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 Tribunal Administrativo No. 031001 de 2005
  
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
- SECCION PRIMERA -
SUBSECCION “A”

Bogotá D. C., diez (10) de noviembre de dos mil cinco (2005).

 
Magistrado Ponente: DR. WILLIAM GIRALDO GIRALDO
Expediente: No. 1100123240020031001

Demandante: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Asunto: Fallo

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Procede la Sala a dictar la sentencia dentro del proceso promovido por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E. 5. P. a través de apoderado, mediante demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.


I) ANTECEDENTES
1. DEMANDA

A. LAS PRETENSIONES

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende lo siguiente:

1°. Se declare la nulidad de la Resolución número 006016, del 22 de agosto de 2001, por medio de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso a la empresa demandante una sanción pecuniaria por valor de $243.672.000, y ordenó el reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo frente las peticiones que relacione en la parte resolutiva de ese acto.


2º. Se declare la nulidad de las Resoluciones números 002553, del 15 de febrero de 2002, y 003020, del 2 de julio de 2003, a través de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, interpuestos contra la resolución inicial, en el sentido de modificar la multe impuesta mediante el acto primero en $199.056.000.


3º. Que como consecuencia de la nulidad anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cancelar cualquier registro, anotación o proceso que hubiere hecho o iniciado por la sanción impuesta con las resoluciones demandadas.


4º. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Contraloría y a la Personería de Bogotá, cancelar cualquier registro, anotación o proceso que hubieren hecho o iniciado por la sanción impuesta a través de los actos que se demandan.


5°. Que se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al pago de costas generadas con ocasión de la presente acción.

6º. Que se requiera a la Superintendencia a fin de que se elimine la aplicación del sistema de sanciones tarifadas (sic), y se adopte un criterio objetivo y racional en las medidas sancionatorias.


Subsidiariamente solícita que en caso de no ser declarada la nulidad de los actos acusados, se reduzca el monto de la sanción impuesta, conforme a lo que aparezca probado y al impacto de la infracción.


A. HECHOS

 
Las anteriores pretensiones se fundamentan en los hechos relevantes, resumidos de la siguiente manera:


1°. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios formuló el pliego de cargos No.064, del
27 de noviembre de 2000, en contra de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., con fundamento en las denuncias presentadas por 213 usuarios, por hechos ocurridos básicamente en los años 1999 y 2000, a quienes presuntamente la empresa no dio respuesta o contestó extemporáneamente las peticiones por ellos formuladas (artículo 158 de la Ley 142 de 1994).


2°. Los descargos fueron rendidos por la ETB, mediante el escrito radicado bajo el número 2000-529-066350-2, el 29 de diciembre de 2000, en el que se hizo referencia al altísimo volumen de quejas, peticiones, y reclamos que a diario se recepcionan, y que generalmente requieren, para efectos de su contestación, la práctica de pruebas técnicas y otras gestiones, circunstancia que no tuvo en cuenta la Superintendencia al otorgar a la ETB, únicamente e/término de 10 días para rendir los descargos e investigar los 213 casos relacionados, que decidió acumular.


3°. La Superintendencia desestimó las explicaciones y pruebas aportadas por la empresa, y por medio de la Resolución número 006016, del 22 de agosto de 2001, le impuso una multa por valor de $243,672.000.oo, por violación de los artículos 158 de la Ley 142 de 1994, 123 del Decreto 2150 de 1995, y 9° del Decreto 2233 de 1996.


4°. Contra la anterior decisión se interpusieron los recursos de reposición y apelación, alegando la falsa motivación y la aplicación errónea de la ley.


5°. Tales argumentos fueron desestimados por la Superintendencia, obviando que en los 213 casos que dieron origen a la sanción impuesta se ofreció por parte de la empresa respuesta de fondo a los usuarios, dando solución a las pretensiones incoadas.

 
6°. Los recursos fueron resueltos por las Resoluciones números 002553, del 15 de febrero de 2002, y 003020, del 2 de julio de 2003, en el desminuir la multa impuesta a un valor de $199.056.000.


