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 Concepto SSPD 695 de 2010
  
 

CONCEPTO 695 DE 2010

(noviembre 05)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Radicado No.: 20101301000571

Fecha: 05-11-2010

Bogotá, D.C;

CONCEPTO SSPD-OJ-2010-695

Señor

ANTONIO JOSE LOPEZ PATIÑO

Calle 11 Nro. 5 – 29 Edificio Banco de Occidente Oficina 305

Cartago – Valle del Cauca

Ref. Su solicitud de concepto1

Sea lo primero señalar, que los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en respuesta a un derecho de petición en la modalidad de consulta, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, son orientaciones y puntos de vista, que no comprenden la solución directa de problemas específicos, ni el análisis de actuaciones particulares; la respuesta es general y no tiene carácter obligatorio ni vinculante.

1. El acto de retirar temporalmente los instrumentos de medida para verificar su estado es susceptible de los recursos en la vía gubernativa?

Tal como se lo hemos señalado a usted en reiteradas ocasiones, el legislador ha determinado frente a cuales actos las empresas de servicios públicos ejercen potestades públicas frente a sus usuarios. Es así, como en la Ley 142 de 1994, el legislador estableció lo siguiente:

Artículo 32. Régimen de Derecho Privado para los actos de las empresas. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.

Artículo 154. De los Recursos. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a REVISAR CIERTAS DECISIONES que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo consagre la ley.

De conformidad con los artículos citados, siempre que las empresas de servicios públicos profieren actos referentes a la negativa del contrato, su suspensión, terminación, corte y facturación, se encuentran ejerciendo una potestad pública y por lo tanto pronunciando su voluntad en un acto dotado de la naturaleza de administrativo.

Por lo anterior, cualquier otra reclamación que no corresponda a los actos señalados en el articulo 154 de la Ley 142 de 1994, no corresponderá a un acto administrativo de los que la Ley ha dispuesto para las empresas de servicios públicos, por la simple razón de que la Ley no ha determinado como administrativos a dichos actos.

2. En el retiro del medidor para verificar su estado, al menos en el servicio de acueducto, se debe atender el debido proceso establecido en la Circular SSPD 006 de 2007 particularmente en sus artículos 2.5, 2.6 y 2.7?

Con relación a la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los medidores, el artículo 14 del Decreto 302 de 2000, dispone:

Artículo 14. De los Medidores. Los contratos de condiciones uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos de agua, en tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan y la entidad prestadora de los servicios públicos deberá aceptarlo siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente.

La entidad prestadora de los servicios públicos podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las características técnicas de los medidores, las condiciones para su reemplazo y el mantenimiento que deba dárseles.(…)”

Por su parte, el artículo 19 del Decreto 302 de 2000, modificado por el artículo 7 del Decreto 229 de 2002, dispone lo siguiente:

Artículo 19. Cambio de medidor. La Entidad Prestadora de los Servicios Públicos, podrá cambiar el medidor cuando éste no tenga el diámetro adecuado para el servicio que se presta. En tales casos, el suscriptor o usuario pagará a la Entidad Prestadora de los Servicios Públicos, según la diferencia entre el valor del medidor nuevo y el valor del medidor retirado, a los precios vigentes, así como de los materiales derivados de tales obras, a los precios vigentes, sea en su contra o a su favor en un plazo máximo de seis (6) meses.

Cuando a juicio de la empresa el medidor no registre adecuadamente el consumo, la empresa podrá retirarlo temporalmente para verificar su estado. Si como resultado de esta actuación se determina una falla en el instrumento de medida, se dará al suscriptor o usuario la opción de repararlo, si técnica y económicamente esta resulta procedente.

En caso de requerirse el cambio del medidor, el suscriptor o usuario tendrá la opción de adquirirlo a quien a bien tenga, evento en el cual si éste reúne las características técnicas establecidas en el contrato de condiciones uniformes, la empresa deberá aceptarlo, o la empresa podrá suministrarlo previa autorización del suscriptor.(…)”

En conclusión, el usuario o suscriptor puede adquirir su equipo de medición con la empresa prestadora del servicio público o con quien estime conveniente, pero debe cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de condiciones uniformes de la empresa; en todo caso, el pago del mencionado equipo de medición corre a cargo del mismo.

