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 Tribunal Administrativo No. 300992 de 2005
  
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
- SECCION PRIMERA -
SUBSECCION “A”


Bogotá D. C, diecisiete (17) de noviembre de dos mil cinco (2005).


Magistrado Ponente: DR. WILLIAM GIRALDO GIRALDO

Expediente: No. 11001232400200400992

Demandante: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P..

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Asunto: Fallo

Nulidad y Restablecimiento del Derecho


Procede la Sala a dictar la sentencia dentro del proceso promovido por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. a través de apoderado, mediante demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.


I)
ANTECEDENTES
1. DEMANDA

  1. LAS PRETENSIONES


La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. por
intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende lo siguiente

1°. Se declare la nulidad del pliego de cargos No.31, del 9 de marzo de 2000, expedido por el señor Intendente de Control Social de la Superintendencia de Servicios Públicos.

 
2°. Se declare la nulidad de la Resolución número 005423, del 9 de agosto de 2001, por medio de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso a la empresa demandante una sanción pecuniaria por valor de $85.800.000, y ordenó el reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo frente las peticiones que relaciona en la parte resolutiva de ese acto.

 
2°. Se declare la nulidad de las Resoluciones números 003615, del 20 de marzo de 2002, y 002443, del 18 de agosto de 2004, a través de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, interpuestos contra la resolución inicial, en el sentido de confirmarla.


B. HECHOS


Las anteriores pretensiones se fundamentan en los hechos relevantes, resumidos de la siguiente manera:


1
°. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios formuló el pliego de cargos No.031, del 9 de marzo de 2000, en contra de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., con fundamento en la denuncia presentada por 200 usuarios, por hechos ocurridos en los años 1998 y 1999, a quienes presuntamente la empresa no dio respuesta o contestó extemporáneamente las peticiones por ellos formuladas (artículo 158 de la Ley 142 de 1994).


2°. La Superintendencia desestimó las explicaciones y pruebas aportadas por la empresa, y por medio de la Resolución número 005423, del 9 de agosto de 2001, le impuso una multa por valor de $85.800.000.oo, por violación de los artículos 158 de la Ley 142 de 1994, 123 del Decreto 2150 de 1995, y 9° del Decreto 2233 de 1996.


3°. Contra la anterior decisión se interpusieron los recursos de reposición y apelación, los que fueron resueltos por las Resoluciones números 003615, del 20 de marzo de 2002, y 002343, del 18 de agosto de 2004, en el sentido de confirmar la decisión inicial.


C. NORMAS VIOLADAS


Las normas que se dicen violadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al expedir las resoluciones demandadas son los artículos 9°, 13, 29, y 209 de la Constitución Política; 29, 34, 35, 36, 39, 56, 57, 58, 59, 69 y 207 del C.C.A.; 81.2, 107, 111, 108, 149, 154 y 156 de la Ley 142 de 1994; 174, 178, 187 y 245 del C. de P. C.

 
2. ACTUACION PROCESAL


La demanda fue admitida con auto del 9 de diciembre de 2004. La notificación personal del anterior auto al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios se efectuó el 8 de febrero de 2005.

Las pruebas fueron decretadas con auto del 23 de junio de 2005, y vencido el período probatorio se ordenó el traslado a las partes para alegar de conclusión.


3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA


La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones, para lo cual expuso como razones de defensa, las siguientes:


1°. La ley 689 de 2001 no derogó el Decreto 548 de 1995, el cual fue derogado por el Decreto 990 de 2002, lo que implica que las funciones que ejercía el Intendente de Control Social en cumplimiento del mencionado decreto no expiraron sino hasta el 22 de mayo de 2002.


2°. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 142 de 1994, la Superintendencia puede sancionar a las empresas que no respondan oportuna y adecuadamente las quejas de los usuarios, previa investigación administrativa para efectos de verificar los hechos y de formular los cargos respectivos por la presunta infracción de las disposiciones sobre servicios públicos.


2º. El artículo 123 del Decreto 2150 de 1995 otorga a las empresas de servicios públicos domiciliarios el término de quince días para que resuelvan las peticiones que le son formuladas, el cual no puede ser modificado unilateralmente porque se estaría invadiendo la órbita constitucional señalada por el legislador, con lo cual se vulneraría además, del derecho de petición, los derechos de igualdad y debido proceso.


3°. En el caso propuesto todas las denuncias recibidas por la Superintendencia se relacionan con la obligación incumplida y que refiere al hecho anteriormente anotado, razón por lo cual la acumulación es procedente de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política.


