| www.superservicios.gov.co | INICIO | Contáctenos | Suscripción | Ingresar |
               
Base Juridica
Navegación

Google

La Web Base Documental Juridica
Búsqueda avanzada
Palabra clave
Título
Tipo
Entidad
Fecha de Expedición (aaaa-mm-dd)
Desde
Hasta
Año
Número
Servicio
 
 Sentencia CSJ SCL 28597 de 2007
  
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

 

Radicación No. 28597
Acta No. 72
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil siete (2007).

 Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por ARTURO RAMÍREZ LEÓN, a través de apoderado judicial, con el que recurre la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Laboral, el 7 de octubre de 2005, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA ? TELEARMENIA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN.

 ANTECEDENTES

Confuta el recurrente la prementada sentencia, mediante la que el Tribunal revocó parcialmente el fallo absolutorio de primera instancia, proferido por el señor Juez Primero Laboral del Circuito de Armenia el 10 de agosto de 2005, para en su lugar, condenar a la demandada a pagarle $372.193.19., por concepto de indexación.
El actor, en lo concerniente estrictamente al recurso extraordinario de casación, solicitó en su favor ?entre otras pretensiones- el pago de una pensión, teniendo en cuenta el tiempo de servicios prestado desde el 1 de julio de 1982 hasta el 7 de julio de 2003,  toda vez que Caprecom no se la había reconocido.

La demandada, respecto de la pensión, expresó que era al ISS al que correspondía determinar si el demandante tenía o no derecho a la pensión, por haber sido éste afiliado a tal entidad. Propuso las excepciones de inexistencia de obligación legal de pensionar al peticionario y de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Las instancias culminaron en los sentidos antecitados.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal Superior de Armenia, Sala Laboral, conoció del asunto, por apelación de la parte demandante, con el resultado ya mencionado.

En lo referente al tema de la pensión solicitada, el ad quem fundamentó así su negativa:

?También pretende el demandante que la demandada le reconozca y pague la pensión de jubilación plena de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, por haber servido a la demandada más de veinte años y completar los 55 años de edad, según lo plantea en la demanda y en el escrito de reclamación de folio 22. Al respecto la Sala observa que efectivamente el accionante cumplió dicha edad el 19 de enero de 2005, dado que según se dice en la Resolución que le concedió la pensión vejez, visible a folios 19 del cuaderno número 2, nació el mismo día y mes de 1945 y de igual manera aparece claro que por haber laborado desde el 1° de julio de 1982 hasta el 13 de julio de 2003, alcanzó a completar al servicio de la empleadora 21 años y 7 días, según se advierte en la liquidación de folio 19?.

?En vista de que el demandante sustenta su derecho a la pensión en la Ley 33 de 1985, que exige 20 años de servicios y 55 años de edad, debe verificarse si le asiste razón en su reclamo, y para el efecto debe recordarse que por disposición del artículo 41 de la Ley 142 de 1994, quienes sirvan a la empresas de servicios públicos, privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidos a las normas del Código Sustantivo del Trabajo?.

 ?Aunque es claro que a la entrada en vigencia del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el demandante tenía los 40 años de edad que allí se exigen, para ser beneficiario del régimen de transición allí establecido, no se puede dar aplicación a la Ley 33 de 1985, por cuanto no tuvo la condición de trabajador oficial durante los 20 años al servicio de la demandada como lo dice la norma, ya que a partir de dicha Ley 142 de 1994 adquirió el carácter de trabajador particular, lo cual significa que para ese año apenas había acumulado un tiempo de servicios de 12 años en su condición de trabajador oficial, y por tal motivo debe concluirse que la empleadora quedó subrogada por el Instituto de Seguros Sociales en su obligación de reconocer la pensión.?

