| www.superservicios.gov.co | INICIO | Contáctenos | Suscripción | Ingresar |
               
Base Juridica
Navegación

Google

La Web Base Documental Juridica
Búsqueda avanzada
Palabra clave
Título
Tipo
Entidad
Fecha de Expedición (aaaa-mm-dd)
Desde
Hasta
Año
Número
Servicio
 
 Código de Procedimiento Civil (DECRETOS NUMEROS 1400 Y 2019 DE 1970)
  
 
C_PCIVIL

DECRETO 1400 DE 1970

(agosto 6)

Diario Oficial No. 33.150 de 21 de septiembre de 1970

<Código derogado por la Ley 1564 de 2012 en los términos establecidos en el artículo 626>

<Texto original con las modificaciones introducidas por el Decreto 2019 de 1970>

Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Modificada por la Ley 1716 de 2014, "por medio de la cual se aplaza la entrada en vigencia del Sistema de Oralidad previsto en la Ley 1395 de 2010", publicada en el Diario Oficial No. 49.153 de 16 de mayo de 2014.

- Código derogado por el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012, "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones". Consultar los artículos 626 y 627 sobre las fechas y reglas de entrada en vigencia.

- Modificado por la Ley 1563 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012, "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones". Empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación.

- Modificado por el Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"

- Modificado por la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014"

- Modificado por la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010, "Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"

- Modificado por la Ley 1380 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.603 de 25 de enero de 2010, "Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante"

- Modificado por la Ley 1306 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.371 de 5 de junio de 2009, "Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados"

- Modificado por la Ley 550 de 1999, publicada en el Diario Oficial No. 43.940 de 19 de marzo de 2000, "por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley"

- El Estado de Conmoción Interior declarado mediante el Decreto 3929 de 2008, fue levantado por el Decreto 21 de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 47.226 de 8 de enero de 2009, "por el cual se levanta el Estado de Conmoción Interior". De conformidad con el artículo 213 de la Constitución Política los decretos legislativos que dicte el Gobierno dejan de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público.

- Modificado por el Decreto 3930 de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 47.137 de 9 de octubre de 2008, "Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se dictan otras disposiciones."

- Modificado por la Ley 1194 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 46.984 de 9 de mayo de 2008, "Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Civil y se dictan otras disposiciones"

- Modificado por la Ley 986 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 46.015 de 29 de agosto de 2005, "Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones"

- Modificado por la Ley 820 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.244, de 10 de julio de 2003, "Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones"

- Modificado por la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003, "Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones"

- Modificado por la Ley 592 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.082 del 14 de julio de 2000, "Por el cual se modifica el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil".

- Modificado por la Ley 572 del año 2000, "Por la cual se modifica el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil", publicada en el Diario Oficial No. 43.883.

- El Decreto 1818 de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 43.380, del 07 de septiembre de 1998, "Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos", por las facultades que le confirió el artículo 166 de la Ley 446 de 1998, compila las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, "que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes".

- Modificado por la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 08 de julio de 1998, "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del  Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento  Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,  se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se  dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la  justicia. ".

- Modificado por la Ley 377 de 1997 publicada en el Diario Oficial No. 43.080 del 10 de julio de 1997, "Por medio de la cual se prorroga por un (1) año la vigencia del Decreto 2651 del 25 de noviembre de 1991, sobre descongestión de despachos judiciales, prorrogado por la Ley 287 del 4 de julio de 1996"

- Modificado por la Ley 287 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.825 del 8 de julio de 1996, "Por medio de la cual se prorroga por un (1) año la vigencia del Decreto número 2651 del 25 de noviembre de 1991, sobre descongestión de despachos judiciales, prorrogado por la Ley 192 del 29 de junio de 1995."

- Modificado por la Ley 192 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 41.910 del 29 de junio de 1995, "por medio de la cual se prorroga por un (1) año la vigencia del Decreto 2651 de noviembre 25 de 1991, sobre descongestión de la justicia"

- Modificado por la Ley 25 de 1992, publicada en el Diario Oficial No. 40.693, de 18 de diciembre de 1992, "Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política"

- Modificado por el Decreto 2651 de 1991, "por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales", publicado en el Diario Oficial No. 40.177 del 25 de noviembre de 1991

- Modificado por la Ley 45 de 1990, publicada en el Diario Oficial No. 39.607, del 19 de diciembre de 1990, "Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones".

- Modificado por el Decreto 2282 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013 de 7 de octubre de 1989, "por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil".

- Modificado por el Decreto 2279 de 1989, "Por el cual se implementan sistemas de solución de conflictos entre particulares y se dictan otras disposiciones", publicado en el Diario Oficial No. 39.012.

- La Corte Suprema de Justicia declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia de 6 de mayo de 1971, mediante  Sentencia No. 87 de 9 de octubre de 1985, Magistrado Ponente Dr.  Jaime Pinzón López.

- Modificado por el Decreto 522 de 1988, publicado en el Diario Oficial No. 38.266, del 23 de marzo de 1988, "por el cual se modifican las cuantías en materia civil".

- Modificado por la Ley 2 de 1984, publicada en el  Diario Oficial No. 36.450 de 17 de enero de 1984, "Por la cual se establece la competencia de las autoridades de policía; se fija el respectivo procedimiento; se crean cargos de jueces especializados y se establece un procedimiento especial para la investigación y juzgamiento de los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y terrorismo; se dictan normas sobre captura, detención preventiva, excarcelación; se fijan competencias en materia civil, penal y laboral, y se dictan otras disposiciones"

- Modificado por el Decreto 1 de 1984, publicado en el Diario Oficial No. 36.439, del 10 de enero de 1984, "Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo"

- Modificado por la Ley 22 de 1977, publicada en el Diario Oficial No 34.796, del 30 de abril de 1977, "Por la cual se modifican las cuantías para el señalamiento de la competencia en materia civil, penal, laboral y  contencioso administrativa y se dictan otras disposiciones sobre recursos procesales"

- Decretos declarados EXEQUIBLES por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 6 de mayo de 1971.

- Modificado por la Ley 1 de 1976, publicada en el Diario Oficial No. 34.492, del 18 de febrero de 1976, "Por la cual se establece el divorcio en el matrimonio civil, se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican algunas disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil en materia de Derecho de Familia"

- Modificado por el Decreto 2019 de 1970, publicado en el Diario Oficial No. 33.215, 18 de diciembre de 1970, "Por el cual se hacen unas modificaciones y correcciones al Código de Procedimiento Civil, expedido mediante el Decreto-ley número 1400 de 1970"  

- Modificado por el Decreto 1678 de 1970, publicado en el Diario Oficial No. 33.150 de 21 de septiembre de 1970, "por el cual se modifica el Decreto 1400 de 1970".

- Decreto declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 6 de mayo de 1971, Magistrado Ponente Dr. Eustorguo Sarria.  

 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la

Ley 4a. de 1969 y consultada la comisión asesora que ella estableció,

DECRETA:

TÍTULO PRELIMINAR.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o. GRATUIDAD DE LA JUSTICIA CIVIL. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El servicio de la justicia civil que presta el Estado es gratuito, con excepción de las expensas señaladas en el arancel judicial para determinados actos de secretaría. Las partes tendrán la carga de sufragar los gastos que se causen con ocasión de la actividad que realicen, sin perjuicio de lo que sobre costas se resuelva.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 10

Ley 1394 de 2010; Art. 4o.  

Ley 1285 de 2009; Art. 2  

Ley 640 de 2001; Art. 4

Ley 270 de 1996; Art. 6  

Legislación Anterior

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO  1. El servicio de la justicia civil que presta el Estado es gratuito, con excepción del impuesto de timbre y papel sellado y de las expensas señaladas en el arancel judicial para determinados actos de secretaría.

Notas del Editor

- En relación con el texto original de este Artículo debe tenerse en cuenta lo que dispuso el artículo 1o. de la Ley 39 de 1981, el cual estableció: "A partir de la vigencia de esta ley suprímese el impuesto de papel sellado. En consecuencia todas las actuaciones que lo requerían se surtirán en papel común".

Jurisprudencia Vigencia

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 27 de noviembre de 1973, Magistrado Ponente Dr. José Gabriel de la Vega, la cual estbleció : "Es exequible el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil en la parte que dice “con excepción del impuesto de timbre y papel sellado...”.

Concordancias

Constitución Política; Art. 228

Código de Procedimiento Civil; Art. 8; Art. 105; Art. 163; Art. 239; Art. 387; Art. 388; Art. 389; Art. 390; Art. 391; Art. 392; Art. 393

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 10

Ley 1285 de 2009; Art. 2  

Ley 270 de 1996; Art. 6  

ARTÍCULO 2o. INICIACION E IMPULSO DE LOS PROCESOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Los procesos sólo podrán iniciarse por demanda de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.

Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-100-01 del 14 de febrero de 2001 , Magistrado Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez.

Notas del Autor

- Los casos excepcionales  en los cuales la ley autoriza a promover procesos civiles de oficio son: Artículo 91 del CC "para proteger la existencia del no nacido"; Artículo 315 del CC para adelantar la emancipación judicial originada en malos tratos o abandono; Artículo 630 del CC relacionado con la remoción del tutor o curador; Artículo 659 ord. 1º del CPC relacionado con la interdicción del demente cuando se trata de enfermedad acompañada de actos violentos; artículo 689 del CPC respecto de la rendición de cuentas del secuestre; artículo 215 de la ley 222 de 1995 respecto del trámite liquidatorio de sociedades por parte del Juez que conoce del proceso ejecutivo cuando exista cesión de bienes, acumulación de demandas o insuficiencia de bienes embargados.

Concordancias

Constitución Política; Art.  228

Código de Procedimiento Civil; Art. 37; Art. 40; Art. 346; Art. 446; Art. 659-2; Art.  689

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 8o.

Ley 1285 de 2009; Art. 1  

Ley 446 de 1998; Art. 19

Ley 270 de 1996; Art. 2; Art. 4; Art. 7  

ARTÍCULO 3o. INSTANCIAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Los procesos tendrán dos instancias, a menos que la ley establezca una sola.

Notas del Autor

Las principales excepciones a la regla de las dos instancias provienen de la poca cuantía de ciertas pretensiones o de la gran importancia que la ley le asigna a determinadas actuaciones tales como los procesos de responsabilidad civil de los Magistrados que se adelantan ante la Corte Suprema de Justicia.

Concordancias

Constitución Política; Art. 31

Código de Procedimiento Civil; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 26; Art. 27; Art. 435

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 9o.

ARTÍCULO 4o. INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surgen en la interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional:

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-029-95 del 2 de febrero de 1995, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Extracto del Autor:

Finalidad del proceso civil. Derecho formal y derecho sustancial. Estudio de constitucionalidad del artículo 4o. del Código de Procedimiento Civil. "Sostiene el demandante que existe oposición entre el artículo 4o.  del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 228 de la Constitución, porque el primero "reinstauró la subordinación de la ley sustancial a la procesal" en tanto que el segundo establece "la prevalencia del derecho sustancial".

Alega, además, que existe una contradicción entre la primera parte del artículo acusado, que "ordena interpretar la ley procesal obedeciendo el principio de que los procedimientos tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial", y la segunda parte que "ordena aclarar las dudas que surjan en la interpretación de la ley procesal por medio de los principios generales de derecho procesal".

Finalidad del proceso civil. Cuando los intereses individuales o colectivos tutelados por el derecho objetivo no se satisfacen espontáneamente por aquellos obligados por la norma, el Estado provee a su realización por medio de la actividad jurisdiccional. El objeto de ésta es "la declaración de certeza o la realización colectiva y concreta de los intereses tutelados en abstracto por las normas de derecho objetivo, cuando, por falta de certeza o por inobservancia de las dichas normas, no quedan ellos directamente satisfechos por aquellos a quienes se dirigen las normas jurídicas ". (Ugo Rocco, Tratado de Derecho Procesal Civil, tomo 1, pág. 48, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1969).

En cada caso concreto, la actividad jurisdiccional se ejerce en el marco del proceso, sobre cuyo fin específico ha escrito Carnelutti: "La conclusión de la investigación hasta ahora efectuada, puede resumiese en esta fórmula: el proceso se desenvuelve para la composición justa del litigio.

"Paz con justicia podría ser, de ese modo, el lema del Derecho procesal. Ni paz sin justicia, ni justicia sin paz. Nada de paz sin justicia, porque el proceso, como  se ha visto, no tiende a componer el litigio de cualquier modo, sino según el derecho. Nada de justicia sin paz, porque el derecho no se aplica o no se realiza por quien está en conflicto, sino por quien está sobre el conflicto: supra partes, no inter partes; a fin de componer un, litigio y no de tutelar un interés".   (Sistema de Derecho Procesal Civil, tomo I, pág. 287, Ed. UTEHA, Buenos Aires, 1944).

En síntesis: la finalidad del derecho procesal en general, y de los procesos en particular, es la realización de los derechos que en abstracto reconoce el derecho objetivo, realización que supone la solución de los conflictos.

Derecho formal y derecho sustancial o material. Cuando se habla de derecho sustancial o material, se piensa, por ejemplo, en el derecho civil o en el derecho penal, por oposición al derecho procesal, derecho formal o adjetivo. Estas denominaciones significan que el derecho sustancial consagra en abstracto los derechos, mientras que el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional cuya finalidad es la realización de tales derechos. Sobre esta distinción, anota Rocco:

"Al lado, pues, del derecho que regula la forma de la actividad jurisdiccional, está el derecho que regula el contenido, la materia, la sustancia de la actividad jurisdiccional.

"El uno es el derecho procesal, que precisamente porque regula la forma de la actividad jurisdiccional, toma el nombre de derecho formal; el otro es el derecho material o sustancial.

"Derecho material o sustancial es, pues, el derecho que determina el contenido, la materia, la sustancia, esto es, la finalidad de la actividad o función jurisdiccional". (ob. ct, tomo 11 pág. 194).

De otra parte, las normas procesales tienen una función instrumental. Pero es un error pensar que esta circunstancia les reste importancia o pueda llevar a descuidar su aplicación. Por el contrario, el derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad ante la ley. Es, además, un freno eficaz contra la arbitrariedad. Yerra, en consecuencia, quien pretenda que en un Estado de derecho se puede administrar justicia con olvido de las formas procesales. Pretensión, que sólo tendría cabida en un concepto paternalista de la organización social, incompatible con el Estado de derecho.

Algunas reflexiones  sobre los artículos 228 de la Constitución, y 4o. del Código de Procedimiento Civil. Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia "prevalecerá el derecho sustancial", está reconociendo que el fin de una actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.

El artículo 4o. de¡ Código de Procedimiento Civil, por su parte, expresa la misma idea al afirmar que al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto, es decir, el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. También aquí la relación de medio a fin es ostensible.

Como la interpretación es el paso previo e indispensable para la aplicación de toda norma jurídica, es claro que ella condiciona y determina su aplicación. Esto explica la orden que la norma acusada imparte al juez.

En cuanto a la referencia que la segunda parte del artículo demandado, hace a la aplicación de los "principios generales del derecho procesal", cabe decir lo siguiente.

Los redactores del Código de Procedimiento Civil, se anticiparon al Constituyente de 1991. ¿Por qué?. Sencillamente porque el artículo 230 de la Constitución, después de señalar que "los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley", establece que "La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial". Principios generales del derecho entre los cuales se cuentan los "principios generales del derecho procesal civil", que también son sustanciales, en últimas.

Sin que pueda olvidarse la expresa mención que el artículo cuarto hace de "la garantía constitucional del debido proceso", "el derecho de defensa", y la "igualdad de las partes", temas a los cuales se refieren los artículos 29 y 13 de la Constitución.

Es lógico que en la interpretación de las normas procesales se tengan en cuenta los principios generales del derecho, como sucede en la interpretación de todas las normas  jurídicas" .

Notas del Autor

- Esta regla dorada en la interpretación de la ley procesal ha sido elevada al rango constitucional al indicar el artículo 228 de la CP que en las actuaciones judiciales " prevalecerá el derecho sustancial" y reiterada por el artículo 230 de la Carta cuando instituye que " los jueces, en sus providencias, solo estarán sometidos al imperio de la ley".

Concordancias

Constitución Política; Art. 29; Art. 228

Código de Procedimiento Civil; Art. 37 .

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 11

Ley 80 de 1993; art. 77

Jurisprudencia Concordante

- Consejo de Estado, Acción de Tutela, Sección Primera, Expediente No. 2013-02489-00(AC) de 13 de febrero de 2014, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala.

ARTÍCULO 5o. VACIOS Y DEFICIENCIAS DEL CODIGO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Cualquier vacío en las disposiciones del presente Código, se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas con los principios constitucionales y los generales de derecho procesal.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 37

Código Civil; Art. 27; Art. 31

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 12

Ley 80 de 1993; art. 77

Ley 57 de 1887; Art. 5; Art. 8; Art. 48  

Ley 472 de 1998; Art. 5  

ARTÍCULO 6o. OBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 23, numeral 5; Art. 118; Art. 305; Art. 392, numerales 2 y 9

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 13

Legislación Anterior

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO  6. Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorización expresa de la ley. Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas.

LIBRO PRIMERO.

SUJETOS DEL PROCESO

SECCION PRIMERA.

ORGANOS JUDICIALES Y SUS AUXILIARES

TÍTULO I.

ORGANOS JUDICIALES

CAPÍTULO I.

TRIBUNALES Y JUZGADOS

ARTÍCULO 7o. QUIENES EJERCEN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL RAMO CIVIL. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> La administración de justicia en el ramo civil, se ejerce permanentemente por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, las salas civiles de los tribunales superiores de distrito judicial, los jueces de circuito, municipales, territoriales y de menores.

Notas del Autor

- El artículo 4o. del Decreto 2272 de 1989 establece: "DENOMINACION. Los jueces civiles y promiscuos de menores se denominarán en adelante jueces de familia y promiscuos de familia.

Los jueces penales de menores se denominarán en adelante jueces de menores y seguirán ejerciendo sus funciones de acuerdo con la competencia establecida por la ley".

- En el artículo 16 de la Ley 270 de 1996 se denominó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia como "Sala de Casación Civil y Agraria".

Lo dispuesto en este Código en relación con los municipios se aplicará al Distrito Especial de Bogotá.

Concordancias

Constitución Política; Art. 322

La Sala de Casación Civil de la Corte, los tribunales y los juzgados tendrán los secretarios y demás empleados que determina la ley orgánica de la justicia.

Notas del Autor

La administración de justicia en asuntos afines también es ejercida por: los jueces de familia (D.E 2272/89); las jueces especializados en asuntos de comercio (D.E 2273/89); las jueces agrarios (D.E 2303/89); los tribunales de arbitramento (C.N., Art. 116; D. 2279/89; D. 1818/98); los jueces de paz (C.N., Art. 247; Ley 497/99); los jueces de jurisdicción indígena (C.N., Art. 246; D. 436/92) y las superintendencias (C.N. art. 116; L. 446/98; D. 28/99).

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 23 ordinal 18; Art. 77 ordinal 4; Art. 94 ordinal 3; Art. 199; Art. 336; Art. 341; Art. 343 ordinal 4; Art. 386; Art. 392 ordinal 1; Art. 393 ordinal 2; Art. 684 ordinales 2 y 3

Ley 1285 de 2009; Art. 4; 5; 7 Inc. 2o.      

Ley 270 de 1996; Art. 11; Art. 12; Art. 15; Art. 17; Art. 18; Art. 19; Art. 21  

CAPÍTULO II.

AUXILIARES DE LA JUSTICIA

ARTÍCULO 8o. NATURALEZA DE LOS CARGOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 1 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Para cada oficio se exigirán versación y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido. Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio, y no podrán gravar en exceso a quienes solicitan que se les dispense justicia por parte del Poder Público.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 1 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 1; Art. 9; Art. 10; Art. 11; Art. 45; Art. 46; Art. 150; Art. 163; Art. 164; Art. 165; Art. 166; Art. 167; Art. 233; Art. 234; Art. 234; Art. 235; Art. 236; Art. 237; Art. 238; Art. 239; Art. 240; Art.  241; Art. 242; Art. 243; Art. 388; Art. 389; Art. 390; Art. 391

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 47

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:    

ARTÍCULO 8o. NATURALEZA DE LOS CARGOS. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas de conducta intachable, excelente reputación, imparcialidad absoluta y total idoneidad. La función de los auxiliares no constituye una profesión. Para cada oficio se exigirán versación y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido. Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio, y en ningún caso podrán gravar con exceso a quienes solicitan se les dispense justicia por parte del Poder Público.

ARTÍCULO 9o. DESIGNACIÓN, ACEPTACIÓN DEL CARGO, CALIDADES Y EXCLUSIÓN DE LA LISTA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para la designación, aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista de los auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:

1. Designación. Los auxiliares de la justicia serán designados, así:

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 48

a) La de los peritos, secuestres, partidores, liquidadores, curadores ad lítem, contadores, agrimensores, síndicos, intérpretes y traductores, se hará por el magistrado sustanciador o por el juez del conocimiento, de la lista oficial de auxiliares de la justicia. Los testigos de la celebración del ma trimonio civil, serán designados por los contrayentes;

Concordancias

Ley 1395 de 2010; Art. 117  

En el auto de designación del curador ad lítem, se incluirán tres nombres escogidos de la lista de dichos auxiliares de la justicia. El cargo será ejercido por el primero que concurra a notificarse del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo, según sea el caso, acto que conllevará la aceptación de la designación. Los otros dos auxiliares incluidos en el auto conservarán el turno de nombramiento en la lista. En el mismo auto el Juez señalará los gastos de curaduría que debe cancelar la parte interesada. El pago podrá realizarse mediante consignación a órdenes del juzgado o directamente al auxiliar y acreditarse en el expediente. Si en el término de cinco (5) días, contados a partir de la comunicación de su designación, no se ha notificado ninguno de los curadores nombrados, se procederá a su reemplazo observando el mismo procedimiento;

b) La designación será rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista. Empero, si al iniciarse o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, podrá procederse a su reemplazo en el acto, con cualesquiera de las personas que figuren en la lista correspondiente, y estén en aptitud para el desempeño inmediato del cargo. Cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro del mismo lugar, y en su defecto se hará la designación en persona debidamente calificada para el oficio;

c) Los traductores e intérpretes serán únicos, a menos que se trate de documentos o de declaraciones en diferentes idiomas y que el auxiliar no sea experto en todos estos;

d) Las partes podrán de consuno, en el curso del proceso, designar peritos y secuestre, y reemplazar a este;

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Literal d) declarado EXEQUIBLE, por los cargos formulados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-798-03 de 16 de septiembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

e) Los secuestres podrán designar bajo su responsabilidad y con autorización judicial, los dependientes que sean indispensables para el buen desempeño del cargo y señalar sus funciones. El juez resolverá al respecto y fijará la asignación del dependiente, en providencia que no admite apelación;

f) El curador ad lítem de los relativamente incapaces será designado por el juez, si no lo hiciera el interesado;

g) Los partidores y liquidadores podrán ser designados conjuntamente por los interesados, dentro de la ejecutoria de la providencia que decrete la partición o la liquidación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 608.

2. Aceptación del cargo. Todo nombramiento se notificará por telegrama enviado a la dirección que figure en la lista oficial, y en éste se indicará el día y la hora de la diligencia a la cual deban concurrir. Copia debidamente sellada por la oficina de telégrafo respectiva, se agregará al expediente. Lo anterior, sin perjuicio de que dicha notificación se pueda realizar por otro medio más expedito, de lo cual deberá quedar constancia en el expediente. En la misma forma se hará cualquiera otra notificación.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 49

El cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación dentro de los cinco (5) días siguientes al envío del telegrama correspondiente o a la notificación realizada por cualquier otro medio, so pena de que sea excluido de la lista, salvo justificación aceptada. Los peritos deberán posesionarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación.

Si la persona designada estuviere impedida para desempeñar la función, se excusare de prestar el servicio, no tomare posesión cuando fuere el caso hacerlo, no concurriere a la diligencia o no cumpliere su encargo dentro del término señalado, se procederá inmediatamente a su relevo.

3. Designación y calidades. En las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de doscientos mil (200.000) habitantes, solamente podrán designarse como auxiliares de la justicia personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la autoridad competente de conformidad con la reglamentación que sobre el particular realice el Consejo Superior de la Judicatura, previa acreditación por parte del aspirante de los requisitos técnicos, la idoneidad y la experiencia requeridas. Las licencias deberán renovarse cada cinco (5) años.

Concordancias

Ley 1395 de 2010; Art. 117  

En los demás lugares para la designación de los auxiliares de la justicia se aplicará lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 1 del presente artículo.

Las listas de auxiliares de la justicia serán obligatorias para magistrados, jueces e inspectores, y en ningún caso podrán ser nombrados auxiliares que no figuren en las mismas, so pena de incurrir en falta disciplinaria.

Las entidades públicas que cumplan funciones técnicas en el orden nacional o territorial podrán ser designadas como perito sin necesidad de obtener la licencia de que trata este parágrafo.

4. Exclusión de la lista. Las autoridades judiciales excluirán de las listas de auxiliares de la justicia, e impondrán multas hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales según el caso:

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art.  50

a) A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia;

b) A quienes hayan rendido dictamen pericial contra el cual hubieren prosperado objeciones por dolo, error grave o cohecho;

c) A quienes como secuestres, liquidadores o curadores con administración de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente;

d) A quienes no hayan cumplido a cabalidad con el encargo de curador ad lítem;

e) A las personas a quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia;

f) A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial mediante situación legal o reglamentaria;

g) A quienes hayan fallecido o se incapaciten física o mentalmente;

h) A quienes se ausenten definitivamente del respectivo territorio jurisdiccional;

i) A quienes sin causa justificada no aceptaren o no ejercieren el cargo de auxiliar o colaborador de la justicia para el que fueron designados;

j) Al auxiliar de la justicia que haya convenido honorarios con las partes o haya solicitado o recibido pago de ellas con anterioridad a la fijación judicial o por encima del valor de esta;

k) A quienes siendo servidores públicos hubieren sido destituidos por sanciones disciplinarias.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Literal k) declarado EXEQUIBLE, por los cargos formulados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-798-03 de 16 de septiembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

PARÁGRAFO 1o. La exclusión y la imposición de multas se resolverá mediante incidente el cual se iniciará por el juez de oficio o a petición de parte, dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia del hecho que origina la exclusión o de su conocimiento. Para excusar su falta el auxiliar deberá justificar su incumplimiento.

PARÁGRAFO 2o. También serán excluidas de la lista las personas jurídicas cuyos miembros incurran en las causales previstas en los numerales b), c), d), e), i) y j) del presente artículo, así como las personas jurídicas que se liquiden.

Las personas jurídicas no podrán actuar como auxiliares de la justicia por conducto de personas que incurran en las causales de exclusión previstas en este artículo.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

-  Numeral 8o. modificado por el artículo 2o. de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Parágrafo adicionado por el artículo 3o. de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 2 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia

- Apartes subrayados declarados INEXEQUIBLES por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia de marzo 14 de 1991.

Notas del Autor

Como concecuencia de la inexequibilidad del aparte tachado, continúa vigente el Decreto 2265 de 1969 que trata sobre auxiliadores de la justicia.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art.  48; Art. 49 ; Art. 50

Código de Procedimiento Civil; Art. 8; Art. 10; Art. 44; Art. 45; Art. 46; Art. 150; Art. 163; Art. 164; Art. 165; Art. 166; Art. 167; Art. 233; Art. 234; Art. 234; Art. 236; Art. 237; Art. 238; Art. 239; Art. 240; Art.  241; Art. 242; Art. 243; Art. 388; Art. 389; Art. 390; Art. 391; Art. 471, ordinal 2; Art. 608; Art. 609; Art. 631; Art. 656; Art. 682; Art. 683; Art. 684; Art. 685; Art. 686; Art. 687; Art. 688; Art.  689; Art. 690; Art. 691

Ley 1474 de 2011; Art. 41   

Ley 446 de 1998; Art. 134

Legislación Anterior

Texto con las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998:

ARTÍCULO  9. DESIGNACION. En la designación de auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:

1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La de los peritos, secuestres, partidores, liquidadores, curadores ad litem, contadores, agrimensores, síndicos, intérpretes y traductores, se hará por el magistrado sustanciador o por el juez del conocimiento, de la lista oficial de auxiliares de la justicia, en la forma determinada en decreto reglamentario, el cual dispondrá, además, lo concerniente a honorarios. Los testigos de la celebración del matrimonio civil, serán designados por los contrayentes.

2. La designación será rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista. Empero, si al iniciarse o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, podrá procederse a su reemplazo en el acto, con cualesquiera de las personas que figuren en la lista correspondiente, y estén en aptitud para el desempeño inmediato del cargo. Cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro del mismo lugar, y en su defecto se hará la designación en persona debidamente calificada para el oficio.

3. Los traductores e intérpretes, serán únicos, a menos que se trate de documentos o de declaraciones en diferentes idiomas y que el auxiliar no sea experto en todos éstos.

4. Las partes podrán de consuno, en el curso del proceso, designar peritos y secuestre, y reemplazar a éste.

5. Los secuestres podrán designar bajo su responsabilidad y con autorización judicial, los dependientes que sean indispensables para el buen desempeño del cargo y señalar sus funciones. El juez resolverá al respecto y fijará la asignación del dependiente, en providencia que no admite apelación.

6. El curador ad litem de los relativamente incapaces será designado por el juez, si no lo hiciera el interesado.

7. Los partidores y liquidadores podrán ser designados conjuntamente por los interesados, dentro de la ejecutoria de la providencia que decrete la partición o la liquidación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 608.

8. <Numeral modificado por el artículo 2o. de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el suguiente:> Todo nombramiento se notificará por telegrama enviado a la dirección que figure en la lista oficial, y en éste se indicará el día y la hora de la diligencia a la cual deban concurrir. Copia debidamente sellada por la oficina de telégrafo respectiva, se agregará al expediente. En la misma forma se hará cualquiera otra notificación.

El cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación dentro de los cinco (5) días siguientes al envío del telegrama correspondiente so pena de que sea excluido de la lista, salvo justificación aceptada. Los peritos deberán posesionarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación.

La notificación por telegrama, se podrá suplir enviando por correo certificado el oficio donde conste la designación del auxiliar de la justicia dentro del proceso.

9. Si la persona designada estuviere impedida para desempeñar la función, se excusare de prestar el servicio, no tomare posesión cuando fuere el caso hacerlo, no concurriere a la diligencia o no cumpliere su encargo dentro del término señalado, se procederá inmediatamente a su relevo.

PARAGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 3o. de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> En las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de doscientos mil (200.000) habitantes, solamente podrán designarse como auxiliares de la justicia personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la autoridad competente, de conformidad con la reglamentación que sobre el particular realice el Consejo Superior de la Judicatura, previa acreditación por parte del aspirante de los requisitos técnicos, la idoneidad y la experiencia requeridas. Las licencias deberán renovarse cada cinco (5) años.

En los demás lugares para la designación de los auxiliares de la justicia se aplicará lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículo.

Las listas de auxiliares de la justicia serán obligatorias para Magistrados, Jueces e Inspectores, y en ningún caso podrán ser nombrados auxiliares que no figuren en las mismas, so pena de incurrir en falta disciplinaria.

Las entidades públicas que cumplan funciones técnicas en el orden nacional o territorial podrán ser designadas como perito sin necesidad de obtener la licencia de que trata este parágrafo.

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  9.  En la designación de auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:

1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La de los peritos, secuestres, partidores, liquidadores, curadores ad litem, contadores, agrimensores, síndicos, intérpretes y traductores, se hará por el magistrado sustanciador o por el juez del conocimiento, de la lista oficial de auxiliares de la justicia, en la forma determinada en decreto reglamentario, el cual dispondrá, además, lo concerniente a honorarios. Los testigos de la celebración del matrimonio civil, serán designados por los contrayentes.

2. La designación será rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista. Empero, si al iniciarse o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, podrá procederse a su reemplazo en el acto, con cualesquiera de las personas que figuren en la lista correspondiente, y estén en aptitud para el desempeño inmediato del cargo. Cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro del mismo lugar, y en su defecto se hará la designación en persona debidamente calificada para el oficio.

3. Los traductores e intérpretes, serán únicos, a menos que se trate de documentos o de declaraciones en diferentes idiomas y que el auxiliar no sea experto en todos éstos.

4. Las partes podrán de consuno, en el curso del proceso, designar peritos y secuestre, y reemplazar a éste.

5. Los secuestres podrán designar bajo su responsabilidad y con autorización judicial, los dependientes que sean indispensables para el buen desempeño del cargo y señalar sus funciones. El juez resolverá al respecto y fijará la asignación del dependiente, en providencia que no admite apelación.

6. El curador ad litem de los relativamente incapaces será designado por el juez, si no lo hiciera el interesado.

7. Los partidores y liquidadores podrán ser designados conjuntamente por los interesados, dentro de la ejecutoria de la providencia que decrete la partición o la liquidación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 608.

8o. Todo nombramiento se comunicará personalmente al designado, pero si no pudiere hacerse dentro del día siguiente a la notificación del auto que lo designe, se hará por telegrama enviado a la dirección que figure en la lista oficial, y en éste se indicará el día y la hora de la diligencia a la cual deban concurrir. Copia debidamente sellada por la oficina de telégrafo respectiva, se agregará al expediente.

En la misma forma se hará cualquiera otra notificación.

Los auxiliares de la justicia deberán aceptar por escrito las designaciones que se les haga dentro de los tres días siguientes al envío del telegrama; en dicho escrito manifestarán bajo juramento, que se considerará prestado por el hecho de su firma, que cumplirán con imparcialidad y buena fe los deberes de su cargo. Salvo el caso de los peritos, con dicha aceptación se tendrán por posesionados; si se trata de curador ad litem, no se requerirá discernimiento del cargo.

9. Si la persona designada estuviere impedida para desempeñar la función, se excusare de prestar el servicio, no tomare posesión cuando fuere el caso hacerlo, no concurriere a la diligencia o no cumpliere su encargo dentro del término señalado, se procederá inmediatamente a su relevo.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:   

ARTÍCULO 9o. DESIGNACIÓN. En la designación de auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:

1. La de los peritos, secuestres, partidores, liquidadores, curadores ad litem, contadores, agrimensores, síndicos, intérpretes y traductores, se hará por el Magistrado sustanciador o por el juez del conocimiento, dentro del cuerpo oficial de auxiliares de la justicia, en la forma determinada en decreto reglamentario, el cual dispondrá, además, lo concerniente a los honorarios de ellos. Los testigos de la celebración del matrimonio civil, serán designados por los contrayentes.

2. La designación será rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista correspondiente. Empero, si al iniciarse o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, podrá procederse a su reemplazo en el acto con cualesquiera de las personas que figuren en la lista correspondiente, en aptitud para el desempeño inmediato del cargo; cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro del mismo lugar, y en su defecto se hará la designación en persona debidamente calificada para el oficio.

3. En los procesos de sucesión por causa de muerte y de insinuación de donaciones, los peritos serán designados así: el correspondiente a la Nación conforme a lo estatuido por las normas especiales sobre la materia, y aquel cuyo nombramiento corresponde al juez de conformidad con las reglas aquí establecidas; sin embargo los interesados podrán adherir al perito de la Nación con anterioridad a su escogencia, caso en el cual éste será único.

4. Los traductores o intérpretes serán únicos, a menos que se trate de documentos o de declaraciones en diferentes idiomas y que el auxiliar no sea experto en todos éstos.

5. Las partes podrán de consuno, en el curso del proceso, designar secuestre y reemplazar al nombrado.

6. Los secuestres podrán designar bajo su responsabilidad y con autorización judicial, los dependientes que sean indispensables para el buen desempeño del cargo, y señalarles sus funciones. El juez resolverá al respecto y fijará la asignación del dependiente, en providencia que no admite apelación.

7. El curador ad litem de los relativamente incapaces será designado por el juez, en subsidio de nombramiento por el interesado.

8. Los partidores y liquidadores podrán ser designados conjuntamente por los interesados, dentro de la ejecutoria de la providencia que decrete la partición o la liquidación.

9. Todo nombramiento será notificado personalmente al designado, pero si dicha notificación no pudiere hacerse dentro del día siguiente a aquél, se comunicará por oficio que un empleado de la secretaría entregará en la dirección que figure en la lista oficial, de todo lo cual se dejará constancia en el expediente.

10. Si la persona designada estuviere impedida para desempeñar la función, se excusare de prestar el servicio, no tomare posesión oportuna, no concurriere a la diligencia o no cumpliere su encargo dentro del término señalado, se procederá inmediatamente a su relevo.

ARTÍCULO 9-A. EXCLUSION DE LA LISTA. <Los artículos 9 y 9-A fueron subrogados bajo el artículo 9,  por el artículo 3 de la Ley 794 de 2003>

Notas de Vigencia

- Los artículos 9 y 9-A fueron subrogados bajo el artículo 9,  por el artículo 3 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo adicionado por el artículo 6o. de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 8; Art. 682; Art. 683; Art. 684; Art. 685; Art. 686; Art. 687; Art. 688; Art.  689; Art. 690; Art. 691  

Código Civil; Art. 714; Art. 715; Art. 716; Art. 717; Art. 718  

Ley 1285 de 2009; Art. 20  

Ley 270 de 1996; Art. 203

Legislación Anterior

Texto adicionado por la Ley 446 de 1998:

ARTÍCULO 9-A. Las autoridades judiciales excluirán de las listas de auxiliares de la Justicia, e impondrán multas hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales según el caso:

1. A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la Administración de Justicia.

2. A quienes hayan rendido dictamen pericial contra el cual hubieren prosperado objeciones por dolo, error grave o cohecho.

3. A quienes como secuestres, liquidadores o curadores con administración de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente.

4. A quienes no hayan cumplido a cabalidad con el encargo de curador ad litem.

5. A las personas a quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia.

6. A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial mediante situación legal o reglamentaria.

7. A quienes hayan fallecido o se incapaciten física o mentalmente.

8. A quienes se ausenten definitivamente del respectivo territorio jurisdiccional.

9. A quienes sin causa justificada no aceptaren o no ejercieren el cargo de auxiliar o colaborador de la justicia para el que fueron designados.

10. Al auxiliar de la justicia que haya convenido honorarios con las partes o haya solicitado o recibido pago de ellas con anterioridad a la fijación judicial o por encima del valor de ésta.

11. A quienes siendo servidores públicos hubieren sido destituidos por sanciones disciplinarias.

PARAGRAFO 1o. La exclusión y la imposición de multas se resolverá mediante incidente el cual se iniciará por el juez de oficio o a petición de parte, dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia del hecho que origina la exclusión o de su conocimiento. Para excusar su falta el auxiliar deberá justificar su incumplimiento.

PARAGRAFO 2o. También serán excluidas de la lista las personas jurídicas cuyos miembros incurran en las causales previstas en los numerales 2, 3, 4, 5, 9 y 10 del presente artículo, así como las personas jurídicas que se liquiden.

Las personas jurídicas no podrán actuar como auxiliares de la justicia por conducto de personas que incurran en las causales de exclusión previstas en este artículo.

ARTÍCULO 10. CUSTODIA DE BIENES Y DINEROS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 3 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes o de sus frutos, harán la consignación inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez del conocimiento.

El juez podrá autorizar el pago de impuestos y expensas con los dineros depositados; igualmente, cuando se trate de empresas industriales, comerciales o agropecuarias, podrá facultar al administrador para que, bajo su responsabilidad personal, lleve los dineros a una cuenta corriente bancaria que tenga la denominación del cargo que desempeña. El banco respectivo enviará al despacho judicial copia de los extractos mensuales.

En todo caso, el depositario o administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas.

<Ver Notas del Editor> <Inciso modificado por el artículo 4o. de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> En las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de doscientos mil (200.000) habitantes, solamente podrán designarse como secuestres personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la autoridad competente, de conformidad con la reglamentación que sobre el particular realice el Consejo Superior de la Judicatura, previa constitución de una garantía del cumplimiento de sus funciones a favor del Consejo.

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010, el cual establece:

(Por favor remitirse a la norma que a continuación se transcribe para comprobar la vigencia del texto original:)

"ARTÍCULO 117. DESIGNACIÓN DE SECUESTRE. Solo podrán ser designados como secuestres quienes hayan obtenido licencia con arreglo a la reglamentación que expida el Consejo Superior de la Judicatura. Dicha licencia solo se concederá a las personas naturales o jurídicas que previamente garanticen la indemnización de los perjuicios que llegaren a ocasionar por el incumplimiento de sus deberes o por la indebida administración de los bienes a su cargo, mediante póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada.

"En las ciudades con más de quinientos mil habitantes, la cuantía de la póliza será equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales. En las demás ciudades y municipios la cuantía será determinada por el Consejo Superior de la Judicatura teniendo en cuenta el índice de población. "

La notificación por telegrama, se podrá suplir enviando por correo certificado el oficio donde conste la designación del auxiliar de la justicia dentro del proceso.

Notas de Vigencia

- Inciso 4o. modificado por el artículo 4o. de la Ley 446 de 1998, publicada en el Diario Oficial No. 43.335 del 8 de julio de 1998.

Legislación anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

<INCISO 4o> En las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de doscientos mil habitantes solamente podrán designarse como secuestres, personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la autoridad que determine el correspondiente decreto reglamentario, previa comprobación de que disponen, en propiedad o arrendamiento, de bodega que ofrezca suficiente seguridad, y que presenten póliza de seguro de incendio, hurto y cumplimiento por la cuantía y con las condiciones que se establezcan por dicho decreto.

Las licencias deberán renovarse cada año, previo reajuste del valor del seguro, y podrán ser canceladas por el mismo funcionario en caso de incumplimiento de los deberes que la ley impone a los secuestres.

Cuando se trate de secuestro de bienes muebles distintos de los mencionados en los numerales 5 a 10 del artículo 682 y de vehículos de servicio público, los secuestres deberán depositar los bienes que reciban en la mencionada bodega; no podrán cambiarlos de lugar salvo para trasladarlos a otra que haya tenido igual aprobación, previo informe escrito al respectivo juez, y deberán abstenerse de usarlos en cualquier forma.

En los lugares distintos a los mencionados en el inciso cuarto, respecto a designación de secuestres, dependientes de éstos, depósitos de bienes muebles y caución, se aplicará respectivamente lo dispuesto en los artículos 9, numerales 1. y 2; 682, numerales 4. y 5, y 683, inciso tercero.

El incumplimiento por los secuestres de cualquiera de los deberes consagrados en los incisos anteriores y en el artículo 688, dará lugar a la cancelación de la licencia y al relevo de todas las designaciones como secuestre que estén desempeñando, lo cual se hará como lo prevé el penúltimo inciso del artículo 688.

El juez que decrete el relevo enviará copia de la providencia a la correspondiente autoridad, para que dé cumplimiento a la cancelación prevista en el inciso anterior e informe a las oficinas judiciales del país para que procedan a darle cumplimiento.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 3 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

- Los depósitos judiciales también se rigen por las siguientes disposiciones: Decreto 1798 de 1963, Ley 11 de 1987, Ley 66 de 1993, Decreto 818 de 1994, Decreto 2841 de 1994 y Ley 270 de 1996.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 51

Código de Procedimiento Civil; Art. 8; Art. 682; Art. 683; Art. 684; Art. 685; Art. 686; Art. 687; Art. 688; Art. 689; Art. 690; Art. 691; Art. 692

Código Civil; Art. 714; Art. 715; Art. 716; Art. 717; Art. 718

Ley 1395 de 2010; Art. 117  

Ley 1285 de 2009; Art. 20  

Ley 270 de 1996;  Art. 203

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:   

ARTÍCULO 10. CUSTODIA DE BIENES Y DINEROS. Los auxiliares de la justicia que como depositarios o administradores de bienes perciban los productos de éstos en dinero, o que reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes a ellos confiados o de sus frutos, lo consignarán inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez del conocimiento.

El juez podrá autorizar el pago de impuesto y expensas con los dineros así depositados, y cuando se trate de empresas industriales, comerciales o agropecuarias, que el administrador, bajo su responsabilidad personal, lleve los dineros a cuenta corriente bancaria con la denominación del cargo que desempeña. El banco respectivo enviará al despacho judicial copia de los extractos mensuales.

En todo caso, el depositario o administrador, dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendición de cuentas que la ley le impone.

ARTÍCULO 11. SANCIONES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral  4 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El auxiliar de la justicia por cuya culpa deje de practicarse una prueba o diligencia, será sancionado con multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales. La violación de los deberes indicados en el artículo precedente, así como el empleo de los bienes, sus productos o el valor de su enajenación, en provecho propio o de otra persona, y el retardo en su entrega, dará lugar a multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, la cual se impondrá mediante incidente que se tramitará independientemente del proceso, sin perjuicio de las restantes sanciones y de la indemnización a que hubiere lugar.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 4 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 8; Art. 135; Art. 137; Art. 394; Art. 683; Art. 688, ordinal 3; Art. 689

Ley 1474 de 2011; Art. 41   

Jurisprudencia Concordante

- Corte Constitucional Sentencia T-1018-05 de 6 de octubre de 2005, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:   

ARTÍCULO 11. SANCIONES. El auxiliar de la justicia por cuya culpa deje de practicarse una prueba o diligencia, será sancionado con multa de cien a mil pesos. La violación de los deberes indicados en el artículo precedente, así como el empleo de los bienes o de los productos de ellos o de su enajenación, en provecho propio o de otra persona, y el retardo en su entrega, darán lugar a multa de quinientos a cinco mil pesos, que se impondrá mediante incidente que se tramitará independientemente del proceso, sin perjuicio de las restantes sanciones e indemnización a que hubiere lugar.

TÍTULO II.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 12. NEGOCIOS QUE CORRESPONDEN A LA JURISDICCION CIVIL. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Corresponde a la jurisdicción civil todo asunto que no esté atribuido por la ley a otras jurisdicciones.

Concordancias

Constitución Política; Art. 234

Código de Procedimiento Civil; Art. 85; Art. 97, numeral 1; Art. 140, numeral 1

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 15

Ley 80 de 1993; Art. 75  

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado

Jurisdicción y procedimiento para dirimir controversias originadas en contratos de arrendamiento con entes públicos. "(...) la controversia originada en un contrato estatal, como el de arrendamiento en que intervenga como parte un municipio o un departamento, debe corresponder a la jurisdicción contencioso administrativa, pero con el vacío de la existencia de un procedimiento especial para su adelantamiento, por no encontrarse alguno en la Ley 80 ni en el Decreto 01 de 1984, reformado por el 2304 de 1989.(...).

(...), las diferentes controversias contractuales emanadas de contratos estatales, previas o coetáneas a la celebración de éstos, o surgidas en el desarrollo de los mismos, y las que se deriven de la ejecución tardía o defectuosa de las obligaciones que surjan de la negociación, son de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, y que el procedimiento a emplearse, en caso de no aparecer consagrado en el estatuto propio de esa justicia, será el especial que para cada caso señala el Código de Procedimiento Civil, en atención a la remisión necesaria que hacia éste, efectúa el artículo 267 del Decreto 01 de 1984".

ARTÍCULO 13. IMPRORROGABILIDAD DE LA COMPETENCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> La competencia es improrrogable, cualquiera que sea el factor que la determine.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 16; Art. 19; Art. 21; Art. 23; Art. 85; Art. 97; Art. 140.

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 16

Jurisprudencia Concordante

La competencia como manifestación del debido proceso. "La competencia, en general, es ese cúmulo de "facultades y poderes atribuido a un determinado órgano administrativo o judicial, pues el fundamento de la competencia radica en la pluralidad de órganos que integran la administración pública y la distribución de las distintas funciones entre ellos. En este sentido, la competencia viene a ser como una especie de "distribución" de los asuntos entre los órganos de la administración".Las funciones del Estado se encuentran reguladas y establecidas por una legislación que debe ser respetada; si el aparato estatal transgrede su competencia está violando la Constitución y será responsable por ello.

El artículo 113 de la Constitución señala que en la estructura del Estado los diferentes órganos tienen funciones separadas (cada uno tiene su función, ese es su espacio, ese es su límite) pero deben colaborar armónicamente (a pesar de tener funciones específicas, pueden prestar colaboración en tareas que no le competen, todo esto sujeto a autorización normativa); precisa este artículo la dimensión del concepto de competencia".

CAPÍTULO II.

COMPETENCIA POR LA CALIDAD DE LAS PARTES, LA MATERIA Y EL VALOR

ARTÍCULO 14. COMPETENCIA DE LOS JUECES MUNICIPALES EN UNICA INSTANCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los jueces municipales conocen en única instancia:

1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 17

Código de Procedimiento Civil; Art. 14, Parágrafo.

2. De los procesos de sucesión de mínima cuantía.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 17

Código de Procedimiento Civil; Art. 14, Parágrafo.

3. De la celebración del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 17

Código de Procedimiento Civil; Art. 14, Parágrafo.

4. De los procesos verbales sumarios.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 17 ; Art. 390

Ley 1380 de 2010; Art. 5o. Inc. Final; Art. 6o.  

5. De los procesos atribuidos a los jueces de familia en única instancia, cuando en el municipio no exista juez de familia o promiscuo de familia.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 17

PARÁGRAFO. Tratándose de los procesos consagrados en los numerales 1, 2 y 3, los jueces municipales conocerán de estos solo cuando en el municipio no exista juez municipal de pequeñas causas y competencia múltiple.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

- Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 5 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Editor

- En criterio del Editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los artículos 120 de la Ley 1098 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006, "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia". El texto original establece:

"ARTÍCULO 120. COMPETENCIA DEL JUEZ MUNICIPAL. El Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal conocerá de los asuntos que la presente ley atribuye al juez de familia, en única instancia en los lugares donde no exista este."

Notas del Autor

- Por el artículo 7 del Decreto 2272 de 1989, los jueces civiles y promiscuos municipales tambien conocen en única instancia de la celebración de matrimonio civil.

- Los Jueces Municipales tambien conocen de todos los procesos verbales sumarios y de los procesos de alimentos cuando en el municipio no existe Juez de Familia.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 3; Art. 18; Art. 19; Art. 20; Art. 23; Art. 379; Art. 397; Art. 427; Art. 435; Art. 442

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 17

Ley 1395 de 2010; Art. 2

Legislación Anterior

Texto modificado por la Ley 794 de 2003:

ARTÍCULO 14. Los jueces municipales conocen en única instancia:

1. De los procesos contenciosos que sean de mínima cuantía, salvo los que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. De los procesos de sucesión de mínima cuantía.

