamación el 28 de Mayo de 2009, por los cobros adicionales realizados a las cuentas contrato de la referencia por cuanto las facturas ya habían sido canceladas.

Mediante decisión S-2009-150979 del 29 de Mayo de 2009, la Empresa resolvió la reclamación confirmando el consumo liquidado para la cuenta contrato 11758468 en los períodos del 21 de Noviembre de 2008 al 20 de Enero de 2009, del 21 de Enero al 19 de Marzo de 2009 y del 20 de Marzo al 19 de Mayo de 2009. En la misma advirtió al recurrente de los recursos de Reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios únicamente contra los períodos del 06 de Enero al 06 de Marzo de 2009 y 07 de Marzo al 06 de Mayo de 2008. Así mismo, informó que para recurrir se debe demostrar el pago de las sumas que no son objeto de recurso, según lo previsto en el artículo 155 de la ley 142 de 1.994.

Contra la anterior decisión la señora MARÍA RUBY GARCÍA, el 2 de junio de 2009, presentó recurso de Reposición y en subsidio Apelación.

La Empresa confirmó la resolución recurrida mediante decisión S- 2009183623 del 23 de junio de 2009, remitiendo el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos para surtir el recurso de alzada.

Mediante Resolución No. 20098140194585, la demandada resolvió el Recurso de Apelación ordenando modificar la decisión S-2009183623 del 23 de junio de 2009 proferida por la demandante, en el sentido de ordenar reliquidar las facturas de los periodos de facturación comprendidos desde el 21 de noviembre de 2008 al 19 de mayo de 2009 de las cuentas contrato 11756029 y 11758468, siéndole permitido sólo el cobro de los cargos fijos por la disponibilidad del servicio.

1.3 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La demandante adujo violación de las siguientes disposiciones jurídicas: Constitución Política artículos 29 y 84; Ley 142 de 1994 artículos 144, 145, 146 inciso 3, 149 y 150; Decreto 302 de 2000; Decreto 229 de 2002; Resolución CRA 151 de diciembre de 2001; Decreto 990 de 2002.

El concepto de violación se sintetiza así:

- Falta de Competencia de la SSPD, debido a que la Superservicios no tiene competencia para establecer y exigir determinados procedimientos o actuaciones administrativas que la ley no ha reglamentado para que la empresa pueda facturar servicios prestados, como el que exige en el acto demandado el cual no está en la ley. La Ley 142 de 1994 estableció en sus artículos 152 y 154, el procedimiento para que los usuarios puedan controvertir la facturación, y le corresponde al ente regulador, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, fijar procedimientos en relación con las desviaciones significativas de consumo, no a la demandada.

- Infracción a las normas en que debía fundarse, por cuanto desatendió lo consagrado en los artículos 144, 145, 146, 149, 152 y 154 de la Ley 142 de 1994, Decreto 302 de 2000, Decreto 229 de 2002, Resolución CRA 151 de 2001. La Ley 142 de 1994 establece el derecho que tiene el usuario y la Empresa a que se midan los consumos y a que el consumo sea el elemento principal del precio, razón por la cual la Empresa debe liquidar el consumo con base en la diferencia real de lecturas registrada por el aparato de medición, y efectuadas las visitas al predio se encontraron errores de medición y fuga perceptible, se precisa que lo que se hizo una actualización en el sistema de información comercial de la Empresa cargando en las cuentas contrato 11756029 y 11758468 las sumas correspondientes a los valores no facturados, valores que se cobran por consumos generados en ambas cuentas por consumos generados en ambas cuentas y por tanto son exigibles al ser disfrutados por los usuarios, mismos que fueron generados por las diferencias reales de lecturas registradas por el medidor, donde adicionalmente se presentó una fuga perceptible en las instalaciones internas de la cuenta contrato 11756029 las cuales deben ser corregidas por el usuario, quien debe cancelar el consumo derivado de esta clase de fugas.

- Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, debido a que la demandada ordenó a la Empresa a facturar con base en un procedimiento exigido por la misma para el cobro de los consumos en aplicación del artículo 150 de la Ley 142 de 1994, que no ha sido definido a nivel legal, siendo que la mencionada ley tiene establecido el procedimiento. La demandada no puede establecer a su criterio procedimientos o disposiciones no contempladas en la Ley.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

2.1 TRÁMITE

La demanda se admitió mediante auto del 11 de junio de 2010 (folios 97- 98). Se notificó al SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS por aviso el 6 de septiembre de 2010 (folio 100), a la señora MARÍA RUBY GARCÍA de manera personal el 30 de septiembre de 2010 en su calidad de tercero interesado (folio 102), quien dentro del término de traslado concedido no contestó la demanda. Fijado el negocio en lista (folio 98 reverso), la demandada contestó la demanda dentro del término establecido (folios 103-110). Mediante auto del 11 de enero de 2011 (folio 112), se abrió el proceso a pruebas. Por auto del 10 de octubre de 2011 (folio 314) se declaró cerrado la etapa probatoria y se concedió a las partes el término común de diez días para presentar sus alegatos de conclusión, dentro del término de ley ambas partes lo hicieron (folios 318 a 321 y 322 a 335).

2.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La entidad demandada se opone a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones sustentando la excepción de legalidad respecto a los tres cargos de la demanda, por las siguientes razones:

Primer cargo: No es cierto que la Superintendencia haya establecido un procedimiento concreto para que la demandante realice los cobros a los que por ley tiene derecho. El acto administrativo demandado no indica que la demandante debió seguir procedimiento alguno preestablecido por la demandada para realizar el cobro de los servicios prestados. La Superintendencia no limitó el derecho de la empresa a facturar el consumo del usuario, sino que sancionó el incumplimiento del prestador frente al artículo 150 de la Ley 142 de 1994, que permite al prestador cobrar consumos no facturados por error u omisión de la empresa hasta por un término de cinco meses. Claramente la Ley 142 de 1994 estipula que las empresas no podrán cobrar consumos que por error u omisión no hayan sido facturados dentro del término improrrogable de cinco meses a partir del momento en el cual debían ser facturados. El incumplimiento de dicha obligación conduce a la pérdida del derecho de cobrar lo consumido y no facturado por parte de la empresa, hecho que no corresponde a ningún procedimiento creado por la demandada sino a una consecuencia de ley.

Segundo Cargo: La medición del consumo es un derecho del usuario y para el caso en estudio se observa que durante un término superior a los 5 meses establecidos en el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, procedió a efectuar el cobro de los consumos no facturados a las cuentas contrato 11756029 y 11758468 con ocasión del cruce de lecturas de consumo efectuadas por la empresa desde el 21 de noviembre de 2008 al 19 de mayo de 2009.

Es inadmisible avalar la desacumulación de los consumos no facturados con ocasión del propio error de la empresa por el cruce de plumas de los medidores de las cuentas contrato referidas, por lo que la EAAB no puede pretender el cobro inoportuno de este consumo, cuando el hecho ha sido propiciado por su propia incuria, al haberse abstenido de utilizar los medios de los cuales gozaba para la defensa de sus propios intereses, por lo que, ante la conducta negligente la Empresa se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos, y de su conducta omisiva no es responsable el usuario.

Cuando un usuario se encuentre en una circunstancia de cobro inoportuno por parte de una prestadora podrá hacer uso del derecho de petición de reclamo a la factura, y en el evento en el cual la prestadora no atienda de manera positiva su pretensión podrá hacer uso de los recursos de reposición y en subsidio de apelación ante la SSPD, dentro de los términos legales de conformidad con las reglas de los artículos 152 y s.s. de la Ley 142 de 1994 dentro del procedimiento de defensa de los usuarios en sede de la empresa ya que en este caso es a la Empresa como prestadora del servicio a quien compete la carga de la prueba y es ella quien tiene que demostrar la práctica de las mismas, obligación fundamentada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil en virtud del cual la carga de la prueba es una regla y principio que se hace prevalecer en todas las actuaciones administrativas y que crea a las partes una auto responsabilidad para acreditar los hechos que le sirven de sustento a las pretensiones que reclaman.

Tercer cargo: En el acto administrativo demandado no se indica en ninguna parte que la demandante debió seguir algún procedimiento preestablecido por la Superintendencia para realizar el cobro de los consumos de los usuarios, sino que se sanciona el incumplimiento del prestador frente a los artículos 146 y 150 de la Ley 142 de 1994, que permiten al prestador realizar la facturación en los términos establecidos en las mismas.