C. NORMAS VIOLADAS


Las normas que se dicen violadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al expedir, las resoluciones demandadas son los artículos 9°, 13, 29, y 209 de la Constitución Política; 29, 34, 35, 36, 39, 56, 57, 58, 59, 69 y 207 del C.C.A.; 81.2, 107, 111, 108, 149, 154 y 156 de la Ley 142 de 1994; 174, 178, 187 y 245 del C. de P.C.

2. ACTUACION PROCESAL


La demanda, una vez subsanada, fue admitida, con auto del 26 de febrero de 2004. La notificación personal del anterior auto al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios se efectuó el 21 de abril de 2004.


Las pruebas fueron decretadas con auto del 26 de agosto de 2004, y vencido el período probatorio se ordenó el traslado a las partes para alegar de conclusión.


3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA


La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones, para lo cual expuso como razones de defensa, las siguientes:


1°. De conformidad con el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, la Superintendencia puede sancionar a las empresas que no respondan oportuna y adecuadamente las quejas de los usuarios, previa investigación administrativa para efectos de verificar los hechos y de formular los cargos respectivos por la presunta infracción de las disposiciones sobre servicios públicos.


2°. El artículo 123 del Decreto 2150 de 1995 otorga a las empresas de servicios públicos domiciliarios el término de quince días para que resuelvan las peticiones que le son formuladas, el cual no puede ser modificado unilateralmente porque se estaría invadiendo la órbita constitucional señalada por el legislador, con lo cual se vulneraría además, del derecho de petición, los derechos de igualdad y debido proceso.


3°. El artículo antes mencionado consagra dos eventos en los cuales la empresa puede eximirse de dar respuesta oportuna dentro del término de 15 días, cuales son: a. Cuando se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora; y b. Cuando se requiera la práctica de pruebas.

 
4°. Cuando algunas de las circunstancias anteriormente descritas se presenten, la empresa debe comunicar al peticionario acerca del estado de su solicitud, indicándole el momento en que sería resuelta por la administración.


5°. El silencio administrativo positivo consagrado en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, se produce si dentro del plazo de los 15 días el usuario no tiene conocimiento de la respuesta, o cuando se dicta la respuesta en ese plazo, pero no se inicia el trámite de notificación al usuario dentro de las 5 días siguientes.


6°. La administración cuenta con una serie de criterios para la imposición de sanciones, y de conformidad con el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, la actividad sancionadora de la Superintendencia se racionaliza, evitando de esta manera que la entidad desborde su actuación represiva, y procurando que la encause dentro de un criterio de ponderación, mesure y equilibrio.

4. ALEGATOS DE CONCLUSION


Al descorrer el traslado ordenado por auto del 1° de septiembre de 7005, las partes alegaron de conclusión mediante escritos que obran a folios 424 a 490 del cuaderno principal.


El Agente del Ministerio Público guardó silencio.


Al no observarse causal de nulidad que pueda afectar en todo o en parte lo actuado, procede la Sala a decidir, previas las siguientes,


II) CONSIDERACIONES

 
A. FIJACION DEL LITIGIO.


De acuerdo con los hechos de la demanda, los actos acusados y el material probatorio arrimado al expediente, es evidente que lo que se debate en el caso sublite es si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al expedir los actos administrativos demandados interpretó erróneamente el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, al no tener en cuenta que las peticiones formuladas fueron respondidas de fondo, en su totalidad, aunque extemporáneamente, en atención a la práctica de pruebas, circunstancia no tenida en cuenta por el ente de control, y que constituye una excepción al término legal para responder las peticiones.

Así mismo, se controvierte la falta de competencia de la Superintendencia para sancionar a la ETB ante la no demostración del perjuicio directo a los usuarios; la inaplicación indebida del artículo 29 del C.C.A., al acumular 213 peticiones de usuarios sin reunir los presupuestos que impone esta figura procesal; la ausencia de la valoración de la prueba, del principio de la proporcionalidad de la sanción, equivalente a la dosimetría punitiva.


