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 Tribunal Administrativo No. 278 de 2006
  
 
SSPD - Conceptos - Conceptos SSPD 2007

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN PRIMERA

SUBSECCIÓN A

 

Bogotá D.C., octubre doce (12) de dos mil seis (2006)

 

Magistrada Ponente: Dra. SUSANA BUITRAGO VALENCIA

Referencia: Exp. N° 2004 - 0278

Demandante: INDUSTRIAS PROVEEDORAS DE GAS S.A. E.S.P. - PROGAS S.A. E.S.P.

Nulidad y Restablecimiento

SENTENCIA

 

Procede este Tribunal a dictar sentencia con el fin de resolver la demanda instaurada por la Sociedad INDUSTRIAS PROVEEDORAS DE GAS S.A. E.S.P. - PROGAS S.A. E.S.P., a través de apoderado judicial en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del C.C.A., en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, con el fin de decidir sobre las siguientes:

 

  • PRETENSIONES.-

 

PRIMERA.- Declarar la nulidad de las Resoluciones proferidas por el Superintendente Delegado para Energía y Gas números 003333 de julio 28 de 2003 y 005244 del 10 de noviembre de 2003, mediante las cuales se sancionó con multa a la demandante y se resolvió el recurso de reposición, modificando la multa impuesta a cinco millones trescientos doce mil pesos m.c.t. ($5.312.000).

 

SEGUNDA.- Como consecuencia de la nulidad, solicita se restablezca en su derecho a la sociedad PROGAS S.A. E.S.P., decretando que ella no está obligada a cancelar la multa impuesta.

 

TERCERA.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

  • FUNDAMENTOS DE HECHO.-

 

Los hechos relevantes que constituyen el fundamento de las pretensiones se resumen así:

 

Refiere que los hechos investigados y sancionados versan sobre la presunta falta en el deber de publicar la fórmula tarifaria, al haberse omitido, a juicio de la entidad de vigilancia, la publicación de las tarifas aplicadas a los usuarios en el año 2000, por violación del artículo 13 de la Resolución CREG 83 de 1997, y por el presunto desconocimiento de la modificación en la fórmula tarifaria introducida por el artículo 1° de la Resolución CREG 052 de 2000, durante el periodo correspondiente al año 2000.

 

Afirma que es costumbre de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, reajustar anualmente en todo el país y en ocasiones, varias veces dentro del año, las tarifas del gas propano. Que según Resolución 52 de 2000, la CREG determinó durante el mes de febrero de 2000 y a partir del 1 de marzo de ese año el reajuste de los precios de gas propano en los cilindros de 20, 40 y 100 libras.

 

Indica que la Resolución 52 del 17 de agosto de 2000 proferida por la CREG, fue publicada en el diario oficial el 5 de septiembre de ese año, y dispuso en el artículo 2° que la misma comenzaba a regir a partir de tal publicación.

 

Que la empresa PROGRAS atendiendo al alza general del precio al público determinada por la CREG en febrero de 2000, público en el Diario La República de fecha 28 de febrero de 2000, las nuevas tarifas que regirían desde el 1 de marzo de 2000 hasta 28 de febrero de 2001, cumpliendo de esta manera con lo preceptuado en la Resolución CREG 83 de 1997 de publicar las tarifas.

 

Considera que la publicación de la fórmula tarifaria para el cálculo de la tarifa, a la que se refieren los actos acusados, no ha sido objeto de reglamentación por las autoridades administrativas competentes a fin de unificar el procedimiento. Que la fórmula tarifaria es evidentemente compleja y ha sido definida para su cálculo por el artículo 2 de la Resolución CREG-83 de 1997.

Indica que frente a la presunta violación de no haberse publicado la modificación al componente Eo de la fórmula tarifaria por la Resolución CREG 52 de 2000, y no haberse trasladado dicha modificación al público a partir de septiembre de 2000, la empresa PROGAS entendió el sentido de dicha disposición en que la modificación allí plasmada sería aplicable a los sitios de distribución donde hay terminales de entrega de gas, más no en los lugares donde la labor de distribución se realiza en zonas que no son terminales, verbigracia Bogotá, a donde debe traerse el gas a granel desde el Terminal de ECOPETROL en la ciudad de Facatativá.

 

Que con fecha 28 de julio de 2003 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución 003333, imponiendo una sanción a PROGAS S.A., por la suma de $6.972.000.

 

Afirma que mediante escrito del 8 de septiembre de 2003, interpuso el recurso de reposición contra la decisión inicial, recurso que fue resuelto mediante la Resolución N° 005244, accediendo de manera parcial al recurso, aceptando que operó la caducidad de que trata el artículo 38 del C.C.A., respecto de la conducta omisiva de no haber publicado de manera comprensible al público la formula tarifaria y negando los demás argumentos, rebajándose por este motivo, el monto de la sanción de $6.972.000 a $5.312.000.

 

La anterior decisión fue notificada de manera personal el 28 de noviembre de 2003, quedando agotada de esta manera la vía gubernativa.

 

  • NORMAS VULNERADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.-

 

Como disposiciones infringidas por los actos acusados, cita la demandante las siguientes:

 

  • Artículo 29 de la Constitución política.
  • Artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.
  • Artículo 1° de la Resolución CREG 52 de 2000.
  • Artículo 10 literal b) de la Resolución CREG 083 de 1997.

Los alcances de las vulneraciones constitucionales y legales aducidas se analizarán en la oportunidad pertinente a resolver sobre los reproches traídos contra el acto acusado.

 

  • ACTUACIÓN PROCESAL.-

 

Luego de haberse garantizado el pago de la sanción impuesta mediante la constitución de la póliza de seguro obrante al folio 56 del expediente, el Despacho por auto del 24 de junio de 2004 admitió la demanda (fls. 58 y s.s.), ordenando la notificación personal al SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y al Agente del Ministerio Público.

 

Fijado el proceso el lista el día 26 de julio de 2004, la demanda fue contestada oportunamente por intermedio de apoderada judicial por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

  • CONDUCTA PROCESAL DE LA ENTIDAD DEMANDADA.-

 

La Entidad demandada por intermedio dio contestación oportuna a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, expresando las siguientes razones de defensa:

 

  • La sanción se impuso a PROGRAS S.A. E.S.P. dentro del término señalado en el artículo 38 del C.C.A.-

 

Refiere que no es cierta la existencia de la supuesta caducidad y la consecuencial violación al debido proceso, por cuanto el plazo previsto en el artículo 38 del C.C.A., cuando la conducta es de ejecución continuada, comienza a contarse a partir de la fecha en que cesa la conducta.