2.3 PRUEBAS RECAUDADAS

En forma legal y oportuna se aportaron, decretaron y recaudaron las siguientes pruebas relevantes para decidir:

  1. Reclamación presentada por la señora María Ruby García vía Internet consecutivo 34367 del 28 de mayo de 2009 (folios 40-41).
  2. Decisión identificada S-2009-150979 fechada 29 de mayo de 2009 (folios 43-46), por la cual la EAAB ESP responde a la reclamación de la señora MARIA RUBY GARCIA, donde decide:
  3. "1. Confirmar el consumo liquidado para la cuenta contrato 11756029 en los periodos comprendidos entre el 21 de noviembre de 2008 al 20 de enero de 2009, del 21 de enero al 19 de marzo de 2009 y del 20 de marzo al 19 de mayo de 2009, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo.

    2. Confirmar el consumo liquidado para la cuenta contrato 11758468 en los periodos comprendidos entre el 21 de noviembre de 2008 al 20 de enero de 2009, del 21 de enero al 19 de marzo de 2009 y del 20 de marzo al 19 de mayo de 2009, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo."

  4. Recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión S- 2009-150979, presentado vía Internet el 2 de junio de 2009 por la señora María Ruby García (folios 50-51).
  5. Decisión identificada S-2009-183623 fechado 23 de junio de 2009 (folios 55-56), por la cual la EAAB ESP resuelve el recurso de reposición presentado por la señora MARIA RUBY GARCIA contra la Decisión identificada S-2009-150979 del 29 de mayo de 2009, donde resuelve:
  6. "1. CONFIRMAR el Acto Administrativo S-2009-150979 del 29 de mayo de 2009 referente al consumo liquidado en los periodos del 21 de noviembre de 2008 al 20 de enero de 2009, del 21 de enero al 19 de marzo de 2009 y del 20 de marzo al 19 de mayo de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva."

  7. Resolución 20098140194585 del 14-12- 2009 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (folios 21-25), por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la señora Mari Ruby García, en contra de la Decisión No. S-2009-150979 del 29 de mayo de 2009, proferida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., mediante la cual resolvió la reclamación No. I-34367 del 28 de mayo de 2009, respecto de la facturación de la cuenta contrato 11758468, del inmueble de la KR 82 # 69 SUR 47 Pl 4 de Bogotá, Zona 5, donde resuelve:
  8. "Modificar la Decisión S-2009-183623 del 23 de junio de 2009 proferida por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P., por no encontrarse ajustada a Derecho, en el sentido de ordenar reliquidar las facturas de los periodos de facturación comprendidos desde el 21 de noviembre de 2008 al 19 de mayo de 2009 de las cuentas contrato 11756029 y 11758468, siéndole permitido solo el cobro de los cargos fijos por la disponibilidad permanente del servicio, por las razones expuestas en la presente resolución."

  9. Constancia de firmeza de la Resolución No. 20098140194585 de fecha 14/12/2009, según la cual ésta quedó en firme el día 06/01/2010 respecto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. ESP (folio 32).
  10. Oficio S-2010-008283 fechado 8 de enero de 2010, por el cual la Empresa demandante informa a la señora MARI RUBY GARCIA que en atención a la Resolución 20098140194585 de 2009 de la Superintentencia <sic> de Servicios Públicos Domiciliarios, se realizó un abono (descuento) a la cuenta contrato 11756029 por valor de $175.050 (folio 18-19).
  11. Declaración de CAROLINA GARCIA CABEZAS, Subdirectora de PQR's del Gestor Aguazul Bogotá S.A. ESP que presta sus servicios a la EAAB (folios 127-129).
  12. Oficio S-2011-614009 fechado 16 de septiembre de 2011 (folio 145), por el cual la demandante remite fotocopias de facturas de la cuenta contrato 11756029 (folios 180-185) y cuenta contrato 11758468 (folios 191); Actas de inspección de consumo correspondientes a cuenta contrato 11756029 (folios 192-, 193 y 195); Acta de inspecciones externas y revisiones internas correspondiente a cuenta contrato 11756029 (folio 193 A); Acta de instalación y cambio de medidor correspondientes a cuenta contrato 11756029 (folio 194); Acta de inspecciones externas y revisiones internas correspondiente a cuenta contrato 11758468 (folio 196); Acta de inspección de consumo correspondientes a cuenta contrato 11758468 (folios 197).
  13. Oficio Radicado No. 20111320660541 fechado 15 de septiembre de 2011 (folio 200), por el cual la demandada remite los antecedentes administrativos de la Resolución SSPD No. 20098140194585 del 14 de diciembre de 2009, en copias debidamente autenticadas (folios 201 a 312).

