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 Tribunal Administrativo No. 651 de 2006
  
 
SSPD - Conceptos - Conceptos SSPD 2007

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN A

 

 

Bogotá D.C., septiembre veintiocho (28) de dos mil seis (2006)

 

MAGISTRADO PONENTE: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS

 

REF: EXPEDIENTE N° 2003-0651

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

ACTOR: JULIA AMAYA

DEMANDADO: CODENSA S.A. Y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FALLO

 

 

Procede la Sala a dictar sentencia dentro del proceso instaurado por la señora JULIA AMAYA, mediante apoderado, contra CODENSA S.A. y contra la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

 

 

A. DE LAS PRETENSIONES

 

La parte actora solicitó a esta Corporación:

 

  • Que se decrete la nulidad de los siguientes actos administrativos:

 

  • Comunicación 0314040 de julio 31 de 2000, expedido por CODENSA que le impuso a la actora una multa por $7’593.469.

 

  • Comunicación 0335501 de septiembre 19 de 2000, proferido por CODENSA, que resolvió el recurso de reposición que interpuso la actora contra la decisión sancionatoria y que la confirmó.

 

  • La Resolución 025808 de diciembre 31 de 2001, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la decisión sancionatoria y que la confirmó.

 

  • Que, a título de restablecimiento, del derecho se ordene:

 

  • A la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la práctica de las pruebas solicitadas en el recurso de apelación.

 

  • A CODENSA, que suspenda el cobro de la multa y la devolución de los dineros pagados a esa empresa por concepto de la sanción impuesta, con intereses y corrección monetaria.

 

  • A CODENSA también, el pago de los daños causados a la actora por los cortes de luz durante el periodo en que se suspendió el servicio por decisión unilateral de esa empresa.

 

 

SITUACIÓN FÁCTICA NARRADA POR LA ACTORA

 

En esencia, la actora dijo que CODENSA le impuso una sanción pecuniaria debido a irregularidades encontradas en la conexión de energía del inmueble de su propiedad (conexión directa trifásica), sanción que estima ilegal debido a la supuesta violación del debido proceso por no haber practicado las pruebas solicitadas por la usuaria dentro de la actuación administrativa que culminó con la decisión sancionatoria.

 

En el acápite de “HECHOS PROBADOS” la Sala hará un recuento más detallado de las circunstancias fácticas que, siendo relevantes, se encuentran, además, debidamente demostradas dentro del proceso.

 

 

C. DE LAS NORMAS VIOLADAS Y DEL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

 

La parte actora señaló en la misma enunciación de los cargos las normas violadas, así:

 

  • Artículos 2, 4 y 29 de la Constitución Política.
  • Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
  • Artículos 3 (literal a) y 6.3. (literal g) del Decreto 548 de 1995.

 

El concepto de la violación se examinará al momento de estudiar cada uno de los cargos de la demanda.

 

D. DE LAS CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contestó la demanda. Se opuso a las pretensiones. No se pronunció sobre los hechos narrados en la demanda.

 

CODENSA también contestó la demanda por intermedio de apoderado judicial. Se opuso a las pretensiones de la actora. En cuanto a los hechos narrados por la demandante, dijo que algunos eran ciertos, otros no y que otros no le constaban.

 

CODENSA propuso cinco excepciones, que serán analizadas y resueltas por la Sala.

 

Las razones de defensa, expuestas tanto por CODENSA como por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, serán analizadas al realizar el estudio de cada uno de los cargos de nulidad de la demanda.

 

 

D. DE LAS PRUEBAS

 

Obran en el expediente suficientes pruebas documentales para decidir de fondo el asunto. En la medida de su necesidad, se hará mención especial del medio probatorio pertinente.

 

 

  • DE LOS ALEGATOS

 

Dentro del término concedido para el efecto, CODENSA y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentaron alegatos de conclusión en los que reiteraron las posiciones jurídicas esgrimidas en las respectivas contestaciones.