4°. La administración cuenta con una serie de criterios para la imposición de sanciones, y de conformidad con el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, la actividad sancionadora de la Superintendencia se racionaliza, evitando de esta manera que la entidad desborde su actuación represiva, y procurando que la encause dentro de un criterio de ponderación, mesura y+ equilibrio.

 
5°. En relación con la supuesta caducidad en los términos del artículo 38 del C.C.A., no se puede concluir como lo hace el demandante que el término consagrado en la citada norma, comprenda no sólo la decisión inicial sino también las decisiones correspondiente a la vía gubernativa...”

4. ALEGATOS DE CONCLUSION

 
Al descorrer el traslado ordenado por auto del 1° de septiembre de 2005, las partes alegaron de conclusión mediante escritos que obran a folios 236 a 299 del cuaderno principal.


El Agente del Ministerio Público guardó silencio.

Al no observarse causal de nulidad que pueda afectar en todo o en parte lo actuado, procede la Sala a decidir, previas las siguientes,


II) CONSIDERACIONES


A. FIJACION DEL LITIGIOS


De acuerdo con los hechos de la demanda, la contestación a la misma, y los actos acusados, es evidente que lo que se debate en el caso sublite es si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió los actos administrativos demandados sin tener competencia para ello; la inaplicación indebida del artículo
29 del C. C. A., al acumular 200 peticiones de usuarios sin reunir los presupuestos que impone esta figura procesal; la ausencia de la valoración de la prueba, del principio de la proporcionalidad de la sanción, equivalente a la dosimetría punitiva; y la caducidad de la acción.


El acervo probatorio útil y pertinente que obra en el plenario muestra que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en uso de las funciones legales, y como consecuencia de las denuncias impetradas por varios usuarios y suscriptores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.S.P. ante la desatención de los derechos de petición y el no reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo, decidió adelantar el correspondiente procedimiento administrativo, para lo cual formuló pliego de cargos en contra de la empresa mediante el Auto No.031, del 9 de marzo de 2000, por la presunta violación de los artículos 158 de la ley 142 de 1994, 123 del Decreto 2150 de 1995, y 9º del Decreto 2223 de 1996.

Los descargos fueron rendidos por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.S.P. mediante el escrito radicado bajo el No.2000-529-034782-2, del 7 de julio de 2000.


Analizados los argumentos de defensa, y valoradas las pruebas, la Superintendencia desestimó las explicaciones rendidas por la empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones, concluyendo que la actora no dio respuesta, dé manera oportuna, a las peticiones, quejas, y reclamos que le fueron formulados, como tampoco reconoció los efectos y beneficios del silencio administrativo positivo, razón por la que mediante la Resolución número 005423, del 9 de agosto de 2001, sancionó pecuniariamente a la ETB con multa de $85.800.000.oo, y ordenó el reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo frente a las peticiones impetradas por algunos usuarios.


Contra la anterior resolución se interpuso el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones números 003615, del 20 de marzo de 2002, y 002443, del 18 de agosto de 2004, en el sentido de confirmarla en todas y cada una de sus partes.


C. CARGOS


Antes de emitir una decisión de fondo es necesario precisar que en relación con la pretensión de nulidad del pliego de cargos No. 031, del 9 de marzo de 2000, el Tribunal se declarará inhibido para pronunciarse al respecto, toda vez que no constituye un acto definitivo susceptible de ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativo, pues no pone término a un proceso administrativo, en los términos del artículo 135 del C.C.A., en armonía con el 50 ibídem, es decir, es un acto de trámite no enjuiciable.


Falta de Competencia.


Se dice por la ETB que el Intendente de Control Social de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios carecía de competencia para expedir las Resoluciones número 005423 de 2001, y 003615 de 2002, toda vez que las funciones que le fueron atribuidas por el Decreto 548 de 1995, no pueden oponerse a las establecidas en la Ley 142 de 1 994, según la cual las funciones de vigilancia y control deben ser ejercidas por el superintendente y sus delegados.


La Ley 142 de 1994 fue reformada por la Ley 689 de 2001, y de manera categórica y general señaló que la facultad sancionatoria está en cabeza del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, razón por fa cual a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Intendente de Control Social carece de competencia para sancionar, lo que implica que los actos administrativos están viciados de nulidad por falta de competencia.


Análisis de la Sala.


