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 Tribunal Administrativo No. 991 de 2006
  
 
SSPD - Conceptos - Conceptos SSPD 2007

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN PRIMERA

Subsección “A”

 

Bogotá D.C., noviembre dos (2) de dos mil seis (2.006).

 

Magistrada Ponente: SUSANA BUITRAGO VALENCIA

Exp. N° 2004 - 0991

Demandante: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

SENTENCIA

 

Procede este Tribunal a dictar sentencia con el fin de resolver la demanda instaurada mediante apoderado judicial por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de decidir sobre las siguientes:

 

  • PRETENSIONES.-

 

A. PRINCIPALES.-

 

PRIMERA - Que es nula la Resolución N° 004894 del 9 de julio de 2001, emanada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Delegado para Intendencia de Control Social, por medio de la cual se impuso una sanción de carácter pecuniario a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB -, a favor de la Nación por valor de $85.800.000 equivalentes a 300 S.M.L.M, por quejas presentadas por 190 usuarios.

 

SEGUNDA.- Que es nula la Resolución N° 003141 del 28 de enero de 2003, emanada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, desató el recurso de reposición y CONFIRMÓ lo dispuesto en la Resolución N° 004894 del 9 de julio de 2001.

TERCERA.- Que se declare nula la Resolución N° 005036 del 28 (sic) de octubre de 2003, emanada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Delegada para Telecomunicaciones, por medio de la cual se absuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 004894 del 9 de julio de 2001.

 

CUARTA.- Que se condene en costas a la Superintendencia, generadas con ocasión de la presente acción.

 

QUINTA.- Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se requiera e inste a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a fin de que se elimine la aplicación del sistema de sanciones tarifadas y se adopte un criterio objetivo y racional en las medidas sancionatorias.

 

B. SUBSIDIARIA.-

 

PRIMERA.- En subsidio de las peticiones principales, solicita que en caso de no declarar la nulidad de los actos acusados, se reduzca el monto de la sanción impuesta conforme a lo que aparezca probado y al impacto de la infracción.

 

FUNDAMENTOS DE HECHO.-

 

Los hechos relevantes que constituyen el fundamento de las pretensiones se resumen así:

 

La entidad demandada inició investigación formal contra la ETB, mediante auto de cargos N° 050 del 11 de mayo de 2000, señalando el término de diez (10) días para dar contestación a los mismos. El argumento para proferir este acto administrativo en contra ETB, tuvo como sustento legal la denuncia incoada por 190 peticionarios por hechos ocurridos en el año 1999, a quienes presuntamente la Empresa les dio respuesta extemporánea de los derechos de petición por ellos elevados. (artículo 158 de la Ley 142 de 1994)

 

Refiere que dentro del término legal descorrió el auto de cargos, explicando las razones del retardo, especialmente el altísimo volumen de quejas, peticiones y reclamos que a diario se recepcionan, antes de entrar a responder las peticiones que en su mayoría tienen la necesidad de practicar una serie de pruebas técnicas, revisar facturación, dar traslado a los reclamos por otros operadores, detectar daños en las líneas telefónicos y atender instalaciones y reinstalaciones, entre otras, situación que no fue tenida en cuenta para efectos de investigar los 190 casos relacionados y que la demandada decidió acumular en una sola investigación, otorgándole a la Empresa únicamente un plazo de 10 días, para la contestación de los cargos.

 

Indica que no solamente se otorgó un plazo corto para responder 190 peticiones, sino que además se acumularon peticiones del año 1999, lo que a su parecer implicó para la SSPD el adelantar una oportuna investigación al respecto y además generó un término de investigación mayor, por tratarse precisamente de cúmulo de peticiones, dado la época en que sucedieron los hechos.

 

Afirma que recaudado el acervo probatorio la Entidad demandada desestimó las explicaciones de la ETB y las pruebas aportadas por la Empresa, profiriendo la Resolución sancionatoria N° 004894 del 9 de julio de 2001, imponiendo a su arbitrio sanción pecuniaria de 300 S.M.M.V. representados en $85.800.000 a favor de la Nación, arguyendo presuntamente la violación de los artículos 158 de la Ley 142 de 1994, 123 del Decreto 2150 de 1995 y 9 del Decreto 2223 de 1996.

 

Que la ETB ejerciendo el derecho de defensa dentro del término legal recurrió la Resolución sancionatoria, interponiendo los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

 

Asegura que los argumentos consignados en el escrito de reposición y en subsidio de apelación no fueron tenidos en cuenta, y que la SSPD se limitó a reiterar lo expresado en el auto de cargos N° 050 del 11 de mayo 2000, sin entrar controvertir los contundentes argumentos presentados por la ETB, que afirma, “en la mayoría de los casos dio respuesta de fondo a los usuarios, dando una solución a sus pretensiones”.

 

Que igualmente relacionó las inconsistencias que a su parecer se presentaron en el auto de formulación de cargos.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió los recursos propuestos, confirmando la decisión inicialmente adoptada, mediante Resoluciones N°s 003141 del 28 de enero de 2003 y la Resolución N° 005036 del 25 de octubre de 2003.

 

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.-

 

Como disposiciones infringidas por los actos acusados, cita la Empresa demandante las siguientes:

 

  • Artículos 9, 13, 29 y 209 de la Constitución Política.
  • Artículos 29, 34, 35, 36, 39, 56, 57, 58, 59, 69 y 267 del Código Contencioso Administrativo.
  • Artículos 81.2, 107, 111, 108, 149, 154, y 156 de la Ley 142 de 1994.
  • Artículos 174, 178, 187 y 245 del Código de Procedimiento Civil.

 

Al desarrollar el concepto de violación, la Empresa demandante formula varias acusaciones en contra de los actos acusados, señalando las normas que considera están siendo vulneradas. Tales cargos se analizarán más adelante, teniendo en consideración el material probatorio aportado por las partes al informativo judicial.

 

ACTUACIÓN PROCESAL.-

 

Por auto del 2 de diciembre de 2004 (fls. 195 - 196) fue admitida la demanda, ordenándose notificar la iniciación de la acción al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

 

  • CONDUCTA PROCESAL DE LA ENTIDAD PUBLICA DEMANDADA.-

 

La entidad demanda a través de apoderada contestó oportunamente la demanda, mediante escrito visible a los folios 204 y s.s., manifestando su oposición a las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso las siguientes razones de defensa:

  • Refiere que de conformidad con el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos responderán los recursos, quejas y peticiones de los usuarios dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, y salvo que se demuestre que el usuario auspició la demora o que se requiera la práctica de pruebas, se entenderá que la respuesta ha sido favorable, norma que fue subrogada por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, y que la expresión genérica de petición comprende además las quejas y los recursos que presenten los usuarios.

 

  • Que en cumplimiento de la citada norma la SSPD y en cumplimiento de la función otorgada en el artículo 80.4 de la Ley 142 de 1994, sancionó a la demandante a través de la Resolución N° 004894 del 9 de julio de 2001, en razón a que no dio respuesta oportuna a 190 usuarios.

 

  • Señala que fue en desarrollo de la investigación administrativa y en especial de la formulación del auto de cargos N° 050 de 11 de mayo de 2000 se estableció que la ETB no dio respuesta oportuna y adecuada a 190 peticiones que aparecían con número de radicado en esa empresa, pues la ETB se limitó a responder que esos reclamos no aparecían registrados en la base de datos, no logrando demostrar en el trámite de las peticiones que quien auspició la mora fue el usuario.

 

  • Resalta que no es cierto que la Superintendencia haya dado un alcance diferente al artículo 158 de la Ley 142 de 1994, lo que sucede es que la empresa no demostró que el retardo, repite, se hubiese presentado por culpa del usuario o por la necesidad de practicar pruebas, y es la demandante la que pretende darle un alcance diferente a la norma en cita.

 

  • Que es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar peticiones, quejas y recursos en desarrollo del contrato de servicios públicos, olvidándose la ETB que el derecho de petición previsto en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, es desarrollo constitucional del derecho de petición según el artículo 23 Superior, el cual tiene rango de derecho fundamental y tanto las empresas de servicios públicos como las autoridades administrativas tienen la obligación de contestar las peticiones que les presenten los usuarios.