El acervo probatorio útil y pertinente que obra en el plenario muestra que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en uso de las funciones legales, y como consecuencia de las denuncias impetradas por varios usuarios y suscriptores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.S.P. ante la desatención de los derechos de petición y el no reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo, decidió adelantar el correspondiente procedimiento administrativo, para lo cual formuló pliego de cargos en contra de la empresa mediante el Auto No. 064, del 27 de noviembre de 2000, por la presunta violación de los artículos 158 de la ley 142 de 1994, 123 del Decreto 2150 de 1995, y 9º del Decreto 2223 de 1996.


Los descargos fueron rendidos por la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá E.S.P. mediante el escrito radicado bajo el No.20007529-066350-2, del 29 de diciembre de 2000.


Analizados los argumentos de defensa, y valoradas las pruebas, la Superintendencia desestimó las explicaciones rendidas por la empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones, concluyendo que la actora no dio respuesta, de manera oportuna, a las peticiones, quejas, y reclamos que le fueron formulados, como tampoco reconoció los efectos y beneficios del silencio administrativo positivo, razón por la que mediante la Resolución número 006016, del 22 de agosto de 2001,sancionó pecuniariamente a la ETB con multa de $243.672.000.oo, y ordenó el reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo frente a las peticiones impetradas por algunos usuarios.


Contra la anterior resolución se interpuso el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones números 002553, del 15 de febrero de 2002, y 003020, del 2 de julio de 2003, en el sentido de desminuir la multa impuesta a la suma de $199.056.oo, y no ordenar el reconocimiento del silencio administrativo respecto de algunos denunciantes que desistieron.


C. CARGOS


Violación al derecho de defensa al limitar el alcance
e interpretación del artículo 158 de la Ley 142 de 1994.


Se dice por la ETB que el derecho de defensa fue desconocido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al interpretar y dar un alcance diferente al artículo 158 de la Ley 142 de 1994, ya que ese ente de control aduce que todas las peticiones debieron ser resueltas dentro del término de 15 días contados a partir de su presentación, obviando lo dispuesto en el artículo 6° del C.C.A., que consagré dos excepciones a esa regla general, a saber: 1) Cuando el usuario haya auspiciado la demore; y 2) Cuando se haga necesario la práctica de pruebas.


Afirma la actora que las peticiones a que refiere el auto de cargos se relacionan, en su gran mayoría, con el daño en línea telefónica, facturación, instalaciones y reinstalaciones, cambio de número, traslado e instalación de servicios suplementarios, por lo que se hacía necesario la práctica de pruebas técnicas, impidiendo que la resolución a tales peticiones se realizará dentro del término legal.


Señala que la Superintendencia se limita simplemente a contabilizar los 415 días a partir de los cuales se debió dar respuesta, sin tener en cuenta la posibilidad legal otorgada para efectos de ordenar la práctica de pruebas, que de no realizarse, cuando son necesarias, se vulnere el derecho al debido proceso y defensa de los usuarios y de la empresa.


Precisa que lo esencial es que se dio repuesta de fondo a las peticiones, aunque extemporáneamente.

 
Análisis de la Sala.


La Ley 142 de 1994, establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. El artículo 158 ibídem consagre el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación, para responder los recursos, quejas y peticiones. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él.


Conforme con lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia C-451 de 1999, dicho artículo fue subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, que dispone:


ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY 142 DE 1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.


Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable.
Dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15 días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la, ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto.


PARÁGRAFO. Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de “petición”, comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuarios.”

De la norma anteriormente transcrita, se tiene que las empresas prestadoras de servicios públicos, por regla general, como ya se indicó, cuentan con 15 días hábiles para responder todas las solicitudes elevadas por los usuarios, que se relacionen con la prestación del servicio que ofrecen. Sin embargo, dicha regla tiene sus excepciones: 1) Cuando es necesario decretar la práctica de pruebas; y 2) Cuando la demore se debe a conductas auspiciadas por el peticionario.


Las normas que regulan el trámite de las peticiones, quejas y recursos presentados ante las empresas de servicios públicos domiciliarios, no imponen a estas empresas la obligación de comunicar al interesado la ampliación del término para decidir una petición en razón a la necesidad de practicar pruebas, lo mismo que el vencimiento del período probatorio.

