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 Concepto SSPD 158 de 1999
  
 

CONCEPTO 158 DE 1999

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Santa Fe de Bogota, D.C., 99--529-

99-130

Doctor

ROBINSON ARREDONDO M.

Profesional de Planeación Corporativa

Empresas Municipales de Cali EICE

Ref. Su comunicación enviada por fax

 Respetado Doctor:

En relación con la comunicación de la referencia, se procede a dar respuesta

conforme a lo previsto en el artículo 25 del C.C.A..

I.- REGIMEN PRESUPUESTAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO.

Para efectos de determinar el conjunto normativo aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios, con participación de departamentos, municipios o sus entidades descentralizadas, debe partirse de las modificaciones que introdujo la Constitución de 1991 al sistema nacional y territorial del presupuesto, orientadas hacia la coordinación de la autonomía de las entidades territoriales con el mantenimiento de la unidad orgánica presupuestal en los distintos niveles administrativos. Así lo dispone el artículo 352 Superior:

Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica de presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los. entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.

De manera que, en lo atinente a la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos, así como de la inversión de sus excedentes, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado están sometidas a las directrices que fije el gobierno.

En este sentido. el Consejo Superior de Política Fiscal - Confis, tiene entre otras funciones la de aprobar y modificar, mediante resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas Industriales y Comerciales del Estado, previa consulta del Ministerio respectivo.

Así las cosas, para efectos de determinar el conjunto normativo aplicable a las. empresas de servicios públicos domiciliarios, con participación de departamentos, municipios o sus entidades descentralizadas, debe partirse de las modificaciones que introdujo la Constitución de 1991 al sistema nacional y territorial del presupuesto, orientadas hacia la coordinación de la autonomía de las entidades territoriales con el mantenimiento de la unidad orgánica presupuestal en los distintos niveles administrativos.

Por otro lado el artículo 353 de la Constitución Política establece:

"Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboraci6n, aprobación y ejecución de su presupuesto "

Así mismo, el artículo 50. Del decreto 111 de 1996 (compilatorio de las normas en materia de presupuesto leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995) prescribe:

"Las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la Nación o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuéstales el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado".

Esto significa que las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la nación o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, así como las entidades descentralizadas que venían prestando esos mismos servicios al entrar en vigencia la ley 142 de 1994 y que adopten la forma de empresa industrial y comercial del Estado, están sometidas a un régimen presupuestal compuesto por aquellas disposiciones que expresamente sean aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado (Art. 3° inc. 4).

La norma citada comprende a las entidades territoriales ya sus entidades descentralizadas, toda vez que mientras estas expiden sus propias normas orgánicas, se les aplicará la ley orgánica del presupuesto (Art. 109), debiendo aclarar que la situación de ausencia de normas orgánicas locales no debía prolongarse más allá del 31 de diciembre de 1996, fecha límite para la expedición de las normas locales sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos (Art.104).

II.- MARCO LEGAL DE LOS SUBSIDIOS

La preocupación real que motivó la expedición de la Ley 142 de 1994 fue la de interpretar a cabalidad el espíritu del constituyente en cuanto a solucionar los problemas de eficiencia, cobertura y calidad de la prestación de los servicios públicos, para superar condiciones de inequidad y marginalidad en que se desenvuelven amplios sectores de nuestra población. Es por ello que la misma ley determina las pautas generales para la organización del régimen de subsidios, como medio para ampliar la cobertura de  los  servicios,  vale decir,  incluir  nuevos  usuarios  y no solamente atender los  que hoy existen,  delegando  en  la  Superintendencia, funciones Presidenciales en materia de vigilancia y control en todo lo que a servicios públicos se refiere, pues un Estado que utiliza sus recursos en un esquema de libertad de empresa e iniciativa privada, no puede dejar de lado su

responsabilidad social, merced a que el interés general prevalece sobre el interés particular.