 

La actora no alegó de conclusión.

 

 

  • INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

El señor agente del Ministerio Público guardó silencio.

 

No se observa causal de nulidad que pudiere invalidar el proceso y, en consecuencia, procede la Sala a proferir decisión de fondo, previas las siguientes:

 

 

CONSIDERACIONES

 

  • DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO

 

Antes de emprender el análisis de los cargos invocados, se procederá a fijar el litigio para determinar la causa, el trámite agotado y la decisión de la actuación administrativa, todo a fin de identificar el conflicto de intereses que se debe solucionar.

 

En el expediente se encuentra acreditado que:

 

        • El día 25 de abril de 2000, funcionarios de CODENSA practicaron visita al inmueble de propiedad de la demandante, ubicado en la Avenida Primero de Mayo N° 64A-19 de Bogotá.

 

        • En el inmueble funcionaba para la época una clínica odontológica y una taberna, según consta en el acta que se elaboró el día de la visita.

 

        • En esa visita los funcionarios de CODENSA detectaron una anomalía consistente en “SERVICIO DIRECTO TRIFASICO (sic)”. Los funcionarios de CODENSA dejaron constancia de esa anomalía en el acta elaborada en la visita.

 

        • La visita fue atendida por el señor Carlos Julio Ramos y por el señor Enrique Rojas.

 

        • En el acta mencionada figura una leyenda preimpresa que reza:

 

“Este procedimiento se efectuó conforme a las normas establecidas por CODENSA S.A. E.S.P. y de acuerdo con las disposiciones emanadas de los entes competentes para reglamentar el servicio de energía eléctrica y entendiendo que el usuario conoce su derecho de asesorarse de una persona siempre y cuando esta se presente durante los próximos quince (15) minutos y debe presentar los descargos por escrito en el momento de firmar este documento o dentro de los cinco (5) días siguientes dirigidos a la División de Proyectos Especiales, citando el número de esta orden y radicando su comunicación en CODENSA S.A. E.S.P.”.

 

        • La demandante no presentó descargos.

 

        • Mediante decisión 0314040 de julio 31 de 2000, CODENSA le impuso a la usuaria el pago de las siguientes sumas de dinero:

 

Por reintegro de energía: $7’575.616.

Por la revisión efectuada: $15.525.

Por IVA: $2.328.

 

        • La usuaria interpuso recursos de reposición y apelación contra la decisión de CODENSA. Ambos recursos fueron resueltos en forma adversa a la demandante. La reposición fue resuelta por CODENSA mediante acto 0335501 del 19 de septiembre de 2000. La apelación fue resuelta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución 025808 del 31 de diciembre de 2001.

 

        • En el recurso de reposición que interpuso la actora dentro de la actuación administrativa, pidió la práctica de las siguientes pruebas:

 

  • Declaraciones de los señores Miguel Pinilla, Yesid Beltrán y Mauricio Rodríguez.

 

  • Declaraciones de los funcionarios de CODENSA que laboraban en el sector para la época de la visita.

 

  • Dictamen pericial sobre las conexiones e instalaciones eléctricas de la casa.

 

        • CODENSA negó la práctica de las pruebas solicitadas. Adujo que “…realizar una nueva declaración la consideramos improcedente ya que no aportaría nada nuevo al caso que nos ocupa” y que “En cuanto a una nueva revisión le informo que la consideramos improcedente ya que el día de la revisión se corrigieron las anomalías encontradas y a la fecha estaríamos encontrando otros hechos”.

 

        • CODENSA confirmó la decisión inicial. Por su parte, la Superintendencia también confirmó el acto inicial mediante la Resolución 025808, acto que fue notificado personalmente a la demandante el día 17 de marzo de 2003.

