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 Tribunal Administrativo No. 874 de 2006
  
 
SSPD - Conceptos - Conceptos SSPD 2007

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

 

SECCIÓN PRIMERA

 

SUBSECCIÓN “B”

 

 

Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil seis (2006)

 

 

Magistrada Ponente: AYDA VIDES PABA

Expediente No. : 2003-00874-01

Demandante : RAMON FERNANDO PINEDA NEIRA

Demandados : CODENSA S.A. E.S.P. y SUPERINTENDENCIA

DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

 

 

 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

 

El señor Ramón Fernando Pineda Neira, por medio de apoderado judicial, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 del C.C.A., contra las Decisiones N° 1-0000425952 del 30 de marzo de 2001 y 1-0000462046 del 30 de mayo de 2001 proferidas por CODENSA S.A. E.S.P. y contra la Resolución No. 027203 del 31 de diciembre de 2001, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios;

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. Pretensiones.

PRIMERA: Que se declare la nulidad del Acto Administrativo Decisión N° 1-0000425952 de fecha marzo 30 de 2001 Expediente 1000-2001-2052 U NIE 2018831-9, expedido por LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CODENSA S.A. ESP, por medio del cual se impone multa a los usuarios del servicio de energía del inmueble ubicado en la Transversal 87 C N° 64B-34 SUR piso 1 de esta ciudad.

 

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del Acto Administrativo N° 1-0000462046 de fecha mayo 30 de 2001, por medio del cual se resolvió el recurso de Reposición y confirmó la Decisión inicial, (1-0000425952), expedido por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA CODENSA S.A. ESP., contra el usuario RAMÓN FERNANDO PINEDA NEIRA, del servicio público de energía, del inmueble ubicado en la Transversal 87 C N° 64B-34 SUR piso 1 de esta ciudad.

 

TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución 027203 de fecha diciembre 31 de 2001, Notificada en junio 05 de 2003, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, por medio la cual se resolvió el Recurso de Apelación y se confirma la decisión No. 0425952 del 30 de Marzo de 2001, proferida por CODENSA S.A.

 

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores determinaciones y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene definitivamente el no pago de la sanción objetiva impuesta por CODENSA S.A. ESP, confirmada por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, en contra del usuario RAMÓN FERNANDO PINEDA NEIRA, o los usuarios del servicio público de energía del predio ubicado en la Transversal 87 C N° 64B-34 SUR piso 1 de esta ciudad.

 

QUINTA: Sugiero con todo respeto al Honorable Tribunal Administrativo, subsidiariamente darle aplicabilidad al Principio de IGUALDAD consagrado en el Artículo 13 de la Constitución Nacional, petición que sustentaré con los fundamentos de la violación de normas.

 

SEXTA: Que se decrete la suspensión provisional del Acto Administrativo complejo, descrito en los numerales uno, dos y tres de las pretensiones de la presente acción, en el capítulo de peticiones especiales de la demanda, aspecto que se sustenta en le capítulo de violación de normas.

 

SÉPTIMA: Solicito a la Honorable Corporación, reconocerme la personería jurídica para actuar dentro del presente Contencioso Administrativo”

 

2. Hechos.

 

Como fundamento fáctico de las pretensiones, el actor narró lo siguiente:

 

1. Que según visita practicada el día 19 de diciembre de 2000, a los equipos e instalaciones eléctricas del inmueble ubicado en la trasversal 87C N° 64B-34 sur piso 1 de esta ciudad, NIE 2018831-9, se detectaron unas anomalías consistentes en “Disco medid. Gira inversamente, servicio directo trifásico, sin sellos en tapa de conexión, invertida la conexión de entrada/salida de las fases”.

 

2. Que como consecuencia de esta revisión por parte de la Empresa Codensa S.A. ESP., se impuso al usuario, de manera unilateral y objetiva, una multa o sanción pecuniaria por valor de siete millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y nueve pesos con 00 centavos M/cte. ($ 7.351.689.oo).

 

3. Que en ninguna parte del acto sancionatorio se explica técnicamente en qué consisten las supuestas anomalías encontradas, ni a quién corresponde la responsabilidad del funcionamiento correcto del medidor, ni cuáles son las normas vigentes para hacer el cálculo del supuesto detrimento de consumo; no obstante Codensa y la SSPD ignoraron los argumentos presentados por el usuario en su recurso de reposición y/o apelación, omitiendo responder acorde con sus manifestaciones, sin que se derrotaran sus puntos de vista, como tampoco se demostró que estuviera equivocado en sus afirmaciones, o sí se tuvo en cuenta lo dicho por la Empresa.

 

4. Que el acto administrativo complejo viola la Ley 142 de 1994, especialmente cuando a las supuestas irregularidades, causa de la ilegal sanción, corresponden exclusivamente a factores del funcionamiento interno del equipo, cuya responsabilidad no es del usuario, puesto que como lo determina el artículo 144 inciso. 3° de la mencionada ley no es obligación de los usuarios cerciorarse del funcionamiento adecuado de los medidores.

 

5. Codensa no le permitió al demandante ejercer el derecho de defensa, por cuanto ni siquiera le fue elevado pliego de cargo alguno, ni fue escuchado antes de tomar la decisión de imponerle una sanción pecuniaria, como tampoco aportaron pruebas legales, ni se soporta la revisión, sólo manifestaron que se trataba de una “inspección de suministros”, pero en ningún momento hicieron saber que de esa inocente visita se desprendería el cobro de una multa.

 

6. Que del Acto Administrativo N° 1-0000425952 del 30 de marzo de 2001 NIE 2018831-9, aparece que “... en el acta de revisión se manifiesta la oportunidad de presentar los descargos por escrito al momento de firmar el documento o en su defecto dentro de los 5 días siguientes...” oportunidad que no se enteró al señor Pineda, sino hasta que fue notificado de la sanción impuesta.

 

7. Que el Juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá, en providencia calendada en fecha mayo 15 de 2000, dentro de la acción de tutela N° 2000-0301-00, accionante Luisa López de Jiménez, usuaria sancionada por Codensa S.A. en las mismas circunstancias del demandante, tuteló el derecho fundamental al debido proceso, dejando sin efecto las actuaciones administrativas sancionatorias.

 

8. Que la misma Empresa Codensa S.A., a través de comunicación N° 0-0000730391 de fecha noviembre 7 de 2002, revocó en su totalidad, la sanción pecuniaria impuesta mediante Acto Administrativo N° 00000196278 de enero 20 de 2000, al usuario Israel Ubaque Molina con NIE 02374021, a quien se le sancionó con una multa por el valor de $4.160.237.oo, por unas anomalías similares, determinadas exactamente en las mismas condiciones de revisión, con las mismas violaciones y en las mismas circunstancias del demandante.

 

3. Normas Jurídicas violadas.

 

 

  • Constitución Política: artículos 13, 29.