De conformidad con el artículo 144 de la ley 142 de 1994, no será obligación del suscriptor o usuario, cerciorarse que los equipos de medida funcionen en forma adecuada, pero sí es su obligación hacerlos reparar o reemplazarlos cuando se verifique que su funcionamiento no permite medir adecuadamente sus consumos. Los medidores no podrán cambiarse, hasta tanto no se determine que su funcionamiento esta por fuera del rango de error admisible. Dispone igualmente esta norma, que si pasado un período de facturación el suscriptor o usuario no ha cambiado o reemplazado el medidor, la empresa puede hacerlo por cuenta del suscriptor o usuario.

Si durante la visita de la empresa se determina que es necesario retirar el medidor, en el Acta debe quedar constancia de las causas del retiro del medidor. Si después de la revisión en un laboratorio acreditado se encuentra que el medidor está funcionando adecuadamente, la empresa no puede obligar al usuario a cambiar, ni mucho menos pagar, dicho medidor.

Finalmente, según esta disposición, los costos de reparación y reemplazo de los medidores deben ser asumidos por el suscriptor o usuario, lo cual debe entenderse en el contexto de que la reparación o el cambio hayan sido necesarios. Sobre este mismo aspecto, la Resolución CREG 413 de 2006, señaló lo siguiente:

Artículo 12. Derecho a solicitar la asesoría o participación de un técnico en caso de revisiones. En los casos de revisión o retiro provisional por presuntas anomalías no imputables a la empresa, ni generadas por el uso normal de los bienes en la conexión domiciliaria y en el equipo de medida, cambio del mismo y visitas técnicas, los suscriptores o usuarios tendrán derecho a solicitar la asesoría o participación de un técnico particular o de cualquier persona para que verifique el proceso de revisión de los equipos de medida e instalaciones internas. Del concepto del técnico particular, deberá dejarse constancia en acta que se levante para el efecto.

Para hacer efectiva esta asesoría o participación, el prestador deberá dar aviso de la visita correspondiente a la revisión o retiro provisional, así como de cualquier visita de carácter técnico, con antelación mínima de tres (3) días hábiles, indicando la fecha y el momento del día, mañana o tarde, durante el cual se realizará la visita.

En el caso de visitas técnicas tendientes a la detección de anomalías no imputables a la empresa, ni generadas por el uso normal de los bienes en la conexión domiciliaria y en el equipo de medida o para evitar un perjuicio mayor a los usuarios relacionando con la continuidad y calidad del servicio, el período de antelación al que hace referencia del inciso anterior será de una (1) hora para obtener la asesoría o participación de un técnico.

En todo caso, el suscriptor o usuario podrá renunciar a la posibilidad de contar con la asesoría o participación de un técnico, situación que se hará constar por escrito, con la firma del suscriptor o usuario.

De igual forma, una vez cumplidos los términos consagrados en el presente artículo sin que el suscriptor o usuario haga uso de su derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, el prestador podrá realizar la revisión correspondiente y dejará constancia de tal situación en acta que contará con la firma del suscriptor o usuario. Si este último se negare a suscribir el acta, se seguirá la regla consagrada en el inciso 4o del siguiente artículo.

Artículo 13. Retiro del Medidor. Artículo modificado por el artículo 4 de la Resolución 457 de 2008. Cuando sea necesario proceder al retiro del medidor, se comunicará al suscriptor o usuario, con una antelación no inferior a dos (2) días hábiles a la fecha de la operación, indicándole la posibilidad de ejercer el derecho consagrado en el artículo anterior de la presente resolución. Una vez se lleve a cabo la operación, se suscribirá un acta en la que conste el estado en que se encuentra el equipo y la forma como se procedió a su retiro. En este documento, el suscriptor o usuario dejará las constancias que considere necesarias. Los datos que se consignen en la respectiva acta deben ser legibles, claros, sin tachones o enmendaduras; copia de esta acta se entregará al suscriptor o usuario, quien deberá firmarla.

Si el suscriptor o usuario se niega a firmar el acta respectiva, el funcionario de la empresa dejará constancia explicando las razones que motivan la no suscripción del acta por parte del suscriptor o usuario y esta deberá contar con la firma de dos (2) testigos diferentes al personal de la empresa.

En todo caso, el Prestador deberá entregar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al retiro del medidor el informe de revisión realizado por el laboratorio debidamente acreditado. Si como resultado de la revisión técnica, se concluye que el medidor no funciona adecuadamente, la decisión será comunicada al suscriptor o usuario, adjuntando el resultado.