 

        • El 25 de febrero de 2003, el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá profirió fallo dentro de la acción de tutela promovida por la señora Julia Amaya contra CODENSA. En ese proceso, alegó la demandante que CODENSA le había suspendido la prestación del servicio de energía sin que la decisión del recurso de apelación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le hubiere sido notificada, es decir, sin que la sanción impuesta por CODENSA estuviere aún ejecutoriada.

 

        • En el fallo de tutela, el señor Juez dejó en claro que la Superintendencia sí había resuelto el recurso de apelación y que, además, existía un oficio de fecha noviembre 15 de 2002, dirigido al propietario del inmueble mediante el cual se comunicaba esa decisión. (folio 106 del cuaderno principal).

 

        • También figura en el expediente el comprobante de pago N° 91138151-1, de fecha 24 de enero de 2003, en el que se hizo una liquidación de las sumas adeudadas por la demandante. Allí consta también el número y fecha de la Resolución emitida por la Superintendencia. (folio 22).

 

DE LAS EXCEPCIONES

 

CODENSA presentó cinco excepciones, así:

 

              • Incumplimiento de las obligaciones a cargo del cliente y procedimiento fundado en las condiciones uniformes del contrato.

 

              • Cumplimiento, por parte de CODENSA, de sus obligaciones legales y contractuales.

 

              • No violación del debido proceso por parte de CODENSA.

 

              • Improcedencia del cobro de intereses y corrección monetaria de manera simultánea.

 

              • Falta de identidad entre las consideraciones hechas en la instancia administrativa y las consideraciones hechas ante la instancia jurisdiccional.

 

De los cinco temas propuestos por CODENSA, la Sala encuentra que las cuatro primeras no constituyen verdaderos medios exceptivos entendidos como excepciones de fondo o mérito, sino argumentos de defensa. En efecto, se entiende por excepción de fondo un hecho nuevo, propuesto por el demandado, que modifica la pretensión del actor, impide su exigibilidad o la extingue total o parcialmente. La simple negación del derecho del actor no es, en estricto sentido, una excepción. En otras palabras, quien excepciona, implícitamente está aceptando la pretensión pero añadiéndole un elemento nuevo que conduce a que la pretensión deba entenderse extinguida, modificada o inexigible.

 

El “incumplimiento de las obligaciones por parte del cliente”, constituye uno de los motivos del acto expedido por CODENSA. La demandante dice que no existió y CODENSA alega que sí. Es, pues, una discusión fáctica sobre el fundamento del acto acusado. Lo mismo ocurre con el “cumplimiento por parte de CODENSA de sus obligaciones legales y contractuales”, con la “ausencia de violación del debido proceso” y con la “improcedencia del cobro de intereses y corrección monetaria”.

 

Esas alegaciones atacan directamente la existencia misma del fundamento de las pretensiones de la parte actora y no buscan modificarla, extinguirla o tornarla inexigible.

 

La última, esto es, la “falta de identidad entre las consideraciones hechas en la instancia administrativa y las que se hicieron en la instancia jurisdiccional”, corresponde a lo que comúnmente se ha denominado “indebido agotamiento de la vía gubernativa”. Esa sí es una verdadera excepción, pues es un hecho que impide que el juez pueda considerar los cargos de nulidad formulados por la parte demandante.

 

En consecuencia, las que el demandado denominó como excepciones, sin serlo, serán analizadas como argumentos de defensa al momento de estudiar los cargos de nulidad. Y enseguida pasa la Sala a resolver la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa.

 

La excepción consiste, según CODENSA, en que los argumentos contenidos en los hechos 4°, 5° y 6° de la demanda no fueron aducidos en la vía gubernativa y que, por ende, no podían ser planteados como fundamento de los cargos de nulidad ante el juez.

 

 

ANÁLISIS DE LA SALA

La excepción no prosperará. El debido agotamiento de la vía gubernativa es uno de los llamados presupuestos procesales de la acción, es decir, aquellos elementos externos al proceso pero que deben estar acreditados desde el momento mismo de su nacimiento y que constituyen condiciones ineludibles para que el juez pueda oír las peticiones de las partes. La no caducidad de la acción, la capacidad jurídica y procesal del actor y el debido agotamiento de la vía gubernativa son presupuestos procesales de la acción.