Los argumentos que respaldan el cargo que se resuelve, no fueron debatidos ni puestos en conocimiento de la administración a través de los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución número 005423, del 9 de agosto de 2001, es decir, esta situación es nueva dentro de la instancia judicial, lo que quiere decir que a este respecto no se agotó la vía gubernativa-, razón por la cual no es viable pronunciarse sobre este cargo, que denomina el actor como falta de competencia, toda vez que la vía gubernativa es, por sí misma, la oportunidad para acudir a la administración a fin de controvertir las decisiones proferidas por ella, propiciando el ejercicio pleno del poder o potestad de autocontrol o de “auto
- tutela” de la administración sobre sus propias decisiones, para de esta manera volver sobre la legalidad de las mismas.


La jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar que en sede jurisdiccional no se pueden plantear hechos ni cargos que no lo fueron en vía gubernativa, pero el actor si puede mejorar o reforzar la argumentación jurídica al presentar la demanda, que no es lo que en el sub-lite acontece. (Consejo de Estado, Sección Primera, expediente número 5658, providencia del 23 de marzo de 2000).

 
En consecuencia, la Sala declarará probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa en relación con este cargo.


Indebida aplicación de la institución de la acumulación procesal de las 200 peticiones


I
ndica la actora que la institución de la acumulación en materia de procedimientos administrativos está regulada por el artículo 29 del C.C.A., pudiendo accederse a ella a petición de parte, o de oficio, siempre y cuando las actuaciones tengan el mimo efecto, de ellas se pueda predicar una relación íntima, y que con la acumulación se eviten decisiones contradictorias.

En el sub-lite, a juicio de la ETB, no hay identidad de objeto, ya que las decisiones acumuladas en el Auto de Cargos No. 031, del 9 de marzo de 2000, son diferentes, porque unas se tratan de petición, otras de reclamos, y otras se derivan de decisiones de recursos interpuestos, y se refieren algunas a presuntas irregularidades en la presentación del servicio telefónico; otras a la violación al derecho de petición, y las restantes, a la revisión previa de la facturación frente a inconsistencias concretas de los usuarios.


Agrega la parte demandante que en caso de demostrarse las irregularidades puestas de presente en las peticiones, los efectos frente a los usuarios serían diversos, y, por tanto, no puede afirmarse que existe una relación íntima entre las pretensiones de cada uno de los peticionarios, por más que se trate de actividades ejercidas por la empresa.


Dice que la acumulación decretada no protege al censor administrativo del riesgo de adoptar decisiones opuestas, ya que las circunstancias particulares de cada una de las reclamaciones exigen de comprobaciones concretas.


Análisis de la Sala.


El artículo 29 del C. C. A., establece:

“Cuando hubiere documentos relacionados con una misma actuación o con actuaciones que tengan el mismo efecto, se hará con todos un solo expediente al cual se acumularán, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad y tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias”.

De lo consagrado en el artículo anterior, se tiene que la acumulación procesal, en tratándose de actuaciones administrativas, resulta procedente siempre que ellas tengan el mismo efecto, se tramiten ante una misma autoridad y exista una relación íntima, acumulación que busca evitar decisiones contradictorias.


Del pliego de cargos No. 031 del 9 de marzo de 2000, se colige que las 200 denuncias presentadas por' los usuarios del servicio de telefonía prestado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., se relacionan con la desatención dentro del termino legal, de los derechos de petición, y con el no reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo.


De manera que existe una causa común frente a todos los usuarios o suscriptores del servicio en las denuncias formuladas ante la Superintendencia, cual es la no contestación oportuna de sus reclamos, aunque estén originados en diversas circunstancias, lo que permite advertir que existe entre ellos una relación íntima, y coinciden en la búsqueda de un mismo efecto, posibilitándose, así, la acumulación para evitar decisiones contradictorias.


Esa identidad en las manifestaciones de los usuarios o suscriptores está dada en tanto que las solicitudes, quejas, reclamos o recursos corresponden al ejercicio del derecho constitucional fundamental de petición, consagrado por el artículo 23 de la C.P., y desarrollado, en lo pertinente, por el C.CA., y la Ley 142 de 1994, y las correspondientes respuestas tienen íntima relación con la prestación eficaz, adecuada y oportuna de un servicio público a cargo de la ETB.


Con la cuestionada acumulación se está dando aplicación a los principios de economía, celeridad y eficacia, orientadores, junto a otros, de la actuación administrativa (Art. 3º del C. C. A.).

 
Por tanto, el cargo no prospera.