3. De la celebración del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios por la ley.

4. De los procesos verbales de que trata el artículo 435.

5. De los procesos atribuidos a los jueces de familia en única instancia, cuando en el municipio no exista juez de familia o promiscuo de familia.

6. De los demás procesos cuya competencia sea asignada por la ley.

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  14. Los jueces municipales conocen en única instancia de los procesos contenciosos que sean de mínima cuantía, de los de sucesión de mínima cuantía, y de los verbales de que trata el artículo 435.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:   

ARTÍCULO 14. COMPETENCIA DE LOS JUECES MUNICIPALES EN ÚNICA INSTANCIA. Los jueces municipales conocen en una sola instancia de los procesos de mínima cuantía, contenciosos entre particulares y de sucesión.

ARTÍCULO 14A. COMPETENCIA DE LOS JUECES MUNICIPALES DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE. <Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple conocen en única instancia de los siguientes asuntos:

1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía.

2. De los procesos de sucesión de mínima cuantía.

3. De la celebración del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

ARTÍCULO 15. COMPETENCIA DE LOS JUECES MUNICIPALES EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los jueces municipales conocen en primera instancia:

1. De los procesos contenciosos que sean de menor cuantía, salvo los que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. De los procesos de sucesión, que sean de menor cuantía.

3. De los demás procesos cuya competencia sea asignada por la ley.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

Notas del Autor

- El artículo 7 del Decreto 2272 de 1989, amplió la competencia en primera instancia de los jueces municipales y promiscuos municipales de aquellos lugares en donde no funcionen juzgados de familia, al asignarles a aquellos el conocimiento de todos los procesos atribuidos a estos en única instancia.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 3; Art. 7; Art. 18; Art. 19; Art. 20; Art. 39; Art. 571.

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 17

Ley 1561 de 2012; Art. 8o.; Art. 9o.    

Legislación Anterior

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO  15. Los jueces municipales conocen en primera instancia:

1. De los procesos contenciosos entre particulares y de sucesión, que sean de menor cuantía.

2. De los procesos de alimentos que no correspondan a los jueces de menores.

ARTÍCULO 16. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE CIRCUITO EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos:

1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuantía, salvo los que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 20

2. De los procesos atribuidos a los jueces de familia en primera instancia, cuando en el circuito no exista juez de familia o promiscuo de familia.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 20

3. Los de nulidad, disolución y liquidación de sociedades que no correspondan a los jueces civiles del circuito especializados.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 20

4. Los de expropiación, salvo los que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de pertenencia que no correspondan a la jurisdicción agraria, estos últimos cualquiera que sea su cuantía.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 20

5. Los de división de grandes comunidades.

6. Los de cesión de bienes y concurso de acreedores.

7. Los de jurisdicción voluntaria, salvo norma en contrario.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 28 Num. 13

8. Las diligencias de apertura, publicación y reducción a escrito de testamentos que no correspondan a los jueces de familia.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 18 Num. 5

9. Los demás procesos que no estén atribuidos a otro juez.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 6 del Decreto 2282 de 1989.

- Numeral 1o. derogado por el artículo 268 del Código Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial No. 36.439, del 10 de enero de 1984. Declarado INEXEQUIBLE.

Notas del Editor

- Para la interpretación del texto anterior a la modificación de la Ley 794 de 2003, debe entenderse que el artículo 309 de la Constitución Nacional erigió como departamento a las intendencias y comisarias.

Notas del Autor

Los jueces civiles de circuito conocen también en primera instancia de la "acción de cumplimiento" consagrada en la ley de ordenamiento territorial, Ley 388 de 1997, artículo 116; de la "acción popular" cuando no tenga origen en actos u omisiones de entidades públicas o de personas de derecho privado que desempeñen funciones de esa naturaleza, Ley 472 de 1998, artículos 16 y 17; y, de las "acciones de grupo",  Ley 472 de 1998, artículo 51.

Jurisprudencia Vigencia

- El aparte del artículo 268 del Código Contencioso Administrativo que derogaba el numeral 1o. de este artículo fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de julio 19 de 1984.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 3; Art. 13; Art. 17; Art. 18; Art. 19; Art. 22; Art. 27; Art. 451; Art. 452; Art. 453; Art. 454; Art. 455; Art. 456; Art. 457; Art. 458; Art. 459; Art. 475; Art. 476; Art. 477; Art. 478; Art. 479; Art. 480; Art. 481; Art. 482; Art. 483; Art. 627; Art. 628; Art. 629; Art. 630; Art. 631; Art. 632; Art. 633; Art. 634; Art. 635; Art. 636; Art. 637; Art. 638; Art. 639; Art. 640; Art. 641; Art. 642; Art. 643; Art. 644

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 20

Ley 1561 de 2012; Art. 9o. Par.   

Doctrina Concordante

Concepto SUPERSERVICIOS 38 de 2008

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  16. Sin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia los siguientes procesos:

1. Los contenciosos de mayor y menor cuantía en que sea parte la Nación, un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, un municipio, un establecimiento público, una empresa industrial y comercial de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de economía mixta, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso - administrativa.

2. Los contenciosos entre particulares que sean de mayor cuantía.

3. Los referentes al estado civil de las personas, con excepción de los de nulidad y divorcio de matrimonio civil, atribuidos por la ley a los jueces de familia.

4. Los de nulidad, disolución y liquidación de sociedades que no correspondan a los jueces civiles del circuito especializados.

5. Los de expropiación, salvo los que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de pertenencia que no correspondan a la jurisdicción agraria, estos últimos cualquiera que sea su cuantía.

6. Los de división de grandes comunidades.

7. Los de cesión de bienes y concurso de acreedores.

8. Los de sucesión de mayor cuantía.

9.Los de jurisdicción voluntaria, salvo norma en contrario.

10. Las diligencias de apertura, publicación y reducción a escrito de testamentos que no correspondan a los jueces de familia.

11. Los demás que no estén atribuidos a otro juez.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 16. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE CIRCUITO EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos:

1. De los contenciosos en que sea parte la Nación, un departamento, una intendencia, una comisaría, un municipio, un establecimiento público, una empresa industrial o comercial de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de economía mixta.

2. De los contenciosos entre particulares que sean de mayor cuantía.

3. De los de nulidad y divorcio de matrimonio civil, y demás referentes al estado civil de las personas, que no correspondan a los jueces de menores.

4. De los de separación de bienes y de liquidación de sociedades conyugales por causa distinta a la muerte de los cónyuges.

5. De los de nulidad, disolución y liquidación de sociedades.

6. De los de expropiación.

7. De los de división de grandes comunidades.

8. De los de quiebra, cesión de bienes y concurso de acreedores.

9. De los de sucesión de mayor cuantía.

10. De los de jurisdicción voluntaria, salvo los que correspondan a los jueces de menores.

11. De las diligencias de apertura, publicación y reducción a escrito de testamentos.

12. De los demás que no estén atribuidos a otro juez.

ARTÍCULO 17. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el Decreto 2273 de 1989, Artículo 3., parágrafo 1. El nuevo texto es el siguiente:>

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los jueces civiles de circuito especializados de Bogotá conocerán, además en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa.

Notas de Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado exequible por la Corte  Constitucional, salvo el aparte tachado que fue declarado INEXEQUIBLE, mediante Sentencia C-594-98 del 21 de octubre de 1998, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Notas del Autor

- El Consejo Superior de la Judicatura suprimió los jueces de circuito especializados, en las pocas ciudades donde funcionaban (Medellín, Bucaramanga y Cúcuta), por la que actualmente la competencia la tienen los jueces civiles del circuito.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 3; Art. 16

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 19

Código de Comercio; Art. 614   

Ley 256 de 1996; Art. 24

Doctrina Concordante

Fuero especial en materia de propiedad industrial. "Las leyes 45 de 1923 y 94 de 1931 disponían que eran privativamente competentes los jueces civiles del circuito de Bogotá, para las oposiciones a las solicitudes de registros presentadas ante la división de propiedad industrial del respectivo ministerio. La misma regla operaba para los procesos que se iniciaran con posterioridad a la expedición del registro, con el fin de obtener su cancelación o nulidad por violar derechos preferenciales del demandante. Dichas leyes consagraban cinco clases de acciones, relacionadas con marcas comerciales, e industriales, a saber: de oposición a que se otorgara el registro, de cancelación del otorgado, de nulidad del mismo, de amparo del uso de la marca registrada y de usurpación. De la misma manera, el artículo 17 del nuevo Código de Procedimiento Civil, ratificó esta competencia privativa para todos los procesos relativos a patentes, marcas y nombres comerciales que no estén atribuidos a autoridades administrativas o a la jurisdicción contencioso administrativa. Pero el nuevo Código de Comercio pasó la competencia para oposiciones a los registros, a la Oficina Administrativa de Propiedad Industrial, la cual deberá decidir, previo un término de diez días para pedir pruebas y de treinta para practicarlas, ante el jefe de la misma (artículo 595), de manera que quedaron modificados en este aspecto los artículos 17 y 414, numeral 17 del Código de Procedimiento Civil los jueces de Bogotá perdieron competencia e inclusive jurisdicción para tales negocios, por lo cual debieron enviar los que estaban en curso, en primera instancia, a la mencionada Oficina. Sin embargo, el Código de Comercio mantuvo la competencia exclusiva de los jueces civiles del circuito de Bogotá, para las demandas que corresponden a la jurisdicción civil, sobre estas materias, de acuerdo con el mismo Código.

Por otra parte, el artículo 596 del Código de Comercio, otorgó al Consejo de Estado jurisdicción y competencia, a partir del 1o. de enero de 1972, para la nueva acción de anulación de la actuación administrativa que haya otorgado el registro de marcas y por tanto del respectivo certificado, cuando éste viole los artículos 585 y 586 del mismo Código; e igualmente, el artículo 567 otorga acción de nulidad, ante el Consejo de Estado, contra las patentes de invenciones otorgadas después de su vigencia, por violación de los artículos 534 a 538 y 454 de dicho Código, y el artículo 580 igual acción, ante la misma entidad, para la nulidad de certificados de registro de dibujos y modelos industriales. Por lo tanto, sólo tiene competencia el Consejo de Estado para demandas de anulación del trámite administrativo, en razón de los mencionados registros posteriores al 1o. de enero de 1972 (pues los anteriores no podían violar aquellos textos, que no existían). (Igual doctrina adoptó el Consejo de Estado, en auto de 17 de mayo de 1972. El Tribunal Disciplinario (encargado también de resolver las colisiones de jurisdicción), se ha pronunciado también sobre compentencia del contencioso-administrativo, mediante el Consejo de Estado, para conocer de las demandas de nulidad de la resolución que concede el registro de la marca, en auto del  11 de febrero de 1975. Y el Consejo de Estado lo admitió para las varias acciones de nulidad mencionadas, sobre patentes, dibujos o modelos y marcas en auto de 25 de noviein6re de 1974).

El artículo 558 del Código de Comercio, consagra una acción judicial, de la  cual deben conocer privativamente los jueces civiles del circuito especializados de Bogotá (reformado por el parágrafo 1o., del artículo 3o. del Decreto 2273 de 1989, que creó los dichos jueces; conforme al artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), para obtener licencia para explotar la patente otorgada a otra persona, después de vencido el término de tres años contados a partir de la concesión de la patente, o de cuatro años desde la fecha de la presentación de la solicitud, según sea el término que expire más tarde, en los casos que el mismo texto señala. El artículo 560 ibídem consagra otra acción judicial, para la cual existe la misma competencia privativa, para que la patente otorgada sea sometida a nueva licencia, que puede formular bien sea el Ministerio Público o el titular de otra patente cuya explotación requiere el empleo de la primera. También se estableció en el artículo 561 del Código de Comercio, una acción especial para que el juez, con intervención de peritos, fije el monto de las compensaciones de la licencia que la Oficina de Propiedad Industrial otorgue, una vez ejecutoriada la sentencia que se dicte en el proceso de que trata el artículo 560. El artículo 563 del Código de Comercio, da acción judicial al titular de la patente, para que el juez ordene la terminación de la licencia obligatoria o de oficio, cuando quien haya recibido ésta no cumpla las condiciones establecidas de la misma. Nada se dijo acerca de cuál es el procedimiento para esto cuatro casos, por lo cual debe aplicarse para ellos, por analogía y como lo dispone el artículo 5 del Código de Procedimiento Civil, el abreviado previsto para problemas de marcas y patentes (artículo 414, numeral 17); pero todos se tramitan ante los jueces civiles del circuito de Bogotá.

Los artículos 568, 569, 581 y 597 del Código de Comercio, consagraron un procedimiento para obtener del juez civil del circuito de Bogotá, la imposición de medidas cautelares contra quien usurpe los derechos garantizados con una patente, un dibujo, o modelo industrial o una marca registrada. El artículo 570 ibídem, agrega que el infractor deberá formular demandante el mismo juez que conoció de las medidas cautelares, para probar la legalidad de su proceder, dentro de los cuatro meses siguientes a fecha del auto que decretó aquellas, y si no hace caducará su derecho; si justifica su conducta, se impone al demandado que obtuvo las medidas cautelares, tanto las costas como el pago de perjuicios. Tampoco se dice cuál sea el procedimiento para este último proceso, por lo cual debe ser ordinario.

Por último, al artículo 571 del Código de Comercio, otorga al titular de una patente o licencia acción de indemnización de los perjuicios causados por la usurpación, sin necesidad de pedir medidas cautelares o cuando hubieren sido negadas; luego con mayor razón si éstas practicaron, pero en proceso separado, agregamos nosotros. Como no se señala procedimiento especial y el abreviado sólo se aplica a problemas de amparo de las marcas y patentes, pero no a la pretensión de simple indemnización,  creemos que para ésta rige el proceso ordinario de mayor, menor o mínima cuantía, según monto que se reclame.

De todas las anteriores demandas conocen los jueces civiles del circuito de Bogotá (Código de Comercio, artículo 614)". .

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 17. COMPETENCIA PRIVATIVA DE LOS JUECES DE CIRCUITO DE BOGOTÁ. Los jueces del circuito de Bogotá conocen en primera instancia de los procesos relativos a patentes, marcas y nombres comerciales, que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa.

ARTÍCULO 18. COMPETENCIA PRIVATIVA DE LOS JUECES MUNICIPALES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los jueces municipales y promiscuos municipales conocen privativamente de:

1. De las peticiones sobre pruebas anticipadas con destino a procesos de competencia de las jurisdicciones civil y agraria.

2. De los requerimientos y diligencias varias que se pretendan hacer valer ante tos jueces civiles y agrarios, sin consideración a la calidad de las personas interesadas.

De las solicitudes a que se refieren los numerales anteriores con destino a procesos o asuntos de competencia de cualquiera otra autoridad judicial, conocerá el respectivo juez laboral, de familia o contencioso administrativo. Mientras entren en funcionamiento estos últimos, conocerán los tribunales administrativos.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 7 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 15; Art. 16; Art. 23; Art. 294; Art. 295; Art. 296; Art. 297; Art. 298; Art. 399; Art. 300; Art. 301; Art. 302; Art. 303; Art. 326; Art. 575

Decreto 2651 de 1991; Art. 46  

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  18. COMPETENCIA A PREVENCIÓN. Los jueces municipales y los de circuito conocen a prevención:

1. De las peticiones sobre pruebas anticipadas con destino a procesos o asuntos de competencia de cualquiera autoridad judicial.

2. De los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 18. COMPETENCIA A PREVENCIÓN. Los jueces municipales y los de circuito conocen a prevención:

1. De las peticiones sobre pruebas anticipadas con destino a procesos o asuntos de competencia de cualquiera autoridad judicial, o sin fines procesales.

2. De los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas.

ARTÍCULO 19. DE LAS CUANTÍAS. <Artículo derogado por el literal b) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de octubre de 2012, ver en Legislación Anterior el texto vigente hasta esta fecha>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el literal b) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. La derogatoria rige a partir del 1o. de octubre de 2012.

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 572 del año 2000, publicada en el Diario Oficial No. 43.883 del 7 de febrero del año 2000.

- Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 522 de 1988, publicado en el Diario Oficial No. 38.266, del 23 de marzo de 1988.

- Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 2 de 1984, publicada en el  Diario Oficial No. 36.450 de 17 de enero de 1984.

- Artículo modificado por el artículo 1o. de la Ley 22 de 1977, publicada en el Diario Oficial No 34.796, del 30 de abril de 1977

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-1046-01 de 4 de octubre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el artículo 1 de la Ley 572 de 2000 por ineptitud de la demanda.

Corte Suprema de Justicia

 - Inciso final del texto original fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 3 de septiembre de 1971.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 25

Código de Procedimiento Civil; Art. 3; Art. 13; Art. 15; Art. 16; Art. 20; Art. 24; Art. 75; Art. 76; Art. 82; Art. 234; Art. 397; Art. 544; Art. 620  

Decreto 2303 de 1989; Art. 8

Legislación Anterior

Texto modificado por la Ley 572 de 2000:

ARTÍCULO 19. Cuando la competencia o el trámite se determine por la cuantía de la pretensión los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales inferiores al equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales; son de menor cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales comprendidas desde los quince (15) salarios mínimos legales mensuales, inclusive, hasta el equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales; son de mayor cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales.

El valor del salario mínimo mensual al cual se refiere el presente artículo, será el que rija al momento de la presentación de la demanda.

Texto modificado por el Decreto 522 de 1988:

ARTÍCULO 19. Cuando la competencia o el trámite se determine por la cuantía de la pretensión, los procesos son de mayor, de menor o de mínima cuantía. Son de mayor cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales de valor superior a un millón de pesos ($1.000.000.oo); de menor cuantía los de valor comprendido entre cien mil pesos ($100.000.oo) y un millón de pesos ($1.000.000.oo); y de mínima cuantía cuando dicho valor sea inferior a cien mil pesos ($100.000.oo).

Texto modificado por la Ley 2 de 1984:

ARTÍCULO 19. Cuando la competencia o el trámite se determina por la uantía de la pretensión, los procesos son de mayor, de menor o de mínima cuantía. Son de mayor cuantía los que versan sobre pretensiones patrimoniales de valor superior a trescientos mil pesos ($300.000.00); de menor cuantía los de valor comprendido entre veinte mil y trescientos mil ($20.000.00 y $300.000.00); y de mínima cuando dicho valor no exceda de veinte mil pesos ($20.000.00).

Texto modificado por la Ley 22 de 1977:

ARTÍCULO 19. DE LAS CUANTÍAS. Cuando la competencia o el trámite se determina por la cuantía de la pretensión, los procesos son de mayor, de menor o de mínima cuantía. Son de mayor cuantía los que versan sobre pretensiones patrimoniales de valor superior a cien mil pesos ($ 100.000.oo); de menor cuantía los de valor comprendido entre cinco y cien mil pesos ($ 5.000.00 y $ (100.000.00); y de mínima cuantía cuando dicho valor no exceda de cinco mil pesos ($ 5.000.000.oo)

Texto original del Decreto 1400 de 1970:

ARTÍCULO 19. DE LAS CUANTÍAS. Cuando la competencia o el trámite se determina por la cuantía de la pretensión, los procesos son de mayor, de menor o de mínima cuantía. Son de mayor cuantía los que versan sobre pretensiones patrimoniales de valor superior a veinte mil pesos; de menor cuantía, los de valor comprendido entre mil y veinte mil pesos; y de mínima cuantía, cuando dicho valor no exceda de mil pesos.

Sin embargo, la mínima cuantía en las cabeceras de distrito será hasta tres mil pesos, y en las cabeceras de circuito hasta dos mil pesos.

El Gobierno Nacional reajustará periódicamente las anteriores cuantías, teniendo en cuenta la significación de los valores, las necesidades de la justicia y la conveniencia pública.

ARTÍCULO 20. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral  8 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La cuantía se determinará así:

1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla.

2. <Numeral modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones.

3. En los procesos de deslinde y amojonamiento, por el valor del derecho del demandante en el respectivo inmueble.

4. En los procesos divisorios por el valor de los bienes objeto de la partición o venta.

5. En los procesos de sucesión, por el valor de los bienes relictos.

6. En los procesos posesorios, por el valor del bien objeto de la perturbación o el despojo.

7. <Numeral modificado por el artículo 40 de la Ley 820 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos de tenencia por arrendamiento, por el valor actual de la renta durante el término pactado inicialmente en el contrato, y si fuere a plazo indefinido, por el valor de la renta del último año. Cuando la renta deba pagarse con los frutos naturales del bien arrendado, por el valor de aquellos en el último año. En los demás procesos de tenencia, la cuantía se determinará por el valor de los bienes.

Notas de Vigencia

- Numeral 7. modificado por el artículo 40 de la Ley 820 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.244, de 10 de julio de 2003.

Legislación Anterior

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

7. En los procesos de tenencia por arrendamiento, por el valor de la renta durante el término inicialmente señalado en el contrato, y si fuere a término indefinido, por el valor de la renta en un año. Cuando el canon deba pagarse con los frutos naturales del bien arrendado, por el valor de aquéllos en un año. En los demás procesos de tenencia, la cuantía se determinará por el valor de los bienes.

8. En los procesos de servidumbres, por el valor del avalúo catastral del predio sirviente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 8 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia

- Numeral 2o. del texto original declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 010 del 6 de febrero de 1990, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Gómez Otálora.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 26

Código Civil; Art. 714; Art. 715; Art. 716; Art. 717; Art. 718  

Código Contencioso Administrativo; Art. 134-E

Código de Procedimiento Civil; Art. 3; Art. 13; Art. 15; Art. 16; Art. 19; Art. 24; Art. 75; Art. 76; Art. 82; Art. 397; Art. 427; Art. 435; Art. 461; Art. 467; Art. 587

Ley 1394 de 2010; Art. 3o. par. 1o.  

Jurisprudencia Concordante

Incuestionablemente, la estructura gramatical y lingüística de la norma es la más acorde con las regulaciones sustantivas existentes con respecto a los elementos que en ella se señalan para la determinación de la cuantía. Mientras que la renta o precio arrendaticio permanece estable en tanto la voluntad de los contratantes no establezca nada distinto, el término del contrato puede resultar modificado como consecuencia de imprevisibles comportamientos de los contratantes, conforme ocurre cuando se da el fenómeno de la tácita reconducción, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2014 del Código Civil. Por lo demás, el legislador quiso atar lo relacionado con el término, para así evitar que la cuantía y con ella la competencia quedara al arbitrio de una de las partes, pues de no existir la regulación que se comenta, bien podría consagrarse un plazo contractual y otro muy distinto para efectos procesales.

La cuantía, en procesos sobre renovación de contratos de arrendamiento (C. Co., art. 519), se establece con base en el numeral 7º del artículo 20 del Código Procedimiento Civil. "... El contenido general del numeral 7º, permite afirmar que en el campo procedimental existe norma propia para establecer la cuantía, y por ende, la competencia en los procesos verbales a que se refiere el artículo 519 del Código de Comercio, y, que por lo mismo, a ella debe recurrirse en todos los casos en que la pretensión consista en diferencias generales en la renovación del contrato de arrendamiento de local comercial; descarta, en esta forma, la Sala, la aplicación del numeral 1º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y de la analogía como sistema para llevar vacíos (art. 5º, ib.)

Para el caso concreto de los procesos ejecutivos la cuantía se determina "por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, los intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla". (CPC, art. 20, num. 1º).

De otro lado, el artículo 493 inciso 2º, enseña que tratándose de la ejecución por obligación de hacer, se puede pedir en forma conjunta el cumplimiento de la obligación de hacer y los perjuicios por la demora en la ejecución del hecho.

De tal suerte, que en el caso litigado, la pretensión ejercida por la parte demandante y según su libelo, es por demás una petición conjunta al tenor de la norma atrás citada, situación que de suyo excluye la posibilidad de la acumulación, especialmente cuando ni siquiera la estimación de perjuicios está condicionada, o mejor, se encuentra colocada como una pretensión subsidiaria. Además de la norma precitada, el artículo 494 inciso 1º ibídem autoriza al acreedor para que desde un principio su pretensión se extienda conjuntamente al cumplimiento del hecho debido al pago de los perjuicios eventualmente sufridos por el presunto incumplimiento del demandado.

En este orden de ideas se tiene que es una sola la pretensión incoada por el actor, o sea la obligación de suscribir el documento y de pagar perjuicios estimados, pretensión que encaja dentro de lo reglado en el numeral 1º del ya citado artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, pues para el caso controvertido, además de la cuantía de la promesa de contrato se debe tener en cuenta el monto de los perjuicios que se causaren antes de la demanda".

Doctrina Concordante

a') En los procesos divisorios, en los  cuales se toma como referencia el bien materia de Ia comunidad (C. de P.C., art. 20, num. 4).

b') en los procesos posesorios, por el  valor del bien objeto del despojo o la perturbación, que son las dos pretensiones que comprende (ibídem, art. 20, num. 6).                  

c') En los procesos de tenencia, distintos del arrendamiento, que torna el valor del bien sobre el cual ella recae, (ibídem, art. 20, num. 7).                     

d') En los de  servidumbre, aunque ya no es la estimación libre que haga el demandante, sino el valor catastral del predio sirviente, cuyo comprobante respectivo consideramos    que debe acompañarse a la demanda a fin de establecer esa circunstancia, aunque la ley no lo exige como anexo (ibídem, art. 20, num. 8).

1. 1. Cuando se cobra o reclama el reconocimiento de una pretensión   principal y otra u otras accesorias, todas con   fundamento en un mismo título, se suman para establecer la cuantía (C. de P.C., art. 20, num 1).

De dicha variante o modalidad pueden citarse varios ejemplos. Está el caso del contrato de compraventa cuando el vendedor va a cobrar $ 3.500.000 por concepto del saldo del precio adeudado y la cláusula penal pactada por el incumplimiento, que asciende a $ 1.200.000, pues entonces se deben sumar ambas partidas, que dan un  total de $ 4.700.000, superior a los $ 3.850.000, límite mínimo de la mayor cuantía a partir del 1o., I, 1996, correspondiéndole, por tanto, al juez civil del circuito. También cuando se cobra un cheque por valor de $ 3.000.000, la sanción prevista en el art. 722 del C. de Co., que es del 20 %, o sea, $600. 000, y los intereses moratorios, que ascienden a $ 1.400.000, como la suma de estas tres cantidades es de $ 5.000.000, superior a los $ 3.850.000, que, se repite, es la base de la mayor cuantía para 1996, la competencia radica en el juez civil del circuito.

Aclaramos que los accesorios son los adeudados hasta el momento de presentarse la demanda, sin tener en cuenta los que se causen con posterioridad, en razón del principio de la inmodificabilidad de la competencia, como lo denominan los alemanes, o de la perpetua jurisdicción, como lo llaman otras escuelas, adoptado expresamente por nuestro Código de Procedimiento Civil en su art. 21, inc. 2o..

Al respecto, al igual que en el supuesto anterior, lo que se toma en consideración para determinar la cuantía y, por ende, la competencia, es el valor de lo reclamado al momento de presentar la demanda, en virtud del principio de la inmodificabilidad de la competencia, por lo cual es factible, v. gr., demandar para cobrar los arrendamientos o alimentos adeudados, que ascienden a  $2.500.000, más los que lleguen a causarse en el futuro, situación que permite el art. 498, inc. 2o., del actual C. de P.C., pero como solo se torna la cantidad inicialmente adeudada, inferior a $3.950.000, que es el tope de la menor cuantía vigente en 1996, la competencia radica, por tanto, en el juez civil municipal, sin que se afecte porque la renta o pensión causadas en el curso del proceso llegue a superar o exceder el límite de competencia, lo cual es posible por la demora que este puede registrar.

c) En los procesos de deslinde y amojonamiento por el valor del derecho del demandante en el respectivo inmueble (C. de P.C., art. 20, num. 3).

d) En los procesos de sucesión por el valor del bien o bienes relicitos (C. de P.C., art. 20, num 5).

e) En los procesos de tenencia con base en un contrato de arrendamiento, esto es, la restitución, bien a instancia del arrendador o del arrendatario, se establece por el valor de la renta durante el plazo inicialmente pactado y, si fuere a término indefinido, por el de un año. Cuando la renta se debe pagar en frutos naturales del bien arrendado, por el valor de ello durante un año (C. de P. C., art. 20, num. 7).

Además, se reitera que el criterio general adoptado por el Código de procedimiento civil en materia de cuantía es el del valor de la pretensión al formula la demanda, según se desprende del art. 20, num. 1, pues resulta inequitativo que un contrato con varios reajustes y que de acuerdo con la renta vigente le corresponda conocer al juez del circuito, se ventile por la cuantía inicial ante el juez municipal y en única instancia, si es de mínima cuantía".

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 20. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA. La cuantía se determinará así:

1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen unirse pretensiones.

3. En los procesos de deslinde y amojonamiento, por el valor del derecho del demandante en el respectivo inmueble.

4. En los procesos divisorios, por el valor de los bienes objeto de la partición o venta.

5. En los procesos de sucesión, por el valor de los bienes relictos.

6. En los procesos posesorios, por el valor del bien objeto de la perturbación o el despojo.

7. En los procesos de tenencia por arrendamiento, por el valor de la renta durante el término inicialmente señalado en el contrato, y si fuere a término indefinido, por el valor de la renta en un año. En los demás procesos de tenencia, la cuantía se determinará por el valor de los bienes.

ARTÍCULO 21. CONSERVACION Y ALTERACION DE LA COMPETENCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> La competencia no variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o por que éstas dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno nacional.

La competencia por razón de la cuantía señalada inicialmente podrá modificarse en los siguientes casos:

1. En los procesos de sucesión, por causa del avalúo en firme de los bienes inventariados.

2. En los contenciosos que se tramitan ante juez municipal, por causa de demanda de reconvención o de acumulación de procesos o de demanda ejecutiva. En tales casos, lo actuado hasta entonces conservará su validez y el juez lo remitirá a quien resulte competente.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 27

Código de Procedimiento Civil; Art. 13; Art. 24; Art. 157; Art. 158; Art. 400; Art. 540; Art. 541; Art. 667; Art. 559

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia:

La única excepción al principio de la perpetuatio jurisdictionis en alteración de la competencia por acumulación de procesos ejecutivos, la constituye el factor objetivo. "El artículo 539 del Código de Procedimiento Civil, dispone la citación de los acreedores hipotecarios que aparezcan del certificado del registrador allegado al proceso ejecutivo donde se persiguen otras acreencias, para que dentro del término de 30 días "hagan valer sus créditos sean o no exigibles", bien sea dentro del proceso en el que se les citó, o bien, en procesos independientes.

De ese caso excepcional se ocupa el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, el cual, luego de dejar sentada la regla general sobre la invariabilidad de la competencia, dice que "la competencia por razón de la cuantía señalada inicialmente podrá modificarse... 2. En los procesos contenciosos que se tramitan ante juez municipal, por causa de demanda de reconvención o de acumulación de procesos o de demanda ejecutiva. En tales casos, lo actuado hasta entonces conservará su validez y el juez lo remitirá a quien resulte competente". (Destaca la Sala).

Fijación de la competencia al momento de iniciarse el proceso. El cambio de domicilio no constituye razón para modificar la competencia. "1. La competencia, como lo enseñan doctrina y jurisprudencia, es la medida en que la jurisdicción se distribuye entre los distintos funcionarios a quienes corresponde administrar justicia. En otras palabras: es el lote o grupo de asuntos de que le corresponde conocer a cada juez de la República.

Varios son los factores determinantes de la competencia, objetivo, subjetivo, funcional y el territorial. Respecto de este último se han señalado algunos fueros, como del domicilio, entre otros, tenidos en cuenta por nuestro derecho positivo, en especial por el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil conforme con tal fuero y por regla general, como lo prescribe el numeral 1º de este precepto. "En los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado; si éste tiene varios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual será competente el juez de éste".

Ahora bien, si se da comienzo a la actuación procesal y los menores que intervienen en ésta cambian de domicilio, considérase que ello en verdad, como lo sostiene el juez de Valledupar, no constituye razón para modificar la competencia a la luz del principio de la perpetuatio jurisdictionis, conforme con el cual la realidad fáctica existente al momento de iniciarse el proceso, como el domicilio del demandado o del demandante, por ejemplo, es la que precisa a qué juez corresponde el conocimiento de determinado asunto, sin que los cambios o modificaciones posteriores puedan producir alteración alguna, salvo las excepciones que fija el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil. Y está bien que así sea, porque es en aquel instante en que se precisa una regla tan importante, a la que deben someterse los litigantes, como la de que sea ese juez y no otro indeterminado el que continúe conociendo del asunto, con lo cual se protege la seguridad de los intereses en contienda"

Cuando la Competencia se determina en razón del domicilio del demandante o del demandado, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis,  las modificaciones posteriores de esos domicilios no altera la competencia radicada en el Juez competente inicialmente.  La competencia, como lo enseña doctrina y jurisprudencia, es la medida en que la jurisdicción se distribuye entre los distintos funcionarios a quienes corresponde administrar justicia. En otras palabras: es el lote o grupo de asuntos de que le corresponde conocer a cada juez de la República.

Varios son los factores determinantes de la competencia, objetivo, subjetivo, funcional y el territorial. Respecto de este último se han señalado algunos fueros, como del domicilio, entre otros, tenidos en cuenta por nuestro derecho positivo, en especial por el articulo 23 del C. de P.C. Conforme con tal fuero, y por regla general, como lo prescribe el numeral 1o. de este precepto, "en los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el juez de domicilio del demandado; si éste tiene varios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual será competente el juez de éste".

Ahora bien, si se da comienzo a la actuación procesal y los menores que intervienen en ésta cambian de domicilio, considérase que ello, en verdad, como lo sostiene el juez de Valledupar, no constituye razón para modificar la competencia a la luz del principio de la perpetuatio jurisdictionis, conforme con el cual la realidad fáctica existente al momento de iniciarse en el proceso, como el domicilio del demandado o del demandante, por ejemplo, es la que precisa a qué juez corresponde en conocimiento de determinado asunto, sin que los cambios o modificaciones posteriores puedan producir alteración alguna, salvo las excepciones que fija el Art. 21 del C. de P.C. Y está bien que así sea, porque es en aquel instante en que se precisa una regla tan importante, a la que deben someterse los litigantes, como la de que sea ese juez y no otro indeterminado el que continúe conociendo del asunto, con lo cual se protege la seguridad de los intereses en contienda

Se está frente a una nueva demanda que puede cambiar la competencia en los eventos de demanda acumulada y de reconvención. "El procesalista colombiano doctor Hernando Devis Echandía, en efecto, al hablar de las consecuencias del principio de la perpetuatio jurisdictionis, dice: "Si el demandante corrige la demanda y como consecuencia de las nuevas peticiones o de la estimación de las anteriores, el pleito sube del valor máximo que le atribuye la ley a la competencia del juez, éste quedará sin competencia para seguir conociendo. Entonces –concluye este autor– en realidad, se tiene una nueva demanda cuya apreciación se hace en el momento de ser presentada (subraya la Corte) y lo actuado por el juez mientras era competente, permanece válido, y el expediente debe ser remitido al superior". (Tratado De Derecho Procesal Civil, T. II, pág. 113, Ed.1962).

Fue quizás acogiendo este principio como el legislador de 1970 expresamente determinó el nacimiento de la modificación de la competencia, por razón de la cuantía, en el momento de la presentación de la demanda posterior. Así, por ejemplo, al reglamentar la alteración de la competencia el Código de Procedimiento Civil hoy vigente, preceptúa en el numeral 2º del artículo 21 que ella ocurre "en los contenciosos que se tramitan ante juez municipal por causa de demanda de reconvención o de acumulación de procesos o de demanda ejecutiva. En tales casos –añade la norma– lo actuado hasta entonces conservará su validez y el juez lo remitirá a quien resulte competente"; al regular la acumulación de demandas ejecutivas, dicho estatuto preceptúa mediante el numeral 1º del artículo 540 que si la que se pretende acumular "fuere de competencia de un juez de mayor jerarquía, se le remitirá el proceso para que continúe conociendo de él"; y luego al consagrar este mismo procedimiento en el numeral 2º del artículo 556, en relación con las demandas presentadas por terceros acreedores en el proceso hipotecario o prendario.

ARTÍCULO 22. COMPETENCIA PREVALENTE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 29

Código de Procedimiento Civil; Art. 16; Art. 24; Art. 25, numeral 5 y 6; Art. 26, numeral 2

Jurisprudencia Concordante

- Consejo de Estado Sección Primera, Expediente No. 329 de 14 de marzo de 2007, C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade

CAPÍTULO III.

COMPETENCIA POR RAZON DEL TERRITORIO

ARTÍCULO 23. REGLAS GENERALES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> La competencia territorial se determina por las siguientes reglas:

1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado; si éste tiene varios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual será competente el juez de éste.

2. Si el demandado carece de domicilio, es competente el juez de su residencia, y si tampoco tiene residencia en el país, el del domicilio del demandante.

3. Siendo dos o más los demandados, será competente el juez del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

4. En los procesos de alimentos, nulidad y divorcio de matrimonio civil, separación de bienes, liquidación de sociedad conyugal, pérdida o suspensión de la patria potestad, o impugnación de la paternidad legítima, y en las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos o a los de nulidad, divorcio y separación de cuerpos de matrimonio católico, será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve.

5. De los procesos a que diere lugar un contrato serán competentes, a elección del demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del demandado. Para efectos judiciales la estipulación de domicilio contractual se tendrá por no escrita.

6. En los procesos de nulidad, disolución y liquidación de sociedades, y en los que se susciten por controversias entre los socios en razón de la sociedad, aún después de su liquidación, es competente el juez del domicilio principal de la sociedad.

7. En los procesos contra una sociedad es competente el juez de su domicilio principal; pero cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, serán competentes, a prevención, el juez de aquél y el de ésta.

Concordancias

Decreto extraordinario 2651 de 1991; art. 46

8. En los procesos por responsabilidad extracontractual, será también competente el juez que corresponda al lugar donde ocurrió el hecho.

9. En los procesos en que se ejerciten derechos reales, será competente también el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes; la demanda que verse sobre uno o varios inmuebles situados en distintas jurisdicciones territoriales, podrá intentarse ante el juez de cualquiera de ellas, a elección del demandante.

10. En los procesos divisorios, de deslinde y amojonamiento, de expropiación, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si éstos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante.

11. De los procesos para que se declare a quién corresponde una capellanía laica o un patronato de legos, conocerá el juez del domicilio del demandante.

12. De los procesos sobre rendición de cuentas conocerá también el juez que corresponda al centro principal de la administración.

13. En los procesos de quiebra, concurso de acreedores y cesión de bienes, será competente de modo privativo el juez del domicilio del deudor, y si tiene varios el que corresponda al asiento principal de sus negocios.

14. En los procesos de sucesión será competente el juez del último domicilio del difunto en el territorio nacional, y en caso de que a su muerte hubiere tenido varios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios.

15. En los procesos que se promuevan contra los asignatarios, el cónyuge o los administradores de la herencia, por causa o en razón de ésta, será competente el juez que conozca del proceso de sucesión mientras dure éste, siempre que lo sea por razón de la cuantía, y si no lo fuere, el correspondiente juez de dicha jurisdicción territorial.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 23

Decreto 2272 de 1989; Art. 5 Num. 12  

16. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, de la sucesión testada o intestada de un extranjero sin domicilio en el país, que deba tramitarse en éste, conocerá el juez que corresponda al asiento principal de sus negocios.

17. De los procesos contenciosos en que sea parte la nación, conocerá el juez del circuito de la vecindad del demandado, y de aquellos en que la nación sea demandada, el del domicilio del demandante.

18. De los procesos contenciosos en que sea parte un departamento, una intendencia, una comisaría, un municipio, un establecimiento público, una empresa industrial o comercial del Estado o de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de economía mixta, conocerá el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada. Cuando ésta se halle formada por una de tales entidades y un particular, prevalecerá el fuero de aquélla.

Notas del Editor

El artículo 309 de la Constitución Nacional erigió como departamento a las intendencias y comisarias.

19. En los procesos de jurisdicción voluntaria la competencia se determinará así:

a) En los de guarda de menores, interdicción y guarda de {demente} o sordomudo, será competente el juez de la residencia del incapaz;

Notas de Vigencia

- Término "demente" sustituido por "persona con discapacidad mental” por el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1306 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.371 de 5 de junio de 2009. Adicionalmente se establece que en la valoración de sus actos se aplicará lo dispuesto por la Ley 1306 de 2009 en lo pertinente.

b) De los de declaración de ausencia o de muerte por desaparecimiento de una persona, conocerá el juez del último domicilio que el ausente o el desaparecido haya tenido en el territorio nacional y

c) En los demás casos, el juez del domicilio de quien los promueva.

20. Para la práctica de pruebas anticipadas, de requerimiento y diligencias varias, serán competentes, a prevención, el juez de domicilio y el de la residencia de la persona con quien debe cumplirse el acto.

Notas del Autor

- Esta disposición fija los criterios de los distintos fueros de competencia donde prevalece el criterio del Fuero del Domicilio ( nums. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19 y 20)  que es una forma de relacionar a las personas con un lugar. De igual preponderancia dentro de la norma es el aforismo actor sequitur forum rei ( el actor sigue el foro del reo). La disposición expresa igualmente el criterio del fuero hereditario para el último domicilio del causante ( num. 14,15, y 16 ) y , en menor medida el fuero contractual (num. 5 ) , el fuero de la gestión administrativa  (num. 12); y el fuero real o rei sitae ( nums. 9 y 10).

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 28

Código Civil; Art. 76; Art. 656; Art. 665; Art. 706; Art. 2341

Código de Procedimiento Civil; Art. 7; Art. 12; Art. 13; Art. 18, ordinal 1; Art. 32; Art. 48; Art. 143; Art. 288; Art. 294; Art. 298; Art. 300  

Ley 222 de 1995; Art. 239  

Decreto 2272 de 1989; Art. 8  

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia:

Variación de la competencia para conocer de procesos ejecutivos de alimentos. "El conflicto entre los juzgados mencionados atañe a la competencia relacionada con los procesos de ejecución de alimentos. Al respecto el artículo 152 del Decreto 2737 de 1989 es enfático en determinar que (...).

Pero puede ocurrir que el menor al momento de hacer efectiva la obligación alimentaria, tenga un domicilio diferente a aquél en el cual se adelantó el correspondiente proceso judicial, evento en el que podrá adelantarse la ejecución en el domicilio del menor, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto 2272 de 1989.(...).

Por consiguiente, en materia de ejecución de alimentos y ante el cambio del domicilio del menor, queda a elección de éste último iniciar el correspondiente proceso ante el juez que fijó y determinó los alimentos, cualquiera que haya sido la naturaleza del mismo, en la forma prescrita en el artículo 152 del Decreto 2737 de 1989 o bien iniciar un proceso ejecutivo autónomo ante el juez de su domicilio actual".

Conflicto de competencia. Ámbito territorial para el cobro ejecutivo de un título valor. "1.- Se advierte, primeramente, que como el conflicto así planteado se ha suscitado entre dos juzgados de diferente distrito judicial, la Corte es la competente para definirlo tal como lo señala el art. 16, in fine de la Ley 270 de 1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia".

2.- La distribución de la jurisdicción entre los diferentes órganos encargados de administrar justicia, se encuentra expresamente prevista por el legislador mediante el establecimiento de los llamados factores determinantes de la competencia. Uno de esos factores es el territorial, para cuya definición la misma ley acude a los denominados fueros o foros: el personal, el real y el contractual. El primero atiende al lugar del domicilio o residencia de las partes, empezando por la regla general del domicilio del demandado (art. 23, numeral 1o. del C. de P.C.), el segundo consulta el lugar de ubicación de los bienes o del suceso de los hechos (art. 23, numerales 8, 9 y 10 ibídem) y el contractual tiene en cuenta el lugar de cumplimiento del contrato, conforme al numeral 5o. el artículo citado.

3.- En relación con la determinación de la competencia territorial para el cobro compulsivo de un título valor, esta Corporación ha reiterado que debe seguirse el principio general contemplado en el art. 23, numeral 1o., del C. de P. C., ya que "el fuero concurrente previsto en la regla 5a. (...), no tiene, en principio, aplicación en este supuesto porque la emisión o tenencia de uno de esos instrumentos no denota por sí sola una relación de contenido contractual ", a menos que "el título valor tenga soporte incontrovertible en un contrato entre las futuras partes procesales, contrato que hace parte de los anexos de la demanda, pues en este evento la existencia del fuero concurrente encuentra arraigo en el numeral 5o. del artículo 23 in fine, del cual se puede servir el actor al presentar el libelo" (autos de 28 de octubre de 1993, de 31 de octubre de 1994 y de 23 de abril de 1996, entre otros).

Por tanto, como los instrumentos traídos para el recaudo ejecutivo no son contratos y como en el expediente no aparece la prueba incontrovertible de la relación causal, la determinación de la competencia necesariamente surge del factor territorial, fuero personal, en consideración al domicilio de la parte demandada, que como ya se dijo, lo es el municipio de..., según se anota en el propio escrito de demanda (art. 23, ord. 1o. del C. de P.C.). De manera que sin entrar a calificar la legalidad de la providencia por la cual el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esta ciudad rechazó la demanda, pese a haber librado antes el mandamiento de pago, el que así revocó, lo cierto es que desde el punto de vista formal de la definición de la competencia misma consulta las directrices antes indicadas.

Competencia. Definición. Fueros. Referida al factor territorial. Para el cobro de títulos valores. "La competencia, es decir, la distribución de la jurisdicción entre los diferentes órganos encargados de administrar justicia, se encuentra expresamente prevista por el legislador mediante el establecimiento de los llamados factores determinantes de la competencia. Uno de esos factores  es el territorial, para cuya definición la misma ley acude a los denominados fueros o foros: el personal, el real y el contractual. El primero atiende al lugar del domicilio o residencia de las partes, empezando por la regla general del domicilio de¡ demandado (art. 23, numeral 1o. del de P.C.), el segundo consulta el lugar de ubicación de los bienes o del suceso de los hechos (art. 23. numerales 8, 9 y 10 ibídem) y el contractual tiene en cuenta el lugar de cumplimiento del contrato, conforme al numeral 5o. del artículo citado.

En relación con la determinación de la competencia territorial para el cobro compulsivo de un título valor, esta Corporación ha reiterado que debe seguirse el principio general contemplado en el art. 23, numeral 1o., del C. de P. C., ya que "el fuero concurrente previsto en la regla 5a. (... ), no tiene, en principio, aplicación en este supuesto porque la emisión o tenencia de uno de esos instrumentos no denota por sí sola una relación de contenido contractual", a menos que    "el título valor tenga soporte incontrovertible en un contrato entre las futuras partes procesales, contrato que hace parte de los anexos de la demanda, pues en este evento la existencia del fuero concurrente encuentra arraigo en el numeral 5o. del artículo 23 in fine del cual se puede servir el actor al presentar el libelo" (Autos de 28 de octubre de 1993, de 31 de octubre de 1994 y de 23 de abril de 1996, entre otros).

Regla general para determinar la competencia por el factor territorial. "La competencia es la medida o porción en que la ley atribuye la potestad de administrar justicia de la cual es titular el Estado, asignándola a los distintos despachos judiciales para conocer de determinados asuntos, y bien sabido es que, en esta distribución, no son suficientes reglas de carácter objetivo o las orientadas por la calidad de las partes, puesto que existe pluralidad de órganos de idéntica categoría en el territorio nacional y se requiere de criterios de reparto horizontal de competencia entre ellos para saber a cuál corresponde   entender de cada asunto en concreto. Para llegar a la aludida determinación, entonces, ha creado la ley fueros que, en principio, se guían por relaciones de proximidad ".... sea del lugar donde se encuentran las partes o bien de la radicación geográfica del objeto del litigio, con la circunscripción territorial dentro de la cual dichos órganos están facultades para ejercer legítimamente la potestad jurisdiccional..., (Sentencia de 18 de octubre de 1989), y si. guiendo este criterio general, es así como en materia civil la ley estableció, en el numeral primero del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, un fuero general consistente en que "en los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado...",precepto acerca de cuyos alcances, esta Corporación precisó en sentencia de 18 de marzo de 1988: "Trátese, entonces de un fuero general, por cuanto la persona puede ser llamada a comparecer en proceso, por razón de su domicilio (forum domicili rei), basado en el conocido principio universal y tradicional de lo justo (actor sequitur forum rei) pues si por consideraciones de conveniencia o necesidad social se aconseja que el demandado esté obligado a comparecer al proceso por voluntad del actor, la justicia exige que se le acaree al demandado el menor daño posible y que, por consiguiente, sea llamado a comparecer ante el juez de su domicilio, ya que en tal caso el asunto será menos oneroso para él".

En síntesis, la regla general para tomar en consideración en orden a fijar la competencia en razón del factor territorial, es la determinada por el fuero personal básicamente consagrada en el referido numeral 1o del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el domicilio del demandado, que para aquellos eventos en que se trate de una persona jurídica de derecho privado, el mismo artículo en su numeral 7o expresamente señala: "En los procesos contra una sociedad es competente el juez de su domicilio principal; pero cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, serán competentes, a prevención, el juez de aquél y el de ésta".

Al respecto, refiriéndose a los citados numerales 7o y 8o del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, esta Corporación dijo en sentencia del 6 de octubre de 1981 (G.J. Tomo CLXVI, pág. 559): "Armonizadas las dos disposiciones, como deben serlo, sin hesitación, aparece que en los eventos allí contemplados, de acaecer ambos, pero en territorios diferentes, preventiva o concurrentemente otorgan competencia a los jueces del domicilio, sucursal, agencia de la sociedad o lugar donde ocurrió el hecho, según fuere el caso. Por supuesto que el adverbio 'también', usado por el legislador, conduce a esta interpretación, puesto que si éste expresa la igualdad o semejanza de una cosa con otra ya nombrada, refiriéndose a la competencia, ni más ni menos significa que 'el juez que corresponde al lugar donde ocurrió el hecho' es asimismo competente para conocer de los procesos contra una sociedad, a elección del actor, cuando a ella se responsabiliza del insuceso"

Así se tiene que son concurrentes, entre otros, dentro del factor territorial, los fueros que dimanan de los procesos a que diere lugar un contrato, porque operan el forum destinatae solutionis (art. 23, núm, 5), y el forum domicilli rei (num. 1).

De otro lado, cuando el demandado, en idéntico caso, es una sociedad, es decir, una persona jurídica de derecho privado, a los fueros precedentemente citados se aunan los serias lados en el numeral 7 del mencionado artículo 23 que, como regla general, remite al juez del domicilio principal; pero, cuando el asunto está vinculado a alguna agencia o sucursal, además de ser competente el de dicho domicilio principal, lo será también "a prevención", el juez de aquella y el del domicilio de la sucursal o agencia.