 

Refiere que al decidirse el recurso de reposición la Superintendencia revocó la sanción por no cumplimiento de la obligación de publicar el reajuste tarifario, por encontrar probado el fenómeno de la caducidad; aspecto que no ocurrió con el segundo cargo por el cual se le sancionó, que corresponde a una conducta diferente, consistente en desconocer la modificación de la formula tarifaria introducida por la Resolución CREG 52, y determinar el precio máximo al público durante el periodo correspondiente al año 2000.

 

  • En las Resoluciones sancionatorias se aplicaron correctamente las normas regulatorias.-

 

Estima que la sanción se mantuvo por falta de aplicación del artículo 1° de la Resolución CREG 52 de 2002, y que si bien, se modificó la tarifa el 5 de septiembre de 2000, no estaba soportada en la norma sino en hechos distintos y cuyos resultados vulneraron los derechos de los usuarios con posterioridad a su implantación, falta que se siguió cometiendo con los cobros indebidos y sucesivos por parte de la demandante a los usuarios del GPL.

 

Señala que pese a la claridad de las formulación normativa contenida en el artículo 1 ° de la Resolución CREG 52 de 2000, a efectos de su aplicación en la formula tarifaria y ante la actuación reprochable de las empresas distribuidoras en dar aplicación a dicha norma y ante la interpretación amañada dada por éstas, la CREG informó a la Superintendencia que las modificaciones introducidas tenían el efecto de reducir los precios máximos de venta al público, lo que debe trasladarse totalmente a los usuarios”; reducción ésta que por la indebida interpretación, los usuarios no la obtuvieron en los precios definitivos del servicio durante los meses posteriores al 5 de septiembre de 2000.

 

Afirma que la reducción de tarifas de los usuarios debía operar desde la vigencia de la Resolución CREG 52 de 2000, y que la demandante debió aplicar la modificación del componente Eo, desde el 5 de septiembre de 2000.

 

Asegura que no es dable que se acepte una aplicación distinta por fuera de los principios tarifarios en la prestación de los servicios públicos y escudarse en que éstos sólo son aplicables al Gran Comercializador, lo cual carece de toda lógica, pues considera que si se hubiera tratado de un aumento tarifario que incrementara su nivel de costos, con seguridad los hubiera trasladado al usuario, porque como se trataba de una reducción, simplemente la inaplicó.

 

Estima que no es posible que la demandante argumente el desconocimiento del artículo 10 literal B) de la Resolución CREG 083 de 1997, ello por cuanto en tal disposición se definió una metodología para calcular el flete para las localidades donde no existe terminal, por lo que los fletes están atados a los costos de transporte, costo que no puede inventarse o dejarse al libre albedrío del prestador regulado, sino que implica un ejercicio contable conforme con la regulación para determinar cuál fue efectivamente ese costo real.

 

Concluye entonces, que no puede compensarse la no reducción de la tarifa, que beneficiaba al usuario, con un costo sacado al “garete” por parte del demandante para justificar la conducta reprochable por la que resultó sancionada. Agrega, que en la etapa probatoria no demostró los soportes que le sirvieron de fundamento para efectuar la modificación del 5 de septiembre de 2000, considerando que la afectación sufrida en los meses posteriores por los usuarios, estuvo soportada en un costo que no fue real.

 

  • ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.-

 

Concluida la etapa probatoria, mediante auto visible a folio 84 del expediente, se ordenó correr traslado por el término de diez (10) días para alegar de conclusión, el cual fue aprovechado por las partes, quienes reiteraron una vez más los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación.

 

  • CONSIDERACIONES DE LA SALA.-

 

  • PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

 

Radica en determinar si es procedente decretar la nulidad de las Resoluciones N°s 003333 de julio 28 de 2003 y 005244 del 10 de noviembre de 2003, proferidas por el Superintendente Delegado para Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de las cuales se sancionó y se resolvió el recurso de reposición, respectivamente, determinando para el efecto, si se incurrió en las censuras que le atribuye a tales actos la demandante, lo que las haría estar viciadas de nulidad.

 

  • DEL ACERVO PROBATORIO OBRANTE EN EL PROCESO.-

 

Del cuaderno de antecedentes allegados al proceso y de la documental obrante en el expediente se demuestra que la actuación administrativa seguida por la DIAN fue la siguiente:

 

  • Oficio MMECREG - 2680 del 7 de noviembre de 2000, por medio del cual la Directora Ejecutiva de la CREG presenta ante el Superintendente de Servicio Públicos Domiciliarios solicitud de investigación a las empresa distribuidoras de GPL en cilindros de tanques estacionarios, respecto de la aplicación de las nuevas tarifas a usuarios finales. (fls. 5 y s.s.)

 

  • Pliego de Cargos dictado por el Superintendente Delegado para Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en contra de la sociedad demandante PROGAS S.A., por medio del cual inicia la investigación administrativa por el presunto desconocimiento de la formula tarifaria para el calculo de tarifas y del artículo 1° de la Resolución CREG 52 de 2000. (fls. 5 y 6)

 

  • Escrito de descargos presentado por la representante legal de la sociedad demandante. (fls. 7 - 36)

 

  • Acto administrativo del 19 de noviembre de 2002, por medio del cual se decreta la práctica de pruebas. (fls. 37 - 41)

 

  • Resolución N° 003333 del 28 de julio de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Por la cual se sanciona a una empresa de Servicios Públicos Domiciliarios” (fls. 56 – 67)

 

  • Citación enviada la Sociedad demandante para efectos de realizar la notificación personal de la resolución sancionatoria (fl. 68)

 

  • Escrito contentivo del recurso de reposición en contra de la Resolución N° 003333 del 28 de julio de 2003, presentado por intermedio de apoderada. (fls. 69 - 90)

 

  • Resolución N° 005244 del 10 de noviembre de 2003 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición a una empresa de servicios públicos” dictada por el Superintendente Delegado para Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el sentido de modificar la sanción pecuniaria impuesta mediante la Resolución N° 003333 del 28 de julio de 2003. (fls. 96 y s.s.)