Ausencia de la valoración de la prueba.


Predica la ETB que el debido proceso en la actuación administrativa lleva al análisis de una serie de obligaciones de valoración probatoria por parte de la autoridad administrativa, como es la exposición razonada del mérito que le asigne a cada prueba (art. 57 del C.C.A.), cuya omisión viola el principio de legalidad, del cual debe estar revestida.


El reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo no puede sustraerse al principio de legalidad, pues está claro que el peticionario no puede, a través de esta figura, obtener aquello que legalmente no hubiese podido conseguir por otros medios jurídicos, toda vez que las peticiones, reclamos y quejas, son un instrumento para el reconocimiento de los derechos de los peticionarios, no una fuente de los mismos, ya que, de otra manera, sería un camino expedito para obtener resultados completamente contrarios al ordenamiento jurídico.


Finalmente aduce que, en aras de ejercer su legítimo derecho a la defensa y al debido proceso, en ocasiones la empresa ha solicitado a la Superintendencia que le permita conocer los derechos de petición de algunos usuarios, al no reposar en los archivos, ni en la base de datos, frente a lo cual la Superintendencia ha manifestado que en los derechos de petición figura.
“... el sello oficial de radicado de la entidad prestadora, y que mientras estos sellos no sean tachados de falsos tiene todo su valor probatorio...”.

 
Dicha respuesta hace entrever que es irrelevante solicitar pruebas para defenderse, porque la Superintendencia predetermina tales peticiones, con lo que desconoce el derecho al debido proceso, evitando que se de respuesta veraz, lógica y coherente a los hechos endilgados, sino se tiene conocimiento de ellos.

 
Análisis de la Sala.


Del material probatorio obrante en el expediente se tiene que efectivamente tal como lo plantea la Superintendencia, y es aceptado por la parte actora en la demanda, las peticiones fueron respondidas extemporáneamente, lo que evidencia la violación del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, y si bien es cierto que las peticiones, quejas y reclamos han aumentado en los últimos años, ello no exime a la entidad de cumplir con sus obligaciones legales.


Igualmente hay que decir que los cargos que le fueron endilgados a la empresa demandante, y por los cuales se sancionó, no fueron desvirtuados dentro de la actuación administrativa, y, contrario a lo que se expone en la demanda, la valoración de las pruebas aportadas indicó, fehacientemente, la vulneración y transgresión de normas legales de obligatorio acatamiento por parte de la empresa prestadora del servicio de telefonía.


En lo que refiere al silencio administrativo positivo, hay que decirse que el reconocimiento de sus efectos es consecuencia de la omisión de respuesta oportuna por parte de la entidad, no siendo un obstáculo para que su legalidad pueda ser controvertida.


No puede perderse de vista que los artículos 41 y 73 del C. C. A. posibilitan la revocatoria directa de los actos resultantes de la aplicación del silencio positivo; y que las peticiones que no se ajusten a los requisitos de ley, y/o no correspondan a la función de la entidad que las recibe, pueden ser rechazadas a términos de las normas especiales que regulen la materia, o de los artículos 5, 11 y 31 ejusdem, pero si esto no ocurre, tales solicitudes, amparadas por el principio de la buena fe (Art. 83 C.P.) deben ser de fondo y oportunamente resueltas, so pena de que se produzca el silencio administrativo respecto de una actividad prestacional que es inherente la función social del Estado (Art. 365 de la C. P.), y está a cargo, por lo general, de empresas que no solo son monopolios sino que ostentan una posición dominante.


Ahora bien, la negativa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a dar a conocer los derechos de petición que dan origen a las denuncias presentadas ante ese ente de control, no con figura la no valoración probatoria, cargo propuesto por la demandante, pero si vislumbra el poco control de la empresa en relación con el trámite que adelante.


El cargo no prospera.


Ausencia de la proporcionalidad de la sanción y de la dosimetría punitiva.


Arguye la demandante que el principio de proporcionalidad constituye un postulado que racionaliza la actividad sancionatoria de la administración evitando el desbordamiento de la actuación represiva, encausándola dentro de un criterio de ponderación, mesura y equilibrio, como la alternativa última entre las que menos gravosas resulten para el administrado.


En el caso propuesto afirma la actora que la Superintendencia aplicó la responsabilidad objetiva, sin el análisis de todas y cada una de las pruebas aportadas en el escrito de descargos.