Mas, cuando, la sociedad actora escogió el fuero relacionado con la ubicación de la agencia vinculada al asunto, y al hacerlo se amparaba en la opción fijada en el numeral 7 del citado art. 23, excluyó, con ello, de la competencia a las dependencias restantes, lo cual determina que, siendo válida la escogencia, la competencia de tal manera fijada sea la que de modo inalterable se proyecte hasta el final del proceso".

Así se tiene que son concurrentes, entre otros, dentro del factor territorial, los fueros que dimanan de los procesos a que diere lugar un contrato, porque operan el forum destinatae solutionis (art. 23, num. 5º), y el forum domicillii rei (num. 1º).

De otro lado, cuando el demandado, en idéntico caso, es una sociedad, es decir, una persona jurídica de derecho privado, a los fueros precedentemente citados se aúnan los señalados en el numeral 7º del mencionado artículo 23 que, como regla general, remite al juez del domicilio principal; pero, cuando el asunto está vinculado a alguna agencia o sucursal, además de ser competente el de dicho domicilio principal, lo será también "a prevención", el juez de aquélla y el del domicilio de la sucursal o agencia".

En efecto, y trayendo a colación el que se invocó por el juzgado ubicado en la jurisdicción territorial de Buga como fuero procedente para el proceso y causa de su negativa para conocer de este, o sea, el consagrado en el numeral 5º del artículo 23 citado, su naturaleza dista mucho de poderse asimilar a la acción que se encamina, de manera rigurosa, a la efectividad de la obligación cambiaria contraída por el deudor.

Como quiera que ambas se mueven en órbitas diferentes, no es acertado asimilar la acción encaminada al cobro de determinado título-valor, con la tendiente a obtener el cumplimiento del contrato, por lo que entonces resulta desatinado invocar como presunto fuero concurrente el del lugar del cumplimiento del contrato frente a un asunto cobijado únicamente por el llamado fuero general o actor sequitur forum rei, de que trata el numeral 1º del mencionado artículo 23, y que se refiere a la regla según la cual debe demandarse en el domicilio del demandado"

Cómo se determina la competencia territorial teniendo en cuenta la calidad de las partes que intervienen en el proceso y en especial cuando la demandada es  una sociedad de economía mixta, por responsabilidad extracontractual. Los fueros. La competencia por razón del   territorio se sujeta a las reglas contenidas en el Art. 23 del C. de P.C., precepto donde se consagran varios fueros o lugares para que una persona sea demandada.

En lo que específicamente concierne a las sociedades de economía mixta, categoría donde se ubica el Banco Popular, debe concluirse, entonces, que, en virtud del citado Art. 23, Num. 18, la demanda incoactiva de este proceso ordinario seria de conocimiento del Juzgado Civil del Circuito de Cali, atendido lo que también dispone el Art. 16-1 ibídern., y dado que en esa ciudad es donde funciona el centro principal de su administración, lo que configura en la actualidad su domicilio para los fines indicados en aquella disposición.

a) Cuando la ley quiere determinar un fuero privativo, de esta manera lo establece. Así ocurre con los procesos que se mencionan en el Art. 23, Num. 10 del C. de P.C. (divisorios, expropiación, pertenencia, etc.), casos estos en los que la competencia se hace residir únicamente en el juez del lugar donde se hallen los bienes en litigio.

b) El Art. 23, Num. 18 del C. de P.C. prescribe que el conocimiento de los procesos en que sea parte -demandante o demandada- una sociedad de economía mixta, le atañe al juez del domicilio del demandado, lo que no implica la intención de otorgar un privilegio en atención a la calidad de la parte, ya que si ello fuera de esta manera, otro tanto tendría que suceder si aquella, en vez de demandada, actúa como demandante. 0 sea, en este evento, habría que acudir también al juez de su propio domicilio, y esto no es lo que dice la norma. Por lo demás, en la hipótesis que se considera no tiene incidencia la prevalencia que se le otorga a la presencia de la entidad cuando es demandada junto con un particular, porque no es el supuesto del que acá se trata.

c)  El mismo Art. 23, en el numeral 8, dice que también – lo que supone la concurrencia con otros jueces- es competente  el juez del lugar donde ocurrieron los hechos en los procesos  que versan sobre la responsabilidad extracontractual, como es el de que se ocupa la Sala. Se trata de un fuero real, concurrente con el fuero personal (lugar de los hechos y domicilio del demandado), los que precisamente por tener puntos de referencia territorial distintos, no resultan incompatibles, sino, por el contrario, coincidentes, siendo el demandante la elección respectiva.

Competencia para conocer los procesos por culpa aquiliana contra las sociedades. "La regla general de que, en los asuntos contenciosos, el domicilio del demandado rige la competencia territorial (parte primera del CPC, art. 23) se reafirma en el numeral 7º de la misma disposición relativamente a las sociedades, al precisarse que en los procesos contra una de ellas es competente el juez de su domicilio principal. Con tal precisión el legislador ha confirmado que, en principio, desde el punto de vista territorial, el domicilio del demandado rige la competencia.

Pero esta regla, ni es absoluta, ni excluye otras que rigen la misma materia de la competencia por razón del territorio. En efecto, otra de las reglas generales sentada en el precitado artículo 23 es la que establece el numeral 8º al decir: en los procesos por responsabilidad extracontractual, será también competente el juez que corresponda al lugar donde ocurrió el hecho.

Competencia para conocer de procesos en donde se procura cobrar sumas contenidas en cheques de banco extranjero sin domicilio en Colombia. "Pues bien: dice el artículo 621 del Código de Comercio que si en el título no se menciona el lugar de cumplimiento de la obligación o del ejercicio del derecho, la competencia se establecerá por el domicilio de creador del título y, si tiene varios, será el que elija el tenedor. Este artículo que es norma especial armoniza perfectamente con el numeral 5º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, que establece que en materia de contratos será competente, a elección del demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del demandado.

ARTÍCULO 24. PRELACION DE COMPETENCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor.

Notas del Autor

Esta norma establece que cuando no exista concordancia entre lo que indican el factor territorial y el factor objetivo por la materia y el valor, debe estarse a lo resuelto en este último.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 29

Código de Procedimiento Civil; Art. 19; Art. 20; Art. 21; Art. 22; Art. 23

CAPÍTULO IV.

COMPETENCIA FUNCIONAL

ARTÍCULO 25. COMPETENCIA FUNCIONAL DE LA SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> La Corte Suprema de Justicia conoce en Sala de Casación Civil:

1. De los recursos de casación.

2. De los recursos de revisión que no estén atribuidos a los tribunales superiores.

3. De los recursos de queja cuando se deniegue el de casación.

4. Del exequatur de sentencias y laudos arbitrales proferidos en país extranjero, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales.

5. De los procesos contenciosos en que sea parte un agente diplomático acreditado ante el gobierno de la república, en los casos previstos por el derecho internacional.

6. De los procesos de responsabilidad de que trata el artículo 40, contra los magistrados de la Corte y de los tribunales cualquiera que fuere la naturaleza de ellos.

Notas del Autor

La Corte Suprema de Justicia conoce además: de las acciones impetradas en contra de los actos administrativos emitidos por el Consejo de Estado, Código Contencioso Administrativo, artículo 97; y de las acciones de repetición que el estado ejerza en contra de los magistrados del Consejo de Estado, Código Contencioso Administrativo, artículo 128

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 30

Constitución Política; Art. ; Art. 235

Código de Procedimiento Civil; Art. 22; Art. 29; Art. 31; Art. 40; Art. 365; Art. 366; Art. 367; Art. 368; Art. 369; Art. 370; Art. 371; Art. 372; Art. 373; Art. 374; Art. 375; Art. 376; Art. 379; Art. 380; Art. 381; Art.  382; Art. 383; Art. 384; Art.  385

Decreto 2303 de 1989; Art. 50

Decreto 2272 de 1989; Art. 9

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia:

Competencia Funcional. Tanto la anterior constitución en su artículo 151 ordinal 3º., como la actual en el 235 numeral 5º., asignan a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de los negocios contenciosos contra los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional; y en desarrollo de esas disposiciones, el estatuto procedimental civil en su artículo 25 numeral 5º., al regular la competencia funcional de la Sala de Casación de la referida Corporación, preceptúa que a esta corresponde conocer "De los procesos contenciosos en qe sea parte de un agente diplomático acreditado ante el gobierno de la República, en los casos previstos en el derecho internacional.

La Corte Suprema de Justicia no asume el conocimiento de procesos en que sean parte agentes consulares. "(...) la norma de excepción que establece el artículo 235, numeral 5º, de la Constitución Nacional en concordancia con el artículo 25, numeral 5º, del Código de Procedimiento Civil, en tanto le atribuye competencia funcional privativa a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para conocer, 'en los casos previstos por el Derecho Internacional', de los procesos contenciosos en que sea parte un agente diplomático acreditado ante el gobierno de la república, no puede hacerse extensiva a actuaciones de la misma naturaleza en que intervengan funcionarios consulares. Lo cierto es que en la interpretación de los preceptos recién citados, tomando en consideración desde luego el carácter limitativo de la prerrogativa exorbitante que consagran, tiene por fuerza que prevalecer la restricción literal como criterio rector adecuado, y si esto se suma que el 'status consular' de suyo y con arreglo a acuerdos internacionales vinculantes para Colombia, no otorga iguales privilegios a los que disfrutan los diplomáticos, inevitable resulta concluir que la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena, declarándose incompetente para asumir el conocimiento de la demanda en referencia, no tiene fundamento ninguno y, por lo tanto, se dispondrá la inmediata devolución del expediente a dicha oficina para que prosiga el trámite del proceso de acuerdo con la ley".

ARTÍCULO 26. COMPETENCIA FUNCIONAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Los tribunales superiores de distrito judicial, en sala civil, conocen:

1. En segunda instancia:

a) De los recursos de apelación y de las consultas en los procesos de que conocen en primera instancia los jueces de circuito, y de los recursos de queja cuando se deniegue el de apelación, y

Notas de Vigencia

- Todas las disposiciones del Código de Procedimiento Civil o las especiales que establezcan el grado jurisdicción de consulta para las sentencias que se profieran en procesos de declaración de pertenencia  fueron derogadas por el literal c) del artículo 70 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

b) De los recursos de apelación que consagra la ley en los procesos civiles de que conocen los jueces de menores, y de los recursos de queja cuando se denieguen aquellos.

2. En única instancia, del recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los jueces de circuito, municipales, territoriales y de menores, y de los procesos sobre responsabilidad de que trata el artículo 40, contra los jueces cualquiera que fuere la naturaleza de ellos.

Notas del Autor

De conformidad con el artículo 11 del Decreto Extraordinario 2303 de 1989, en aquellos tribunales en donde no se hayan creado "salas agrarias", las funciones de esta naturaleza serán ejercidas por la respectiva sala civil. En la actualidad solo los tribunales de los distritos judiciales de Antioquia y Cundinamarca cuentan con salas agrarias.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art.  31

Código de Procedimiento Civil; Art. 3; Art. 29; Art. 40; Art. 350; Art. 360; Art. 366; Art. 370; Art. 371; Art. 375; Art. 377; Art. 379; Art. 383; Art. 384; Art. 386

Ley 270 de 1996; Art. 19; Art. 20

Decreto 2272 de 1989; Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4 ; Art. 5; Art. 11

ARTÍCULO 27. COMPETENCIA FUNCIONAL DE LOS JUECES CIVILES DE CIRCUITO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Los jueces de circuito conocen en segunda instancia de los recursos de apelación en los procesos atribuidos en primera a los jueces municipales, y de los recursos de queja cuando se denieguen aquéllos.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 33

Código de Procedimiento Civil; Art. 3; Art. 16; Art. 350; Art. 351; Art. 352; Art. 353; Art. 354; Art. 355; Art. 356; Art. 357; Art. 358; Art. 359; Art. 360; Art. 361; Art. 362; Art. 363; Art. 364  

Decreto 2303 de 1989; Art. 10

Decreto 2272 de 1989; Art. 5  

ARTÍCULO 28. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Los conflictos de competencia que se susciten entre los tribunales superiores, entre un tribunal y un juzgado de otro distrito o entre dos juzgados de distintos distritos judiciales, serán resueltos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Los que ocurran entre juzgados de igual o diferente categoría, de distintos circuitos, pero dentro de un mismo distrito, serán resueltos por la sala civil del respectivo tribunal; aquéllos que se presenten entre juzgados municipales de un mismo circuito, por el juez de éste; y los que no estén atribuidos a la Corte Suprema de Justicia ni a los jueces de circuito, por los tribunales superiores de distrito judicial.

Notas del Autor

De conformidad con el artículo 256, numeral 6, de la Constitución Política y los artículo 112 y 114 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de justicia), los conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones serán dirimidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura y la misma sala del Consejo Seccional de la Judicatura.

De otra parte, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se denomina en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, como "Sala de Casación Civil y Agraria"

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 29; Art. 148; Art. 623; Art. 624

Ley 1285 de 2009; Art. 7  

Ley 270 de 1996; Art. 16; Art. 17; Art. 18

Jurisprudencia Concordante

Los conflictos de competencia entre salas civiles y de familia de la misma jurisdicción deben ser resueltos por el superior funcional y no por el Consejo Superior de la Judicatura. "1. De conformidad con el artículo 256-6 de la Constitución Nacional y el artículo 9º-1 del Decreto 2652 de 1991, corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

7. Es por lo anterior, que en el caso en estudio debe señalarse que los conflictos de competencia que surjan entre las salas civiles y las de familia, ambas pertenecientes a la jurisdicción ordinaria, deben ser resueltos por el superior funcional atendiendo lo establecido en el artículo 28 en concordancia con el artículo 5º del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de asuntos que como ya se dijo, corresponden a la misma jurisdicción ordinaria.

Para que pueda hablarse de este fenómeno se requiere que el asunto se encuentre en etapa de conocimiento, esto es, que no se haya dictado sentencia. Definida la competencia, por lo general permanece inalterable. A despecho de que el legislador ha atribuido expresamente la competencia de los diversos asuntos, considerando al efecto los varios factores que la integran, no es infrecuente que en la práctica se presenten situaciones que, es verdad, suscitan controversia en el punto; cuando tal ocurre entre dos o más funcionarios judiciales, generalmente en torno a la negativa para conocer de un proceso, se crea un verdadero conflicto de competencia.

Previendo tales situaciones, el legislador de 1971 dispuso en el Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil el trámite que entonces debe imprimirse ante los funcionarios encargados de dirimir los conflictos según el Artículo 28 ejusdem.

CAPÍTULO V.

MODO DE EJERCER SUS ATRIBUCIONES LA CORTE Y LOS TRIBUNALES

ARTÍCULO 29. ATRIBUCIONES DE LAS SALAS DE DECISION Y DEL MAGISTRADO PONENTE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que resuelvan sobre la apelación contra el que rechace o resuelva el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto. El Magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión.

Los autos que resuelvan apelaciones, dictados por la sala o el Magistrado sustanciador, no admiten recurso.

A solicitud del Magistrado sustanciador, la sala plena especializada podrá decidir los recursos de apelación interpuestos contra autos o sentencias, cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o establecer un precedente judicial.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

Notas del Autor

- El magistrado ponente debe proferir todas las providencias diferentes a (i) la sentencia; (ii) los autos que decidan la apelación o queja; (iii) los que decidan una acumulación de procesos y (iv) un conflicto de competencias.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 35

Código de Procedimiento Civil; Art. 25; Art. 26; Art. 28; Art. 148; Art. 158; Art. 351; Art. 363; Art. 364; Art. 375

Ley 1285 de 2009; Art. 7  

Ley 270 de 1996; Art. 16; Art. 17; Art. 18; Art. 20; Art. 54

Decreto 2651 de 1991; Art. 26; Art. 27; Art. 28; Art. 29; Art. 30

Decreto 2303 de 1989; Art. 11

Decreto 2272 de 1989; Art. 1; Art. 2; Art. 3  

Jurisprudencia Concordante

Corte Constitucional

- Corte Constitucional Sentencia T-1018-05 de 6 de octubre de 2005, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Legislación Anterior

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 29. Corresponde a la sala de decisión dictar las sentencias y los autos que decida la apelación o queja, o una acumulación de procesos, o un conflicto de competencias; contra estos autos no procede recurso alguno. El magistrado ponente dictará los autos de sustanciación y los interlocutorios que no correspondan a la sala de decisión.

ARTÍCULO 30. AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Las audiencias que se celebren en la Corte y los tribunales serán presididas por el ponente, y a ellas deberán concurrir todos los magistrados que integran la sala.

Las diligencias judiciales se practicarán por el ponente, salvo que cualquiera de las partes pida que asista la sala o que ésta estime conveniente asistir.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 36

Código de Procedimiento Civil; Art. 109; Art. 360; Art. 373

Ley 270 de 1996; Art. 54  

TÍTULO III.

COMISION

ARTÍCULO 31. REGLAS GENERALES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Apartes tachados INEXEQUIBLES. Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> La comisión solo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que se autorizan en el artículo 181 y para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede en cuanto fuere menester.

En las cabeceras de Distrito Judicial, el juez, sin perjuicio de las facultades de comisionar a otras autoridades, podrá delegar la práctica de medidas cautelares y diligencias de entrega de bienes, en el Secretario y Oficial Mayor, siempre que estos sean abogados, quienes practicarán dichas medidas con las mismas facultades del juez.

PARÁGRAFO 1o. En los procesos en que se decreten medidas cautelares que puedan practicarse como previas a la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, cuando no esté notificado el demandado o faltare alguno de ellos por notificarse, a petición y costa de la parte actora y sin necesidad de que el juez lo ordene, se anexará a cada despacho comisorio destinado al secuestro de bienes, una copia del auto admisorio o del mandamiento de pago y de la demanda y sus anexos, para efectos de que el comisionado lleve a cabo la diligencia de notificación personal que también podrán adelantar los funcionarios mencionados en inciso 2 de este artículo.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-798-03 de 16 de septiembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Aparte subrayado del texto original declarado EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados,  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-733-00 del 21 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Notas del Autor

- El artículo 63 de la Ley 270 de 1996 amplía las posibilidades de comisión establecidas en este artículo al disponer que la Sala Administrativa de del Consejo Superior de la Judicatura, en caso de congestión de los despachos judiciales podrá regular la forma como las Corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para fallo en los Tribunales y despachos judiciales que se encuentren al día; seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, pueden ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deben trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en procesos que estén conociendo otros jueces.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 37

Código de Procedimiento Civil; Art. 32; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 36; Art. 87; Art. 113; Art. 132; Art. 143; Art. 151; Art. 181; Art. 207; Art. 226; Art. 236, ordinal 3 y 7; Art. 316; Art. 320; Art. 337; Art. 434 ord. 8; Art. 499; Art. 500; Art. 528; Art. 568; Art. 682; Art. 697

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia

Eventos en que puede comisionarse. eventos en los cuales el juez del  conocimiento  puede comisionar, es decir, encargar a otro para la  realización de determinados actos o diligencias procesales, se hallan enumerados en el  artículo 31 del Código de Procedimiento Civil y son:

a) Para la práctica de pruebas en los casos  que autoriza el artículo 181 del C. P. C.

De otra parte el artículo 181 ibídem consagra los casos en que no se puede comisionar y ellos son:

Las comisiones pueden recaer sobre funcionarios judiciales en cuyo caso deben practicar todas las pruebas o diligencias que se les ordenen y han sido enumeradas; y en los alcaldes o funcionarios de policía a quienes la ley sólo autoriza para efectuar diligencias pero no practicar pruebas. Si las pruebas deben ser producidas en el exterior, se puede comisionar a una autoridad judicial o al Cónsul de Colombia en el país correspondiente (arts. 32 y 193 C.P.C.).

Legislación Anterior

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO  31. La comisión sólo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que se autorizan en el artículo 181 y para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester.

ARTÍCULO 32. COMPETENCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> La Corte podrá comisionar a las demás autoridades judiciales; los tribunales superiores y los jueces a las autoridades judiciales de igual o de inferior categoría. Cuando no se trate de recepción o práctica de pruebas, podrá comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de policía.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados,  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-733-00 del 21 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

El comisionado deberá tener competencia en el lugar de la diligencia que se le delegue, pero cuando ésta verse sobre inmuebles ubicados en distintas jurisdicciones territoriales, podrá comisionarse a cualquiera de las mencionadas autoridades de dichos territorios, la que ejercerá competencia en ellos para tal efecto.

El comisionado que carezca de competencia territorial para la diligencia, devolverá inmediatamente el despacho al comitente.

Notas del Autor

- Para otorgar una comisión deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) Que la comisoón no esté prohibida; (ii) Que el comitente sea de superior o igual categoría que el comisionado; (iii) Que el comisionado sea competente territorialmente en el lugar donde debe evacuarse la diligencia; (iv) Que se precise el objeto de la comisión con todo detalle.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 38

Código Civil; Art. 656

Código de Procedimiento Civil; Art. 23; Art. 31; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 36; Art. 131; Art. 132; Art. 151; Art. 181; Art. 316

Jurisprudencia Concordante

No obstante lo anterior, para evitar la desnaturalización de las medidas preventivas de embargo y secuestro, las cuales por su esencia no ameritan una larga demora, pues con ello se genera un acto de denegación y dilación a la pronta y rápida acción de la justicia, que de contera genera una violación al debido proceso (C.N., art. 29), esta Sala de Revisión ordenará a la inspectora... Distrital de Policía de Santafé de Bogotá que practique las medidas cautelares para las que fue comisionada, a fin de restablecer la perturbación del derecho fundamental del debido proceso, de acuerdo con las respectivas normas procesales previstas en el Código de Procedimiento Civil"

La facultad de comisionar es excepcional. "Para esta Sala de Revisión es claro que de acuerdo con el título III del Código de Procedimiento Civil (art. 31 a 33), el juez de la República competente debe siempre practicar las medidas cautelares de embargo y secuestro, dentro de los procesos ejecutivos y, excepcionalmente, comisionar, cuando no se trate de practicar pruebas, a los inspectores de policía o a los alcaldes".(...).

ARTÍCULO 33. OTORGAMIENTO Y PRACTICA DE LA COMISION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral  9 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La providencia que confiera una comisión indicará su objeto con precisión y claridad. Al despacho que se libre se acompañará copia de aquélla, de las piezas que haya ordenado el comitente y de las demás que soliciten las partes, siempre que depositen las expensas con el memorial en que las pidan. En ningún caso se puede enviar al comisionado el expediente original.

Cuando la comisión sea para la práctica de una diligencia, no se señalará término para su cumplimiento; el comisionado fijará para tal efecto el día más próximo posible y la hora para su iniciación, en auto que se notificará por estado.

Concluida la comisión se devolverá el despacho al comitente, sin que sea permitida al comisionado ninguna actuación posterior.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 9 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

- El auto del comitente que decreta medidas cautelares y comisiona para su práctica únicamente debe ser notificado a quien solicitó la medida, ello con el objeto de salvaguardar lo establecido en el artículo 327 del CPC que indica claramente cómo las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 39

Código de Procedimiento Civil; Art. 31; Art. 32; Art. 34; Art. 35; Art. 36; Art. 37; Art. 38; Art. 39; Art. 40; Art. 41; Art. 42; Art. 43; Art. 44; Art. 45; Art. 46; Art. 132; Art. 182

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 33. OTORGAMIENTO Y PRÁCTICA DE LA COMISIÓN. La providencia que confiera una comisión, indicará su objeto con toda claridad y señalará el término dentro del cual deba cumplirse; en el despacho que se libre se insertará aquella y copia de las piezas pertinentes ordenadas por el comitente, sin que en ningún caso pueda enviarse al comisionado el expediente original.

Recibido el despacho, el comisionado señalará día y hora para la diligencia, si su cumplimiento así lo exige, por auto que se notificará en forma legal.

Concluida ésta se devolverá el despacho al comitente, sin que le sea permitido tomar ninguna medida posterior.

ARTÍCULO 34. PODERES DEL COMISIONADO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, Numeral 10 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos. Sobre la concesión de las apelaciones que se interpongan se resolverá al final de la diligencia.

Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. La nulidad sólo podrá alegarse por cualquiera de las partes, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petición de nulidad se resolverá de plano por el comitente, y el auto que la decida sólo será susceptible de reposición.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por el cargo estudiado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-561-04 de 1 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

<Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Solamente podrá alegarse la nulidad por falta de competencia territorial del comisionado, en el momento de iniciarse la práctica de la diligencia.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Último inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-561-04 de 1 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa; "... entendido de que la carga procesal que allí se impone no hubiere sido objetivamente imposible de cumplir por razones ajenas a la voluntad del solicitante".

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 10 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 40

Código de Procedimiento Civil; Art. 23; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 35; Art. 36; Art. 113; Art. 140; Art. 528

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia

Facultades  generales del comisionado. "Tal como lo establece el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil, el funcionario comisionado tiene las mismas facultades que las del funcionario comitente en relación con las diligencias que se le delegue y en consecuencia el comisionado debe cumplir la comisión acatando todos los imperativos tanto temporales como materiales que le haya fijado el comitente, como también la obligación de observar las normas legales que rigen para la prueba o diligencia que se le ha ordenado llevar a cabo, garantizando siempre a las partes su derecho de defensa y en especial el de contradicción de la prueba, si de ello se trata y en cuanto cabe dentro de su competencia.

El comisionado no puede exceder los límites de la comisión, pues cualquier medida que adopte por fuera de ella, es nula (art. 34 C.P.C.). Una vez cumplida la actuación, el comisionado debe devolver las diligencias al comitente (art. 33 ibídem), pues su competencia no va más allá.

Nulidad de la actuación por exceso de las facultades del comisionado. "El Tribunal comisionó al señor Juez Civil del Circuito de Bogotá para la práctica de la diligencia de secuestro de distintos bienes; pero esta expresión general sólo le confería las facultades del comitente, con relación a la diligencia delegada, sin que pudiera tomar decisiones ajenas a la función que le fue encomendada, so pena de exceder los límites de sus facultades con la consecuencia de la nulidad, según lo previsto en el artículo 34 del C. de P.C.

Así, en el caso de la diligencia de secuestro, el comisionado como si fuera el funcionario comitente puede realizar todos los actos procesales que le permitan cumplir con el encargo encomendado, a saber, fijar fecha y hora para la diligencia (art. 33 C. de P.C.); nombrar secuestre cuando el comitente no lo hace, o cuando el designado por éste no acepta o no concurre al acto (art. 9o. y 682-1 C. de P.C.); realizar la diligencia y resolver sobre las oposiciones propuestas (art. 34, inc. 1o. y 686 ib) con las respectivas consecuencias; decidir sobre los recursos de reposición o sobre la concesión de los de apelación y fijar los honorarios del secuestre por su asistencia a la diligencia. Mas concluida la práctica fenece el objeto de la comisión y cualquier ordenamiento posterior, en torno a los efectos de la diligencia le atañe al Juez o Tribunal del conocimiento, pues por fuera de corresponder a asuntos indelegables, según el artículo 31 ib., sólo a ellos compete determinar sobre el levantamiento de las medidas decretadas.

Acorde con lo dicho, ni el Tribunal puede comisionar a un juez para que resuelva sobre la procedencia o califique la oportunidad del incidente de que trata el artículo 686-2 del C. de P.C., que tiene por objeto decidir sobre si el opositor a un secuestro tiene o no derecho a conservar la posesión material que aduce; ni el juez comisionado puede, por vía interpretativa, inferir esa facultad porque su cometido concluye con la práctica de    la diligencia, único objeto de la comisión y de obrar en contrario su actuación será nula, por cuanto excede las facultades delegadas -art. 34 citado-.

Esta última disposición, además, regula de manera específica las consecuencias que brotan de las actuaciones del comisionado cuando recaen sobre asuntos que no le conciernen, ora porque no le podían ser delegadas, o ya porque sea de su propia iniciativa exceda las facultades; casos en los cuales únicamente las partes, y no el Juez de oficio, puedan impetrar la nulidad dichas actuaciones, lo que por su parte significa que si aquéllas, dentro del término de cinco (5) días siguientes al de recibo del despacho diligenciado, callan sobre las irregularidades, la nulidad que de éstas se deriva se entiende saneada, lo que no es otra cosa que la aplicación del principio general del saneamiento  que se da cuando "la parte no podía alegarla no lo  hizo oportunamente" (art. 156-1 C. de P. C.)

En el presente caso, el Juez comisionado excedió sus facultades cuando después de concluida la práctica del secuestro, siguió conociendo de las incidencias posteriores incluso hasta ordenar su levantamiento y proferir, sin fundamento legal, condena en costas y perjuicios; pero como las partes no propusieron la nulidad respectiva en la oportunidad procesal debida, ésta debe entenderse como saneada, puesto que sólo ellas podían alegarla, sin que la omisión pueda obviarla el Tribunal, según las voces del artículo 34 del C. de P.C.".

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 34. PODERES DEL COMISIONADO. El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente, con relación a la diligencia que se le delegue.

Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. La nulidad sólo podrá alegarse por cualquiera de las partes, dentro de los cinco días siguientes al recibo del despacho diligenciado. La petición de nulidad será resuelta de plano por el comitente y el auto que la decida sólo será susceptible de reposición.

ARTÍCULO 35. COMISION EN EL EXTERIOR. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 11 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la diligencia haya de practicarse en país extranjero, debe dirigirse exhorto al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo envíe al Cónsul de Colombia y, si fuere el caso, éste lo remita a la autoridad correspondiente del país de su destino. Si el Cónsul de Colombia debe practicar el despacho comisorio estará obligado a cuidar de su diligenciamiento.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 11 del Decreto 2282 de 1989.

<Notas del Auditor>

- En relación con las comisiones en el exterior existen numerosos acuerdos internacionales tales como los correspondientes a la Convención Interamericana de Recepción de pruebas en el extranjero, aprobada por la ley 31 de 1987; y el convenio con Chile sobre exhortos o cartas rogatorias y despachos judiciales aprobada por la ley 45 de 1987.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 41

Código de Procedimiento Civil; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 34; Art. 36; Art. 80; Art. 193; Art. 316

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 35. COMISIÓN EN EL EXTERIOR. Cuando la diligencia haya de practicarse en país extranjero, debe dirigirse el exhorto al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que tenga conocimiento de sus términos y lo envíe a su destino con observancia de lo que dispongan los tratados públicos, las leyes y los principios de Derecho Internacional.

ARTÍCULO 36. SANCIONES AL COMISIONADO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 12 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El comisionado que retarde por su culpa el cumplimiento de la comisión será sancionado con multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, que impondrá el comitente si aquél fuere inferior suyo, o el respectivo superior jerárquico, a quien el comitente dará aviso. Antes de resolver sobre la multa se pedirá informe respecto de las causas de la demora, que será tenido en cuenta si se rinde dentro del término señalado. El trámite de la sanción será independiente del proceso.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 12 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 39

Código de Procedimiento Civil; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 39

Jurisprudencia Concordante

- Corte Constitucional Sentencia T-1018-05 de 6 de octubre de 2005, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 36. SANCIONES AL COMISIONADO. El comisionado que retarde por su culpa el cumplimiento de la comisión será sancionado con multa de cien a mil pesos, que impondrá el comitente, si aquel fuere inferior suyo; o el respectivo superior jerárquico, a quien el comitente dará aviso. Antes de resolver sobre la multa se pedirá informe respecto de las causas de la demora, que será tenido en cuenta si se rinde dentro del término señalado. El trámite de la sanción será independiente del proceso.

TÍTULO IV.

DE LOS DEBERES, PODERES Y RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES CIVILES

ARTÍCULO 37. DEBERES DEL JUEZ. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 13 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Son deberes del juez:

1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este Código le otorga.

3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este Código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.

4. Emplear los poderes que este Código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias.

5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para los empleados judiciales.

6. Dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas.

7. Hacer personal y oportunamente el reparto de los negocios.

8. Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquélla sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y las reglas generales de derecho sustancial y procesal.

9. Verificar verbalmente con el secretario las cuestiones relativas al proceso, y abstenerse de solicitarle por auto informes sobre hechos que consten en el expediente.

PARAGRAFO. La violación de los deberes de que trata el presente artículo constituye falta que se sancionará de conformidad con el respectivo régimen disciplinario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 13 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-100-01 del 14 de febrero de 2001 , Magistrado Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez.

<Notas de Autor>

- Como atinadamente lo advierte DEVIS ECHANDIA : " con ese artículo 37 hemos querido llamarle la atención a los jueces acerca de que es un deber usar esas facultades, cuando con ellas pueden llegar a la justicia y a la verdad, y que, por consiguiente estarán faltando a sus deberes, cuando dejen de utilizarlas por pereza o por descuido, pues no creo que sea el caso de decir por ignorancia"· De otra parte podemos establecer que los deberes de los jueces se pueden agrupar en tres categorías, a saber: de dirección ( num. 1 a 4) de reserva (num.5) y de decisión num. 6 a 8 ).

Concordancias

Constitución Politica; Art 230

Código de Procedimiento Civil; Art. 2; Art. 4; Art. 5; Art. 38; Art. 39; Art. 40; Art. 51; Art. 58; Art. 93; Art. 124; Art. 134; Art. 169; Art. 179; Art. 180; Art. 186; Art. 211; Art. 219; Art. 228; Art. 230; Art. 306; Art. 394; Art. 401; Art. 403  

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 4o.; Art. 42

Ley 270 de 1996; Art. 55

Ley 153 de 1887; Art. 8O; Art. 48

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado

Corte Suprema de Justicia

Pruebas de oficio. Cuando se consideran útiles no es discrecional decretarlas sino una obligación del juzgador. Pero el incumplimiento de este deber no configura un error de derecho. "Debe advertirse que la omisión del deber de decretar pruebas de oficio, impuesto por los arts. 37 ord. 4 y 180 del C. De P.C., en manera alguna genera un error de derecho de campo probatorio, que a su vez pudiera, como lo hace el recurrente, enarbolarse como violación medio de normas probatorias para llegar al quebrantamiento de normas sustanciales, y así estructurar un cargo con apoyo en la causal 1a. del art. 368 del C. de P. C. A decir verdad, la Corte Suprema de Justicia, en forma por demás reiterada, ha sostenido, siguiendo en el punto el argumento legal del art. 37 ord. 4 del C. de P. C., que el decreto oficioso de pruebas, cuando ellas se consideran útiles para verificar los hechos investigados, no es simplemente discrecional o voluntarista, sino un deber, porque el juez debe estar comprometido con el hallazgo de la verdad histórica. Con todo, el incumplimiento de ese deber no configura un error de derecho, derivado de la inaplicación de las normas probatorias que lo reconocen, como bien ha tenido oportunidad de explicarlo la Corte, pues sus consecuencias quedan limitadas al ámbito de las responsabilidades del juez que por desidia u otra causa cualquiera olvida su compromiso.  Concretamente sobre el punto ha dicho la Corte (Sentencia de Casación Civil de 12 de septiembre de 1994): "Ciertamente, como en muchas ocasiones lo ha reiterado esta Corporación la atribución que la ley le otorga al juez o magistrado para decretar pruebas de oficio cuando quiera que  'las considera útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes' (art. 179 C.P.C.) si bien, por el interés público del proceso, no constituye una facultad sino un deber para tales  funcionarios establecida para garantizar la  búsqueda de la verdad real que no aparece en el expediente (sentencia No. 444  del 26 de octubre 1988);no es menos cierto que solo le corresponde al mencionado funcionario juzgador, juez o magistrado, determinar previamente a la decisión del decreto de oficio de pruebas, cuáles son las alegaciones de las partes y los hechos relacionados con éstas, así como cuáles de estos hechos requieren de su verificación o prueba y cuáles, estima o considera útiles para tal efecto. De allí que si bien no se trata de una mera discrecionalidad del juzgador a la atribución para decretar o no decretar de oficio una prueba, sino de un deber edificado sobre el juicio y conclusión razonable del juzgador, no es menos cierto que solo a  le compete hacer dicho  análisis y adoptar la decisión que estime pertinente de decretar o no la prueba de oficie, pues  le basta decretarlas sin recurso alguno (art. 179 inc. 2o. C.P.C.) o simplemente abstenerse de hacerlo (pues, sólo depende de su iniciativa). Por ello resulta explicable que no se incurra en  error de derecho cuando el juez, en uso de sus atribuciones, se abstiene de decretar pruebas de oficio y, por consiguiente, no procede a darle  valoración a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada al proceso".

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 37. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:

1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso usando los poderes que este código le otorga.

3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, a la lealtad, pobidad y buena fe que debe observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.

4. Emplear los poderes que este Código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes, y para evitar nulidades y providencias inhibitorias.

5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para los empleados judiciales.

6.Dictar las providencias dentro de los términos legales y resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal u otra causa justificada y fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, so pena de incurrir en mala conducta.

7. Hacer personal y oportunamente el reparto de los negocios, so pena de incurrir en multa de quinientos pesos cada vez que no lo hiciere.

8. Decidir aunque no haya ley aplicable o ésta sea oscura o incompleta, caso en el cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y las reglas generales de derecho sustancial y procesal.

ARTÍCULO 38. PODERES DE ORDENACION E INSTRUCCION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad, si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Numeral 1 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1547-00 del 21 de noviembre de 2000, Magistrado Ponente (E) Dra. Cristina Pardo Schlesinger.

2. Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.

3. Los demás que se consagran en este Código.

Notas del Editor

- El Estatuto procesal no establece ningún procedimiento especial para resolver casos en equidad según lo autoriza el num. 1 del artículo 38. Ello no significa que exista vacío sobre el particular, pues el Juez deberá adecuar su fallo en equidad y la tramitación del respectivo proceso a  la que corresponda a cada tipo de controversia, ordinario, abreviado etc.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 43

Código de Procedimiento Civil; Art. 85; Art. 138; Art. 178; Art. 179; Art. 180; Art. 219; Art.  351

ARTÍCULO 39. PODERES DISCIPLINARIOS DEL JUEZ. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 14 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El juez tendrá los siguientes poderes disciplinarios:

1. Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

Las multas se impondrán por resolución motivada, previa solicitud de informe al empleado o particular. La resolución se notificará personalmente y contra ella sólo procede el recurso de reposición; ejecutoria, si su valor no se consigna dentro de los diez días siguientes, se convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal por día, sin exceder de veinte días.

Las multas se impondrán a favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, salvo disposición en contrario; su cuantía y tasa de conversión en arresto, serán revisadas periódicamente por el gobierno.

2. Sancionar con pena de arresto inconmutable hasta por cinco días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

Para imponer esta pena será necesario acreditar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, prueba testimonial o con copia del escrito respectivo.

El arresto se impondrá por medio de resolución motivada que deberá notificarse personalmente y sólo será susceptible del recurso de reposición.

Ejecutoria la resolución, se remitirá copia al correspondiente funcionario de policía del lugar, quien deberá hacerla cumplir inmediatamente.

<Jurisprudencia -  Vigencia>

Corte Constitucional

- Numeral 2. declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-218-96 del 16 de mayo de 1996, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. La Corte menciona: "...  conforme a las consideraciones formuladas en esta providencia".

En la parte motiva la Corte Constitucional expresa:

"...

Es claro, que en el caso que ocupa a la Sala, las sanciones de tipo correccional que impone el Juez, en ejercicio de los poderes disciplinarios que la norma impugnada le otorga, como director y responsable del proceso, no tienen el carácter de 'condena', son medidas correccionales que adopta excepcionalmente el funcionario, con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus deberes esenciales, consagrados en el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil.

Tales medidas son procedentes, siempre que se cumplan los siguientes presupuestos:

Que el comportamiento que origina la sanción correctiva constituya, por acción u omisión, una falta al respeto que se le debe al juez como depositario que es del poder de jurisdicción; que exista una relación de causalidad entre los hechos constitutivos de la falta y la actividad del funcionario judicial que impone la sanción; que con anterioridad a la expedición del acto a través del cual se impone la sanción, y con el fin de garantizar el debido proceso, el infractor tenga la posibilidad de ser oído y la oportunidad de aportar pruebas o solicitar la práctica de las mismas; en este orden de ideas, ha dicho esta Corporación, '...debe entenderse modificado por la normatividad constitucional el artículo 39 del C.P.C.' (Corte Constitucional, Sentencia T-351 de 1993); que la falta imputada al infractor esté suficientemente comprobada, '...mediante la ratificación, con las formalidades de la prueba testimonial, del informe del secretario del respectivo despacho, con la declaración de terceros o con copia del escrito respectivo...'; que la sanción se imponga a través de resolución motivada, en la cual se precise, '...la naturaleza de la falta, las circunstancias en la que la misma se produjo, su gravedad, la culpabilidad del infractor y los criterios tenidos en cuenta para dosificar la sanción; que dicha resolución se notifique personalmente, señalando que contra ella procede el recurso de reposición. Cumplidos los anteriores presupuestos, se cumple de manera estricta el debido proceso.

Ha quedado plenamente demostrado que las disposiciones impugnadas no contradicen en nada el ordenamiento superior, al contrario, no obstante haber sido expedidas con anterioridad a la vigencia de la Carta de 1991, ellas se ajustan a su filosofía y disposiciones, pues a tiempo que facultan al juez como depositario de la majestad de la justicia para imponer medidas correctivas que garanticen el normal desarrollo del proceso, del cual es director y responsable, establecen un procedimiento que garantiza el derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la C. P., el cual de no ser cumplido de manera estricta genera para el funcionario las responsabilidades que señala la ley, las cuales le corresponderá definir, y sancionar si es del caso, a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o a las autoridades disciplinarias correspondientes en el caso de funcionarios que gocen de fuero constitucional".

3. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros.

4. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso.

5. Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados, para rendir declaración o atender cualquiera otra citación que el juez les haga.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 14 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

- Los poderes correccionales del Juez están complementados y regulados en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 270 de 1996.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia

- Texto subrayado del texto original del numeral 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia de 2 de noviembre de 1984, Magistrado Ponente Dr. Alfonso Patiño Rosselli.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 44

Código de Procedimiento Civil; Art. 15; Art. 80; Art. 222; Art.  633

Ley 1285 de 2009; Art. 14  

Ley 270 de 1996; Art. 58  

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado:

Vía de hecho judicial por arbitraria imposición de sanciones disciplinarias y forma adecuada de reclamar. "Sea lo primero manifestar que la Sala no comparte las razones invocadas por el tribunal de instancia para considerar que en el presente caso se ha debido demandar la nulidad y consecuente restablecimiento del derecho de la Resolución 0005 de 25 de noviembre de 1994 proferida por la Juez Promiscuo Municipal de Chimichagua, toda vez que, para la Sala dicha providencia no es un acto administrativo, sujeto a los controles por parte de la jurisdicción contencioso administrativa por la vía de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA.(...).

En el caso concreto, se tiene acreditado que la providencia emanada de la Juez Promiscuo Municipal de Chimichagua es un acto de declaración de voluntad sí, pero no proferido por ella en ejercicio de una función administrativa, sino por el contrario, es el resultado del ejercicio por aquella, del poder disciplinario o correccional que a todo juez de la República le confiere el ordenamiento procesal, para el caso el artículo 39 del CPC en su numeral 2°. Así las cosas, desde el punto de vista de la materia o contenido de dicho acto, lejos está de tratarse de una voluntad administrativa, y por lo mismo su tratamiento en punto de control jurisdiccional no puede asimilarse al dispensado para todas aquellas manifestaciones de voluntad que se encuadran dentro de la categoría general del acto administrativo.(...).

Por todo lo anterior, la sentencia de instancia se revocará, pues ya se observó que la vía procesal utilizada por el demandante fue correcta, al haber encausado sus pretensiones con apoyo en la acción prevista en el artículo 86 del CCA y en lo que a la indemnización de perjuicios corresponde se reconocerá el daño moral demandado.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 39. PODERES DISCIPLINARIOS DEL JUEZ. El juez tendrá los siguientes poderes disciplinarios:

1. Sancionar con multas de cien a mil pesos a sus empleados, a los demás empleados públicos, y al os particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución, e imponer las demás multas que autoriza este código.

Las multas se impondrán por resolución motivada, previa solicitud de informe al empleado o particular. La resolución se notificará personalmente y contra ellas sólo procede el recurso de reposición. Ejecutoriada aquella, si no se consigna su valor dentro de los diez días siguientes, la multa se convertirá en arresto a razón de veinte pesos por día, sin exceder de veinte días.

Las multas serán a favor de la Caja Nacional de Previsión, salvo disposición en contrario y su cuantía y tasa de conversión en arresto, serán revisadas periódicamente por el Gobierno.

2. Sancionar con pena de arresto inconmutable hasta por cinco días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

Para imponer esta pena será necesario acreditar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, con prueba testimonial o con copia del escrito respectivo.

El arresto se impondrá por medio de resolución motivada que deberá notificarse personalmente y sólo será susceptible del recurso de reposición.

Ejecutoriada la resolución, se remitirá copia de ella al correspondiente funcionario de policía del lugar, quien deberá hacerla cumplir inmediatamente.

3. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros.

4. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso.

5.Sancionar con multas de cien mil pesos a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados, para rendir declaración o atender cualquiera otra citación que el juez les haga.

ARTÍCULO 40. RESPONSABILIDADES DEL JUEZ. <Subrogado tácitamente por los artículo 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 de la Ley 270 de 1996, según expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-244A-96. > 

Notas de Vigencia

- Artículo subrogado tácitamente por los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996 ("Estatutaria de la Administración de Justicia"), publicada en el Diario Oficial No. 42.745 del 15 de marzo de 1996, según expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-244A-96 del 30 de mayo de 1996, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

En los considerandos de la Sentencia  la Corte menciona:

...

"En efecto, debe reiterarse que, si bien no toda modificación o derogación de la norma demandada implica la inhibición de la Corte para pronunciarse de fondo sobre su constitucionalidad, pierde sentido jurídico y práctico cualquier decisión al respecto en aquellos casos en los cuales el legislador ha regulado íntegramente la materia de la que se ocupaba el precepto acusado, el cual, por lo mismo, deja de tener aplicación en cuanto es subsumido por las nuevas normas.

Tal ocurre en el presente proceso, pues el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil -a cuyo tenor los jueces y magistrados responden por los perjuicios que causen a las partes cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad, cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto, o cuando obren con error inexcusable- ha sido subrogado en su integridad por el Capítulo VI del Título III de la Ley 270 del 7 de marzo de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, en cuyos artículos 65 a 74 se regula la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. Estos, de conformidad con el artículo 72 Ibídem, responden a su vez ante el Estado, previa acción de repetición, por su conducta dolosa o gravemente culposa que haya dado lugar a la condena".

...

Notas del Autor

- Mediante sentencia de la CSJ del 12 de Septiembre de 1996 con ponencia de Pedro Lafont Pianetta el artículo 40 del CPC se continúa aplicando en aquellos eventos en que el proceso que generó la responsabilidad haya concluido antes del 15 de Marzo de 1996, fecha en la entró en vigencia la ley 270 de 1996. En la actualidad y en virtud de la citada ley, el Estado puede ser condenado a reparar un daño patrimonial derivado de la actuación dolosa o gravemente culposa de uno de sus funcionarios o empleados judiciales, junto con el deber de repetir contra éste. De otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo 88 del 17 de Junio de 1997, reglamentó el ejercicio de la vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6, de la ley 270 de 1996.

Concordancias

Constitución Política; Art. 58

Código de Procedimiento Civil; Art. 8; Art. 25, ordinal 6; Art. 26, ordinal 2; Art. 105; Art. 163; Art. 239; Art. 366; Art. 387; Art. 388; Art. 389; Art. 390; Art. 391; Art. 393 ; Art. 394; Art. 396; Art. 675

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia:

Ultraactividad del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. “(...) las responsabilidades civiles personales reclamadas a los magistrados de tribunales por los hechos o actos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil cuyo proceso concluyó antes de la vigencia de la Ley 270 de 1996, 15 de marzo de este año, queda sujeta al régimen de dicho artículo bajo el cual adquirió el derecho a reclamar la responsabilidad civil consiguiente dentro del año siguiente a dicha conclusión procesal. En tanto que el nuevo régimen queda deferido a las responsabilidades que se causen bajo su vigencia, que, en caso de error jurisddiccional, se consuma cuando la sentencia queda en firme dentro de su vigencia"

Administración de justicia. Responsabilidad de jueces y magistrados. " 1. - Primeramente la Sala estima necesario precisar, la vigencia y aplicación del régimen jurídico relativo a la responsabilidad de los Magistrados de Tribunales Superiores de Distrito Judicial, respecto de la cual considera que si bien la vigencia integral del nuevo régimen de responsabilidad personal del funcionario judicial establecida por la Carta Política, desarrollada para los efectos subexamine por la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, arranca desde el día de la promulgación de esta última, el 15 de marzo de 1996, no es menos cierto que su aplicabilidad depende de la determinación de su naturaleza sustancial y de la ocurrencia de los hechos.

1.1.- En efecto, si el régimen civil precedente consagraba una responsabilidad civil personal y directa del funcionario judicial, indicativa, entonces, de un derecho civil personal del particular a reclamar una indemnización por los motivos legales antes mencionados; no puede menos que concluirse que su regulación queda sujeta, de acuerdo con el principio de irretroactividad de las leyes, recogido en ese momento por el art. 58 de la Carta Política, a la regla también general en virtud de la cual la ley aplicable en materia de responsabilidad civil es la ley vigente del hecho que le da origen al referido derecho. Al respecto, ha dicho la Sala Plena de esta Corporación que:

2.2.2. Siendo así las cosas, en virtud del principio dispositivo (art. 2o. C.P.C.)  corresponde al demandante señalar en su libelo demandatorio tales exigencias dentro de la causa, petendi  no solo para permitir la contradicción y el derecho de defensa por parte de  los " dados a quienes se les imputa   en concreto,) haber cometido "error inexcusable” en la sentencia, sino también para que queden debidamente delimitados los extremos del litigio sobre el se encuentre obligada la Corte a proveer, dándole entonces vedado a proceder y decidir oficio sobre eventuales errores inexcusables cometidos en la sentencia pero no aducidos el libelo introductorio o formulados restringida o limitadamente, o con exclusión de otros tipos de errores"

Derecho a reclamar por la responsabilidad civil de los jueces. "La norma de derecho sustancial recogida en el artículo 40 citado, no es otra cosa que una repetición, concretada a los jueces, del principio general que ordena reparar los daños causados por el hecho o culpa de su autor, lo que, a todas luces, consulta la equidad.