 

  • Citación enviada la Sociedad demandante para efectos de realizar la notificación personal de la resolución que decidió el recurso de reposición. (fl. 106)

 

  • Copia de la Página 10 de la Sección C del Diario La República, mediante la cual se publicó un aviso de TARIFAS DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP), el día 13 de octubre de 2000 (fls. 48 y s.s. expediente ppal.)

 

  • Oficio enviado por el Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte por medio del cual se certifica sobre el incremento de los insumos del sector transporte durante el año 2000. (fls. 76 y s.s. expediente ppal.)

 

  • DEL CONTENIDO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS.-

 

  • Resolución N° 003333 del 28 de julio de 2003.- Proferida por el Superintendente Delegado para Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Por la cual se sanciona a una empresa de Servicios Públicos Domiciliarios”.

 

 

Esta decisión fue expedida por el Superintendente Delegado para Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de las funciones conferidas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 del 2001, el Decreto 990 de 2002, la Resolución N° 007605 del 23 de mayo de 2002 y el Decreto 01 de 1984.

 

Sostiene que la sociedad demandante está incluida en el listado de las empresas que realizaron la publicación conjunta denominada “TARIFAS GPL”, en el Diario La República el 28 de febrero de 2002, página 2 A, para las tarifas que regirían entre el 1 de marzo de 2000 y el 28 de febrero de 2001, pero que en ninguna parte se encuentra que se hubiera dado a conocer en forma simple y comprensible a los usuarios la publicación por parte de la sociedad PROVEEDORAS DE GAS S.A. E.S.P. - “PROGAS”, establecida en el artículo 2° de la Resolución CREG - 83 de 1997.

 

Refiere que la modificación introducida por el artículo 1° de la Resolución CREG 52 de 2000, implicaba una disminución en la tarifa a los usuarios finales GPL, dada la reforma del componente Eo en la formula tarifaria utilizada para determinar el ingreso máximo de transporte de GLP por ductos del gran comercializador, implicando esta medida, la publicación de la formula tarifaria al igual que las tarifas que se aplicarían a partir de ese momento.

 

Considera la Superintendencia que el aviso publicado en el diario La República el 13 de octubre de 2000, relativo a la tarifa que se aplicaría a partir del 5 de septiembre de ese año, no se ajusta a lo prescrito en el artículo 13 de la Resolución CREG-083 de 1997, en razón a que en ese aviso no aparece identificada la empresa Industrias Proveedoras de Gas S.A. E.S.P “PROGAS”, no se encuentra publicada en forma simple y comprensible al público la fórmula tarifaria para el cálculo de las tarifas, y no se encuentra publicada la tarifa que se aplicaría la sociedad demandante, como consecuencia de la Resolución CREG - 52 de 2000.

Afirma que de la pruebas obrantes en el expediente se colige que la empresa demandante no modificó a partir del 5 de septiembre de 2000 las tarifas a los usuarios de GPL en ninguna de las Localidades donde lo distribuye, y que las tarifas aplicadas a partir del 1 de marzo de 2000 son las mismas, no obstante, la reducción ordenada en el artículo 1º de la Resolución CREG -052 de 2000. Que el componente Et de la fórmula tarifaria se redujo en $18.92 y el flete aumentó para todos los mercados a partir del 5 de septiembre de 2000.

 

Respecto de la prueba solicitada en el auto que ordenó su práctica, relativa con los soportes que sirvieron de fundamento para tales modificaciones, la Superintendencia señaló que los argumentos expuestos por la empresa demandante no resultaban de recibo por cuanto se debió disminuir la tarifa de los usuarios de GPL, y que en todo caso, no se autorizó el incremento de los componentes de la fórmula tarifaria o para el flete o costo del transporte previsto en el literal b) del artículo 10 de la Resolución CREG 83 de 1997.

 

Por todo lo expuesto, sanciona pecuniariamente a la sociedad PROGAS a pagar una multa equivalente a $6.972.000.

 

  • Resolución N° 005244 del 10 de noviembre de 2003.-“Por la cual se resuelve un recurso de reposición a una empresa de servicios públicos” dictada por el Superintendente Delegado para Energía y Gas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (fls. 96 y s.s.)

 

Al resolver el recurso propuesto el Superintendente consideró lo siguiente:

 

Refiere que teniendo en cuenta que la facultad sancionatoria de la Superintendencia se hizo efectiva mediante la Resolución N° 003333 del 28 de julio de 2003, en efecto se concluye que transcurrieron más de tres años, contados a partir de la ocurrencia de cada uno de los hechos irregulares que dieron origen a la presente investigación, vale decir la publicación de febrero de 2000, antes de que la Superintendencia notificara una decisión de fondo.

 

De otra parte refiere que la decisión recurrida no tuvo como fundamento jurídico las Resoluciones CREG 110 de 1997 ni CREG 035 de 1998.

 

Indica que la CREG desaprobó la actuación de las empresas distribuidoras respecto de la aplicación de la Resolución CREG 52 de 2000, y que fue tesis de ésta, que la reducción en las tarifas debía trasladarse a los usuarios, pues no sólo afectaban a las zonas donde existieran terminales, y por lo tanto la reducción que debió darse a partir del 5 de septiembre era consecuencia directa de la adecuada aplicación del componente Eo.

 

Refiere en cuanto a los incrementos de los costos de transporte que la Resolución CREG 083 de 1997 en su artículo 10 literal b), definió la metodología para calcular el flete para las Localidades donde no existe terminal. Que los fletes están atados a los costos del transporte y si bien cada distribuidor puede determinarlo, ello no implica que pueda adicionar cualquier costo, sino aquel surgido de manera real del transporte al usuario.

 

Considera que la interpretación dada por la demandante, trasladando el valor de $18.92/galón a los fletes sería entender que éste se encuentra liberado, haciendo nugatorio el régimen tarifario de libertad regulado por la CREG, con fundamento en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, definido en los literales a) y b) del artículo 10 de la Resolución CREG 083 de 1997.