 

  • Refiere que no es cierto que la facultad sancionatoria de la Superintendencia esté condicionada a que se acredite el perjuicio sufrido por el usuario por la demora en la respuesta de la empresa, pues los artículos 79.1 y 80.4 de la Ley 142 no requieren una exigencia en tales términos.

 

  • Que no comparte el argumento relativo a que no existió valoración probatoria en 60 casos (sic) o derechos de petición, por cuanto al estar radicada en esa empresa tales peticiones no le correspondía a la entidad de control la carga de la prueba, toda vez que era justamente a ésta quien debía demostrar la respuesta oportuna en cada caso.

 

  • Finalmente en lo que se refiere a la gradualidad de la sanción en los términos del artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, se autoriza la imposición de sanciones hasta un monto de 2000 salarios mínimos y en cuanto a la sanción impuesta mediante la Resolución acusada, señala que ésta se encuentra muy por debajo de dicho limite, el cual considera razonable si se tiene en cuenta el número de usuarios que resultaren afectados por la negligencia de la empresas en responder de manera oportuna las peticiones de sus usuarios.

 

  • ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.-

 

Concluida la etapa probatoria se ordenó correr traslado por el término de 10 días (fl. 216), oportunidad en la que intervinieron la empresa demandante y la entidad demandada, reiterando una vez más los argumentos esbozados en la demanda y en su contestación, respectivamente. (fls. 220 y s.s.)

 

El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto de fondo.

 

  • CONSIDERACIONES DE LA SALA.-

 

Agotados los trámites inherentes al asunto bajo examen y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, procede la Sala a emitir el fallo que en derecho corresponde.

 

  • DEL PROBLEMA JURÍDICO.-

 

Consiste en establecer si resultan probadas las censuras alegadas por la Empresa demandante contra los actos sancionatorios acusados, debate que determinará la procedencia de decretar la nulidad de las Resoluciones acusadas: N°s 004894 del 9 de julio de 2001, por medio de la cual se impuso una sanción a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. , consistente en una multa equivalente 300 S.M.M.L., y las N°s 003141 del 28 de enero de 2003, por la cual se resolvió el recurso de reposición propuesto en contra de la Resolución inicial y 005036 del 15 de octubre de 2003, que decidió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la sanción impuesta a la demandante; todas expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

 

  • DE LOS CARGOS ADUCIDOS POR LA EMPRESA DEMANDANTE.-

 

Para solicitar la nulidad de los actos acusados, el apoderado de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá expone como argumentos los siguientes:

 

  • VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA.-

 

Alega que la S.S.P.D. viola el derecho de defensa al pretender dar un alcance y una interpretación al artículo 158 de la Ley 142 de 1994, que éste no consagra, partiendo del hecho que todas las peticiones debieron ser resueltas dentro de los 15 días siguientes, olvidando que tal disposición al ser concordante con el artículo 6 del C.C.A., contiene dos (2) excepciones al término perentorio de los quince días hábiles, relativas a que el usuario haya auspiciado la demora o que sea necesaria la practica de pruebas.

Refiere que dada la naturaleza de las peticiones que atiende la ETB, entre ellas, daño en línea telefónica, facturación, instalaciones y reinstalaciones, cambio de número, traslado, instalación de servicios suplementarios, se hace siempre necesario realizar pruebas técnicas del caso para poder responderle al interesado, dado que es de la verificación de las circunstancias de carácter técnico de la línea y de la cuenta, que la Empresa ofrece una respuesta de fondo al interesado.

Que la S.S.P.D. se limitó a contabilizar los quince días a partir de los cuales se debió dar respuesta a las peticiones, sin tener en cuenta la posibilidad legal otorgada para efectos de ordenar la práctica de pruebas en los casos necesarios.

Afirma que el artículo 34 del C.C.A. advierte que “durante el trámite administrativo se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones sin requisitos ni términos especiales de oficio o a petición de parte” , y que no permitir la práctica de pruebas significa la violación del derecho de defensa tanto para el interesado como para la Empresa.

Luego de referenciar decisiones judiciales relativas a la aplicación de las normas del C.C.A., en materia de peticiones de las empresas de servicios público y de transcribir los artículos 158 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, considera que la Entidad demandada al aplicar la norma que contempla los 15 días, no se detuvo a observar que las quejas presentadas por los usuarios datan de los años 1999, ante lo cual la Superintendencia sólo toma la determinación de elevar el pliego de cargos N° 050 del 11 de junio de 2000, imponiendo una sanción en firme hasta el 5 de agosto de 2004, a través de la Resolución N° 005036, es decir, cinco años después de ocurridos los hechos, lo que no demuestra celeridad y eficiencia por parte de la Entidad, mientras y por el contrario a la ETB se le aplica con todo rigor la norma, pese a que por razones técnicas, administrativas y por exceso de las peticiones que debe resolver, contesta extemporáneamente y sobrepasa el término de los 15 días de que trata el artículo 158 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, asegura que ya dentro del término legal o extemporáneamente, dio una solución de fondo a las pretensiones de cada unos de los peticionarios.

 

Considera que la actuación desplegada por la ETB se siguió de manera rigurosa, pues antes de limitarse a cumplir con los requisitos formales, desarrolló procedimientos necesarios para la solución de fondo del problema planteado, aún si en esa labor se emplea un término superior al general permitido por la Ley, y en el sub - lite, la Superintendencia únicamente se limita a registrar el simple hecho del transcurso del tiempo sin atender ni analizar las demás circunstancias que la Ley y la Jurisprudencia permiten para poder solucionar el contenido de la respuesta solicitada a través del derecho de petición.

 

  • FALTA DE COMPETENCIA.-

 

Asegura que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no tiene competencia para la imposición de la sanción pecuniaria que ha fijado a cargo de la ETB S.A. E.S.P., por la presunta violación de los artículos 158 de la Ley 142 de 1994, 13 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 9 del Decreto 2223 de 1996.

 

Considera que la sanción impuesta por la Superintendencia se encuentra por fuera de los limites de su competencia, constituyéndose en una onerosa multa que no posee justificación alguna. Alega que las sanciones de la Superintendencia se han constituido en un ingreso más para el Gobierno Nación con pleno desconocimiento de los fines para los cuales fue creada, cual es la protección de los derechos de los usuarios, no una fuente de ingresos.

 

Que no figura en la actuación administrativa prueba alguna de algún perjuicio directo e inmediato causado a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones y en tales condiciones no tiene la SSPD competencia para imponer sanciones, sumado a que no existe norma alguna que determine la forma de dosificar la sanción, la cual se hace de manera caprichosa y en bloque, calificando una responsabilidad objetiva la cual se encuentra poscrista en nuestra legislación.

 

Señala que el factor de reincidencia es tomado en forma contraria a lo previsto en la Ley, en razón a que desestiman los argumentos propuestos por la demandante, consistentes en que mientras no se produzca una sentencia definitiva sobre su responsabilidad o no esté en firme la que sancione una conducta ni se evidencie reiteración, no es dado establecer un factor de reincidencia al momento de tasar la multa.

 

  • INDEBIDA APLICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE LA ACUMULACIÓN PROCESAL PARA EL CASO DE LAS 60 (sic) PETICIONES.-

 

Refiere que la institución de la acumulación en materia de procedimientos administrativos tiene su propia regulación en el artículo 29 del C.C.A., pudiendo accederse a ella a petición de parte o de manera oficiosa, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos para que se puedan tramitar bajo una sola cuerda:

 

  • Cuando las actuaciones tengan el mismo efecto.
  • Cuando puede predicarse una relación íntima y
  • Que con lo anterior se eviten decisiones contradictorias.

 

Que en el sub - lite no hay identidad en el objeto ya que de un lado se trataba de solicitudes por unas presuntas irregularidades en la prestación del servicio telefónico, en las que se parte de la existencia de una red en funcionamiento, por casos de violación del derecho de petición, con solicitudes que versaban sobre temas diferentes al del servicio mismo y de otro lado, que en la revisión previa de la facturación frente a inconsistencias concretas de los usuarios, en el evento de comprobarse su ocurrencia, los efectos frente a los usuarios serían diversos, situación que no permitía una relación íntima entre las pretensiones de cada uno de los peticionarios, por más que se trate de actividades de la Empresa.