 

  • Ley 142 de 1994: artículo 148 y 149.

 

 

4. Concepto de la Violación.

 

Afirma el demandante que de las actuaciones de Codensa S.A. se deriva una flagrante violación al debido proceso, puesto que al practicar revisiones a las instalaciones de los usuarios, las cuales son permitidas por la ley, violan el derecho de defensa del usuario y el debido proceso consagrados en el artículo 29 de la C.P., por cuanto ni se notifica previamente, ni se aportan pruebas legales e idóneas, ni existe soporte técnico en la revisión de medidores e instalaciones eléctricas, no se respetan recursos a que tiene derecho el ciudadano dentro de la vía gubernativa, los cuales mucha veces no se conceden y en otras ocasiones, como en el presente caso no se ajustan a derecho conforme al ordenamiento legal, puesto que al señor Pineda se le, ha impuesto una sanción de plano, a la vez que se le comunica por primera vez la detección de supuestas irregularidades en el contador, cuya responsabilidad se le endilgó, sin haberlo escuchado antes. Además que todo acto administrativo es de carácter particular e individual, por consiguiente se le debe dar a conocer al usuario en ejercicio de los principios orientadores de la función pública como son la publicidad y la contradicción.

 

Que en cuanto a los artículos 148 y 149 de la Ley 142 de 1994, se observa que el acto administrativo demandado, ordena una sanción, la cual altera grave y sorpresivamente la estructura tarifaría, en contra del artículo 148 esto, más las constantes amenazas de suspensión del servicio, si el usuario no paga una factura, que no consumió. Como mi poderdante no tenía los siete millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y nueve pesos ($7.351.689.oo), se le suspendió el servicio, por lo cual es viable la suspensión del acto administrativo complejo, así como que se oficie a Codensa S.A. para que suspendan todas las acciones que persigan el pago de la obligación hasta que esta Corporación emita el respectivo fallo, y de no cancelar las sumas que no son objeto de discusión, mientras éstas se estén discutiendo.

 

Que conforme al artículo 149 la revisión de facturación debe efectuarse previamente a la expedición y entrega de las facturas, para evitar errores u omisión se facturen consumos no realizados, lo cual para el caso que nos ocupa Codensa al momento de realizar la revisión se encontraron con anomalías que de acuerdo a lo planteado allí, no fue objetado por el demandante, por lo cual se pretende facturarle una recuperación de energía que no ha consumido.

 

Que con base en el artículo 13 de la Constitución, se solicita que se le de al demandante el mismo tratamiento que recibió la señora Luisa López de Jiménez, a quien le impusieron sanción, y a quien el Juzgado 57 Penal Municipal, tuteló el derecho al debido proceso, no pido la aplicación del fallo, sino la igualdad ante la ley.

 

4. Contestación de la demanda.

 

4.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, contestó la demanda dentro del término legal para ello (folios 99-107) manifestó lo siguiente:

 

Que de la revisión efectuada en el inmueble del demandante, el día 19 de diciembre de 2000 se detectaron unas anomalías consisten en “DISCO MEDID. GIRA INVERSAMENTE, SERVICIO DIRECTO TRIFÁSICO, SIN SELLOS EN LA TAPA DE CONEXIÓN, INVERTIDA LA CONEXIÓN DE ENTRADA/SALIDA DE LAS FASES”.

 

Que una vez evaluada la anomalía, la Empresa impone una sanción al usuario mediante Decisión 42592 del 30 de marzo de 2001, por valor de $7.351.689.oo, fundamentada en el reglamento de servicios y el Contrato de Condiciones Uniformes.

 

Que el usuario por su parte interpone los recursos de ley, argumentando que:

 

  • Que el contador le había sido instalado hacía seis (6) meses. Motivo por el cual solicitó que se le explicara de donde salía el consumo de 3.209 Kilovatios y a cuantos meses correspondía este consumo en vista de que sus labores en promedio de 12 a 15 días mensuales en el taller.
  • Por estas razones solicitó que la explicación acerca de por qué le cambiaron su tarifa de residencial a industrial si el taller es pequeño y mide un promedio de 20m2.

 

Que la Empresa una vez estudiado el recurso resolvió confirmar el cobro de la sanción con base en las anomalías encontradas en la visita que constan en le Acta del 19 de diciembre de 2000 y con la fundamentación expuesta en su escrito.

 

Que la Superintendencia Delegada para Energía y Gas resolvió el recurso de apelación mediante Resolución SSPD 027203 del diciembre 31 de 2001, con base en las facultades conferidas por la Ley 142 de 1994, el Decreto 548 de 1995, derogado por el Decreto 990 de 2002 ordenando modificar la decisión N° 425952 del 30 de marzo de 2001 de Codensa S.A. E.S.P. con base en la parte motiva de la Resolución.

 

Que como se expuso en la parte motiva de la Resolución por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto la conducta descrita en el Acta de Revisión, constituye violación del Contrato de Condiciones Uniformes y es sancionable, independientemente de quien cometa la infracción, siempre y cuando se encuentren probadas en el expediente.

 

Que de otra parte, las pruebas como el acta de revisión, el censo de carga y el historial de lecturas y consumos condujeron a establecer la certeza sobre la existencia del hecho sancionado.

 

Que de acuerdo con lo anterior, como se trata de una sanción por fraude, por cuanto se encontró una anomalía en el equipo de medida, se analiza el grado de responsabilidad, que en materia de servicios públicos domiciliarios es denominada como objetiva, por cuanto se sanciona el hecho como tal sin entrar a individualizar responsables, por ello no se analiza la figura de dolo.

 

En cuanto a las pretensiones.

 

Respecto a las pretensiones consignadas en el petitum de la demanda, se opuso a todas y cada una de ellas.

 

Razón de la defensa.

 

Que con el objeto de presentar defensa sobre el acto administrativo que hoy se demanda, no se partirá defendiendo con argumentos las normas violadas sino dando a conocer la base doctrinaria de la Entidad en relación con el fraude de los servicios públicos domiciliarios, los procedimientos y las posibles sanciones a que se ven avocados los usuarios en el evento que se detecte en el inmueble anomalías en el equipo de medida, las cuales conducen generalmente a recuperación de consumos no registrados.

 

El artículo de la Ley 142 de 1994 dispone que el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas y demás actos de incumplimiento del contrato de servicios públicos por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio, por parte de la Empresa prestadora del servicio público.

 

Que a su vez la Comisión de Regulación de Energía y Gas, expidió la Resolución CREG 108 de 1997, en la cual entre otros apartes estableció que en el contrato de condiciones uniformes se debe establecer, cuáles son las conductas del usuario que dan lugar a la imposición de una sanción pecuniaria por parte de la Empresa prestadora del servicio de energía.

 

Que el régimen de los servicios públicos obliga a las Empresas de servicios públicos para que investiguen las desviaciones significativas de los consumos efectuados por, los usuarios en un período frente a los consumos anteriores. Es por esto que también cuentan con un procedimiento previo para establecer la imposición de las multas a los usuarios.