Las tres causales que, de conformidad con el apuntado artículo 40, son fuentes de responsabilidad civil de los jueces, no están constituidas por hechos que, exclusivamente, puedan cometer los jueces del ramo civil. Ellas son predicables tanto de éstos como de los del ramo penal y laboral y de los demás jueces del país., Y aunque, en verdad, la norma que expresamente consagra esa responsabilidad hace parte del título denominado: "de los deberes, poderes y responsabilidad de los jueces civiles", la amplitud de su texto y la claridad del mismo permiten inferir que tal responsabilidad se predica de todos los jueces y no meramente de los del ramo civil. Además, el libro primero del cual hace parte este título, trata también de los "órganos judiciales y sus auxiliares" haciendo referencia evidente a todas las ramas de la justicia ordinaria. Y como el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral dispone que a falta de preceptos especiales del mismo se aplicarán sus normas análogas y, en su defecto, las del Código Judicial, síguese que el mandato contenido en el artículo 40 del nuevo estatuto procedimental civil cobija también a los jueces laborales.

Ahora bien, resultando que éstos del mismo nodo son responsables civilmente de los perjuicios que causen a las partes en los eventos señalados en la predicha disposición, es apenas lógico concluir que la competencia para conocer de proceso de responsabilidad en que son de- mandados magistrados de Sala Laboral de un tribunal superior, de igual manera la tiene privativamente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto así está imperado de manera diáfana en el artículo 25-6 del Código de Procedimiento Civil.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 40. RESPONSABILIDAD DEL JUEZ. Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos:

1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad.

2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto.

3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer.

La responsabilidad que este artículo impone se hará efectiva en proceso civil separado, por el trámite que consagra el título XXIII. La demanda deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del proceso respectivo. La sentencia condenatoria en el caso del numeral 3 no alterará los efectos de las providencias que la determinaron.

En caso de absolución del funcionario demandado se impondrá al demandante, además de las costas, una multa de un mil a diez mil pesos.

TÍTULO V.

MINISTERIO PUBLICO

ARTÍCULO 41. FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PUBLICO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Las funciones del Ministerio Público en los procesos civiles se ejercen:

1. Ante la Corte Suprema de Justicia, por el procurador delegado en lo civil, bajo la dirección del Procurador General de la Nación.

2. Ante los tribunales superiores, por los respectivos fiscales.

3. Ante los jueces de circuito, por los fiscales de circuito o por los personeros municipales de la cabecera, como delegados suyos y bajo su dirección.

4. Ante los jueces municipales, por los personeros de los correspondientes municipios.

Si en un distrito o circuito hay varios fiscales, los asuntos que por primera vez se reciban serán repartidos semanalmente entre ellos.

Concordancias

Constitución Política; Art. 118; Art. 277, numeral 7

Código de Procedimiento Civil; Art. 64; Art. 442; Art. 593; Art. 651; Art. 695  num. 3o. y 4o.; Art.  696

Ley 136 de 1994; Art. 168; Art. 173; Art. 178

Decreto 2651 de 1991; Art. 56

Decreto 2303 de 1989; Art. 13; Art. 30

Decreto 2272 de 1989; Art. 11

Doctrina Concordante

Según el art. 13 de la L. 75 de 1968, puede promover la declaración de filiación extramatrimonial.

El art. 310 del C.C. (42 del Dto. 2824 de 1974) no lo legitima en relación con mera suspensión de la patria potestad.

Puede promover la actuación oficiosa de¡ juez en relación con emancipación (art. 315 del C.C., 45 del Dto. 2824 cit.) (446 del C.P.C.).

Puede promover la interdicción del disipador, del demente y del sordomudo (arts. 532, 548 y 558 del C.C.) y la curaduría de bienes del ausente (art. 562 ib.).

En los casos de los arts. 1005, 2355 y 2359 ib. puede actuar como cualquier persona del pueblo, no como representante de la municipalidad.

No puede demandar la declaración de la nulidad del matrimonio, sino intervenir como parte en defensa de hijos menores (art. 442).

(art. 444 ib.).

En la separación de cuerpos convencional, el art. 155 de C.C. (16 de la L. 1a. de 1976) le exige dar concepto para el juez poder objetar el acuerdo de los padres en relación con los hijos (menores, se entiende).

El art. 139 del C. del Menor le quitó la facultad de pedir alimentos que le daba el art. 448 del C.P.C.

El art. 651 ib. lo reconoce como parte en los procesos de jurisdicción voluntaria, e interviene frente al guardador que alega excusa o inhabilidad (art. 655 ib.).

Según el art. 45 del C.P.C., cuando se trate de incapaz absoluto que, careciendo de representante legal o hallándose éste impedido o ausente, tenga necesidad de comparecer a un proceso, puede pedir al juez la designación de un curador "ad litem”, para el incapaz. Interviene en relación con repudiación de incapaz o ausente (arts 593).

En el caso del art. 560 del C. de Co., podrá “pedir al juez que la patente sea sometida a licencia". (Art. 17 del C.P.C.).

En el Caso del art. 567 in. podrá pedir (ante el Consejo de Estado) declaración de la nulidad de ella.

Y puede pedir (ante el Consejo de Estado) la declaración de "nulidad de certificado de registro de un dibujo o modelo, si no son nuevos o si se refieren a alguna ventaja técnica", según el art. 580 ib.".

ARTÍCULO 42. IMPEDIMENTOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 15 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los agentes del Ministerio Público deben declararse impedidos cuando ellos, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, tengan interés en el proceso. Al declararse impedidos expresarán los hechos en que se fundan.

Los impedimentos y las recusaciones deben ser resueltos por el superior del funcionario que actúe como agente del Ministerio Público, y si las declara fundadas designará a quien deba reemplazarlo.

El Procurador General de la Nación asumirá las funciones del procurador delegado impedido. Cuando uno de los fiscales del tribunal o circuito sea el impedido, se designará para que lo sustituya al que le siga en el orden numérico; si fuere único, lo sustituirá el procurador regional; si se tratare de fiscal único de circuito o de personero municipal o distrital, el procurador regional designará para sustituirlo al fiscal del circuito más cercano o encargará un jefe de oficina seccional, o asumirá directamente las funciones del impedido.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 15 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Arts. 149; Arts. 150; Arts. 152; Arts. 153; Arts. 154

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 42. IMPEDIMENTOS. Los agentes del ministerio público deben declararse impedidos cuando ellos, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, tengan interés en el proceso. Al declararse impedidos, expresarán los hechos en que se fundan.

Si el juez o tribunal que conoce del asunto encuentra que los hechos aducidos por el agente del ministerio público constituyen impedimento, lo declarará separado del conocimiento y ordenará su reemplazo.

El Procurador General de la Nación asumirá las funciones de su delegado impedido.

Cuando el impedido sea uno de los varios fiscales del tribunal o del circuito se llamará para que lo sustituya al que le siga en el orden numérico; pero si fuere fiscal único del tribunal, lo sustituirá el procurador del distrito; tratándose de fiscal de circuito o de personero municipal, el procurador del distrito designará un fiscal de otro circuito o encargará a jefe de oficina seccional o asumirá directamente las funciones del impedido.

ARTÍCULO 43. FUNCIONES DE DEFENSOR DE INCAPACES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> El Ministerio Público tiene funciones de defensor de incapaces en los casos que determine la ley.

Concordancias

Constitución Política; Art. 277, numeral 2

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 46 Num 3o.

Código de Procedimiento Civil; Arts. 44; Art. 45

Código Civil; Art. 1502; Art. 1503; Art. 1504  

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia:

En Procesos entre Particulares el Ministerio Público no tiene intervención. Sin lugar a aplicaciones analógicas, el Ministerio Público sólo puede intervenir cuando una norma lo dispone expresamente. "Las normas que ordenan la intervención del Ministerio Público en determinados procesos, son disposiciones legales de excepción. La índole excepcional de esta intervención se pone de relieve al leer el artículo 43 y el ordinal 2º del 651 del Código de Procedimiento Civil, ...".

SECCION SEGUNDA.

PARTES, REPRESENTANTES Y APODERADOS

TÍTULO VI.

PARTES

CAPÍTULO I.

CAPACIDAD Y REPRESENTACION

ARTÍCULO 44. CAPACIDAD PARA SER PARTE Y PARA COMPARECER AL PROCESO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 16 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso.

Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por éstos con sujeción a las normas sustanciales.

Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la constitución, la ley o los estatutos.

Cuando el demandado sea una persona jurídica que tenga varios representantes o mandatarios generales distintos de aquéllos, podrá citarse a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado para obrar separadamente.

Cuando los padres que ejerzan la patria potestad estuvieren en desacuerdo sobre la representación judicial del menor, el juez le designará curador ad litem, a solicitud de cualquiera de ellos o de oficio.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 16 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-534-05 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

Notas del Autor

- Existen otros sujetos de derecho que están en posibilidad de demandar y ser demandados sin tratarse de personas jurídicas o naturales. Es el caso de la herencia yacente, la masa de bienes del quebrado, el patrimonio de la fiducia, la masa de bienes del ausente, entre otros.

Concordancias

Constitución Política; Art. 229

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 53; Art. 54

Código de Procedimiento Civil; Art. 9; Art. 45; Art. 47; Art. 49; Art. 63; Art. 94; Art. 343

Código Civil; Art. 306; Art. 1502; Art. 1503; Art. 1504

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 27651 de 7 de diciembre de 2005, C.P. Dra. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

Comparecencia al proceso por representante legal. "Como la persona natural, el individuo de la especie humana, deja de ser persona para el derecho, es decir cesa en su facultad de ser titular de derechos y sujeto de obligaciones, desde el preciso momento en que fallece (artículo 9o. de la Ley 57 de 1887), los muertos no pueden ser demandados, porque no son personas que existan. Y como la herencia, desde luego que tampoco es persona, no puede ser demandada, mientras la comunidad a título universal que se forma con la muerte de todo ser humano no sea liquidada y radicados en cabeza de los asignatarios por causa de muerte los derechos y obligaciones transmisibles del difunto, quienes están legitimados por activa o por pasiva, durante el estado de indivisión, para actuar en favor de la herencia o responder por sus cargos, son los herederos, no como titulares de derechos singulares sobre las cosas que componen el acervo herencial, que no los tienen, ni como representantes de la herencia, pues ésta no es persona, el presupuesto de capacidad para ser parte demandante o demandada sólo se da cuando se aduce la prueba de la calidad de heredero de quien a ese título demanda o es demandado, con la precisa excepción consagrada en el artículo 81 del C. de P. Civil para cuando son demandados herederos indeterminados. En tal evento el presupuesto procesal de capacidad para ser parte no se completa con la prueba de la calidad de herederos, que no puede aducirse, sino con la afirmación en proceso de conocimiento, de que la causa mortuoria no se ha iniciado y que, se ignoran los nombres de los herederos"

Capacidad especial para comparecer al proceso. "Comparecer en un proceso es acto de suma importancia que requiere capacidad especial, tanto para el demandante como para el demandado o para los intervinientes. De ahí que no toda persona que tenga capacidad para ser parte de una relación procesal puede intervenir en ella por si misma; la capacidad procesal es la aptitud para realizar actos procesales con eficacia jurídica en nombre propio.

Entre las personas legalmente incapaces en la vida civil se encuentran los menores de edad y su representación la ejercen los padres de familia, cuando éstos ejercen la patria potestad; o el respectivo guardador (C.C. arts. 288, 306 y 480).

De conformidad con las disposiciones legales que hoy regulan la institución, la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre los hijos no emancipados para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone (Ley 75 de 1968, art. 19). Y su ejercicio corresponde, al decir del art. 24 del Decreto 2820 de 1974, a los padres de familia, conjuntamente, o a uno de ellos cuando falte el otro.

Como atribución de la patria potestad está la representación legal del hijo de familia, la que, como general que es, se proyecta en la representación judicial que corresponde a cualquiera de los dos padres (C.C., art. 306, reformado por el 39 del Decreto 2820 antes citado).

Es preciso recordar, empero, que la patria potestad es institución, eminentemente temporal, pues ella se extingue en todo caso de emancipación, dentro de los cuales se enlista "el matrimonio del hijo" (C.C. arts. 312 y 314). Y como hay efecto sin causa, en los eventos en que la patria potestad llegue a su fin tienen que desaparecer sus atribuciones, entre ellas la representación legal.

La representación judicial del menor de edad recae en cualquiera de los padres. No existe tal representación en el caso del menor casado, por efecto de la emancipación. "Comparecer en un proceso es acto de suma importancia que requiere capacidad especial, tanto para el demandante como para el demandado o para los intervinientes. De ahí que no toda persona que tenga capacidad para ser parte de una relación procesal puede intervenir en ella por sí misma; la capacidad procesal es la aptitud para realizar actos procesales con eficacia jurídica en nombre propio.

Luego de estatuir que toda persona puede ser parte de un proceso, el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil establece que sólo "tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas que puedan disponer de sus derechos"; y que "las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por éstos con sujeción a las normas sustanciales". Entre las personas legalmente incapaces en la vida civil se encuentran los menores de edad; y su representación la ejercen los padres de familia, cuando éstos ejercen la patria potestad; o el respectivo guardador (C.C., arts. 288, 306 y 480).

De conformidad con las disposiciones legales que hoy regulan la institución, la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre los hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone (L. 75/68, art. 19). Y su ejercicio corresponde, al decir del artículo 24 del Decreto 2820 de 1974, a los padres de familia, conjuntamente, o a uno solo de ellos cuando falte el otro.

Como atribución de la patria potestad está la representación legal del hijo de familia, la que, como general que es, se proyecta en la representación judicial, que corresponde a cualquiera de los dos padres (C.C., art. 306, reformado por el 39 del D. 2820 antecitado).

Es preciso recordar, empero, que la patria potestad es institución eminentemente temporal, pues ella se extingue en todo caso de emancipación, dentro de los cuales se enlista "el matrimonio del hijo" (C.C., arts. 312 y 314). Y como no hay efecto sin causa, en los eventos en que la patria potestad llegue a su fin tienen que desaparecer sus atribuciones, entre ellas la representación legal.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 44. CAPACIDAD PARA SER PARTE Y PARA COMPARECER AL PROCESO. Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso.

Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas que puedan disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por éstos con sujeción alas normas sustanciales.

Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos.

ARTÍCULO 45. CURADOR AD LITEM DEL INCAPAZ. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 17 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Para la designación del curador ad litem del incapaz, se procederá de la siguiente manera:

1. El relativamente incapaz que careciendo de representante legal o hallándose éste impedido o ausente tenga necesidad de comparecer a un proceso, lo expondrá así al juez del conocimiento para que de plano le designe curador ad litem o confirme el designado por él, si fuere idóneo.

Cuando se trate de incapaz absoluto y ocurran las circunstancias contempladas en este numeral, el juez a petición del Ministerio Público, de uno de los parientes o de oficio, le designará un curador ad litem.

2. Cuando la demanda se dirija contra un absolutamente incapaz, que carezca de representante legal o éste se halle ausente, el juez nombrará un curador ad litem para que lo represente. Cuando se trate de relativamente incapaz el juez confirmará el designado por aquél, si fuere idóneo.

3. El juez nombrará curador ad litem al incapaz que pretenda demandar a su representante legal, o que sea demandado por éste, o confirmará el designado por el relativamente incapaz, si fuere idóneo. En el segundo caso, el juez dará aviso al incapaz de la admisión de la demanda como se dispone en el numeral anterior.

4. En los procesos de sucesión se designará curador ad litem o se confirmará el designado por el relativamente incapaz, si fuere idóneo, cuando el juez advierta que ha surgido conflicto de intereses entre aquél y su representante legal. En tal caso, el curador deberá ser persona distinta del apoderado constituido por el representante del incapaz.

Para la provisión de curador ad litem en los casos contemplados en este artículo, se requiere al menos prueba sumaria de los hechos correspondientes.

El curador deberá acudir al despacho judicial que lo designó, a fin de recibir la notificación personal de la providencia respectiva, dentro de los diez días siguientes a la fecha del envío del telegrama que le comunique el nombramiento; de lo contrario, será reemplazado.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 17 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-534-05 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 55

Código de Procedimiento Civil; Art. 8; Art. 43; Art. 44; Art. 46; Art. 343; Art. 386

Código Civil; Art. 62; Art. 306; Art. 583; Art. 656; Art. 1502; Art. 1503; Art. 1504

Código del Menor; Art. 10; Art. 221

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia:

En el proceso de impugnación de la paternidad, la intervención de la madre hace innecesario el nombramiento de curador ad-litem. “(...), cuando la madre legítima y titular de la patria potestad, apoyada en la facultad especial que le otorga el artículo 306 del C.C. (en la redacción del art. 39 del D. 2820 de 1974), asume la representación judicial de su hijo legítimo, para ejercer en su nombre la acción de impugnación de paternidad legítima, no sólo interviene en el proceso como representante legal del hijo demandante, sino que también en forma personal adopta implícitamente con dicho libelo demandatorio una postura favorable o coincidente con el interés de este último que no es otro que el interés común que ambos (el de la madre representante e interesada y el del hijo representado – parte demandante), en la destrucción de la mencionada presunción legal de paternidad legítima. Por lo que entonces, la intervención en el proceso de la madre legítima, como representante legal de su hija, desde la presentación de la demanda, hace innecesaria su posterior citación para la defensa de sus intereses; al paso que el ejercicio de esa representación judicial por (y no en contra) la madre a favor de su hijo (y no en su contra), no sólo excluye conflicto de intereses en la destrucción de la presunción de paternidad legítima demandada, sino que también elimina la necesidad de nombramiento de curador ad litem (arts. 305 C.C. y 45, num. 3º, CPC). En consecuencia, si la madre legítima no debió ser citada porque ya había intervenido en el proceso para defender los intereses de su hijo y con posibilidad de defender los suyos, y si ella, además, podía asumir su representación sin necesidad de nombramiento de curador ad litem, se concluye, conforme a la ley en el carácter innecesario, tanto de una notificación especial a la mencionada madre, como de la designación de una curaduría ad litem”

Comparecencia de incapaces al proceso / La intervención del Ministerio Público tratándose de la comparecencia de incapaces se limita a solicitar al juez el nombramiento de un curador, sin que esté facultado para representarlos en juicio. “Como órgano público de protección del menor y la familia existe el defensor de familia a quien el artículo 277 del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) le asignó como funciones, entre otras, la de intervenir en interés de la institución  familiar y del menor en los asuntos judiciales y extrajudiciales de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2272 de 1989, norma que también autoriza la intervención en los procesos que se tramiten ante la jurisdicción de la familia "y en los que actuaba el defensor de menores, sin perjuicio de las facultades que se le otorguen al Ministerio Público". Por último, el Decreto 2286 de 1989, creó los fiscales de familia cuyas competencias son las de actuar en los asuntos de derecho de familia y de menores en que la ley lo disponga, como en el de nulidad del matrimonio civil, si hay menores (art. 442 del C.P.), en el divorcio y de separación de cuerpos, habiendo también hijos menores (art. 444, ibídem) y, si fuere necesario, para promover el de alimentos para menores (art. 448, ibídem), y en la repudiación de asignaciones a favor de incapaces o ausentes (artículo 592 ibídem).

De manera que no basta que se trate de un asunto de derecho de familia, en que estén involucrados derechos de incapaces, para que el agente del Ministerio Público pueda intervenir como parte en defensa de dichos incapaces, sino en cuanto carezcan éstos de la defensa que corrientemente previene la ley. Dichas fiscalías tienen base en el artículo 294 del Código del Menor que creó la Procuraduría Delegada para la defensa del menor y de la familia. En esta forma, en los procesos civiles en que se ventilan asuntos de derecho de familia, el Ministerio Público cuenta con órganos especiales, pero sólo pueden actuar en los asuntos que lo mande la ley.

Ahora bien, tratándose de la comparecencia al proceso de incapaces, el artículo 45 del C. de P. Civil con las modificaciones introducidas por el Decreto 2282 de 1989, autoriza al juez para la provisión de curador ad-litem cuando aquéllos carecen de representante y comparecen o deben comparecer al proceso. De modo que, la intervención del Ministerio Público no está prevista por la ley para hacerse parte o representar en juicio a los incapaces porque su intervención se limita a solicitarle al juez el nombramiento de curador (modificación 17a)".

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 45. AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL REPRESENTANTE. En caso de falta del representante legal del incapaz o si aquel se encuentra impedido o ausente, se aplicarán las siguientes reglas:

1. El relativamente incapaz que careciendo de represente legal o hallándose éste ausente tenga necesidad de comparecer a un proceso, lo expondrá así al juez del conocimiento, para que de plano le designe un curador ad litem o confirme al designado por él, si fuere idóneo.

2. Cuando la demanda se dirija contra un incapaz que carezca de representante legal o cuyo representante se halle ausente del país, el juez le nombrará un curador ad litem para que lo represente, y si fuere el caso, confirmará al designado luego por el relativamente incapaz, si fuere idóneo.

3. El juez nombrará un curador ad litem al incapaz que pretenda demandar a su representante legal, o sea demandado por éste, o confirmará al designado por el relativamente incapaz, si fuere idóneo.

4. En los procesos de sucesión se designará curador ad litem al incapaz o se confirmará al designado por el relativamente incapaz, si fuere idóneo, cuando el juez advierta que ha surgido conflicto de intereses entre aquel y su representante legal. En tal caso, el curador deberá ser persona distinta del apoderado constituido por el representante.

5. Cuando tenga que demandarse a una persona jurídica de derecho privado cuyo representante faltare o se hallare ausente, el juez le nombrará un curador ad litem. El nombramiento de curador se comunicará inmediatamente a la persona jurídica por oficio que se entregará a cualquier empleado de ella, y cuya copia firmada por quien lo haya recibido o por un testigo si este se negare a firmar, será agregada al expediente.

6. En los procesos que versen sobre dominio o demás derechos reales constituidos en los bienes inmuebles de los habilitados de edad, el juez confirmará el curador ad litem que aquel designe, si fuere idóneo. Esta disposición se aplicará a los procesos sobre rendición de cuentas de su guardador.

Para la provisión de curador ad litem en los casos contemplados en este artículo, se requiere previa comprobación sumaria de los hechos correspondientes.

ARTÍCULO 46. FUNCIONES Y FACULTADES DEL CURADOR AD LITEM. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 18 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El curador ad litem actuará en el proceso hasta cuando concurra a él la persona a quien representa, o un representante de ésta. Dicho curador está facultado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, así como para constituir apoderado judicial bajo su responsabilidad, pero no puede recibir ni disponer del derecho en litigio.

Sólo podrán ser curadores ad litem los abogados inscritos; su designación, remoción, deberes, responsabilidad y remuneración se regirán por las normas sobre auxiliares de la justicia.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 18 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-069-96 del 22 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 56

Código de Procedimiento Civil; Art. 8; Art. 9; Art. 10; Art. 11; Art. 44; Art. 45; Art. 70; Art. 90; Art. 94; Art. 165; Art. 318; Art. 320; Art. 343; Art. 386; Art. 407; Art. 452; Art. 564; Art. 591

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia:

Por consiguiente, si al formularse el recurso extraordinario el recurrente ignora la habitación, lugar de trabajo o paradero del demandado o su representante legal, así debería expresarlo en la solicitud de emplazamiento. (Art. 318 del C. de P.C.).

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 46. CURADURÍA AD LITEM. Los curadores ad litem actuarán en el proceso hasta cuando concurra a él la persona a quien corresponda la representación o cese el motivo de ésta. Dichos curadores, pueden constituir apoderados judiciales bajo su responsabilidad.

Sólo podrán ser curadores ad litem los abogados inscritos, su designación, remoción, deberes, responsabilidad y remuneración se regirán por las normas sobre auxiliares de la justicia.

ARTÍCULO 47. AGENCIA OFICIOSA PROCESAL. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Se podrá promover demanda a nombre de persona de quién no se tenga poder, siempre que esté ausente o impedida para hacerlo; para ello bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de aquélla.

El agente oficioso deberá prestar caución dentro de los diez días siguientes a la notificación a él del auto que admita la demanda, para responder de que el demandante la ratificará dentro de los dos meses siguientes. Si éste no la ratifica, se declarará terminado el proceso y se condenará al agente a pagar las costas y los perjuicios causados al demandado.

La actuación se suspenderá una vez practicada la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda.

El agente deberá obrar por medio de abogado inscrito, salvo en los casos exceptuados por la ley.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 57

Código de Procedimiento Civil; Art. 44; Art. 63; Art. 170; Art. 212; Art. 314  num. 1; Art. 678

ARTÍCULO 48. REPRESENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SIN ÁNIMO DE LUCRO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 50 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas jurídicas extranjeras de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro, con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder Un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva cámara de comercio del lugar.

Las personas jurídicas extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia, estarán representadas en los procesos por el apoderado que constituyan con las formalidades prescritas en este Código.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 50 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 58

Código de Procedimiento Civil; Art. 63; Art. 64; Art. 65; Art. 66; Art. 67; Art. 68; Art. 69; Art. 70; Art. 77

Código de Comercio; Art. 469; Art. 470; Art. 471; Art. 472; Art. 473; Art.  474; Art. 475; Art. 476; Art. 477; Art. 478; Art. 479; Art. 480; Art. 481; Art. 482; Art. 483; Art. 484; Art.  485; Art. 486; Art. 487; Art. 488; Art. 489; Art. 490; Art. 491; Art. 492; Art. 493; Art. 494; Art. 495; Art. 496; Art. 497

Ley 222 de 1995; Art. 239

Ley 80 de 1993; Art. 22 Numeral 4  

Jurisprudencia Concordante

Corte Constitucional:

- Sentencia SU-219-03 de 13 de marzo de 2003, Magistrada Ponente Dra Clara Inés Vargas Hernández.

Para la Corte las personas jurídicas referidas, por el hecho de suscribir un contrato de sociedad y actuar como accionistas de una sociedad constituida conforme a las leyes nacionales como COMMSA S.A. -que fue la que directamente intervino como contratista- no están obligadas a constituir una sucursal ni apoderados conforme a los preceptuado por el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil.

Además, sobre el concepto de la permanencia en los negocios la conclusión debe sujetarse a lo previsto por el artículo 474 del Código de Comercio para el efecto y, en todo caso, a lo que certifique la Cámara de Comercio sobre el particular."

Corte Suprema de Justicia:

Formas de acreditar la representación de personas jurídicas extranjeras. El endoso en procuración no tiene esa virtud. "El artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, regula la representación de personas jurídicas extranjeras de derecho privado domiciliadas en el exterior y distingue la forma de probarla, según que establezcan o no negocios permanentes en Colombia. En el primer evento deben constituir donde tengan tales negocios apoderados con capacidad para representarlas. "Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en el registro de comercio del lugar, si se tratare de una sociedad, y en los demás casos, en el Ministerio de Justicia". Para el caso que no tengan negocios permanentes en Colombia señala que estarán representadas en los procesos por apoderados que constituyan con las formalidades previstas en este código, es decir, en el Código de Procedimiento Civil.

A las sociedades extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia las representa, entonces, el apoderado que ellas designan con las formalidades que prevé el Código de Procedimiento Civil lo que quiere decir que tal apoderado debe constituirse conforme a lo establecido por el artículo 65 del mismo código, es decir, mediante poder general o especial, agregando que puede extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello. En este último caso su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 259 ib.

Legislación Anterior

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 48. REPRESENTACION DE PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS. Las personas jurídicas extranjeras de derecho privado con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tenga tales negocios, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en el registro de comercio del lugar, si se tratare de una sociedad, y en los demás casos, en el Ministerio de Justicia.

Las personas jurídicas extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia, estarán representadas en los procesos por el apoderado que constituyan con las formalidades prescritas en este Código.

ARTÍCULO 49. SUCURSALES O AGENCIAS DE SOCIEDADES DOMICILIADAS EN COLOMBIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Las sociedades domiciliadas en Colombia, deberán constituir apoderados con capacidad para representarlas en los procesos relacionados con ellas o sus dependientes, en los lugares donde establezcan sucursales o agencias, en la forma indicada en el artículo precedente; si no los constituyen, llevará su representación quien tenga la dirección de la respectiva sucursal o agencia.

Notas del Autor

- En desarrollo del inciso final de la anterior norma, cuando se señala como director de una agencia o sucursal a una persona determinada, debe acompañarse la certificación  de la correspondiente Cámara de Comercio en el sentido de que la empresa demandada no tiene constituido representante legal para efectos judiciales.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 59

Código de Procedimiento Civil; Art. 23-7; Art. 77

Código de Comercio; Art. 263; Art. 264

Doctrina Concordante

Corte Suprema de Justicia:

No desapareció la representación judicial de las agencias consagradas por el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, al entrar en vigencia el Código de Comercio. "Cuando el Código de Comercio actual reglamentó lo relacionado con las sucursales y agencias y dijo de las primeras que son establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales, administradas por mandatario con facultades para representarlas (art. 263) y expresó respecto de las segundas que son establecimientos de comercio cuyos administradores carecen de poder para representarlas, aludió, en términos generales, a un criterio de distinción entre unas y otras, pero en manera alguna quiso eliminar la representación judicial establecida para las agencias en las eventualidades de que trata el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil"

El artículo 264 del Código de Comercio prima sobre el 49 del Código de Procedimiento Civil y por consiguiente el administrador de una agencia no la representa. "El artículo 264 del Código de Comercio a la vez que expresa una noción de lo que es una agencia, señala como característica que su administrador carezca de poder para representarla. Es decir, esa falta de poder de representación es lo común tratándose de una agencia, sin que tal hecho obste para que al respectivo administrador se le puedan conferir dichas facultades pero eso sí de una manera expresa y concreta porque en ningún caso la ley presume esas facultades en el agente quien de ordinario es apenas un trabajador de la sociedad, ejecutor de órdenes.

... Frente a lo dispuesto en el artículo 49 citado, aparece la norma del artículo 264 del Código de Comercio que contiene una disposición especial para las agencias y por tanto de aplicación preferencial tal como lo estatuye el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 57 de 1887:

Pero además el artículo 264 hace parte de una ley posterior al Código de Procedimiento Civil y en los términos del artículo 2º de la Ley 153 de 1887, "la ley posterior prevalece sobre la ley anterior".(...).

Una interpretación diferente haría inocuo el contenido del artículo 264 que por algo es diferente al del 263.

Además de lo dispuesto en los artículos 114 y 263 del Código de Comercio no puede aplicarse por extensión a las agencias".

OTRAS FUENTES:

Representación legal y prueba de su existencia. “Todas las sucursales de sociedades extranjeras deben tener representante legal y revisor fiscal, según los ordinales 5º. Y 6º. del artículo 472 del Código de Comercio. Ambos son designados por la sociedad extranjera y sus nombres consignados en la resolución o acto en que la sociedad acuerda establecer negocios permanentes en Colombia.

La nacionalidad del representante legal de la sucursal puede ser extranjera, pero si la sociedad tiene por objeto explotar, dirigir y administrar un servicio público o una actividad declara- da por el Estado de interés para la seguridad nacional, entonces el representante legal y los suplentes deberán ser ciudadanos colombianos, tal como lo ordena el artículo 473 del Código de Comercio.

De acuerdo con el artículo 486 del Código de Comercio, la asistencia de las sucursales de sociedades domiciliadas en el exterior, se prueba mediante el certificado de la Cámara de Comercio. De igual forma se prueba la personería de sus representantes”.(Hildebrando Leal Pérez, Derecho de Sociedades Comerciales. Tomo II, Editorial Leyer, pág. 397)

CAPÍTULO II.

LITISCONSORTES

ARTÍCULO 50. LITISCONSORTES FACULTATIVOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.

Notas del Autor

- El litisconsorcio facultativo puede integrarse de dos maneras: (i) en la demanda, de manera exclusiva a la voluntad de quien va a demandar, acumulando pretensiones de varios demandantes contra un demandado o de un demandante contra varios demandados y (ii) a través del fenómeno de la acumulación de procesos ( art. 157 y 541 del CPC) o de acumulación de demandas ( art. 540 y 556 del CPC).

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 60

Código de Procedimiento Civil; Art. 52; Art. 53; Art. 54; Art. 56; Art. 83; Art. 93; Art. 131; Art. 196; Art. 340; Art. 415; Art. 462  

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia:

Clasificación del litisconsorcio. "Del litisconsorcio se ha dicho que no es cosa diferente a la situación en que se hallan distintas personas que, conjuntamente, actúan en un proceso como actores contra un solo demandado (litisconsorcio activo), como demandadas por un solo demandante (litisconsorcio pasivo) u ocupando ambas posturas (eventualidad que la doctrina suele calificar de litisconsorcio mixto), luego constituye la situación descrita una de las formas que puede presentar el proceso civil acumulativo por razones subjetivas y, como es bien sabido, desde el punto de vista de su origen, vale decir de las circunstancias antecedentes que determinan su ocurrencia, se la clasifica en "litisconsorcio facultativo voluntario" –cuando las diversas personas que se encuentran en condiciones de crear tal situación la producen libremente, demandando todas en conjunto, o cuando la persona o personas que están en condiciones de producir la pluralidad por pasiva demandan, también a voluntad, a varios sujetos– y "litisconsorcio necesario" cuando la situación jurídica sustancial o la pretensión deducida no pueden ser materia de decisión eficaz si en el respectivo proceso no están presentes todos los litisconsortes, caso que se da cuando dicha relación, por su propia índole o por mandato de la ley, es de tal entidad que para recibir pronunciamiento de mérito requiere la obligada comparecencia de todos aquellos a quienes vincula (CPC, arts. 51 y 83). En otras palabras, surge esta última clase de litisconsorcio cuando sea preciso que recaiga una resolución jurisdiccional uniforme para todos los litisconsortes y, por lo tanto, la presencia de todos aparezca de evidente necesidad en el proceso para hacer posible el juzgamiento de fondo sobre la demanda entablada, configurándose así un supuesto de legitimación forzosamente conjunta respecto de los titulares de la relación jurídica controvertida en juicio..."

Estructuración del litisconsorcio facultativo. “ El litis consorcio así estructurado  es de los que la ley llama facultativo, pues la sentencia que decida el litigio no tiene que ser uniforme para todos los consortes, antes bien, puede ser condenatoria para unos y absolutorio para otros. En este punto es inveterada la doctrina de la Corte que antiguamente tuvo su principal soporte en lo dispuesto en el artículo  404 del C. Civil   en relación con los que anteceden, y que ahora tiene nuevo apoyo en el citado artículo 10, que expresamente autoriza las demandas separadas. El litis consorcio integrado por los  demandados, herederos y cónyuge del presunto padre es, pues indiscutible de los calificados por el artículo 50 del C. de P. Civil.

En cuanto se refiere a la filiación y petición de herencia, cuando se demanda al cónyuge sobreviviente y a los herederos del difunto no existe litisconsorcio necesario sino facultativo, de allí que la sentencia pueda ser condenatoria para unos demandados y absolutoria para otros, en cuanto a los efectos patrimoniales previstos por el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 se refiere. "Vese al rompe, por los mismos términos empleados por el legislador de 1968, que cuando, por haber muerto el presunto padre, son demandados su cónyuge y sus herederos, el litisconsorcio pasivo formado por los integrantes de la parte demandada no es de los que se denominan necesarios. El litisconsorcio así estructurado es de los que la ley llama facultativo, pues la sentencia que decida el litigio no tiene que ser uniforme para todos los consortes, antes bien, puede ser condenatoria para unos y absolutoria para otros. En este punto es inveterada la doctrina de la Corte que antiguamente tuvo su principal soporte en lo dispuesto en el artículo 404 del Código Civil en relación con los tres que le anteceden, y que ahora tiene nuevo apoyo en el citado artículo 10, que expresamente autoriza las demandas separadas. El litisconsorcio integrado por los demandados, herederos y cónyuge del presunto padre, es, pues indiscutible de los calificados como facultativos por el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 51. LITISCONSORTES NECESARIOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerá a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos.

Notas del Autor

- Como atinadamente lo destaca la profesora española MARIA ENCARNACION DAVILA MILLAN “ El fundamento del litisconsorcio necesario hay que buscarlo fuera del derecho procesal, en el derecho material, aunque tenga su tratamiento en el primero. Tiene su causa en la naturaleza de la relación jurídica sustantiva, la cual exige que sea declarada respecto a un determinado número de personas el derecho material que regula las concretas relaciones jurídicas unitarias e indivisibles” En efecto todo litisconsorcio necesario existe atendiendo la naturaleza del asunto, de la relación sustancia que impide un pronunciamiento de fondo sin la obligada comparecencia de un número plural de personas. Le asiste razón al tratadista HERNAN FABIO LOPEZ cuando señala que el litisconsorcio necesarios no es solo un fenómeno propio de los procesos declarativos, pues su tipificación surge nítidamente del artículo 51 y 83 del CPC y no del artículo 52 inc. 4 del CPC. “ basta que por la naturaleza de la relación sustancial debatida o porque así lo diga expresamente la ley, sea menester la presencia de varios sujetos de derecho en la posición de parte para poder decidir de mérito”.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 61

Código de Procedimiento Civil; Art. 60; Art. 61; Art. 62; Art. 81; Art. 82; Art. 83; Art. 84; Art. 84; Art. 85; Art. 86; Art. 87; Art. 88; Art. 89; Art. 90; Art. 91; Art. 93; Art. 94-7; Art. 97-9; Art. 131-4; Art. 144 num. 2; Art. 145; Art. 196; Art. 340; Art. 342; Art. 401; Art. 407; Art. 415; Art. 451; Art. 460; Art. 467  

Jurisprudencia Concordante

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 30911 de 7 de diciembre de 2005, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

Corte Suprema de Justicia:

Criterio para determinar la existencia de un litisconsorcio necesario. “(...), no a toda relación jurídica o pretensión que tenga venero en un acuerdo de voluntades cabe extender, sin distingo, la precedente noción de litisconsorcio necesario; la secuela que deriva su presencia, según la cual, 'la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas....' sólo encuentra fiel expresión en todas aquellas pretensiones encaminadas a obtener que se reconozca la existencia, validez, modificación, disolución o alteración de determinado acto jurídico; por lo tanto, lo que se impone es hacer un cuidadoso examen de la demanda a fin de verificar exactamente, con vista en ella, cuál es la naturaleza y el alcance personal de la relación sustancial sometida a controversia, para deducir de allí si el litisconsorcio es o no necesario.”

NOTA: La noción de litisconsorcio necesario a que se hace referencia en esta sentencia, es la contenida en los artículos 51 y 83 del CPC.

Litisconsorcio necesario y facultativo. “Litisconsorcio es la situación jurídica en que se hallan distintas personas que actúan en un proceso conjuntamente como actora contra u solo demandado (litisconsorcio activo), como demandadas por un solo actor (litisconsorcio pasivo) u ocupando varias posturas (litisconsorcio que la doctrina califica de mixto); constituye esta situación, entonces, una de las modalidades que pueden presentar el proceso acumulativo por razones subjetivas y desde el punto de vista de su origen, vale decir de las circunstancias antecedentes que determinan la formación de litisconsorcio, a este se le clasifica en voluntario o facultativo -cuando las diversas personas que se encuentran en condiciones de crear el litisconsorcio activo lo producen libremente demandando todas conjuntamente, o cuando la persona o personas que están en posición de producirlo por pasiva demandan, también a voluntad, a un número plural de sujetos- y necesario cuando la relación jurídica sustancial o la pretensión deducida no puede ser objeto de decisión eficaz si no están presentes todos los litisconsortes, evento que se da cuando dicha relación, por su propia naturaleza o por disposición expresa de la ley, es de tal índole que para recibir pronunciamiento de mérito requiere la comparecencia de todos aquellos a quienes vincula (Artículo 83 del Código de Procedimiento Civil).

Litisconsorcio –activo o pasivo– frente a la demanda de nulidad de un testamento. "La pretensión de que se declare nulo un testamento y la consecuencia de petición de herencia ejercitada contra quien por virtud del acto anulado viene ocupando la herencia, no implica en modo alguno un litisconsorcio necesario por la parte activa.

Cualquier heredero que por ley lo sea puede pedir por sí solo, sin necesidad de hacerlo conjuntamente con todos los demás que tengan la misma calidad, la declaración de ser absolutamente nulo el testamento que, en perjuicio de sus derechos hereditarios, ha otorgado el causante, ya que la nulidad absoluta de todo acto jurídico, sin excepción, puede ser alegada independientemente por quienquiera "que tenga interés en ello" (L. 50/63, art. 2º ). Y cualquier heredero puede también ejercitar la petición de herencia, puesto que esta pretensión, por su naturaleza misma, no va encaminada a que la herencia ocupada por otro se le adjudique totalmente al actor, sino a que se le respete y haga efectiva la cuota que en ella le quepa (C.C., art. 1321 ).

Con sujeción al artículo 1589 del Código Civil, lo único que está vedado al acreedor de obligación indivisible es remitir la deuda. Además el mismo precepto contempla la posibilidad de que los deudores posteriormente demanden la misma cosa. Desde luego que si cualquiera de los obligados extingue la obligación, ello transmite sus efectos a todos los acreedores de la obligación como lo indica el artículo 1588 del Código Civil.

Del mismo modo el artículo 1570 del Código Civil prevé que sólo uno de los acreedores puede demandar una obligación solidaria sin necesidad de la presencia de los demás.

CAPÍTULO III.

INTERVENCION DE TERCEROS Y SUCESION PROCESAL

ARTÍCULO 52. INTERVENCIONES ADHESIVAS Y LITISCONSORCIAL. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 19 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante, de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o segunda instancia.

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en litigio.

Podrán intervenir en un proceso como litis consortes de una parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 62  

Ley 820 de 2003; Art. 7o. Inciso 2o.; Art. 17 Inciso 3o.

La intervención adhesiva y litisconsorcial es procedente en los procesos de conocimiento, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, desde la admisión de la demanda. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.

Cuando en el acto de su intervención el litisconsorte solicite pruebas, el juez las decretará si fueren procedentes y las considera necesarias.

Si estuviere vencido el término para practicarlas o lo que restare de éste no fuere suficiente, otorgará uno adicional hasta de diez días.

Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente.

La intervención anterior a la notificación del demandado, se resolverá luego de efectuada ésta. El auto que acepte o niegue la intervención es apelable.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 19 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

- Como lo anota el profesor HERNAN FABIO LOPEZ, la figura del litisconsorcio cuasi necesario quedó erróneamente incorporada en el inciso tercero del artículo 52  norma que de conjunto regula una institución diferente como es la intervención adhesiva o coadyuvancia.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 62; Art. 71

Código de Procedimiento Civil; Art. 50; Art. 51; Art. 58; Art. 60; Art. 61; Art. 62; Art. 76; Art. 83; Art. 350; Art. 351; Art. 352; Art. 353; Art. 354; Art. 355; Art. 356; Art. 357; Art. 358; Art. 359; Art. 360; Art. 361; Art. 362; Art. 363; Art. 364; Art. 486  

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia:

1.2.1.- Por lo tanto, siendo claro que en este proceso las pretensiones de la actora son, en síntesis, que se declare la existencia de una sociedad de hecho constituida por ella con el causante C. A. H., y que se ordene su liquidación, debe concluirse, en primer término, que la controversia en relación con los bienes que constituyen el activo de la misma y que han de ser objeto de¡ procedimiento liquidatorio, no forma en este momento materia de¡ litigio, cuyo trámite específico se señala por la Ley en el título XXXI (arts. 627 y ss., del C. P. C.).

2.1.- Ahora bien, en el cumplimiento de su función de administrar justicia en materia civil, la competencia del juzgador se encuentra circunscrita, como se sabe, a decidir sobre las pretensiones impetradas por la parte actora en su demanda y en las demás oportunidades que el Código de Procedimiento Civil señala, de un lado, y, de otro, sobre las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si asi lo exige la Ley (art. 305 C. P. C.). Es decir, que necesariamente ha de guardarse estrecha armonía entre lo pedido y lo resuelto, razón ésta por la cual, desde antiguo tiene por sentado la jurisprudencia de esta Corporación, que "para saber si hay incongruencia, y en consecuencia, hallar asidero a la causal segunda de casación, solo debe tenerse en cuenta la parte resolutiva del fallo, según doctrina constante de la Corte, quien además añade que la causa¡ no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo" (G. J, T. LXXVIII, pag. 882).

2.2.1.- En efecto, la jurisdicción, en acatamiento a lo dispuesto por los arts. 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, en la sentencia dictada en este proceso, no incurrió en minus petita como lo aseveran los coadyuvante    adhesivos recurrentes, dado que el fallo decidió sobre el objeto de¡ proceso, pues, como puede observarse la sentencia del Tribunal (folios 26 y ss., C-7), confirmatorio de la del juzgado en cuanto declaró la existencia de la sociedad de hecho entre R. R., y C. A. H., con la aclaración de que tal sociedad fue civil y no comercial, y, en cuanto ordenó su liquidación, abarca el campo de la controversia judicial planteada entre las partes. Así, forzoso es concluir en consecuencia, que los 'coadyuvantes adhesivos", jamás en su condición de tales tuvieron en este proceso una pretensión y que su petición de exclusión del inmueble El R...., no podía ni debía ser objeto de pronunciamiento judicial en este proceso, limitada como está en el mismo su actuación a la condición de coadyuvantes de la parte demandada, por solicitud propia y así admitidos por el juzgado en auto visible a folio 113 del cuaderno uno, sin que pueda por ello afirmarse que quedan desprovistos de acción para reclamar la exclusión de ese bien del activo de la sociedad si así lo estiman pertinente, pues, son otras las vías procesales que en tal caso están a su disposición conforme a la Ley.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 52. INTERVENCIÓN ADHESIVA Y LITIS CONSORCIAL. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella.

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en litigio.

Podrá intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos dela sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.

La intervención adhesiva o litis consorcial es procedente en los procesos de conocimiento, en cualquiera de las instancias, desde la admisión de la demanda. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.

Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que en el mismo escrito hubiere formulado el interviniente.

La intervención anterior a la notificación del demandado, se resolverá luego de efectuada esta. El auto que acepte o niegue la intervención es apelable en el efecto devolutivo.

ARTÍCULO 53. INTERVENCION AD EXCLUDENDUM. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Quien pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su pretensión frente a demandante y demandado, para que en el mismo proceso se le reconozca. La oportunidad de tal intervención precluye con la sentencia de primera instancia.

El interviniente deberá presentar demanda con los requisitos legales, que se notificará a las partes o a sus apoderados como dispone el artículo 205 y de ella se dará traslado por el término señalado para la demanda principal. El auto que acepte o niegue la intervención, es apelable en el efecto devolutivo.

Notas del Editor

- Con las modificaciones introducidas a este Código por el Decreto 2289 de 1989, la referencia al artículo 205 debe entenderse hecha al artículo 320.

Si el término de prueba estuviere vencido y en la demanda del interviniente o en las respuestas de las partes se solicitare la práctica de pruebas, se fijará uno adicional que no podrá exceder de aquél, a menos que demandante y demandado acepten los hechos alegados y éstos sean susceptibles de prueba de confesión.

La intervención se tramitará conjuntamente con el proceso principal, y con ella se formará cuaderno separado.

En la sentencia que decida sobre la demanda inicial se resolverá, en primer término, sobre la pretensión del interviniente.

Cuando en la sentencia se rechace en su totalidad la pretensión del interviniente, éste será condenado a pagar al demandante y demandado, además de las costas que correspondan, multa de mil a diez mil pesos y a indemnizar los perjuicios que les haya ocasionado la intervención, que se liquidarán mediante incidente.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 63

Código de Procedimiento Civil; Art. 62; Art. 75; Art. 108; Art. 135; Art. 137; Art. 320; Art. 194; Art. 304; Art. 320; Art. 354 num. 2; Art.  394

ARTÍCULO 54. DENUNCIA DEL PLEITO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho a denunciar el pleito que promueva o que se le promueva, deberá ejercitarlo en la demanda o dentro del término para contestarla, según fuere el caso.

Al escrito de denuncia acompañará la prueba siquiera sumaria del derecho a formularla y la relativa a la existencia y representación que fueren necesarias.

El denunciado en un pleito tiene a su vez facultad para denunciarlo en la misma forma que el demandante o demandado.

Notas del Autor

- La denuncia del pleito es una modalidad de llamamiento en garantía instituida para regular específicamente la forma de hacer efectiva la obligación de saneamiento por evicción de que trata el artículo 1893 del CC. Conviene aclarar que no es obligatorio denunciar el pleito; pero asimismo cabe advertir que si esto no se hace el vendedor, si fuera evicta la cosa, no será obligado al saneamiento y el comprador correrá con todos los perjuicios que se deriven de la respectiva declaración.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 50; Art. 75; Art. 92; Art. 279; Art. 299

Código Civil; Art. 1893; Art. 1899

Ley 80 de 1993; art. 77

ARTÍCULO 55. REQUISITOS DE LA DENUNCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> El escrito de denuncia deberá contener:

1. El nombre del denunciado y el de su representante si aquél no puede comparecer por sí al proceso.

2. La indicación del domicilio del denunciado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.

3. Los hechos en que se basa la denuncia y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde el denunciante y su apoderado recibirán notificaciones personales.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 65; Art.  82

Código de Procedimiento Civil; Art. 71-4; Art. 75

Ley 80 de 1993; art. 77

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado

Sección Primera

- Consejo de Estado Acción Popular, Expediente No. 94399 de 26 de abril de 2007, C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

ARTÍCULO 56. TRAMITES Y EFECTO DE LA DENUNCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, Numeral 20 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:>

Si el juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado y señalará un término de cinco días para que intervenga en el proceso; si no residiere en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable.

La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá desde la admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado y haya vencido el término para que éste comparezca; la suspensión no podrá exceder de noventa días. El denunciado podrá presentar en un solo escrito contestación a la demanda y a la denuncia, y en el mismo solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

Surtida la citación, se considerará al denunciado litisconsorte del denunciante y tendrá las mismas facultades de éste.

En la sentencia se resolverá cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que existe entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de éste.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 20 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Apartes subrayados en este artículo fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia, mediante Sentencia C-062-97 del 11 de febrero de 1997. La Corte expone:  

"Para la Corte, en efecto, el demandante hizo una interpretación equivocada del artículo 56: sólo consideró unos plazos señalados en el artículo, en forma aislada del contenido total de la norma y sin concordarla con el artículo 316 del mismo código. Esto lo llevó a confundir el plazo del denunciado para intervenir en el proceso, con el trámite de la notificación a ese mismo denunciado, para que comparezca al proceso.

Para confirmar esta apreciación, basta confrontar las expresiones demandadas con la totalidad del artículo 56.