 

Agrega que tampoco dicha acumulación protegía al censor administrativo del riesgo de adoptar decisiones opuestas, ya que cada una de las reclamaciones exigían comprobaciones concretas de acuerdo con las circunstancias particulares de tiempo, modo y lugar, a efectos de concluir con un juicio de imputación, lo cual llevo a la demandada a manejar un muestreo de casos y a aplicar subjetividad en la dosimetría de la pena, aspectos que demuestran la improcedencia del procedimiento adoptado.

 

Que en el pliego de cargos N° 050 del 11 de junio de 2000, se acumularon 190 casos, cuya motivación y circunstancias fueron diferentes para cada uno, ya que en algunos eventos éstos obedecieron a peticiones, en otros a reclamos y también a la decisión de recursos interpuestos.

 

  • AUSENCIA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.-

 

Precisa que el debido proceso en la actuación administrativa conlleva el análisis de una serie de obligaciones de valoración probatoria por parte del censor administrativo, que por remisión expresa del artículo 57 del C.C.A., se aplica a ésta y respecto de la apreciación de las prueba se exige: “(...) expondrá razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba” (artículo 187 del C.P.C.) y que de no hacerlo, ello conlleva un acto decisorio que viola el principio de legalidad.

 

Que en la Resolución N° 003141 del 28 de enero de 2003 que decidió el recurso de reposición, al confirmar la sanción impuesta a la demandante, se manifestó: para los usuarios que no han sido notificados de la práctica de pruebas, le corre únicamente el término de quince (15) días hábiles y que a su vencimiento son merecedores de los efectos del silencio administrativo positivo de acuerdo a su respectiva petición”. Considera que esta prueba es nula, por cuanto debe obtenerse de conformidad con el debido proceso.

 

Asegura que se incurre en inexactitud al afirmar “lo reconocido a través de silencio administrativo” , pues éste no se declara, ya que se trata de un instrumento que opera IPSO IURE ante la inactividad de la administración, y el exigirse la expedición de un acto administrativo expreso, en este caso, la Resolución en la cual se reconocen los efectos del silencio administrativo positivo, debe sujetarse en todos sus aspectos a los principios que guían la actividad administrativa y al principio por el cual los servidores públicos o quienes ejercen funciones públicas sólo les está permitido hacer lo que la Constitución y la Ley les impone, por ello no es posible jurídicamente expedir un acto administrativo que no tenga un supuesto legal claro, definido y debidamente motivado.

 

Que el reconocimiento de los efectos del silencio positivo administrativo no puede sustraerse al principio de legalidad, pues está claro que el peticionario no puede a través de la figura del silencio positivo obtener aquello que legalmente no hubiese podido obtener por otros medios jurídicos, toda vez que las peticiones, reclamos y quejas son un instrumento para el reconocimiento de los derechos de los peticionarios, no una fuente de los mismo, de otra manera sería un camino expedito para obtener resultados completamente contrarios al ordenamiento jurídico.

 

A reglón seguido explica sobre el volumen de peticiones que recepciona y tramita la Empresa el cual alega, es muy alto y de gran complejidad, y ha ido aumentando año tras año, aspecto que demuestra a través de unos cuadros informativos correspondientes a los años 1999, 2000 y del 1° de enero al 25 de septiembre de 2001.

 

Más adelante recalca que la SSPD no dio ningún valor probatorio a las pruebas aportadas por la empresa al momento de descorrer el pliego de cargos, oportunidad en la cual, asegura, se relacionaron varias inconsistencias presentadas en cuanto a nombre de usuario, número telefónico, etc, casos que no fueron aceptados por la Superintendencia, pese a tratarse de incongruencias que hacía imprescindible conocer los antecedentes de cada uno de ellos con el fin de establecer el trámite realizado por la empresa y así ejercer el derecho de defensa en relación con los cargos formulados.

 

  • DE LA AUSENCIA DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN.-

 

Considera que el principio de proporcionalidad constituye un postulado que racionaliza la actividad sancionatoria de la Administración, evitando que la autoridad desborde su actuación represiva y la encause dentro de un criterio de ponderación, mesura y equilibrio, como la alternativa última de entre las que menos gravosa resulte para el administrado.

 

Refiere que en el caso bajo examen, la Superintendencia aplicó la responsabilidad objetiva sin el análisis de todas y cada unas de las pruebas aportadas en el escrito de descargos presentados por la ETB.

 

  • DE LA AUSENCIA DE DOSIMETRIA PUNITIVA.-

 

Alega que el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 prevé el monto de la sanción, como la facultad que le asiste a la autoridad administrativa para graduarla teniendo en cuenta factores como: impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y el factor de reincidencia. Respecto de estos factores sostiene el apoderado de la ETB que la Superintendencia pretendió sustentar la reincidencia de la conducta frente a la violación del derecho de petición, violación que a su parecer, aún se encuentra en discusión frente a esta Jurisdicción, no cumpliéndose de esta manera con los requisitos de la dosimetría punitiva.

 

Agrega que no se tuvo en cuenta por parte del organismo de control al imponer la sanción, las medidas alternativas adelantadas por la ETB, las cuales se concretan en el seguimiento de unos programas de gestión supervisados por la Entidad, encaminados a orientar y solucionar los casos aquí presentados.

 

Refiere que en diferentes oportunidades y con fundamento en la violación del artículo 158 de la Ley 142 de 1998, por parte de la S.S.P.D., se han impuestos diferentes montos de sanción, arbitrariedad que se advierte al revisar el monto de las sanciones aplicadas a través de diferentes actuaciones administrativas y que son fundamento de la ETB para manifestar que tales sanciones varían desde 1.5 hasta 18 salarios mínimos de multa por cada caso de supuesta infracción. Para demostrarlo realiza un cuadro de verificación, en donde tiene en cuenta el valor correspondiente a cada caso al dividir la multa impuesta, por el numero de quejas presentadas por los usuarios. (fls. 25-26)

 

Además de los anteriores argumentos el apoderado de la ETB para explicar el concepto de violación de las normas señaladas como infringidas expone:

 

  • La Constitución Política consagra en el artículo 13 el principio y derecho a la igualdad, de donde se deriva la facultad que tienen todas las personas de exigir de las autoridades el mismo trato frente a otras, colocadas en idénticas circunstancias. Asegura que la Superintendencia violó este principio al acumular en un solo expediente 161 (sic) quejas presentadas por diversas personas, y de no haberse dado la acumulación el lapso para contestar los cargos por cada una de las reclamaciones hubiera sido de 10 días hábiles, que fue el concedido para contestar las 200 (sic) quejas.
  • Señala que el debido proceso fue vulnerado, por cuanto la Superintendencia parte de un supuesto de culpabilidad de la ETB al tomar conductas anteriores como base para la decisión de las Resoluciones acusadas, sin entrar a analizar el comportamiento frente a las 200 (sic) reclamaciones, desconociendo el principio de que “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable” .

 

  • Que no se indicó la norma que se tuvo en cuenta para fijar el plazo de los 10 días a efectos de rendir los descargos, y que se obró en forma subjetiva y desproporcionada al concederle inicialmente al inculpado el término de 10 días que tendría para rendir los descargos de cada una de las 63 (sic) reclamaciones, término insuficiente para ejercer el derecho de defensa y controvertir las pruebas allegadas.

 

  • Considera que se vulnera el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, por cuanto la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debió tener en cuenta para el momento de aplicar la sanción de multa los siguientes criterios: i) la naturaleza y gravedad de la falta, ii) el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público y iii) el factor reincidencia.

 

  • Que “el pliego de cargos cumple una función vital dentro del proceso disciplinario, pues con base en él, la administración de una parte, circunscribe la imputación específica de los hechos constitutivos de la falta disciplinaria y de otra, parte, el inculpado puede ejercer adecuadamente su derecho de defensa respecto de los cargos específicos y concretos”, y al no existir norma aplicable en relación con la información que debe contener el pliego de cargos, debe acudirse a una norma procesal supletoria como lo es la Ley 200 de 1995.