 

Es verdad que para que el juez del acto administrativo pueda analizar de fondo los cargos de nulidad planteados por el demandante, ha debido este en primer término agotar la vía gubernativa mediante la interposición de los recursos que el ordenamiento jurídico contemple como obligatorios. Y que solamente los hechos que fueron alegados como fundamento de esos recursos pueden ser después invocados para apuntalar los cargos de nulidad.

 

Pero, desde luego, esa exigencia no tiene aplicación cuando los argumentos planteados en sede judicial no podían haber sido alegados en la vía gubernativa por imposibilidad lógica, como cuando el hecho que fundamenta la nulidad ocurrió luego de transcurrido el término para proponer los recursos gubernativos.

 

En el presente caso, los hechos a que aluden los numerales 4°, 5° y 6° se refieren a la, según la actora, defectuosa notificación del acto administrativo que resolvió el recurso de apelación y a la irregular ejecución de ese acto. Es obvio que ese argumento no podía ser invocado en el recurso de reposición ni en el de apelación, ya que en el momento de su interposición, aún no se había producido el hecho respectivo. Por ende, no es exigible el agotamiento de la vía gubernativa por ese aspecto.

 

Por lo anterior, no prospera la excepción.

 

 

DE LOS CARGOS

 

Preliminarmente debe la Sala señalar que la demanda es imprecisa y carente de una exposición ordenada y precisa de los hechos. Los argumentos que soportan los cargos de nulidad están dispersos en diferentes capítulos de la demanda. Los hechos narrados contienen parte de los cargos con apreciaciones subjetivas, consideraciones jurídicas, etc. En cada una de las argumentaciones que dicen fundar las pretensiones, no se identificó la causal de nulidad respectiva. En fin, lo cierto es que la Sala, de la lectura integral de la demanda, dedujo la existencia de dos cargos de nulidad: Uno por violación del debido proceso debido a una defectuosa notificación del acto y otro por violación del debido proceso por negar las pruebas solicitadas en el recurso de reposición.

 

En ese orden, el Tribunal abordará el examen de las acusaciones.

 

 

PRIMER CARGO. DEFECTUOSA NOTIFICACIÓN DE UNO DE LOS ACTOS ACUSADOS

 

Dijo la parte actora que:

 

“La orden de notificación personal (refiriéndose a la Resolución 025808 proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) y advertencia no es comunicada de manera oportuna a la usuaria del servicio de energía y sin cumplir este requisito legal en forma personal como lo ordena el acto administrativo o por los medios establecidos en el Código Contencioso Administrativo para poner término a la actuación administrativa, es decir, sin estar ejecutoriado el acto administrativo que impuso la sanción, La Empresa Codensa S.A., formula el cobro con fecha 24 de enero de 2003, según documento 91138151-1”.

 

 

La demandante agregó que a pesar de no encontrarse ejecutoriada la decisión de la Superintendencia, CODENSA suspendió el servicio de energía, luego lo restableció y en febrero de 2003 volvió a suspenderlo. Alegó que esas suspensiones le ocasionaron perjuicios de orden material.

 

 

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no hizo pronunciamiento sobre ninguno de los cargos de nulidad. De hecho, en el capítulo de “RAZONES DE LA DEFENSA” esa entidad se limitó a hacer una serie de consideraciones generales y meramente teóricas sobre el régimen de los servicios públicos, el incumplimiento contractual, el contrato de condiciones uniformes, el procedimiento para la imposición de multas, los mecanismos de defensa de los usuarios de servicios públicos, etc., pero nada dijo concretamente sobre los cargos de nulidad.