La frase demandada dice: 'si [el denunciado] no residiere en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días.'

Y la misma norma, en el inciso segundo, establece cómo se debe hacer la citación del denunciado:

'La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá desde la admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado y haya vencido el término para que éste comparezca; la suspensión no podrá exceder de noventa días. . .' (se subraya)

Como se ve, este inciso ordena que la citación del denunciado se haga mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para notificar el auto admisorio de la demanda. El artículo 87 del Código de Procedimiento Civil, dice que ésta se hace personalmente. En lo pertinente, la norma señala:

'Artículo 87.- Modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1o., numeral 38. Traslado de la demanda. En el auto admisorio de la demanda se ordenará su traslado al demandado, salvo disposición en contrario.

'El traslado se surtirá mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante o apoderado o al curador ad litem, y la entrega de copia de la demanda y de sus anexos.

'Para el traslado a personas ausentes del lugar del proceso, se librará despacho comisorio acompañado de sendas copias de la demanda y de sus anexos].'(se subraya)

De otra parte, no hay que olvidar que, según el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, el término respectivo (para contestar la demanda o para intervenir cuando se ha denunciado el pleito) solamente empieza a correr vencido el término que se ha concedido para comparecer al proceso. Esto, en los casos de notificación personal por comisionado.

En efecto, el inciso final del artículo 316 establece:

'Cuando quien deba ser notificado personalmente se encuentre en el exterior, la comisión se conferirá al Cónsul Colombiano que corresponde o a una autoridad judicial del país en que aquél se halle, caso en el cual el término para comparecer será hasta de treinta días. El despacho se enviará por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo dispone el artículo 35.'

Por esta razón, el término de treinta (30) días para comparecer al proceso quien se encuentre en el exterior, rige tanto en el caso de la denuncia del pleito como en el de la contestación de la demanda o del mandamiento de pago.

Como se ve, los términos de cinco (5) y diez (10) días que establece el artículo 56, son para intervenir en el proceso, no para comparecer a éste, pues los términos para comparecer quien deba ser notificado personalmente, los fija el artículo 316.

En consecuencia, no existe ningún trato discriminatorio, en perjuicio del denunciado que se encuentra en el exterior. Lo que existe en el artículo 56, es una regulación distinta para intervenir una vez ha sido citada una persona a quien se ha denunciado un pleito.

Piénsese, por ejemplo, en el caso de dos personas que se encuentran en el exterior, a una de las cuales debe notificarse el auto admisorio de una demanda ordinaria, y a la otra, el que acepta la denuncia de un pleito, según el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil.

En este caso, de conformidad con el artículo 316, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil,  a las dos personas habrán de notificárseles personalmente los autos respectivos. El juez fijará, o podría fijar, términos iguales a los dos, hasta de treinta (30) días, para comparecer al proceso, términos que, según la regla general, empezarán a correr al día siguiente a la notificación personal que haga el funcionario comisionado (por ejemplo, el cónsul de Colombia que sea competente). Vencido el término de treinta (30) días, correrán los términos para contestar la demanda (20 días, según el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil) y para intervenir en el pleito que se ha denunciado (hasta diez días, según el artículo 56 del mismo Código).

El anterior ejemplo muestra claramente la confusión en que incurrió el demandante. Sin que sobre agregar que el establecimiento de términos diferentes para contestar  la demanda y para intervenir en el proceso que a alguien se le ha denunciado, no sólo es potestativo del legislador, sino que es sensato.

En síntesis: todo se reduce a considerar que los artículos 56 y 316 del Código de Procedimiento Civil, deben interpretarse armónicamente, pues son concordantes, y no hay entre ellos contradicción ni oposición ninguna.

En resumen, para la Corte es claro que el legislador reguló en forma diferente dos actos procesales diversos (contestación de la demanda e intervención en el proceso de aquel a quien se le denuncia el pleito), regulación diferente que es razonable y que no quebranta el artículo 13 de la Constitución, ni el artículo 2o. de la misma. Tampoco implica la norma acusada discriminación alguna, por lo cual no se violan  los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como lo pretende el demandante. Para llegar a la anterior conclusión hay que tener en cuenta que la persona a quien se denuncia un pleito, basa su intervención en la demanda y en su contestación, y se puede servir de las pruebas pedidas por el demandante y el demandado. Por eso, el término que la ley le señala para intervenir, es diferente al del traslado de la demanda, sin que por esto se viole el principio de igualdad ni se desconozca el derecho de defensa.

Cabe recordar, a manera de ejemplo, que el Código establece diferentes términos para el traslado de la demanda, según la clase de proceso, regulación que no vulnera la igualdad, sino que atiende a la diferencia entre los procesos.

Ahora bien: como la Corte encuentra que existe una relación inescindible entre la expresión demandada y el inciso primero y parte del inciso segundo del artículo 56, demandado, la declaración de exequibilidad se extenderá a todo lo que se transcribe a continuación:

'Artículo 56.- Modificado por el Decreto 2282/89, artículo 1o., numeral 20. Trámites y efecto de la denuncia. Si el juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado y señalará un término de cinco días para que intervenga en el proceso; si no residiere en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable.

'La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá desde la admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado y haya vencido el término para que éste comparezca; la suspensión no podrá exceder de noventa días....'

Lo anterior resulta claro, si se tiene en cuenta que la parte del inciso segundo que se declarará exequible es, precisamente, la que remite al 316, en lo relativo a la notificación personal.

Finalmente, hay que anotar que, como la demanda sí contiene cargos concretos de inconstitucionalidad, que, de ser fundados, conducirían a la declaración de inexequibilidad, los mismos que se han desechado, la Corte declarará la exequibilidad y no dictará sentencia inhibitoria".

Notas del Autor

- La denuncia del pleito es una forma de intervención de terceros dentro de un proceso donde el denunciado queda vinculado por los efectos de la sentencia.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 50; Art. 59; Art. 62; Art. 83; Art. 92; Art. 121; Art. 170; Art. 304; Art. 313; Art. 314; Art. 315; Art. 316; Art. 317; Art. 318; Art. 319; Art. 320; Art. 321; Art. 322; Art. 323; Art. 324; Art. 325; Art. 326; Art. 327; Art. 328; Art. 329; Art. 330; Art. 351

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 66

Ley 80 de 1993; art. 77

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado

Sección Primera

- Consejo de Estado Acción Popular, Expediente No. 94399 de 26 de abril de 2007, C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 56. TRÁMITES Y EFECTOS DE LA DENUNCIA. Si el juez halla procedente la denuncia ordenará citar al denunciado, señalándole el término de cinco días para que intervenga en el proceso; si aquel no reside en la sede del juzgado, el término será aumentado prudencialmente, sin exceder de diez días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable en el efecto devolutivo.

La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá desde la admisión dela denuncia hasta cuando se cite al denunciado, pero la suspensión no podrá exceder de tres meses sin perjuicio de que siempre se lleve a efecto la citación.

Si el denunciado comparece al proceso, será considerado como litisconsorte del denunciante y tendrán las mismas facultades de éste.

En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que exista entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnización o restituciones a cargo de éste.

ARTÍCULO 57. LLAMAMIENTO EN GARANTIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

Notas del Autor

- La norma establece la posibilidad de hacer la citación en garantía para todos los casos diferentes de la evicción que se regual por el artículo 54. El llamamiento en garantía lo puede efectuar el demandante o el demandado aún cuando en la casi totalidad de los casos sea el demandado el llamado a hacerlo.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre las expresiones “a un tercero” y “de aquél”, contenidas en este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-667-09 de 22 de septiembre de 2009, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 55; Art. 56

Código de Comercio; Art. 1036

Ley 80 de 1993; art. 4, numeral 7o.; art. 77

Jurisprudencia Concordante

Corte Constitucional

- Corte Constitucional Sentencia T-908-05 de 1 de septiembre de 2005, M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis

Consejo de Estado:

Sección Primera

- Consejo de Estado Acción Popular, Expediente No. 94399 de 26 de abril de 2007, C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 30087 de 27 de septiembre de 2006, C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Corte Suprema de Justicia:

Es necesario que la sentencia afecte al llamado para que proceda el llamamiento en garantía. "A modo y semejanza de la acumulación de pretensiones sucesivas, el llamamiento en garantía, o mejor la pretensión a él inherente, está condicionada al "resultado de la sentencia", pues cobra fuerza y virtualidad sólo cuando una de las partes, "tenga derecho legal o contractual de exigir de un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviera que hacer" (CPC, art. 57 se subraya).

De ahí que, por estar expresamente sometido el llamamiento en garantía a lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del aparte final del artículo 57 ibídem, le sea aplicable el último inciso del artículo 56, que dispone que en la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial entre denunciante (o convocante) y denunciado (o convocado), sin que por tanto sea pertinente ese pronunciamiento en caso de no ser acogidas las súplicas de la pretensión principal"

Exigencias para el llamamiento en garantía. Ejemplos. Caso de la póliza de seguro. "Como el vocablo mismo así lo indica, para que proceda el llamamiento en garantía requiérese que la haya; es decir, que exista un afianzamiento que asegure y proteja el llamante contra algún riesgo, según la definición que de garantía de la Real Academia Española. O, en otras palabras, que el llamado en garantía, por ley o por contrato, esté obligado a indemnizar al llamante por la condena al pago de los perjuicios que llegare a sufrir, o que esté obligado, en la misma forma, al "reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia", según los términos del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil.

El llamamiento en garantía se produce, al decir de Guasp, "cuando la parte de un proceso hace intervenir en el mismo a un tercero, que debe proteger o garantizar al llamante, cubriendo los riesgos que se derivan del ataque de otro sujeto distinto, lo cual debe hacer el tercero, bien por ser transmitente: llamado formal, o participante: llamado simple, de los derechos discutidos". En uno y otro caso precísase, como se dejó dicho antes, que haya un riesgo en el llamante, que por ley o por contrato deba ser protegido o garantizado por el llamado; o según palabras del artículo 57 ya citado, que el llamante tenga "derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia".

Ejemplos de derecho legal son múltiples. Estos, entre otros: el deudor solidario que es demandado para pagar el monto de un perjuicio (arts. 1579 y 2344 C.C.); el codeudor solidario demandado por obligación que no es posible cumplir por culpa de otro codeudor (art. 1583-3 ibídem); el codeudor de obligación individible que paga la deuda (art. 1587 ibídem); el comprador que sufre evicción que el vendedor debe sanear (art. 1893 ibídem). Y de derecho contractual, se tiene el caso clásico de la condena en perjuicios al demandado, por responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, que tiene amparados con póliza de seguro".

Naturaleza, procedencia y oportunidad para proponer el llamamiento en garantía. En resumen, el llamamiento en garantía se sujeta a las siguientes reglas:

a) El término para hacerlo será el del traslado de la demanda, con sujeción a los requisitos que señala el art. 55 del C. De P. C., en todo caso acompañado el escrito respectivo prueba siquiera sumaria de su derecho a formularlo (art. 54 inc. 2º, ibídem).

b) El juez, previa calificación de los requisitos indicados en la letra precedente, citará al llamado en la forma que ordena el art. 56, quien a partir de ese momento adquirirá el carácter de parte en la litis, con los derechos, cargas y obligaciones procesales anteriormente especificados.

ARTÍCULO 58. LLAMAMIENTO EX OFICIO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> En cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión o fraude en el proceso, ordenará la citación de las personas que puedan resultar perjudicadas, para que hagan valer sus derechos, y con tal fin suspenderá los trámites hasta por 30 días. Esta intervención se sujetará a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 52.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 72

Código de Procedimiento Civil; Art. 37 ord. 3; Art. 52; Art. 62; Art.  170

Ley 80 de 1993; art. 25; art. 26; art. 27; art. 30

ARTÍCULO 59. LLAMAMIENTO DE POSEEDOR O TENEDOR. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 21 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El que teniendo una cosa a nombre de otro, sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en la contestación de la demanda, indicando el domicilio o residencia y la habitación u oficina del poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al demandante. El juez ordenará citar al poseedor designado y para éstos efectos se aplicará lo dispuesto en el artículo 56.

Si el citado comparece y reconoce que es poseedor, se tendrá como parte en lugar del demandado, quien quedará fuera del proceso. En este caso el juez dará traslado de la demanda al poseedor, por auto que no requerirá notificación personal.

Si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá sus efectos respecto de éste y del poseedor por él designado.

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará a quien fuere demandado como tenedor de una cosa, si la tenencia radica en otra persona.

Cuando en el expediente aparezca la prueba de que el verdadero poseedor o tenedor es otra persona, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 21 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

- Este artículo desarrolla el precepto contenido en el artículo 954 del CC que establece como “Si alguien de mala fé, se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo será condenado a la indemnización de todo perjuicio que de este engaño haya resultado al actor”.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 67

Código de Procedimiento Civil; Art. 56; Art. 62; Art. 83; Art. 87; Art. 92; Art. 108; Art. 338; Art. 686

Código Civil; Art. 762; Art. 775; Art. 953; Art. 954  

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 59. LAUDATIO O NOMINATIO AUTORIS. El que teniendo una cosa a nombre de otro, sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en la contestación a la demanda, indicando el domicilio o residencia y la habitación u oficina del poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su poseedor cause al demandante. El juez ordenará citar al poseedor designado y para estos efectos se aplicará lo dispuesto en el artículo 56.

Si el citado comparece y reconoce que es poseedor, se tendrá como parte en el lugar del demandado, quien quedará fuera del proceso. En este caso el juez dará traslado de la demanda al poseedor, por auto que no requerirá notificación personal.

Si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá sus efectos respecto de éste y del poseedor por él designado.

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará a quien fuere demandado como tenedor de una cosa, si la tenencia radica en otra persona.

ARTÍCULO 60. SUCESION PROCESAL. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 22 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobrevienen la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1045-00 del 10 de agosto de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

Notas del Autor

Este inciso establece una de las formas mas comunes del denominado litisconsorcio cuasi necesario.

El auto que admite o rechace a un sucesor procesal es apelable.

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil, se decidirán como incidentes.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 68

Código de Procedimiento Civil; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 62; Art. 83; Art. 135; Art. 351; Art. 427; Art. 621; Art. 656; Art. 659

Código Civil; Art. 1960  

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 60. SUCESIÓN PROCESAL. Fallecido un litigante el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el curador de la herencia yacente, según el caso.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción o transformación de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos, aunque no concurran.

El cesionario o el adquirente por acto entre vivos de la cosa o el derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del enajenante o cedente. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

El auto que admita o rechace a un sucesor procesal es apelable en el efecto devolutivo.

ARTÍCULO 61. INTERVENCION EN INCIDENTES O PARA TRAMITES ESPECIALES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Cuando la intervención se concrete a un incidente o trámite, el interviniente sólo será parte en ellos.

Notas del Autor

- La norma consagra un caso de intervención limitada de terceros, pues en esta hipótesis la intervención se concreta a un incidente o trámite y el interviniente solo será parte en ellos. Ejemplos claros de esta intervención restringida serían la que establece el numeral 8 del artículo 687 o el num 4 del artículo 590 del C.P.C.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 69

Código de Procedimiento Civil; Art. 44; Art. 60; Art. 62; Art. 135; Art. 217

ARTÍCULO 62. IRREVERSIBILIDAD DEL PROCESO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Los intervinientes y sucesores de que trata este Código, tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervención.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 70

Código de Procedimiento Civil; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 54; Art. 57; Art. 58; Art. 118; Art. 621  

CAPÍTULO IV.

APODERADOS

ARTÍCULO 63. DERECHO DE POSTULACION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-069-96 del 22 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Concordancias

Constitución Política; Art. 229

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 73

Código de Procedimiento Civil; Art. 44; Art. 45; Art. 46; Art. 47; Art. 50; Art. 67; Art. 85; Art. 127 num. 2; Art. 160; Art. 161; Art. 162; Art. 163; Art. 164; Art. 165; Art. 166; Art. 167

Código Civil; Art. 2142

Ley 270 de 1996; Art. 2; Art. 3

ARTÍCULO 64. APODERADOS DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> La nación y demás entidades de derecho público podrán constituir apoderados especiales para los procesos en que sean parte, siempre que sus representantes administrativos lo consideren conveniente por razón de distancia, importancia del negocio u otras circunstancias análogas.

Constituirán apoderado especial, el representante de la entidad que no sea abogado, salvo el caso del personero municipal, y aquél que deba representar a otra entidad con interés opuesto.

Los gobernadores, intendentes y comisarios, aunque sean abogados inscritos, deberán actuar por medio de apoderado, si el proceso se adelanta fuera de su sede.

Notas del Editor

El artículo 309 de la Constitución Nacional erigió como departamento a las intendencias y comisarias.

Concordancias

Constitución Política; Art. 309; Art. 314  

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 610  

Código de Procedimiento Civil; Art. 41; Art. 65; Art. 66; Art. 77; Art. 199

Ley 446 de 1998; Art. 23

Ley 136 de  1994; Art. 84  

ARTÍCULO 65. PODERES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 23 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos separados, sólo podrán conferirse por escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.

El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda.

Los poderes o las sustituciones de éstos podrán extenderse en el exterior, ante Cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en este último caso su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 259.

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorgue hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquélla y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiere el poder, sea apoderado de otra persona.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 23 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Constitución Política; Art. 29

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 74

Código de Procedimiento Civil; Art. 48; Art. 49; Art. 63; Art. 64; Art. 66; Art. 68; Art. 71; Art. 73; Art. 77; Art. 84; Art. 85  num. 5; Art. 107; Art. 165; Art. 251; Art. 259; Art. 265  

Código Civil; Art.  2142

Decreto 19 de 2012; Art. 25 Inc. 3o.; Art. 89

Ley 446 de 1998; 13  

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 65. PODERES. Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos separados, sólo podrán conferirse por escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.

El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda.

Los poderes o sustituciones de éstos que se otorguen en el extranjero y no se extiendan ante cónsul colombiano, serán autenticados en la forma establecida en el artículo 259. Si quien otorga el poder fuere una sociedad, el cónsul que lo autentique o ante quien se otorgue, hará constar que tuvo a la vista las pruebas de su existencia y que quien lo confiere es su representante, con lo cual se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiere el poder obra como apoderado de otra persona.

ARTÍCULO 66. DESIGNACION DE APODERADOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 24 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden. Para recursos, diligencias o audiencias que se determinen, podrá designarse un apoderado diferente de quien actúa en el proceso.

La sustitución a distinto abogado sólo podrá hacerla el apoderado principal, cuando los sustitutos estén ausente o falten por otro motivo o no quieran ejercer el poder; circunstancias que el principal deberá afirmar bajo juramento que se considerará prestado con la presentación del escrito.

El poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte.

Si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ellos distintos apoderados, continuará con dicho carácter el que ejercía el poder en el negocio más antiguo, mientras el poderdante no disponga otra cosa.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 24 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Constitución Política; Art. 29

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 75  

Código de Procedimiento Civil; Art. 64; Art. 65; Art. 66; Art. 67; Art. 68; Art. 69; Art.  70; Art. 72; Art. 73; Art. 74; Art. 77; Art. 157; Art. 164; Art. 197.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 66. DESIGNACIÓN DE APODERADOS. En ningún proceso podrá actuar más de un apoderado judicial de una misma persona: si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden.

El poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte.

Si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ellos distintos apoderados, continuará con dicho carácter el que ejercía el poder en el negocio más antiguo, mientras el poderdante no disponga otra cosa.

ARTÍCULO 67. RECONOCIMIENTO DEL APODERADO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Para que se reconozca la personería de un apoderado es necesario que éste sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio.

Notas de Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-069-96 del 22 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 74  

Código de Procedimiento Civil; Art. 63; Art. 65; Art. 66; Art. 68; Art. 85 num 5; Art. 303

Doctrina Concordante

Concepto SUPERSERVICIOS 27 de 2008

ARTÍCULO 68. SUSTITUCIONES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Podrá sustituirse el poder siempre que la delegación no esté prohibida expresamente. La actuación del sustituto obliga al mandante.

Para sustituir un poder debe procederse de la misma manera que para constituirlo. Sin embargo, el poder conferido por escritura pública, puede sustituirse para un negocio determinado, por medio de memorial.

Quien sustituya un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con lo cual quedará revocada la sustitución.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art.  75  

Código de Procedimiento Civil; Art. 65; Art. 66; Art. 67; Art. 69; Art. 70; Art. 165

Código Civil; Art. 2161  

ARTÍCULO 69. TERMINACION DEL PODER. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 25 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Con la presentación en la secretaría del despacho donde curse el asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo apoderado o sustituto, termina aquél o la sustitución, salvo cuando el poder fuere para recursos o gestiones determinados dentro del proceso.

El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no tendrá recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados.

Igual derecho tiene el heredero o el cónyuge sobreviviente de quien fallezca ejerciendo mandato judicial.

La renuncia no pone término al poder ni a la sustitución, sino cinco días después de notificarse por estado el auto que la admita, y se haga saber al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales, cuando para este lugar exista el servicio, y en su defecto como lo disponen los numerales 1. y 2. del artículo 320.

La muerte del mandante, o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial, si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores.

Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 25 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

- El mandato judicial, no obstante ser un contrato que se perfecciona por el acuerdo de voluntades de dos personas, puede terminar por revocación del poder o por renuncia de este.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 76

Código de Procedimiento Civil; Art. 65; Art. 66; Art. 67; Art. 68; Art. 71-8; Art. 135; Art. 164

Código Civil; Art. 2189  

Decreto 19 de 2012; Art. 89

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 69. TERMINACIÓN DEL PODER. Con la constitución de un nuevo apoderado o sustituto se entiende revocado el poder ola delegación anterior, a menos que fuere para recursos o gestiones determinados dentro del proceso. En aquel caso, el primer apoderado o el sustituto podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la revocación, que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados.

La renuncia no pone término al poder ni a la delegación, sino cinco días después de que se haga saber al poderdante o sustituidor mediante notificación del auto que la admita, en la forma establecida en el artículo 205.

La muerte del mandante, o la extinción de las personas jurídicas, no pone fin al mandato judicial, si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores.

Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones del que lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda.

ARTÍCULO 70. FACULTADES DEL APODERADO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 26 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El poder para litigar se entiende conferido para los siguientes efectos:

Solicitar medidas cautelares y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de éste, realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente en proceso separado las condenas impuestas en aquélla.

El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderdante, siempre que se relacionen con las que en el poder se determinan.

El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de terceros.

El apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados exclusivamente por la ley a la parte misma; tampoco recibir, salvo que el demandante lo haya autorizado de manera expresa.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 26 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

- El poder otorgado incluye la facultad para pedir medidas cautelares y para representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 77

Código de Procedimiento Civil; Art. 52; Art. 65; Art. 66; Art. 67; Art. 68; Art. 69; Art. 71; Art. 94; Art. 165; Art. 197; Art. 213; Art. 272; Art. 279; Art. 292; Art. 307; Art. 308; Art. 314; Art. 335; Art. 343; Art. 400; Art. 488; Art. 513; Art. 514; Art. 515; Art. 575; Art. 678; Art. 679; Art. 670  

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 70. FACULTADES DEL APODERADO Y DEL CURADOR AD LITEM. El poder para litigar se entiende conferido para todo el proceso a que está destinado y para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas, multas y perjuicios en el mismo expediente, y habilita al apoderado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados por la ley a la parte misma, para solicitar medidas cautelares y para los demás actos preparatorios del proceso que fueren procedentes.

El poder para un proceso habilita también al apoderado para actuar en reconvención y en todo lo relacionado con la intervención de terceros.

No podrá el apoderado realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, salvo que haya recibido autorización del mandante. La facultad para recibir debe ser expresa.

Los curadores ad litem tendrán las mismas facultades salvo las de sustituir, recibir y disponer del derecho en litigio.

CAPÍTULO V.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

ARTÍCULO 71. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 27 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Son deberes de las partes y sus apoderados:

1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.

2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales.

3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de éste, a las partes y a los auxiliares de la justicia.

4. Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar denunciado para recibir notificaciones personales, en la demanda o en su contestación o en el escrito de excepciones en el proceso ejecutivo, so pena de que éstas se surtan válidamente en el anterior.

5. Concurrir al despacho cuando sean citadas por el juez y acatar sus órdenes en las audiencias y diligencias.

6. Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuencia sea apreciada como indicio en contra.

7. Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados o dibujos de cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de un salario mínimo mensual.

8. Comunicar a su representado el día y la hora que el juez haya fijado para interrogatorio de parte, careo, reconocimiento de documentos, inspección judicial o exhibición, y darle a conocer de inmediato la renuncia del poder.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 27 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 37, 39-3, 55, 69, 74, 75, 109, 165, 242, 245, 246, 249, 394

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 78

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 71. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. Son deberes de las partes y sus apoderados:

1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.

2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales.

3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de éste, a las partes y a los auxiliares de la justicia.

4. Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar denunciado en la demanda o su contestación para recibir notificaciones personales, so pena de que éstas se surtan válidamente en el anterior.

5. Concurrir al despacho del juez cuando éste los cite y acatar sus órdenes en las audiencias y diligencias.

6. Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuncia sea apreciada como indicio en contra suya.

7. Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados y dibujos de cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de quinientos pesos.

ARTÍCULO 72. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS PARTES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 28 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fe, cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide en la forma prevista en el inciso cuarto del Artículo 307, y si el proceso no hubiere concluido, los liquidará en proceso verbal separado.

A la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el proceso o incidente.

Siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente.

Notas de Vigencia

Artículo modificado por el artículo 1, numeral 28 del Decreto 2282 de 1989

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-141-98 del  de Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Corte Suprema de Justicia

 - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 20 de mayo de 1980.

Notas del Autor

- Lo establecido en esta norma es una excepción al deber de dictar sentencias de condena en concreto.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 35; Art. 52; Art. 53; Art. 54; Art. 55; Art. 56; Art. 57; Art. 58; Art. 59; Art. 60; Art. 61; Art. 62; Art. 74; Art. 135; Art. 307; Art. 392; Art. 393; Art. 427

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 80

Ley 446 de 1998; Art. 16  

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 72. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DELAS PARTES Y TERCEROS INTERVINIENTES. Las partes responderán por los perjuicios que causen a la otra parte o a terceros con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, independientemente de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena  en la sentencia o en el auto que los decida; si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide en la forma prevista en el artículo 308 y si el proceso no hubiere concluido, los liquidará en procedimiento verbal.

A la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el proceso o incidente.

Siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente.

ARTÍCULO 73. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE APODERADOS Y PODERDANTES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 29 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el Artículo anterior y la de pagar las costas del proceso, incidente, trámite especial que lo sustituya, o recurso. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe.

El juez impondrá a cada uno, multa de diez a veinte salarios mínimos mensuales.

Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda, con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 29 del Decreto 2282 de 1989.  Responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-141-98 del  de Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. Tal y como fue modificado por el Decreto 2282 de 1989.

Corte Suprema de Justicia

- Artículo original declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 20 de mayo de 1980.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 39; Art. 72; Art. 74; Art. 137; Art. 307; Art. 392; Art. 393; Art. 394

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 81

Ley 446 de 1998; Art. 16  

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 73. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS APODERADOS. Al apoderado que actúe con abuso del derecho, temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior y la de pagar las costas del proceso, incidente o recurso, solidariamente con la parte principal o el interviniente que representa. Copia de lo pertinente se remitirá al tribunal del distrito para lo relativo a las faltas contra la ética profesional.

Cuando la actuación del apoderado ocurra sin autorización del poderdante, éste podrá repetir contra aquel por lo que haya pagado como consecuencia de tales condenas.

ARTÍCULO 74. TEMERIDAD O MALA FE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 30 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Se considera que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a éste.

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

3. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a éste o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas.

5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 30 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Editor

- La condena al pago de perjuicios impuesta al apoderado por cualquiera de las conductas descritas, permitirá investigarlo, además, por las presuntas violaciones al decreto 196 de 1971. Por esta razón cuando se configura una conducta temeraria o de mala fe, el Juez que la ha declarado debe remitir copia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura para lo de su competencia.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 71; Art. 72; Art. 73; Art. 129; Art. 242; Art. 249

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 74. ABUSO DEL DERECHO, TEMERIDAD O MALA FE. Se considera que ha existido abuso del derecho, temeridad o mala fe, en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso u oposición.

2. cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

3. Cuando se omite declarar algún hecho esencial para la decisión del juez y aparezca de manifiesto que se tenía conocimiento de él.

4. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

5. Cuando se obstruya la práctica de pruebas.

6. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso.

LIBRO SEGUNDO.

ACTOS PROCESALES

SECCION PRIMERA.

OBJETO DEL PROCESO

TÍTULO VII.

DEMANDA Y CONTESTACION

CAPÍTULO I.

DEMANDA

ARTÍCULO 75. CONTENIDO DE LA DEMANDA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> La demanda con que se promueva todo proceso deberá contener:

1. La designación del juez a quien se dirija.

2. El nombre, edad y domicilio del demandante y del demandado; a falta de domicilio se expresará la residencia, y si se ignora la del demandado, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de la demanda.

3. El nombre y domicilio o, a falta de éste, la residencia de los representantes o apoderados de las partes, si no pueden comparecer o no comparecen por sí mismas. En caso de que se ignoren se expresará tal circunstancia en la forma indicada en el numeral anterior.

4. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.

5. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en el artículo 82.

6. Los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

7. Los fundamentos de derecho que se invoquen.

8. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.

9. La indicación de la clase de proceso que corresponde a la demanda.

10. La petición de las pruebas que el demandante pretenda hacer valer.

11. La dirección de la oficina o habitación donde el demandante y su apoderado recibirán notificaciones personales, y donde han de hacerse al demandado o a su representante mientras éstos no indiquen otro, o la afirmación de que se ignoran, bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la demanda.

12. Los demás requisitos que el código exija para el caso.

Notas del Autor

- Los requisitos de la norma son de obligatorio cumplimiento para la demanda con que se inicia todo proceso y deben observarse de manera adicional a los requisitos especiales que se exigen para determinadas demandas.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 18; Art. 19; Art. 20; Art. 21; Art. 22; Art. 23; Art. 24; Art. 25; Art. 26; Art. 53; Art. 54; Art. 55; Art. 63; Art. 64; Art. 65; Art. 66; Art. 67; Art. 68; Art. 69; Art. 70; Art. 71-4; Art. 74; Art. 76; Art. 77; Art. 78; Art. 79; Art. 80; Art. 81; Art. 82; Art. 83; Art. 84; Art. 85; Art. 86; Art. 87; Art. 88; Art. 89; Art. 90; Art. 91; Art.  95; Art. 97; Art. 102; Art. 318; Art. 398; Art. 407; Art. 428; Art. 436; Art. 440; Art. 451; Art. 461; Art. 467; Art. 554; Art. 581; Art. 587; Art. 628; Art. 645; Art. 650; Art. 659; Art. 695

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 82

Ley 472 de 1998; Art. 52  

ARTÍCULO 76. REQUISITOS ADICIONALES DE CIERTAS DEMANDAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Las demandas que versen sobre bienes inmuebles, los especificarán por su ubicación, linderos, nomenclaturas y demás circunstancias que los identifiquen. No se exigirá la transcripción de linderos cuando estos se encuentren contenidos en alguno de los documentos anexos a la demanda.

Las que recaigan sobre bienes muebles, los determinarán por su cantidad, calidad, peso o medida, o los identificarán, según fuere el caso.

En las de petición de herencia bastará que se reclamen en general los bienes del causante, o la parte o cuota que se pretenda.

En aquellas en que se pidan medidas cautelares, se determinarán las personas o los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentran.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 85; Art. 86; Art. 417; Art. 513; Art. 514; Art. 515; Art. 554; Art. 575; Art. 586; Art. 587; Art. 650; Art. 690

Código Civil; Art. 655; Art. 656 ; Art. 1321

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 83

Legislación Anterior

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO  76. Las demandas que versen sobre bienes inmuebles, los especificarán por su ubicación, linderos, nomenclaturas y demás circunstancias que los identifiquen.

Las que recaigan sobre bienes muebles, los determinarán por su cantidad, calidad, peso o medida, o los identificarán, según fuere el caso.

En las de petición de herencia bastará que se reclamen en general los bienes del causante, o la parte o cuota que se pretenda.

En aquellas en que se pidan medidas cautelares, se determinarán las personas o los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentran.

ARTÍCULO 77. ANEXOS DE LA DEMANDA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> A la demanda debe acompañarse:

1. El poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado.

2. La prueba de la representación legal del demandante y del demandado, si se trata de personas naturales que no pueden comparecer por sí mismas.

3. La prueba de la existencia de las personas jurídicas que figuren como demandantes o demandados, excepto los municipios, y las entidades públicas de creación constitucional o legal.

4. La prueba de la representación de las personas jurídicas que figuren como demandantes o demandadas, salvo cuando se trata de la Nación, departamentos, municipios, intendencias o comisarías.

Notas del Editor

El artículo 309 de la Constitución Nacional erigió como departamento a las intendencias y comisarias.

5. La prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad o albacea con que actúe el demandante o se cite al demandado.

6. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante.

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado

Sección Tercera

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 32805 de 7 de febrero de 2007, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

7. Las demás pruebas que para el caso especial exija este Código.

Concordancias

Constitución Política; Art. 309

Código de Procedimiento Civil; Art. 48; Art. 54; Art. 65; Art. 66; Art. 75; Art. 78; Art. 79; Art. 81; Art. 84; Art. 85; Art. 86; Art. 92; Art. 97; Art. 253; Art. 294; Art. 407; Art. 415; Art. 417; Art. 424; Art. 451; Art. 467; Art. 513; Art. 554; Art. 575; Art. 587; Art. 588; Art. 628; Art. 650

Código de Comercio; Art. 117; Art. 498

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 84

Decreto 427 de 1996; Art. 8

Decreto 2150 de 1995; Art. 40; Art. 43; Art. 45

ARTÍCULO 78. IMPOSIBILIDAD DE ACOMPAÑAR LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA O DE LA REPRESENTACION DEL DEMANDADO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 31 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando en la demanda se diga que no es posible acompañar la prueba de la existencia o de la representación del demandado, se procederá así:

1. Si se indica la oficina donde puede hallarse dicha prueba, el juez librará oficio al funcionario respectivo, para que a costa del demandante expida copia de los correspondientes documentos en el término de cinco días. Allegados éstos, se resolverá sobre la admisión de la demanda.

2. Cuando se ignore dónde se encuentra la mencionada prueba, pero se exprese el nombre de la persona que representa al demandado y el lugar donde puede ser hallada, se resolverá sobre la admisión de la demanda, y al ser admitida, en el mismo auto el juez ordenará al expresado representante que con la contestación presente prueba de su representación, y si fuere el caso, de la existencia de la persona jurídica que representa, o que indique la oficina donde puede obtenerse, o que manifieste bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, no tener dicha representación.

Si aquél no cumple la orden, se le impondrá multa de diez a veinte salarios mínimos mensuales y se le condenará en los perjuicios que con su silencio cause al demandante.

3. Cuando se ignore por el demandante y su apoderado quién es el representante del demandado o el domicilio de éste, o el lugar donde se encuentre la prueba de su representación, se procederá como dispone el artículo 318.

Las afirmaciones del demandante y de su apoderado se harán bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación de la demanda, suscrita por ambos.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 31 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 44; Art. 75; Art. 77; Art. 79; Art. 80; Art. 84; Art. 97; Art. 111; Art. 121; Art. 318; Art. 394

Código de Comercio; Art. 196  

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 78. IMPOSIBILIDAD DE ACOMPAÑAR LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA O DE LA REPRESENTACIÓN DEL DEMANDADO. Cuando en la demanda se diga que no es posible acompañar la prueba de la existencia o de la representación del demandado, se procederá así:

1. Si se indica la oficina donde puede hallarse, dicha prueba, el juez librará oficio al funcionario respectivo, para que a costa del demandante expida copia de los correspondientes documentos en el término de cinco días. Allegados estos se resolverá sobre la admisión de la demanda.

2. Cuando se ignore dónde se encuentra la mencionada prueba, pero se exprese el nombre de la persona que representa al demandado y el lugar donde puede ser hallada, se resolverá sobre la admisión de la demanda, y al ser admitida, en el mismo auto el juez ordenará al expresado representante que con la contestación presente prueba de su representación, y si fuere el caso, de la existencia de la persona jurídica que representa, o que indique la oficina donde pueda obtenerse.

3. Si se ignora por el demandante y su mandatario quien es el representante del demandado o el domicilio de éste, el juez, al admitir la demanda, ordenará el emplazamiento del demandado y su representante en la forma y para los fines indicados en el artículo 318, una copia del edicto será entregada a cualquiera persona que se encuentre en el lugar denunciado por el demandante y otra, firmada por quien la recibió o por un testigo si ella se negare a firmar y será agregada al expediente.

Las afirmaciones del demandante y su apoderado se harán bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación de la demanda, suscrita por ambos.

ARTÍCULO 79. IMPOSIBILIDAD DE ACOMPAÑAR LA PRUEBA DE LA CALIDAD EN QUE SE CITA AL DEMANDADO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Cuando el demandante afirme que no le fue posible obtener la prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad o albacea en que cita al demandado, se procederá en la forma indicada en el artículo anterior <78>.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 77; Art. 78; Art. 97; Art. 590

ARTÍCULO 80. SANCIONES EN CASO DE JURAMENTO FALSO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 32 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Si se probare que el demandante o su apoderado, o ambos, faltaron a la verdad en las afirmaciones hechas bajo juramento, además de remitirse copia al juez penal competente para la investigación del delito y al tribunal superior del distrito para lo relacionado con faltas contra la ética profesional, si fuere el caso, se impondrá a aquéllos mediante incidente, multa individual de cinco a diez salarios mínimos a favor de la parte demandada y se les condenará a indemnizarle los perjuicios que haya podido sufrir; éstos se liquidarán en el mismo incidente, que se tramitará con independencia del proceso.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 32 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Editor

- En virtud de los artículos 112 y 114 de la Ley 270 de 1996, los procesos disciplinarios por faltas  contra la ética profesional son conocidos ahora por los Consejos Seccionales de la Judicatura (en primera instancia), y por el Consejo Superior de la Judicatura (en segunda instancia).

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 75; Art. 78; Art. 135; Art. 161; Art. 212; Art. 394

Código Penal; Art. 172  

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 86

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 80. SANCIONES EN CASO DE JURAMENTO FALSO. Si se probare que el demandante o su apoderado o ambos, faltaron a la verdad en las afirmaciones hechas bajo juramento, además de remitirse copia al juez penal competente para la investigación del delito y al tribunal del distrito superior para lo relacionado con faltas contra la ética profesional, si fuere el caso, se impondrá a aquellos mediante incidente, multa individual de mil a cinco mil pesos a favor de la parte demandada, y se les condenará a indemnizarle los perjuicios que haya podido sufrir, que se liquidarán en el mismo incidente que se tramitará con independencia del proceso.

ARTÍCULO 81. DEMANDA CONTRA HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, DEMAS ADMINISTRADORES DE LA HERENCIA Y EL CONYUGE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 33 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se pretenda demandar en proceso de conocimiento a los herederos de una persona cuyo proceso de sucesión no se haya iniciado y cuyos nombres se ignoran, la demanda deberá dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, y el auto admisorio ordenará emplazarlos en la forma y para los fines dispuestos en el artículo 318. Si se conoce a alguno de los herederos, la demanda se dirigirá contra éstos y los indeterminados.

La demanda podrá formularse contra quienes figuren como herederos abintestato o testamentario, aun cuando no hayan aceptado la herencia. En este caso, si los demandados o ejecutados a quienes se les hubiere notificado personalmente el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, no manifiestan su repudio de la herencia en el término para contestar la demanda, o para proponer excepciones en el proceso ejecutivo, se considerará que para efectos procesales la aceptan.

Cuando haya proceso de sucesión en curso, el demandante, en proceso de conocimiento o ejecutivo, deberá dirigir la demanda contra los herederos reconocidos en aquél y los demás indeterminados, o sólo contra éstos si no existen aquéllos, contra el albacea con tenencia de bienes o el curador de la herencia yacente si fuere el caso y contra el cónyuge, si se trata de bienes o deudas sociales.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 33 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

- Existe polémica de gran interés en definir si es posible adelantar procesos de ejecución en contra de herederos indeterminados. Quienes estiman la imposibilidad de tal ejecución fundamentan su posición en el artículo 81 que solo hace referencia a los procesos de conocimiento y, agregan,  que la posibilidad de ejecutar a los indeterminados solo sería en el caso del inciso 3º, es decir cuando hay herederos indeterminados. A juicio del Autor, esta postura es equivocada pues como lo afirman los profesores ULISES CANOSA Y EDGARDO VILLAMIL  el error de la tesis anterior consiste en creer que se puede ejecutar a persona indeterminada, lo que no es cierto pues el proceso se dirige contra “unas personas que desconocemos pero que tienen la calidad de herederos de un causante determinado y no a herederos indeterminados de un causante indeterminado”. Además no puede olvidarse que en este proceso se persiguen los bienes del difunto y no los de los herederos indeterminados.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 77; Art. 141; Art. 318; Art. 509  

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 87

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 81. DEMANDA CONTRA HEREDEROS INDETERMINADOS. Cuando se pretenda demandar en el proceso de conocimiento a los herederos de una persona cuya causa mortuoria no se haya iniciado, y cuyos nombres se ignoran, la demanda podrá dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, y el auto admisorio  ordenará emplazarlos en la forma y para los fines dispuestos en el artículo 318. Si se demanda a una a herederos determinados e indeterminados, procederá el emplazamiento de éstos.

La demanda de ejecución se dirigirá contra el cónyuge, albaceas con tenencia de bienes, los herederos reconocidos hasta ese momento en el proceso de sucesión o el curador de la herencia yacente según el caso.

ARTÍCULO 82. ACUMULACION DE PRETENSIONES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 34 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquélla y la sentencia de cada una de las instancias.

También podrán formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquéllas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado, con la limitación del numeral 1. del artículo 157.

Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los dos incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 34 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Editor

La acumulación de pretensiones se deriva del principio de la economía procesal, a través del cual resulta conveniente resolver con un solo proceso el máximo de pretensiones que un demandante pueda tener. No son acumulables los procesos ejecutivos seguidos ante jueces de distintas jurisdicciones ( Art. 541 num. 3  CPC) ni podrá pedirse la acumulación en los procesos verbales. ( Art. 446 num. 1  CPC).

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 19; Art. 20; Art. 75; Art. 85; Art. 97; Art. 149; Art. 157; Art. 401; Art. 497; Art. 622

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 88

Ley 446 de 1998; Art. 7; Art. 8; Art. 9  

Jurisprudencia Concordante

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 16209 de 3 de mayo de 2007, C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 82. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse la condena líquida del demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y la sentencia de cada una de las instancias.

También podrán acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia o deban servirse de las mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigna, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado, con la limitación del numeral 1 del artículo 149.

ARTÍCULO 83. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACION DEL CONTRADICTORIO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 35 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados.

Si alguno de los citados solicitare pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas; si las decretare, concederá para practicarlas un término que no podrá exceder del previsto para el proceso, o señalará día y hora para audiencia, según el caso.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su citación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio, efectuada la cual, quedará vinculado al proceso.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 35 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

La suspensión del proceso “ durante el tiempo para comparecer los citados” se refiere al evento de citarse a un litisconsorte después de la admisión de la demanda, en este evento debe paralizarse la actuación durante el lapso en que se realiza la notificación y vence el plazo que, de acuerdo con cada tipo de proceso, hubiera tenido el demandante para contestar la demanda sin que importe que el citado vaya a integrar la parte demandante o la parte demandada.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 61

Código de Procedimiento Civil; Art. 51; Art.  52; Art.  56; Art.  60; Art.  94; Art.  97; Art.  99; Art.  170; Art.  183; Art.  184; Art.  196; Art.  401; Art.  412; Art.  415; Art.  462

Jurisprudencia Concordante

Corte Suprema de Justicia

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 30911 de 7 de diciembre de 2005, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 27651 de 7 de diciembre de 2005, C.P. Dra. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 83. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto delos cuales por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver demérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará la citación de quienes falten para integrar el contradictorio, la que se hará en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado.

Cuando por cualquier causa no se haya ordenado tal citación al admitirse la demanda, el juez la decretará posteriormente, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan.

El proceso se suspenderá durante dicho término. Pero si para entonces hubiere precluido la oportunidad probatoria, y alguna de dichas personas solicitare pruebas, el juez concederá para practicarlas, según el caso, un término que no podrá exceder del ordinario, o señalará día y hora para audiencia.

ARTÍCULO 84. PRESENTACION DE LA DEMANDA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 36 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Las firmas de la demanda deberán autenticarse por quienes las suscriban, mediante comparecencia personal ante el secretario de cualquier despacho judicial, o ante notario de cualquier círculo; para efectos procesales, se considerará presentada el día en que se reciba en el despacho de su destino.

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación parcial de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010, el cual dispone:

(Por favor remitirse a la norma que a continuación se transcribe para comprobar la vigencia del texto original:)

"ARTÍCULO 41. AUTENTICIDAD DE LA DEMANDA. La demanda con que se promueva cualquier proceso, firmada por el demandante o su apoderado, se presume auténtica y no requiere presentación personal ni autenticación".

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-012-02 de 23 de enero de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería.

Con la demanda deberá acompañarse copia para el archivo del juzgado, y tantas copias de ella y de sus anexos cuantas sean las personas a quienes deba correrse traslado. El secretario verificará la exactitud de las copias y si no estuvieren conformes con el original, las devolverá para que se corrijan.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 36 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

La sola autenticación mediante el sistema de confrontación con firmas anteriormente registradas en una Notaría no llena el requisito del artículo 84 del CPC que exige necesariamente la existencia de una diligencia notarial o judicial de  presentación personal.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 65; Art. 75; Art. 77; Art. 78; Art. 85; Art. 89; Art. 107; Art. 161; Art. 186; Art. 340; Art. 342; Art. 382; Art. 345; Art. 479; Art. 566; Art.  628  

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 89

Ley 446 de 1998; Art. 13

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 84. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá presentarse personalmente por quien la suscribe, ante el secretario de la autoridad judicial a quien se dirija; el signatario que se halle en lugar distinto, podrá remitirla previa autenticación ante juez o notario de su residencia, caso en el cual se considerará presentada a su recibo en el despacho judicial de su destino.

A la demanda deberá acompañarse su copia en papel competente para el archivo del juzgado y tantas copias de ella y sus anexos, en papel común, cuantas sean las personas a quienes deba correrse traslado. El secretario verificará la exactitud de las copias y si no estuvieren conformes con el original, las devolverá para que se corrijan.

ARTÍCULO 85. INADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE PLANO DE LA DEMANDA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> El juez declarará inadmisible la demanda:

1. Cuando no reúna los requisitos formales.

2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.

3. Cuando la acumulación de pretensiones en ella contenida no reúna los requisitos exigidos por los tres numerales del primer inciso del artículo 82.

4. Cuando no se hubiere presentado en legal forma.

5. Cuando el poder conferido no sea suficiente.

6. En asuntos en que el derecho de postulación procesal esté reservado por la ley a abogados, cuando el actor que no tenga esta calidad presente la demanda por sí mismo o por conducto de apoderado general o representante que tampoco la tenga.

7. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.

En estos casos, el juez señalará los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días. Si no lo hiciere, rechazará la demanda.

El juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, o exista término de caducidad para instaurarla, si de aquella o sus anexos aparece que el término está vencido.

Si el rechazo se debe a falta de competencia o jurisdicción, el juez la enviará con sus anexos al que considere competente; en los demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose.

La apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de aquel que negó su admisión, y se concederá en el efecto suspensivo.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

- El Estado de Conmoción Interior declarado mediante el Decreto 3929 de 2008, fue levantado por el Decreto 21 de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 47.226 de 8 de enero de 2009, "por el cual se levanta el Estado de Conmoción Interior". De conformidad con el artículo 213 de la Constitución Política los decretos legislativos que dicte el Gobierno dejan de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público.

- Inciso adicionado por el artículo 6 del Decreto 3930 de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 47.137 de 9 de octubre de 2008.  INEXEQUIBLE.

El Decreto 3930 de 2008 se expidió en uso de las facultades otorgadas por el artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 3929 de 2008, "por el cual se declara el estado de conmoción interior", publicado en el Diario Oficial No. 47.137 de 9 de octubre de 2008. INEXEQUIBLE.

Según el Artículo 1o. del Decreto 3929 de 2008 el Estado de Conmoción Interior rige en todo el territorio nacional, por el término de noventa (90) días contados a partir de la vigencia del decreto.

El editor destaca que según lo dispuesto en el Inciso 3o. del Artículo 213 de la Constitución Política, decretos como el 3929 y el 3930 "... podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público."

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 37 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado del inciso 4o. del texto modificado por el Decreto 2282 de 1989 declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-807-09 de 11 de noviembre de 2009, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, "por las razones estudiadas en la presente sentencia, bajo el entendido de que en los casos de rechazo de la demanda por falta de jurisdicción, ésta se enviará al juez competente y con jurisdicción, de forma análoga a como ocurre en los casos de rechazo por falta de competencia".

- Decreto 3930 de 2008 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-071-09, Magistrado Ponente:  Dr. Mauricio González Cuervo.

- Encabezado y numerales 1 a 7 subrayados del texto modificado por el Decreto 2282 de 1989 <El editor destaca que estos texto son exactos a los modificados por la Ley 1395 de 2010> declarados EXEQUIBLES, por el cargo formulado,  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-833-02 de 8 de octubre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Notas del Autor

El auto que inadmite una demanda solo es susceptible del recurso de reposición.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 12; Art. 13; Art. 37; Art. 38; Art. 63; Art. 65; Art. 75; Art. 76; Art. 77; Art. 78; Art. 79; Art. 80; Art. 81; Art. 82; Art. 84; Art. 121; Art. 140; Art. 354; Art. 398; Art. 400; Art. 409; Art. 428; Art. 695

Ley 80 de 1993; art. 77

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO 85. El juez declarará inadmisible la demanda:

1. Cuando no reúna los requisitos formales.

2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.

3. Cuando la acumulación de pretensiones en ella contenida, no reúna los requisitos exigidos por los tres numerales del primer inciso del artículo 82.

4. Cuando no se hubiere presentado en legal forma.

5. Cuando el poder conferido no sea suficiente.

6. En asuntos en que el derecho de postulación procesal esté reservado por la ley a abogados, cuando el actor que no tenga esta calidad presente la demanda por sí mismo o por conducto de apoderado general o representante que tampoco la tenga.

7. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.