 EL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y replicado, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Expuesto en los siguientes términos:

?Pretende el recurso que la Honorable corte case PARCIALMENTE la sentencia impugnada, en cuanto la Sala de Casación Laboral en Segunda Instancia le negó la pensión a mi representado, para que actuando la Corporación en Sede de instancia, le conceda el Derecho a la Pensión al señor ARTURO RAMÍREZ LEÓN, y confirme la sentencia del a quo en la parte que condenó a TELEARMENIA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN a pagar al demandante la suma de $372.139.19 por concepto de indexación, al igual que a pagar las costas en ambas instancias.?

Con tal propósito formula dos cargos, que se despacharán en el orden propuesto.

PRIMER CARGO

Lo presenta así:

?Por la vía indirecta acuso al fallo del tribunal por la interpretación errónea del artículo 41 de la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1611 del 12 de junio de 1.993?.

?DEMOSTRACIÓN?

?Como se puede inferir del contenido de la sentencia el respetado tribunal estima que la sola expedición de la ley 142 de 1994, norma que regula los servicios públicos en Colombia, hace que todos los trabajadores de las empresas que se dedican a esta labor por ende sean trabajadores de carácter particular, olvidando que esta misma ley distingue tres clases de empresas, así: Articulo 14.5 Empresas de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquellas o estas tienen el 100% de los aportes. Articulo 14.6 empresas de servicios públicos mixtas. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquellas o estas tienen el 50% de los aportes. Articulo 14.7 empresas de servicios públicos privadas. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares?.

?Así las cosas, es mí deber recordar que la empresa aquí demandada tuvo dos tipos diferentes, en relación con los aportes de los socios, así: desde su creación hasta el mes de septiembre de 2001 fue empresa de servicios públicos oficial, a partir de esta fecha adquirió la calidad de empresa de servicios públicos mixta y al momento de liquidarse es decir con el decreto 1611 de 2003, tal como reza la misma norma detentaba la calidad de empresa de servicios públicos oficial, razón por la cual le asistía al Presidente de la Republica la facultad de suprimir esta empresa y 13 más?.

?Este hecho esta demostrado tal como consta en el folio tres de la sentencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia?.

?Por lo anterior el tribunal se equivoca al juzgar que mi representado desde el año 1994 detentaba la calidad de trabajador particular, cuando según lo mentado era trabajador de una empresa oficial y por tanto no se aplica el articulo 41 de la Ley 142 de 1994, la cual solo es de aplicación restrictiva a los trabajadores de las empresas de servicios públicos de carácter mixto y privado.?

No hubo réplica.

 CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Como recurso extraordinario que es, que implica la posibilidad de extinguir trascendentes actos jurisdiccionales como lo son las sentencias, provenientes, por lo general, de un tribunal superior, las cuales están protegidas por presunciones de acierto y legalidad, el ejercicio de la casación está, de un lado, restringido, pues no todas las sentencias son susceptibles del mismo, y, de otro, sometido a estrictas previsiones y requisitos legales y jurisprudenciales.

En desarrollo de tal marco, una vez más debe la Sala reiterar que la demanda de casación debe avenirse al rigor técnico que su planteamiento y demostración exigen, acatando las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia, pues un acto procesal de esta naturaleza y categoría está sometido en su formulación a una técnica lógico-jurídica especial y rigurosa, que, al incumplirse, conduce a que el recurso extraordinario resulte inestimable, imposibilitando el estudio de fondo de los cargos o dando al traste con los mismos.

Ha de insistirse también en que éste medio extraordinario de impugnación no constituye una tercera instancia, y por ende, no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito con el objeto de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la Corporación, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones, al proferirla, vulneró o no la ley sustancial de alcance nacional que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.

El recurso de casación propende ? como se dijo - por el imperio de la ley sustancial, la que puede ser infringida de dos formas por los falladores (las llamadas ?causales?): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª).

A su vez, la violación de la ley sustancial (o causal primera), puede darse a través de las llamadas vías directa o vía indirecta.