 

Explica sobre los tres (3) regímenes de regulación existentes para la fijación de las tarifas, que son: el de libertad regulada, el de libertad vigilada y el de libertad. Concluye que el régimen tarifario que deben aplicar los distribuidores de GPL está conformado por regímenes simultáneos, el de libertad regulada y el de libertad, los cuales reglamentan situaciones diferentes y contienen fundamentación económica diferente.

 

Que la empresa debía tener un estudio soporte de los costos de transportes, ya que el flete debía reflejar este valor. Asegura que la empresa no demostró la variación de tales costos, simplemente manifestó que la variación de los fletes se hizo conforme a los argumentos de AGEMGAS, CONFEDEGAS y AFONDIGAS, toda vez que las cifras superan el 3%.

 

Afirma que los costos de transporte son “específicos de cada empresa distribuidora”, excepto que haya otra empresa que atienda exactamente los mismos mercados y/o incurra exactamente en los mismos costos de transporte. Por este motivo, considera que no son válidos los estudios generales elaborados por las agremiaciones, toda vez que no contienen información específica para cada mercado, como tampoco es válida la certificación respecto del aumento en el valor de las llantas.

 

Señala para finalizar que al momento de dosificar el valor de la multa se tuvo en cuenta que la violación específica de la Resolución CREG 052 de 2000 afectó de manera directa a los usuarios del servicio, quienes además de no contar con la información tarifaria necesaria para la toma de decisiones, no obtuvieron la reducción de las tarifas, debiendo los usuarios pagar un total de $171.034.398 durante el periodo septiembre - diciembre de 2000, y recibiendo la empresa esta suma de manera injustificada.

 

Por lo expuesto, y al haber operado el fenómeno de la caducidad respecto de la irregular publicación el Superintendente modificó el valor de la sanción y la redujo a $5.312.000.

 

  • DE LOS CARGOS PROPUESTOS POR LA SOCIEDAD DEMANDANTE.-

 

Señala la sociedad demandante las siguientes censuras en contra de los actos demandados:

 

  • VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DEL C.C.A.-

 

Argumenta que esta disposición tiene que ver con la pérdida de competencia por operancia del tiempo previsto por el legislador para que dentro de tal término ejerza el ius punendi, fuera del cual las autoridades no pueden iniciar o proseguir proceso alguno ni sancionar, pues el vencimiento de ese plazo implica el acaecimiento de la caducidad de la acción y la pérdida de competencia para la respectiva autoridad.

 

Que para la Superintendencia la sociedad demandante violó el artículo 1° de la Resolución CREG 083 de 1997, artículo 13 inciso 2°, por no haber hecho la publicación en forma comprensible al público de la fórmula tarifaria para el cálculo de las tarifas, una vez se modificó la Resolución CREG 52 de 2000, publicada en el Diario Oficial el 5 de septiembre de 2000.

 

Alega que de ser cierta la obligación de publicar de manera particular y concreta, dicha publicación debía hacerse a partir del día 9 de septiembre, informando la variación del componente Eo y la modificación de la tarifa.

 

Explica que no obstante, con fecha 13 de octubre de 2000 se realizó la publicación en el Diario La República, la que a juicio de la Superintendencia no fue la indicada ni correspondía a los mandatos indicados en las Resoluciones CREG 83 de 1997 y 52 de 2000, teniéndose como fecha exacta de la consumación el 13 de octubre de 2000, de suerte que la caducidad de la acción de esta presunta infracción se cumplió el 13 de octubre de 2003, fecha en la cual no se había producido resolución definitiva.

 

  • VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DE LA C.P. - VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO.-

 

Indica que por razones de política legislativa el legislador quiso que al redactar el artículo 38 del C.C.A., se determinara una tiempo determinado para que las autoridades administrativas concluyeran las actuaciones administrativas contadas a partir de la comisión del hecho.

 

Entonces, que si fuera cierto que el 13 de octubre de 2000 se configuró la conducta infractora de la resolución CREG 83 de 1997, artículo 13, la Superintendencia tenía competencia para investigar y, por ende sancionar, hasta el 12 de octubre de 2003. Y como para esa fecha aún no se había producido ni notificado el acto definitivo que se pronunciara sobre tales hechos, se tiene que el acto expedido el 14 de noviembre de 2003 y notificado el 28 de ese mismo mes y año, son extemporáneos y por ende violatorios del debido proceso.

 

  • VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 1º DE LA RESOLUCIÓN CREG - 52 DE 2000, POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA.

 

Indica que la mencionada disposición no impone el mandato a las empresas minoristas, o sea, las distribuidoras de gas propano, como es el caso de PROGAS S.A. E.S.P., de rebajar el componente Eo al que se refiere el artículo 1° de la Resolución 52 de 2000, pues constituye una decisión dirigida con exclusividad al GRAN COMERCIALIZADOR, representado en Colombia por la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS.

Que esta disposición no contiene un mandato imperativo de trasladar el valor que allí se menciona al consumidor final, pues si así hubiese sido la intención de la norma, habría preceptuado con perfecta claridad tal situación.

 

Señala que al establecerse esta errónea interpretación de la citada norma y aplicarse para sancionarla, se desconoce la categoría de minoristas, que ostenta la demandante, por lo cual no se puede derivar del mencionado artículo 1º de la Resolución 52 de 2000, infracción a cargo de PROGAS S.A. E.S.P.

 

  • VIOLACIÓN, POR FALTA DE APLICACIÓN, DEL ARTÍCULO 10 LITERAL B) DE LA RESOLUCIÓN CREG 83 DE 1997, QUE CONSAGRA LOS GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y LA PLANTA DEL MINORISTA.

 

Indica que en el escrito de interposición del recurso de reposición expuso que simultáneamente y con posterioridad al incremento de la tarifa que comenzó a operar en marzo de 2000 existieron incrementos de los insumos del transporte por las constantes alzas del precio internacional del petróleo, que llegó al 25% en el año 2000, los cuales influyeron de manera directa en los costos de distribución del gas propano habida cuenta que su distribución se realiza en vehículos de reparto.

 

Que aún en el evento que la Resolución CREG 52 de 2000 ordenara la reducción del componente Eo como obligación del distribuidor minorista, ante los excesivos incrementos del costo anunciado, tal hecho se compensaría, habida cuenta que la Resolución CREG 083 de 1997 en su artículo 10 literal b) autoriza al distribuidor realizar el incremento al usuario final en el que se cobre el costo de transporte, disposición que resulta vulnerada por la Superintendencia por falta de aplicación.

