| www.superservicios.gov.co | INICIO | Contáctenos | Suscripción | Ingresar |
               
Base Juridica
Navegación

Google

La Web Base Documental Juridica
Búsqueda avanzada
Palabra clave
Título
Tipo
Entidad
Fecha de Expedición (aaaa-mm-dd)
Desde
Hasta
Año
Número
Servicio
 
 Documento 2014
  
 
8 elementos.
Sentencia T 801 de 2014Sentencia T 801 de 2014
Servicios Públicos: Alcantarillado;
Problema Jurídico: ¿Trasgrede los derechos fundamentales a la salud, a la vivienda digna y a un ambiente sano, la negativa de la entidad prestadora del servicio de alcantarillado y de la alcaldía municipal a encontrar alternativas técnicas para solucionar, de forma definitiva, los reclamos de un usuario que asegura que las tuberías dispuestas ocasionan olores desagradables y se desbordan ocasionalmente?
Descargar PDFDescargar PDF
AbrirAbrir
Sentencia T 294 de 2014Sentencia T 294 de 2014
Servicios Públicos: Aseo;
Problema Jurídico: ¿Se vulneraron los derechos fundamentales de los demandantes por el inicio de la construcción del relleno sanitario de Cantagallo sin antes implementar espacios idóneos de participación, en donde los argumentos de la población local para oponerse a la instalación del proyecto en su territorio fueran debidamente considerados al momento de decidir sobre su viabilidad, determinar los impactos ambientales y sociales de la obras, al igual que para diseñar las medidas de prevención, mitigación y compensación correspondientes? Concede - La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS y la empresa CORASEO S.A. E.S.P. desconocieron las exigencias de equidad en la distribución de cargas y beneficios ambientales y de participación, en las decisiones adoptadas a propósito de la definición del sitio de localización, el trámite de licencia ambiental y el inicio de la construcción del relleno sanitario de Cantagallo. En primer lugar, el examen de las normas que establecen los parámetros para la localización de rellenos sanitarios previstos en el artículo 5º del Decreto 838 de 2005, así como de los criterios empleados en abstracto para determinar los impactos sociales positivos de este tipo de infraestructuras, permitió evidenciar que aquellos implican una potencial discriminación que afecta a las poblaciones pobres asentada en zonas rurales, al momento de decidir sobre los sitios de disposición final de residuos sólidos. (?)tal discriminación se hizo efectiva, por cuanto la construcción del relleno sanitario de Cantagallo impacta a un núcleo de población rural pobre, que no cuenta con servicio de acueducto, puesto de salud, escuelas, ni demás obras de infraestructura para satisfacer sus necesidades básicas, pero que en cambio, con la instalación del relleno sanitario, se verá obligada a afrontar impactos sociales y ambientales que agravarán sus condiciones de vulnerabilidad. Pese a ello, la licencia para este proyecto se otorgó sin que el Estudio de Impacto Ambiental que respaldó esta decisión suministrara elementos que permitieran: (i) identificar de manera adecuada a la población local que, en concreto, soportaría los impactos derivados de su ejecución; (ii) incorporar una valoración en concreto de dichos impactos sociales, ambientales y culturales, teniendo en cuenta la perspectiva de la población local; (iii) diseñar medidas localmente pertinentes y suficientes para la prevención, mitigación y compensación de tales impactos, que consultaran las necesidades reales de la población destinataria.
Descargar PDFDescargar PDF
AbrirAbrir
Sentencia C 197 de 2013Sentencia C 197 de 2013
Servicios Públicos: Acueducto;
Problema Jurídico: ¿Las entidades demandadas vulneran los derechos fundamentales del accionante y su núcleo familiar, por no adoptar las medidas necesarias para evitar el desbordamiento de aguas negras y lluvias que discurren por las calles y penetran en la vivienda del accionante? Concede - El derecho al saneamiento básico, concretamente en su esfera servicio público de alcantarillado, la prestación del servicio debe llevarse a cabo de tal forma que contribuya a los fines esenciales del Estado, es decir que garanticen el bienestar y contribuyan al desarrollo de la calidad de vida de los miembros de la comunidad. La prestación de un servicio público como el de alcantarillado, que efectiviza el derecho al saneamiento básico que tiene la población en todo el territorio nacional, no cumple su función de contribuir a los fines esenciales del Estado en su calidad de Estado Social, si no garantiza el bienestar y contribuye a la mejora en la calidad de vida de toda la comunidad destinataria del servicio, no sólo de unos cuantos en detrimento de otros. Al tratarse de la materialización de un derecho de goce, el Estado a través de las entidades territoriales, de las empresas prestadoras del servicio y de las urbanizadoras, tiene la obligación de adoptar todas las medidas para permitir el libre y pleno ejercicio del derecho al saneamiento, cumpliendo de esta forma con su obligación de garantizarlo