2.4 ALEGATOS DE CONCLUSION

2.4.1 Demandante

Pide que se despachen favorablemente las pretensiones, para lo cual reseña la actuación procesal, transcribe las pretensiones principales y subsidiaria reitera el concepto de violación en cuanto al desconocimiento del debido proceso que debe imperar en toda actuación administrativa por parte de la demandada, reseña la actuación administrativa surtida por la Empresa para atender la reclamación de la usuaria y los hallazgos de las visitas realizadas al predio, concluyendo que se estableció la inexistencia de fugas perceptibles o imperceptibles. En cuanto a los valores facturados señala que no habían sido facturados precisa que si fueron facturados que lo que se hizo fue una actualización en el sistema de información comercial de la empresa, donde se cargó a la cuenta contrato 11756029 la suma de $89.840, y se cargó a la cuenta contrato 11758468 la suma de $14.710, correspondientes al consumo no facturado de los periodos comprendidos entre el 21 de noviembre de 2008 al 20 de enero de 2009 y del 21 de enero al 19 de marzo de 2009, valores que se cobran por consumos generados en ambas cuentas y por tanto son exigibles al ser disfrutados por los usuarios. Enfatiza que se debe analizar los documentos aportados y demás pruebas incluida la testimonial, que transcribe, con base en la figura de la desacumulación del artículo 150 de la Ley 142 de 1994.

2.4.1 Demandada

Observa el Despacho que el apoderado de la parte demandada hace referencia en sus alegatos de conclusión a los actos administrativos de la empresa demandante originados en la reclamación presentada por Héctor Julio Robles Fajardo, con relación a la cuenta contrato 10102904, así como a la Resolución No. 20098140005575 del 23 de enero de 2009 de la Superintendencia de Servicios Públicos, todo lo cual no corresponde a caso <sic> bajo estudio en este proceso, razón para no reseñar ni tener en cuenta lo allí alegado.

III. CONSIDERACIONES

Se ejerce la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del CCA, subrogado por el Decreto 2304 de 19889 artículo 15, cuyos presupuestos son: i) la existencia de un derecho consagrado en una norma jurídica; li) un acto administrativo; iii) violación del derecho por el acto administrativo.

Atendiendo lo establecido en el CCA artículo 137, numeral 4, en concordancia con el artículo 170 ibídem, el análisis y decisión del caso se concentra en las normas que en la demanda se indican como violadas y en el concepto de violación expuesto en la misma.

3.1 TESIS DE LAS PARTES

La empresa demandante en esencia sostiene que el acto demandado es nulo por cuanto vulnera los postulados establecidos en los artículos 29 y 84 de la Constitución Política, los artículos 146 y 149 y 150 de la Ley 142 de 1994, y el inciso 5o del artículo 5o del C.C.A., dado que a la demandada no le compete exigir o adicionar requisitos a las actuaciones que adelanta la empresa como condición y requisito para que las Empresas puedan facturar servicios, toda vez que en el acto censurado hace una interpretación errónea de la Ley 142 de 1994, al imponer como obligación para el prestador del servicio en la investigación de una desviación significativa, ayudar al usuario a detectar el sitio y causa de las fugas, cuando dicha obligación de acuerdo con el establecido en el parágrafo segundo del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, solo es exigible cuando se presente una fuga imperceptible en las instalaciones del inmueble.

La demandada afirma que no es cierto que haya establecido un procedimiento para que la prestadora cobre los servicios facturados, ni que limitó el derecho de la empresa a facturar el consumo del usuario, sino que sancionó el incumplimiento del prestador frente al artículo 150 de la Ley 142 de 1994 que permite al prestador cobrar consumos no facturados por error u omisión de la empresa hasta por un término de 5 meses.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico principal que plantean las tesis de las partes es el siguiente:

¿El acto demandado lesionó el derecho que la ley reconoce a la empresa prestadora de servicios públicos demandante de cobrar el servicio prestado correspondiente a periodos dejados de facturar?

¿El acto demandado violó el derecho al debido proceso de la demandante estableciendo un procedimiento y requisitos no establecidos en la ley para el cobro por parte de la empresa del servicio prestado correspondiente a periodos dejados de facturar?