En la vía directa, el fallador viola aquella ley mediante tres posibilidades:

La inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), la interpreta erróneamente (interpretación errónea), o la aplica indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones.

La violación por la vía directa implica llegar el juzgador a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el tribunal obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento todo lo relativo a las pruebas del proceso o aspectos netamente fácticos.

A su turno, se violará la ley sustancial de alcance nacional, por la vía indirecta, cuando el tribunal estime erróneamente, o deje de estimar o suponga determinadas pruebas procesales. Tal proceder lo conducirá a cometer errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está o en no tener por probado lo que realmente sí lo está; el primero (conocido como ?de hecho?), es factible de cometerse ?en la casación del trabajo- sólo respecto de la confesión, la inspección judicial o el documento auténtico y, el segundo (llamado ?de derecho?), sobre las llamadas pruebas solemnes.

No es posible construir los cargos con los cuales se acusa la sentencia mediante mixtura de los submotivos de la vía directa, ni con los propios de la indirecta; ni, mucho menos, por medio de la mezcla de las dos vías, pues a cada una corresponde, estrictamente y en sana lógica, una específica presentación argumentativa.
Dentro del marco sintéticamente bosquejado ha de dirigirse o enfocarse correctamente el ataque a la sentencia mediante el recurso de casación.

En desarrollo de lo anotado, al analizar el cargo presentado, se observa que no está llamado a ser estimado, por las razones que a continuación se explican:

En lo atinente al alcance de la impugnación, ciertamente que su presentación es precaria ya que, en inexplicable lapsus, alude a que esta Sala de la Corte, en segunda instancia, negó la pensión de jubilación al actor, y pide que se confirme la sentencia del a quo en la parte que condenó a Telearmenia a pagar $372.139.19 por concepto de indexación, cuando aquella decisión fue totalmente absolutoria, y, en consecuencia, nada dice sobre qué hacer la Corte con este fallo de primera instancia.

Con todo, la Sala desentraña, de entre la pluralidad de equivocaciones, que lo que depreca el censor es que se case parcialmente la sentencia de segunda instancia para que, en sede de instancia, se dispense la pensión solicitada, sin afectar la condena parcial por indexación que impuso el Tribunal, con la obvia y forzosa revocatoria de la sentencia absolutoria del a quo.

Mas no es posible la misma flexibilidad con los defectos formales del cargo pues la Corte no puede soslayarlos dado el carácter rogado del recurso y a su obligada ubicación imparcial entre las partes.

Se presenta el cargo bajo la estructura de una mixtura inaceptable entre las vías propias de la causal primera, ya que pregona violación por vía indirecta con el submotivo de interpretación errónea, propio del sendero directo o de puro derecho.

Ahora, de interpretarse que fue otro lapsus más de la censura, y que se trata, en realidad, de la vía directa, es de señalar que el Tribunal no hizo exégesis alguna de la normatividad acusada, por lo cual, mal puede, entonces, el proclamarse errada interpretación. De otro lado, en la demostración del cargo se sumerge el impugnante en argumentación de raigambre fáctica, relativa a los tipos (?) diferentes que tuvo la empresa en relación los aportes de los socios, lo cual conllevaría a una calidad diferente del accionante desde 1994, todo lo cual implicaría análisis de medios de instrucción, ajeno a la vía presunta seleccionada.

Y, de tratarse de la vía indirecta, el divorcio con la estructura argumentativa propia de la misma es palpable, dada la ausencia de alusión alguna a la clase de yerro fáctico o de derecho que tendría que enrostrársele al ad quem, derivado de pruebas estimadas erróneamente, no apreciadas o supuestas.

El cargo, en consecuencia, se debe desestimar.

SEGUNDO CARGO

Dice así:

?Por la vía indirecta acuso el fallo del tribunal de la aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, régimen de transición, y la Ley 33 de 1.985?.