 

  • Asegura que el hecho imputado como falta para que sea sancionable debe afectar el deber funcional, es decir que no basta dejar de contestar las peticiones elevadas por los usuarios, o el hacerlo de manera extemporánea, sino que es necesario además que ello afecte el deber funcional como lo determina el artículo 5° de la Ley 200 de 1995, ya que en las explicaciones que dio la Empresa demandante, recalcó la realización de las actuaciones necesarias encaminadas a buscar una solución efectiva a la problemática planteada, mediante gestiones libres que descartan el dolo y la culpa, pues es necesario tener en consideración los antecedentes y las circunstancias, y por cuanto de no ser así, la ETB obraría de manera irresponsable so pretexto de dar una respuesta dentro del término de 15 días, sin importar que se trate de un tema técnico que amerite la práctica de pruebas.

 

  • Que tanto en materia civil como administrativa para que exista responsabilidad es necesario que se haya ocasionado un daño, que debe ser cierto, específico o hipotético, no pudiendo mediar ninguna duda sobre su ocurrencia.

 

  • Indica que disciplinariamente y/o patrimonialmente los prestadores de un servicio público en ejercicio de sus funciones, son responsables sólo por el dolo o la culpa. Por ello alega que en el presente caso no se infiere que la ETB hubiera obrado de esa manera como para que se justificara el elevarle pliego de cargos e imputarle multa.

 

  • Finalmente señala que la Superintendencia, por error, está permitiendo que los usuarios hagan valer un mismo derecho de petición en reiteradas oportunidades y como consecuencia de ello que la ETB sea multada dos o varias veces, por idénticos hechos, lo que se traduce en un abuso del derecho de petición, ello en atención de lo previsto en el artículo 8° de la Resolución N° 365 del 14 de julio de 1995.
  • CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA.-

 

Sostiene que la empresa demandante siempre realizó las actuaciones encaminadas a buscar una solución definitiva de cada una de la problemática planteada, mediante gestiones libres encaminadas a resolver los asuntos planteados en cada una de las reclamaciones incoadas por los peticionarios en sus respectivas peticiones, de acuerdo con el reglamento interno de peticiones, adoptado mediante la Resolución 11186 de 1998.

 

Que en el presente asunto, las quejas presentadas por los usuarios datan del año 1999, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios profirió la Resolución que resolvió el recurso de apelación mediante Resolución N° 005036 el 16 (sic) de octubre de 2003, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 05 de agosto de 2004, olvidando tener en cuenta que en los 190 casos relacionados con la investigación surtida son del año 1999, debiéndose por tal motivo declarar la caducidad para imponer sanciones de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del C.C.A. Fundamentada esta conclusión en una decisión del h. Consejo de Estado.

 

    • DEL CONTENIDO DE LOS ACTOS DEMANDADOS.-

 

  • Resolución N° 004894 del 9 de julio de 2001.- “Por medio de la cual se impone una sanción a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios”, expedida por el Intendente de Control Social de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.- (C. 11 antec. fls. 91 y s.s.)

 

Comienza explicando que la Superintendencia inició investigación formal contra la ETB mediante auto de cargos 050 del 11 de mayo de 2000, el que fue notificado por edicto desfijado el 15 de junio de 2000.

 

Refiere que las 190 personas que se enumeran en el acto presentaron denuncia ante la Superintendencia a fin de que se investigara a la ETB, por el presunto incumplimiento al artículo 158 de la Ley 142 de 1994, al no contestar o contestar en forma extemporánea los derechos de peticiones por ellas elevados, solicitando la imposición de la sanción a que hubiese lugar, así como ordenar el reconocimiento de los efectos ocurridos con ocasión del acaecimiento del silencio administrativo positivo.

 

Hace relación a los descargos rendidos por la ETB y luego realiza el siguiente análisis, que en resumen se concreta:

 

  • Que en desarrollo del artículo 23 superior, se estableció que los usuarios de los servicio públicos domiciliarios podrían presentar peticiones antes las autoridades y particulares. Que el artículo 158 de la Ley 142, dispone que tales peticiones, quejas y recursos presentados ante las Empresas de servicios públicos deben contestarse dentro de un término de 15 días, contados desde la fecha de presentación, estableciendo al mismo tiempo que de no haber pronunciamiento dentro del término mencionado se configuraría el silencio administrativo positivo, y que los Decretos 2150/95 y 2223 de 1996, consagraron el término de 72 horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles para la atención de la petición, a fin de que la Empresa de oficio procedía a reconocer los efectos del silencio positivo, expidiendo los actos internos para su cumplimiento y ejecución.

 

  • Refiere que la ETB pretende trasladar su responsabilidad a la Superintendencia, al querer solicitar se decreten pruebas en el sentido de conocer los derechos de petición de algunos usuarios, porque según dicen, no reposan en su base de datos, pese a que en los escritos presentados por los quejosos obra sello oficial de la Empresa, los cuales no fueron tachados de falsos.

 

Agrega que es irrelevante decretar unas pruebas sobre unos documentos que ingresaron oficialmente a la E.T.B., más aún cuando desde un principio a la empresa se le comunicó informándole mediante oficio sobre los usuarios, fechas y números telefónicos, además de tener la posibilidad de examinar el expediente y tomar copias de las referidas peticiones, en caso de que por cualquier circunstancia las mismas no aparecieran al interior de la Empresa.

 

  • Refiere en cuanto a la remisión que hace la empresa a los artículos 6 y 32 del C.C.A., y a la Resolución Interna 11866 de 1998, para atender los trámites de las peticiones elevadas por los usuarios que si bien éstas regulan el derecho de petición, no prevalecen sobre las contenidas en la Ley 142 de 1994, el Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 2223 de 1996. Que a las empresas de servicios públicos les está vedado dilatar los términos previstos en las normas especiales que rigen el derecho de petición que los usuarios hagan en virtud del contrato de condiciones uniformes.

 

  • Respecto a la referencia que sobre el artículo 33 del C.C.A. hace la demandante, señala que este fenómeno opera para el traslado por parte de competencia entre entidades pero no al interior de la Empresa, siendo ésto un problema organizacional que debe corregir y direccionar a cada dependencia responsable de conocer de los asuntos a su cargo, y no para que sirva como excusa para evadir la responsabilidad institucional.

 

  • Refiere que en el escrito de descargos la empresa anexa las respuestas dadas a los 190 usuarios denunciantes, determinándose que en efecto la empresa conoce de las peticiones presentadas por éstos y que las respondió trasladándolas a otras dependencias, pero sin resolverse las pretensiones en ellas contenidas.

 

Señala que al examinar todas y cada una de las respuestas se estableció que se hicieron con posterioridad al 11 de mayo de 2000, cuando se elevó el pliego de cargos, pudiéndose así determinar con claridad que transcurrieron más de los 15 días hábiles con los que legalmente contaba para el efecto.

 

  • Por lo expuesto, le impone como multa la suma equivalente a 300 S.M.M.L y ordena que la ETB reconozca los efectos de los silencios administrativos positivos acaecidos a favor de 190 usuarios.

 

  • Resolución N° 003141 del 28 de enero de 2003.- “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Directora Territorial Centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.- (C.11 antec. fls. 43 y s.s.)

 

Frente al recurso propuesto por la ETB, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios lo resolvió, aduciendo los siguientes argumentos:

 

  • En cuanto al derecho de petición, los recursos y el silencio administrativo positivo refiere que vencido el término previsto en el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, operó la figura del silencio positivo, que genera derechos del usuario frente a la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, correspondiéndole reconocer sus efectos.

 

  • Que al configurarse el silencio administrativo positivo por la omisión de la respuesta oportuna, el usuario puede, en uso de lo dispuesto en el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 9 del Decreto 2223 de 1996, acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos para que sancione al operador sin perjuicio de los efectos generados por el silencio, previo los procedimientos establecidos en los artículos 105 y s.s. de la Ley 142 de 1994.

 

  • Explica que a los usuarios a los que les fueron reconocidos los efectos del silencio positivo en la resolución recurrida, no se les demostró que hubiesen actuado mediante peticiones ilegales o dolosas, que contrario a ello el proceso se tramitó cumpliendo las normas establecidas en la Ley sin que se probara por la demandante la ilegalidad o dolo de los usuarios.

 

  • Considera que la Resolución impugnada individualiza la situación de cada uno de los usuarios, motivo por el cual, señala, procede confirmar la decisión recurrida.