Para resolverlo es indispensable revisar la normatividad y jurisprudencia sobre los siguientes temas: derechos de los usuarios y de las empresas prestadoras de servicios públicos en materia de medición y cobro del consumo; reglas sobre la medición del consumo; reglas sobre el cobro de consumos dejados de facturar, previo a abordar estos temas se considerará sobre las excepciones planteadas.

3.3 EXCEPCIONES

La entidad demandada planteó la excepción de legalidad frente a los tres cargos esgrimidos en la demanda, exponiendo en sustento las razones por las cuales el acto no violó las disposiciones invocadas u otras, sino todo lo contrario ajustándose al marco normativo sobre la materia. Considera esta operadora judicial que no constituyen excepción que amerite un pronunciamiento distinto al que ha de hacerse al resolver el fondo del asunto. Es de precisar entonces, que la excepción, en sentido amplio, es todo medio de defensa que propone el demandado frente a las pretensiones del actor, no obstante en estricto sentido se puede afirmar que el fenómeno exceptivo viene a implicar un hecho que por sí mismo tiene el poder jurídico de enervar la pretensión del demandante; las excepciones son hechos impeditivos, modificativos o extintivos que traen como consecuencia que la relación jurídica no produzca efecto legal; en el asunto sub- examine las planteadas como tal tiende solamente a rechazar la pretensión y a oponerse a la misma, razón por la cual no se considerarán y se decidirá de fondo.

3.4 DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIOS PUBLICOS EN MATERIA DE MEDICION DEL CONSUMO

En materia de servicios públicos domiciliarios la Constitución Política de 1991 introdujo importantes reformas, que le permitieron al sector privado participar junto con el Estado en la prestación del servicio, bajo la premisa de que se encuentran sometidas a un régimen especial inspirado en la satisfacción del interés general, la prevalencia y respeto de los derechos de los usuarios.

Este régimen especial se encuentra recogido en la Ley 142 de 1994, que ha sido sometido en reiteradas oportunidades a modificaciones parciales, y que definió no sólo el marco normativo al cual debe someterse la actividad, sino adicionalmente los derechos y deberes tanto de las empresas como de los usuarios.

Hace parte de ellos la medición del consumo y que el consumo constituya el factor determinante del precio del servicio, razón por la cual se exige que éste se controle mediante aparatos técnicos de medición y que en el evento en que no exista forma de determinarlo de manera razonable por causa no imputable a la empresa, sea dable acudir a otros procedimientos de determinación del costo del servicio previstos en la ley, que también se extienden a los casos en que se presentan fugas imperceptibles, que al no ser susceptibles de ser apreciadas por los sentidos, imponen otorgar plazo al usuario para corregirlas y en el entre tanto, dar aplicación al método especial de determinación de la tarifa.

3.5 REGLAS SOBRE LA MEDICION DEL CONSUMO

Al respecto, establecen los artículos 146, 149 y 150 de la Ley 142 de 1994:

"ARTÍCULO 146. LA MEDICIÓN DEL CONSUMO, Y EL PRECIO EN EL CONTRATO: La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.

La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor o usuario, justificará la suspensión del servicio o la terminación del contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el consumo en las formas a las que se refiere el inciso anterior. Se entenderá igualmente, que es omisión de la empresa la no colocación de medidores en un período superior a seis meses después de la conexión del suscriptor o usuario.

[. . .] PARÁGRAFO. La comisión de regulación respectiva, en un plazo no superior a tres años a partir de la vigencia de la presente ley, reglamentará los aspectos relativos a este artículo con el fin de evitar traumatismos en la prestación de los servicios objeto de esta ley.

[. . .] ARTÍCULO 149. DE LA REVISIÓN PREVIA. Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso."

3.6 REGLAS SOBRE EL COBRO DE SERVICIOS DEJADOS DE FACTURAR

Al respecto el artículo 150 de la pluricitada Ley dispone:

ARTÍCULO 150. DE LOS COBROS INOPORTUNOS. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario." (Negrillas y subrayadas del Despacho).

Valga en este punto destacar que el referido Artículo 150 tiene un doble propósito; de una parte, brindar seguridad al usuario respecto de los cobros que hace la empresa, que estos correspondan a los consumos del período facturado y no se convierta en práctica ordinaria la acumulación de cuentas de períodos anteriores de manera injustificada, haciendo imposible su posterior verificación y pago, de otra parte, sancionar la negligencia de la empresa y obligarla a facturar correcta y oportunamente.