El suscriptor o usuario tendrá la opción de reemplazarlo o repararlo asumiendo los costos correspondientes. Si la reparación o el reemplazo la realiza alguien diferente del prestador, el suscriptor deberá enviarlo a este para que proceda a instarlo. En aquellos casos en los cuales el suscriptor o usuario, presente un informe de calibración del equipo de medida expedido por un laboratorio debidamente acreditado, se dará por cumplida la condición establecida en el artículo 10 de la presente resolución. Si por el contrario el usuario o suscriptor no presenta dicho informe, el prestador podrá, a cargo del suscriptor o usuario, calibrar el equipo en un laboratorio debidamente acreditado.

El prestador será responsable de la conservación de las condiciones técnicas del equipo retirado en el estado que conste en el acta de retiro, documento en el que el suscriptor o usuario tendrá la posibilidad de consignar las observaciones que considere pertinentes respecto de la forma en que el prestador procedió a colocar el aparato de medición en el vehículo que lo transportará. El prestador deberá registrar las actividades de manejo y transporte de las evidencias físicas involucradas en su actuación, a fin de conservar el estado real del equipo de medición al momento del retiro.

En caso de no instalarse el medidor provisional como consecuencia del retiro del medidor, será aplicable la previsión del artículo 146 de la Ley 142 de 1994. En todo caso, una vez vencido el término consagrado en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, para efectos del reemplazo o reparación de los medidores, sin que el suscriptor o usuario hubiere tomado las medidas allí establecidas, el prestador podrá tomar las medidas pertinentes para garantizar la efectiva medición del consumo.

Parágrafo. En caso de ser necesario el control metrológico del equipo de medida, este deberá realizarse en un laboratorio de calibración, debidamente acreditado por el organismo nacional competente para tal efecto. Igual requisito deberán cumplir los medidores provisionales.

De lo anterior que la misma normativa vigente ha señalado un debido proceso que debe llevarse a cabo siempre que se este ante un cambio de medidor. Este debido proceso es obligatorio y no optativo por parte de la empresa, ya que con ello se busca garantizar el respeto por los derechos del usuario y la garantía de que frente a cada una de las acciones de la empresa dentro del proceso de cambio y retiro del medidor, el usuario haya podido participar y ejercer su derecho de defensa y contradicción libremente, así como conocer cada una de las causas que motivan la decisión de la empresa y las pruebas que la sustentan.

Lo citado se sustenta en que de encontrarse que el medidor está funcionando adecuadamente después de haber sido revisado por el laboratorio acreditado y cumple con las normas técnicas establecidas, la empresa no puede obligar al usuario a cambiar dicho medidor o a pagar uno nuevo.

De otra parte hay que señalar que el artículo 144 de la ley 142 de 1994, señala que los contratos de condiciones uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos.

En tal caso, los suscriptores o usuarios pueden decidir con libertad a qué persona le adquieren los instrumentos de medición y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas que la empresa haya establecido en las condiciones uniformes del contrato.

Esta disposición no hace nada distinto de reconocer el derecho de los usuarios a escoger libremente la persona que le suministre los bienes que requiera para usar el servicio. En efecto, el numeral 9.2 del artículo 9 de la ley 142 de 1994, dispone que, además del derecho a la libre elección del prestador, los usuarios de los servicios públicos tienen derecho a elegir libremente el proveedor de los bienes necesarios para su obtención o utilización.

Pero ese derecho de elección no sólo se predica de la adquisición de los medidores; lo dispuesto en el numeral 9.2 del artículo 9 debe entenderse de manera amplia cuando habla de elegir libremente el proveedor de los bienes necesarios para su obtención o utilización. En ese sentido, siempre que haya oferta en el mercado de bienes o servicios, el suscriptor puede escoger libremente quien repare o mantenga los equipos de medida. Sin embargo, como señala el artículo 144 de la ley 142 de 1994, los contratos pueden reservar a las empresas, por razones de seguridad comprobables, la calibración y mantenimiento de los medidores.