 

  • DE LA DECISIÓN.-

 

Previamente a explicar las razones que llevan a esta Sala a adoptar la decisión de fondo que corresponda, a titulo ilustrativo y para un mayor entendimiento de la situación en controversia, es pertinente comenzar por hacer precisión sobre los siguiente puntos:

En primer término, es de resaltarse que la Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001 define en el artículo 14.21, como servicios públicos domiciliarios los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible.

El servicio público domiciliario de gas combustible, es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. Es de resaltar que la ley de servicios públicos se aplica a las actividades complementarias de comercialización, producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, y desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red.

 

Los gases licuados del petróleo de conformidad con la definición que al respecto trae el literal b) del artículo 1° de la Resolución CREG 74 de 1996 “Por la cual se regula el servicio público domiciliario de gases licuados del petróleo (GLP), y se dictan otras disposiciones” , son mezclas de hidrocarburos extraídos del procesamiento del gas natural o del petróleo, gaseosos en condiciones atmosféricas, que se licúan fácilmente por enfriamiento o compresión, constituidos principalmente por propano y butanos. Se denominan comúnmente GLP o gas propano, es decir, el GLP es un gas combustible.

 

Ahora bien , la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, mediante la Resolución 052 de 2000, modificó el valor del componente Cargo Estampilla Base por Transporte (Eo), de la fórmula tarifaria aplicable al servicio público domiciliario de Gases Licuados del Petróleo (GLP), disponiendo para el efecto lo siguiente:

“LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS,

 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley142 de 1994, y los Decretos1524 y 2253 de 1994, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante la Resolución CREG - 035 de 1998, se fijó el valor del componente Cargo Estampilla Base por Transporte (Eo) de la fórmula tarifaria establecida por el artículo 4o. de la Resolución CREG-084 de 1997, en $82.70 por galón suministrado por el Gran Comercializador del Gas Licuado del Petróleo (GLP);

 

Que tal como lo aprobó la Comisión de Regulación de Energía y Gas en la respectiva sesión, con el fin de obtener el valor de dicho componente, se debió actualizar el factor Eo establecido mediante la Resolución CREG-144 de 1997, con la metodología aprobada por la CREG (actualización desde la fecha de expedición de la Resolución CREG-110 de 1997 hasta la nueva fecha de aplicación) lo cual da como resultado un valor de $65.03 por galón, a pesos de 1998;

 

Que el componente Eo de la fórmula tarifaria establecida por el artículo 4o. de la Resolución CREG-084 de 1997, incluye la entrega del producto por parte del gran comercializador en la Isla de San Andrés, tal como se estableció en la Resolución CREG-035 de 1998;

 

Que el valor de la entrega del producto por parte del Gran Comercializador en la Isla de San Andrés, es conocido a partir de los costos de transporte reconocidos para la Isla mediante la Resolución CREG-131 de 1997, y de las ventas totales de producto en el país durante el año de 1997, el cual, en pesos de 1998, es igual a $2.63 por galón;

 

Que actualizado el Eo establecido mediante la Resolución CREG-144 de 1997, en la forma aprobada por la CREG, y sumado el valor correspondiente a la entrega del producto en San Andrés, el valor resultante es $67.66 por galón, a pesos de 1998, y no $82.70 por galón, a pesos de 1998, como aparece en la Resolución CREG-035 de 1998;

 

Que el artículo126 de la Ley 142 de 1994, faculta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para modificar las fórmulas tarifarias adoptadas mediante acto administrativo, de oficio o a petición de parte, antes de su vencimiento, cuando sea evidente que se han cometido errores graves en su cálculo, que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa;

 

Que una vez demostrada la aplicación errónea del factor Eo en la definición del valor del Cargo Estampilla Base por Transporte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas está obligada a corregir dicha fórmula, CON EL FIN DE QUE SE REFLEJEN EXACTAMENTE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS QUE DEBÍAN OBTENERSE CON EL COBRO DE DICHO CARGO, Y SE PROTEJAN LOS INTERESES DE LOS USUARIOS DEL GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (GLP) ;

 

Que, igualmente, los actos administrativos de carácter general, pueden ser modificados por la autoridad competente, en ejercicio de la facultad atribuida por el artículo73 del Código Contencioso Administrativo;

 

Que como quiera que los actos administrativos rigen hacia el futuro, la corrección no tendrá efectos retroactivos, de conformidad con las reglas consagradas en la Ley 153 de 1887, que definen la vigencia de la ley (en sentido material), en el régimen jurídico nacional;

 

Que el parágrafo 3o. del artículo 31 del Decreto 266 de 2000, exceptúa de la publicación ordenada en esa norma, los proyectos de regulación que por razones de interés público deban adoptarse inmediatamente por parte de la Administración;

 

Que por razones de interés público, la corrección del error antes señalado debe adoptarse de manera inmediata, para que se pueda corregir con la misma inmediatez la aplicación de las fórmulas tarifarias vigentes para servicio público domiciliario de GLP en el país;

 

Que conforme a lo expuesto anteriormente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión número 129 del 17 de agosto de 2000 aprobó modificar el valor del componente Cargo Estampilla Base por Transporte (Eo), de la fórmula tarifaria aplicable al servicio público domiciliario de gas licuado del petróleo (GLP),

 

RESUELVE:

 

ARTICULO 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución CREG-035 de 1998 así:

 

"Artículo 2°. a) La definición del componente Eo de la fórmula tarifaria para determinar el ingreso máximo de transporte de GLP por ductos del gran comercializador, establecida por el artículo 4° de la Resolución CREG-084 de 1997, tal como quedó modificado por el artículo 2° de la Resolución CREG-144 de 1997, quedará así:

 

'Eo = Cargo estampilla base por transporte ($/galón), igual a $67.66, pesos de enero de 1998, por galón suministrado por el gran comercializador.'

 

b) Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 4° de la Resolución CREG-084 de 1997, tal como quedó modificado por el artículo 2 de la Resolución CREG-144 de 1997: “Parágrafo. El cargo estampilla establecido en este artículo, incluye la entrega del producto por parte del gran comercializador en la Isla de San Andrés.”

 

ARTICULO 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.”