En estos casos el juez señalará los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días. Si no lo hiciere rechazará la demanda.

El juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, o exista término de caducidad para instaurarla, si de aquélla o sus anexos aparece que el término está vencido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Si el rechazo se debe a falta de competencia, el juez la enviará con sus anexos al que considere competente dentro de la misma jurisdicción; en los demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose.

La apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de aquél que negó su admisión, y se concederá en el efecto suspensivo.

Texto adicionado por el Decreto 3930 de 2008, INEXEQUIBLE:

<INCISO> El Juez rechazará de plano la demanda cuando advierta que la pretensión es manifiestamente infundada.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 85. INADMISIBILIDAD Y RECHAZO IN LIMINE DE LA DEMANDA. El juez declarará inadmisible la demanda:

1. Cuando no reúna los requisitos legales.

2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.

3. Cuando contenga indebida acumulación de pretensiones.

4. Cuando no se hubiere presentado personalmente por el signatario.

5. cuando el poder de quien actúa a nombre de otro no sea bastante, o el actor la formula por sí mismo en asunto en que deba hacerlo por medio de apoderado.

En estos casos el juez señalará los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el término de cinco días y si así no lo hiciere la rechazará.

El juez rechazará in limine la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, y en los procesos en que exista término legal de caducidad para intentarla, cuando de ella o de sus anexos aparezca que dicho término está vencido.

Rechazada la demanda, el juez ordenará la devolución de los anexos, sin necesidad de desglose.

ARTÍCULO 86. ADMISION DE LA DEMANDA Y ADECUACION DEL TRAMITE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.

Notas del Editor

Si en la demanda se indica un tipo de proceso diferente de aquel que corresponde el juez le podrá dar el trámite que legalmente corresponde aun que el demandante haya indicado una vía inadecuada, si el Juez nada observa, podrá el demandado emplear o la reposición contra el auto admisorio de la demanda o la excepción previa del numeral 8º del artículo 97; si tampoco esto sucede precluye la etapa para la adecuación del trámite.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 75; Art. 76; Art. 77; Art. 78; Art. 79; Art. 80; Art. 81; Art. 82; Art. 83; Art. 84; Art. 97; Art. 99; Art. 140; Art. 398; Art. 401; Art. 407; Art. 412; Art. 417; Art. 424; Art. 442; Art. 444; Art. 451; Art. 460; Art. 461; Art. 467; Art. 476; Art. 490; Art. 497

ARTÍCULO 87. TRASLADO DE LA DEMANDA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 38 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En el auto admisorio de la demanda se ordenará su traslado al demandado, salvo disposición en contrario.

El traslado se surtirá mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante o apoderado o al curador ad litem, y la entrega de copia de la demanda y de sus anexos. No obstante, cuando la notificación se surta por conducta concluyente, conforme a lo dispuesto en el artículo 330, el demandado podrá retirar las copias de la secretaría, dentro de los tres días siguientes, vencidos los cuales comenzará a correrle el traslado de la demanda.

Siendo varios los demandados, el traslado se hará a cada uno por el término respectivo; pero si estuvieren representados por la misma persona, el traslado será conjunto.

Para el traslado a personas ausentes del lugar del proceso, se librará despacho comisorio acompañado de sendas copia de la demanda y de sus anexos.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 38 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 31; Art. 88; Art. 89-4; Art. 98; Art. 99; Art. 120; Art. 132; Art. 314; Art. 324; Art. 330; Art. 383; Art. 398; Art. 400; Art. 409; Art. 424; Art. 436; Art. 446; Art. 452; Art. 462; Art. 470; Art. 555; Art. 600; Art. 620; Art. 625; Art. 629; Art. 651

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 91

Ley 446 de 1998; Art. 23

Ley 80 de 1993; art. 77

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 87. TRASLADO DE LA DEMANDA. En el auto admisorio de la demanda se ordenará su traslado al demandado, salvo que la ley disponga otra cosa.

El traslado se surtirá mediante la notificación del auto admisorio y la entrega de copia de la demanda y sus anexos.

Siendo varios los demandados, el traslado se conferirá a cada cual por el término respectivo, pero si estuvieren representados por la misma persona, el traslado será conjunto.

Para el traslado a personas ausentes del lugar del proceso, se librará despacho comisorio acompañado de sendas copias de la demanda y sus anexos.

ARTÍCULO 88. SUSTITUCION Y RETIRO DE LA DEMANDA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 39 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Mientras el auto que admite la demanda no se haya notificado a ninguno de los demandados, el demandante podrá sustituirla las veces que quiera o retirarla, siempre que no se hubiera practicado medidas cautelares.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 39 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

Si en ejercicio del derecho de sustitución y retiro el demandante modifica su demanda, el juez recobra todas las facultades que tiene para pronunciarse respecto de ella en el caso de ya lo hubiera hecho, podrá incluso revocar el auto admisorio y proferir el que en derecho corresponda según el nuevo texto de la demanda.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 87; Art. 513; Art. 650; Art. 690

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 92

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 88. RETIRO DE LA DEMANDA. Mientras no se haya notificado al demandado el auto admisorio de la demanda, ésta podrá ser retirada por el demandante, siempre que no se hayan practicado medidas cautelares.

ARTÍCULO 89. REFORMA DE LA DEMANDA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 40 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Después de notificado a todos los demandados el auto admisorio de la demanda, ésta podrá reformarse por una vez, conforme a las siguientes reglas:

1. En los procesos de conocimiento, antes de resolver sobre las excepciones previas que no requieran práctica de pruebas, o antes de la notificación del auto que las decrete. Cuando dichas excepciones no se propongan, la reforma podrá hacerse antes de la notificación del auto que señale la fecha para la audiencia de que trata el artículo 101; en caso de que ésta no proceda, antes de notificarse el auto que decrete las pruebas del proceso.

En los procesos ejecutivos, la reforma podrá hacerse a más tardar en los tres días siguientes al vencimiento del término para proponer excepciones.

2. Solamente se considerará que existe reforma de la demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten, así como también cuando, en aquélla, se piden nuevas pruebas. Las demás aclaraciones o correcciones podrán hacerse las veces que se quiera, en las oportunidades y términos de que trata el numeral anterior.

No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas, ni todas las pretensiones formuladas en la demanda, pero sí prescindir de alguna de ellas o incluir nuevas.

3. Para la reforma no es necesario reproducir la demanda. Con todo, si el juez lo considera conveniente, podrá ordenar que se presente debidamente integrada en un solo escrito, en el término de tres días; si no se hiciere, la reforma se tendrá por no presentada.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1069-02 de diciembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

4. En todos los casos de la reforma o de la demanda integrada se correrá traslado al demandado o a su apoderado mediante auto que se notificará por estado, por la mitad del término señalado para el de la demanda y se dará aplicación a la parte final del inciso segundo del artículo 87. Si se incluyen nuevos demandados, la notificación se hará a éstos como se dispone para el auto admisorio de la demanda.

5. Dentro del nuevo traslado el demandado podrá ejercitar las mismas facultades que durante el inicial, salvo lo dispuesto en el inciso tercero del numeral 2. del artículo 99 respecto de las excepciones previas.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 40 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Editor

- La modificación que introdujo al artículo 101 del CPC el artículo 9 del Decreto 2651/91 (adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la L. 446/98) implica la posibilidad de modificar la demanda en lo atinente a la solicitud de pruebas, sin que ello constituya reforma de la demanda, pues de hecho el término para reformar la demanda fenece con la citación a la audiencia de conciliación.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 75; Art. 77; Art. 84; Art. 97; Art. 99; Art. 101; Art. 179; Art. 180; Art. 509; Art. 650

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 93

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 89. REFORMA Y ADICIÓN DE LA DEMANDA. El demandante podrá reformar la demanda, por una sola vez, conforme a las reglas siguientes:

1. la reforma deberá presentarse antes de la notificación del auto que decrete pruebas en el incidente de excepciones previas y cuando éste no se proponga, antes de notificarse el que las decrete en el proceso. En el primer caso, en el auto admisorio de la reforma se declarará terminado dicho incidente.

2. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas, ni la de las pretensiones formuladas en la demanda inicial, pero sí prescindir de alguna de éstas o incluir nuevas.

3. Para la reforma no es necesario reproducir la demanda, pero si el juez lo considera conveniente, podrá ordenar que se presenten debidamente integradas en un solo escrito, en el término de tres días, y si así no se hiciere se tendrá por no presentada la reforma.

4. De la reforma o de la demanda integrada se dará traslado al demandado o a su apoderado en la forma prescrita en el artículo 87, por la mitad del término del señalado para el de la demanda y la notificación se hará como lo dispone el artículo 205.

5. Dentro del nuevo traslado el demandado podrá ejercitar las mismas facultades que durante el inicial.

ARTÍCULO 90. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCION EN MORA. <Artículo derogado por el literal b) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de octubre de 2012, ver en Legislación Anterior el texto vigente hasta esta fecha>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el literal b) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. La derogatoria rige a partir del 1o. de octubre de 2012.

- Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 41 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Editor

- Con respecto a la palabra "porcentual", del texto modificado por el Decreto 2282 de 1989, el Consejo Superior de la Judicatura menciona que debe decir "procesal" - Página de Internet - Enero de 1998.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543-93 del 25 de noviembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Corte Suprema de Justicia

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia de 20 de noviembre de 1986, Exp. 1510, Magistrado Ponente Dr. Eduardo García Sarmiento.

Concordancias

Código General del Proceso; Art. 94

Código de Procedimiento Civil; Art. 46; Art. 50; Art. 51; Art. 52; Art. 84; Art. 86; Art. 87; Art. 91; Art. 96; Art. 97; Art. 121; Art. 306; Art. 314; Art. 315; Art. 316; Art. 317; Art. 318; Art. 319; Art. 320; Art. 321; Art. 322; Art. 323; Art. 324; Art. 325; Art. 326; Art. 327; Art. 328; Art. 329; Art. 330

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 94

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 31887 de 5 de julio de 2006, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

Legislación Anterior

Texto modificado por la Ley 794 de 2003:

ARTÍCULO 90. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.

La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes.

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos.

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  90. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.

La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes.

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litis consorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o porcentual <sic - procesal> en contrario. Si el litis consorcio fuere necesario, será indispensable la notificación a todos ellos para se surtan dichos efectos.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 90. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Admitida la demanda se considerará interrumpida la prescripción desde la fecha en que fue presentada, siempre que el demandante dentro de los cinco días siguientes a su admisión, provea lo necesario para notificar al demandado y que si la notificación no se hiciere en el término de diez días, efectúe las diligencias para que se cumpla con un curador ad litem en los dos meses siguientes:

En caso contrario, sólo se considerará interrumpida con la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su curador ad litem.

ARTÍCULO 91. INEFICACIA DE LA INTERRUPCION Y OPERANCIA DE LA CADUCIDAD. <Artículo derogado por el literal b) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de octubre de 2012, ver en Legislación Anterior el texto vigente hasta esta fecha>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el literal b) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. La derogatoria rige a partir del 1o. de octubre de 2012.

- Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 42 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Numeral 3o. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-227-09 según Comunicado de Prensa de la Sala Plena de 30 de marzo de 2009, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, "en cuanto se refiere a las causales de nulidad previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, “en el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad sólo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante”".

Destaca el editor el siguiente aparte:

"No obstante, tal como está concebida la norma  acusada, ésta también permite entender que la misma sanción procesal – ineficacia de la interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad -  es aplicable al demandante que ha acudido de manera oportuna y diligente a la justicia, cumpliendo con las cargas procesales que le imponen las normas legales, y sin embargo, debido a factores que no le son imputables, como pueden ser las discusiones doctrinarias o jurisprudenciales sobre las normas de competencia, se ve enfrentado a la pérdida de su derecho sustancial así como de la oportunidad para accionar. Este sentido, permitido por la configuración del segmento normativo acusado, resulta inconstitucional por imponer al demandante, que se encuentra en tal circunstancia, unas cargas desproporcionadas."

- Numeral 2o. declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-662-04 de 8 de julio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Uprimny Yepes, "...en cuanto se refiere a la excepción de falta de jurisdicción prevista en el numeral 1 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, en el mismo auto, el juez ordenará remitir el expediente al juez que considere competente, mientras el legislador no regule de manera distinta el tema", e INEXEQUIBLE "... en cuanto se refiere a la excepción de compromiso o cláusula compromisoria prevista en el numeral 3º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, en el mismo auto, el juez señalará un plazo judicial razonable para que las partes inicien el trámite de integración del correspondiente tribunal de arbitramento, mientras el legislador  no regule de manera distinta el tema".

Expone la Corte en el título Consideraciones y Fundamentos de la Sentencia:

"... 41. En ese orden de ideas, será necesario para esta Corporación señalar en la parte resolutiva de esta sentencia, que si bien la norma acusada es inexequible, para el caso de la excepción de falta de jurisdicción, el juez de conocimiento que declare la prosperidad de dicha excepción deberá remitir el expediente al juez de la jurisdicción correspondiente, de manera tal que se precise en forma concluyente a quien corresponde el proceso, o se suscite, si es del caso, el conflicto de jurisdicciones que finalmente deberá resolver el Consejo Superior de la Judicatura, sentando claridad para las partes, en la materia.

"Lo que se pretende es que en los términos del artículo 85 del C.P.C. se le de al tema de la jurisdicción, el mismo tratamiento que en el caso de rechazo de la demanda se deriva de  la falta de competencia en materia civil, circunstancia ésta última que con precisión ha sido clarificada por  la legislación, la doctrina y la jurisprudencia.  De allí que, un tratamiento de esta naturaleza en el caso de la jurisdicción, signifique para las partes y para el engranaje jurídico, certidumbre de la calidad respecto de quien debe ser el juez de la causa, generando confianza judicial para los intervinientes en un proceso, sin afectar los derechos del demandante y sin extender en el tiempo sus atribuciones en detrimento de los derechos del demandado. Evidentemente, por ser ésta una decisión integradora, y una materia en la cual sin duda el legislador sigue gozando de la libertad de configuración, esta determinación regirá exclusivamente hasta tanto el legislador no resuelva de otra forma la disyuntiva legal existente.

"42. En caso de prosperidad de la excepción de cláusula compromisoria o compromiso, ante la inexequiblidad de la norma acusada, el juez de conocimiento que estime probada la excepción, deberá señalar un término razonable para la integración del tribunal de arbitramento, teniendo en cuenta para ello factores económicos, de interés de las partes, de prescripción y caducidad de los derechos, etc., de manera tal que una vez trabada la controversia y definida la jurisdicción, las partes encuentren claridad en los límites temporales a la definición de sus derechos. Nótese que este límite temporal fijado por decisión judicial, no es ajeno a la legislación civil, ya que en el artículo 119 del C.P.C., este estatuto prevé posibilidad para el juez de establecer términos, por expresa  habilitación legal.

"Con todo, si pasado el tiempo prudencial fijado por el juez, y las partes, - esto es cualquiera de ellas o ambas-, no convocan el tribunal de arbitramento como corresponde, es evidente que el efecto interruptor de la prescripción y de la de la no operancia de la caducidad cesa para el demandante, en beneficio del demandado.

"En este caso, será el legislador igualmente, quien deba regular de manera definitiva la materia, por lo que en atención a la garantía del principio democrático, será él quien en definitiva resuelva la controversia procesal derivada de la norma acusada."

- Aparte subrayado  del numeral 3o. del texto modificado por el Decreto 2282 de 1989 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-666-96 del 28 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, "... únicamente en el entendido de que la ineficacia de la interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad, en su caso, sólo tendrán lugar cuando la sentencia inhibitoria provenga de causas o hechos imputables al demandante".

Agrega la Corte en la parte resolutiva de la Sentencia (tercer punto): "La exequibilidad de los preceptos enunciados se condiciona, además, en el sentido de que las providencias judiciales inhibitorias únicamente pueden adoptarse cuando, ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por él la totalidad de las medidas procesales para integrar los presupuestos del fallo, resulte absolutamente imposible proferir decisión de fondo".

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 97; Art. 99; Art. 140; Art. 306; Art. 342; Art. 346

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 95

Legislación Anterior

Texto modificado por la Ley 794 de 2003:

ARTÍCULO 91. No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, en los siguientes casos:

1. Cuando el demandante desista de la demanda.

2. <Ver Jurisprudencia Vigencia sobre la decisión INTEGRADORA de la Corte Constitucional que sustituye temporalmente el vacío dejado por la INEXEQUIBILIDAD que se menciona a continuación. Numeral INEXEQUIBLE ... en cuanto se refiere a la excepción de falta de jurisdicción prevista en el Numeral 1o. del Artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, e INEXEQUIBLE ... en cuanto se refiere a la excepción de compromiso o cláusula compromisoria prevista en el Numeral 3o. del Artículo 97 del Código de Procedimiento Civil> Cuando el proceso termine por haber prosperado algunas de las excepciones mencionadas en el numeral 7 del artículo 99 o con sentencia que absuelva al demandado.

3. <Numeral CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda.

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  91. No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, en los siguientes casos:

1. Cuando el demandante desista de la demanda.

2. Cuando se produzca la perención del proceso.

3. <Aparte CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Cuando el proceso termine por haber prosperado alguna de las excepciones mencionadas en el numeral 7. del artículo 99, o con sentencia que absuelva al demandado o que sea inhibitoria.

4. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 91. INEFICACIA DE LA INTERRUPCIÓN. No se considerará interrumpida la prescripción en los siguientes casos:

1. Cuando el demandante desista de la demanda.

2. Cuando se produzca la perención del proceso.

3. Cuando el proceso termine con absolución del demandado o sentencia inhibitoria.

4. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda.

CAPÍTULO II.

CONTESTACION

ARTÍCULO 92. CONTESTACION DE LA DEMANDA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 43 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La contestación de la demanda contendrá:

1. La expresión del nombre del demandado, su domicilio o a falta de éste su residencia y los de su representante o apoderado, en caso de no comparecer por sí mismo.

2. Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones y los hechos de la demanda, con indicación de los que se admiten y los que se niegan. En caso de no constarle un hecho, el demandado deberá manifestarlo así.

3. Las excepciones que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante, salvo las previas, y la alegación del derecho de retención si fuere el caso.

4. La petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer.

5. La indicación bajo juramento, que se considerará prestado con la presentación del escrito, del lugar de habitación o de trabajo donde el demandado o su representante o apoderado recibirán notificaciones.

A la contestación de la demanda deberá acompañarse el poder de quien la suscriba a nombre del demandado y las pruebas de que trata el numeral 6. del artículo 77.

Si el demandado no está de acuerdo con la cuantía señalada en la demanda, deberá alegar la excepción previa de falta de competencia; si no lo hiciere, quedará definitiva para efectos de ésta.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 43 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-102-05 de 8 de febrero de 2005, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 54; Art. 59; Art. 63; Art. 65; Art. 77; Art. 93; Art. 95; Art. 96; Art. 161; Art. 179; Art. 183; Art. 253; Art. 383; Art. 398; Art. 400

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 96

Ley 270 de 1996; Art. 3

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado

Sección Tercera

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 32805 de 7 de febrero de 2007, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 92. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. La contestación a la demanda contendrá:

1. La expresión del nombre del demandado, su domicilio o a falta de éste su residencia y los de su representante o apoderado, en caso de no comparecer por sí mismo.

2. Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones y los hechos dela demanda, con indicación de los que se admiten y los que se niegan. En caso de no constarle un hecho, el demandado deberá manifestarlo así.

3. La proposición de todas las excepciones que se invoquen contra las pretensiones del demandante, salvo las previas.

4. La petición de las pruebas que el demandado pretende hacer valer.

5. La indicación del lugar donde el demandado y su apoderado recibirán notificaciones personales.

ARTÍCULO 93. ALLANAMIENTO A LA DEMANDA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> En la contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión, o lo pida un tercero que intervenga en el proceso como parte principal.

El allanamiento de uno de los varios demandados, no afectarán a los otros, y el proceso continuará su curso con quienes no se allanaron.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 37-3; Art. 50; Art. 51; Art. 75; Art. 92; Art. 134; Art. 179; Art. 180

Código Penal; Art.  182

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 98

ARTÍCULO 94. INEFICACIA DEL ALLANAMIENTO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> El allanamiento será ineficaz en los siguientes casos:

1. Cuando el demandado no tenga capacidad dispositiva.

2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes.

3. Cuando el demandado sea la Nación, un departamento, una intendencia, una comisaría o un municipio.

Notas del Editor

El artículo 309 de la Constitución Nacional erigió como departamento a las intendencias y comisarias.

4. Cuando los hechos admitidos no puedan probarse por confesión.

5. Cuando se haga por medio del apoderado y éste carezca de facultad para confesar.

6. Cuando la sentencia deba producir efectos de cosa juzgada respecto de terceros.

7. Cuando habiendo litisconsorcio necesario, no provenga de todos los demandados.

Notas del Autor

Allanamiento y Confesión son actos procesales sustancialmente diferentes pues aquel es siempre de naturaleza judicial en tanto que esta puede ser también extrajudicial. Además el allanamiento jamás puede presumirse ni darse por presentado de manera tácita.

Concordancias

Constitución Política; Art. 309

Código de Procedimiento Civil; Art. 44; Art. 45; Art. 46; Art. 51; Art. 70; Art. 83; Art. 194; Art. 195; Art. 196; Art. 197; Art. 198; Art. 199; Art. 200; Art. 201; Art. 202; Art. 203; Art. 204; Art. 205; Art. 206; Art. 207; Art. 208; Art. 209; Art. 210; Art. 332

Código Civil; Art. 1502; Art. 1503; Art. 1504   

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 99

ARTÍCULO 95. FALTA DE CONTESTACION DE LA DEMANDA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 44 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, serán apreciadas por el juez como indicio grave en contra del demandado, salvo que la ley le atribuya otro efecto.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 44 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-102-05 de 8 de febrero de 2005, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 92-2; Art. 249; Art. 250

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 97

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 95. FALTA DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. La falta de contestación a la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, será apreciada por el juez como indicio en contra del demandado.

ARTÍCULO 96. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EXCEPCIONES DE MERITO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 45 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia, salvo norma en contrario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 45 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

La Corte Suprema de Justicia ha acogido como clasificación aceptable de Excepciones Perentorias: (i) las excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el nacimiento del derecho pretendido y (ii) Las excepciones perentorias definitivas procesales que son aquellas que sin negar el nacimiento del derecho pretendido persiguen anularlo o extinguirlo definitivamente.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 97; Art. 304; Art. 305; Art. 306; Art. 399; Art. 509; Art. 510

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 96. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EXCEPCIONES. Las excepciones serán decididas en la sentencia, salvo las previas.

CAPÍTULO III.

EXCEPCIONES PREVIAS

ARTÍCULO 97. LIMITACIONES DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS Y OPORTUNIDAD PARA PROPONERLAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 46 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El demandado, en el proceso ordinario* y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previas:

Notas de Vigencia

* Las referencias al proceso ordinario y al proceso abreviado, contenidas en este  Código, deberán entenderse hechas al proceso verbal, según lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

1. Falta de jurisdicción.

2. Falta de competencia.

3. Compromiso o cláusula compromisoria.

4. Inexistencia del demandante o del demandado.

5. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.

6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado.

7. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

8. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.

9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

10. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

11. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.

12. Haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.

<Inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> También podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción, caducidad de la acción, prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa. Cuando el juez encuentre probada cualquiera de estas excepciones, lo declarará mediante sentencia anticipada.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

<INCISO> También podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad de la acción.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 46 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-102-05 de 8 de febrero de 2005, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 12; Art. 13; Art. 44; Art. 51; Art. 75; Art. 82; Art. 83; Art. 86; Art. 89; Art. 90; Art. 92; Art. 96; Art. 99; Art. 100; Art. 140; Art. 305; Art. 306; Art. 332; Art. 340; Art. 383; Art. 398; Art. 400; Art. 409; Art. 418; Art. 419; Art. 429; Art. 453; Art. 463; Art. 509; Art. 510; Art. 511; Art. 545; Art. 625

Código Civil; Art. 1502; Art. 1503; Art. 1504

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 100

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 97. OPORTUNIDAD Y LIMITACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS. El demandado, en el proceso ordinario, en el abreviado y en los demás expresamente autorizados, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previas.

1. Falta de jurisdicción o de competencia del juez.

2.Compromiso.

3. Inexistencia, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.

4. No haberse presentado la prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad o albacea en que se le cita.

5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

6. Trámite inadecuado de la demanda por habérsele dado un curso distinto al que le corresponde.

7. No comprender la demanda a todas las personas que constituyen el litisconsorcio necesario.

8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

También podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidad.

ARTÍCULO 98. OPORTUNIDAD Y FORMA DE PROPONER LAS EXCEPCIONES PREVIAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 47 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Las excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda, en escrito separado que deberá expresar las razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse los documentos y la pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado; en él mismo podrá solicitarse al juez que pida copia de los demás documentos, siempre que se refieran a tales hechos.

El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde ocurrió el hecho, o por la cuantía cuando no se tratare de dinero, o la falta de integración del litisconsorcio necesario y ésta no apareciere en documento. Casos en que podrá solicitarse hasta dos testimonios o el dictamen de un perito, el cual no es susceptible de objeción.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 47 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

Las excepciones previas no se dirigen contra las pretensiones del demandante sino que tienen por objeto mejorar el procedimiento para que este se adelante sobre bases seguras. En este sentido le asiste razón al profesor HERNAN FABIO LOPEZ cuando propone que su denominación correcta, en lugar del término excepción, se trate como “Medidas de saneamiento a cargo de la parte demandada”.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 87; Art. 92; Art. 97; Art. 99; Art. 305; Art. 400; Art. 424; Art. 429; Art. 438; Art. 470; Art. 509; Art. 510; Art.  511

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 98. OPORTUNIDAD Y FORMA DE PROPONER LAS EXCEPCIONES PREVIAS. Las excepciones previas se formularán al tiempo con la contestación a la demanda, en escrito separado que deberá expresar las razones y hechos en que se fundamentan y las pruebas que se pidan.

ARTÍCULO 99. TRAMITE Y DECISION DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 48 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera:

1. Las propuestas por distintos demandados se tramitarán conjuntamente, una vez vencido el traslado para todos.

2. Si se hubiere reformado la demanda, sólo se tramitarán una vez vencido el traslado de la reforma. Si con ésta se subsanan los defectos alegados en las excepciones, así se declarará.

A las aclaraciones y correcciones de que trata el numeral 2. del artículo 89, se aplicará también lo dispuesto en la parte final del inciso anterior.

Dentro del traslado de la reforma, el demandado podrá proponer nuevas excepciones previas que versen sobre el contenido de aquella. Estas y las anteriores que no hubiere quedado subsanadas, se tramitarán conjuntamente una vez vencido dicho traslado.

3. De las excepciones se dará traslado por tres días al demandante, dentro del cual podrá éste pedir pruebas que versen sobre los hechos que configuren las excepciones propuestas.

4. Cuando se trate de las excepciones contempladas en los numerales 4., 5., 6. y 7. del artículo 97, en el auto que dé traslado de ellas el juez ordenará al demandante, dentro del término de dicho traslado, subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos.

5. Si el demandante cumple la orden anterior, o de la contestación de la demanda, del escrito de excepciones, de su contestación, de la reforma de la demanda, o de los documentos con éstos presentados, resultaren subsanados dichos defectos o aducidos tales documentos, vencido el traslado el juez así lo declarará. En el caso contrario, declarará aprobada la excepción.

6. Vencido el traslado el juez resolverá sobre las excepciones que no requieran práctica de pruebas; si las requieren, el juez, con las limitaciones de que trata el artículo 98, decretará las que considere necesarias, las cuales se practicarán dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto que las decrete, y resolverá sobre ellas en la audiencia de que trata el artículo 101. Este auto no tendrá recurso alguno; el que las niegue sólo el de reposición.

En los procesos en que no se aplica el artículo 101, las excepciones previas se resolverán, cuando deben practicarse pruebas, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término para su práctica.

Notas de Vigencia

- Numeral declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-494-97 del 2 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

7. Cuando prospere alguna de las excepciones previstas en los numerales 1., 3., 4., 5., 6., 10 e inciso final del artículo 97, sobre la totalidad de las pretensiones o de las partes, el juez se abstendrá de decidir sobre las demás, y declarará terminado el proceso. Pero si el auto fuere apelado y el superior lo revoca, éste deberá pronunciarse sobre las demás excepciones propuestas.

En el caso de que alguna de las excepciones anteriores prosperen exclusivamente respecto de uno o varios demandantes, o sólo en relación con una o varias de las pretensiones de la demanda de las que no dependan las otras, el proceso seguirá con los demás demandantes o sobre el resto de las pretensiones, a menos que al resolverse sobre las faltantes, se declare probada alguna que le ponga fin.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 91

8. Cuando se declare probada la excepción de falta de competencia, en el mismo auto, el cual no es apelable, el juez ordenará remitir el expediente al que considere competente.  Este dictará auto por el cual asume el conocimiento del proceso o se declara incompetente, si quien se lo remite no es su superior jerárquico; en el primer caso, deberá resolver en el mismo auto sobre las demás excepciones que sigan pendientes; en el segundo, procederá como dispone el artículo 148.

Notas de Vigencia

- Numeral declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-112-97 del 6 de marzo de 1997, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

9. En caso de prosperar la excepción de trámite inadecuado de la demanda, el juez le dará el que corresponda.

10. Cuando prospere la del numeral 9. del artículo 97 se dará aplicación a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 83.

11. Si se declara probada alguna excepción de las contempladas en los numerales 11 y 12, se ordenará la citación omitida y la notificación a quien fue demandado.

12. Cuando como consecuencia de prosperar una excepción, quede eliminada la demanda inicial o la de reconvención, el proceso continuará respecto de la otra.

13. No es apelable el auto que resuelve sobre la excepción del numeral 2., ni el que niega alguna de las contempladas en los numerales 4. a 7; los que resuelven las demás excepciones, son apelables.

El auto que declara probada cualquiera de las contempladas en los numerales 4. a 12, es apelable en el efecto devolutivo, y en el suspensivo el que declare probadas las de los numerales 1. y 3.

Jurisprudencia Vigencia

- Numeral 13 declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-112-97 del 6 de marzo de 1997, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 48 del Decreto 2282 de 1989.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 99. TRÁMITE Y DECISIÓN DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS. Las excepciones previas se tramitarán como incidente, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

1. Todas las propuestas por los varios demandados, se tramitarán conjuntamente, una vez vencido el traslado para todos.

2. El juez resolverá en primer lugar sobre las excepciones de falta de jurisdicción o de competencia, compromiso, trámite inadecuado o ineptitud formal de la demanda. Si encontrare probada alguna, se abstendrá de decidir respecto de las demás; pero concedida apelación contra dicha providencia, el superior que la revoque se pronunciará sobre las restantes.

3. La providencia que declare probada la excepción de incompetencia, ordenará la remisión del proceso al juez competente para que continúe su tramite, sin que haya lugar a nuevo traslado de la demanda. El juez que reciba el expediente dictará auto par asumir el conocimiento o declararse incompetente, según fuere el caso.

4. Caso de prosperar la excepción de trámite inadecuado de la demanda, el juez le dará a ésta el curso legal que corresponda. Tratándose de defectos formales, ordenará al demandante, so pena de rechazo de la demanda, que los subsane dentro de los tres días siguientes, cumplido lo cual el proceso seguirá su trámite, sin necesidad de nuevo traslado; cuando faltare la integración de litisconsorcio necesario, dispondrá las citaciones que sean del caso, en la forma prevista en el artículo 87; en los demás caso, al prosperar la excepción declarará terminado el proceso.

5. El auto que rechaza las excepciones será apelable en el efecto devolutivo y el que las acepta en el suspensivo.

ARTÍCULO 100. INOPONIBILIDAD POSTERIOR DE LOS MISMOS HECHOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 49 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los hechos que configuran excepciones previas, no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones, salvo cuando sea insaneable.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 49 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 102

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 100. INOPONIBILIDAD POSTERIOR DE LOS MISMOS HECHOS. Los hechos que configuren excepciones previas, no podrán alegados como causal de nulidad por quienes tuvieron oportunidad de proponer dichas excepciones.

CAPÍTULO IV.

AUDIENCIA DE CONCILIACION, SANEAMIENTO, DECISION DE EXCEPCIONES PREVIAS Y FIJACION DEL LITIGIO

Notas de Vigencia

- Capítulo adicionado al Título VII por el artículo 1, numeral 50 del Decreto 2282 de 1989.

ARTÍCULO 101. PROCEDENCIA, CONTENIDO Y TRAMITE. <Artículo incorporado en el artículo 23 del Decreto 1818 de 1998>

Notas de Vigencia

- Artículo incorporado en el artículo 23 del Decreto 1818 de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 43.380, del 07 de septiembre de 1998, "Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

- El artículo 9 del Decreto 2651 de 1991 fue incluido como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 43.335, de 8 de julio de 1998.

- La Ley 377 de 1997, artículos 1o. y 2o., publicada en el Diario Oficial No. 43.080 del 10 de julio de 1997, prorrogó por un (1) año la vigencia del Decreto 2651 de 1991.

- La Ley 287 de 1996, artículos 1o. y 2o., publicada en el Diario Oficial No. 42.825 del 8 de julio de 1996, prorrogó por un (1) año la vigencia del Decreto 2651 de 1991, y entró a regir a partir del 10 de julio de 1996.

- La Ley 192 de 1995, artículos 1o. y 2o., publicada en el Diario Oficial No. 41.910 del 29 de junio de 1995, prorrogó por un (1) año la vigencia del Decreto 2651 de 1991, y entró a regir a partir del 10 de julio de 1995.

- Parágrafo 3. subrogado por el artículo 9o. del Decreto extraordinario 2651 de 1991, "Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales", publicado en el Diario Oficial No. 40.177 del 25 de noviembre de 1991.

El artículo 1o. del Decreto 2651 establece: "Por el término de cuarenta y dos (42) meses se adoptan las disposiciones contenidas en el presente Decreto, encaminadas a descongestionar los despachos judiciales".

El inciso final del artículo 62 del Decreto 2651 establece: "El presente Decreto rige a partir del 10 de enero de 1992, suspende durante su vigencia todas las normas que le sean contrarias y complementa las demás".

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 51 del Decreto 2282 de 1989.

- El artículo 101 de la numeración original del Decreto 1400 de 1970, fue reenumerado como 102 por el artículo 1, numeral 52 del Decreto 2282 de 1989.  

Notas del Editor

- En criterio del editor, en relación con la incorporación de este artículo en el Decreto 1818 de 1998, debe tenerse en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-558-92, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón, cuyos apartes relevantes se transcriben a continuación:

"... Incorporar sin sustituir, esto es, sin producir la derogatoria de las disposiciones legales que se pretende subsumir en un régimen jurídico de imperativo cumplimiento, que puede estar contenido en uno o varios textos, equivale a realizar labores de compilación carentes de fuerza vinculante, similares a las que efectúan los particulares. Significaría no ejercer una competencia de naturaleza eminentemente legislativa, como quiera que, lo que caracteriza a la función de regulación normativa desde el punto de vista material, es la creación de proposiciones jurídicas 'con fuerza de ley', esto es, la producción de normas jurídicas obligatorias, coercibles y vinculantes. La sustitución de las normas incorporadas es una facultad inherente y consustancial a la de expedir estatutos orgánicos, códigos o cuerpos legales integrales como quiera que la incorporación a estos de las normas que conforman la legislación existente sobre una determinada materia produce como obligada consecuencia, su derogatoria tácita ...".

Notas del Autor

La audiencia de conciliación procede por regla general en todos los procesos ordinarios y abreviados salvo en los siguientes: (i) En la declaración de Pertenencia; (ii) En el proceso de entrega del tradente al adquirente; (iii) En el proceso de rendición provocada de cuentas; (iv) en el proceso de rendición espontánea de cuentas; (v) En el proceso del pago por consignación si el demandado no se opone; (vi) en la declaración de bienes vacantes y mostrencos; (vii) en el proceso de patronatos y capellanías; (viii) en el proceso de restitución del inmueble arrendado.

Jurisprudencia Vigencia

- Aparte subrayado del Numeral 4. declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-250-94 del 26 de mayo de 1994, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

- Numeral 3. declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-165-93 del 29 de abril de 1993, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

- Parágrafo 3o., tal y como fue modificado por el Decreto 2651 de 1991 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-592-92 del 7 de diciembre de 1992, Magistrado Ponente, Dr. Fabio Morón Díaz.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 46; Art. 51; Art. 70; Art. 75; Art. 76; Art.  77; Art. 85; Art. 86; Art. 87; Art. 89; Art. 92; Art. 94; Art. 95; Art. 97; Art. 99; Art. 108; Art. 110; Art. 125; Art. 140; Art. 154; Art. 194; Art. 197; Art. 203; Art. 248; Art. 249; Art. 250; Art. 279; Art. 299; Art. 325; Art. 332; Art. 340; Art. 394; Art. 395; Art. 398; Art. 401; Art. 402; Art. 407; Art. 409; Art. 412; Art. 423; Art. 432; Art. 439

Código Civil; Art.  1503; Art. 1504

Ley 1393 de 2010; Art. 52 Inc. 2o.  

Ley 446 de 1998; Art. 101; Art. 102; Art. 103

Ley  80 de 1993; art. 60; art. 75

Jurisprudencia Concordante

Corte Constitucional

- Corte Constitucional Sentencia T-1018-05 de 6 de octubre de 2005, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Consejo de Estado

Sección Tercera

- Consejo de Estado Acción de Grupo, Expediente No. 3163 de 21 de junio de 2007, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989, con la modificación introducida por el Decreto 2651 de 1991:

ARTÍCULO 101. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 51 del Decreto 2282 de 1989. El texto modificado por el Decreto 2282 de 1989 es el siguiente:> Cuando se trate de procesos ordinarios* y abreviados*, salvo norma en contrario, luego de contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, el juez citará a demandantes y demandados para que personalmente concurran, con o sin apoderado, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de las excepciones previas y fijación del litigio.

Es deber del juez examinar antes de la audiencia, la demanda, las excepciones previas, las contestaciones, y las pruebas presentadas y solicitadas.

La audiencia se sujetará a las siguientes reglas:

PARAGRAFO 1. SEÑALAMIENTO DE FECHA Y HORA. Cuando no se propusieren excepciones previas, el juez señalará para la audiencia el décimo día siguiente al vencimiento del traslado de la demanda principal y de la de reconvención si la hubiere. Si se proponen dichas excepciones se procederá de la siguiente manera:

a) Si se trata de excepciones que no requieran la práctica de pruebas distintas de la presentación de documentos, para la audiencia se señalará el décimo día siguiente al de la fecha del auto que las decida, si no pone fin al proceso, y

b) Si las excepciones propuestas requieren la práctica de otras pruebas, la audiencia se celebrará el décimo día siguiente al del vencimiento del término para practicarlas.

El auto que señale fecha y hora para la audiencia, no tendrá recursos.

PARAGRAFO 2. INICIACION.

1. Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará el quinto día siguiente para celebrarla, por auto que no tendrá recursos, sin que pueda haber otro aplazamiento.

Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer en la nueva fecha, o de que se encuentra domiciliada en el exterior, ésta se celebrará con su apoderado, quien tendrá facultad para conciliar, admitir hechos y desistir.

2. Excepto en los casos contemplados en el numeral anterior, si alguno de los demandantes o demandados no concurre, su conducta se considerará como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito, según fuere el caso.

3. Tanto a la parte como al apoderado que no concurran a la audiencia, o se retiren antes de su finalización, se les impondrá multa por valor de cinco a diez salarios mínimos mensuales, excepto en los casos contemplados en el numeral 1.

Aunque ninguna de las partes ni sus apoderados concurran, la audiencia se efectuará para resolver las excepciones previas pendientes, y adoptar las medidas de saneamiento y demás que el juez considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.

4. Si alguno de los demandantes o demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. El auto que aprueba la conciliación implicará la autorización a éste para celebrarla, cuando sea necesaria de conformidad con la ley. Cuando una de las partes está representada por curador ad litem, éste concurrirá para efectos distintos de la conciliación y de la admisión de hechos perjudiciales a aquélla; si no asiste se le impondrá la multa establecida en el numeral 3. anterior.

5. La audiencia tendrá una duración de tres horas, salvo que antes se termine el objeto de la misma, vencidas las cuales podrá suspenderse por una sola vez para reanudarla al quinto día siguiente.

PARÁGRAFO 3. INTERROGATORIO DE LAS PARTES Y SOLICITUD ADICIONAL DE PRUEBAS. <Parágrafo modificado por el artículo 9o. del Decreto extraordinario 2651 de 1991. El nuevo texto es el siguiente:> Las partes absolverán bajo juramento los interrogatorios que se formulen recíprocamente o que el juez estime conveniente efectuar, acerca de los hechos relacionados con las excepciones previas pendientes o con el litigio objeto del proceso.

Después de terminada la audiencia y dentro de los tres días siguientes, las partes podrán modificar las solicitudes de pruebas contenidas en la demanda, en la contestación o en cualquier otro escrito que de acuerdo con la ley pueda contenerlas.  

PARAGRAFO 4. RESOLUCION DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS. En caso de no lograrse la conciliación o si ésta fuere parcial en cuanto a las partes o al litigio, se procederá en la misma audiencia a resolver las excepciones previas que estuvieren pendientes, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el Artículo 99, por auto que sólo tendrá reposición.

PARAGRAFO 5. SANEAMIENTO DEL PROCESO. El juez deberá adoptar las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.

PARAGRAFO 6. FIJACION DE HECHOS, PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE MERITO. a continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales declarará probados mediante auto en que, además, señalará las pruebas pedidas que desecha por versar sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que quedan excluidas como resultado de la conciliación parcial.

Igualmente, si lo considera necesario, requerirá a las partes para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito.

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO 101. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 51 del Decreto 2282 de 1989. El texto modificado por el Decreto 2282 de 1989 es el siguiente:> Cuando se trate de procesos ordinarios* y abreviados*, salvo norma en contrario, luego de contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, el juez citará a demandantes y demandados para que personalmente concurran, con o sin apoderado, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de las excepciones previas y fijación del litigio.

Es deber del juez examinar antes de la audiencia, la demanda, las excepciones previas, las contestaciones, y las pruebas presentadas y solicitadas.

La audiencia se sujetará a las siguientes reglas:

PARAGRAFO 1. SEÑALAMIENTO DE FECHA Y HORA. Cuando no se propusieren excepciones previas, el juez señalará para la audiencia el décimo día siguiente al vencimiento del traslado de la demanda principal y de la de reconvención si la hubiere. Si se proponen dichas excepciones se procederá de la siguiente manera:

a) Si se trata de excepciones que no requieran la práctica de pruebas distintas de la presentación de documentos, para la audiencia se señalará el décimo día siguiente al de la fecha del auto que las decida, si no pone fin al proceso, y

b) Si las excepciones propuestas requieren la práctica de otras pruebas, la audiencia se celebrará el décimo día siguiente al del vencimiento del término para practicarlas.

El auto que señale fecha y hora para la audiencia, no tendrá recursos.

PARAGRAFO 2. INICIACION.

1. Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará el quinto día siguiente para celebrarla, por auto que no tendrá recursos, sin que pueda haber otro aplazamiento.

Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer en la nueva fecha, o de que se encuentra domiciliada en el exterior, ésta se celebrará con su apoderado, quien tendrá facultad para conciliar, admitir hechos y desistir.

2. Excepto en los casos contemplados en el numeral anterior, si alguno de los demandantes o demandados no concurre, su conducta se considerará como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito, según fuere el caso.

3. Tanto a la parte como al apoderado que no concurran a la audiencia, o se retiren antes de su finalización, se les impondrá multa por valor de cinco a diez salarios mínimos mensuales, excepto en los casos contemplados en el numeral 1.

Aunque ninguna de las partes ni sus apoderados concurran, la audiencia se efectuará para resolver las excepciones previas pendientes, y adoptar las medidas de saneamiento y demás que el juez considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.

4. Si alguno de los demandantes o demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. El auto que aprueba la conciliación implicará la autorización a éste para celebrarla, cuando sea necesaria de conformidad con la ley. Cuando una de las partes está representada por curador ad litem, éste concurrirá para efectos distintos de la conciliación y de la admisión de hechos perjudiciales a aquélla; si no asiste se le impondrá la multa establecida en el numeral 3. anterior.

5. La audiencia tendrá una duración de tres horas, salvo que antes se termine el objeto de la misma, vencidas las cuales podrá suspenderse por una sola vez para reanudarla al quinto día siguiente.

PARÁGRAFO 3. Si concurren los demandantes y demandados, o alguno de éstos o de aquéllos sin que exista entre ellos litisconsorcio necesario, el juez los instará para que concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de transacción, y si no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa, sin que ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. En esta etapa de la audiencia sólo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre ésta y sus apoderados con el fin de asesorarlas para proponer fórmulas de conciliación.

Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo considera conforme a la ley.

Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, en el mismo auto se declarará terminado el proceso; en caso contrario, continuará respecto de lo no conciliado.

La conciliación y el auto que la apruebe, tendrán los efectos de la cosa juzgada.

El Juez, si lo considera necesario, podrá interrogar bajo juramento a las partes, sobre los hechos relacionados con las excepciones previas que estén pendientes o con el litigio objeto del proceso."

PARAGRAFO 4. RESOLUCION DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS. En caso de no lograrse la conciliación o si ésta fuere parcial en cuanto a las partes o al litigio, se procederá en la misma audiencia a resolver las excepciones previas que estuvieren pendientes, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el Artículo 99, por auto que sólo tendrá reposición.

PARAGRAFO 5. SANEAMIENTO DEL PROCESO. El juez deberá adoptar las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.

PARAGRAFO 6. FIJACION DE HECHOS, PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE MERITO. a continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales declarará probados mediante auto en que, además, señalará las pruebas pedidas que desecha por versar sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que quedan excluidas como resultado de la conciliación parcial.

Igualmente, si lo considera necesario, requerirá a las partes para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito.  

SECCION SEGUNDA.

REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

TÍTULO VIII.

ACTUACION

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 102. IDIOMA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> En el proceso deberá emplearse el idioma castellano.

Notas de Vigencia

- Este artículo correspondía al artículo 101 de la numeración original del Decreto 1400 de 1970, numeración que fue modificada como 102 por el artículo 1, numeral 52 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

Como consecuencia de lo establecido en esta norma, para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano sean apreciados como prueba, además de pagar el timbre correspondiente deberán estar legalmente traducidos mediante traducción efectuada por le Ministerio de Relaciones Exteriores o por un intérprete oficial o por traductor designado por el Juez. De la misma forma la sentencia o laudo extranjero que no esté en Castellano, se debe presentar con la copia del original, su traducción en legal forma.

Concordancias

Constitución Política; Art. 10  

Código de Procedimiento Civil; Art. 259; Art. 260  

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 104

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 101. IDIOMA. En el proceso deberá emplearse el idioma castellano.

ARTÍCULO 103. FIRMAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 53 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los funcionarios y empleados judiciales deberán usar en todos sus actos firma completa, acompañada de antefirma, so pena de incurrir en multa de la mitad de un salario mínimo mensual por cada infracción.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 53 del Decreto 2282 de 1989.

- Este artículo correspondia al artículo 102 de la numeración original del Decreto 1400 de 1970, numeración que fue modificada como 103 por el artículo 1, numeral 52 del Decreto 2282 de 1989.  

Notas del Editor

- La firma del secretario se eliminó en todas las providencias y la firma del juez en oficios, despachos comisorios y edictos. ( D. 2282/89).

Jurisprudencia Vigencia

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 27 de noviembre de 1973, Magistrado Ponente Dr. José Gabriel de la Vega.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 111; Art. 125; Art. 303; Art. 358; Art. 372; Art. 394

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 105

Ley 270 de 1996; Art. 56  

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 102. FIRMAS. Los funcionarios y empleados judiciales deberán usar en todos sus actos firma completa, acompañada de antefirma, so pena de incurrir en multa de cien pesos por cada infracción.

ARTÍCULO 104. <Artículo derogado por el artículo 1, numeral 54 del Decreto 2282 de 1989.

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 1, numeral 54 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Editor

- En relación con el texto original de este Artículo debe tenerse en cuenta lo que dispuso el artículo 1o. de la Ley 39 de 1981, el cual estableció: "A partir de la vigencia de esta ley suprímese el impuesto de papel sellado. En consecuencia todas las actuaciones que lo requerían se surtirán en papel común".

Jurisprudencia Vigencia

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 27 de noviembre de 1973, Magistrado Ponente Dr. José Gabriel de la Vega, la cual estableció: "Es exequible el artículo 104 del Código de Procedimiento Civil, en la parte que dice “Si una parte no suministra el papel sellado que le corresponde, el secretario lo suplirá con papel común, sin que suspenda la actuación; pero si requerida para que lo revalide no lo hiciere en el término de ejecutoria, no será oído en el proceso hasta cuando, suministre estampillas de timbre nacional por el doble del valor del papel debido...”.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 104. REVALIDACIÓN. Si una parte no suministra el papel sellado que le corresponde, el secretario lo suplirá con papel común, sin que se suspenda la actuación; pero si requerida para que lo revalide no lo hiciere en el término de ejecutoria, no será oída en el proceso hasta cuando suministre estampillas de timbre nacional por el doble del valor del papel debido, que se adherirán al expediente y se anularán por el secretario, con anotación de la fecha en que fueron suministradas.

No obstante, quien dejó de revalidar, será oído en caso de interpretación de recursos o de petición de pruebas, sin perjuicio de que subsista la carga de revalidación.

ARTÍCULO 105. EXCEPCION DE IMPUESTO DE TIMBRE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 55 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El amparado por pobre y las personas que la ley señale, están exentas del impuesto de timbre.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 55 del Decreto 2282 de 1989.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 105. EXENCIONES DEL IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO. Las entidades de derecho público, el amparado por pobre y las personas legalmente autorizadas, actuarán en papel común y estarán exentas de impuesto de timbre.

Los procesos de mínima cuantía se tramitarán en papel común.

ARTÍCULO 106. COPIAS DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Podrán presentarse en papel común transcripciones y reproducciones de escritos y documentos relacionados con el proceso, a fin de que el secretario las autentique y devuelva al interesado; previo cotejo con el original; tales copias tendrán valor en caso de pérdida o destrucción del expediente o del original del escrito o documento.