En tales condiciones se tiene que la Constitución agregó al criterio de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos, para lo cual el mismo constituyente esbozó el mecanismo de utilizar recursos públicos que lleguen directamente a los usuarios y no a las empresas, como en buena parte había sido tradicional .

Ahora bien, al costo del servicio se debe agregar una sobretasa de hasta el 20% (determinada por cada Comisión de Regulación) que pagarán los usuarios residenciales de estratos 5 y 6 y todos los no residenciales. Dichos dineros tienen el carácter de públicos y, en su totalidad, tendrán que utilizarse para otorgar subsidios únicamente a los usuarios de los estratos 1 y 2 y en ciertos casos, del estrato 3, que devenguen menos de dos salarios mínimos familiares mensuales. Para facilitar el mecanismo, cada empresa recauda la sobretasa y la destina a disminuir la factura de los subsidiados.

Los subsidios a los estratos mencionados deben cubrir una parte del costo solamente, porque se busca que los que reflejen los costos de administración y mantenimiento deban ser recuperados por la vía tarifaria, se debe subsidiar entonces únicamente la parte que recupere la inversión en diferentes proporciones: 50% el estrato 1, 40% el estrato 2 y el 15% el 3, en este caso solamente si la comisión respectiva así lo dispone.

Así mismo, tampoco se puede subsidiar la totalidad del consumo sino solamente aquel que satisfaga las necesidades básicas del usuario, como lo ordena la Constitución, con ello se busca incentivar el ahorro del bien o servicio respectivo

De otro lado cabe destacar que los fondos presupuestales destinados a subsidios son considerados inversión social, y podrán utilizarse como fuentes de los subsidios los ingresos corrientes y de capital, las participaciones en los ingresos corrientes de la nación y los recursos de los impuestos. En todo caso no se utilizarán recursos del crédito.

En lo que toca a energía eléctrica y gas combustible, los superávit generados por las empresas prestatarias serán transferidos al presupuesto de la Nación, Ministerio de Minas y Energía al tenor de lo dispuesto por el artículo 89.3 de la ley 142 de 1994:

(..)El congreso destinará, como inversión social, a dar subsidios que permitan generar, distribuir y transportar energía eléctrica y gas combustible a usuarios de estratos bajos y expandir la cobertura en las zonas rurales, preferencialmente para incentivar la producción de alimentos y sustituir combustibles derivados del petróleo.(..)”.

En el mismo sentido, el artículo 99.8 de la ley en cita prescribe:

“(...) cuando los concejos creen los fondos de solidaridad ara subsidios redistribución de intereses y autoricen el pago de los subsidios a través de las empresas pero con desembolsos de los recursos que manejen las tesorerías municipales, la transferencia de recursos se hará en un plazo de 30 días contados desde la misma fecha en que se expida la factura a cargo del municipio, para asegurar la transferencia, las empresas firmarán contratos con el municipio(..)”.

Viene como conclusión de lo expuesto, que la concesión de los subsidios de acuerdo a lo establecido en el artículo 368 de la Carta Política, concordante con el artículo 99 de la Ley 142 de 1994, compete a la nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas, quienes podrán concederlos en sus respectivos presupuestos, para que las personas de bajos ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios.

Es importante advertir que lo anterior, se sujetará a las siguientes reglas:

2.1.- Debe indicarse específicamente el tipo de servicio subsidiado.

2.2.- Se señalará la entidad prestadora que repartirá el subsidio.

2.3.-El reparto debe hacerse entre los usuarios como un descuento en el valor de la

factura que debe cancelar, conforme a lo dispuesto en la ley 142 de 1994, en la ordenanzas y acuerdos según el caso.

Es de resaltar que por expresa disposición legal, los subsidios no podrán exceder, en ningún caso, del valor de los consumos básicos o de subsistencia. En consecuencia, los alcaldes y concejales deben tomar las medidas que a cada uno correspondan para crear en el presupuesto municipal, y ejecutar apropiaciones para subsidiar los consumos básicos de acueducto y saneamiento básicos de los usuarios de menores recursos y extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, dando prioridad a esas apropiaciones, dentro de las posibilidades del municipio, sobre otros gastos que no sean indispensables para el funcionamiento de éste.