No obstante existir reglamentación especial sobre la materia, las normas del C.C.A., son aplicables a los procedimientos administrativos, tal y como lo indica el artículo 1º del C.C.A.


En efecto, dicha norma establece:


”…Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se
regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de
esta parte primera que sean compatibles...”

 
Es así que en atención a lo dispuesto en el artículo 6° del C.C.A., las autoridades administrativas deben informar a los interesados cuando las peticiones formuladas no puedan ser resueltas en el término legal de quince (15) días, indicando los motivos de la demora, y señalando, además, la fecha en que se resolvería o daría respuesta.

En otras palabras, en virtud de la integración normativa que respecto de las actuaciones y procedimientos administrativos se produce por disposición del artículo 1° del C.C.A., las empresas de servicios públicos domiciliarios, para resolver reclamos, peticiones o recursos, no solo están obligadas a observar la normativa especial pertinente de la Ley 142 de 1994, sino las normas generales del C.C.A., como los artículos 60, 34 y 58, que tienen un carácter complementario respecto del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, normas que contienen vacíos que son llenados por los artículos del C. C.A. que regulan la actuación y el procedimiento administrativo.


En el caso propuesto, se tiene que la empresa fundamenta la respuesta extemporánea a las peticiones relacionadas en los actos acusados, en la práctica de pruebas técnicas necesaria para efectos de resolver de fondo.

De manera que si bien es cierto que dicha circunstancia, de conformidad con las normas legales, constituye una excepción al término de 15 días consagrado en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, también lo es que ,se debía comunicar al peticionario sobre la práctica de las pruebas técnicas como soporte de la resolución de fondo que se debe dar a la petición, queja o reclamo, lo que no se demostró en los casos puestos de presente por la Superintendencia, carga que le correspondía a la demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del C. de P.C.

 
En consecuencia, y por cuanto la Superintendencia no vulneró el derecho de defensa al interpretar y aplicar debidamente el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, el cargo propuesto no prospera.


Falta de competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.


Predica la empresa demandante que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le compete vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos, y tiene expresa faculta para sancionar a los infractores, siempre que el incumplimiento de la norma afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados, y como no existe en la actuación administrativa prueba de algún perjuicio directo e inmediato causado a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, la demandada carecía de competencia para expedir los actos demandados.

Análisis de la Sala.


Dentro de las funciones asignadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se encuentra la de vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad. (Art. 79 -1 de la Ley 142 de 1994).

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 25, y 80 de la Ley 142 de 1994, y en virtud de las funciones antes descritas, le compete sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios.


Y como dentro de la actuación administrativa quedó plenamente demostrado que la ETB infringió su obligación de dar respuesta oportuna a las peticiones que le fueron formuladas por los usuarios, así como también la de reconocer los efectos del silencio administrativo positivo, la Superintendencia es competente al tenor de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, para sancionar a la empresa tal y como aconteció, por medio de los actos administrativos acusados.


Así mismo, hay que decir que el incumplimiento de esa obligación legal genera perjuicios a los usuarios, toda vez que la prestación oportuna y eficaz del servicio a cargo de la ETB, involucra la respuesta dentro del término legal de las peticiones, quejas y reclamos, que se deriven de la prestación del servicio y del contrato de condiciones uniformes.


El cargo no prospera.

Indebida aplicación de la institución de la acumulación procesal de las 213 peticiones.


Indica la actora que la institución de la acumulación en materia de procedimientos administrativos está regulada por el artículo 29 del C. C. A., pudiendo accederse a ella a petición de parte, o de oficio, siempre y cuando las actuaciones tengan el mismo efecto, de ellas se pueda predicar una relación íntima, y que con la acumulación se eviten decisiones contradictorias.


En el sub-lite, a juicio de la ETB, no hay identidad de objeto, ya que las decisiones acumuladas en el Auto de Cargos No. 064, del 27 de noviembre de 2000, son diferentes, porque unas se tratan de petición, otras de reclamos, y otras se derivan de decisiones de recursos interpuestos, y se refieren algunas a presuntas irregularidades en la presentación del servicio telefónico; otras a la violación al derecho de petición, y las restantes, a la revisión previa de la facturación frente a inconsistencias concretas de los usuarios.