En otras palabras, lo que la ley pretende es que sólo de manera excepcional las empresas facturen servicios que no correspondan al del período de lectura inmediatamente anterior a la expedición de la factura.[1

En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional mediante sentencia C-060 de 2005, cuando señaló lo siguiente:

"Habría que agregar también, que el plazo señalado en el artículo 150 de la ley 142 de 1994, establece un término de prescripción en beneficio del usuario y en detrimento de la empresa prestadora del servicio. Lo referido en aras del control de la potestad mencionada de la administración.

En efecto, el lapso de tiempo perentorio de cinco meses otorgado por la ley para el ejercicio de la potestad en cabeza de la administración, concede certeza al usuario y seguridad jurídica, bajo el entendido que desbordado este tiempo no podrán surgir conflictos posteriores, surgidos de la facturación, y en contra del usuario."

De otro lado, respecto de la excepción que establece el artículo 150 ibídem, es decir, los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario, la empresa tendrá la carga de la prueba y deberá demostrar que el usuario tuvo la intención de hacer incurrir a la empresa en el error, la omisión o que su conducta la dirigió a impedir realizar la investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores, para evitar así el cobro de bienes o servicios.

Adicionalmente, se prevé en la normatividad vigente que si la falta de medición del consumo se da por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio, tal y como lo determina el inciso 3o del artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

3.7 EL CASO CONCRETO

En el asunto bajo examen se cuestiona que la empresa no haya dado aplicación a lo previsto por el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, que establece que la Empresa no podrá cobrar consumo dejado de facturar al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas correspondientes, se estima procedente recordar que el cruce de lecturas que se presentó entre las cuentas contrato N° 11756029 y 11758468 fue ocasionado por el cruce de plumas entre sus medidores, situación que con la diligencia requerida habría podido ser detectada con anterioridad y no en perjuicio del usuario, cargar a una factura de un periodo posterior el consumo dejado de facturar correspondiente a periodos anteriores.

La demandante aduce que la demandada limita su derecho a cobrar el consumo del usuario, sin tener en cuenta que se dejó de facturar por el cruce de plumas de los medidores de las cuentas contrato involucradas, detectada solo en la visita que el 22 de mayo de 2009 se realizó y que llevó a la Empresa a realizar las actualizaciones en el sistema de información comercial de la empresa y por ello se cargó a las cuentas contrato 11758468 y 11756029 en la facturación del 20 de marzo al 19 de mayo de 2009, los metros cúbicos consumidos y dejados de facturar de los periodos del 21 de noviembre de 2008 al 20 de enero de 2009 y del 21 de enero al 19 de marzo de 2009.

Que en el presente caso, verbalmente se solicitó para la cuenta contrato 11756029 visita al predio realizada por la Empresa mediante aviso No. 8013272175 del 22 de mayo de 2009 en la que se encontró la acometida con servicio normal, revisión interna sin fugas, el medidor registra al exigirle con prueba de llaves, medidor ACTARIS No. de serie Y08S85734 con lectura de 155 m3, se confirma con prueba de llaves que las plumas correspondientes al piso 4o y 3o se encuentran cruzadas, uso residencial con una unidad habitacional, 5 habitantes, existencia de error de lectura con cuenta contrato 11758468 con medidor ACTARIS Y08S285358 Y Lectura 12, hallazgos con fundamento en los cuales se realizaron las actualizaciones en el sistema de información comercial de la empresa, razón por la cual se cargó a las cuentas contrato 11756029 y 11758468 las sumas de $89.840 y $14.710 correspondiente al consumo no facturado de los periodos del 21 de noviembre de 2008 al 20 de enero de 2009 y del 21 de enero al 19 de marzo de 2009.

Al respecto cabe precisar que siendo la medición individual del consumo un derecho del usuario, constituye obligación de la empresa la facturación real del mismo y por ende la realización de toda actividad tendiente a emitir cada factura de acuerdo al consumo real que se presente para cada periodo, cuyo desconocimiento es el fundamento del acto administrativo demandado, como quiera que habiendo podido detectarlo, solo con ocasión de una reclamación, la Empresa advirtió la existencia del cruce de plumas entre las dos cuentas contrato referidas, superando el límite de los 5 meses previsto en el artículo 150 de la Ley 142 de 1994 como término para su cobro.