 

Precisado lo anterior, por las razones que pasa a explicar la Sala, las Resoluciones acusadas se declararán ajustadas a derecho por cuanto la sociedad demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de que están investidos. Para el efecto se despachan los cargos propuestos de la siguiente manera:

 

  • VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DEL C.C.A. Y 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.-

 

En primero término es pertinente aclarar tal como se observa del contenido de la Resolución que resolvió el recurso de reposición, que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respecto al primero de los hechos objeto de investigación, relativo a la publicación de la fórmula tarifaria para el cálculo de las tarifas, consideró que efectivamente habían transcurrido tres (3) años a partir de la ocurrencia de los hechos irregulares que dieron origen a la investigación, motivo por el cual determinó que frente a éste, había ocurrido el fenómeno de la caducidad.

 

Así las cosas, el único hecho por el que finalmente se sancionó a PROGAS S.A., fue por desconocimiento de la modificación introducida en la formula tarifaria correspondiente al período 2000, en cumplimiento de lo ordenado por la Resolución CREG 052 de 2000, razón por la cual es sobre esta imputación que debe determinarse si tuvo lugar la ocurrencia de la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, según lo dispuesto en el artículo 38 del C.C.A., que prevé:

 

“Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.”

 

La preceptiva en cita se aplica cuando existe ausencia de disposición especial que regule este tópico, circunstancia que ocurre en el sub - lite, toda vez que la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, nada prescribe sobre el particular.

 

En el sub - examine la investigación que se inició como producto de la expedición de los actos acusados tuvo finalmente como propósito determinar, se repite, si la sociedad PROGAS S.A. desconoció la modificación introducida en el artículo 1° de la Resolución CREG 52 de 2000, publicada en Diario Oficial N° 44.151 del 5 de septiembre de 2000.

 

Entonces para determinar si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejerció en oportunidad la potestad sancionatoria, debe verificarse si a partir de la publicación que la sociedad demandante efectuó el 13 de octubre de 2000 en un diario de amplia circulación para dar a conocer a los usuarios de las nuevas tarifas del GLP ajustadas a la modificación del componente Eo - cargo estampilla Base por transporte, ordenada por la Resolución CREG 52 de 2000, transcurriendo más de los tres años con los que cuenta la administración para imponer sanción.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la facultada sancionatoria frente a este asunto caducaba el 13 de octubre de 2003, y como quiera que la Resolución N° 003333 del 28 de julio de 2003 “Por la cual se sanciona a una empresa de servicios públicos domiciliarios”, fue notificada personalmente al señor JOHN ALEXANDER VEIRA REYES el 1 de septiembre de 2003, persona autorizada para este propósito según consta al folio 31 del expediente, es claro que en el presente asunto no operó dicha caducidad, en la medida en que la facultad sancionatoria sí se ejerció dentro del término previsto para el efecto por el artículo 38 del C.C.A.

 

Debe aclararse, contrario a lo afirmado por la sociedad demandante, que el artículo 38 del C.C.A. no prevé que en el término de la facultad sancionatoria deba expedirse el acto sancionatorio y aquellos que se deriven del agotamiento de la vía gubernativa, así como llevarse a cabo la notificación de esta última decisión al administrado, pues basta que se haya expedido y notificado dentro de dicho lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción.

 

La anterior tesis ha sido acogida plenamente por esta Sala en reiteradas oportunidades. Sobre el particular el H. Consejo de Estado, puntualizó:

 

“De la norma transcrita (Art. 38 C.C.A.) no infiere la Sala, como lo hace la actora, que la facultad sancionatoria se extiende hasta el acto que agotó la vía gubernativa, sino que basta que se haya expedido y notificado dentro de dicho lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción. Por lo demás, la Administración no solo profirió el acto principal sino que resolvió el recurso de reposición y negó la concesión del recurso de apelación, actos estos que notificó dentro del término de los tres años a que alude el artículo 38 del C.C.A.. En consecuencia, como los hechos que dieron lugar a la sanción tuvieron ocurrencia el 14 de febrero de 1995 y el acto principal se expidió el 18 de marzo de 1996, notificado el mismo día al apoderado de la actora (folio 29 vuelto del cuaderno de anexos), no operó el fenómeno de la caducidad sancionatoria, por lo que el cargo en estudio no tiene vocación de prosperidad.” Resaltas fuera del texto.

 

Por lo expuesto este cargo no prospera.

 

  • VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN CREG - 52 DE 2000, POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA.

 

Tal como se aprecia de los argumentos de este cargo, corresponde determinar a la Sala si era forzoso que las empresas distribuidoras de gas propano, calidad que ostenta la demandante, procedieran a rebajar las tarifas de dicho servicio por la alteración que el componente Eo contenido en el artículo 1 de la Resolución CREG - 052 de 2000.

 

El argumento de la demandante consiste en sostener que no tenia la obligación de acatar la modificación introducida por dicha normatividad, que se dirige de manera exclusiva al gran comercializador representado en la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL.

 

Pues bien, para resolver sobre este particular debe acotarse que las fórmulas que se emplean para determinar las tarifas aplicables a los usuarios finales, contienen los componentes de costos que representan las tarifas máximas que remuneran a cada uno de todos los agentes presentes en la cadena de prestación de este dicho servicio de carácter domiciliario.

 

Al respecto el artículo 4° de la Resolución 84 de 1997 Por la cual se establecen las fórmulas tarifarias por producto y transporte aplicables a los grandes comercializadores de los gases licuados del petróleo (GLP), y se dictan otras disposiciones”, dispone:

 

“ARTÍCULO 4°. INGRESO MÁXIMO DEL TRANSPORTE POR DUCTOS. Fíjase la siguiente fórmula para determinar el ingreso máximo del transporte de GLP por ductos del gran comercializador:

 

Et = A * Eo

 

Et = Cargo estampilla del transporte por ductos ($/galón) después de la aplicación de la fórmula, el cual incluye trasiego y manejo.

 

A = Según se define en el artículo 3 de la Resolución Nº 083 de 1997 expedida por la CREG.

 

Eo = Cargo estampilla base por transporte ($/galón), igual a $ 58.00 por galón suministrado por el gran comercializador.”