Agrega la parte demandante que en caso de demostrarse las irregularidades puestas de presente en las peticiones, los efectos frente a los usuarios serían diversos, y, por tanto, no puede afirmarse que existe una relación íntima entre las pretensiones de cada uno dé los peticionarios, por más que se trate de actividades ejercidas por la empresa.


Dice que la acumulación decretada no protege al censar administrativo del riesgo de adoptar decisiones opuestas, ya que las circunstancias particulares de cada una de las reclamaciones exigen de comprobaciones concretas.

Análisis de la Sala.


El artículo 29 del C. C. A. establece:


“Cuando hubiere documentos relacionados con una misma actuación o con actuaciones que tengan el mismo efecto, se hará con todos un solo expediente al cual se acumularán, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad y tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias...”.

De lo consagrado en el artículo anterior, se tiene que la acumulación procesal, en tratándose de actuaciones administrativas, resulta procedente siempre que ellas tengan el mismo efecto, se tramiten ante una misma autoridad y exista una relación íntima, acumulación que busca evitar decisiones contradictorias.


Del pliego de cargos No. 064, del 27 de noviembre de 2000, se colige que las 213 denuncias presentadas por los usuarios del servicio de telefonía prestado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., se relacionan con la desatención dentro del termino legal, de los derechos de petición, y con el no reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo.


De manera que existe una causa común frente a todos los usuarios o suscriptores del servicio en las denuncias formuladas ante la Superintendencia, cual es la no contestación oportuna de sus reclamos, aunque estén originados en diversas circunstancias, lo que permite advertir que existe entre ellos una relación íntima, y coinciden en la búsqueda de un mismo efecto, posibilitándose, así, la acumulación para evitar decisiones contradictorias.

Esa identidad en las manifestaciones de los usuarios o suscriptores está dada en tanto que las solicitudes, quejas, reclamos o recursos corresponden al ejercicio del derecho constitucional fundamental de petición, consagrado por el artículo 23 de la C. P., y desarrollado, en lo pertinente, por el C. C. A., y la Ley 142 de 1994, y las correspondientes respuestas tienen íntima relación con la prestación eficaz, adecuada y oportuna de un servicio público a cargo de la ETB.

 
Con la cuestionada acumulación se está dando aplicación a los principios de economía, celeridad y eficacia, orientadores, junto a otros, de la actuación administrativa (Art. 3° del C.C.A.).

 
Por tanto, el cargo no prospera.


Ausencia de la valoración de la prueba.


Predica la ETB que el debido proceso en la actuación administrativa lleva al análisis de una serie de obligaciones de valoración probatoria por parte de la autoridad administrativa, como es la exposición razonada del mérito que le asigne a cada prueba (art. 57 del C. C. A.), cuya omisión viola el principio de legalidad, del cual debe estar revestida.


El reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo no puede sustraerse al principio de legalidad, pues está claro que el peticionario no puede, a través de esta figura, obtener aquello que legalmente no hubiese podido conseguir por otros medios jurídicos, toda vez que las peticiones, reclamos y quejas, son un instrumento para el reconocimiento de los derechos de los peticionarios, no una fuente de los mismos, ya que, de otra manera, sería un camino expedito para obtener resultados completamente contrarios al ordenamiento jurídico.

Posteriormente, para efectos de argumentar este cargo, a través de unos cuadros comparativos correspondientes a los años 1999 y 2000, pretende la demandante explicar el volumen de peticiones que recepciona y tramita, que ha aumentado año tras año.

 
Finalmente aduce que, en aras de ejercer su legítimo derecho a la defensa y al debido proceso, en ocasiones la empresa ha solicitado a la Superintendencia que le permita conocer los derechos de petición de algunos usuarios, al no reposar en los archivos, ni en la base de datos, frente a lo cual la Superintendencia ha manifestado que en los derechos de petición figura
“... el sello oficial de radicado de la entidad prestadora, y que mientras estos sellos no sean tachados de falsos tiene todo su valor probatorio...”