La infracción de lo dispuesto en estas normas puede constituir abuso de posición dominante de las empresas de servicios públicos frente a los usuarios, de conformidad con el artículo 133 de la ley 142 de 1994, en particular a lo preceptuado en el numeral 133.5. También podría haber infracción del artículo 34 de la ley 142 de 1994, en la medida en que se restringiera la oferta de tales bienes o servicios a eventuales competidores o proveedores de dichos bienes.

De lo anterior que siempre que haya oferta disponible de los bienes o servicios a que se refiere el artículo 144 de la ley 142 de 1994, el usuario tiene derecho a escoger libremente tales bienes o servicios.

Teniendo claro dicho marco legal antes citado, hay que precisar que al resolver las reclamaciones las empresas se comportan como autoridad administrativa y por lo tanto su actuación debe hacerse con observancia de los principios y normas que regulan las actuaciones de las autoridades administrativas, dentro de los cuales son de especial relevancia las del debido proceso que consagra el artículo 29 de la Constitución Política.

La Constitución Política estableció, que el debido proceso debe ser respetado como un principio básico del Estado Social de Derecho, del cual se derivan otros derechos fundamentales como el de defensa, de contradicción y presunción de inocencia, a los cuales deben sujetarse las autoridades en todas y cada una de sus actuaciones administrativas.

El debido proceso significa que las decisiones sean tomadas por el funcionario competente, que estén conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa y con observancia de las formas propias de cada juicio.

De lo anterior que un prestador incurrirá en violación al debido proceso si se abstiene de aplicar o interpreta indebidamente cualquiera de las normas citadas previamente o, en general, cualquiera otra que tenga que ver con el respeto al debido proceso.

Sobre el particular, la Corte Constitucional mediante Sentencia T- 1263 del 29 de noviembre de 2001: (...) el derecho fundamental al debido proceso se consagra constitucionalmente como la garantía que tiene toda persona a un proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento en que el Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos fundamentales. El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado (…)

En este sentido, el debido proceso administrativo, es un derecho fundamental predicable no solo de los procesos judiciales, sino también las actuaciones administrativas, por lo que es indudable que todas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios tienen el deber de garantizar el ejercicio de este derecho constitucional, en la medida que la ley les ha atribuido prerrogativas propias de las autoridades administrativas.

Lo anterior, en razón a que todo proceso es comprensivo de un conjunto sucesivo y ordenado de etapas, pasos o fases preestablecidas y determinadas tanto en la ley como en el Contrato de Condiciones Uniformes, a través de las cuales se va produciendo la decisión administrativa y para que este se pueda calificar como debido, su aplicación debe asegurar por lo menos dos finalidades esenciales: el derecho de defensa y el derecho de contradicción.

El debido proceso no consiste únicamente en garantizar al ciudadano que el acto administrativo será dictado como consecuencia de la adecuada aplicación de un procedimiento determinado, sino que, el debido proceso es en sí mismo un postulado de orden general que se desarrolla a través de una serie de actuaciones concretas que garantizan y posibilitan al usuario el derecho efectivo a participar en la toma de decisiones de la administración que le puedan afectar.

3. Cuando se trata de un medidor de control, aplica también el procedimiento?

El artículo 5 el Decreto 229 de 2002, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 del 25 de febrero de 2000 señala lo siguiente:

Artículo 5o. El artículo 16 del Decreto 302 de 2000, quedará así: Artículo 16. De los medidores generales y de control. En el caso de edificios o unidades inmobiliarias cerradas podrá existir un medidor de control inmediatamente aguas abajo de la acometida. Deben existir medidores individuales en cada una de las unidades habitacionales o no residenciales que conforman el edificio o las unidades inmobiliarias o áreas comunes.

Las áreas comunes de edificios o unidades inmobiliarias cerradas deben disponer de medición que permitan facturar los consumos correspondientes. De no ser técnicamente posible la medición individual del consumo de áreas comunes, se debe instalar un medidor general en la acometida y calcular el consumo de las áreas comunes como la diferencia entre el volumen registrado por el medidor general y la suma de los consumos registrados por los medidores individuales”.

De acuerdo con el inciso segundo de la disposición arriba transcrita es obligatorio que las áreas comunes de edificios o unidades inmobiliarias cerradas dispongan de medición que permita facturar los consumos correspondientes.

Solamente en caso de que no sea técnicamente posible la medición individual del consumo de áreas comunes se debe instalar un medidor general en la acometida y calcular el consumo de las áreas comunes como la diferencia entre el volumen registrado por el medidor general y la suma de los consumos registrados por los medidores individuales.