 

Que el artículo 37 de la Resolución CREG 108, establece que para la elaboración de las facturas la Empresa debe adoptar mecanismos que permitan someter su facturación a investigaciones de desviaciones significativas entre los consumos registrados del usuario durante un período de facturación y sus promedios de consumo anteriores. Ahora con el fin de verificar la configuración de una desviación significativa las Empresas de servicios públicos están obligadas a visitar los domicilios de los usuarios con el fin de determinar la causa que los originó.

 

Que cuando una Empresa de servicios públicos hace la visita a un inmueble para verificar las instalaciones eléctricas domiciliarias, debe dejar constancia escrita de lo hallado. En este caso se requiere que se le informe al usuario el derecho de estar asistido técnicamente al momento de la visita, así como el derecho de presentar descargos dentro de los 5 días siguientes a la firma del acta de revisión que detecta las anomalías.

 

Que los descargos como las asesorías de un tercero son etapas procesales indiscutibles, puesto que ellas el usuario puede solicitar la práctica de pruebas, como también tiene derecho que la prueba de laboratorio también se realice en uno diferente al de la Empresa y a que la prueba de verificación de la idoneidad de los sellos así como el de la calibración del aparato de medida se realice en presencia del usuario en asocio de un técnico electricista.

 

Que el laboratorio rinde un dictamen que puede confirmar o agregar más indicios de los señalados en el acta de inspección; sin embargo hay adulteraciones al aparato de medida que son perceptibles a simple vista, como en el caso de la adulteración de los sellos y/o servicio directo antes del medidor; como consecuencia de lo anterior, el área comercial de la Empresa elabora un historial de consumos, informe que comprende los registros reportados por el medidor antes o después de detectada la presunta anomalía.

 

Que como mecanismo de defensa del usuario se tienen los recursos de reposición y el subsidiario de apelación en contra de los actos que resultan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de los 5 días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.

 

Que dichos recursos enmarcan los procedimientos adecuados para que los usuarios de los servicios públicos domiciliarios puedan discutir eficazmente los actos que las empresas de servicios públicos adopten al aplicar las sanciones que establece el contrato de condiciones uniformes.

 

Que los recursos se conceden en el efecto suspensivo, es decir los efectos de la decisión adoptada por las empresas de servicios públicos quedan en suspenso hasta tanto la Superintendencia de Servicios Públicos resuelva el fondo del asunto.

 

Que el usuario recurrente de igual forma en ejercicio de los principios del derecho probatorio puede solicitar el decreto y práctica de pruebas tendientes a desvirtuar las afirmaciones de las Empresas. Si omite esa facultad que el ordenamiento jurídico le confiere, corre el riesgo de que el recurso se falle de plano, con la documentación que reposa en el expediente, pues tales documentos a juicio del funcionario instructor le pueden otorgar certeza suficiente para adoptar una decisión de fondo.

 

Que las reglas de la experiencia enseñan que para verificarse la existencia de una anomalía, por violación al Régimen de los Servicios Públicos, en especial, al Contrato de Condiciones Uniformes debe acreditarse en el expediente entre otros lo siguiente:

 

  • Adulteración del medidor.

 

  • Que el consumo antes y después de la detección de la anomalía tenga una variación significativa.

 

  • La confirmación por parte del laboratorio de la Empresa de las anomalías encontradas al momento de la visita.

 

Que por todo lo expuesto, las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica están facultadas para imponer multas a los usuarios con fundamento en lo dispuesto tanto en los Contratos de Condiciones Uniformes como en lo ordenado en el ordenamiento jurídico vigente.

 

Que si se presentan daños en los medidores no imputables al usuario, los consumos no pueden ser medidos de manera precisa mientras no sean efectivamente revisados, es por ello que la Empresa debe revisarlos a fin que se ajusten o se reemplacen, sin que dicha circunstancia implique que exista acción u omisión de la Empresa.

 

Que cuando se presenten anomalías en los equipos de medida, se toma el promedio del consumo y como no se puede determinar a partir de que momento se produjo la alteración, la ley faculta para que la recuperación del consumo se determine por seis meses.

4.2. CODENSA S.A. E.S.P., contestó la demanda dentro del término legal para ello (folios 122-118) manifestando lo siguiente:

 

En cuanto a los hechos:

 

Al primero y al segundo: son ciertos.

 

Al tercero: se divide en varios hechos a saber:

 

  • En cuanto al pliego de cargos, no es cierto lo manifestado por el actor y aclaro, Codensa aplica lo dispuesto en las condiciones uniformes del contrato, las cuales garantiza que las objeciones ante las anomalías halladas, pueden presentarse en el momento de la visita o dentro de los 5 días siguientes.

 

  • En cuanto al contenido del acto expedido por la Empresa el día 30/30/2001 y radicado con el N° 1-0000425952, se observa que el acto sí explica y detalla cuales fueron anomalías detectadas, comunica la fórmula aplicada para evaluar y liquidar dichas anomalías y señala los conceptos y valores del consumo a reintegrar.

 

  • En cuanto a los argumentos expuestos durante la vía gubernativa, éstos sí fueron analizados en debida forma por el personal capacitado, pero no fueron aceptados.

 

Al cuarto: no es cierto en la forma como se encuentra planteado y me permito aclarar:

 

1. En la visita practicada al inmueble se detectaron, entre otras, anomalías como: Servicio Directo Trifásico y Sin sellos en la tapa de conexión. Estas irregularidades no pueden ser admitidas como “factores del funcionamiento interno del equipo”. Por que por ejemplo, el servicio directo es resultado de una intervención a los cables no hacen parte de los elementos internos del contador.

 

2. Si bien es cierto que no es obligación del suscriptor cerciorarse que los medidores funcionen adecuadamente; la lectura completa del artículo 144 de la ley sectorial, sí impone al suscriptor la obligación de hacer reparar o reemplazar los medidores. Carga ésta que no cumplió el señor actor.

Al Quinto: No es cierto y se permitió aclarar:

 

Codensa brindó oportunidades y dio conocimiento acerca de las anomalías encontradas y dejó copia del acta de visita practicadas. Las circunstancias que rodearon las múltiples anomalías halladas, advierten a cualquier usuario acerca de posibles sanciones, por lo que no es procedente afirmar que de una simple visita no se podía prever un resultado adverso. Comprobadas las anomalías se procedió de conformidad con lo dispuesto en las condiciones uniformes del contrato.

 

Al sexto: No es cierto en la forma como se encuentra planteada, a saber:

 

  • No es de recibo, afirmar que “el señor Pineda nunca se enteró”, puesto que todos los casos, el usuario recibe en el inmueble una visita (la cual consta en un acta de la que se deja copia) antes de comunicarle el acto que cobra el uso no autorizado del servicio de energía.