 

Y fue precisamente el componente Eo, necesario para determinar la formula Et, el que fue modificado por la Resolución CREG 52 de 2000, determinando una reducción en el valor del transporte por galón, que según la CREG, debe aplicarse a la tarifa final cobrada al usuario. Al respecto y como fundamento de la iniciación de la investigación administrativa señaló la referida entidad al solicitar la investigación de la demandante ante la Superintendencia:

 

“(...) 2. Las modalidades introducidas en la fórmula tarifaria por la Resolución CREG - 052 de 2000, tienen el efecto de reducir los precios máximos de venta al público, lo que debe trasladarse totalmente a los usuarios.(...)

 

Ahora bien, la formula general contemplada en el artículo 2° de la Resolución CREG 83 de 1997 “Por la cual se establece la fórmula general de costos y las fórmulas tarifarias de las actividades de los comercializadores mayoristas y distribuidores de los gases licuados del petróleo (GLP), y se dictan otras disposiciones.”, dispone:

 

ARTICULO 2. FORMULA GENERAL. Fíjase la siguiente fórmula general para determinar las tarifas aplicables a los usuarios finales del servicio de distribución de gases licuados del petróleo (GLP), con arreglo a las normas contenidas en la presente Resolución y compuesta por los siguientes componentes de costos:

 

M = G + E + Z + N + D

 

M = Tarifas al público de los gases licuados del petróleo GLP ($ por galón), de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la presente Resolución.

G = Ingreso máximo por producto del gran comercializador ($/galón), de acuerdo con lo establecido en resolución separada, que contiene la fórmula aplicable a esta actividad.

E = Ingreso máximo del gran comercializador por transporte ($/galón), de acuerdo con lo establecido en resolución separada que contiene la fórmula aplicable a esta actividad.

Z = Margen para seguridad ($/galón), de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la presente Resolución.

N = Margen del comercializador mayorista ($/galón), de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la presente Resolución.

D = Margen del distribuidor ($ por galón), de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la presente Resolución.

 

PARÁGRAFO . Las variaciones que se produzcan en la fórmula tarifaria de la actividad del gran comercializador, del comercializador mayorista o del distribuidor, no constituyen una modificación de los demás componentes de la fórmula tarifaria general. la fórmula que regula cada actividad se establece separada e independiente.”

 

De acuerdo con las disposiciones en comento, si bien es claro tal como lo consideró la sociedad demandante, que al aplicar la reducción del componente Eo, equivalía a una reducción en el porcentaje del costo de transporte, por su parte no es válida la conclusión asumida de acuerdo con la interpretación de las directivas de AGREMGAS, AFOMDIGAS y CONDEDEGAS (fls. 71 - 77 C. antec.), en el sentido que tal reducción sólo era aplicable a las ciudades terminales del Gran Comercializador.

Dicha conclusión no es admisible para la Sala por cuanto no es lógico que se haya efectuado la reducción ordenada, bajo la interpretación que estas Asociaciones le otorgaron a la Resolución CREG 052 de 2000, (motivo determinante por el cual se sancionó a la demandante a través de los actos cuestionados), según el cual sólo es posible que dicha reducción se autorice para las ciudades terminales del Gran Comercializador, y ahora en vía judicial considere que no era del resorte de sus obligaciones reflejar tal deducción en la tarifa final cobrada al usuario.

 

Ello por cuanto es evidente que la fórmula para determinar el ingreso máximo del transporte de GLP por ductos del gran comercializador, inciden en el precio final del producto, y por lo tanto tiene afectación en el que lo distribuye, porque si la tarifa resulta mayor, el incremento se traslada al usuario, pero si ésta se reduce, lo lógico y comprensible es que tal beneficio sea igualmente recibido por el usuario, pues de la fórmula general para determinar el valor a cobrar a los usuarios finales, el componente E, se refiere al valor del ingreso máximo del gran comercializador por transporte ($/galón), es decir, al valor que modificó la Resolución CREG 52 de 2000, y que representa que cualquier reducción que se reporte por esta razón, deba necesariamente traducirse en el costo del servicio de GLP entregado al usuario.

 

Finalmente, es de precisar que el hecho de reducirse el componente Eo determinante para establecer el precio del transporte por galón de GLP por parte del gran comercializador, no desconoce o excluye la categoría de distribuidor que ostenta la demandante, puesto que la tarifa final cobrada al usuario tiene como propósito garantizar que cada uno de los componentes que la forman y que son a su vez los valores máximos que se establecen, remuneren a cada uno de los agentes presentes en la cadena de prestación de este servicio de carácter domiciliario - GLP.

 

Por los motivos expresado queda evidenciado que no existe la violación planteada por la demandante, lo cual conlleva que este cargo se despache desfavorablemente.

 

  • VIOLACIÓN, POR FALTA DE APLICACIÓN, DEL ARTÍCULO 10 LITERAL B) DE LA RESOLUCIÓN CREG 83 DE 1997, QUE CONSAGRA LOS GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y LA PLANTA DEL MINORISTA.

 

En lo que respecta a esta presunta violación debe en primer término la Sala traer a colación la norma supuestamente infringida, que dispone:

 

“ RESOLUCION 83 DE 1997

(29 de abril)

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

 

Por la cual se establece la fórmula general de costos y las fórmulas tarifarias de las actividades de los comercializadores mayoristas y distribuidores de los gases licuados del petróleo (GLP), y se dictan otras disposiciones.

 

(...)

“ARTICULO 10. RÉGIMEN TARIFARIO PARA LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS AL USUARIO FINAL. Para la fijación de los precios al usuario final se observarán las siguientes reglas:

 

    • Los precios al usuario que resulten de aplicar las fórmulas establecidas en el artículo anterior, rigen para las localidades donde los grandes comercializadores entreguen el producto.

 

    • Para localidades diferentes a las indicadas en el literal anterior, los precios del GLP serán fijados por los distribuidores, adicionando el costo del transporte a los precios que resulten de la aplicación de las fórmulas establecidas en el artículo anterior para la localidad más cercana en la cual los grandes comercializadores entreguen el producto.

 

    • Los precios de distribución de GLP en el perímetro urbano de las localidades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Sincelejo, Montería, Neiva, Bucaramanga, Villavicencio, Barrancabermeja y Floridablanca, serán fijados libremente por el distribuidor bajo el régimen de libertad vigilada. Conforme a este régimen, la CREG revisará periódicamente la lista de localidades donde operará este régimen de tarifas, para incluir o excluir localidades.