La anterior disposición debe entenderse en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 32 de la Ley 675 de 2001 que señala lo siguiente respecto a la facturación de los servicios públicos domiciliarios a zonas comunes de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal:

Artículo 32. Objeto de la persona jurídica. (…) Parágrafo. Para efectos de facturación de los servicios públicos domiciliarios a zonas comunes, la persona jurídica que surge como efecto de la constitución al régimen de propiedad horizontal podrá ser considerada como usuaria única frente a las empresas prestadoras de los mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro del servicio se hará únicamente con fundamento en la lectura del medidor individual que exista para las zonas comunes; en caso de no existir dicho medidor, se cobrará de acuerdo con la diferencia del consumo que registra el medidor general y la suma de los medidores individuales. (...)”

Conforme a la norma transcrita, para el caso de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal el cobro de los servicios públicos domiciliarios de las zonas comunes, se hará a la persona jurídica resultante de la constitución del régimen de propiedad horizontal que ha solicitado que sea considerada como usuaria única frente a la empresa prestadora del servicio, con fundamento en la lectura del medidor individual que exista para las zonas comunes.


De acuerdo con la misma disposición, en caso de no existir medidor individual para las zonas comunes o de no ser técnicamente posible la medición a través de un medidor individual, el consumo de éstas se cobra de acuerdo con la diferencia del consumo que registra el medidor general y la suma de los medidores individuales.

De otra parte, cabe precisar que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante Circular CRA No. 03 del 21 de abril de 2005,- basada en el concepto emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial señaló lo siguiente respecto al alcance de la expresión técnicamente posible:

En relación con el alcance de la expresión “técnicamente posible”, debe entenderse que la imposibilidad técnica se presenta cuando existen limitaciones físicas o económicas que hacen demasiado costosa la realización de una actividad. Hay que recordar que la factibilidad técnica de un proyecto de ingeniería, cualesquiera que éste sea, conlleva implícitamente una factibilidad económica y financiera, sin la cual no es recomendable ni conveniente su ejecución.

 

Expresado de otra manera, un proyecto se entiende técnicamente posible cuando la tecnología o los procedimientos disponibles para llevarlo a cabo son realizables a un costo razonable; por lo tanto, no basta tomar en cuenta las consideraciones meramente físicas de la obra sino adicionalmente las económicas, máxime cuando es a otra persona, en este caso el usuario, a quien le corresponde asumir los costos derivados de la independización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 302 de 2000”.

De lo anterior que la regulación misma ha previsto cuando es procedente la instalación de medidor de control y cual sera su funcionalidad, por lo que será a dicha regulación a quien debe acudirse en el caso de instalación o retiro del mismo.

4. En el servicio de energía eléctrica cual es el procedimiento a seguir?

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.1 de la Ley 142 de 1994, los usuarios tienen derecho a obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de los plazos y términos que para los efectos fije la Comisión Reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las empresas o a las categorías de los municipios establecida por la Ley.

Por su parte, el articulo 144 de la misma Ley señala que en los contratos de condiciones uniformes la empresa puede exigir que los usuarios o suscriptores adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos para la medición de los mismos y el artículo 145 dispone que las condiciones uniformes del contrato permitirán tanto a la empresa como al usuario o suscriptor, verificar el estado de los medidores y obligará a tomar las precauciones necesarias para que no se alteren. La empresa podrá retirar temporalmente los medidores para verificar su estado de funcionamiento.

Ahora bien, no es obligación del usuario o suscriptor cerciorarse de que los medidores funcionen, pero si es obligación hacerlos reparar o reemplazar a satisfacción de la empresa cuando se determine que su funcionamiento no permite la lectura de los consumos adecuadamente, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos.

Si el usuario o suscriptor, pasado un período de facturación, no toma las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.

Del contenido de las citadas normas, se concluye que es obligación de las empresas de servicios públicos velar por el adecuado funcionamiento de los equipos de medición, y es obligación de los usuarios su mantenimiento o reparación.

Para el caso específico del servicio de energía, la Comisión de Regulación de Energía y gas Combustibles expidió la Resolución CREG 070 de 1998 Reglamento de Distribución de energía eléctrica, el cual señala las normas relativas a las características técnicas que deben reunir los equipos de medida, a las cuales deben sujetarse tanto las empresas como los usuarios, así como las condiciones para la instalación y mantenimiento o reparación de los mismos.