 

  • No es procedente el argumento, según el cual el usuario no recibió información alguna de que iba a ser sancionado, porque: 1.) Las advertencias anotadas en al acta de visita, permiten al usuario la capacidad de entender y comprender que su equipo fue objeto de corrección, que no se encontraba en normal funcionamiento. 2.) ¿Qué información debe despertar más interés en un usuario, respecto de sus consecuencias, que las distintas anomalías halladas en su medidor y consignadas en el acta de inspección de suministros?.

 

Al séptimo y octavo: No es cierto. No son las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por otro lado cada caso debe ser estudiado en forma individual atendiendo elementos propios y particulares.

A las pretensiones:

 

Codensa se opone a todas y cada una de las pretensiones contenidas en la demanda.

 

Excepciones

 

  • Uso no autorizado del servicio de energía eléctrica.

 

  • Procedimiento fundado en las condiciones uniformes del contrato.

 

  • Cumplimiento por parte de Codensa de sus obligaciones legales y contractuales.

 

  • No hubo violación al debido proceso por parte de Codensa.

 

  • Falta de responsabilidad respecto al mantenimiento, cuidado y custodia del medidor.

 

  • Legalidad de los actos demandados.

 

5. Alegatos de conclusión.

 

Al descorrer el traslado ordenado, los apoderados de las entidades demandadas, presentaron alegatos de conclusión así:

5.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios:

 

Reiterá lo manifestado en la contestación de la demanda y agregó en síntesis lo siguiente folios (221-222):

 

Que el artículo 158 de la Ley 142 prevé que las Empresas de servicios públicos deben responder las quejas, peticiones y recursos de los usuarios dentro del término de 15 días contados a partir de la fecha de su promulgación.

 

Que el artículo 159 ibídem señala que contra la decisión de la Empresa que resuelve el reclamo procede el recurso de reposición ante el gerente o representante legal de ésta y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia. La instancia legalmente establecida en la Ley 142 de 1994 para que la Superintendencia entre a revisar las decisiones de la Empresas de servicios públicos, con la finalidad de examinar la legalidad de las decisiones de las Empresas de servicios públicos que afecten la prestación del servicio o ejecución del contrato, negativa del contrato, terminación, corte y facturación que realice la Empresa.

 

Que la Superintendencia al resolver el recurso de apelación tuvo en cuenta las pruebas practicadas por la Empresa prestadora del servicio, las cuales, fueron conducentes, pertinentes y valoradas conforme a las reglas de la sana crítica.

Que la Superintendencia al estudiar el expediente para decidir esta impugnación encontró que el acta de revisión del 19 de diciembre de 2000 arrojó como resultado la existencia de la anomalía señalada por lo que la Empresa impuso una sanción al usuario mediante decisión 42592 del 30 de marzo de 2001, por valor de $ 7.351.689.

 

Que la Superintendencia Delegada de Energía y Gas tuvo en cuanta el acta de revisión, el censo de carga y el historial de lecturas y consumos que condujeron a establecer con certeza sobre la existencia del hecho sancionado.

 

Que una vez revisada la liquidación de la sanción impuesta se pudo determinar que no se encontraba ajustada a la ley por lo que se procedió a ordenar modificar la Decisión N° 425952 del 30 de marzo de 2001 de Codensa mediante Resolución SSPD 027203 del 31 de diciembre de 2001.

5.2. La Empresa CODENSA S.A. E.S.P:

 

Reiterá lo manifestado en la contestación de la demanda y agregó en síntesis (223 - 229):

 

Que Codensa no infringió ningún elemento del debido proceso, dado que es la misma Ley 142 de 1994, la que remitió al contrato de condiciones uniformes el procedimiento que se debe seguir para cuando se alteren las condiciones del contrato de prestación de servicios.

 

Que Codensa mediante personal autorizado, practicó una visita, en la cual se corrigieron una irregularidades detectadas en el equipo de medida; dicha visita fue atendida por el señor Fernando Pineda, o sea que desde un comienzo el señor sí tuvo conocimiento y fue parte de las actuaciones Empresariales que concluyeron con las decisiones por él demandadas.

 

Que Codensa garantizó la imparcialidad al remitirse los argumentos de inconformidad del usuario, a una instancia distinta como lo es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

 

Que las decisiones de Codensa no se profirieron de plano, dado que al usuario se le dieron las oportunidades de ejercer el derecho de contradicción, como lo es en el momento de la visita o los 5 días siguientes, a ésta puede plantear sus inquietudes y explicaciones frente a lo que detecte.

 

Que las condiciones uniformes señalan como obligación del usuario la de velar por que el sitio donde se encuentre instalado el medidor permanezca con adecuadas condiciones de seguridad, en esa medida se le responsabiliza por el adecuado mantenimiento del medidor, cabe resaltar que la exoneración conferida al suscriptor, en al artículo 144 de la Ley 142 de 1994, sólo es respecto a la verificación del adecuado funcionamiento del equipo, más no respecto al cuidado y mantenimiento que el usuario debe darle.

 

Que el actor demanda el reconocimiento del principio constitucional de la igualdad, pues según él su situación es idéntica a la tutelada por el Juez 57 Penal Municipal de esta ciudad, y por ello se hace merecedor de las mismas condiciones dentro de ese fallo de tutela. Por lo cual me permito comentar que la tutela es una acción subjetiva de carácter personal y concreto, por ello la decisión proferida en un fallo de tutela, en desarrollo al principio de independencia judicial, sólo tiene efectos Inter.-partes.

5.3. El Ministerio Público, guardo silencio.

 

 

 

 

 

II. CONSIDERACIONES.

 

El señor Ramón Fernando Pineda Neira, promueve demanda de nulidad y restablecimiento de derecho en contra las Decisiones N° 1-0000425952 del 30 de marzo de 2001 y 1-0000462046 del 30 de mayo de 2001 proferidas por CODENSA S.A. E.S.P. y contra la Resolución No. 027203 del 31 de diciembre de 2001, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; por considerar que éstas vulneraron el artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 148-149 de la Ley 142 de 1994.

  • Excepciones

 

La Empresa Codensa S.A. E.S.P. propuso las siguientes excepciones:

 

  • Uso no autorizado del servicio de energía eléctrica:

 

La adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios no solo compromete a la Empresa; puesto que los usuarios deben procurar el acatamiento de las normas de seguridad como la custodia y vigilancia del medidor junto con sus elementos.

 

El Anexo N°1 de las condiciones uniformes de prestación del servicio de energía constituye como uso no autorizado de la energía eléctrica las siguientes conductas:

 

“ 1. Conexiones eléctricas y/o equipos de medida alterados o intervenidos o con alguna anomalía que impida su correcto funcionamiento, o se haya evitado que registre en parte o su totalidad la energía consumida.