 

  • En cuanto a la graduación de la multa alega que es importante anotar con fundamento en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, que el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicios está representado en la alteración del servicio al causar individualmente molestias a los usuarios en su diario vivir, imposibles de cuantificar. En lo que respecta al factor de reincidencia, sostiene que la misma empresa presenta el sustento y hace el inventario de las diferentes resoluciones en las que ha sido multada, lo cual considera, amerita la sanción impuesta.

 

  • Por las anteriores razones confirmó la Resolución cuestionada y concedió el Recurso de apelación propuesto en contra de la decisión inicial.

 

  • Resolución N° 005036 del 15 de agosto de 2003.- “ Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios - Delegado para Telecomunicaciones.- (C. 11 antec. fl. 1 y s.s.)

 

Las consideraciones de la decisión del recurso de apelación, fueron en resumen las siguientes:

 

  • Indica que es válido señalar que en el acto administrativo se incluyó un análisis general de las actuaciones de las empresa, luego de haber revisado uno a uno los casos de acuerdo con la información reportada por la empresa y los documentos que obran en el expediente.

 

  • Que revisado el expediente iniciado con fundamento en las quejas formuladas por los diferentes usuarios no se encontró que la empresa efectivamente hubiera dado respuesta a los peticionarios en los términos de ley. Señala que es preciso referir que la actuación de la empresa es esencialmente reglada y que el Legislador quiso que el derecho de petición, las quejas y los reclamos, tuvieran un trámite expedito y claro.

 

  • Que al cotejarse la conducta del operador es evidente que tampoco aparecen acreditadas las pruebas que alude practicó, y menos obran notificaciones o comunicaciones que permitan establecer que el operador dictó auto de apertura a pruebas, e indicó con exactitud el día en que vencía dicho periodo y la fecha en que se resolvería o daría respuesta al usuario.

 

  • Frente al trámite del derecho de petición y de los recursos, señala que el artículo 153 de la Ley 142 de 1994 remite en lo pertinente al C.C.A. Que esta precisión se hace necesaria como quiera que es indispensable rebatir la apreciación del operador acerca de si habría contestado en forma oportuna una vez realizadas las pruebas técnicas comunes al servicio y de acuerdo con las condiciones inherentes al servicio. Que la empresa no probó dentro del término surtido que hubiese dictado auto para el periodo probatorio, ni que le hubiese informado a los usuarios de la imposibilidad de brindar su respuesta dentro del término legal, ni menos el límite del tiempo en el cual se daría respuesta a sus peticiones.

 

  • De otro lado, y respecto de la configuración del silencio positivo sostiene que la Entidad prestadora, por virtud de la Ley, debe reconocer los efectos de dicho silencio, sin que dentro del texto del artículo 123 del Decreto 2150 de 1995 se mencione que es el usuario quien debe solicitar el reconocimiento ante la Empresa, ya que éste opera IPSO JURE; no obstante, en caso que ésta haga caso omiso, el usuario puede acudir ante la Superintendencia para solicitar la imposición de las sanciones por el incumplimiento del mandato legal y adoptar las decisiones pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto.

 

  • Precisa en cuanto al monto de la sanción impuesta que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la Intendencia de Control Social ha venido imponiendo sanciones a la empresa por violación al artículo 158 de la Ley 142 de 1994 de manera frecuente, atendiendo al número de usuarios afectados y al hecho de la reincidencia en la falta, entendida como aquella que ha adquirido firmeza una vez agotada la vía gubernativa.

 

  • Con fundamento en lo expuesto confirma en su integridad la Resolución N° 004894 del 9 de julio de 2001.

 

  • DE LAS CIRCUNSTANCIAS ACREDITADAS EN EL PROCESO.-

 

De los cuadernos de antecedentes allegados al proceso y de la documental obrante en el expediente se demuestra que la actuación administrativa seguida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue la siguiente:

 

  • Peticiones presentadas por los usuarios de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, y frente a las cuales se inicia la investigación adelantada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por la presunta violación del artículo 158 de la Ley 142. (Cuadernos 1- 8 de antecedentes)

 

  • Auto de cargos N° 050 del 11 de mayo de 2000, por medio del cual la Intendencia de Control Social de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, elevó pliego de cargos en contra de la Empresa demandante a fin de determinar si a los usuarios relacionados (190) les fue contestada en manera oportuna las peticiones por ellos elevadas, informándole que: “(...) A fin de garantizar los principios constitucionales del derecho de defensa y el debido proceso, la empresa debe presentar los argumentos soporte de la defensa dentro de los veinticinco (25) días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, al igual que podrán presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes de acuerdo a lo consagrado en el Código de Procedimiento Civil.” (fls. 141 y s.s. del C. 8 de antec.)

 

  • Edicto de notificación del Auto de cargo N° 050, con constancia de fijación del 1 de junio de 2000. (fl. 140 C. 11 de antecedentes).

 

  • Escrito contentivo de los descargos rendidos por la ETB al Auto de cargos N° 050, rendidos por la Directora de la Dirección de Peticiones, Quejas y Reclamos de la ETB, radicados el 25 de julio de 2000. (fls. 112 y s.s. C. 8 de antec.)

 

  • Documentos aportados con el escrito de descargos por parte de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. (C. 9 y 10 antec.)

 

  • Resolución N° 004894 del 19 de julio de 2001.- “Por medio de la cual se impone una sanción a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios”, expedida por el Intendente de Control Social de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.- (C. 11 antec. fls. 91 y s.s.)

 

  • Escrito contentivo del recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución N° 004894 del 9 de julio de 2001, presentado por el Director de Asuntos contenciosos de la Vicepresidencia Jurídica de la ETB. (fls. 66 y s.s. C. 11 de antec.)

 

  • Resolución N° 003141 del 28 de enero de 2003.- “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Directora Territorial Centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.- (C. 11 antec. fls. 43 y s.s.)

 

  • Resolución N° 005036 del 15 de octubre de 2003.- “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios - Delegado para Telecomunicaciones. (C. 11 antec. fls. 14 y s.s.)

 

  • DE LA DECISIÓN.-

 

A fin de resolver las censuras elevadas por la Empresa demandante en el escrito de demanda, la Sala considera, para un adecuado estudio de las razones expuestas en éstas, analizarlas de las siguiente manera:

 

  • CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA.-

En primer término conviene analizar el reproche relativo a la presencia del fenómeno de la caducidad de la sanción, que la demandante alega se presenta por haberse impuesto la sanción por fuera del término previsto en el articulo 38 del C.C.A. Argumenta que entre la fecha de radicación de las 190 quejas presentadas por los usuarios de la Empresa de Teléfonos de Bogotá ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la fecha de expedición de la decisión del recurso de apelación a través de la Resolución N° 010005036 del 15 de octubre 2003, trascurrieron más de los tres años contemplados en la norma para la imposición de la multa.

 

Al respecto la Sala considera que este cargo no resulta probado, por cuanto entre la queja más antigua presentada ante la Superintendencia que data del 12 de noviembre de 1999, informando a la SSPD sobre la no contestación oportuna de las peticiones y la notificación de la Resolución 004894 del 9 de julio de 2001 “Por medio de la cual se impone una sanción a una Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios”, efectuada mediante edicto desfijado el 11 de septiembre de 2001(fl. 150 exp.) ,no trascurrieron más de los tres años de que dispone la Administración para sancionar, luego es conclusión obligada que la SSPD sí ejerció su facultad sancionatoria dentro del término previsto del articulo 38 del C.C.A., contado a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de las quejas presentadas por los usuario del servicio de telefonía básica, incluso desde la más antigua.

 

Frente a este aspecto es pertinente aclarar que en la actualidad, es tesis ya consolidada por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado, compartida por esta Sala de Decisión, que la fecha que representa relevancia para efectos de la contabilización del término de los tres años de artículo 38 del C.C.A., en cuanto al ejercicio oportuno de la actividad sancionatoria por la Administración, es la de la decisión sancionatoria primigenia, pues basta que se haya expedido y notificado dentro de dicho lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción.