?Violaciones legales que se originaron en un error evidente de hecho, derivado a su vez de la estimación equivocada de algunas pruebas y piezas procesales y de la no apreciación de otra prueba, a saber:

?ERROR EVIDENTE DE HECHO?

?No dar por demostrado, estándolo, que el señor ARTURO RAMÍREZ LEÓN, además de cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas para obtener su pensión, se encontraba incurso en el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dándosele de ésta manera aplicación al artículo 36 de la Ley 33 de 1.985?

?PRUEBAS Y PIEZAS PROCESALES EQUIVOCADAMENTE VALORADAS?

?1. Demanda que origino el presente proceso?.

?2. Derecho de petición de fecha 12 de noviembre de 2.003 dirigido a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES (CAPRECOM) DIVISIÓN PENSIONES?.

?3. Oficio 1518 de fecha 30 de enero de 2.004 expedido por CAPRECOM?.


?PRUEBAS NO APRECIADAS?

?Derecho de petición presentado por el accionante a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES (CAPRECOM) DIVISIÓN PENSIONES, el día 12 de noviembre de 2.003, solicitando su pensión de jubilación plena, el cual fue contestado por dicha entidad mediante el oficio número 1518 de fecha 30 de enero de 2.004, pruebas que fueron anexadas a la demanda ordinaria laboral que dio lugar a éste litigio, la cual fue presentada el día 02 de julio de 2.004 en el Juzgado Segundo Laboral de Armenia Quindío?.

?DEMOSTRACIÓN?

? El señor ARTURO RAMÍREZ LEÓN, antes de iniciar la demanda ordinaria laboral contra la entidad accionada, ejerció el derecho de petición consagrado en la Constitución Política de Colombia, mediante el cual solicitó la pensión de jubilación plena a partir de julio 08 de 2.003, por haber laborado 15 años en las empresas públicas de Armenia y 21 años en la empresa de Telecomunicaciones de Armenia TELEARMENIA S.A. E.S.P., encontrándose de ésta forma amparado por el régimen de transición consagrado en la Ley 33 del 85 y Ley 100 de 1993, y además tener en ese momentos 58 años de edad cumplidos, para lo cual anexó certificado laboral de las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA, expedido el día 30 octubre de 2.003. (Anexo 2 del recurso)?.

?En fecha 30 de enero de 2.004, LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES ?CAPRECOM- dio contestación a dicha petición, informándole al peticionario que por el proceso de liquidación que se estaba llevando en el momento ellos carecían de competencia para tramitar solicitudes de reconocimiento de pensiones y pago de prestaciones económicas, y que hasta que ésta no les fuera restablecida, ésta función estaría a cargo de la entidad liquidadora, TELEARMENIA?.

?Si el Tribunal hubiera analizado estas pruebas, y las hubiera valorado correctamente, se hubiera percatado de que al sentir de la sentencia en segunda instancia que profirió el día 07 de octubre de 2.005, objeto de éste recurso de casación, mediante la cual negó el derecho de la pensión de jubilación amparada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, régimen de transición, por considerar éste, que el accionante sólo acumuló 12 años como trabajador oficial, adquiriendo mediante la ley 142 de 1.994 la calidad de trabajador oficial, se hubiera podido dar cuenta de que anteriormente al ingreso del señor RAMÍREZ LEÓN a la entidad demanda, lo cual sucedió el día 01 de julio de 1.982 hasta el 07 de julio de 2.003; el accionante laboró como empleado de las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., por un período de quince (15) años y quince (15) días, comprendidos entre el 15 de junio de 1.967 al 30 de junio de 1.982, acumulando de ésta forma veintisiete (27) años como trabajador oficial, y como consecuencia siendo beneficiario del régimen de transición contenido en al artículo 36 de la ley 100 de 1.993, por cumplir con los requisitos de edad y tiempo, pudiéndosele aplicar entonces la ley 33 de 1985, para poder adquirir su pensión de jubilación; con lo cual el resultado del proceso habría sido parcialmente distinto?.