 

Por sus parte, CODENSA dijo que la Resolución 025806 fue comunicada a la empresa en el mes de agosto de 2002 y que debe entenderse que fue en esa fecha que adquirió firmeza para CODENSA. Que con posterioridad (el 17 de marzo de 2003) fue notificada la demandante, pero que respecto de CODENSA la ejecutoria se produjo en agosto de 2002.

 

ANÁLISIS DE LA SALA

 

El cargo no prosperará. Los defectos o irregularidades atinentes a la publicación o a la notificación de los actos administrativos no afectan su validez. Eventualmente podrían afectar su ejecutividad o su eficacia, mas no generan la nulidad de los mismos. Esto, por cuanto las causales de nulidad del acto administrativo son hechos y circunstancias relacionados con los elementos intrínsecos del acto. Así, por ejemplo, la falsa motivación tiene que ver con los hechos en que se fundamenta la decisión contenida en el acto, la falta de competencia tiene que ver con el funcionario que expide el acto, etc. En cambio, la publicación del acto, es un hecho externo a él y posterior a su expedición.

 

Sobre el tema, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho:

 

 

“En efecto, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación al afirmar que una cosa es la validez del acto administrativo, que depende de sus elementos esenciales, esto es, órgano competente, voluntad de la Administración, contenido, motivos, finalidad y forma, ninguno de los cuales fue objeto de ataque por parte del demandante, y otra cosa, muy diferente, es la eficacia del mismo, que sólo tiene que ver con su obligatoriedad para los particulares.

 

Ahora bien, como lo demuestra el expediente, el Acuerdo 020 de noviembre de 1990 no fue publicado y, como quiera que la publicación es uno de los medios que tiene la Administración para hacer conocer sus decisiones, la omisión en el cumplimiento de dicho requisito trae como consecuencia que aquél carezca de eficacia y, por lo tanto, no produzca efectos respecto de los administrados, por cuanto es principio universal de derecho que la ley tiene que ser conocida por aquéllos a quienes se dirige.

 

De otra parte, no es de recibo lo sostenido por el apelante en su escrito de alzada en el sentido de que se debe acoger lo expresado por el representante del Ministerio Público ante el Tribunal, pues la falta de publicación de un acto no constituye expedición irregular, ya que los vicios del acto administrativo se estudian con referencia al momento de su expedición, y, la publicación, como requisito para su eficacia, es posterior a su nacimiento a la vida jurídica.

 

Finalmente, cabe advertir que si la Administración pretende ejecutar un acto que carece de eficacia por no haber sido publicado, surge para el administrado la posibilidad de demandarlo con base en esa ejecución, lo cual no acontece en este caso”.

 

 

Entonces, el hecho de que la Superintendencia hubiera tardado un tiempo excesivo en notificarle la Resolución 025806 a la actora, no acarrea la nulidad de la misma.

 

En cuanto al hecho de que CODENSA hubiera hecho efectiva la sanción de manera anticipada, esto es, antes de que se produjera la ejecutoria de la decisión, tampoco ese hecho generaría la nulidad del acto administrativo. La ejecución irregular de un acto administrativo puede generar responsabilidad en cabeza del agente estatal, o de la empresa prestadora del servicio público, pero en esos casos no es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la vía procesal adecuada para dilucidar el asunto, sino la acción de reparación directa.

 

Sobra decir que la ejecución irregular de un acto administrativo no anula el acto, ya que es un hecho externo y posterior al acto mismo. Así, si la Administración hace efectivo un acto administrativo antes de que se encuentre ejecutoriado, y esa ejecución le causa perjuicio al administrado, la acción indicada es la de reparación directa, en la que no se pretende anular el acto, sino declarar la responsabilidad de la Administración por el hecho dañoso y condenarla a indemnizar los perjuicios causados. En esos casos, la ilegalidad no está en el acto mismo, sino en la actuación posterior a él.

 

No prospera el cargo.