De otra parte, es preciso tener en cuenta que los presupuestos de la entidades territoriales, las apropiaciones para la inversión en acueducto y saneamiento básico y los subsidios se deben clasificar en el gasto público social, como inversión social, para que reciban la prioridad que ordena el artículo 366 de la Constitución Política. Nótese que por expresa prohibición legal, las empresas de servicios públicos no podrán subsidiar a otras empresas de servicios públicos.

Por lo que hace relación a la exención de pago la ley 142 de 1994 en su artículo 99.9 dispone que con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad y redistribución, no existirá exoneración en el pago de los servicios públicos domiciliarios.

En tal virtud todas las empresas de servicios públicos deben cobrar los servicios prestados independientemente de que estas sean estatales, mixtas o privadas so pena de que se apliquen las sanciones de que trata el artículo 81 de la ley 142 de 1994, bien sean estas de tipo institucional o personal, sin perjuicio de las sanciones de tipo disciplinario que se puedan imponer de acuerdo al Código Único de Régimen Disciplinario.

III.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO

Las empresas industriales y comerciales del Estado tienen dos organismos básicos de dirección: uno colegiado que es la junta directiva y otro unipersonal que es el gerente. A la junta directiva le corresponde tomar decisiones de carácter normativo o reglamentario, además de fijar los lineamientos en materia de políticas administrativas. A su turno, el gerente debe tomar todas las decisiones que permitan el desarrollo de la empresa y la ejecución de todas las tareas encomendadas, así como la representación legal de la misma.

La junta directiva en las empresas industriales y comerciales del Estado no se constituye en superior jerárquico del gerente y por tanto los actos de este último no pueden ser revocados por aquella, tampoco pueden las juntas directivas intervenir en la adjudicación o en la celebración de contratos en estas entidades sin perjuicio de lo dispuesto en los estatutos en lo que a capacidad de contratación se refiere. Lo que en realidad existe es una distribución de competencias estatutarias entre estos organismos de gobierno de las empresas.

En cuanto al número de miembros, mecanismos para adoptar decisiones y las competencias específicas de la junta, son asuntos que deben ser resueltos en los estatutos básicos de la entidad y en relación al termino que debe darse a sus decisiones; la periodicidad de sus reuniones y forma de convocarse las sesiones de la junta son temas objeto de reglamentación en los estatutos internos de la entidad.

Cordial saludo,

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Jefe Oficina Asesora Jurídica

1 Radicación Ofilex 991300000158

Preparado por: Martha E. Gil Guarín – Abogada Oficina Asesora Jurídica-

TEMA: EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO -Régimen presupuestal-

SUBSIDIOS -Marco legal-

EMPRESAS INDUSTRIALES y COMERCIALES DEL ESTADO -Composición de su junta directiva-

2 Constitución Nacional, art 368 " (...) La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas.(...)"

3 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-566 de 1.995, Magistrado Ponente Doctor Eduardo CIFUENTES MUÑOZ.- declaró EXEQUIBLES el numeral 8 del artículo 89 y el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1.994.

4 En el caso de la electricidad, 200 Kilovatios / hora mensuales y en el gas, 20 a 25 metros cúbicos diarios.

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Última modificación:27/07/2010 12:21:01 PM
Servicios Públicos: - General a los servicios publicos
Publicado:1/01/1999 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
Régimen presupuestal de las empresas industriales y comerciales del estado. Marco legal de los subsidios. Composición de la junta directiva de las empresas industriales y comerciales del estado.
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Enlaces Relacionados
Constitución Política de 1991; Art. 352; Art. 353; Art. 368
Ley 142 de 1994; Art. 3; Art. 81; Art. 89.3; Art. 89.8; Art. 99.6; Art. 99.8; Art. 99.9; Art. 104; Art. 109
Sentencia CC C-566-95
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ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"