 

2. Retiro, ruptura o adulteración de uno o más de los elementos de seguridad instalados, tales como cajas, sellos, pernos, chapas, bujes visor de la caja, etc., o que los existentes no corresponden a los instalados por la Empresa.”

 

Las irregularidades halladas en el medidor permiten concluir que los hechos que motivaron los actos hoy acusados, sí contrariaron las disposiciones que rigen a las partes del contrato de condiciones uniformes.

 

 

 

  • Procedimiento ajustado a las condiciones uniformes del contrato:

 

La Empresa CODENSA S.A. E.S.P. sostiene haber actuado respetando el trámite contemplado en el Anexo N° 1 de las “Condiciones uniformes para la prestación del servicio de energía eléctrica en el mercado regulado”, en el cual se establece: “Retiro, ruptura o adulteración de uno o más de los elementos de seguridad instalados, tales como cajas, sellos, pernos, chapas, bujes, visor de la caja, etc., o que los existentes no correspondan a los instalados por la EMPRESA” .

 

  • Cumplimiento de CODENSA S.A. E.S.P. de sus obligaciones legales y contractuales:

 

La Empresa sostiene que se cumplieron con las obligaciones a las que se encuentra sometida en virtud de las “Condiciones uniformes de prestación del servicio de energía” y en las disposiciones legales.

 

En efecto:

 

  • Prestó de manera continua y eficiente el servicio de energía eléctrica domiciliaria.

 

  • Entrego copia del acta de inspección de suministro que daba a conocer a quien atendió la visita y a cualquier interesado –propietario o suscriptor- las irregularidades detectadas.

 

 

  • Revisó el equipo de medida y sus elementos internos y externos y corrigió las irregularidades que impedían el correcto funcionamiento y registro de la energía consumida por parte del medidor.

 

    • No hubo violación al debido proceso por parte de Codensa S.A E.S.P.

 

Desde la visita practicada el 19 de diciembre de 2000, se demostró y se comunicó la presencia de las irregularidades en el medidor. De esta visita se levanta un acta –de la cual se deja copia- que es entregada a la persona que atendió la visita.

 

Mediante escrito del 08/05/01, el señor Pineda Neira presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Una vez ejercidos los recursos en vía gubernativa los argumentos y razones expuestos fueron objeto de análisis y de estudio por parte de la Empresa, pero no se aceptaron y en su momento se explicaron las causas.

 

  • Falta de responsabilidad respecto al mantenimiento, cuidado y custodia del medidor.

 

Las condiciones uniformes del contrato, vigente para la fecha de los hechos disponían:

 

EL CLIENTE es responsable de la custodia de los equipos de medida y control y el propietario de los mismos lo será de su adecuado mantenimiento”.

 

Como se puede observar, existe una carga contractual, de diligencia mínima del suscriptor o el propietario de un inmueble, porque tanto él como el tenedor, son custodios de los equipos de medición; esta carga de responsabilidad fue omitida en el caso bajo estudio.

 

  • Legalidad de los actos demandados

 

Codensa, ante la advertencia de un posible error aritmético en la liquidación del consumo no registrado, reconoce el mismo y, rectifica que el consumo no registrado durante los 6 meses anteriores a la detección de la anomalía corresponde a 3080 kw y sobre esta cifra es que se debe liquidar la recuperación de la energía dejada de registrar.

 

Pero no resulta acertado que el acto demandado, sea considerado “no ajustado a la ley” por la existencia involuntaria de un error puramente aritmético; error que resulta factible cometer, si se tiene en cuenta la considerable suma de procesos por recuperación de energía que fue adelantada por mi representada.

 

La Sala considera que estas excepciones tienen relación directa con el análisis de fondo de la controversia planteada en consecuencia serán analizadas conjuntamente con éste.

 

2. Análisis de los Cargos.

 

Teniendo en cuenta la estrecha relación entre el cargo primero violación de el artículo 13 y 29 de la C.N., artículos 148 y 149 de la Ley 142 de 1994, la Sala los analizará y resolverá en forma conjunta.

 

    • Violación del artículos 13 y 29 de la Constitución Política .

 

El demandante fundamenta este cargo manifestando que con los actos de primera y segunda instancia se vulnera el artículo 29 de la Constitución Política debido a la arbitrariedad con que se impuso la sanción. Además que en desarrollo de dicha revisión, ni se notifica previamente, ni se aportan pruebas legales e idóneas, ni existe soporte técnico en la revisión de medidores e instalaciones eléctricas, no se respetan los recursos a que tiene derecho el ciudadano dentro de la vía gubernativa, los cuales muchas veces no se conceden y en otras ocasiones, como en el presente caso no se ajustan a derecho.

 

Que de otra parte, al señor Pineda se le, ha impuesto una sanción de plano, a la vez que se le comunica por primera vez la detección de supuestas irregularidades en el contador, cuya responsabilidad se le endilgó, sin haberlo escuchado antes. Además que todo acto administrativo es de carácter particular e individual, por consiguiente se le debe dar a conocer al usuario en ejercicio de los principios orientadores de la función pública como son la publicidad y la contradicción.

 

Que en cuanto al artículo 13 de la Constitución, solicitó que en desarrollo al principio de igualdad se le de el mismo tratamiento que recibió la señora Luisa López de Jiménez, a quien le impusieron sanción por los mismos hechos que al demandante, y a quien el Juzgado 57 Penal Municipal, tuteló el derecho al debido proceso.

 

2.2. Violación de los artículos 148 y 149 de la Ley 142 de 1994.

 

El demandante fundamenta este cargo manifestando, que el acto administrativo demandado, ordena una sanción, la cual altera grave y sorpresivamente la estructura tarifaría, en contra del artículo 148, esto, más las constantes amenazas de suspensión del servicio, si el usuario no paga una factura, que no consumió, como el demandante no tenía los siete millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y nueve pesos ($7.351.689.oo), se le suspendió el servicio.

 

Que además establece que en cuanto al alcance del artículo 149, por la revisión de facturación debe efectuarse previamente a la expedición y entrega de las facturas, para evitar errores u omisiones y que se facturen consumos no realizados, lo cual para el caso que nos ocupa Codensa al momento de realizar la revisión encontró anomalías que de acuerdo a lo planteado allí, no fueron objetados por el demandante, por lo cual se pretende facturarle una recuperación de energía que no ha consumido.

 

Solución de los Cargos

 

Para la solución de los cargos, la Sala tendrá en consideración:

 

1. Ley 142 de 1994. Capítulo II del Titulo VII “De los procedimientos administrativos para actos unilaterales”.

 

En este título se reglamenta el procedimiento administrativo para los actos que expidan las Empresas prestadoras de servicios, incluyendo dentro de éstos las citaciones y comunicaciones, el período probatorio, las oportunidades para decidir, las notificaciones, los recursos contra las decisiones que ponen fin a la actuación administrativa, es decir, que de conformidad con esta ley las decisiones unilaterales de las Empresas prestadoras de servicios públicos deben ser el resultado de un procedimiento administrativo.