ARTÍCULO 107. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES E INCORPORACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El secretario hará constar la fecha de presentación de los memoriales que reciba, pero solo pasará al despacho de modo inmediato y con el respectivo expediente, aquellos que requieran decisión o los agregará a este si se encuentra allí para que resuelva simultáneamente todas las peticiones pendientes. Los demás escritos y comunicaciones que no contengan una solicitud o no requieran de un pronunciamiento se agregarán al expediente por el secretario sin necesidad de auto que lo ordene. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre los apartes subrayados de este inciso por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-798-03 de 16 de septiembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

La presentación personal de los escritos que la requieran, deberá hacerse en la forma y con los efectos indicados para la demanda en el artículo 84.

Cuando el escrito se envíe desde un lugar diferente al de la autoridad judicial a la cual va dirigido el original del mismo podrá transmitirse por cualquier medio después de haber sido autenticado como se expresa en el inciso anterior; en ese caso se aplicará lo dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 84.

El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar a la oficina remitente que le envíe fotocopia autenticada por esta del original del telegrama.

Los despachos que cuenten con medios técnicos, podrán utilizarlos para recibir memoriales en los términos que acuerde el Consejo Superior de la Judicatura.

PARÁGRAFO. El juez iniciará sin tardanza la correspondiente investigación disciplinaria, cuando el secretario no pase oportunamente al despacho los memoriales o expedientes. La omisión de este deber constituye falta que se sancionará de conformidad con las normas que regulan el régimen disciplinario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 56 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 109

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  107. PRESENTACION Y TRAMITE DE MEMORIALES Y DE EXPEDIENTES. El secretario hará constar la fecha de presentación de los escritos que reciba, y salvo norma en contrario los pasará al día siguiente al despacho del juez, con el expediente a que ellos se refieran, o los agregará a éste si se encuentra allí para que resuelva simultáneamente todas las peticiones pendientes. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que éste transcurra en relación con todas las partes.

La presentación personal de los escritos que la requieran, deberá hacerse en la forma y con los efectos indicados para la demanda en el artículo 84.

Cuando el escrito se envíe desde un lugar diferente al de la autoridad judicial a la cual va dirigido, el original del mismo podrá transmitirse por telégrafo después de haber sido autenticado como se expresa en el inciso anterior; en ese caso se aplicará lo dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 84.

El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar a la oficina remitente que le envíe fotocopia autenticada por ésta del original del telegrama.

PARAGRAFO. El juez iniciará sin tardanza la correspondiente investigación disciplinaria, cuando el secretario no pase oportunamente al despacho los memoriales o expedientes. La omisión de este deber constituye falta que se sancionará de conformidad con las normas que regulan el régimen disciplinario.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 107. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES. El secretario hará constar la fecha de presentación de los escritos que reciba, y los pasará al día siguiente al despacho con el expediente a que ellos se refieran o los agregará a éste, según fuere el caso; sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o una facultad que tengan señalado un término común, deberá esperar que éste transcurra en relación con todas las partes.

Los escritos dirigidos al juez por quien se halle ausente del lugar del proceso, deberán presentarse personalmente ante juez, notario o autoridad política del lugar de su presentación.

ARTÍCULO 108. TRASLADOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 57 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los traslados de un escrito no requieren auto, ni constancia en el expediente, salvo norma en contrario. El secretario lo agregará a éste y lo mantendrá en la secretaría por el término respectivo. Estos traslados se harán constar en una lista que se fijará en lugar visible de la secretaría, por un día, y correrán desde el siguiente.

Los traslados correrán en la secretaría, y allí se mantendrá el expediente sin solución de continuidad por el respectivo término, salvo los que se otorgan en el trámite del recurso de casación para los cuales podrá retirarse el expediente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 57 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 110

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 108. TRASLADOS. Para los traslados se mantendrá en la secretaría, el escrito o expediente sin solución de continuidad por el término respectivo, a fin de que el interesado pueda estudiarlo allí mismo, o retirarlo en los casos en que esté expresamente autorizado para hacerlo.

Cuando deba darse traslado de un escrito a las partes sin que fuere necesario auto que lo ordene, el secretario le pondrá la correspondiente nota y lo dejará en la secretaría a disposición de ellas por el término respectivo. Para este fin mantendrá en lugar visible de su oficina lista de los negocios en traslado.

El secretario hará constar la fecha de vencimiento de los traslados.

ARTÍCULO 109. ACTAS DE AUDIENCIAS Y DE DILIGENCIAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 58 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Las actas de audiencias y diligencias deberán ser autorizadas por el juez y firmadas por quienes intervinieron en ellas, el mismo día de su práctica.

Cuando se emplee el sistema de grabación magnetofónica o electrónica, dentro de los dos días siguientes a la fecha de la audiencia deberá elaborarse un proyecto de acta que, firmado por quien lo hizo, quedará a disposición de las partes por igual término para que presenten observaciones escritas, las cuales tendrá en cuenta el juez antes de firmarlo a más tardar el día siguiente. Las demás personas la suscribirán en el transcurso de los dos días posteriores; si alguna no lo hiciere, se prescindirá de su firma.

Firmada el acta, se podrá prescindir de la grabación.

Las intervenciones de cada parte o de su apoderado en audiencia o diligencia, no podrán exceder de quince minutos, salvo norma que disponga otra cosa.

Cuando algunas de las personas que intervinieron en la audiencia o diligencia no sabe, no puede o no quiere firmar, se expresará esta circunstancia en el acta.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 58 del Decreto 2282 de 1989.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 109. ACTAS DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS. Las actas de las audiencias y diligencias deberán ser autorizadas por el juez y el secretario, el mismo día de su práctica, o dentro de los tres días siguientes, cuando se empleen versiones taquigráficas o de grabación. El juez dispondrá, de ser ello posible, que se tome relación de lo ocurrido en la audiencia o diligencia, taquigráficamente en papel común y tinta o a máquina, caso en el cual aquella será firmada en cada hoja por el juez y el taquígrafo, quien entregará, a más tardar al día siguiente, firmada por él, la versión articulada del acta, junto con la original taquigráfica, que serán agregadas al expediente, previa revisión y firma del juez. Este en cualquier momento, y las partes dentro de los tres días siguientes, podrán pedir al taquígrafo que aclare o revise la versión articulada en el término de dos días, vencido el cual dispondrán de otros dos días para dejar constancias escritas acerca de su inconformidad con la versión final de las actas.

Con autorización del juez podrán utilizarse medios mecánicos de grabación, que servirán de auxiliares para elaborar el acta, que en este caso deberá ser firmada también por quien manejó los aparatos.

ARTÍCULO 110. CONCENTRACION Y SUSPENSION DE LAS AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando su número, naturaleza o complejidad lo hagan necesario, el juez señalará de una vez fechas continuas e inmediatas para las audiencias y diligencias que deban practicarse con el fin de que haya mayor concentración de ellas. En los casos indicados, cada audiencia o diligencia tendrá una duración mínima de tres horas, salvo que antes se agote el objeto de la misma.

Cuando no sea posible concluir la diligencia o audiencia el mismo día de su iniciación, el juez deberá, antes de cerrar la audiencia, señalar la fecha más próxima para continuarla.

En todos los procesos, las audiencias para la práctica de pruebas y diligencias que se realicen ante el juez de conocimiento podrán convertirse en oportunidad para conciliación si las partes lo solicitan de común acuerdo.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 59 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 5o.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  110. Cuando su número, naturaleza o complejidad lo hagan necesario, el juez señalará de una vez fechas continuas e inmediatas para las audiencias y diligencias que deban practicarse, con el fin de que hayan mayor concentración de ellas. En los casos indicados, cada audiencia o diligencia tendrá una duración mínima de tres horas, salvo que antes se agote el objeto de la misma.

Cuando no sea posible concluir la diligencia o audiencia el mismo día de su iniciación, se señalará para continuarla el día más próximo disponible. Si el auto no se profiere en la diligencia o audiencia, se notificará por estado, aún cuando se trate de interrogatorio de parte, exhibición de cosas muebles o documentos, reconocimiento de éstos.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 110. CONCENTRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DE PRUEBA. Cuando el número de pruebas y su naturaleza lo justifique, el juez dentro del término para practicarlas señalará fechas continuas para las audiencias que deban celebrarse, con el fin de que haya mayor concentración en ellas. En tal caso las audiencias tendrán una duración mínima de tres horas.

ARTÍCULO 111. COMUNICACIONES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los tribunales y jueces deberán entenderse entre sí, con las autoridades y los particulares, por medio de despachos y oficios que se enviarán a costa del interesado, si fuere el caso, por el medio más rápido y con las debidas seguridades. Los oficios y despachos serán firmados únicamente por el secretario, salvo los relacionados con títulos judiciales.

Los despachos que cuenten con medios técnicos, podrán utilizarlos para estos fines en los términos que acuerde el Consejo Superior de la Judicatura.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 60 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 111

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  111. Los tribunales y jueces deberán entenderse entre sí, con las autoridades y los particulares, por medio de despachos y oficios que se enviarán a costa del interesado, si fuere el caso, por el medio más rápido y con las debidas seguridades. Los oficios y despachos serán firmados únicamente por el secretario, salvo los relacionados con títulos judiciales.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 111. COMUNICACIONES. Los tribunales y jueces deberán entenderse entre sí, con las autoridades y con los particulares, por medio de despachos o de oficios, según fuere el caso, que se enviarán personalmente, o por correo o telégrafo a costa del interesado.

ARTÍCULO 112. CIERRE EXTRAORDINARIO DE LOS DESPACHOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 61 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Sólo habrá cierre extraordinario de los despachos judiciales, cuando por cambio de secretario deba hacerse inventario de los expedientes que se encuentren en la secretaría o en el archivo de asuntos concluidos, y cuando sea indispensable por visita oficial autorizada por la ley. Este cierre no podrá exceder de veinte días.

El secretario lo anunciará al público por medio de aviso fijado en la puerta de la oficina, con indicación del motivo que hubiere dado lugar a la medida; los avisos serán legajados en orden cronológico.

No podrá cerrarse el despacho por la práctica de diligencias judiciales. Si éstas deben practicarse fuera de la oficia del tribunal o juzgado, a ellas podrá concurrir un empleado distinto del secretario, o la persona que el juez designe bajo su responsabilidad, si fuere necesario.

Durante los días de cierre de despacho no correrán los términos judiciales.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 61 del Decreto 2282 de 1989.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 112. CIERRE EXTRAORDINARIO DE LOS DESPACHOS. Cuando por razón de inventario general o de visitas autorizadas por la ley, deba cerrarse el despacho en días hábiles, el secretario lo anunciará al público por medio de aviso fijado en la puerta de la oficina con indicación del motivo que hubiere dado lugar a la medida. Los avisos serán legajados en orden cronológico.

No podrá cerrarse el despacho por diligencias judiciales, pero si éstas deben practicarse fuera de la sede del tribunal o juzgado, a ellas concurrirá un secretario ad hoc, que en lo posible será un empleado. En esos días no correrán los términos para el juez o magistrado.

CAPÍTULO II.

ALLANAMIENTO EN DILIGENCIAS JUDICIALES

ARTÍCULO 113. PROCEDENCIA DEL ALLANAMIENTO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 62 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El juez podrá practicar el allanamiento de habitaciones, establecimientos, oficinas e inmuebles en general, naves y aeronaves mercantes, y entrar en ellos aun contra la voluntad de quien los habiten u ocupen, en los siguientes casos:

1. Cuando en su interior se encuentren bienes que deban secuestrarse, entregarse, o ser objeto de inspección, exhibición judicial o examen por peritos.

2. Cuando deban secuestrarse o entregarse a determinada persona, o sobre ellos haya de practicarse inspección judicial o examen de peritos.

3. El auto que decrete cualquiera de tales diligencias contiene implícitamente la orden de allanar, si fuere necesario.

El allanamiento puede ser decretado tanto por el juez que conoce del proceso como por el comisionado.

No podrán ser allanadas las oficinas ni las habitaciones de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de Colombia.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 62 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 112

Ley 1448 de 2011; Art. 100 Inc. Final.  

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 113. PROCEDENCIA DEL ALLANAMIENTO. El juez podrá decretar el allanamiento de habitaciones, establecimientos, oficinas, predios, naves y aeronaves mercantes, y entrar en ellos aun contra la voluntad de quienes los habiten u ocupen, en los siguientes casos:

1. Cuando en su interior existan bienes que deban secuestrarse o ser objeto de inspección judicial o de examen de peritos.

2. Cuando deban secuestrarse o entregarse a determinada persona o sobre ellos haya de practicarse una inspección judicial o un examen de peritos.

El auto que decrete cualquiera de tales diligencias contiene implícitamente la orden de allanar, si fuere necesario.

El allanamiento puede ser decretado tanto por el juez que conoce del proceso, como por el comisionado.

No podrán ser allanadas las oficinas ni las habitaciones de los agentes diplomáticos, acreditados ante el gobierno de Colombia.

ARTÍCULO 114. PRACTICA DEL ALLANAMIENTO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Para practicar el allanamiento, el Juez llamará previamente a la puerta del edificio o entrada de la heredad o nave, a fin de hacer saber al ocupante el objeto de la diligencia, y si no le contestare o no le permitiere la entrada, procederá al allanamiento valiéndose de la fuerza pública en caso necesario.

El allanamiento sólo podrá practicarse durante las horas de despacho, pero si hubiere temor de que se frustre la diligencia, el juez dispondrá que por la policía se adopten las medidas de vigilancia tendientes a evitar la sustracción de las cosas que haya de ser objeto de ella y podrá asegurar con cerradura los almacenes, habitaciones y otros locales donde se encuentren muebles, enseres o documentos, colocar sellos y adoptar las medidas que garanticen su conservación.

Del allanamiento se dejará testimonio en el acta de la diligencia en que se produjo.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 113

Ley 1448 de 2011; Art. 100 Inc. Final.  

CAPÍTULO III.

COPIAS, CERTIFICACIONES Y DESGLOSES

ARTÍCULO 115. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 63 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> De todo expediente podrán las partes o terceros solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

1. Cuando la copia sea parcial, la parte que no la haya solicitado podrá pedir a su costa que se agreguen piezas complementarias, dentro del término de ejecutoria del auto que la ordene. El juez negará la agregación de piezas notoriamente inconducentes y decretará de oficio las que estime necesarias para evitar abusos con actuaciones incompletas.

2. Si la copia pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada que ponga fin al proceso, apruebe liquidación de costas, fije honorarios o imponga condenas, se ordenará de oficio agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo hubiere.

Solamente la primera copia prestará mérito ejecutivo; el secretario hará constar en ella y en el expediente que se trata de dicha copia. Si la providencia contiene condenas a favor de diversas personas, a cada una de ellas se le entregará su respectiva copia.

En caso de pérdida o destrucción de la mencionada copia, podrá la parte solicitar al juez la expedición de otra sustitutiva de aquélla, mediante escrito en el cual, bajo juramento que se considerará prestado con su presentación, manifieste el hecho y que la obligación no se ha extinguido o sólo se extinguió en la parte que se indique. Además manifestará que si la copia perdida aparece, se obliga a no usarla y a entregarla al juez que la expidió, para que éste la agregue al expediente con nota de su invalidación.

3. También se ordenará la expedición de las copias que solicite una autoridad en ejercicio de sus funciones; en este caso, las partes no podrán pedir la agregación de nuevas piezas.

4. La expedición de copias de la totalidad de un proceso terminado, en el cual no esté pendiente ningún trámite previsto por la ley, se ordenará mediante auto de cúmplase.

5. A petición verbal de cualquier persona, el secretario expedirá copias no autenticadas del expediente o de parte de éste, en trámite o archivado sin necesidad de auto que las autorice. Tales copia no tendrán valor probatorio de ninguna clase.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este numeral por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-807-11 de 31 de octubre de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

6. Las copias podrán expedirse mediante transcripción o reproducción mecánica.

7. Las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 63 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 114

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

artículo 115. copias de actuaciones judiciales. de todo expediente podrán las partes o terceros solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

1. cuando la copia sea parcial, la parte que no la haya solicitado, podrá pedir, a su costa, la agregación de piezas complementarias, dentro del término de ejecutoria del auto que la ordene. el juez negará la agregación de piezas notoriamente inconducentes y decretará de oficio las que estime necesarias para evitar abusos con actuaciones incompletas.

2. si la copia pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada que ponga fin al proceso o que apruebe liquidaciones de costas, honorarios o perjuicios, se ordenará de oficio agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo hubiere.

3. también se ordenará la expedición de las copias, que solicite una autoridad en ejercicio de sus funciones; en este caso, las partes no podrán pedir la agregación de nuevas piezas.

4. la expedición de copia de la totalidad de un proceso terminado se ordenará con auto de “cúmplase”.

estas copias y las necesarias para recursos podrán expedirse mediante transcripción en papel competente o reproducción en papel autorizado, al que se adherirán estampillas por el valor correspondiente a aquel.

ARTÍCULO 116. CERTIFICACIONES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los secretarios de los despachos judiciales pueden expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, el estado de los mismos y la ejecutoria de providencias sin necesidad de auto que las ordene. El juez expedirá certificaciones sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no haya constancia escrita; también en los demás casos autorizados por la ley.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 115

Legislación Anterior

Texto original del Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 116. Los jueces pueden expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, la ejecutoria de resoluciones judiciales, y sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no haya constancia escrita; también en los demás casos autorizados por la ley.

ARTÍCULO 117. DESGLOSES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Los documentos públicos o privados podrán desglosarse de los expedientes y entregarse a quien los haya presentado, una vez precluida la oportunidad para tacharlos de falsos o desestimada la tacha, todo con sujeción a las siguientes reglas:

1. En los procesos de ejecución, sólo podrán desglosarse los documentos aducidos por los acreedores como títulos de sus créditos:

a) Cuando contengan crédito distinto del que se cobra en el proceso, para lo cual el juez hará constar en cada documento qué crédito es el allí exigido;

b) Cuando en ellos aparezcan hipotecas o prendas que garanticen otras obligaciones;

c) Una vez terminado el proceso, caso en el cual se hará constar en cada documento si la obligación se ha extinguido en todo o en parte, y

d) Cuando lo solicite un juez penal, en procesos sobre falsedad material del documento.

2. En los demás procesos, al desglosarse un documento en que conste una obligación, el juez dejará testimonio al pie o al margen del mismo, si ella se ha extinguido en todo o en parte, por qué modo o por quién.

3. En todos los casos en que la obligación haya sido cumplida en su totalidad por el deudor, el documento sólo podrá desglosarse a petición de él, a quien se entregará con constancia de la cancelación.

4. En el respectivo lugar del expediente se dejará, en transcripción o reproducción, copia del documento desglosado, y al pie o margen de ella el secretario anotará el proceso a que corresponde.

5. Cuando la copia que haya de dejarse sea de planos u otros gráficos, se practicará su reproducción mecánica, pero si ella no fuese posible, el secretario deberá asesorarse de un experto, que haga la transcripción manual y la autorice con su firma.

6. Los desgloses en los procesos terminados se ordenarán mediante auto de "cúmplase", a menos que se trate de documentos en que se hagan constar obligaciones.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 116

TÍTULO IX.

TERMINOS

ARTÍCULO 118. PERENTORIEDAD DE LOS TERMINOS Y OPORTUNIDADES PROCESALES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Los términos y oportunidades señalados en este Código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario.

ARTÍCULO 119. TERMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> A falta de término legal para un acto, el juez señalará el que estime necesario para su realización de acuerdo con las circunstancias, y podrá prorrogarlo por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del vencimiento.

ARTÍCULO 120. COMPUTO DE TERMINOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Todo término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda; si fuere común a varias partes, será menester la notificación a todas. En caso de que haya de retirarse el expediente, el término correrá desde la ejecutoria del auto respectivo.

Cuando se pida reposición del auto que concede un término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, este comenzará a correr desde el día siguiente a la notificación del auto que resuelva el recurso.

Los términos judiciales correrán ininterrumpidamente, sin que entre tanto pueda pasarse el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo término o que requieran un trámite urgente; en el último caso el secretario deberá obrar previa consulta verbal con el juez, de lo cual dejará constancia en el expediente.

Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio de que se practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no estén pendientes de reposición. Los términos se reanudarán el día siguiente al de la notificación de la providencia que se profiera, o a partir del tercer día siguiente al de su fecha, si fuere de cúmplase.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 64 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 87 Inc. 3o.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  120. Todo término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda; si fuere común a varias partes, será menester la notificación a todas. En caso de que haya de retirarse el expediente, el término correrá desde la ejecutoria del auto respectivo.

Cuando se pida reposición del auto que concede un término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, éste comenzará a correr desde el día siguiente a la notificación del auto que confirme el recurrido. Si la reposición versa sobre puntos ajenos al término, no lo suspenderá, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final.

Los términos judiciales correrán ininterrumpidamente, sin que entre tanto pueda pasarse el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo término o que requieran un trámite urgente; en el último caso el secretario deberá obrar previa consulta verbal con el juez, de lo cual dejará constancia en el expediente.

Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio de que se practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no estén pendientes de reposición. Los términos se reanudarán el día siguiente al de la notificación de la providencia que se profiera, o a partir del tercer día siguiente al de su fecha, si fuere de cúmplase.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 120. CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS. Todo término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda; pero si fuere común a varias partes, será menester la notificación de todas. En caso de traslado para alegar, en que haya de retirarse el expediente, el término empezará a contarse desde la ejecutoria del auto respectivo.

Cuando se pida reposición del auto que concede un término, éste comenzará a correr desde el día siguiente a la notificación del que lo confirme, excepto en el caso de traslado con entrega del expediente.

Los términos judiciales correrán ininterrumpidamente, sin que entretanto pueda pasarse el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo término o que requieran un trámite urgente; en este caso el secretario deberá obrar previa consulta verbal con el juez, de lo cual dejará constancia.

Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio de que se practiquen pruebas y diligencias, dentro del período de recepción de éstas. El cómputo del término se reanudará al día siguiente a la notificación de la providencia que se profiera.

ARTÍCULO 121. TERMINOS DE DIAS, MESES Y AÑOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 65 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquéllos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho.

Los términos de meses y de años se contarán conforme al calendario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 65 del Decreto 2282 de 1989.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 121. TÉRMINOS DE DÍAS, MESES Y AÑOS. En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho. Los días sábados se contarán aunque sólo haya despacho durante la mañana.

Los términos de meses y de años se computarán conforme al calendario.

ARTÍCULO 122. RENUNCIA DE TERMINOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 66 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los términos son renunciables total o parcialmente por los interesados en cuyo favor se concedan. La renuncia deberá hacerse verbalmente en audiencia o por escrito autenticado como se dispone para la demanda, o en el acto de la notificación personal de la providencia que lo señale.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 66 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 119

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 122. RENUNCIA DE TÉRMINOS. Los términos son renunciables total o parcialmente por los interesados en cuyo favor se concedan. La renuncia deberá hacerse verbalmente en audiencia, por escrito presentado personalmente, o en el acto de la notificación personal de la providencia que lo señala.

ARTÍCULO 123. INICIACION DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 67 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Las audiencias y diligencias se iniciarán en el primer minuto de la hora señalada para ellas, aún cuando ninguna de las partes o sus apoderados se hallen presentes, y se procederá a recibir las declaraciones de los testigos, el interrogatorio que se haya formulado por escrito a la parte que esté presente y el reconocimiento por ésta de documentos. Si la parte citada para tales efectos no concurre al iniciarse la hora señalada, se aplicará lo dispuesto en los artículos 210 y 274. El juez deberá practicar también cualquier otra prueba que le fuere posible.

Las partes o los apoderados que asistan después de iniciada la audiencia o diligencia, tomarán la actuación en el estado en que se encuentre al momento de su concurrencia.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 67 del Decreto 2282 de 1989.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 123. HORA JUDICIAL. Cuando se fije determinada hora para un acto judicial, se entiende que debe iniciarse dentro de esa hora, que se contará a partir del momento en que el reloj la anuncia.

ARTÍCULO 124. TERMINOS PARA DICTAR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los jueces deberán dictar los autos de sustanciación en el término de tres (3) días, los interlocutorios en el de diez (10) y las sentencias en el de cuarenta (40), contados todos desde que el expediente pase al despacho para tal fin.

En los mismos términos los magistrados deberán dictar las providencias que les corresponde o presentar los proyectos de las que sean del conocimiento de la sala; esta dispondrá de la mitad del respectivo término para proferir la decisión a que hubiere lugar, que se contará desde el día siguiente a aquél en que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijará en lugar visible de la secretaría.

En caso de que haya cambio de magistrado o de juez, los términos correrán de nuevo a partir de su posesión.

En lugar visible de la secretaría deberán fijarse una lista de los procesos que se encuentren al despacho para sentencia, con indicación de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquella.

No obstante, cuando en disposición especial se autorice a decidir de fondo, por ausencia de oposición de la parte demandada, el juez deberá dictar inmediatamente la providencia respectiva.

PARÁGRAFO. <Ver Notas de Vigencia> <Parágrafo adicionado por el artículo 9 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal.

Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al Juez o Magistrado que le sigue en turno, quien proferirá la sentencia dentro del término máximo de dos (2) meses. Sin embargo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá asignar el proceso a otro Juez o Magistrado si lo considera pertinente. El Juez o Magistrado que recibe el proceso deberá informar a la misma Corporación la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará a un juez itinerante o al de un municipio o circuito cercano que señale la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Para la observancia de los términos señalados en el presente parágrafo, el Juez o Magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

Notas de Vigencia

- Establece el artículo 200 de la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014":

(Por favor remitirse a la norma que se transcribe a continuación para comprobar la vigencia del texto original:)

"ARTÍCULO 200. GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Para todos los efectos legales, en los procesos en los que la parte demandada ya se hubiere notificado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, el plazo de duración de la primera instancia previsto en el artículo 9o de la Ley 1395 de 2010, comenzará a contarse a partir del día siguiente a la vigencia de esta ley.

Desde esta última fecha también comenzará a correr el plazo de duración de la segunda instancia para los procesos que ya se hubieren recibido en la Secretaría del juzgado o tribunal.

Para los demás procesos, los plazos de duración previstos en el artículo 9o de la Ley 1395 de 2010 comenzarán a contarse desde el momento en que se configure el presupuesto establecido en esa disposición.

El plazo de duración para los procesos de única instancia será el señalado para los de primera.

Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el expediente pasará a un Juez o Magistrado itinerante designado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o quien siga en turno según lo prevé el artículo 9o de la Ley 1395 de 2010.

Los términos a que se refiere el artículo 9o de la Ley 1395 de 2010 no aplican en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo."

El editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede deducirse de lo establecido por la Constitución Política en sus artículos 339, 340, 341 y 342, y por la Ley 152 de 1994 en los artículos 13, 14 y 25.    

- Parágrafo adicionado por el artículo 9 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el artículo 9 de la Ley 1395 de 2010 por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-436-11 de 25 de mayo 2011 de 2011, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 68 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 120; Art. 121

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  124. Los jueces deberán dictar los autos de sustanciación en el término de tres días, los interlocutorios en el de diez y las sentencias en el de cuarenta, contados todos desde que el expediente pase al despacho para tal fin.

En los mismos términos los magistrados deberán dictar las providencias que les corresponde o presentar los proyectos de las que sean del conocimiento de la sala; ésta dispondrá de la mitad del respectivo término para proferir la decisión a que hubiere lugar, que se contará desde el día siguiente a aquél en que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijará en lugar visible de la secretaría.

En caso de que haya cambio de magistrado o de juez, los términos correrán de nuevo a partir de su posesión.

Cuando el vencimiento de un término sea ostensible, el juez resolverá lo conducente sin necesidad de informe previo del secretario.

En lugar visible de la secretaría deberá fijarse una lista de los procesos que se encuentren al despacho para sentencia, con indicación de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquélla.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 124. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Los jueces deberán dictar los autos de sustanciación en el término de tres días, los interlocutorios en el de diez y las sentencias en el de cuarenta, contados todos desde que el expediente pase al despacho para tal fin.

En los mismos términos los magistrados deberán dictar las providencias que les corresponde o presentar los proyectos delas que sean del conocimiento de la sala; ésta dispondrá de la mitad del respectivo término para proferir la decisión a que hubiere lugar, que se contará desde el día siguiente a aquel en que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijará en lugar visible de la secretaría.

En caso de que haya cambio de magistrado o juez, los términos correrán de nuevo a partir de su posesión.

Cuando el vencimiento de un término sea ostensible, el juez resolverá lo conducente sin necesidad de informe previo del secretario.

TÍTULO X.

EXPEDIENTES

CAPÍTULO I.

FORMACION Y EXAMEN DE LOS EXPEDIENTES

ARTÍCULO 125. FORMACION DE LOS EXPEDIENTES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 69 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> De todo proceso se formará un expediente, dentro del cual irán en cuaderno separado la actuación de cada una de las instancias y el recurso de casación, de los incidentes, de los trámites especiales que sustituyan a éstos, del decreto y la práctica de las medidas cautelares, y de las pruebas practicadas a solicitud de cada parte sobre la cuestión principal. Las actas de las audiencias en que se practiquen pruebas pedidas por ambas partes y las pruebas que el juez decrete de oficio, formarán otro cuaderno.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 69 del Decreto 2282 de 1989.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 125. FORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES. De todo proceso se formará un expediente dentro del cual irán en cuaderno separado, la actuación de cada una de las instancias y del recurso de casación, los incidentes y las pruebas practicadas a solicitud de cada parte sobre la cuestión principal. Las actas de las audiencias en que se practiquen pruebas pedidas por ambas partes y las pruebas que el juez decrete de oficio, formarán otro cuaderno.

ARTÍCULO 126. ARCHIVO DE EXPEDIENTES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.

ARTÍCULO 127. EXAMEN DE LOS EXPEDIENTES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Los expedientes sólo podrán ser examinados:

1. Por las partes.

2. Por los abogados inscritos.

3. Por los dependientes de éstos, debidamente autorizados, pero sólo en relación con los asuntos en que intervengan aquéllos.

4. Por los auxiliares de la justicia.

5. Por los funcionarios públicos en razón de su cargo.

6. Por las personas autorizadas por el juez, con fines de docencia o de investigación científica.

Hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse personalmente a una parte o a su apoderado, ni aquella, ni éste, ni su dependiente, podrán examinar la actuación sino después de cumplida la notificación aquélla.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 123

CAPÍTULO II.

RETIRO, RETENCION, PERDIDA Y REMISION DE EXPEDIENTES

ARTÍCULO 128. RETIRO DE EXPEDIENTES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 70 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los expedientes sólo podrán ser retirados de la secretaría en los casos que este Código autoriza.

Quien retire un expediente dejará recibo en el libro especial que llevará el secretario, en el que hará constar el número de cuadernos, de hojas, el estado en que éstas se encuentren y la dirección de su casa u oficina.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 70 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 124

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 128. RETIRO DE EXPEDIENTES. Los expedientes sólo podrán ser retirados de la secretaría en los casos que este código autoriza.

Quien retire un expediente dejará recibo en el libro especial que para ello llevará el secretario, en el que hará constar el número de cuadernos, el de fojas y el estado en que éstas se encuentren.

ARTÍCULO 129. RETENCION DEL EXPEDIENTE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 71 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el término para la devolución de un expediente, el secretario informará inmediatamente al juez.

A partir del vencimiento del término y hasta la devolución del expediente, la parte o el apoderado que lo retenga incurrirá en multa de un salario mínimo mensual por cada día de retención. El juez de oficio o a petición de parte, impondrá la multa y en el mismo auto ordenará la devolución del expediente dentro del término de tres días. Este auto se notificará por estado y se hará saber por telegrama dirigido a la dirección denunciada en el libro a que se refiere el artículo precedente <128>; contra él no habrá ningún recurso.

Si el requerido entrega el expediente dentro del término señalado y prueba, siquiera sumariamente, causa justificativa para no haberlo devuelto en oportunidad, el juez lo exonerará de la multa. Pasado dicho término, sin que el expediente haya sido devuelto, la multa diaria se duplicará sin necesidad de providencia que lo ordene. Para el cobro de la multa o su conversión en arresto, el juez certificará su monto.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 71 del Decreto 2282 de 1989.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 129. RETENCIÓN DEL EXPEDIENTE.  Vencido el término para devolución de un expediente, el secretario informará inmediatamente al juez.

A partir del vencimiento del término y hasta la devolución del expediente, la parte o el apoderado que lo retenga incurrirá en multa de cien a quinientos pesos diarios, según la importancia del asunto. El juez de oficio o a petición de parte, señalará el monto de la multa, y en el mismo auto ordenará la devolución del expediente dentro del término de tres días. Este auto se notificará por estado y por aviso que se entregará a cualquiera persona que se encuentre en el lugar denunciado para recibir notificaciones personales, y contra él no habrá ningún recurso.

Si el requerido entrega el expediente dentro del término señalado y prueba, siquiera sumariamente, causa justificativa para no haberlo devuelto en oportunidad, el juez lo exonerará de la multa. Pasado dicho término sin que el expediente haya sido devuelto, la multa diaria se duplicará sin necesidad de providencia que lo ordene. Para el cobro de la multa o su conversión en arresto, el juez certificará su monto.

ARTÍCULO 130. PERDIDA DEL EXPEDIENTE EN PODER DE QUIEN LO RETIRO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Dentro del término del requerimiento establecido en el artículo anterior <129>, la parte que retiró el expediente podrá alegar su pérdida, y la cuestión se tramitará como incidente. Si en éste se prueba que la pérdida ocurrió por fuerza mayor o caso fortuito, se suspenderá la multa desde el día en que tal hecho ocurrió.

ARTÍCULO 131. EFECTOS DE LA RENUENCIA A DEVOLVER EL EXPEDIENTE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Vencido el término del requerimiento sin que el expediente haya sido devuelto ni se haya alegado su pérdida, o si no se probó que ésta fue ocasionada por causa de fuerza mayor o caso fortuito, se procederá así:

1. Si quien retiene el expediente en primera o única instancia, es el demandante con libre disposición de bienes o su apoderado, se dictará sentencia absolutoria del demandado.

2. Si quien retiene el expediente en primera o única instancia, es el demandado con libre disposición de bienes o su apoderado, el juez tendrá como ciertos los hechos de la demanda en que deba fundarse su decisión, en cuanto sean susceptibles de prueba de confesión, y dictará sentencia en favor del demandante.

3. Cuando quien retiene el expediente en segunda instancia o en casación, es el recurrente, se declarará desierto, el recurso pero si la retención proviene de la otra parte, se reformará la sentencia en lo desfavorable al recurrente, siempre que los hechos en que deba fundarse sean susceptibles de prueba de confesión.

En todos estos casos la sentencia se dictará con base en la copia de la demanda, archivada en la secretaría del juzgado de primera instancia, que cuando fuere necesario, se enviará al superior, junto con copia de la sentencia.

4. Si quien retiene el expediente es litisconsorte facultativo, se aplicarán a éste las medidas contempladas en el presente artículo; pero cuando sea un litisconsorte necesario, sólo se le impondrán las multas previstas en el artículo 129.

5. En los casos contemplados en los anteriores numerales, si quien no devolvió el expediente fue un apoderado o representante, se le impondrá la obligación de indemnizar a su mandante o representado los perjuicios que sufra por tal conducta, que se liquidarán en la forma prevista en el inciso final del artículo 308. El término para promover la liquidación se contará entonces desde el día en que aquéllos mandante o representado tuvieron conocimiento de la condena.

6. Cuando la retención de un expediente sea obra de un representante judicial de cualquiera entidad de derecho público, sólo habrá lugar a la multa señalada en el artículo 129.

ARTÍCULO 132. REMISION DE EXPEDIENTES, OFICIOS Y DESPACHOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 72 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La remisión de expedientes dentro del mismo lugar se hará con un empleado del despacho. La remisión a un lugar diferente se hará por correo ordinario.

La parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar su valor de ida y regreso en la respectiva oficina postal, dentro de los diez días siguientes al de la llegada a ésta del expediente o de las copias. Cuando los portes sean a cargo de varias partes, basta que una de ellas los cancele.

Si pasado este término no se han pagado en su totalidad, el jefe de dicha oficina los devolverá al juzgado remitente con oficio explicativo, y el juez declarará desierto el recurso si fuere el caso, por auto que sólo tiene reposición.

Cuando una parte solicite al secretario el envío a otro lugar por el medio más rápido que ofrezca suficientes garantías, deberá entregarle a aquél la totalidad del valor del porte, dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del auto que dispuso la remisión, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

Solamente podrá entregarse a la parte interesada que los haya solicitado, despachos y oficios para los siguientes fines: práctica de medidas cautelares, expedición de copias de documentos o de certificados, registro de demanda o de documentos, y traducción y pago de timbre de documentos presentados por la misma parte. La devolución del despacho para la práctica de medidas cautelares, la hará directamente el comisionado.

Cualquier interesado podrá pedir que se repita el oficio de cancelación de medidas cautelares y que por conducto de la secretaría se haga llegar al destinatario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 72 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 125

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 132. REMISIÓN DE EXPEDIENTE, OFICIOS Y DESPACHOS. La remisión de expedientes dentro del mismo lugar se hará con un empleado del despacho. La remisión a un lugar diferente se hará por correo ordinario, a menos que el interesado pida su envío por otro medio más rápido que dé suficientes garantías, y en todo caso bajo la vigilancia del secretario.

La parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar el de ida y regreso, de acuerdo con la tarifa postal, a más tardar dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del auto que conceda el recurso o aquel en que se informe sobre la expedición de las copias. Si no se paga el porte en oportunidad, el juez declarará desierto el recurso.

Cuando deba remitirse un despacho u oficio que interese a una sola de las partes, podrá entregársele a ésta para que lo haga llegar a su destino; se exceptúan los despachos sobre comisión para la práctica de pruebas que se sujetarán a lo dispuesto en los incisos anteriores. Caso de no pagarse el porte dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del auto que ordena el envío, el juez declarará en firme la providencia recurrida u ordenará que no se remita el oficio o despacho.

Cualquier interesado podrá pedir que se repita el oficio de cancelación de medidas cautelares y que por conducto de la secretaría se haga llegar al destinatario.

Cumplida la comisión a la orden del juez, el oficio o despacho deberá devolverse al juzgado de origen en la forma indicada en el presente artículo.

CAPÍTULO III.

RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES

ARTÍCULO 133. TRAMITE PARA LA RECONSTRUCCION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> En caso de pérdida total o parcial de un expediente, se procederá así:

1. El apoderado de la parte interesada formulará su solicitud de reconstrucción y expresará bajo juramento, que se entiende prestado por la presentación del escrito, el estado en que se encontraba el proceso y la actuación surtida en él.

2. El secretario informará al juez quiénes eran las partes y los apoderados, el estado en que se hallaba el proceso en el momento de su pérdida y las diligencias realizadas para obtener su recuperación.

3. Se citará a los apoderados para audiencia, con el objeto de que se compruebe tanto la actuación surtida como el estado en que se hallaba el proceso al tiempo de su pérdida, y para resolver sobre su reconstrucción. El auto de citación se notificará por estado, y además, personalmente o en subsidio, por aviso que se entregará a cualquiera persona que se encuentre en el lugar denunciado por el apoderado para recibir notificaciones personales, y si esto no fuere posible se fijará en la puerta de acceso de dicho lugar.

4. El juez podrá decretar, de oficio o a petición de parte, toda clase de pruebas y exigir declaración jurada de los apoderados, de las partes, o de unos y otras.

5. Si ninguno de los apoderados ni las parte concurre a la audiencia y se trata de pérdida total del expediente, el juez, cancelará las medidas cautelares, que se hubieren tomado y declarará extinguido el proceso, quedando a salvo el derecho que tenga el demandante de promoverlo de nuevo.

6. Si sólo concurriere a la audiencia una de las partes o su apoderado, se declarará reconstruido el proceso con base en su exposición jurada y las demás pruebas que se aduzcan en aquélla.

7. Del mismo modo se procederá cuando la pérdida parcial del expediente impida continuar el trámite del proceso; de lo contrario, y no siendo posible la reconstrucción, el proceso se adelantará con prescindencia de lo perdido o destruido.

8. El auto que resuelva sobre la reconstrucción, es apelable en el efecto suspensivo.

9. Reconstruido el proceso, continuará el trámite que le corresponda.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 126

ARTÍCULO 134. PRUEBAS DE OFICIO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> El juez, antes de dictar sentencia en un proceso reconstruido, decretará de oficio las pruebas conducentes para aclarar los hechos obscuros o dudosos y para acreditar los que no sean susceptibles de prueba de confesión.

TÍTULO XI.

INCIDENTES

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 135. INCIDENTES Y OTRAS CUESTIONES ACCESORIAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Se tramitarán como incidente las cuestiones accesorias que la ley expresamente señale; las demás se resolverán de plano, y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 127

ARTÍCULO 136. PRECLUSION DE LOS INCIDENTES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> El incidente deberá proponerse con base en todos los motivos existentes al tiempo de su iniciación, y no se admitirá luego incidente similar a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 128

ARTÍCULO 137. PROPOSICION, TRAMITE Y EFECTO DE LOS INCIDENTES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 73 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los incidentes se propondrán y tramitarán así:

1. El escrito deberá contener lo que se pide, los hechos en que se funden y la solicitud de las pruebas que se pretenda aducir, salvo que éstas figuren ya en el proceso.

Al escrito deberán acompañarse los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del peticionario.

2. Del escrito se dará traslado a la otra parte por tres días, quien en la contestación pedirá las pruebas que pretenda hacer valer y acompañará los documentos y pruebas anticipadas que se encuentren en su poder, en caso de que no obren en el expediente.

Jurisprudencia Vigencia

- Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-416-94 del 22 de septiembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

3. Vencido el término del traslado, el juez decretará la práctica de las pruebas pedidas que se considere necesarias y de las que ordene de oficio, para lo cual señalará, según el caso, un término de diez días o dentro de él, la fecha y hora de la audiencia o diligencia; no habiendo pruebas qué practicar, decidirá el incidente.

4. Por regla general los incidentes no suspenden el curso del proceso, pero la sentencia no se pronunciará mientras haya alguno pendiente, sin perjuicio de los que se deban resolver en ella y de lo dispuesto en los artículos 354 y 355.

5. Sobre la procedencia de las apelaciones que se interpongan en el curso de un incidente, se resolverá en el auto que conceda la apelación que se interponga contra el auto que decida el incidente. Si no se apela éste, aquéllas se tendrán por no interpuestas.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 73 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 129

Ley 393 de 1997; Art. 29

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 137. PROPOSICIÓN, TRÁMITE Y EFECTO DE LOS INCIDENTES. Salvo disposición en contrario, los incidentes se propondrán y tramitarán así:

1. El escrito deberá contener lo que se pide, los hechos en que se funden y la solicitud de las pruebas que se pretenda aducir, salvo que éstas figuren ya en el proceso.

2. Del escrito se dará traslado a la otra parte por tres días, quien en la contestación pedirá las pruebas que pretenda hacer valer, caso de que no obren en el expediente.

3. Vencido el término del traslado, el juez decretará la práctica de las pruebas pedidas y de las que ordene de oficio, para lo cual señalará, según el caso, un término de diez días o la fecha y hora de la audiencia; no habiendo pruebas que practicar, decidirá de plano.

4. Por regla general los incidentes no suspenden el curso del proceso, pero la sentencia no se pronunciará mientras haya alguno pendiente, sin perjuicio de los que deban resolverse en ella.

ARTÍCULO 138. RECHAZO DE INCIDENTES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 74 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El juez rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por este Código o por otra ley, los que se promuevan fuera de término y aquéllos cuya solicitud no reúna los requisitos formales.

El auto que rechace el trámite del incidente será apelable en el efecto devolutivo; el que lo decida, en el mismo efecto si es adverso a quien lo promovió, y en el diferido en el caso contrario salvo lo dispuesto en el artículo 147.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 74 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 38; Art. 100; Art. 136; Art. 143; Art. 147; Art. 354

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 130

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 138. RECHAZO DE INCIDENTES. El juez rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por este código, los que se promuevan fuera del términos señalado para ello y aquellos cuya solicitud no reúna los requisitos formales o sean improcedentes según lo establecido en el artículo 136.

ARTÍCULO 139. CUESTIONES ACCESORIAS QUE SE SUSCITEN EN EL CURSO DE UN INCIDENTE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Las cuestiones accesorias que se susciten en el curso de un incidente no estarán sujetas a trámite especial, y sobre ellas se decidirá en la misma providencia que resuelva el incidente.

Sin embargo, cuando dentro de un incidente se objete un dictamen pericial o se tache de falso un documento, estando para finalizar o habiendo expirado la oportunidad probatoria, el juez señalará fecha y hora para nueva audiencia o concederá un término adicional de cinco días, según el caso, para que se practiquen las pruebas concernientes a la objeción o tacha.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 139; Art. 147; Art. 180; Art. 238; Art. 289

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 131

CAPÍTULO II.

NULIDADES PROCESALES

ARTÍCULO 140. CAUSALES DE NULIDAD. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 80 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-739-01 de 11 de julio de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional se declaró estese a lo resuelto en las Sentencias C-491-95 y C-217-96, con respecto a los cargos formulados contra la expresión "solamente en los siguientes casos"

- El fallo contenido en la Sentencia C-491-95 fue reiterado por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-217-96 del 16 de mayo de 1995, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

- Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-491-95 del 2 de noviembre de 1995, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

La Corte advierte en la Sentencia C-491-95: "Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1o del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del Decreto 2282 de 1989, con la advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista en el art. 29 de la Constitución, según el cual, 'es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso', que es aplicable en toda clase de procesos".

1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción.

Jurisprudencia Concordante

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 29515 de 19 de julio de 2006, C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio

2. Cuando el juez carece de competencia.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Numeral 2o. declarado EXEQUIBLE, por los cargos formulados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-739-01 de 11 de julio de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos formulados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-739-01 de 11 de julio de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

4. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde.

5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida.

Jurisprudencia Concordante

"Las causales de nulidad son taxativas y son de aplicación restrictiva, entonces no pueden hacerse extensivas a situaciones no establecidas en la normativa, lo cual ocurriría si, como lo pretende el demandante, se diera aplicación a la causal 5ª del artículo 140 CPC, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 1607 de 2012, toda vez que, como se vio, el derecho a acogerse a la conciliación contencioso administrativa en procesos tributarios no tiene el efecto legal y expreso de constituir causal de suspensión para proferir sentencia definitiva.

6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión.

7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición.

Jurisprudencia Concordante

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 25341 de 26 de mayo de 2005, C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio

9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.

Concordancias

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 133 Num. 8o.  

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado

Sección Tercera

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 30911 de 7 de diciembre de 2005, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 27651 de 7 de diciembre de 2005, C.P. Dra. Alier Eduardo Hernández Enríquez

PARAGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 80 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Ley 1564 de 2012; Art. 133    

Código de Procedimiento Civil; Art. 12; Art. 13; Art. 28; Art. 29; Art. 34; Art. 47; Art. 48; Art. 51; Art. 85; Art.  86; Art. 91; Art. 97; Art. 99; Art. 100; Art. 101; Art. 143; Art. 144; Art. 145; Art. 146; Art. 148; Art. 154; Art. 168; Art. 170; Art. 171; Art. 183; Art. 184; Art. 313; Art. 314; Art. 315; Art. 319; Art. 362; Art.  368; Art. 380; Art. 403; Art. 412; Art. 509; Art. 623; Art. 624

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-739-01 de 11 de julio de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional se declaró estese a lo resuelto en las Sentencia C-217-96, con respecto a los cargos formulados contra el parágrafo

- Parágrafo declarado exequible por la Corte Constitucional, "... en el entendido de que se refiere únicamente a causas o motivos de nulidad de orden legal", mediante Sentencia C-217-96 del 16 de mayo de 1995, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 32964 de 22 de marzo de 2007, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

Sección Primera

- Consejo de Estado, Acción de Tutela, Sección Primera, Expediente No. 2013-02489-00(AC) de 13 de febrero de 2014, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 140. TRÁMITE. siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente; esta decisión será inapelable. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente, solicitará que el conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, a la que enviará la actuación.

El juez que reciba el negocio no podrá declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jerárquico o por la Corte Suprema de Justicia.

Recibido el expediente, el juez o tribunal que deba dirimir el conflicto, dará traslado a las partes por el término común de tres días, a fin de que presenten sus alegaciones; las pruebas pedidas durante dicho término o decretadas de oficio, se practicarán en los seis días siguientes. Vencido el término del traslado o el probatorio, en su caso, se resolverá el conflicto y en el mismo auto se ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitarlo.

El auto que decida el conflicto no es susceptible de recursos y se notificará al demandado, junto con el que admitió la demanda, si éste no le hubiere sido notificado.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces.

ARTÍCULO 141. NULIDADES EN PROCESOS DE EJECUCION Y EN LOS QUE HAYA REMATE DE BIENES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 81 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes, son también causales de nulidad:

1. Librar ejecución después de la muerte del deudor, sin que se haya cumplido el trámite prescrito por el artículo 1434 del Código Civil. Los títulos ejecutivos serán notificados a los herederos como se dispone en los artículos 315 a 320 <316, 317, 318, 319>.

2. <Numeral derogado por el artículo 44 de la Ley 1395 de 2010>

Notas de Vigencia

- Numeral derogado por el artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

2. La falta de las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, siempre que se alegue antes de proferirse el auto que lo aprueba. Esta nulidad sólo afectará el remate y se aplica a todos los procesos en que haya remate de bienes.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 81 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 81; Art. 168; Art. 315; Art. 316; Art. 317; Art. 318; Art. 319; Art. 320; Art. 521; Art. 522; Art. 523; Art. 524; Art. 525; Art. 526; Art. 527; Art. 528; Art. 529; Art. 530  

Código Civil; Art. 1434

Ley 222 de 1995; Art. 99  

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 141. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO. Los magistrados, jueces y conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella.

El juez impedido pasará el expediente a quien deba reemplazarlo, quien si estima que los hechos expuestos por aquel no constituyen causal de recusación, remitirá el expediente al superior, para que resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Aceptado el impedimento, se enviará el expediente al juez que deba reemplazar al impedido; en caso contrario, se devolverá al juez que venía conociendo de él.

El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento de la respectiva sala con expresión de la causal invocada para que ella resuelva sobre el impedimento, y en caso de aceptarlo pase el negocio a otro magistrado o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, cuando a ello hubiere lugar.

ARTÍCULO 142. OPORTUNIDAD Y TRAMITE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 82 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella.