A partir de las consideraciones anteriores, podemos concluir que si en una revisión previa la empresa hubiese determinado la existencia del cruce de plumas, la misma no tendría que haber cargado en una sola factura el consumo que por su propia incuria dejó de facturar.

Así las cosas, se impone denegar las pretensiones de la presente acción, pues se estima que en el asunto bajo examen la EAAB si vulneró el debido proceso del usuario ya que generó cobros por periodos que dejó de facturar por su propia culpa, desconociendo con tal proceder lo previsto en el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, razón por la cual la decisión de la entidad demandada se encuentra amparada en el marco legal sobre la materia.

Por lo expuesto, fácil es concluir que la actuación adelantada por la Superintendencia sí respetó las etapas procesales previstas por la Ley 142 de 1994 y demás normas aplicables en materia de "cobros inoportunos", teniendo que la decisión cuestionada dentro de este proceso se adoptó con fundamento en los documentos remitidos por la empresa, que daban cuenta por sí mismos de las deficiencias a las cuales se ha hecho mención en este proveído.

Solo resta precisar que tampoco advierte el Despacho que la Superintendencia haya incurrido en violación del debido proceso, toda vez que el recurso de apelación fue resuelto con base en la documentación obrante en los antecedentes administrativos acopiados por la empresa, no siendo exigible que en el trámite de la apelación se ordenara la práctica de nuevos medios de prueba, en cuanto con ello se sustituiría a la obligada en hacerlo y en vulneración de los derechos del usuario, que se reitera, por ser la parte más débil de la relación, debe contar con todas las garantías que le ofrece el ordenamiento jurídico, incluida la debida fundamentación de las decisiones que se adopten en su contra o que incidan en su patrimonio.

En consecuencia, puede colegirse que la actuación adelantada por la Superintendencia respetó las etapas procesales y que la decisión cuestionada dentro de este proceso se adoptó con fundamento en los documentos remitidos por la empresa, que daban cuenta por sí mismos de las deficiencias a las cuales se ha hecho mención en este proveído.

De otra parte, tampoco se advierte configuración de causal de anulación de falta de competencia, pues es claro que el procedimiento exigido por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS para considerar investigada en debida forma la causa de la desviación significativa encuentra soporte en lo previsto en los artículos 146 y siguientes de la Ley 142 de 1994, así como en la Resolución CRA 413 de 2006.

Por lo acotado, el análisis realizado se estima suficiente para concluir que en el asunto bajo examen la demandada si actuó dentro del marco de sus competencias legales, no incurrió en infracción a las normas en que debía fundarse en la expedición del acto demandado, no asumió facultades reconocidas a otras autoridades y tampoco desconoció los derechos al debido proceso y de audiencia y defensa de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, como se afirma en la demanda, razón por la cual procede denegar sus pretensiones al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad que ampara el acto demandado.

En mérito de lo expuesto, y no advirtiéndose configuración de causal de nulidad que invalide lo actuado, el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

RESUELVE

PRIMERO. Negar las súplicas de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P., en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO.- Sin condena en costas.

TERCERO.- Notifíquese la presente decisión a las partes, en la forma indicada en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo, que se encuentra en concordancia con lo previsto en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO.- Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE a la interesada el remanente de la suma que se ordenó pagar para gastos ordinarios del proceso si los hubiera; déjese constancia de dicha entrega, previo a lo cual se deberá adjuntar al expediente la liquidación de gastos ordinarios del proceso debidamente suscrita por el Secretario del Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUZ DARY AVILA DÁVILA

Juez

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Propiedades
Última modificación:4/09/2012 11:37:21 AM
Servicios Públicos: - Acueducto
Publicado:1/06/2012 07:59:00 AM
 
Problema Jurídico:
1.¿ El acto demandado lesionó el derecho que la ley reconoce a la empresa prestadora de servicios públicos demandante de cobrar el servicio prestado correspondiente a periodos dejados de facturar? 2. El acto demandado violó el derecho al debido proceso de la demandante estableciendo un procedimiento y requisitos no estabecidos en la la ley para el cobro por parte de la empresa del servicio prestado correspondiente a periodos dejados de facturar?
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