 

2. Contrato de Condiciones Uniformes para la prestación del servicio de energía.

 

En el Anexo N° 1 del contrato, se consideran conductas del cliente que generan incumpliendo de éste por uso no autorizado o fraudulento del servicio de energía eléctrica, entre otras, las siguientes:

 

  • Conexiones eléctricas y/o equipos de medida alterados o intervenidos o con alguna anomalía que impida su correcto funcionamiento, o haya evitado que se registre parte o su totalidad la energía consumida.

 

  • Retiro, ruptura o adulteración de uno o más de los elementos instalados, tales como cajas, sellos, pernos, chapas, bujes, visor de la caja, etc.

 

3. Cuando la EMPRESA, por causa imputable al CLIENTE, facture el valor del consumo a una inferior a la que corresponda al servicio prestado, caso en la cual, la EMPRESA liquidará el servicio teniendo como base las tarifas correspondientes al nuevo uso y el consumo durante el tiempo de la situación irregular. A la cantidad resultante, se le descontará lo pagado por el CLIENTE durante el mismo período. Si hay lugar a ello, la EMPRESA cobrará los respectivos intereses moratorios. De no ser posible establecer el tiempo de permanencia de esta anomalía, se tomará un período de seis meses para calcular el consumo irregular. Así mismo, se cobrará la diferencia entre las tarifas vigentes de conexión en la situación nueva y en la situación autorizada, en caso que esta sea positiva.

 

3. De la demanda, de la contestación de la misma y de las pruebas aportadas al proceso tenemos:

 

    • Acta de Inspección de Suministros de fecha 19 de diciembre de 2000, practicada por Codensa al medidor, correspondiente al cliente – usuario N° 9008733 (Folio 119), suscrita por un funcionario de Codensa y por los señores Germán Pineda y Fernando Pineda , en la que se consta lo siguiente:

 

ANOMALÍA CÓDIGOS

 

DESCRIPCIÓN

 

S.D. Trifásico

240

Sin sello en conexiones

Invertida conexión entrada/salida

 

En la parte final, en letras minúsculas se manifiesta:

 

“Este procedimiento se efectuó conforme a las normas establecidas por CODENSA S. A. E.S.P. y de acuerdo con las disposiciones emanadas de los entes competentes para reglamentar el servicio de energía eléctrica y entendiendo que el usuario conoce su derecho de asesorarse de una persona siempre y cuando ésta se presente durante los próximos quince (15) minutos y debe presentar los descargos por escrito en el momento de firmar este documento o dentro de los cinco (5) días siguientes dirigidos a la División de Proyectos Especiales, citando el número de esta orden y radicando su comunicación en CODENSA S.A. E.S.P.”

 

 

    • Que luego de la visita efectuada al inmueble del demandante, Codensa no elevó pliego de cargos contra éste.

 

    • Que debido a la anomalía encontrada en la visita antes mencionada, Codensa estima que ha dejado de percibir el dinero correspondiente al registro normal del contador y por ello, emite un cobro como reintegro de 3209 kw, que no fueron cancelados por el usuario.

 

4. En un caso similar al que nos ocupa en el presente proceso, la H. Corte Constitucional mediante Sentencia T-1204 de noviembre 16 de 2001 afirmó:

“...2.3. El procedimiento adoptado por la Empresa Codensa S. A. EPS.

 

2.3.1 El anexo No. 1 del Contrato de “Condiciones uniformes para la prestación del servicio de energía eléctrica en el mercado regulado”, elaborado por la Empresa Codensa, y que la misma denomina “INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR USO NO AUTORIZADO O FRAUDULENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA”, establece “ el procedimiento”que se sigue para la “detección, evaluación y comprobación de anomalías”. En lo pertinente, el procedimiento allí descrito es el siguiente:

 

“Siempre que se verifique cualquiera de las anomalías descritas en los numerales 1, 2, 4, 6 y 7 del presente anexo, conductas que generan el incumplimiento del contrato por el uso no autorizado o fraudulento del servicio se procederá a la realización del aforo de la carga instalada en el inmueble. En todo caso se levantará un acta de la cual se dejará copia a la persona que atendió la revisión, quien deberá firmarla. En caso de no firmar el acta el CLIENTE se dejará constancia de ello.

 

DESCARGOS: Si el resultado de la orden de servicio es corrección de la anomalía, retiro o cambio del medidor, el CLIENTE podrá presentar descargos que justifiquen la presencia de las anomalías detectadas, por escrito en el momento de firmar el acta o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes en comunicación dirigida al Departamento Inspección de Suministros, del Proyecto de Pérdidas, la cual debe ser radicada en la sede de Codensa S:A. ESP, citando el número de la orden de servicio y el Número de Identificación Eléctrica (NIE).

 

EVALUACIÓN Y COMPROBACION DE LAS ANOMALIAS: la EMPRESA, una vez detectada la ocurrencia de una de alguna anomalía que se constituya en posible uso no autorizado o fraudulento del servicio, procederá a realizar las evaluaciones y comprobaciones correspondientes que permitan establecer el incumplimiento del contrato por parte del CLIENTE y su correspondiente sanción pecuniaria.

 

“Para ello se tendrán en cuenta como prueba de existencia de las anomalías entre otras, las siguientes:

 

“1. Acta de revisión de instalaciones y equipos de medidas efectuadas por personal autorizado por la EMPRESA, en donde conste la presencia de anomalías en las instalaciones, elementos de seguridad o equipos de medida.

 

“2. Examen técnico practicado en los laboratorios de la EMPRESA, que permita identificar o detectar alteraciones internas, rastros o muestras de manipulación del medidor de energía o equipo de medida, o en los elementos de seguridad que impidan o hayan impedido el normal registro.

 

“3. Fotografías, videos, y demás medios que comprueben el uso no autorizado o fraudulento del servicio de energía eléctrica.

 

“4. Certificaciones de visitas efectuadas por empleados de la EMPRESA o personal autorizado por ella en donde consten diferencias de lecturas que se constituyen en irregularidades al ser inferiores o iguales a otras previamente realizadas y que no sean plenamente justificadas por el CLIENTE.

 

“5. Cálculo efectuado por la EMPRESA del consumo del CLIENTE, utilizando factores de utilización de acuerdo con la clase de servicio de que se trate, aplicando la carga instalada aforada, en donde dicho cálculo sea superior al consumo histórico registrado por el medidor de energía antes de la detección de la anomalía.

 

“Cuando se presente uno de los eventos anteriormente señalados, la EMPRESA procederá a sancionar el incumplimiento del contrato en la cuantías señaladas en el presente anexo.

 

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA CUANTIA DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:

“(...)

 

COMPETENCIA PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, NOTIFICACIONES Y RECURSOS POR VIA GUBERNATIVA: Las decisiones sancionatorias serán suscritas por los funcionarios competentes de acuerdo con lo establecido en las decisiones de la Gerencia para tal efecto.