 

 

SEGUNDO CARGO. EXPEDICIÓN IRREGULAR. VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA

 

El cargo consiste en que CODENSA se negó a practicar las pruebas testimoniales y la prueba pericial solicitadas en el recurso de reposición de la vía gubernativa. Que esas pruebas estaban dirigidas a demostrar que fueron los contratistas y empleados de CODENSA quienes manipularon las instalaciones de energía y tuvieron acceso al equipo de medición.

 

 

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

 

CODENSA se limitó a decir que siempre se garantizó el derecho de defensa de la usuaria dentro de la actuación previa a la imposición de la multa.

 

 

ANÁLISIS DE LA SALA

 

Este cargo tampoco prosperará. Como ya se dijo en el capítulo de hechos probados, la actora, en el recurso de reposición propio de la vía gubernativa pidió que se decretaran las siguientes pruebas:

 

  • Declaraciones de los señores Miguel Pinilla, Yesid Beltrán y Mauricio Rodríguez.

 

  • Declaraciones de los funcionarios de CODENSA que laboraban en el sector para la época de la visita.

 

  • Dictamen pericial sobre las conexiones e instalaciones eléctricas de la casa.

 

 

Las declaraciones de Miguel Pinilla, Yesid Beltrán y Mauricio Rodríguez tenían por objeto demostrar que fueron los funcionarios de CODENSA quienes realizaron la conexión fraudulenta, porque, supuestamente aquellos fueron testigos de que, meses antes, esos funcionarios estuvieron presentes en el sitio haciendo algunas intervenciones en el edificio.

 

La declaración de los funcionarios de CODENSA tenía por objeto declarar sobre esos mismos hechos.

 

 

 

Y la “revisión” por peritos, buscaba establecer los mecanismos utilizados para efectuar la conexión directa motivo de la sanción, las herramientas empleadas y las calidades técnicas y académicas requeridas para ello.

 

CODENSA negó las pruebas. Las testimoniales, con fundamento en que en el acta de revisión se habían dejado consignadas todas las irregularidades encontradas, que esa visita había sido atendida por el señor Carlos Ramos en calidad de propietario y que se le había dejado copia de lo actuado al cliente, razón por la que declaraciones de testigos eran improcedentes ya que no aportarían nada nuevo al caso.

 

Y la “revisión” por peritos la negó con el argumento de que el día en que se detectaron las irregularidades, también se corrigieron las mismas, y que, por eso habría sido inútil practicar esa nueva revisión ya que los hechos que se encontrarían serían diferentes a los hallados el día de la visita.

 

Para que prospere la pretensión de nulidad del acto administrativo con fundamento en la causal de expedición irregular por violación del derecho de defensa, es necesario demostrar que dentro del trámite previo a la expedición del acto se incurrió en un defecto de procedimiento que de no haber existido hubiera variado sustancialmente la decisión. El derecho de defensa exige oportunidades para acreditar los descargos que ha propuesto el implicado. De hecho, la recolección de pruebas de descargo puede influir en el sentido de la decisión.

 

En el presente caso, no hay evidencia de que las declaraciones solicitadas por la actora hubieran conducido a establecer con certeza que fueron los empleados de CODENSA quienes maliciosamente realizaron la conexión fraudulenta por la que después fue sancionada la demandante.

 

En primer lugar, el hecho de que los testigos citados por la actora hubieran visto, meses atrás, una camioneta de CODENSA en el lugar, o que vieran a algunos funcionarios de esa empresa en el edificio, no es prueba de que estuvieran realizando conexiones irregulares. Esos fueron los hechos relatados en la demanda. Posiblemente hubiera sido provechoso y útil para este proceso que la actora hubiera pedido en la demanda, como prueba, la declaración testimonial de esas personas. Pero no fue así. De manera que en este momento la Sala no cuenta con elementos de juicio que le permitan llegar a la conclusión de que si CODENSA hubiera decretado y practicado las pruebas testimoniales la decisión hubiera sido sustancialmente diferente.