 

    • El precio de distribución de cilindros con capacidad inferior a 9 kg. (20 libras), será fijado libremente por el distribuidor.”

 

De la norma transcrita se tiene que en efecto en el literal b) consagra de manera excepcional que para aquellas localidades donde no se entregue el producto por parte de los grandes comercializadores , los precios del GLP serán fijados por los distribuidores, adicionando el costo del transporte a los precios que resulten de la aplicación de las fórmulas establecidas para la localidad más cercana en la cual los grandes comercializadores entreguen el producto.

No obstante, esta justificante no puede considerarse en el presente caso como excusa de la demandante para no acceder a la reducción de la tarifa final al usuario, toda vez que el componente Eo señalado en la Resolución CREG 52 de 2000, es un elemento del precio final del usuario, que inclusive puede ser aumentado en el específico caso planteado en la norma, pero que requiere que sea consecuencia del transporte a ciudades diferente a los terminales del gran comercializador, y que en ningún caso se semeja al valor del ingreso máximo del gran comercializador por transporte (componente E) .

 

Entonces lo que se encuentra probado en el expediente es que el descuento no se aplicó de la forma debida en la tarifa del usuario final, pues se repite, e l precio de venta máximo a los usuarios finales se obtiene de trasladar los costos por galón en los que incurre el distribuidor minorista y que corresponden a la suma de los componentes G, E, Z y N, que se obtiene en $/galón, y los cuales son proporcionales a la capacidad en galones de cada tipo de presentación de venta, más su correspondiente margen de distribución, costo frente al cual el minorista o distribuidor le adiciona el correspondiente margen de distribución y, de requerirse, el flete, desde el terminal de abastecimiento más cercano hasta el municipio donde se distribuirá.

 

Resalta la Sala que conforme a la anterior conclusión, es posible demostrarse el incremento de los productos por el motivo señalado en el artículo 10 de la Resolución 83 de 1996, pero no en el sentido atribuido por la demandante, ésto es, desconociendo la reducción del componente Eo. Lo anterior por cuanto para lograr un equilibrio económico frente a los fletes que se generen por el transporte del producto, es necesario que se tengan en cuenta una serie de aspectos que se presentan dependiendo la ubicación de la localidad donde se pretenda comercializar y de las condiciones propias del transporte frente al punto de la terminal de GLP más cercana, es decir, que este sobre costo será una variable, frente al componente Eo, que es una constante que reconoce el valor del transporte efectuado por el gran comercializador, y que se aplica de manera anticipada a este sobrecosto, y que representa la tarifa final cobrada al usuario.

 

Por lo expuesto este cargo tampoco prospera.

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

 

PRIMERO.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

 

SEGUNDO.- Reconócese personería al Dr. DANIEL ALEJANDRO MONTOY C., como apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los términos y para los efectos del poder visible al folio 93 del expediente.

 

TERCERO.- Sin costas en la instancia.

 

CUARTO.- En firme este providencia, archívese el expediente.

 

CÓPIESE, NOTIFIQUESE y CÚMPLASE

Aprobado en Sala de la fecha. Acta N° .-

 

 

 

 

SUSANA BUITRAGO VALENCIA HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

 

 

WILLIAM GIRALDO GIRALDO

Con aclaración de voto

 

Compilado, editado y concordado para SSPD por BISA Corporation Ltda.

Editores y Compiladores: Yezid Fernando Alvarado Rincón, Astrid Suárez Prieto.

 

Esta Resolución CREG 052 de 2000, se publicó en el D iario Oficial N° 44.151 del 5 de septiembre de 2000.

 

H. Consejo de Estado - Sección Primera Sentencia del 13 de noviembre de 2003. Exp. N° 7767 C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Definición contenida en el artículo 1° de la Resolución CREG 074 de 1996 “Gran Comercializador: la empresa de servicios públicos, salvo la excepción prevista en el artículo 15.2 de la Ley 142 de 1994, que produce o importa GLP para el suministro al por mayor a comercializadores mayoristas. Si en un terminal de entrega de un gran comercializador no hubiere sino un solo comercializador mayorista, aquél podrá suministrar GLP a distribuidores directamente.”

“ ARTICULO 3. ACTUALIZACION Y FACTOR DE EFICIENCIA. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Resolución 35 de 1998.:> Para efectos de esta Resolución, defínese A como la variación del índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el 31 de enero de 1998 y el 31 de enero del año en el cual se aplicará la fórmula, menos el factor de eficiencia.

= Índice de precios al consumidor total nacional del mes de enero del año en el cual se aplicará la fórmula, reportado por el DANE.

= Índice de precios al consumidor total nacional del mes de enero de 1998, reportado por el DANE.

X = El factor de eficiencia para el período de vigencia de las fórmulas establecidas en esta Resolución es del 0.01, el cual será aplicado a partir de la segunda anualidad de vigencia de las fórmulas tarifarias.

 

Este valor fue modificado por la Resolución CREG 035/98 en valor de $82.70 por galón suministrado por el Gran Comercializador.

Definición contenida en el artículo 1° literal f) de la Resolución CREG 074 de 1996. Distribuidor: la empresa de servicios públicos que maneja, envasa y suministra GLP a usuarios, a través de cilindros y tanques estacionarios en fase líquida, o a través de una red local en fase gaseosa. En este último caso, el distribuidor estará sujeto a las disposiciones previstas en el Código de Distribución de Gas Combustible por Redes expedido por la CREG.”

Publicada en el Diario Oficial N° 43.052 de mayo 30 de 1996.

 

 

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Última modificación:23/12/2009 04:36:25 PM
Servicios Públicos: - Gas natural
Publicado:12/10/2006 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por hechos investigados y sancionados que versan sobre la presunta falta en el deber de publicar la fórmula tarifaria, al haberse omitido, a juicio de la entidad de vigilancia, la publicación de las tarifas aplicadas a los usuarios en el año 2000, por violación del artículo 13 de la Resolución CREG 83 de 1997, y por el presunto desconocimiento de la modificación en la fórmula tarifaria introducida por el artículo 1° de la Resolución CREG 052 de 2000, durante el periodo correspondiente al año 2000
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