 
Dicha respuesta hace entrever que es irrelevante solicitar pruebas para defenderse, porque la Superintendencia predetermina tales peticiones, con lo que desconoce el derecho al debido proceso, evitando que se de respuesta veraz, lógica y coherente a los hechos endilgados, sino se tiene conocimiento de ellos.


Análisis de la Sala.


Del material probatorio obrante en el expediente se tiene que efectivamente tal como lo plantea la Superintendencia, y es aceptado por la parte actora en la demanda, las peticiones fueron respondidas extemporáneamente, lo que evidencia la violación del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, y si bien es cierto que las peticiones, quejas y reclamos han aumentado en los últimos años, ello no exime a la entidad de cumplir con sus obligaciones legales.

Igualmente hay que decir que los cargos que le fueron endilgados a la empresa demandante, y por los cuales se sancionó, no fueron desvirtuados dentro de la actuación administrativa, y, contrario a lo que e expone en la demanda, la valoración de las pruebas aportadas indicó, fehacientemente, la vulneración y transgresión de normas legales de obligatorio acatamiento por parte de la empresa prestadora del servicio de telefonía.


En lo que refiere al silencio administrativo positivo, hay que decirse que el reconocimiento de sus efectos es consecuencia de la omisión de respuesta oportuna por parte de la entidad, no siendo un obstáculo para que su legalidad pueda ser controvertida.


No puede perderse de vista que los artículos 41 y 73 del C. C. A. posibilitan la revocatoria directa de los actos resultantes de la aplicación del silencio positivo; y que las peticiones que no se ajusten a los requisitos de ley, y/o no correspondan a la función de la entidad qué las recibe, pueden ser rechazadas a términos de las normas especiales que regulen la materia, o de los artículos 5, 11 y 31 ejusdem, pero si esto no ocurre, tales solicitudes, amparadas por el principio de la buena fe (Art. 83 C.P.) deben ser de fondo y oportunamente resueltas, so pena de que se produzca el silencio administrativo respecto de una actividad prestacional que es inherente a la función social del Estado (Art. 365 de la C.P.), y está a cargo, por lo general, de empresas que no solo son monopolios sino que ostentan una posición dominante.

 
Ahora bien, la negativa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a dar a conocer los derechos de petición que dan origen a las denuncias presentadas ante ese ente de control, no configura la no valoración probatoria, cargo propuesto por la demandante, pero si vislumbra el poco control de la empresa en relación con el trámite que adelante.

 
El cargo no prospera.


Ausencia de la proporcionalidad de la sanción y de la dosimetría punitiva.


Arguye la demandante que el principio de proporcionalidad constituye un postulado que racionaliza la actividad sancionatoria de la administración evitando el desbordamiento de la actuación represiva, encausándola dentro de un criterio de ponderación, mesura y equilibrio, como la alternativa última entre las que menos gravosas resulten para el administrado.


En el caso propuesto afirma la actora que la Superintendencia aplicó la responsabilidad objetiva, sin el análisis de todas y cada una de las pruebas aportadas en el escrito de descargos.


Además expresa que está plenamente demostrado que los actos administrativos demandados no consultan el principio de la legalidad de la falta, ya que la conducta por la cual se le ha sancionado la ETB, no se adecua a la normatividad, que para el efecto le ha sido aplicada.


El artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 prevé el monto de la sanción, como la facultad que le asiste a la autoridad administrativa para graduarla, teniendo en cuenta factores como: impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y el factor de reincidencia.

La Superintendencia no tuvo en cuenta, al imponer la sanción, las medidas alternativas adelantadas por la ETB, las cuales se concretan en el seguimiento de unos programas de gestión supervisados par la entidad, encaminados a orientar y solucionar los casos que originaron la sanción.


De manera que aunque la entidad tenga la facultad discrecional de aplicar sanciones, ésta debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos por los que se le acusa, so pena de contrariar el artículo 36 del C.C.A.