Descargar PDFDescargar PDF
AbrirAbrir
Sentencia T 28 de 2014Sentencia T 28 de 2014
Servicios Públicos: General a los servicios publicos;
Problema Jurídico: ¿Una empresa de servicios públicos vulneró los derechos fundamentales del accionante y su familia debido a que no ha podido contar con el servicio de agua al interior de su vivienda en condiciones de regularidad, continuidad y calidad; circunstancia que la ha obligado acudir al suministro del líquido a través del uso de carro tanques, puesto que las autoridades encargadas no han adoptado un plan de acción para asegurar el goce efectivo del derecho? Concede - La manera como se está prestando el servicio de acueducto en el municipio no corresponde a los parámetros de eficiencia, regularidad, calidad salubre y disponibilidad continua determinadas en la legislación vigente. Las entidades deben adoptar todas las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar el componente mínimo del derecho al agua y, en cuanto al completo disfrute del mismo deben, por mandato constitucional avanzar constantemente mediante el diseño de políticas públicas eficientes en la materia, y usar todos los recursos posibles para mejorar el servicio de acueducto hasta el punto en que se logre cumplir de manera eficiente con todos los componentes del derecho. La obligación de garantizar un mínimo vital de agua, no puede ser omitida argumentando la existencia de inconvenientes técnicos o la necesidad de efectuarse inversiones de recursos públicos para cumplir con la tarea eficientemente, pues se trata de una faceta del derecho cuya exigibilidad es inmediata. Es claro que esta obligación debe ser garantizada con prescindencia de estas circunstancias, las cuales incluso debieron ser previstas por la misma entidad antes de suscribir el contrato de concesión para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en una región del país caracterizada y ampliamente conocida por la escasez de sus fuentes hídricas. Por ende, estos argumentos no encuentran justificación alguna, pues además de tratarse de un componente del derecho al agua que debe asegurarse a través de algún mecanismo que permita garantizar un mínimo de abastecimiento, son situaciones que al no ser sobrevivientes, se encontraban dentro del ámbito de control de la administración.
Descargar PDFDescargar PDF
AbrirAbrir
Sentencia C 332 de 2014Sentencia C 332 de 2014
Servicios Públicos: Energia electrica;
Problema Jurídico: Exequible la Ley 1665 de 2013, "por medio de la cual se aprueba el "Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)", hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009"
Descargar PDFDescargar PDF
AbrirAbrir
Sentencia C 172 de 2014Sentencia C 172 de 2014
Servicios Públicos: General a los servicios publicos;
Problema Jurídico: ¿La asignación en forma privativa, a la Superintendencia de Industria y Comercio, de las funciones de inspección, vigilancia y control de la libre competencia de "cualquier actividad o sector económico", desconoce los artículos 365 y 370 de la Constitución, en relación con las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, la cual, en concepto del demandante está reservada la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios? La circunstancia de que el artículo 370 de la Carta Política señale que el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten los ejercerá el Presidente de la República por medio del a Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no significa que sea la única autoridad constitucionalmente autorizada para cumplir con tales funciones. La vigilancia y el control deben tener un enfoque que tenga en cuenta la naturaleza especial de estas actividades, su esencialidad, su continuidad y la igualdad real de acceso de todos a su prestación, dentro de un Estado Social de Derecho. Ley 1340 de 2009, "por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia"; Art. 2 (parcial) (Adc. al Art. 46 del Decreto 2153 de 1992) y Art. 6 (parcial).
Descargar PDFDescargar PDF
AbrirAbrir
Sentencia C 77 de 2013Sentencia C 77 de 2013
Servicios Públicos: Tema complementario;
Problema Jurídico: Protección a la competencia.
Descargar PDFDescargar PDF
AbrirAbrir
Sentencia C 92 de 2014Sentencia C 92 de 2014
Servicios Públicos: Energia electrica;
Problema Jurídico: Energía atómica.
Descargar PDFDescargar PDF
AbrirAbrir
8 elementos.
Derechos reservados de la SSPD. Desarrollado por

Enlaces de interés: CRA | CREG | MME | MAVDT

Documentación Jurídica procesada por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda para la SSPD hasta diciembre de 2009.
Documentación Jurídica procesada por la Oficina Jurídica de la SSPD a partir de Enero de 2010.
ISSN 1900-3250 "Compilación sobre Disposiciones Legales Aplicables a los Servicios Públicos Domiciliarios (On-line)"