Jurisprudencia Concordante

 En los términos trascritos, este inciso aplica, exclusivamente, a las sentencias, y de entre ellas a las que se dictan en única instancia  o en segunda instancia, porque son las que “ponen fin al proceso”, es decir, las que “no admiten recurso''; por tanto, esta norma no rige para las sentencias dictadas en procesos de primera instancia, frente a las cuales la nulidad originada en la sentencia podrá alegarse ante el superior a través del recurso de apelación o mediante sugerencia ad hoc propuesta en esa instancia o, en general,  declarase de oficio por el juez de segunda instancia a lo largo de la misma –como lo expresan el art. 357 y el inciso primero del art. 142: “… o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella.”-..

De otro lado, la nulidad originada en las dos sentencias a que alude el inciso que se comenta no se alega en cualquier oportunidad. Téngase en cuenta que para el momento que indica la norma el proceso ya terminó –en su única o en sus dos instancias-, y bien que esté ejecutoriada o no la providencia, lo cierto es que ya existe la sentencia que pone fin al proceso. En estos casos la ley procesal establece la posibilidad de que las partes aleguen la nulidad, pero “… en la oportunidad y forma consagradas en el inciso 3”, es decir, que no puede proponerse en cualquier momento -como sucede con las sentencias de primera instancia-, sino en los tres eventos a que alude el inciso tercero del mismo art. 142: (...)

La nulidad por no interrupción del proceso en caso de enfermedad grave, deberá alegarse dentro de los cinco días siguientes al en que haya cesado la incapacidad.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339 <338>, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades. La declaración de nulidad sólo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario.

Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo donde ocurran, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores, o por causa legal.

La solicitud se resolverá previo traslado por tres días a las otras partes, cuando el juez considere que no es necesario la práctica de alguna prueba que le haya sido solicitada y no decreta otra de oficio; en caso contrario se tramitará incidente.

La nulidad originaria en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso, podrá alegarse también en la oportunidad y forma consagradas en el inciso 3.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 82 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia

- Numeral 7 declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia No. 64 de 27 de agosto de 1985, Magistrados Ponentes Drs. Manuel Gaona Cruz y Fanny González Franco.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 108; Art. 135; Art. 140; Art. 147; Art. 337; Art. 338; Art. 339; Art. 380; Art. 509

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 134

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 142. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el proceso.

2. Haber conocido del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente.

3. Ser el juez cónyuge o pariente de alguna de las partes, su representante o apoderado dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

4. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados, guardador de cualquiera de las partes.

5. Ser alguna de las partes, su representante o su apoderado, dependiente del juez o administrador de sus negocios.

6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados y cualquiera de las partes, su representante o su apoderado.

7. Existir denuncia penal contra el juez, su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, formulada por alguna de las partes, su representante o su apoderado.

8. Haber formulado el juez, su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, denuncia penal contra una de las partes, su representante o su apoderado, o estar aquel legitimado para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.

9. Existir manifiesta enemistad o amistad íntima, demostradas por hechos inequívocos, entre el juez y alguna de las partes, su representante o su apoderado.

10. Ser el juez, su cónyuge o algunos de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de una persona de derecho público o un establecimiento de crédito.

11. Ser el juez, su cónyuge o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente, socio de alguna de las partes, su representante o su apoderado en sociedad de personas.

12. Haber dado el juez consejo o concepto en las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del ministerio público, perito o testigo.

13. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso.

14. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.

ARTÍCULO 143. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 83 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien no la alegó como excepción previa, habiendo tenido oportunidad para hacerlo.

La parte que alegue una nulidad deberá expresar su interés para proponerla, la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y no podrá promover nuevo incidente de nulidad sino por hechos de ocurrencia posterior.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo, en hechos que pudieron alegarse en excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad, o que se proponga después de saneada.

No podrá alegar la causal de falta de competencia por factores distintos del funcional, quien habiendo sido citado legalmente al proceso no la hubiere invocado mediante excepciones previas.

Tampoco podrá alegar las nulidades previstas en los numerales 5. a 9. del artículo 140, quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla.

Cuando se declare la nulidad por falta de competencia, se procederá como dispone el penúltimo inciso del artículo siguiente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 83 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia

- Inciso final del texto original declarado parcialmente EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 024 del 20 de febrero de 1990, Magistrado Ponente, Dr. Jaime Sanín G..

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 28; Art. 97; Art. 100; Art. 136; Art. 137; Art. 138; Art. 140; Art. 144; Art. 148; Art. 168; Art. 169; Art. 170; Art. 171; Art. 172

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 135

Jurisprudencia Concordante

- Consejo de Estado Acción Popular, Expediente No. 152 de 15 de junio de 2006, C.P. Dr. Martha Sofía Sanz Tobón

Sección Tercera

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 32964 de 22 de marzo de 2007, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernandez Enriquez

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 143. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECUSACIÓN. Podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso o de la actuación para practicar pruebas anticipadas.

No podrá recusar quien haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el magistrado o juez haya asumido su conocimiento, siempre que la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, salvo que al recusante le haya sido imposible conocerla antes, caso en el cual deberá afirmarlo bajo juramente que se entenderá prestado por la presentación del correspondiente escrito.

No habrá lugar a recusación cuando la causal se origine en el cambio de apoderado de una de las partes, a menos que la formule la parte contraria. En este caso, si la recusación prospera, en la providencia que resuelva el incidente se impondrá a quien hizo la designación de apoderado y a éste solidariamente, una multa de quinientos a cinco mil pesos.

No serán recusables los magistrados o jueces que conocen el respectivo incidente, ni los funcionarios comisionados, ni quienes deban dirimir los conflictos de competencia.

ARTÍCULO 144. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 84 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La nulidad se considerará saneada, en los siguientes casos:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente.

2. Cuando todas las partes, o la que tenía interés en alegarla, la convalidaron en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.

3. Cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente.

4. Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

5. Cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del proceso.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Numeral 5 declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-037-98 del 19 de febrero de 1998, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

6. <Numeral INEXEQUIBLE>

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Numeral 6 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-407-97 del 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

6. Cuando un asunto que debía tramitarse por el proceso especial se tramitó por el ordinario y no se produjo la correspondiente adecuación de trámite en la oportunidad debida.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> No podrán sanearse las nulidades de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140, salvo el evento previsto en el numeral 6 anterior, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte tachado  declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-407-97 del 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 84 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Constitución Política; Art. 29

Código de Procedimiento Civil; Art. 97; Art. 100; Art. 138; Art. 140; Art. 143; Art. 145; Art. 169

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 136

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 144. FORMULACIÓN Y TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN. La recusación se propondrá ante el juez del conocimiento o del magistrado ponente, con expresión de la causal alegada y los hechos en que se funde. En el mismo escrito se pedirán las pruebas que se pretenda hacer valer.

Cuando el juez recusado acepte los hechos y la procedencia de la causal, en la misma providencia se declarará separado del proceso y ordenará su envío a quien deba reemplazarlo.. Pero si no admite como ciertos los hechos alegados por el recusante, o considera que no están comprendidos en ninguna de las causales de recusación, remitirá el expediente al superior. En ambos casos se decidirá el incidente previo el trámite señalado en el artículo 141.

La recusación de magistrado o conjuez se resolverá por la sala respectiva, con exclusión del recusado. Si éste fuere el ponente, el magistrado que lo siga en turno sustanciará el incidente.

El recusado deberá informar si son o no ciertos los hechos afirmados por el recusante; en el primer caso, si se tratare de una causa legal, la sala lo declarará separado del conocimiento, en el segundo caso, el incidente se resolverá mediante el trámite previsto en el artículo 137.

Siempre que se declare procedente la recusación de un magistrado, en el mismo auto se ordenará que sea sustituido por quien deba reemplazarlo.

En el incidente de recusación el recusado no es parte, y las providencias que en él se dicten no son susceptibles de ningún recurso.

ARTÍCULO 145. DECLARACION OFICIOSA DE LA NULIDAD. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 85 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que se le notificará como se indica en los numerales 1. y 2. del artículo 320. Si dentro de los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará.

Jurisprudencia Vigencia

- Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-449-95 del 4 de octubre de 1995, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 85 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 37; Art. 140; Art. 144; Art. 146; Art. 147; Art. 320; Art. 357; Art. 358

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 145. JUEZ O MAGISTRADO QUE DEBE REEMPLAZAR AL IMPEDIDO O RECUSADO. El juez que deba separarse del conocimiento de un proceso por impedimento o recusación, será reemplazado por el del mismo ramo y categoría que le siga en turno, atendido el orden numérico y a falta de éste por uno ad hoc que designará el tribunal.

El magistrado o conjuez impedido o recusado será reemplazado por el que siga en turno, o por un conjuez si no fuere posible integrar la sala por ese medio.

ARTÍCULO 146. EFECTOS DE LA NULIDAD DECLARADA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 86 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-037-98 del 19 de febrero de 1998, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse, y condenará en costa a la parte que dio lugar a ella.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 86 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 37; Art. 140; Art. 145; Art. 169; Art. 170; Art. 171; Art. 392  

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 138

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 146. SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN. El proceso se suspenderá desde que el magistrado, conjuez o juez se declare impedido o reciba el escrito de recusación, hasta cuando haya sido resuelto el incidente, sin que por ello se afecte la validez de los actos surtidos con anterioridad.

ARTÍCULO 147. APELACIONES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 87 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El auto que decrete la nulidad de todo el proceso, o de una parte del mismo sin la cual no fuere posible adelantar el trámite de la instancia, será apelable en el efecto suspensivo. El que decrete la nulidad de una parte del proceso que no impida la continuación del trámite de la instancia, lo será en el efecto diferido.

Cuando se alegue nulidad dentro del trámite de un incidente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 139.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 87 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Autor

- El auto que niega la declaratoria de una nulidad también es apelable de acuerdo con lo establecido en el artículo 351 numeral 4, en este caso la alzada se cumplirá en el efecto devolutivo.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 138; Art. 139; Art. 140; Art. 141; Art. 142; Art. 145; Art. 350; Art. 351; Art. 354

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 147. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DE LOS SECRETARIOS. Los secretarios están impedidos y pueden ser recusados en la misma oportunidad y por las mismas causales que los jueces.

De los impedimentos y recusaciones de los secretarios conocerá el juez o el magistrado ponente.

Manifestado el impedimento o formulada la recusación actuará como secretario el oficial mayor si lo hubiere, y en su defecto, un secretario ad hoc, designado por la Sala o el juez que seguirá actuando si prospera la recusación. En este caso, el incidente no suspende el curso del proceso.

TÍTULO XII.

CONFLICTOS DE COMPETENCIA, IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES, ACUMULACION DE

PROCESOS, AMPARO DE POBREZA, INTERRUPCION Y SUSPENSION DEL PROCESO

CAPÍTULO I.

CONFLICTOS DE COMPETENCIA

ARTÍCULO 148. TRAMITE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente dentro de la misma jurisdicción. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente, solicitará que el conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, a la que enviará la actuación. Estas decisiones serán inapelables.

El juez no podrá declararse incompetente cuando las partes no alegaron la incompetencia, en los casos del penúltimo inciso del artículo 143.

El juez que reciba el negocio no podrá declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jerárquico o por la Corte Suprema de Justicia.

Recibido el expediente, el juez o tribunal que deba dirimir el conflicto dará traslado a las partes por el término común de tres días, a fin de que presenten sus alegaciones; las pruebas pedidas durante dicho término o decretadas de oficio, se practicarán en los seis días siguientes. Vencido el término del traslado o el probatorio, en su caso, se resolverá el conflicto y en el mismo auto se ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitarlo.

El auto que decida el conflicto no es susceptible de recursos y se notificará al demandado, junto con el que admitió la demanda, si éste no le hubiere sido notificado.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Último inciso, subrayado, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-037-98 del 19 de febrero de 1998, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 28; Art. 29; Art. 99-8; Art. 143; Art. 144; Art. 623; Art. 624

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 139

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 148. SANCIONES AL RECUSANTE. Cuando una recusación se declare no probada, en el mismo auto se condenará al recusante a pagar una multa de quinientos a cinco mil pesos sin perjuicio de las costas.  

CAPÍTULO II.

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

ARTÍCULO 149. DECLARACION DE IMPEDIMENTOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los magistrados, jueces y conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta.

El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra la causal configurada y procedente asumirá por auto su conocimiento; en caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva sobre la legalidad del impedimento.

Si el superior encuentra fundado el impedimento, enviará el expediente al juez que debe reemplazar al impedido; si lo considera infundado, lo devolverá al juez que venía conociendo de él.

El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del magistrado que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que ésta resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el negocio al magistrado que deba reemplazarlo, o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez si hubiere lugar a ello.

El auto en que se manifieste el impedimento, el que lo decida y el que disponga el envío del expediente, no son susceptibles de recurso alguno.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-019-96 del 23 de enero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 42; Art. 135; Art. 140; Art. 152; Art. 153; Art. 154; Art. 163; Art. 170; Art. 235

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 140

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 149. PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN. Podrán acumularse dos o más procesos especiales de igual procedimiento o dos o más ordinarios, a petición de quien sea parte en cualquiera de ellos, siempre que se encuentren en la misma instancia:

1.Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.

Sin embargo, los procesos de ejecución en que se persiga exclusivamente la cosa hipotecada o dada en prenda, sólo son acumulables a otros de igual naturaleza.

2.Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos hechos salvo que tengan el carácter de previas.

ARTÍCULO 150. CAUSALES DE RECUSACION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el proceso.

2. Haber conocido del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente.

3. Ser el juez, cónyuge o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

4. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados, guardador de cualquiera de las partes.

5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.

6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus pariente indicados en el numeral 3., y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.

7. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal contra el juez, su cónyuge, o pariente en primer grado de consanguinidad, antes de iniciarse el proceso, o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Expresión "su cónyuge" declarada CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, bajo el entendido que comprenden también al compañero o compañera permanente; y la expresión “o pariente en primer grado de consanguinidad” declarada CONDICIONALMENTE exequible, en el entendido que incluyen también  a los parientes en el grado primero civil (hijo e hija adoptivos y padre o madre adoptantes); por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-600-11 de 10 de agosto de 2011, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

- Numeral 7o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-365-00 del 29 de marzo de 2000, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

8. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> Haber formulado el juez, su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, denuncia penal contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquéllos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Expresión "su cónyuge" declarada CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, bajo el entendido que comprenden también al compañero o compañera permanente; y la expresión “o pariente en primer grado de consanguinidad” declarada CONDICIONALMENTE exequible, en el entendido que incluyen también  a los parientes en el grado primero civil (hijo e hija adoptivos y padre o madre adoptantes); por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-600-11 de 10 de agosto de 2011, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

9. Existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución de la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Numeral 9o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-365-00 del 29 de marzo de 2000, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

10. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Expresión "su cónyuge" declarada CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, bajo el entendido que comprenden también al compañero o compañera permanente,  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-600-11 de 10 de agosto de 2011, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

11. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Expresión "su cónyuge" declarada CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, bajo el entendido que comprenden también al compañero o compañera permanente,  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-600-11 de 10 de agosto de 2011, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.

13. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredado o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Expresión "su cónyuge" declarada CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, bajo el entendido que comprenden también al compañero o compañera permanente,  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-600-11 de 10 de agosto de 2011, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

14. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Expresión "su cónyuge" contenida en el numeral 14, declarada CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, bajo el entendido que comprenden también al compañero o compañera permanente,  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-600-11 de 10 de agosto de 2011, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-331-13 de 5 de junio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 42; Art. 90; Art. 140; Art. 150; Art. 151; Art. 152; Art. 155; Art. 156; Art. 163; Art. 169; Art. 170; Art. 235

Código Civil; Art. 2142  

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 141

Ley 1380 de 2010; Art. 12 Inc. 2o.  

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 150. COMPETENCIA. Del incidente de acumulación conocerá el juez que tramita el proceso más antiguo o el que primero practicó el embargo de bienes, según fuere el caso; pero si alguno de ellos se tramita ante un juez de mayor jerarquía, éste será el competente. La antigüedad se determinará por la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda.

En los tribunales, el incidente será resuelto por la sala de decisión a que pertenezca el magistrado que fuere ponente en el proceso más antiguo.

Quien decrete la acumulación aprehenderá el conocimiento de los procesos reunidos.

ARTÍCULO 151. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECUSACION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso, de la ejecución de la sentencia, de la complementación de la condena en concreto de la actuación para practicar pruebas o medidas cautelares anticipadas.

No podrá recusar quien, sin formular la recusación, haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano.

No habrá lugar a recusación cuando la causal se origine por cambio de apoderado de una de las partes, a menos que la formule la parte contraria. En este caso, si la recusación prospera, en la misma providencia se impondrá en quien hizo la designación y al designado, solidariamente, una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales.

No serán recusables, ni podrán declararse impedidos, los magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación, ni los que deben dirimir los conflictos de competencia, ni los funcionarios comisionados.

Cuando la recusación se base en causal diferente a las contenidas en el artículo 150, el juez debe rechazarla de plano.

En los casos en que procede el rechazo, el auto que así lo disponga no tiene recurso alguno.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-019-96, mediante Sentencia C-818-12 de 18 de octubre de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-019-96, mediante Sentencia C-876-03 de 30 de septiembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-019-96 del 23 de enero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 18; Art. 23; Art. 29; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 36; Art. 37; Art. 38; Art. 39; Art. 40; Art. 41; Art. 42; Art. 43; Art. 44; Art. 45; Art. 46; Art. 47; Art. 48; Art. 49; Art. 50; Art. 65; Art. 66; Art. 140; Art. 154; Art. 155; Art. 156; Art. 170; Art. 235; Art. 294; Art. 301; Art. 308; Art. 335; Art. 394

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 142

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 151. TRÁMITE DEL INCIDENTE. El peticionario expresará las razones en que se funda, y si los procesos cursan en distintos juzgados o tribunales acompañará un certificado sobre la existencia del que pretenda acumular, la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda o dela práctica del primer embargo, y el estado en que se halle, con indicación del nombre de las partes y de sus apoderados, e inserción del texto de la demanda.

Cuando los procesos curen en el mismo despacho, el secretario pasará la petición junto con los expedientes al juez, o al magistrado ponente del más antiguo. Pero si cursan en diferentes despachos, el juez o magistrado ante quien se pida la acumulación oficiará al que conoce del otro proceso, para que se lo remita, previa citación de las partes, a menos que la instancia se encuentre definida, caso en el cual, el funcionario requerido informará del hecho a quien le envío la solicitud.

El proceso en que se pida la acumulación se suspenderá desde que se promueva el incidente, hasta que éste se decida.

Reunidos los expedientes, de la solicitud de acumulación se dará traslado a las partes por el término común de tres días vencido el cual se decidirá el incidente.

Negada la acumulación, se condenará al solicitante a pagar sendas multas de quinientos a mil pesos a favor de la parte contraria y de las partes en los demás procesos, sin perjuicio de las costas.

Decretada la acumulación, los procesos continuarán tramitándose conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia, con suspensión del más adelantado, hasta que el otro se encuentre en el mismo estado.

ARTÍCULO 152. FORMULACION Y TRAMITE DE LA RECUSACION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88. La recusación se propondrá ante el juez del conocimiento o el magistrado ponente, con expresión de la causal alegada, de los hechos en que se fundamente y de las pruebas que se pretenda hacer valer.

Si la causal alegada es la del numeral 7 del artículo 150, deberá acompañarse la prueba correspondiente.

Cuando el juez recusado acepte los hechos y la procedencia de la causal, en la misma providencia se declarará separado del proceso o trámite, ordenará su envío a quien debe reemplazarlo, y se aplicará lo dispuesto en el artículo 149. Si no acepta como ciertos los hechos alegados por el recusante, o considera que no están comprendidos en ninguna de las causales de recusación, remitirá el expediente al superior, quien decidirá de plano, si considera que no se requiere la práctica de pruebas; en caso contrario, decretará las medidas que considere necesarias y las que de oficio estime convenientes, y otorgará el término de diez días o fijará fecha y hora para audiencia con el fin de practicarlas, cumplido lo cual pronunciará su decisión.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, "... por las razones expuestas en esta Sentencia", mediante Sentencia C-390-93 del 16 de septiembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

La recusación de un magistrado o conjuez la resolverá el que le siga en turno en la respectiva sala, con observancia de lo dispuesto en el inciso anterior, en cuanto fuere procedente.

Si se recusa simultáneamente a más de un magistrado de una sala, cada uno de ellos deberá actuar como se indica en el inciso tercero, en cuanto fuere procedente.

Corresponderá al magistrado que no fue recusado tramitar y decidir la recusación.

Si se recusa a todos los magistrados de una sala de decisión, cada uno de ellos deberá proceder como se indica en el inciso tercero, siguiendo el orden alfabético de apellidos. Cumplido esto, corresponderá al magistrado de la siguiente sala de decisión, por orden alfabético de apellidos, tramitar y decidir la recusación.

Si no existe otra sala de decisión, corresponderá conocer de la recusación al magistrado de la sala laboral a quien por reparto se le asigne. Si no existe dicha sala, conocerá de aquélla el magistrado de la sala penal a quien por reparto le corresponda.

Cuando se aleguen causales de recusación que existan en el mismo momento contra varios magistrados del tribunal superior o de la sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, deberá formularse simultáneamente la recusación de todos ellos, y si así no se hiciere se rechazarán de plano las posteriores recusaciones.

Siempre que se declare procedente la recusación de un magistrado, en el mismo auto se ordenará que sea sustituido por quien deba reemplazarlo.

En el trámite de la recusación el recusado no es parte, y las providencias que se dicten no son susceptibles de recurso alguno.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, "... por las razones expuestas en esta Sentencia", mediante Sentencia C-390-93 del 16 de septiembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

La actuación del funcionario, anterior a la recusación propuesta o a su declaración de estar impedido, es válida.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Último inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-037-98 del 19 de febrero de 1998, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Corte Suprema de Justicia

 - Artículo declarado parcialmente EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 043 del 5 de junio de 1986, Magistrado Ponente, Dr. Fabio Morón Díaz.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 34; Art. 109; Art. 140; Art. 149; Art. 150; Art. 153; Art. 154; Art. 156; Art. 163; Art. 170; Art. 235; Art. 433; Art. 437; Art. 440

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 143

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 152. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando corresponde a distinta jurisdicción.

2. Cuando el juez carece de competencia.

3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior o revive procesos legalmente concluidos o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

4. Cuando se sigue un procedimiento distinto del que legalmente corresponda.

5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o suspensión y antes de la oportunidad para reanudarlo.

6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión.

7. Cuando es indebida la representación de las partes.

Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda, o su emplazamiento.

9. Cuando no se practica en legal forma la notificación o el emplazamiento de las demás personas que deban ser citadas como parte, aunque sean indeterminadas, o de aquellas que hayan de suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al ministerio público en los casos de la ley.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta que la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia.

Las demás irregularidades del proceso se tendrán por saneadas si no se reclaman oportunamente por medio de los recursos que este código establece.

ARTÍCULO 153. JUEZ O MAGISTRADO QUE DEBE REEMPLAZAR AL IMPEDIDO O RECUSADO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El Juez que deba separarse del conocimiento por impedimento o recusación, será reemplazado por el mismo ramo y categoría que le siga en turno, atendiendo el orden numérico, y a falta de éste por el juez civil o promiscuo de igual categoría o de otra rama que determine el tribunal superior del respectivo distrito. En el último caso, si desaparece la causal invocada en contra del funcionario, volverá a éste el conocimiento del asunto.

El magistrado o conjuez impedido o recusado será reemplazado por el que siga en turno, o por un conjuez si no fuere posible integrar la sala por ese medio.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 149; Art. 152

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 144

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 153. NULIDADES EN PROCESOS DE EJECUCIÓN Y EN LOS QUE HAYA REMATE DE BIENES.  En los procesos de ejecución son también causales de nulidad:

1. Librar o seguir ejecución después de la muerte del deudor, sin que se haya cumplido el trámite prescrito por el artículo 1434 del Código Civil.

2. La falta de las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, siempre que se alegue antes de la ejecutoria del auto que lo aprueba.  Esta nulidad sólo afectará el remate y se aplica a todos los procesos en que haya remate de bienes.

ARTÍCULO 154. SUSPENSION DEL PROCESO POR IMPEDIMENTO O RECUSACION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El proceso se suspenderá desde que el funcionario se declare impedido o se reciba en la secretaría el escrito de la recusación, hasta cuando hayan sido resueltos, sin que por ello se afecte la validez de los actos surgidos con anterioridad.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Primer inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-037-98 del 19 de febrero de 1998, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Cuando se hubiere señalado fecha para una audiencia o diligencia, ésta sólo se suspenderá si la recusación se presenta por lo menos cinco días antes de su celebración.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 101; Art. 109; Art. 140; Art. 149; Art. 150; Art. 151; Art. 152; Art. 155; Art. 170; Art. 171; Art. 172; Art. 173

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 145

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 154. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE.  Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta, y la solicitud se tramitará como incidente.

La parte indebidamente representada o que no fue legalmente notificada o emplazada, podrá alegar dicha nulidad mediante recurso de revisión, o en la ejecución, de la sentencia, como excepción en el proceso ejecutivo, o como incidente en los demás casos.  La declaración de nulidad sólo beneficiará entonces a quien la haya invocado.

La nulidad originada en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso, podrá alegarse también en la oportunidad y forma consagradas en el inciso anterior.

ARTÍCULO 155. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DE LOS SECRETARIOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los secretarios están impedidos y pueden ser recusados en la misma oportunidad y por las causales señaladas para los jueces, salvo las de los numerales 2. y 12.

De los impedimentos y recusaciones de los secretarios conocerá el juez o el magistrado ponente.

Aceptado el impedimento o formulada la recusación, actuará como secretario el oficial mayor, si lo hubiere, y en su defecto la sala o el juez designará un secretario ad hoc, quien seguirá actuando si prospera la recusación. Los autos que decidan el impedimento o la recusación no tienen recurso alguno. En este caso la recusación no suspende el curso del proceso.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-019-96 del 23 de enero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 150; Art. 151; Art. 152; Art. 153; Art. 154; Art. 156; Art. 351, num. 4º

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 146

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 155. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD.  No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina.

La parte que alegue una nulidad deberá expresar su interés para proponerla, la causal invocada y los hechos en que se funda, y no podrá promover nuevo incidente de nulidad, sino por hechos de ocurrencia posterior.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos anteriores a la oportunidad de excepciones previas o a incidente ya decidido, o que se proponga después de allanada.

No podrá alegar la falta de competencia territorial, quien haya actuado en el proceso sin alegarla en excepciones previas y durante el traslado de la demanda, ni en los casos de los numerales 5, 6 y 9 del artículo 152 quien haya actuado con posterioridad en el procesos sin proponerla.

ARTÍCULO 156. SANCIONES AL RECUSANTE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando una recusación se declare no probada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposición, en el mismo auto se condenará al recusante y al apoderado de este, solidariamente, a pagar una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que haya lugar.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 794 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.058 de 9 de enero de 2003.

El artículo 70 de la Ley 794 de 2003 establece: "La presente ley entrará a regir tres (3) meses después de su promulgación"

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- El fallo contenido en la Sentencia C-390-93 fue reiterado por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-019-96 del 23 de enero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional, "... por las razones expuestas en esta Sentencia", mediante Sentencia C-390-93 del 16 de septiembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 150; Art. 151; Art. 152; Art. 153; Art. 154; Art. 156; Art. 394

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 147

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989:

ARTÍCULO  156. Cuando una recusación se declare no probada, en el mismo auto se condenará al recusante y al apoderado de éste, solidariamente, a pagar una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que haya lugar.

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTICULO 156. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD.  La nulidad se considerará saneada, en los siguientes casos:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente.

2. Cuando todas las partes, o la que tenía interés en alegarla, la convalidaron en forma expresa antes de haber sido repuesta la actuación anulada.

3. Cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente.

4. Cuando a pesar del vicio del acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

Allanada la nulidad por incompetencia del juez, se remitirá el expediente a quien deba continuar tramitándolo.

No podrá sanearse la nulidad proveniente de falta de jurisdicción.

CAPÍTULO III.

ACUMULACION DE PROCESOS

ARTÍCULO 157. PROCEDENCIA DE LA ACUMULACION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Podrán acumularse dos o más procesos especiales de igual procedimiento o dos o más ordinarios*, a petición de quien sea parte en cualquiera de ellos, siempre que se encuentren en la misma instancia:

Notas de Vigencia

* Las referencias al proceso ordinario y al proceso abreviado, contenidas en este  Código, deberán entenderse hechas al proceso verbal, según lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

1. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.

2. Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos hechos, salvo que aquéllas tengan el carácter de previas.

3. Cuando existan varios procesos de ejecución en los cuales se persiga exclusivamente la misma cosa hipotecada o dada en prenda.

4. cuando en los procesos de que trata el numeral anterior, todos los acreedores que hayan concurrido convengan en que se acumulen a un ejecutivo quirografario que contra el mismo deudor se adelante por otros acreedores.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 20; Art. 66; Art. 82; Art. 97; Art. 170; Art. 433; Art. 508; Art. 540; Art. 541; Art. 559; Art. 622

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 148

Jurisprudencia Concordante

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 28773 de 19 de julio de 2006, C.P. Dr. Ruth Stella Correa Palacio

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 157.  DECLARACIÓN OFICIOSA DE NULIDAD.  En cualquier estado del proceso, antes de dictar sentencia, el juez o magistrado podrá declarar las nulidades que observe y que no se hayan saneado.  Si la nulidad fuere allanable, el juez ordenará ponerla en conocimiento de la parte interesada, por autor que se notificará a ésta en la forma indicada en el artículo 205.  Si dentro de los tres días siguientes al de la notificación, dicha parte la allana, el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará.

ARTÍCULO 158. COMPETENCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> De la solicitud de acumulación conocerá el juez que tramite el proceso más antiguo o el del proceso donde primero se practicaron medidas cautelares, según fuere el caso; pero si alguno de ellos se tramita ante un juez de mayor jerarquía, éste será el competente. La antigüedad se determinará por la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, del mandamiento ejecutivo, o de la práctica de las medidas cautelares.

En los tribunales, la solicitud será resuelta por el magistrado ponente de la sala que conoce del proceso más antiguo.

Quien decrete la acumulación aprehenderá el conocimiento de los procesos reunidos.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 21; Art. 29; Art. 135; Art. 351, num. 4º; Art. 541; Art. 549; Art. 622

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 149

Jurisprudencia Concordante

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 28773 de 19 de julio de 2006, C.P. Dr. Ruth Stella Correa Palacio

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 158.  EFECTOS DE LA NULIDAD DECLARADA.  La nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste.

El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse, y condenará en costas a la parte que dio lugar a ella.

ARTÍCULO 159. TRAMITE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El solicitante expresará las razones en que se apoya, y si los otros procesos cursan en distintos despachos judiciales, acompañará certificados sobre la existencia de ellos y el estado en que se encuentran, así como de la fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo a cada uno de los demandados; también copia de la demanda, del escrito de excepciones de mérito contra aquélla y, si fuere el caso, de las medidas cautelares.

Cuando los procesos cursen en el mismo despacho, el secretario pasará la solicitud junto con los expedientes al juez o al magistrado ponente del más antiguo. Pero si cursan en diferentes despachos, el juez o magistrado ante quien se pida la acumulación la rechazará de plano si de la certificación y de la copia de la demanda aparece que la acumulación no es viable; de lo contrario, oficiará al que conoce de los otros procesos, para que los remita, previa citación de las partes, a menos que la instancia haya terminado, caso en el cual el funcionario requerido informará del hecho a quien le envió la solicitud.

El proceso en que se pide la acumulación se suspenderá desde que se presenta la solicitud, hasta que ésta se decida.

Reunidos los expedientes, el juez decidirá sobre su acumulación. Negada ésta, se condenará al solicitante y a su apoderado a pagar sendas multas de cinco a diez salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las costas.

Decretada la acumulación, los procesos continuarán tramitándose conjuntamente, con suspensión del más adelantado hasta que el otro se encuentre en el mismo estado, y se decidirán en la misma sentencia.

El auto que rechace de plano, niegue o decrete la acumulación, es apelable. Si el superior revoca el auto que decretó la acumulación, será válida la actuación del inferior subsiguiente al auto revocado.

Jurisprudencia Vigencia

- Último inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-037-98 del 19 de febrero de 1998, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 66; Art. 116; Art. 140; Art. 170; Art. 262; Art. 351; Art. 354; Art. 392; Art. 394; Art. 541; Art. 622

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 150

Jurisprudencia Concordante

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 28773 de 19 de julio de 2006, C.P. Dr. Ruth Stella Correa Palacio

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 159.  APELACIONES.  El auto que declare una nulidad en primera instancia es apelable en el efecto suspensivo, y el que la niegue en el devolutivo.

CAPÍTULO IV.

AMPARO DE POBREZA

ARTÍCULO 160. PROCEDENCIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Se concederá el amparo de pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 105; Art. 167; Art. 433

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 151

Ley 1394 de 2010; Art. 4o. Inc. 2o.  

Ley 446 de 1998; Art. 149; Art. 150;Art. 151;Art. 152;Art. 153;Art. 154;Art. 155;Art. 156;Art. 157;Art. 158;Art. 159;Art. 160;Art. 161

Jurisprudencia Concordante

(...) no podrán valorarse los estados financieros adjuntados con la solicitud de amparo de pobreza, en atención a que no se aportó la certificación establecida en el artículo 37 de la ley 222 de 1995. No obstante, el solicitante allegó con el recurso de apelación la declaración de renta (...) de la que se colige que los pasivos de la empresa superan ampliamente su patrimonio, e igualmente (...) la perdida líquida del ejercicio (...). Ahora bien, en aras de garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia, se valorará este documento, comoquiera que con fundamento en el mismo se encuentra  acreditada la incapacidad del solicitante para sufragar los gastos del proceso, sin que ello suponga la violación de la contradicción que no se hace necesaria en esta instancia del proceso, en cuanto la solicitud se presentó de manera previa a la demanda, por tanto, no hay contradictor. "

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 160.  PROCEDENCIA.  Se concederá el amparo de pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimento salvo cuando pretenda a hacer valer un derecho adquirido por cesión.

ARTÍCULO 161. OPORTUNIDAD, COMPETENCIA Y REQUISITOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.

El solicitante deberá afirmar bajo juramento, que se considera prestado por la presentación de la solicitud, que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente <160>, y si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado.

Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra al proceso y actúe por medio de apoderado, y el término para contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deberá presentar, simultáneamente, la contestación de aquélla, el escrito de intervención y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado, el término para contestar la demanda o para comparecer se suspenderá hasta cuando éste acepte el encargo.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 75; Art. 80; Art. 84; Art. 92; Art. 105; Art. 137; Art. 212

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 152

Jurisprudencia Concordante

"...la Sala advertir que si bien se ha aceptado la procedencia de la solicitud de amparo de pobreza en los procesos laborales, en virtud del principio de aplicación analógica contenido en el artículo 145 del CPL., el cual está orientado a asegurar a las personas de escasos recursos la defensa de sus derechos, de manera que puedan acceder a la administración de justicia en los términos del artículo 229 de la Carta Política, eximiéndolos de las cargas económicas que tienen que afrontar las partes en la solución de los conflictos jurídicos; también se ha dicho que no es posible concederlo por primera vez en el recurso extraordinario de casación, sino que necesariamente debe ser otorgado en las instancias, en salvaguarda del debido proceso, en obedecimiento de los artículos 65 del CPTSS y 162 del CPC, que consagran como apelable el auto que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida y el que niega el amparo, respectivamente."

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 161.  OPORTUNIDAD, COMPETENCIA Y REQUISITOS. El amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.

La solicitud se formulará en papel común, y se tramitará como incidente ante el tribunal o juez que deba conocer o esté conociendo del proceso.

El solicitante deberá afirmar bajo juramento, que se considera prestado por la presentación de la solicitud, que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado y en papel común.

Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra al proceso y actúe por medio de apoderado, y si el término para contestar la demanda o comparecer no ha vencido, el solicitante deberá presentar simultáneamente en papel común, la contestación a aquella o el escrito de intervención; pero si fuere el caso de designarle apoderado, el término para contestar la demanda o para comparecer se suspenderá hasta cuando éste se posesione.

ARTÍCULO 162. TRAMITE. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se presente junto con la demanda, la solicitud de amparo se resolverá en el auto admisorio de aquélla.

En la providencia en que se deniegue el amparo, se impondrá al solicitante una multa de un salario mínimo mensual.

El auto que niega el amparo es apelable, e inapelable el que lo conceda.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 86; Art. 351; Art. 354; Art. 394

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 153

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 162. TRÁMITE. cuando la solicitud de amparo se presente junto con la demanda, se dará curso al incidente antes de proveer sobre la admisión de ésta.

En la misma providencia en que se deniegue el amparo, se impondrá una multa de cien a mil pesos al solicitante, quien no será oído en el proceso sino después de que haya consignado en estampillas de timbre nacional el doble de los derechos fiscales de que haya estado exento y pague los demás gastos que le correspondía hacer.

El auto que niega el amparo es apelable en el efecto diferido y el que lo concede es inapelable.

ARTÍCULO 163. EFECTOS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas.

En la providencia que conceda el amparo, el juez designará el apoderado que represente en el proceso al amparado, salvo que éste lo haya designado por su cuenta. Las designaciones de auxiliares de la justicia estarán sujetas en estos casos a rotación especial.

Con tal fin la Corte, los tribunales y jueces elaborarán cada bienio, en el mes de febrero, una lista de los abogados que ejerzan habitualmente la profesión ante los respectivos despachos.

Cuando en el lugar hubiere varios juzgados de igual categoría, la lista será la misma para todos y los jueces obrarán de consuno para elaborarla. La designación de dichos apoderados se hará a la suerte entre los abogados incluidos en la lista, debiéndose excluir en los nuevos sorteos a quienes hayan ejercido el cargo anteriormente, mientras no se agote la lista.

El cargo de apoderado será de forzoso desempeño y el designado deberá manifestar su aceptación o presentar prueba del motivo que justifique su rechazo, dentro de los tres días siguientes a la notificación personal del auto que lo designe; si no lo hiciere, incurrirá en falta a la debida diligencia profesional, sancionable en todo caso con multa de cinco salarios mínimos mensuales y se le reemplazará.

Si el apoderado no reside en el lugar donde deba tramitarse la segunda instancia o el recurso de casación, el funcionario correspondiente designará el que deba sustituirlo.

Están impedidos para apoderar al amparado los abogados que se encuentren en relación con la parte contraria, en alguno de los casos de impedimento de los jueces, o que tenga con aquél enemistad anterior a la designación. El impedimento deberá manifestarse bajo juramento, que se considerará prestado con el escrito respectivo, dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que haga la designación.

Salvo que el juez rechace la solicitud de amparo su presentación antes de la demanda interrumpe la prescripción que corría contra quien la formula e impide que ocurra la caducidad, siempre que la demanda se presente dentro de los treinta días siguientes a la aceptación del apoderado que el juez designe y se cumpla lo dispuesto en el artículo 90.

El amparado gozará de los beneficios que en este artículo se consagran, desde la presentación de la solicitud.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Notas del Editor

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 22 del Decreto 2303 de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 39.013, del 7 de octubre de 1989, el cual establece: "Lo dispuesto en el artículo 163 del Código de Procedimiento Civil sobre designación de apoderado, se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los artículo 4o. del Decreto Extraordinario 508 de 1974, 24 de la Ley 89 de 1890, 3Ao., letra o, de la Ley 81 de 1958, 13 y 30 del presente Decreto."

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 63; Art. 80; Art. 90; Art. 149; Art. 150; Art. 239; Art. 387; Art. 388; Art. 389; Art. 390; Art. 391; Art. 392; Art. 393

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 163. EFECTOS. El amparado por pobre actuará en papel común, no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas. Las designaciones de auxiliares de la justicia estarán sujetas en estos casos a rotación especial.

En la providencia que conceda el amparo, el juez designará el apoderado que represente en el proceso al amparado, salvo que éste lo haya designado por su cuenta.

A tal fin la Corte, los tribunales y jueces elaborarán cada bienio, en el mes de febrero, una lista de los abogados que ejerzan habitualmente la profesión ante los respectivos despachos. Cuando en el lugar hubiere varios juzgados de igual categoría, la lista será la misma para todos y los jueces obrarán de consuno para elaborarla. La designación de dichos apoderados se hará a la suerte entre los abogados incluidos en la lista, debiéndose excluir en los nuevos sorteos, a quienes hayan ejercido el cargo anteriormente, mientras no se agote la lista.

El cargo de apoderado será de forzosa aceptación y el designado deberá posesionarse dentro de los tres días siguientes a la notificación personal del auto que lo designe, y si no lo hiciere será reemplazado.

Si el apoderado no reside en el lugar donde deba seguirse la segunda instancia o el recurso de casación, el funcionario correspondiente designará el que deba sustituirlo.

Están impedidos para apoderar al amparado, los abogados que se encuentren en relación con la parte contraria, en alguno de los casos de impedimento de los jueces, o que tengan con aquel enemistad anterior a la designación. El impedimento deberá manifestarse por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación personal del auto que haga la designación, y al respectivo escrito se acompañará prueba siquiera sumaria del hecho que lo constituye.

Salvo que el juez rechace la solicitud de amparo, su presentación antes de la demanda interrumpe la prescripción que corría contra el solicitante, siempre que dicha demanda se presente dentro de los treinta días siguientes a la posesión del apoderado que el juez designe.

El amparado gozará de los beneficios en que este artículo se consagran, desde la presentación de la solicitud.

ARTÍCULO 164. REMUNERACION DEL APODERADO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Al apoderado corresponden las agencias en derecho que el juez señale a cargo de la parte contraria.

Si el amparado obtiene provecho económico por razón del proceso, deberá pagar al apoderado el veinte por ciento de tal provecho si el proceso fuere ordinario* y el diez por ciento en los demás casos, con deducción de lo que éste hubiere recibido por concepto de agencias en derecho. El juez regulará los honorarios de plano, o por incidente cuando fuere necesario.

Notas de Vigencia

* Las referencias al proceso ordinario y al proceso abreviado, contenidas en este  Código, deberán entenderse hechas al proceso verbal, según lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

Si el amparado constituye apoderado, el que designó el juez podrá pedir la regulación de sus honorarios, como dispone el artículo 69, una vez concluido el proceso.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 66; Art. 69; Art. 135; Art. 165; Art. 186; Art. 392; Art. 393

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 155

ARTÍCULO 165. FACULTADES Y RESPONSABILIDAD DEL APODERADO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El apoderado que designe el juez tendrá las facultades de los curadores ad litem y las que el amparado le confiera, y podrá sustituir por su cuenta y bajo su responsabilidad la representación del amparado en otro abogado inscrito.

El incumplimiento de sus deberes profesionales o la exigencia de mayores honorarios de los que le correspondan, constituye faltas graves contra la ética profesional; que el juez las pondrá en conocimiento de la autoridad competente, al que le enviará las copias pertinentes.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 46; Art. 65; Art. 68; Art. 70; Art. 71; Art. 164

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 156

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 165. FACULTADES Y RESPONSABILIDAD DEL APODERADO. El apoderado que designe el juez tendrá las facultades de los curadores ad litem, y las que el amparado le confiera, y podrá sustituir por su cuenta y bajo su responsabilidad la representación del amparado en otro abogado inscrito.

La falta de posesión del apoderado, el incumplimiento de sus deberes profesionales o la exigencia de mayores honorarios de los que le corresponda, constituyen faltas graves contra la ética profesional, que el juez pondrá en conocimiento del Tribunal del respectivo distrito, a quien enviará las copias pertinentes.

ARTÍCULO 166. REMUNERACION DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> El juez fijará los honorarios de los auxiliares de la justicia conforme a la reglas generales, los que serán pagados por la parte contraria si fuere condenada en costas, una vez ejecutoriada la providencia que las imponga.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 8; Art. 388; Art. 392; Art. 393

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 157

ARTÍCULO 167. TERMINACION DEL AMPARO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> A solicitud de parte, en cualquier estado del proceso podrá declararse terminado el amparo de pobreza, si se prueba que han cesado los motivos para su concesión. A la misma se acompañarán las pruebas correspondientes, y será resuelta previo traslado de tres días a la parte contraria, dentro de los cuales podrá ésta presentar y pedir pruebas; el juez practicará las pruebas que considere necesarias dentro de los diez días siguientes. En caso de que la solicitud no prospere, al peticionario y a su apoderado se les impondrá sendas multas de uno a dos salarios mínimos mensuales.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 137; Art. 160; Art. 351, num. 4º; Art. 394; Art. 440

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 158

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 167. TERMINACIÓN DEL AMPARO. A solicitud de parte, en cualquier estado del proceso podrá declararse terminado el amparo de pobreza si se prueba que han cesado los motivos para su cesión. La solicitud se formulará y tramitará como incidente, independientemente del proceso; el auto que lo decida es apelable en el efecto devolutivo.

En caso de que el incidente no prospere, quien lo propuso será condenado a pagar multa de cien a mil pesos.

CAPÍTULO V.

INTERRUPCION Y SUSPENSION DEL PROCESO

ARTÍCULO 168. CAUSALES DE INTERRUPCION. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá:

1. Por muerte o enfermedad grave de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad litem.

2. Por muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes, o por exclusión del ejercicio de la profesión de abogado o suspensión en él.

3. Por la muerte del deudor, en el caso contemplado en el artículo 1434 del Código Civil.

4. Por muerte o enfermedad grave del representante o curador ad litem que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial.

La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si éste sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 117; Art. 118; Art. 120; Art. 140; Art. 141; Art. 171

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 159

Jurisprudencia Concordante

Consejo de Estado:

Sección Tercera

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 16089 de 7 de junio de 2007, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gomez

- Consejo de Estado Sección Tercera, Expediente No. 30138 de 7 de febrero de 2007, C.P. Dr. Enrique Gil Botero

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 168. CAUSALES DE INTERRUPCIÓN. El proceso se interrumpirá

1. Por muerte o enfermedad grave de una parte o de su representante, que carezca de apoderado judicial.

2. Por muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes, o por su exclusión del ejercicio de la profesión de abogado o suspensión en él.

3. Por la muerte del deudor, en el caso contemplado en el artículo 1434 del Código Civil.

La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si éste se sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la fecha de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento.

ARTÍCULO 169. CITACIONES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El juez, inmediatamente tenga conocimiento del hecho que origina la interrupción, ordenará citar al cónyuge, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, al curador de la herencia yacente o a la parte cuyo apoderado falleció o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, según fuere el caso.

Los citados deberán comparecer al proceso personalmente o por conducto de apoderado, dentro de los diez días siguientes a su notificación. Vencido este término, o antes cuando concurran o designen nuevo apoderado, se reanudará el proceso.

El albacea, el cónyuge, el curador de la herencia yacente y los herederos, serán notificados como lo proveen los numerales 1. y 2. del artículo 320, en la dirección denunciada por la parte para recibir notificaciones personales; la parte mediante telegrama dirigido al mismo lugar, cuando en la sede del despacho existe el servicio, y en su defecto como lo disponen los citados numerales.

Quienes pretendan apersonarse en un proceso interrumpido, deberán presentar las pruebas que demuestren el derecho que les asista. La petición se formulará y tramitará como lo establece el artículo 52.

Si la parte favorecida con la interrupción actúa en el proceso después que ésta se produzca, sin que alegue la nulidad prevista en el numeral 5. del artículo 140, ésta quedará saneada.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989.

Concordancias

Código de Procedimiento Civil; Art. 37; Art. 52; Art. 140; Art. 320

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); Art. 160

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil:

ARTÍCULO 169. CITACIONES. El juez a petición de parte o de oficio según el caso, si tiene conocimiento del hecho que origina la interrupción, ordenará citar, al cónyuge, los herederos, el albacea con tenencia de bienes, el curador de la herencia yacente o a la parte cuyo apoderado falleció o fue excluido del ejercicio de la profesión o suspendido en él según fuere el caso.

Los citados deberán apersonarse en el proceso o constituir apoderado, según fuere el caso, dentro de los diez días siguientes a su notificación. Vencido este término, o antes, cuando concurra interesado o se designe nuevo apoderado, se reanudará el proceso.

El albacea, el cónyuge, el curador de la herencia yacente y los herederos serán notificados personalmente o emplazados en la forma dispuesta para la notificación del auto admisorio de la demanda.

Quienes pretenda apersonase en un proceso interrumpido, deberán presentar las pruebas que demuestren el derecho que les asista. La petición se formulará y tramitará como lo establece el artículo 52.

ARTÍCULO 170. SUSPENSION DEL PROCESO. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El juez decretará la suspensión del proceso:

1. Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar en él haya de influir necesariamente en la decisión del civil, a juicio del juez que conoce de éste.

2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los Códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley.

No obstante, el proceso ejecutivo no se suspenderá por que exista un proceso ordinario* iniciado antes o después de aquél, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en éste es procedente alegar los mismos hechos como excepción.

Notas de Vigencia

* Las referencias al proceso ordinario y al proceso abreviado, contenidas en este  Código, deberán entenderse hechas al proceso verbal, según lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.

3. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado, verbalmente en audiencia o diligencia, o por escrito autenticado por todas ellas como se dispone para la demanda.

Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquél será excluido de la acumulación, para continuar el trámite de los demás.

También se suspenderá el trámite principal del proceso en los casos previstos en este Código, sin necesidad de decreto del juez.

<Texto adicionado por el artículo 14 de la Ley 550 de 1999. Ver Notas de Vigencia. El nuevo texto es el siguiente:> A partir de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido los cuatro (4) meses previstos en el artículo 27 de esta ley <550>, no podrá iniciarse ningún proceso de ejecución contra el empresario y se suspenderán los que se encuentren en curso, quedando legalmente facultados el promotor y el empresario para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso o pedir su suspensión al juez competente, para lo cual bastará que aporten copia del certificado de la cámara de comercio en el que conste la inscripción del aviso.

Notas de Vigencia

Destaca el editor que la Ley 550 de 1990 fue prorrogada hasta el 1o. de julio de 2007, vencido dicho término, se aplicará de forma permanente solo a las entidades territoriales, las descentralizadas del mismo orden y las universidades estatales del orden nacional o territorial de que trata la Ley 922 de 2004. Ver artículo 126 de la Ley 1116 de 2006.

- Texto adicionado por el artículo 14 de la Ley 550 de 1999, publicada en el Diario Oficial No. 43.940 de 19 de marzo de 2000, "por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley".

Establece textualmente el inciso 1o. del artículo 14 de la Ley 550 de 1999 <subraya el editor>:

"ARTICULO 14. EFECTOS DE LA INICIACION DE LA NEGOCIACION. A partir de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido los cuatro (4) meses previsto