Es así, como dicha Resolución en su articulo 7.6 dispuso que el comercializador puede hacer pruebas rutinarias al equipo de medida, por iniciativa propia o por petición del Operador de la Red o del Usuario, para verificar su estado y funcionamiento; igualmente, dispone que si como resultado de dichas pruebas, el prestador encuentra que el medidor no está dando las medidas correctas, notificará al Usuario afectado y establecerá un plazo para la calibración, reparación o reposición del equipo defectuoso, el cual no podrá ser inferior a siete (7) días hábiles, ni superior a treinta (30) días hábiles.

En el evento citado, si el Usuario no calibra, repara o reemplaza el equipo en el plazo estipulado, el comercializador procederá a realizar la acción correspondiente a costa del Usuario.

Acorde con lo anteriormente expuesto, el artículo 144 de la Ley 142 de 1994 permite a las empresas solicitar a los usuarios el cambio de los medidores cuando se cumplan los requisitos allí establecidos e igualmente desarrollados en el artículo 26 de la Resolución CREG 108 de 1997 y en el numeral 7.6 del anexo general de la Resolución CREG 070 de 1998, entendiendo necesario el cambio de medidor cuando se demuestre que su registro no cumple con las características mínimas técnicas descritas y resaltando que el equipo de medida de un usuario puede ser revisado, calibrado y/o programado por una persona diferente al comercializador que atiende el usuario, siempre y cuando esté debidamente acreditada ante la autoridad nacional competente, en este caso, teniendo en cuenta lo señalado en el Decreto 4738 de 2008 y 323 de 2010 el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC.

De encontrarse que el medidor está funcionando adecuadamente después de haber sido revisado por el laboratorio acreditado y que cumple con las normas técnicas establecidas, la empresa no puede obligar al usuario a cambiar dicho medidor.

En caso que sea requerido el cambio, se entiende que se debe notificar al usuario de esta decisión, para que éste último pueda elegir sobre la adquisición del equipo de medida a la empresa respectiva o en el mercado, de acuerdo con las características solicitadas por la empresa y antes que trascurra un periodo de facturación; de lo contrario, la empresa se encontrará autorizada para instalar el medidor y cobrarlo al usuario.

Por tanto, es obligación del prestador de servicios públicos velar por el adecuado funcionamiento de los equipos de medición, para lo cual puede hacer revisiones rutinarias al equipo de medida por iniciativa propia o por petición del usuario. A su vez, es obligación de los usuarios su mantenimiento o reparación.

Lo anterior, en consideración a que cuando la empresa determine que el funcionamiento del medidor no permite la lectura adecuada del consumo o que debe cambiarse por cambio tecnológico, debe dar aviso al usuario y señalarle un término para la calibración, reparación o reposición del equipo defectuoso, el cual no podrá ser inferior a siete (7) días hábiles, ni superior a treinta (30) días hábiles.

Si una vez informado el usuario, pasado un período de facturación, no repara o reemplaza el medidor la empresa lo debe hacer por cuenta del usuario.

Finalmente, le informamos que esta Superintendencia ha puesto a disposición de la ciudadanía un sitio de consulta al que usted puede acceder en la siguiente dirección: http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/index. Ahí encontrará normativa, jurisprudencia y doctrina sobre los servicios públicos domiciliarios, en particular los conceptos emitidos por esta Entidad.

Cordialmente,

MARINA MONTES ALVAREZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica

1 Reparto 1456 Radicado 2010529-052669-2

Preparado por: YOLIMA HERNANDEZ ALCALA Asesora Oficina Asesora Jurídica

Revisado por: ANDRÉS DAVID OSPINA RIAÑO Asesor Oficina Asesora Jurídica

Tema: RETIRO DE MEDIDORES

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Última modificación:6/02/2011 12:41:14 AM
Servicios Públicos: - General a los servicios publicos
 
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1. El acto de retirar temporalmente los instrumentos de medida para verificar su estado es susceptible de los recursos en la vía gubernativa? 2. En el retiro del medidor para verificar su estado, al menos en el servicio de acueducto, se debe atender el debido proceso establecido en la Circular SSPD 006 de 2007 particularmente en sus artículos 2.5, 2.6 y 2.7?
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ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"