En diferentes ocasiones, expone la demandante, con fundamento en la violación del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, la Superintendencia ha impuesto diferentes montos de sanción, arbitrariedad que se advierte al revisar el valor de las sanciones que se encuentran en revisión en la vía gubernativa, lo que denota la carencia de criterio unificado por parte de la entidad demandada.


Análisis de la Sala.


El artículo 81 de la Ley 142 de 1994, consagre las sanciones que puede imponer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a quienes violen las normas a las que están sujetas, según la naturaleza y gravedad de la falta, a saber:

 
”…81.1. Amonestación.

81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo __de la Constitución.

 
81.3. Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades del infractor, y cierre de los inmuebles utilizados para desarrollarlas.


81.4. Orden de separar a los administradores o empleados de una empresa de servicios públicos de los cargos que ocupan; y prohibición a los infractores de trabajar en empresas similares, hasta por diez años.


81.5. Solicitud a las autoridades para que decreten la caducidad de los contratos que haya celebrado el infractor, cuando el régimen de tales contratos lo permita, o la cancelación de licencias así como la aplicación de las sanciones y multas previstas pertinentes.


81.6. Prohibición al infractor de prestar directa o indirectamente servicios públicos, hasta por diez años.


81.7. Toma de posesión en una empresa de servicios públicos, o la suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias, cuando las sanciones previstas atrás no sean efectivas o perjudiquen indebidamente a terceros.


Las sanciones que se impongan a personas naturales se harán previo el análisis de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en criterios de responsabilidad objetiva...”.

En el caso propuesto se tiene que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionó a la ETB con multa equivalente a 852 salarios mínimos legales mensuales vigentes.


Tal sanción fue fijada en atención a factores determinantes para efectos de su graduación, cuales son, el impacto de la infracción sobe la buena marcha del servicio público y la reincidencia.


En efecto, se encuentra demostrada la inobservancia de las obligaciones legales por parte de la empresa sancionada, lo que constituye una deficiencia en la prestación del servicio público, que en el sub lite se traduce en la no atención oportuna y eficaz de las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios por fallas en el servicio y en la no revisión de la facturación, entre otras. Circunstancias que como bien lo señala la actora han sido repetidas.


Todo lo anterior permite concluir que la sanción impuesta no resulta desproporcionada, y, mucho menos, si tiene en cuenta que la misma se encuentra dentro del máximo señalado en la norma, que corresponde a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.


No sobra repetir que en el plenario se probó plenamente la infracción administrativa endilgada a la ETB, empresa que no alegó la fuerza mayor o el caso fortuito, cuya ocurrencia la eximiría de responsabilidad.


El cargo no prospera.


Los cargos de falta de competencia del Intendente de Control Social, para expedir dos de los actos acusados, y de caducidad, propuestos por la demandante en los alegatos de conclusión, no se tendrán en cuenta, toda vez que fueron formulados por fuera de la oportunidad legal. Además, en caso de atenderse, se rompería el equilibrio procesal entre las partes.


En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION PRIMERA, SUBSECCION “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


FALLA

PRIMEROS Niéganse las pretensiones de la demanda.


SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Si hubieren remanentes de lo consignado para gastos del
proceso, le serán reembolsados a la demandante.


QUINTO. Una vez ejecutoriado este fallo, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.


COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

 
Discutido y aprobado en sesión de la fecha, mediante Acta No. 132

HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

Magistrado

SUSANA BUITRAGO VALENCIA

                    Magistrada

WILLIAM GIRALDO GIRALDO

       Magistrado

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Última modificación:23/12/2009 04:35:53 PM
Servicios Públicos: - Telefonia Publica Basica Conmutada de Larga Distancia
Publicado:10/11/2005 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
El silencio administrativo positivo las empresas prestadoras de los servicios tienen la obligación impostergable de reconocer al suscriptor o usuario, dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15 días hábiles, los efectos del silencio administrativo positivo, lo que supone que las empresas deben expedir los actos internos necesarios para el reconocimiento, cumplimiento y ejecución de los efectos de tal silencio
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Ley 142 de 1994; Art. 158; Art. 79; Art. 80
Decreto 2150 de 1995; Art. 123
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ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"