 

Sobre el particular el H. Consejo de Estado, puntualizó:

 

“De la norma transcrita (Art. 38 C.C.A.) no infiere la Sala, como lo hace la actora, que la facultad sancionatoria se extiende hasta el acto que agotó la vía gubernativa, sino que basta que se haya expedido y notificado dentro de dicho lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción. Por lo demás, la Administración no solo profirió el acto principal sino que resolvió el recurso de reposición y negó la concesión del recurso de apelación, actos estos que notificó dentro del término de los tres años a que alude el artículo 38 del C.C.A.. En consecuencia, como los hechos que dieron lugar a la sanción tuvieron ocurrencia el 14 de febrero de 1995 y el acto principal se expidió el 18 de marzo de 1996, notificado el mismo día al apoderado de la actora (folio 29 vuelto del cuaderno de anexos), no operó el fenómeno de la caducidad sancionatoria, por lo que el cargo en estudio no tiene vocación de prosperidad.” Resaltas fuera del texto.

 

En este orden de ideas este cargo de violación no prospera.

 

  • VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA.-

Para dilucidar este cargo conviene analizar las normas que prevén el término para contestar las peticiones presentadas por los usuarios en sede de empresa y si efectivamente en el sub - lite, no se contestaron oportunamente tales solicitudes.

 

El artículo 152 de la Ley 142 de 1994, instituye como uno de l os deberes jurídicos que la ETB debe cumplir en calidad de Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, el de contestar oportunamente las peticiones, quejas y reclamos que presentes sus usuarios.

 

La norma en comento preceptúa:

H. Consejo de Estado - Sección Primera Sentencia del 13 de noviembre de 2003. Exp. N° 7767 C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

“Capítulo VII

 

DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE DE LA EMPRESA

 

Artículo 152.-Derecho de petición y de recurso. Es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos.

 

Lasnormas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y aplicarán teniendo en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, de modo que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se proceda de acuerdo con tales costumbres.

 

De otra parte, el artículo 158 ibídem señala:

 

“Artículo 158.- Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado este término y salvo que el suscriptor o usuario auspicie la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él.

 

 

El Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995 “por el cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa.”, prevé en el artículo 123, disposición que se encuentra vigente, lo siguiente:

 

“Artículo 123 -. Ámbito de aplicación de la figura del Silencio Administrativo Positivo, contenida en el Artículo 185 (sic) de la Ley 142 de 1994. De conformidad con lo establecido en el Artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.

 

Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto.

 

Parágrafo- Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de “Petición”, comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuarios. (Subraya y negrilla fuera del texto original).”

 

De acuerdo con las anteriores disposiciones, es claro que la ETB está obligada a responder todas las solicitudes elevadas por sus usuarios que tengan como fundamento la prestación del servicio de telefonía tales como: facturación, cambio de línea, reparación o traslado, incremento en los consumos y todas las demás que se relacionen con la ejecución del contrato de prestación de dicho servicio, dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a su presentación, y en caso de no ser contestada en dicho término, se entenderá que ha sido resuelta en forma favorable al peticionario, término que se encuentra exceptuado cuando sea necesario decretar la práctica de pruebas o cuando la demora se deba a conductas auspiciadas por el peticionario.

 

En el sub - judice, se alega por la demandante como una de las causas justificativas para no responder dentro del término de los 15 días hábiles las peticiones, quejas y reclamos, la necesidad que tuvo de practicar pruebas, consistentes en revisiones técnicas tendientes a lograr un diagnóstico de cada uno de los casos objeto de estudio y de esta manera resolver de fondo la petición, no haciéndolo de manera simplemente formal, motivo por el cual considera que la sanción impuesta por la Superintendencia fue injusta al no haber tenido en cuenta esta circunstancia que ocasionó el haber excedido el término de los 15 días.

 

Frente a esta censura puede decirse que en efecto la práctica de pruebas requeridas para la definición de un derecho de petición, son un motivo que justifica que las empresas de servicios públicos tarden más de los quince (15) señalados en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995 para dar contestación a la petición; no obstante, la necesidad de periodo probatorio requiere que efectivamente se demuestre que se solicitaron documentos y/o informes de carácter técnico indispensables para dar respuesta a las solicitudes elevadas y que tal circunstancia fue comunicada al peticionario. Ello, atendiendo lo previsto en el artículo 6 del C.C.A., que prevé:

 

TERMINO PARA RESOLVER. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.

(...)”

 

De lo anterior se tiene que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., pese a que aduce como causa de la no contestación oportuna de las peticiones, quejas y reclamos, la necesidad de la realización de pruebas técnicas, no demostró que las 190 quejas por las cuales se le impuso la sanción cuestionada, hubieren sido objeto de tal práctica, y que esta razón constituyera la causa de la tardanza en responderlas. Para la validez de este argumento era necesario e ineludible que demostrara tal situación, con las pruebas pertinentes acreditantes de que la decisión estuvo aplazada por este hecho y que tal circunstancia el mismo fue puesta en conocimiento del peticionario, aspectos que no fueron comprobados durante la vía administrativa ni judicial.

 

Esta exigencia para admitir la justificación del retardo, de conformidad con lo dispuesto en el trascrito artículo 6° del C.C.A., ya trascrito, el cual precisa que ineludiblemente deberá informarse al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando además la fecha en que se resolverá o se dará respuesta; situación que tal como se explicó, no demostró la Empresa demandante, a quien de conformidad con el artículo 177 del C.P.C., le corresponde la carga de la prueba.

 

Ahora bien, el hecho de que la práctica de pruebas sea siempre necesaria para la decisión de los derechos de petición, quejas y/o recursos presentados ante la Empresa como lo señala la ETB, no la eximen de dar cumplimiento a los artículos 158 de la Ley 142 de 1994 y 125 del Decreto 2150 de 1995, pues el hecho de practicarlas, supone en todo caso que se le informe al peticionario de tal situación a efectos de no dar lugar a la ocurrencia del silencio positivo que expresamente señalan las disposiciones antes referidas.

 

De otra parte, en cuanto a la aplicación del artículo 34 del C.C.A., debe aclarársele a la ETB, que esta norma se encuentra prevista en el capitulo VII del Título I del Código Contencioso Administrativo “DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS INICIADAS DE OFICIO”, es decir, que sólo se aplica en materia de actuaciones administrativas de oficio y frente a las actuaciones administrativas iniciadas por derechos de petición, en las cuales se establece que la decisión debe darse en un término de quince (15) días.

 

En este orden de ideas, se advierte que no hubo tal violación al derecho de defensa. Por lo tanto, este cargo no prospera.

 

  • indebida aplicación de la INSTITUCIÓN de la acumulación procesal para el caso de las peticiones.-

 

D e la lectura del pliego de cargos N° 050 mediante el cual se dio inicio a la investigación administrativa por las 190 quejas presentadas por usuarios del servicio de telefonía básica conmutada en Bogotá D.C., en contra de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., se tiene que ellas obedecieron al reclamo presentado por aquellos usuarios que no obtuvieron contestación de sus peticiones dentro del término legal ni reconocimiento por parte de la Empresa de los efectos del silencio positivo acaecido.

 

En orden a lo anterior, considera la Sala que no se advierte la supuesta vulneración del derecho a la igualdad alegado por la ETB, por cuanto la razón de ser de la investigación administrativa obedeció a una causa común frente a todos los usuarios del servicio de telefonía, representada en la no contestación oportuna de sus reclamos, éstos sí, de diversa índole o género, tales como: demora en el trámite de instalación, reclamos por facturación por desviaciones significativas, la falla en el servicio prestado, sobrecostos, instalación de líneas, cruce de líneas, interrupción en la prestación del servicio, entre otros, pero todas pertenecientes a las misma especie: peticiones.

 

Así, una es la diferencia existente entre el objeto o la razón de ser de cada una de las peticiones elevadas a la empresa demandante, y otra, que el motivo de las quejas presentadas ante la Superintendencia sea la misma, referente a la no contestación oportuna de los derechos de petición, quejas o reclamos. Es precisamente frente a este evento que las normas de la Ley 142 de 1994 que regulan el trámite y la respuesta de las peticiones elevadas por dichos usuarios, posibilitaban a la Administración para tramitar en una única actuación administrativa tales denuncias, atendiendo al idéntico propósito que perseguían los quejosos, consistente en este caso en investigar y sancionar el incumplimiento en la oportuna respuesta y en exigir a la empresa, consecuencia de la extemporaneidad, la declaratoria del silencio administrativo positivo.