 

La notificación de la Decisión Sancionatoria se efectuará personalmente o por edicto de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

 

Contra las decisiones por medio de las cuales se imponen sanciones por incumplimiento del contrato por uso no autorizado o fraudulento del servicio de energía, proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los cinco días siguientes a ella.

 

Los recursos deberán ser radicados en la EMPRESA en el lugar de notificación de la decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. El de reposición ante el mismo funcionario que firmó la decisión sancionatoria y el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

 

La presentación del recurso deberá realizarse mediante escrito presentado por el CLIENTE, o mediante apoderado; en caso de ser persona jurídica lo hará el representante legal acreditando su calidad mediante presentación del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a 45 días, o mediante apoderado debidamente facultado.

 

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme.

 

Una vez en firme la decisión y se agote la vía gubernativa, la EMPRESA procederá a incluir en la facturación los valores de la sanción.

 

2.3.2 . La confrontación del procedimiento dispuesto de manera unilateral por la Empresa comercializadora y distribuidora de energía accionada, para imponer sanciones al “CLIENTE” por el uso no autorizado o fraudulento de energía, con el texto del artículo 29 de la Carta y con los criterios jurisprudenciales expuestos por la Corte Constitucional acerca del debido proceso administrativo, permite verificar y concluir a la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corporación que dicho procedimiento no se adecua al precepto constitucional, conforme pasa a puntualizarse:

 

a)Se plantea por la Empresa accionada que el “cliente”, suscriptor o usuario, tiene conocimiento del inicio del procedimiento administrativo cuando suscribe el acta de “inspección de suministros” en la que se consignan las presuntas irregularidades en el medidor de energía o en otros elementos. (Negrilla fuera del texto)

 

Esa explicación no se ajusta a la verdad. En el apartado final de la mencionada acta, luego de que el funcionario autorizado por Codensa para efectuar la inspección relaciona o describe las irregularidades o anomalías detectadas, en caracteres muy pequeños, se consigna:

 

“Este procedimiento se efectuó conforme a las normas establecidas por CODENSA S. A. E.S.P. y de acuerdo con las disposiciones emanadas de los entes competentes para reglamentar el servicio de energía eléctrica y entendiendo que el usuario conoce su derecho de asesorarse de una persona siempre y cuando ésta se presente durante los próximos quince (15) minutos y debe presentar los descargos por escrito en el momento de firmar este documento o dentro de los cinco (5) días siguientes dirigidos a la División de Proyectos Especiales, citando el número de esta orden y radicando su comunicación en CODENSA S.A. E.S.P.” 1

 

Se pregunta la Sala: ¿De ese texto se puede deducir, de manera clara e inequívoca, que al cliente, suscriptor o usuario del servicio de energía se le va a iniciar un “procedimiento administrativo” que puede culminar en la imposición de una sanción pecuniaria?

 

La respuesta es negativa. Porque si bien se da por sentado que el usuario conoce su derecho de asesorarse y se señala que puede presentar descargos en el momento de la inspección o dentro del término de los cinco días siguientes, el afectado, ciudadano común, no está en capacidad de discernir que esa acta de “inspección de suministros” es el inicio de un procedimiento en virtud del cual se le puede sancionar pecuniariamente. Obsérvese, además, que si se siguen los razonamientos de los funcionarios de Codensa, la citada acta es el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y, a la vez, la formulación del cargo o cargos por los que tendrá que responder el “cliente”. Igualmente, nada se dice acerca de la posibilidad que el “cliente” tiene de rebatir o contradecir las pruebas, del momento en que debe o puede hacerlo, o de aquél en el que puede solicitar o presentar pruebas para controvertir la que de hecho se ha edificado en su contra, esto es, el propio contenido del acta. (Subrayado fuera del texto)

 

A juicio de la Sala, el criterio deleznable de la Empresa accionada parte del supuesto de que todo usuario conoce el contenido del contrato de condiciones uniformes, lo cual en todos los casos no puede ocurrir en la realidad. Pero, aún suponiendo que todos los clientes, usuarios o suscriptores saben del contenido de dicho contrato, o que deben saberlo, lo cierto es que en Anexo No. 1 del mismo, que establece el “procedimiento” que se sigue para la “detección, evaluación y comprobación de anomalías”, adolece de los requisitos mínimos que deben observarse para que el usuario pueda ejercer de manera adecuada, real y material, su defensa frente a un hecho por el cual se le puede sancionar.

 

(...)

 

b) El administrado tiene derecho a que se le siga un proceso sin dilaciones injustificadas y ello, sin duda, se garantiza con la consagración de términos que regulen el procedimiento a seguir. En el dispuesto por Codensa, no se establece en modo alguno el término con el que cuenta la Empresa para dictar la resolución mediante la cual habrá de imponer la sanción al cliente, o, para ser más exactos, resolver sobre las anomalías que pudieran dar lugar a la imposición de sanción, luego de detectadas a través de la llamada “inspección de suministros”. Ello explica, por ejemplo, cómo en el caso de la accionante MARIA HOLANDA VALDERRAMA DE GONZÁLEZ (Expediente T-438010), una de las dos sanciones que se le impuso tuvo origen en la “Inspección de suministros” llevada a cabo el 8 de junio de 1999, y la sanción fue impuesta mediante comunicación de 14 de julio de 2000; es decir, transcurrió más de UN (1) AÑO entre esos dos hechos.

 

(...)

 

Es claro que el administrado, vale decir, el cliente, usuario o suscriptor, tiene derecho a saber el término dentro del cual debe producirse una decisión administrativa con la que puede resultar afectado, y con mayor razón si desconoce cuáles son los medios materiales de defensa que puede utilizar para hacer valer sus derechos.

(...)

 

Desde luego, reitera la Sala que Codensa presume que el propietario, usuario o suscriptor, conoce el contenido de dicho contrato, pero lo cierto es que ello en la realidad no sucede y, por ende, si la Empresa quiere efectivamente garantizar al debido proceso de manera real y material, y con mayor razón si va a adelantar una actuación administrativa que puede concluir con la imposición de una sanción pecuniaria, la que no en pocas ocasiones es bastante cuantiosa (en el caso de JOSE FERNANDO CASTELLANOS ascendió a la suma de $13’416.699,oo), lo mínimo que podría hacer es orientar a la persona verdaderamente afectada para que ésta pueda ejercer su derecho a la defensa como tal. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

 

d) Es menester recordar que el debido proceso administrativo, y con mayor si éste es sancionatorio, debe sujetarse a principios mínimos tales como la legalidad, la publicidad e imparcialidad y, esta última, no se puede materializar si el administrador no se ciñe a los postulados de la buena fe (artículo 83 C. Pol.).