 

En cuanto a la prueba pericial, resultaba improcedente, ya que después de la visita practicada ya no existía ninguna conexión directa trifásica, pues tal anomalía fue corregida ese mismo día. Entonces, hubiera sido inútil la práctica de una prueba de tal naturaleza.

 

 

Es evidente, por lo demás, que la parte actora omitió efectuar descargos en la oportunidad señalada en la actuación y, además, no demostró ni en sede administrativa ni en sede judicial que el hecho que originó el acto no existió ni que ella no lo cometió.

 

Por todo lo anterior, no encuentra la Sala violación del derecho de defensa que deba conducir a la nulidad de los actos acusados.

 

Tampoco prospera el cargo.

 

 

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

 

FALLA

 

 

PRIMERO: DECLÁRANSE NO PROBADAS las excepciones propuestas por CODENSA S.A. E.S.P.

 

SEGUNDO. DENIÉGANSE todas las súplicas de la demanda.

 

TERCERO: SIN COSTAS , por la actuación proba de las partes.

 

 

CUARTO: ARCHÍVESE , previa ejecutoría.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Discutido y aprobado en sesión de la fecha según acta No.

 

Los h. Magistrados,

 

 

 

HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS

 

 

 

 

SUSANA BUITRAGO VALENCIA WILLIAM GIRALDO GIRALDO

 

 

Compilado, editado y concordado para SSPD por BISA Corporation Ltda.

Editores y Compiladores: Yezid Fernando Alvarado Rincón, Astrid Suárez Prieto.

 

 

Sentencia del 31 de agosto de 2000, Consejo de Estado, Sección Primera, M.P.: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero.

 

Sobre el tema, puede verse: “Derecho Procesal Administrativo”, de Jesús González Pérez, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1966: “Se pueden distinguir dos grandes grupos (de oposición a la pretensión):

 

  • La oposición que consiste en una mera negativa de todos o algunos de los elementos de la pretensión; es el tipo de oposición más sencillo: el sujeto pasivo se contenta con afirmar su no reconocimiento de todos o de alguno de los datos alegados por el actor, siendo su efecto normal el hacer que pese sobre el actor la carga de la prueba de los datos negados.

 

  • La oposición que consiste en una afirmación contraria que, reconociendo o no las circunstancias invocadas por el actor, afirma otras que son incompatibles con aquélla; este tipo de oposición, que consiste en introducir en el procedimiento datos nuevos que el juez ha de tener en cuenta, es el tipo de defensa que se ha denominado por la moderna doctrina excepción. En la moderna doctrina, por tanto, excepción y defensa son conceptos distintos…”. (Ob. Cit. Tomo Segundo, Volumen I, pág. 545).

 

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Última modificación:23/12/2009 04:36:22 PM
Servicios Públicos: - Energia electrica
Publicado:28/09/2006 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra CODENSA al imponer sanción pecuniaria debido a irregularidades encontradas en la conexión de energía del inmueble (conexión directa trifásica), sanción que la parte actora estima ilegal debido a la supuesta violación del debido proceso por no haber practicado las pruebas solicitadas por la usuaria dentro de la actuación administrativa que culminó con la decisión sancionatoria. El Tribunal considera que para que prospere la pretensión de nulidad del acto administrativo con fundamento en la causal de expedición irregular por violación del derecho de defensa, es necesario demostrar que dentro del trámite previo a la expedición del acto se incurrió en un defecto de procedimiento que de no haber existido hubiera variado sustancialmente la decisión. En el presente caso, no hay evidencia de que las declaraciones solicitadas por la actora hubieran conducido a establecer con certeza que fueron los empleados de CODENSA quienes maliciosamente realizaron la conexión fraudulenta por la que después fue sancionada la demandante. Por todo lo anterior, no encuentra la Sala violación del derecho de defensa que deba conducir a la nulidad de los actos acusados.
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ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"