Además expresa que está plenamente demostrado que los actos administrativos demandados no consultan el principio de la legalidad de la falta, ya que la conducta por la cual se le ha sancionado la ETB, no se adecua a la normatividad, que para el efecto le ha sido aplicada.


El artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 prevé el monto de la sanción, como la facultad que le asiste a la autoridad administrativa para graduarla, teniendo en cuenta factores como: impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y el factor de reincidencia.


La Superintendencia no tuvo en cuenta, al imponer la sanción, las medidas alternativas adelantadas por la ETB, las cuales se concretan en el seguimiento de unos programas de gestión supervisados por la entidad, encaminados a orientar y solucionar los casos que originaron la sanción.


De manera que aunque la entidad tenga la facultad discrecional de aplicar sanciones, ésta debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos por los que se le acusa, so pena de contrariar el artículo 36 del C. C. A.

 
En diferentes ocasiones, expone la demandante, con fundamento en la violación del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, la Superintendencia ha impuesto diferentes montos de sanción, arbitrariedad que se advierte al revisar el valor de las sanciones que se encuentran en revisión en la vía gubernativa, lo que denota la carencia de criterio unificado por parte de la entidad demandada.

 
Análisis de la Sala


El artículo 81 de la Ley 142 de 1994, consagra las sanciones que puede imponer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a quienes violen las normas a las que están sujetas, según la naturaleza y gravedad de la falta, a saber:

 
“... 81.1. Amonestación.

 81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con en artículo 90 de la Constitución.


81.3. Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades del infractor, y cierre de los inmuebles utilizados para desarrollarlas.


81.4. Orden de separar a los administradores o empleados de una empresa de servicios públicos de los cargos que ocupan; y prohibición a los infractores de trabajar en empresas similares, hasta por diez años.


81.5. Solicitud a las autoridades para que decreten la caducidad de los contratos que haya celebrado el infractor, cuando el régimen de tales contratos lo permita, o la cancelación de licencias así como la aplicación de las sanciones y multas previstas pertinentes.


81.6. Prohibición al infractor de prestar directa o indirectamente servicios públicos, hasta por diez años.

81.7. Toma de posesión en una empresa de servicios públicos, o la suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias, cuando las sanciones previstas atrás no sean efectivas o perjudiquen indebidamente a terceros.


Las sanciones que se impongan a personas naturales se harán previo el análisis de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en criterios de responsabilidad objetiva...”.

En el caso propuesto se tiene que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionó a la ETB con multa equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.


Tal sanción fue fijada en atención a factores determinantes para efectos de su graduación, cuales son, el impacto de la infracción sobe la buena marcha del servicio público y la reincidencia.

 
En efecto, se encuentra demostrada la inobservancia de las obligaciones legales por parte de la empresa sancionada, lo que constituye una deficiencia en la prestación del servicio público, que en el sub lite se traduce en la no atención oportuna y eficaz de las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios por fallas en el servicio y en la no revisión de la facturación, entre otras. Circunstancias que como bien lo señala la actora han sido repetidas.


Todo lo anterior permite concluir que la sanción impuesta no resulta desproporcionada, y, mucho menos, si tiene en cuenta que la misma se encuentra dentro del máximo señalado en la norma, que corresponde a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.


No sobra repetir que en el plenario se probó plenamente la Infracción administrativa endilgada a la ETB, empresa que no alegó la fuerza mayor o el caso fortuito, cuya ocurrencia la eximiría de responsabilidad.

El cargo no prospera.


El hecho debe afectar el deber funcional y la inexistencia de perjuicios.


Predica la empresa demandante que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le compete vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos, y tiene expresa faculta para sancionar a los infractores, siempre que el incumplimiento de la norma afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados, y como no existe en la actuación administrativa prueba de algún perjuicio directo e inmediato causado a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, la demandada carecía de competencia para expedir los actos demandados.

 
Análisis de la Sala.


Dentro de las funciones asignadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se encuentra la de vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad. (Art. 79 -1 de la Ley 142 de 1994).


De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 25, y 80 de la Ley 142 de 1994, y en virtud de las funciones antes descritas, le compete sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios.


Y como dentro de la actuación administrativa quedó plenamente demostrado que la ETB infringió su obligación de dar respuesta oportuna a las peticiones que le fueron formuladas por los usuarios, así como también la de reconocer los efectos del silencio administrativo positivo, la Superintendencia es competente al tenor de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, para sancionar a la empresa tal y como aconteció, por medio de los actos administrativos acusados.