 

Alude la Sala a lo anterior, porque constata que los funcionarios de la entidad accionada, muy seguramente por no tener claridad en cuanto a la forma como se cuentan los términos para interposición de los recursos, en qué se diferencian éstos de un “reclamo”, y que el “cliente”, usuario o suscriptor en la mayoría de los casos actúa por sí mismo y es ajeno a las cuestiones y expresiones eminentemente jurídicas, incurren en manifiestas vías de hecho con las cuales terminan vulnerando el derecho fundamental al debido proceso.

 

(...)

 

e) En cuanto a la solicitud y práctica de pruebas, es necesario insistir en que en el procedimiento señalado por Codensa S. A. ESP nada se regula sobre el particular y, ese hecho, desde una perspectiva puramente objetiva, implica la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

 

La respuesta dada por el Gerente General de la citada Empresa a la Corte sobre ese específico punto, no resulta de recibo porque si bien afirmó que antes de que quede en firme la decisión de la Compañía, el usuario puede solicitar la práctica de pruebas, o que igualmente lo puede hacer al interponer los recursos de reposición y de apelación, y que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, si lo estima conducente, tiene la capacidad de decretar la práctica, la verdad es que la inexistencia de disposiciones expresas sobre el tema en el procedimiento señalado en el denominado “Anexo No. 1” del contrato de condiciones uniformes, en la práctica implica que el cliente o suscriptor no haga uso de esa prerrogativa para efectivizar el principio de contradicción y el derecho de defensa.

 

Igual situación puede predicarse en lo que hace al conocimiento por parte del administrado, del examen técnico practicado en los laboratorios de la Empresa con el fin de verificar las anomalías detectada en los equipos de medida. Dijo el Gerente General de la accionada que al “Al cliente se le cita a la Compañía y se le pone de presente el resultado de la visita practicada, del dictamen de laboratorio de medida y se le da la oportunidad de que rebata o cuestione los argumentos de la compañía, presentando los recursos que estime pertinentes. Adicionalmente si el usuario se presenta al laboratorio que está realizando el dictamen se le permite presenciar dicho dictamen y controvertirlo en el mismo laboratorio”. Desde luego, la citación de la que habla el Gerente es aquella que se hace para notificarle la decisión sancionatoria adoptada, y en ese caso, no puede sostenerse válidamente que se garantiza de manera plena el debido proceso y el derecho de defensa a través de la interposición de recursos porque, como ya lo ha precisado la Corte, éstos están instituidos en favor de la administración para darle la ocasión de enmendar errores con virtualidad de desencadenar la responsabilidad patrimonial del Estado y no son propiamente una oportunidad procesalimparcial y previa para el ejercicio del derecho de defensa...” ( Negrillas fuera de texto)

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la demanda, y haciendo suya la Sentencia de la H. Corte Constitucional, antes transcrita, la Sala concluye:

 

  • Que efectivamente la Empresa demandada violó el derecho fundamental al debido proceso del demandante, debido a que la actuación administrativa sólo consistió en un acta de visita y en las decisiones sancionatorias, sin que a éste se le elevara el pliego de cargos correspondiente para el efectivo ejercicio del derecho de defensa.

 

2. Que la Sentencia T–1204 de 2001 de la H. Corte Constitucional manifestó que CODENSA S.A. E.S.P., debe informar al usuario/suscriptor que con el acta de inspección de suministros se le inicia un proceso, que puede terminar con una sanción administrativa, además de garantizar de forma plena los recursos con los que cuenta el usuario para ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

 

3. Que el procedimiento establecido en el contrato de condiciones uniformes (Anexo 1), omite manifestación sobe la posibilidad del usuario de controvertir las pruebas.

 

4. Que Condensa en el contrato de condiciones uniformes no establece un término prudencial para pronunciarse luego de levantarse el acta de inspección de suministro en la cual se detectan anomalías, ni para resolver las mismas, ni mucho menos para expedir la resolución mediante la cual habrá de imponerse una sanción al cliente.

 

5. Que la única defensa que tuvo el demandante fue la interposición de los recursos de reposición y de apelación contra la decisión de Codensa S.A. Apelación que se tramitó ante la Superintendencia de Servicios de Públicos Domiciliarios, la cual confirmó en todas sus partes la decisión de la Empresa por considerar que ésta se encuentra ajustada a la ley.

 

5. Conclusión Final.

 

Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos demandados por violación al derecho al debido proceso del demandante

 

Como restablecimiento del derecho se ordenará a Codensa S.A. E.S.P. la no imposición de la sanción impuesta al señor Ramón Fernando Pineda Neira.

 

6. Condena en costas.

 

No obstante la prosperidad de las pretensiones de la demanda, la Sala no condenará en costas a las demandadas, por cuanto la conducta procesal de éstas, no ha sido temeraria ni es constitutiva de abuso del derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

FALLA:

 

Primero. No prosperan las excepciones propuestas por CODENSA S.A. E.S.P.

 

Segundo. Declárase la nulidad de la Resolución del 027203 de 31 diciembre de 2001, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las Decisiones Nos1-0000425952 del 30 de marzo de 2001 y 1-0000462046 del 30 de mayo de 2001, proferidas por la Empresa CODENSA S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

Tercero. Como consecuencia de la declaración anterior, ordénase a CODENSA S.A. E.S.P., la exoneración de la sanción impuesta al señor Ramón Fernando Pineda Neira.

 

Cuarto. Deniéganse las demás pretensiones solicitadas en la demanda

 

Quinto. Sin costas en la instancia de conformidad con el artículo 171 del C.C.A.

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

 

AYDA VIDES PABA CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

 

 

MARIA VICTORIA QUIÑONES

 

 

Compilado, editado y concordado para SSPD por BISA Corporation Ltda.

Editores y Compiladores: Yezid Fernando Alvarado Rincón, Astrid Suárez Prieto.

1 Ver, por ejemplo, el acta de “Inspección de Suministros” que obra a folio 4 del cuaderno de primera instancia del expediente N° T-458035, accionante Jaime Leonardo Cabrera Narváez.

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Última modificación:23/12/2009 04:36:23 PM
Servicios Públicos: - Energia electrica
Publicado:2/11/2006 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra CODENSA al imponer sanción pecuniaria debido a irregularidades encontradas en la conexión de energía del inmueble , sanción que la parte actora estima ilegal debido a la supuesta violación del debido proceso por no haber practicado las pruebas solicitadas por la parte demandante dentro de la actuación administrativa que culminó con la decisión sancionatoria. El Tribunal considera que fectivamente la Empresa demandada violó el derecho fundamental al debido proceso del demandante, debido a que la actuación administrativa sólo consistió en un acta de visita y en las decisiones sancionatorias, sin que a éste se le elevara el pliego de cargos correspondiente para el efectivo ejercicio del derecho de defensa Por todo lo anterior, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos demandados por violación al derecho al debido proceso del demandante y como restablecimiento del derecho se ordena a Codensa S.A. E.S.P. la no imposición de la sanción impuesta
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