 

De otro lado, la Empresa alega la supuesta trasgresión del artículo 13 Superior, por cuanto de haberse iniciado por cada queja una actuación administrativa diferente, sí hubiese contado con la oportunidad para contestar cada uno de los descargos de manera independiente, por un término de 10 días.

 

Este argumento tampoco resulta de recibo para el Tribunal como causal de nulidad de la sanción, puesto que en el presente asunto, la Empresa contó con la oportunidad de contestar los cargos elevados, y para ello dispuso de veinticinco (25) días, conforme lo señala el Auto de cargos N° 050, término que resulta razonable para que la ETB, contestara los cargos y desvirtuara la alegación de los quejosos, consistente en la no contestación oportuna de las peticiones.

 

Así las cosas, concluye la Sala que no resulta probada la violación alegada por la Empresa demandante, habida consideración que era perfectamente viable y legal la acumulación de las quejas y reclamos presentados por los usuarios. Al respecto es pertinente resaltar que el artículo 29 del Código Contencioso Administrativo, prevé:

 

Formación y examen de expedientes. Cuando hubiere documentos relacionados con una misma actuación o con actuaciones que tengan el mismo efecto, se hará con todos un solo expediente al cual se acumularan, de oficio o a petición del interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad y tengan relación intima con él para evitar decisiones contradictorias.

(...)”

 

  • AUSENCIA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.-

 

En primer lugar la Sala no desconoce que las peticiones que debe tramitar la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá son numerosas; sin embargo, esta clase de justificación no encuentra respaldo, cuando es claro que se vulnera la Ley que contempla un término específico para dar respuesta a tales peticiones. Además, está de por medio la garantía del derecho que le asiste a los usuarios que esperan la contestación oportuna y satisfactoria a sus peticiones, quejas y reclamos.

 

Ahora bien, descendiendo al cargo objeto de censura, debe señalarse que obra prueba documental suficiente que reposa en los antecedentes administrativos, que tiene que ver con cada una de las quejas presentadas por los usuarios que consideraron que la Empresa no dio respuesta oportuna a su peticiones. Este material documental da cuenta del nombre del peticionario, de la fecha de presentación y de radicación de la petición, de donde se logra advertir que la Entidad demandada evidenció la falta de respuesta oportuna de los derechos de petición de los usuarios.

 

En lo que se refiere a la falta de conocimiento y verificación de la documental soporte de las 190 quejas presentadas por los usuarios, es preciso señalar que la consulta de tales pruebas no le estaba vedada a la ETB, al contrario, y con fundamento en el artículo 29 del C.C.A., el expediente administrativo podía ser consultado y en todo caso solicitar la expedición de las copias. Y aunque en el escrito de descargos solicitó la expedición de las mismas, la Sala considera que éstas debió pedirlas una vez fue notificada del pliego de cargos, pues es precisamente de su no obtención que alega la violación del derecho de defensa, circunstancia que se desvirtúa al estar demostrado que sí ejercitó su derecho de defensa y dio contestación a los cargos propuestos por la demandante.

 

De otra parte, resulta ser una cuestión diferente que en aquellos casos en los que consideró que en la Empresa no existía ningún registro de la petición de algunos usuarios, debió solicitar de la Superintendencia especial atención frente a éstas, y en todo caso detallarlas, refiriéndose al nombre del usuario y al N° de radicación de la petición que consideraba se encontraba en esta situación, a fin de analizar específicamente de la documental aportada, y de las razones en que sostenían su dicho, si en realidad se presentaba o no la ausencia de registro de presentación de la petición. Sin embargo, conforme fue planteada la demanda, la ETB no efectúa en sede judicial referencia alguna y específica en los casos que considera se incurrió en la presunta falencia. Por lo tanto, la Sala se releva de analizar cada uno de los casos investigados (190), a fin de determinar si se incumplió o no el término de que trata el artículo 158 de la Ley 142 de 1998, pues ningún cargo fue propuesto y menos acreditado de manera puntual y específica en tal sentido.

 

En cuanto a la insuficiencia de valoración probatoria, en que asegura la ETB incurrió la Superintendencia, considera la Sala que no obra en el expediente administrativo, específicamente en el escrito de descargos, más que la referencia a cada uno de los casos por los cuales se inició la queja, sin desvirtuar la empresa demandante documentalmente que alguna de las 190 quejas resultaran infundadas, por haber dado contestación oportuna a la peticiones, quejas y o reclamos presentados por los usuarios. Esta situación tampoco la esgrimió en vía judicial a fin de que el Juez hiciera la valoración respectiva, pues no concretó cuales de tales quejas presentadas ante la Superintendencia, si fueron atendidas dentro de la oportunidad legal prevista.

 

Además, debe considerarse que el estudio de la Superintendencia determinó que 190 peticiones, quejas y o reclamos no fueron atendidos oportunamente, al respecto dijo:

 

“5. En el escrito de descargos a folios 1 a 368 , contenido en el cuaderno “A-Z” N° 55, la empresa anexa las respuestas dadas a los ciento noventa (190) usuarios aquí denunciantes y relacionados en el acápite de hechos, de donde se puede determinar que la empresa conoce las peticiones de los mismos, que las respuestas dadas se refieren a traslados a otras dependencias de la entidad, sin resolver de fondo las pretensiones contenidas en dichas peticiones, teniendo la empresa la imperiosa obligación de contestar en forma clara y completa las solicitudes allí elevadas, sin que esto implique que la respuesta sea siempre favorable.

 

Al examinar todas y cada una de las respuestas dadas, se encuentra que estas se hicieron CON POSTERIORIDAD AL 11 DE MAYO DE 2000, CUANDO SE ELEVÓ EL AUTO DE CARGOS N° 050, pudiéndose determinar con facilidad que transcurrieron más de quince (15) días hábiles, al observar que todas las respuestas se hicieron el 19 de junio de 2000, más aún si partimos del primer requerimiento que hizo esta Superintendencia el 13, 27 y 28 de marzo, el término fue a todas luces inobservado por la empresas y si se parte de las fechas en que los usuarios elevaron las peticiones estas datan del año 1999. (...)”

 

De otro lado, debe decirse que tampoco existió la indebida valoración probatoria que alega por cuanto la Sala advierte que en el escrito de descargos, pese a contemplar un capítulo de pruebas “4.2 QUE SE PRACTIQUEN LAS SIGUIENTES PRUEBAS”, (fl. 139 C.11 antec.), en realidad la empresa no solicitó la práctica de tales, como quiera que en el numeral 1° se refirió a remisión a la ETB de copia de los documentos donde se estableciera frente a los casos en los que adujo que no aparecía información que su registro no coincidía con el del pliego de cargos, documentos éstos, obrantes en el expediente administrativo y en el numeral 2°, mencionó que se reservaba el derecho de presentar pruebas o solicitarlas, lo que en estricto derecho no contempla la petición de pruebas.

 

En este mismo sentido, es necesario recordar que la negativa a practicar pruebas durante el trámite administrativo no equivale a que se le esté coartando del derecho de defensa al administrado, para ello resulta pertinente traer a colación el siguiente criterio jurisprudencial:

 

“la autoridad titular de la competencia no necesariamente está obligada a decretar y a practicar todas las pruebas solicitadas, sino las que sean pertinentes y conducentes para garantizar el derecho de defensa y el logro de la finalidad perseguida con la actuación administrativa. Por lo tanto podrá negar la práctica de pruebas, cuando ellas carezcan de la aptitud o de la utilidad necesaria para que puedan servir de soporte a la adopción de la correspondiente decisión.”

 

  • DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO.-

 

Frente al particular es del caso resaltar que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 establece en favor de los suscriptores o usuarios de los servicios públicos el silencio administrativo positivo, el cual opera cuando la empresa no responde los recursos, quejas o peticiones dentro del término allí establecido (15 días).

 

El artículo 158 de la citada Ley 142 de 1994 señala que “(...) se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él”, refiriéndose al usuario o suscriptor cuya inconformidad no fue resuelta dentro del término. Además, de acuerdo con lo previsto en el inciso 2° del artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, el peticionario puede solicitar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la imposición de las sanciones a que haya lugar a la Empresa, sin perjuicio de las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto ficto o presunto.

 

En todo caso, el hecho que se configure el acto presunto de naturaleza positiva, como ocurre en el caso de servicios públicos domiciliarios, no impide que éste tenga control judicial si se demanda, por considerarse que está viciado de nulidad.