LA RÉPLICA

Pone en evidencia, respecto de ambos cargos, errores de técnica y, además, afirma la falta de derecho sustancial en el actor respecto de la pensión solicitada, por no haber tenido la calidad de trabajador oficial durante el tiempo suficiente.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

El supuesto error evidente de hecho que se endilga al fallador de segundo grado es el de no dar por demostrado, estándolo, que el demandante, además de cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas para obtener su pensión, se encontraba incurso en el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dándosele de esta manera aplicación al artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

El Tribunal, como se vio, admitió que el demandante había cumplido 55 años de edad el 19 de enero de 2005, y que había alcanzado a completar 21 años y 7 días al servicio de la demandada, por haber laborado desde el 1 de julio de 1982 hasta el 13 de julio de 2003, según se advertía en la liquidación a folio 19.

Luego expresó que el accionante sustentaba su derecho a la pensión en la Ley 33 de 1985, que exigía 20 años de servicios y 55 años de edad, y expresó que era claro que a la entrada en vigencia del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aquél tenía los 40 años de edad allí exigidos, para ser beneficiario el régimen de transición establecido por esa preceptiva, pero que no se podía dar aplicación a la Ley 33 de 1985 por no haber tenido la condición de trabajador durante los 20 años al servicio de la demandada, como lo decía la norma.

Así pues, es evidente que se imputa al fallador un yerro no correspondiente a la realidad procesal, pues, de lo puesto en evidencia, se desprende que el Tribunal no discutió edad, ni tiempo de servicios del demandante, ni que no fuera beneficiario del régimen de transición, sino que lo que controvirtió fue que no había ostentado la calidad de trabajador oficial durante los 20 años de servicios a la demandada.

Por ende, al partir el censor, para fundamentar el cargo, de un error de hecho en el cual, al rompe, es evidente y ostensible que el fallador no incurrió, puesto que en ningún momento dejó de dar por demostrado lo ahora acá alegado, genera como inmediata consecuencia la desestimación de la acusación, sin requerirse, por sustracción de materia, pronunciamiento alguno sobre los medios de instrucción calificados como no estimados o erróneamente apreciados, ya que el objeto de los mismos era acreditar algo no correspondiente a la verdad procesal.

El cargo, por lo tanto, se desestima.

Las costas en casación serán a cargo del demandante.

 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Laboral, el 7 de octubre de 2005, dentro del proceso ordinario laboral que promovido por ARTURO RAMÍREZ LEÓN en contra de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA ? TELEARMENIA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandante.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

 

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

 

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN       GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

  

EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS                        LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ

  

CAMILO TARQUINO GALLEGO                  ISAURA VARGAS DÍAZ

 

MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA
Secretaria

 

Compilado, editado y concordado para SSPD por BISA Corporation Ltda.

Editores y Compiladores: Yezid Fernando Alvarado Rincón, Astrid Suárez Prieto.

 

 

 

Acciones
Descargar PDFDescargar PDF
Ver documento en pantalla completaPantalla Completa
Propiedades
Última modificación:23/12/2009 04:31:55 PM
Servicios Públicos: - Tema complementario
- General a los servicios publicos
Publicado:1/01/3000 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
El supuesto error evidente de hecho que se endilga al fallador de segundo grado es el de no dar por demostrado, estándolo, que el demandante, además de cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas para obtener su pensión, se encontraba incurso en el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dándosele de esta manera aplicación al artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Temas
Enlaces Relacionados
Ley 142 de 1994

Derechos reservados de la SSPD. Desarrollado por

Enlaces de interés: CRA | CREG | MME | MAVDT

Documentación Jurídica procesada por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda para la SSPD hasta diciembre de 2009.
Documentación Jurídica procesada por la Oficina Jurídica de la SSPD a partir de Enero de 2010.
ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"