Así mismo, hay que decir que el incumplimiento de esa obligación legal genera perjuicios a los usuarios, toda vez que la prestación oportuna y eficaz del servicio a cargo de la ETB, involucra la respuesta dentro del término legal de las peticiones, quejas y reclamos, que se deriven de la prestación del servicio y del contrato de condiciones uniformes.


El cargo no prospera.


Caducidad.


Para fundamentar este cargo, por lo demás en forma genérica y, por ende, precaria, la sociedad demandante aduce que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios perdió competencia para sancionar/a respecto de la violación de las normas legales por la contestación extemporánea de peticiones formuladas durante los años 1998 y 1999 -que son 200-, toda vez que la decisión contenida en la Resolución número 5423, del 9 de agosto de 2001, quedó ejecutoriada después de haber transcurrido los 3 años de que trata el artículo 38 del C. C. A., pues, el recurso de apelación fue expedido el 18 de agosto de 2004.

Análisis de la Sala.

El artículo 38 del C. C. A. establece:

 
”Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tiene las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.”

De conformidad con el artículo anterior, - al que se acude en ausencia de normativa especial sobre el tema en particular- se tiene que la facultad sancionatoria no se extiende hasta el acto que agota la vía gubernativa, como lo hace ver la parte actora, únicamente basta que se haya expedido y notificado dentro de ese lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción, que es el acto definitivo que pone término a la actuación administrativa sancionatoria (Arts. 44 y 50 del C.C.A.).

 
En este mismo sentido se ha pronunciado el Honorable Consejo de Estado, en sentencia reciente proferida por el doctor GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, el 13 de noviembre de 2003, al expresar:

 
”…De la norma transcrita (Art. 38 C.C.A.) no infiere la Sala, como lo hace la actora, que la facultad sancionatoria se extiende hasta el acto que agotó la vía gubernativa, sino que basta que se haya expedido y notificado dentro de dicho lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción. Por lo demás, la administración no solo profirió el acto principal sino que resolvió el recurso de reposición y negó la concesión del recurso de apelación, actos estos que notificó dentro del término de tres años a que alude el artículo 38 del C.C.A. En consecuencia, como los hechos que dieron lugar a la sanción, tuvieron ocurrencia el 14 de febrero de 1995 y el acto principal se expidió el 18 de marzo de 1996, notificado el mismo día al apoderado de la actora (folio 29 vuelto del cuaderno de anexos), no operó el fenómeno de la caducidad sancionatoria, por lo que el cargo en estudio no tiene vocación de prosperidad…
“.

 
En el caso objeto de estudio se tiene que la demandante, por la vulneración de las normas legales, y por ende, por la contestación extemporánea de las peticiones fue sancionada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución número 5423, del 9 de de 2001, siendo notificada dentro del término de tres (3) establecido en el artículo 38 del C. C. A, razón por la cual no se configuró la caducidad de la acción respecto, de ninguno de los hechos que originaron la sanción.


El cargo no prospera.

 
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION PRIMERA, SUBSECCION “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


FALLA

PRIMERO. Declárase inhibido el Tribunal para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la nulidad del Pliego de Cargos, del 9 de marzo de 2000, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.


SEGUNDO. Declárase probada de oficio la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa en relación con el cargo de falta de competencia, de conformidad con lo razonado en la parte considerativa de esta providencia.


TERCERO. Niéganse las pretensiones de la demanda.


CUARTO Sin condena en costas.

QUINTO. Si hubieren remanentes de lo consignado para gastos del proceso, le serán reembolsados a la demandante.

SEXTO. Una vez ejecutoriado este fallo, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFIQUESSE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

HUGO HERNANDO BASTIDAS BARCENAS

Magistrado

SUSANA BUITRAGO VALENCIA

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Última modificación:23/12/2009 04:35:51 PM
Servicios Públicos: - Telefonia Publica Basica Conmutada de Larga Distancia
Publicado:17/11/2005 12:00:00 AM
 
Problema Jurídico:
El silencio administrativo positivo las empresas prestadoras de los servicios tienen la obligación impostergable de reconocer al suscriptor o usuario, dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15 días hábiles, los efectos del silencio administrativo positivo, lo que supone que las empresas deben expedir los actos internos necesarios para el reconocimiento, cumplimiento y ejecución de los efectos de tal silencio
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Enlaces Relacionados
Ley 142 de 1994; Art. 158; Art. 79; Art. 80
Decreto 2150 de 1995; Art. 123
Decreto 2223 de 1996; Art. 89
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ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"