 

Por las anteriores razones, no son de recibo los planteamientos que informan este cargo.

 

  • DE LA AUSENCIA DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN.-

 

En primer término debe precisar que la ETB fue sancionada por la vulneración de los artículos 158 de la Ley 142 de 1994, 123 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 9 del Decreto 2223 de 1996.

 

Tal vulneración se estableció al analizarse por parte de la Superintendencia la documental aportada en las 190 quejas tramitadas de manera conjunta en el expediente administrativo, determinándose que evidentemente causó perjuicio cierto a 190 de los peticionarios y quejosos, pues se demostró que la afectación la padecieron ante la ausencia de respuesta a sus peticiones y a la posterior omisión del reconocimiento del silencio positivo, las mismas que constituyeron el motivo por el cual presentaron sus quejas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a efectos de que se investigara la viabilidad de sancionar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., a lo cual se procedió por no demostrarse ni en la actuación administrativa ni en este proceso que alguna de estas quejas (190) hubiesen sido atendidas oportunamente ni tampoco que, en consecuencia, el usuario no se hubiera perjudicado.

 

De otra parte, debe subrayarse que le compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre otras funciones señaladas en el artículo 79 íbidem:

 

“ (...)

 

25. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios (...) ”

 

También, acorde con el artículo 80 de la Ley 142 de 1994, le corresponde:

 

“Artículo 80.- Funciones en relación con la participación de los Usuarios. La Superintendencia tendrá, además de las anteriores, las siguientes funciones para apoyar la participación de los usuarios:

 

(...)

 

80.4 Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios.

 

(...)”

 

Así las cosas, basta decir que la Superintendencia realizó el procedimiento señalado en la Ley 142 de 1994, y sólo después de recaudar las pruebas necesarias y evacuar las respectivas etapas procesales, concluyó mediante los actos cuestionados, que la ETB incurrió en las conductas endilgadas en el pliego de cargos, y la violación de las normas transcritas, situación que no logró ser desvirtuada.

 

Ahora bien, establecido lo anterior es preciso analizar los factores que se tienen en cuenta para establecer la sanción aplicable. Sobre el particular la Ley 142 de 1994, consagra lo siguiente:

 

“ARTÍCULO 81. SANCIONES. La Superintendencia de servicios públicos domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta:

81.1. Amonestación.

81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución.

 

(...)”

 

En este sentido, es claro que la SSPD no juzgó en el trámite administrativo cuestionado, hechos ya investigados y sancionados, pues la multa impuesta obedeció a las conductas desplegadas por la ETB en las 190 quejas y reclamos enlistados en el auto de pliego de cargos, circunstancias que se probaron y fueron las determinantes para que se sancionara a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., por haber incurrido efectivamente en las violaciones investigadas.

 

Además, no fue probada la aseveración de la demandante, respecto a la violación del principio contenido en el artículo 29 de la C.P., consistente en que "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, al referir que los usuarios presentaban varias peticiones con idéntico propósito y que por ésto habían sido sancionados más de una vez, pues no existe identidad de causa o de objeto entre la presente investigación que culminó con la expedición de los actos acusados y otras adelantadas en contra de la ETB; simplemente, la Superintendencia de Servicios Públicos aludió en los actos administrativos sobre el continuo incumplimiento de la Empresa en similares conductas ya investigadas y sancionadas por la Superintendencia y consideró la reincidencia en la conducta ante otras sanciones impuestas con anterioridad a la demandante por otros derechos de petición diferentes no atendidos oportunamente, para efectos de la graduación de la sanción, atendiendo a que uno de los factores que enumera el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, es el de reincidencia de la conducta, situación que es claramente reseñada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que la propia ETB reconoce y enumera para establecer las oportunidades en que ha sido sancionada por hechos similares a los aquí debatidos, situación que fue puesta en conocimiento de la empresa en el pliego de cargos, en los siguientes términos:

 

“(..) Sea la oportunidad para recordarle que el presente procedimiento administrativo NO ES EL PRIMERO INICIADO A LA EMPRESA QUE USTED REPRESENTA por este Ente Vigilador, y que la misma Ley 142 de 1994 establece en su artículo 81 las posibles sanciones a imponer según la naturaleza y gravedad de la falta, máxime si se presenta el fenómeno de la REINCIDENCIA, como en este caso (...)”

 

Por las anteriores razones este cargo tampoco prospera.

 

  • DE LA AUSENCIA DE DOSIMETRIA PUNITIVA.-

La Sala estima que la cuantía de la multa impuesta no resulta desproporcionada si se tienen en cuenta las deficiencias encontradas en la Entidad demandada en relación con su obligación de una eficiente prestación del servicio público de telefonía básica conmutada, las cuales inciden prioritariamente en atender oportuna y eficazmente de las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, las falla en el servicio y la no revisión de la facturación cuando ésta presenta desviaciones significativas, entre otras, lo que ocasiona insatisfacción y afectación entre los usuarios de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., al no obtener una pronta resolución a sus inquietudes.

Sumado a lo anterior, no expone la Empresa demandante un argumento que permita ser analizado por esta Sala y que evidencie lo desproporcionado e irrazonable de la sanción de multa impuesta por la Resolución 004894 del 9 de julio de 2001, en cuantía de 300 S.M.L.M.; pues aunque realiza un análisis frente a lo que según en otras decisiones de idéntico sentido le correspondería por petición, ello no resulta equivalente aún para casos similares, puesto que la Administración obró dentro los máximos permitidos por el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, y fue precisamente dentro de tales límites que impuso la sanción, frente a la cual no amerita una discusión, pues no se advierte que se hayan vulnerado los principios de proporcionalidad y razonabilidad a tener en cuenta en esta clase de actuaciones.

 

Bajo esta perspectiva, este cargo y la pretensión subsidiaria también habrán de denegarse, atendiendo las precedentes consideraciones.

 

Finalmente debe señalarse a la empresa demandante que las censuras presentadas con fundamento en las normas de la Ley 200 de 1995, no son aplicables, en primer término porque ésta regula la actividad disciplinaria de los funcionarios públicos, y de otra, por cuanto en materia de servicios públicos, existe norma especial y preferente que debe aplicarse, como en efecto lo hizo la Entidad demandada al adelantar el trámite administrativo que culminó con la expedición de las Resoluciones acusadas.

 

En este orden de ideas, y al no resultar probados las censuras elevadas contra las Resoluciones acusadas, y al no haberse logrado desvirtuar la presunción de legalidad que las ampara, se impone la negación de las súplicas de la demanda.

 

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

F A L L A:

 

PRIMERO.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda

 

SEGUNDO.- Reconócese personería al Dr. ANDRÉS JOSÉ GONZALEZ SIERRA como apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los términos y para los efectos del poder visible al folio 217 del expediente.

 

TERCERO.- Sin costas en la instancia.

 

CUARTO.- En firme este providencia, archívese el expediente.

 

CÓPIESE, NOTIFIQUESE y CÚMPLASE

Aprobado en Sala de la fecha. Acta N° .-

 

 

 

 

 

SUSANA BUITRAGO VALENCIA HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

 

 

 

 

 

WILLIAM GIRALDO GIRALDO

 

 

 

 

Compilado, editado y concordado para SSPD por BISA Corporation Ltda.

Editores y Compiladores: Yezid Fernando Alvarado Rincón, Astrid Suárez Prieto.

 

Corte Constitucional. Sentencia del 17 de octubre de 2000 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell

 

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Última modificación:23/12/2009 04:36:24 PM
Servicios Públicos: - Telefonia Publica Basica Conmutada de Larga Distancia
Publicado:2/11/2006 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
Consiste en establecer si resultan probadas las censuras alegadas por la Empresa demandante contra los actos sancionatorios acusados, debate que determinará la procedencia de decretar la nulidad de las Resoluciones acusadas: SSPD N°s 004894 del 9 de julio de 2001, por medio de la cual se impuso una sanción a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., consistente en una multa equivalente 300 S.M.M.L., y las SSPD N°s 003141 del 28 de enero de 2003, por la cual se resolvió el recurso de reposición propuesto en contra de la Resolución inicial y SSPD 005036 del 15 de octubre de 2003, que decidió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la sanción impuesta a la demandante; expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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